Actos de Hostigamiento en contra de integrantes del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa por elementos de la policía ministerial del Estado.
Este Centro de Derechos Humanos denunciamos los constantes actos de hostigamiento por elementos de la Policía Ministerial del Estado de Chiapas, quien en reiteradas ocasiones han realizado a nuestras oficinas:
El día 17 de Octubre del 2013 aproximadamente a la uno de la tarde tres sujetos a bordo de un vehículo tipo Tsuru color blanco con número de placas DRK7266 se encontraban a las afueras de las oficinas del Centro tomando fotos.
El día 23 de Octubre dos sujetos que se identificaron como elementos de la policía ministerial acudieron nuevamente a las oficinas de este Centro y preguntaron por el compañero Nataniel para hacerle entrega de un citatorio del cual desconocemos la razón del mismo.
Por lo que este Centro de Derechos Humanos exige al Gobierno del Estado:
Garantice en todo momento la integridad física, personal y psicológica de los integrantes de este Centro.
Cesen los actos de hostigamiento en contra de integrantes de este Centro de Derechos Humanos por parte de los elementos de la Policía Ministerial del Estado.
Recordamos al gobierno de Chiapas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado respecto a este tema que “el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático depende en gran parte de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores de los derechos humanos para desplegar libremente sus actividades y que es conveniente prestar especial atención a las acciones que limiten u obstaculicen el trabajo de las y los defensores de derechos humanos”
A los medios de comunicación y medios alternativos.
A los organismos defensores de los derechos humanos.
A las organizaciones sociales, democráticas e independientes.
Al gobierno de Manuel Velasco Coello.
A la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Al pueblo de México.
Desalojo violento, detenciones-desapariciones forzadas y tortura a maestros del Bloque Democrático de la Sección 7 del SNTE-CNTE, quienes se encontraban en el edificio Polyforum, delegados efectivos que estaban por decidir el próximo secretario general de la sección 7.
El día 29 de junio de los corrientes se realizaba en el edificio Polyforum de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el congreso para el relevo seccional de la sección 7 del SNTE, que con una maniobra leguleya, policiaca-militar el estado pretende imponer a una representación sindical “charra”, afín a los intereses del Estado y no a los del gremio.
Aproximadamente a las 18:00 horas arribaron a las instalaciones del Polyforum elementos de la policía estatal con el objetivo de intimidar y reprimir a los maestros, quienes en calidad de delegados efectivos se encontraban en el lugar para participar en el congreso seccional.
La maniobra para justificar la presencia policiaca por parte de la parte charra fue un supuesto secuestro de maestros, cuando en los hechos, los maestros identificados con la parte oficial, afines al gobierno estatal, habían reclamado un receso durante el congreso al verse rebasados en las votaciones y prever su posible derrota.
Los delegados identificados con la parte oficial, mejor conocidos como charros, ante su eminente derrota piden un receso a los trabajos y se dirigen a las autoridades judiciales para denunciar a los maestros delegados democráticos, de haber secuestrado a los maestros charros. De ello resulto que de manera inmediata se procediera a incriminar a los maestros democráticos al abrirse la averiguación previa 122/CAJ4D-T1/2013, bajo el delito de Privación ilegal de la libertad.
De esta manera el gobierno del estado tiene el pretexto ideal, y las condiciones necesarias para intervenir policiacamente en el proceso del relevo, para impedir que ésta se lleve a cabo, además de desalojar de manera violenta a los maestros.
Hechos:
Alrededor de las 08:15 pm, se ejecutó el operativo conjunto con más de 1500 policías y varios grupos de la ministerial, para desalojar a los maestros que de manera pacífica estaban esperando que se desarrollara el congreso de relevo seccional. Una comisión de los maestros democráticos dialoga con los elementos policiacos, llegando a un acuerdo verbal, pero los policías recibieron la orden de desalojo e inmediatamente comenzaron a rosear de gas lacrimógeno a todos los maestros democráticos, quienes estaban indefensos, replegándose a la altura de la fuente conocida como la Diana Cazadora, lugar donde los esperaba otro grupo de policías, que los intercepta para agredirlos, golpearlos al grado de asesinarlos, subiéndolos posteriormente a las patrullas de la policía. Algunos de ellos fueron arrojados en la colonia La Ilusión con signos de tortura y amarrados de las manos y pies.
