STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/Cimacnoticias/por: Mariana Montiel Sánchez
1°Resumen de Noticias Abril 2013
Archivos diarios: 9 abril, 2013
Reforma a Telecomunicaciones ¿Y las radios comunitarias?
STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/Cimacnoticias/por: Anayeli García Martínez
MEDIOS
Reforma a Telecomunicaciones ¿Y las radios comunitarias?
Derecho a libertad de expresión y a contar con medios propios
México, DF, 9 abr 13 (Cimacnoticias).- María Eugenia Chávez, coordinadora de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en México (AMARC), afirmó que en el análisis que hace el Senado sobre la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones se debe reconocer el derecho de las comunidades rurales e indígenas a la libertad de expresión y a tener sus propios medios de difusión.
En entrevista con Cimacnoticias, la promotora de las radios comunitarias señaló que si bien la reforma aprobada por la Cámara de Diputados intenta controlar –que no desaparecer– los monopolios de las telecomunicaciones y la radiodifusión e integrar el concepto de medios de uso social, aún tiene algunos vacíos.
La coordinadora de AMARC explicó que las radios comunitarias en esencia tienen una función social pero el problema es que no se les nombra y no se define qué son los medios de uso social. “Nosotros damos por hecho que somos este sector social de las comunicaciones, los comunitarios, los alternativos, los ciudadanos”.
Este martes dos de abril el Senado turnó la minuta sobre telecomunicaciones a las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, con opinión de las Comisiones de Gobernación y de Justicia, quienes podrán hacer cambios al respecto.
A fin de que el Senado tome en cuenta estas consideraciones, AMARC ha buscado que las y los legisladores los reciban para dialogar al respecto, sin embargo aún no tienen una respuesta favorable.
Chávez señaló que una buen señal de la minuta es la propuesta para eliminar la figura de permiso a fin de que todas las formas de radiodifusión sean concesiones, asimismo se crean las figuras de medios de uso social y privado –además de las de uso comercial y público, que ya existían–¸ pero estos dos nuevos conceptos aún no están definidos.
Para la activista hay tres temas fundamentales que se deben tomar en cuenta a la hora de aprobar esta minuta, o bien cuando el Congreso haga las modificaciones al marco jurídico correspondiente para adecuarlo una vez que la reforma sea promulgada.
El primer punto –explicó– es que la ley defina cuáles son las concesiones de tipo social y nombre a las radios comunitarias. “Las concesiones comerciales y públicas están definidas en la Ley Federal de Radio y Televisión pero las de uso social y privado no están definidas y por tanto partimos de la idea de que no existen”, dice.
El segundo tema es que la ley reglamentaria establezca que los medios de tipo social tienen derecho a fuentes de financiamiento y que puedan comercializar un porcentaje de su tiempo aire. Según AMARC hoy en día las radios comunitarias son operadas con recursos y aportes de la comunidad pero esto no les garantiza la subsistencia económica.
Desde su perspectiva la sustentabilidad económica refuerza el derecho de las comunidades a la libertad de expresión y a tener sus propios medios. “Parece discriminatorio que los medios que han logrado tener un permiso tengan prohibido transmitir publicidad porque se les cancela el permiso”.
En este tema Chávez aclara que no están pidiendo que el Estado mantenga a las radios comunitarias pero sí exigen que no las condene a la inanición, pues el financiamiento ha sido factor clave para que estos medios cierren y abran y no tengan permanencia en el tiempo pese a que juegan un papel importante para difundir la información y cultura de una región determinada.
El último punto importante para la coordinadora de AMARC es que se garanticen las concesiones para las radios comunitarias, indígenas o de barrios. “En el reglamento tiene que quedar claro cuál es el procedimiento para que un colectivo que quiera tener un medio comunitario o una concesión de tipo social pueda hacer trámites claros y ágiles”.
El objetivo es que la autoridad esté obligada a dar respuesta pronta pero además que los procesos sean sin trabas. En este momento esto no está reglamentado y AMARC lleva dos años esperando que la Comisión Federal de Telecomunicaciones responda la solicitud de permiso de seis radios comunitarias.
“En términos generales, nosotros creemos que es una reforma que sigue teniendo una perspectiva comercial-capitalista, no transforma a fondo el sistema de medios. Es una reforma basada en el sistema de comercialización del espectro pero nosotros creemos que es necesario quedar allí colocados y estar dentro de un marco legal”.
Aunque María Eugenia Chávez considera que esta reforma está basada en la competitividad de las grandes empresas también sostiene que aprobar estas modificaciones constitucionales posibilitaría una mayor apertura, y eso para los medios comunitarios es una puerta de oportunidad.