Hasta el momento los datos recogidos por el Comité de Derechos Humanos del FNLS se refieren a la tortura aplicada por estos elementos policiacos al maestro Miguel Hernández Alfonso, quien labora en la región Valle de Santo Domingo D1-082, quien fue localizado en la colonia La Ilusión, en la ciudad de Tuxtla Gtz., con los pies y manos amarrados, con fractura en el cráneo, varios huesos de la cintura y costillas quebradas. Pánfilo Gómez Méndez, originario de San Cristóbal de Las Casas, laborando en la delegación D1-382, quien también presenta signos de tortura. Domingo García Velasco de la región tojolabal, laborando en la delegación D1-136, Lomantan, Margaritas con varios golpes y huesos rotos. María del Tránsito, quienes se desconocen sus apellidos y se encuentra hospitalizada.
Más de 30 detenidos desaparecidos, a quienes no se sabe de su paradero y aún no tenemos los nombres.
La presencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Procuraduría General de la República (PGR), socorristas de la Cruz Roja Mexicana, y del Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH), solo significa la complicidad de éstas instrucciones en los actos represivos.
Mención especial merece el CEDH, quienes se descaran en la represión abierta, institución que sin lugar a dudas es un espacio para justificar la violación de los derechos humanos y velar por la imagen del gobierno estatal en ámbitos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. ¿Señores del CEDH, la represión y tortura a quienes pretenden democratizar su sector, es la solución y observación de los derechos humanos?, sus manos también están manchadas de sangre del pueblo explotado, y recuerden que el pueblo tiene memoria histórica.
Ante la complicidad del CEDH en la violación de los derechos humanos y parcialidad en su actuar; a los organismos defensores de los derechos humanos independientes, hacemos un llamado a estar atentos a estos acontecimientos y dirigir sus atenciones para la observación de los derechos humanos de los sindicalistas que mediante el relevo seccional se conducen por la democratización de su sector.
Asimismo nuestro FNLS se pronuncia por la libre autonomía del sector magisterial, que de acuerdo al proceso democrático se gesten las nuevas representaciones consecuentes con la presente situación que exige el país. Alto a la represión, presentación con vida de los detenidos desaparecidos.
El presente hecho solo demuestra la característica del actual gobierno priista, que solo emula su historial represivo y da continuidad al genocidio panista. La represión es el sello característico del actual sexenio, al igual que como se resuelve en el municipio de Venustiano Carranza, con los compañeros de la OCEZ-FNLS, por lo cual la presente etapa de lucha exige nuevas formas de hacer frente a la represión.
A LA OPINIÓN PÚBLICA AL MAGISTERIO DEMOCRÁTICO NACIONAL A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
Manifestamos el más enérgico repudio a la represión del día sábado 29 de Junio de 2013 a las 18:30 horas, en contra de nuestros compañeros de la Sección 7 de Chiapas, la cual se llevo a cabo con un impresionante dispositivo en el que participaron aproximadamente 1 000 policías de Seguridad Pública, el gobierno de Manuel Velasco Coello, el cual rompió con el Congreso que realizaba la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para elegir a su Comité Ejecutivo Seccional.
Por lo que exigimos la inmediata reanudación de los trabajos del Congreso Seccional Estatutario de la Sección 7 de Chiapas y el respeto irrestricto al derecho que tenemos los trabajadores a elegir democráticamente a nuestros representantes.
Haciendo uso indiscriminado de la fuerza pública, con gases lacrimógenos y balas de goma, la policía arremetió contra los trabajadores de la educación de base que se encontraban resguardando las instalaciones del Poli-fórum Mesoamericano, sede del Congreso Seccional y donde alrededor de 800 delegados efectivos se encontraban en el proceso de elección de la representación sindical. De tanto gas lacrimógeno que arrojaron este llego hasta un hospital Pediátrico cercano al inmueble a 2 cuadras.
Este acto irracional fue el último recurso del que, tanto el Gobierno del estado como el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, hicieron, para intentar una vez más la imposición del Comité Ejecutivo Seccional.
Y es que después de darle largas a la instalación del Congreso, que había sido convocado para iniciar el 27 de Junio a las 10:00 horas, fue hasta el día 28 por la tarde que iniciaron formalmente los trabajos del mismo. Durante este lapso de tiempo, cientos de emisarios charros recorrieron los hoteles donde se hospedaban los delegados efectivos para intentar comprarlos ofreciendo cantidades que variaban desde los 30 mil hasta los 150 mil pesos.
A pesar de toda esta sucia labor, en la madrugada del día 29 de Junio se realizó el primer ejercicio de nombramiento donde fueron elegidos 14 Secretarios de Organización, 8 de los cuáles fueron ganados por el Movimiento Democrático Magisterial. Más allá de las organizaciones que perdieron lo verdaderamente significativo fue que los charros pudieron por fin conocer los números reales de los delegados con que contaba cada fuerza: 429 votos para el Movimiento Democrático y 363 para los charros.
Frente a esta adversa situación, los enviados del Comité Ejecutivo Nacional implementaron una primera maniobra para romper con el Congreso. Aludiendo al cansancio de los delegados declararon un receso.
Ante esta maniobra, las bases del magisterio democrático concentradas para resguardar el evento tomaron las instalaciones del Congreso para exigir que se continuaran los trabajos hasta terminar, situación que duró todo el día 29 y, al mediodía, el gobierno del estado llamó a las partes a una mesa de diálogo para construir un acuerdo y continuar con los trabajos. Tanto el Comité Ejecutivo Nacional como el gobierno del estado ponían como condición para continuar con el Congreso la salida de los delegados, propuesta que no fue aceptada por la Comisión Política del Bloque Democrático.
Es así como a las seis de la tarde, aproximadamente 1000 policías de Seguridad Pública se apostaron frente a la sede del Congreso exigiendo que se dejara salir a los delegados charros. A pesar de que se permitió la salida de los delegados charros que representaban a los Jubilados, la policía arremetió contra los maestros para dispersarlos. Esto dio origen a un enfrentamiento que tardó cerca de dos horas. La paliza fue igual tanto para maestros como maestras. Hasta la media noche no había un reporte exacto de compañeros detenidos o desaparecidos. Si había decenas de compañeras y compañeros heridos, muchos de ellos ahogados por los gases.
Una vez más, queda demostrado que a pesar de la corrupción, del compadrazgo, del clientelismo, de la venta de plazas, de las grandes borracheras a sus incondicionales, de la asignación de préstamos e interinatos a cambio del condicionamiento político y sindical, los charros no pudieron alcanzar una mayoría de delegados.
Queda demostrado también el papel fascista que gobierno de Manuel Velasco Coello que, sin ningún rubor interviene abiertamente en los asuntos sindicales, en los asuntos internos de los sindicatos y su apoyo incondicional a los charros.
REPORTES DE ÚLTIMA HORA:
– Hasta este momento 5 compañeros maestros los reportan muy delicados de salud, 2 profesores les quebraron la rotula con bala de goma, 1 profesor descalabrado con bala de goma, una profesora escupiendo sangre de la golpiza que le dieron, La profesora María de Transito Espinosa tiene un coágulo en el cerebro causado por bala de goma.
¡¡EXIGIMOS LA REANUDACIÓN INMEDIATA AL CONGRESO!! ¡¡EXIGIMOS UN CONGRESO SECCIONAL DEMOCRÁTICO Y SIN CONDICIONES!! ¡¡FUERA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE LOS ASUNTOS INTERNOS DE LA SECCIÓN VII DEL SNTE!! ¡¡VIVA EL MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO MAGISTERIAL DE CHIAPAS!! ¡¡VIVA LA COORDINADORA NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN UNIDOS Y ORGANIZADOS ¡¡VENCEREMOS!!