Jubiladas de Mexicana pagarán sus pensiones con sus ahorros
STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/Cimacnoticias/por: Adriana Franco Rosales
LABORAL
Jubiladas de Mexicana pagarán sus pensiones con sus ahorros
Empresa no les deja otra opción dice ex trabajadora
México, DF, 9 abr 13 (Cimacnoticias).- Mexicana de Aviación pagará a sus sobrecargos jubiladas las pensiones que les adeuda desde agosto de 2012, pero lo hará con el dinero que ellas mismas ahorraron, es decir, los recursos no saldrán de la empresa sino del fideicomiso de las y los trabajadores, el cual asciende a 69 millones de pesos, los cuales solo alcanzarán para cubrir tres meses.
Entrevistada por Cimacnoticias, Dulce María Mejía Pérez, ex trabajadora de la aerolínea quien se mantuvo en huelga de hambre durante diez días para exigir el pago de las pensiones, dijo que la empresa no les dejó otra opción.
“Nos vamos a hacer un préstamo de 17 mil 500 pesos de nuestro dinero para cubrir nuestras necesidades y quitarnos esta ansiedad de no tener un peso en la bolsa para comprar comida y medicinas. No es lo que queríamos pero la empresa no nos dejó otra opción”.
Y es que pese al acuerdo alcanzado en la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación (Segob) realizada el pasado 27 de marzo entre los dos trabajadores en huelga de hambre, representantes de la empresa y de la Secretaría, para revisar si el pago podría provenir de los recursos que recibe la base de mantenimiento que sigue activa, esto no sucedió pues la empresa no se comprometió a abrir su contabilidad.
Otra petición fue transparentar el fideicomiso de las y los trabajadores, el cual se suponía estaba congelado por ser parte de los activos del concurso mercantil para la adquisición de la aerolínea; pero no lograron ninguna de ambas cosas.
Por lo anterior se decidió que las sobrecargos jubiladas empezarán a recibir a partir del próximo 15 de abril, pagos parciales de 4 mil 500 pesos durante los próximos tres meses que cubrirán las pensiones de agosto, septiembre y octubre de 2012 de las y los 650 sobrecargos jubilados, de los cuales, 90 por ciento son mujeres.
Aunado a ello, Mejía Pérez expresó su preocupación porque existan “faltantes” en el fideicomiso toda vez que sostuvo, “algunos de sus compañeros” le han dicho tener pruebas de que alguien tomó dinero de sus ahorros, “pero no podremos saberlo de momento, ahorita lo único que logramos es que nos den algo de lo que nos deben”.
Si bien los recursos servirán para pagarles tres meses de pensiones, los demás meses continuarán pendientes y no se sabe de dónde saldrá el resto de los recursos para liquidarles sus pensiones, por lo que estarán en la misma situación en la que se encontraban en un inicio, cuando Dulce María Mejía y su compañero, pusieron en riesgo su salud buscando solucionar este conflicto.
Cuando la política social carece de perspectiva de género
STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/Cimacnoticias/por: Carmen R. Ponce Meléndez/ @ramonaponce
COLUMNA Monedero
Cuando la política social carece de perspectiva de género
En México, la política social reduce la autonomía económica y ciudadana de las mujeres y refuerza su posición de subordinación, tanto en la familia como en la sociedad. Por lo consiguiente, es una política pública que carece de perspectiva de género.
Las convierte en mujeres pobres en ingresos y en tiempo, ya que acrecienta la desmesurada concentración del trabajo doméstico no remunerado en manos femeninas con graves repercusiones en su salud y por supuesto es un obstáculo importante para incorporarse al mercado laboral y de esta manera obtener más ingresos.
El cuidado y reproducción de la familia (trabajo doméstico no remunerado), sigue siendo uno de los principales obstáculos para la igualdad de género. Trabajo que se ve incrementado sensiblemente en las mujeres receptoras de los programas de transferencias condicionadas de ingresos (PTC), como el Programa Oportunidades.
Estas son algunas de las conclusiones del estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), donde se analizaron los casos de Ecuador y México.(Los Bonos en la mira. Aporte y Carga para las Mujeres, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, 2012)
VER GRÁFICA AQUÍ
Se tomó como referencia el tiempo (medido en horas semanales), de mujeres pobres, rurales y con hijas e hijos menores de 15 años, ya que éstas son las circunstancias más frecuentes de los PTC.
Como se puede apreciar en la gráfica, para México en los tres casos la carga de trabajo doméstico no remunerado de las mujeres que reciben PTC siempre es superior a las NO receptoras; a nivel nacional la sobrecarga de este trabajo alcanza 24 horas al mes.
En contraparte, disminuye drásticamente su tiempo de trabajo remunerado (también en los tres casos); al extremo de significar una pérdida de 36 horas mensuales, el equivalente a 4.5 días laborales al mes, el equivalente a $874.00 pesos mensuales.
En síntesis, recibir PTC aumenta en las mujeres la carga de trabajo doméstico no remunerado y disminuye el tiempo de trabajo remunerado, por consiguiente recrudece su condición de pobreza y su dependencia de los programas sociales.
En el caso específico del Programa Oportunidades las madres de familia están obligadas a realizar un trabajo comunitario “voluntario”, sin remuneración alguna. Además, deben atender lo siguiente:
Registrarse en las unidades de salud y acudir a las citas médicas; asistir mensualmente a las pláticas educativas de salud, así como certificar que jóvenes y niñez estén inscritos en planteles educativos y acudan a la escuela en forma regular.
Las transferencias trimestrales del Programa están condicionadas al cumplimiento de estas corresponsabilidades.
El resultado es que se acentúan las desigualdades de género que existen en la sociedad, al aumentar en las mujeres pobres la carga de trabajo de cuidado, que es una de las causas de la desigualdad económica de género; retrasan la autonomía femenina, como lo demuestra claramente el estudio de CEPAL.
NO ES UNA POLÍTICA PÚBLICA PARA MUJERES
Obviamente este hecho tiene implicaciones negativas, tanto de género como de pobreza intergeneracional en las y los hijos de esas madres receptoras de PTC, al reforzar la “naturalización” del trabajo de cuidado que recae exclusivamente en mujeres y limitarlas –aún más- en su necesaria inserción en el mercado laboral.
A esta situación CEPAL la llama “maternalismo social” en alusión al hecho de que la política social considera a las madres como corresponsables en la consecución de ciertos objetivos sociales, como la superación de la pobreza.
Aunque son programas “feminizados”, en el sentido de que la mayoría de quienes reciben el beneficio monetario son mujeres, pero esta percepción no obedece al reconocimiento de un derecho propio sino derivado; en realidad las mujeres (madres) actúan como beneficiarias operativas del programa, los titulares del derecho para acceder al beneficio son, en general, las niñas, niños y adolescentes. Su dinámica no obedece a su condición de mujeres, sino de madres.
¿Por qué estos programas se orientan mayoritariamente a las mujeres?
Para este estudio existen varios motivos: en ciertos casos ser mujer (y madre) es uno de los requisitos para obtener el beneficio, no se entrega a padres o tutores varones; las condicionalidades impuestas por los programas, vinculadas a dimensiones de cuidado de las niñas, niños y adolescentes (educación y salud) responden a una consideración social según la cual se atribuye la responsabilidad del cuidado a las madres, se naturaliza el trabajo de cuidado en las mujeres. Y por último, se considera que son ellas, las madres, quienes tienen menos posibilidades de conseguir empleo remunerado.
De esta manera las mujeres –en calidad de madres- se convierten en beneficiarias operativas de un beneficio destinado a sus hijas o hijos.
Al cumplir las condicionalidades punitivas (asistencia escolar y control de salud), para conservar los programas opera lo que se denomina “maternalismo social”. Se señala que estas condicionalidades son unidireccionales, se le exigen a la población beneficiaria de los programas, pero al Estado no le es exigible el cumplimiento de otorgar las transferencias y ofrecer las condiciones para este otorgamiento.
No hay que perder de vista que estos programas están concebidos como herramientas de lucha contra la pobreza en el corto y largo plazo. En el primer caso, transfiriendo recursos monetarios a niveles básicos para hogares en situación de pobreza y pobreza extrema.
El objetivo de largo plazo es superar la trampa intergeneracional de pobreza mediante el incremento del capital humano de la infancia y adolescencia de estos hogares.
El alcance de estos objetivos depende de cuatro factores: el monto del beneficio en relación con los umbrales de pobreza o pobreza extrema; el nivel de cobertura; la duración del beneficio, y la variabilidad, tanto del umbral de pobreza como del beneficio.
En esta circunstancia no está por demás recordar que en México la población receptora de estos programas vive en formas altamente precarias de empleo, informalidad, bajos salarios y desempleo; esta causalidad la lleva a convertirse en dependiente de las transferencias de la política social.
P.D.
!No hay verdura barata!. El reporte de Inegi sobre inflación para el mes de marzo indica que los precios de los productos Agropecuarios aumentaron 12.37 y el de Frutas y verduras 15.27 por ciento, respecto a marzo de 2012. Este incremento de precios es 4 veces superior al aumento que tuvo en diciembre pasado el salario mínimo. Por eso crece la pobreza, no hay alimentos baratos ni salario que alcance para la canasta alimentaria.
*Economista especializada en temas de género
Columna Invitada: Semana Santa: Semana terrible
STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/Cimacnoticias/por: Teresa Mollá Castells
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