DERECHOS HUMANOS Sigue impune desaparición de Minerva Pérez Torres A 17 años, Estado mexicano no da respuestas México, DF, 28 jun 13 (Cimacnoticias).- Ayer se cumplieron 17 años de la desaparición forzada de Minerva Guadalupe Pérez Torres, indígena chol del municipio de Tila, en el estado de Chiapas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) informó en un comunicado que el gobierno mexicano sigue sin tomar cartas en el asunto, razón por la cual familiares de Minerva y de otras ocho víctimas de desaparición hicieron hace nueve años una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que apenas tuvo respuesta en marzo pasado y en la que se responsabilizó al Estado mexicano de los hechos. La desaparición de Minerva está enmarcada en la estrategia de contrainsurgencia que realizó el Estado mexicano ante el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y otros grupos indígenas organizados en 1994, explicó, el CDHFBC. A pesar de la firma de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, que suponían el respeto a los derechos y culturas indígenas en México, grupos paramilitares como “Máscara roja”, “Los Chinchulines”, “Movimiento Indígena Antizapatista”, y “Paz y Justicia”, ejercieron ataques violentos contra la población indígena sin filiación partidista o afines al zapatismo. En el boletín 9 del CDHFB se indica que el Estado niega la existencia de las organizaciones paramilitares, pese a que el informe “Grupos subversivos y delictivos con presencia en Chiapas”, elaborado por la Secretaría de Gobierno de Chiapas con fecha 27 de mayo de 2009, describe al grupo “Paz y Justicia” y su financiamiento con recursos de las secretarías del Campo y de Desarrollo Social del estado. “Paz y Justicia” (el cual opera en los municipios de Tila, Sabanilla, Salto de Agua y Palenque) es responsable –a decir del CDHFB– de la retención de Minerva el 20 de junio de 1996, cuando iba camino a casa de su padre, en la comunidad de Masojá Shucjá. La joven, de entonces 19 años, fue golpeada y violada sexualmente por sus captores durante tres días, según información con la que cuenta el CDHFBC. Entre 1995 y 2000 el Centro de Derechos documentó 122 casos de desapariciones forzadas, de éstas, ocho conforman la petición que se hizo contra el Estado mexicano ante la CIDH en 2004. La petición informa de 32 desapariciones forzadas de hombres y cinco de mujeres, así como la ejecución de 78 hombres y siete mujeres. El 20 de marzo de 2013, en el 147 periodo de sesiones de la CIDH, se emitió el informe de admisibilidad indicando que el Estado mexicano es presunto responsable de violaciones a los Derechos Humanos (Caso 12.901). El informe indica que en el caso de Minerva se violó “el reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida a la integridad personal y la protección a la honra y dignidad”, tal como lo marca la CIDH; los artículos primero, sexto y octavo de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y el artículo séptimo de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará).
VIOLENCIA Responsabilizan a víctimas por casos de feminicidio En Chiapas no hay interés de resolver los crímenes Tuxtla Gutiérrez, 24 ene 13 (Cimacnoticias).- En Chiapas no existen datos oficiales desagregados de los asesinatos de mujeres; la poca información con la que se cuenta es de los monitoreos realizados por la prensa local, por lo que el llamado para la administración de Manuel Velasco Coello es que se respete el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Pese a que el feminicidio está tipificado en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en los hechos en Chiapas no existen protocolos de investigación para casos de feminicidio, como tampoco el interés de las autoridades para investigarlos. Para Martha Figueroa, directora de la organización Civil Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, instancia que acompaña a víctimas de violencia y que ha hecho diversos monitoreos en prensa local sobre la magnitud de estos asesinatos en la entidad, el personal que atiende en las instancias judiciales adolece de toda capacitación, incluso en algunos casos llegan al extremo de justificar el asesinato. De estos monitoreos hoy conocemos que durante 2012, último año de la administración de Juan Sabines Guerrero, 85 mujeres fueron víctimas de feminicidio. La menor de ellas, de tan sólo 10 años de edad, fue agredida sexualmente antes de ser asesinada. También se conoce que la localidad con más casos es Tapachula, donde se registraron 17; 9 en Tuxtla Gutiérrez; 7 en Comitán; 5 en San Cristóbal de las Casas; 3 en Huixtla, 3 en Trinataria, y los demás fueron cometidos en la diversa geografía de Chiapas. El feminicidio no es el equivalente de homicidio, aplicado a las mujeres, sino que hace referencia a los asesinatos que llevan un mensaje de odio, desprecio y dominio sobre las mujeres. Es la culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y sistemática de sus Derechos Humanos, de acuerdo con la definición de la antropóloga y feminista Marcela Lagarde, también precursora de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El feminicidio se da en un contexto de arbitrariedad e impunidad social y judicial para los perpetradores. En el caso de Chiapas apenas hay un sentenciado por este delito. Se trata de Juan Carlos Paz Hernández quien fue sentenciado a 25 años de prisión. Fue condenado por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, luego de que se comprobara su participación en el homicidio de Arely Díaz Hernández y/o Martha Alicia Díaz Aguilar, originaria de Honduras. La joven fue privada de la vida el pasado 13 de abril y su cuerpo encontrado en un inmueble entre las calles Quinta y 11 Poniente, de la colonia Obrera en Tapachula. CLASIFICAN DELITOS COMO “SUICIDIOS” De acuerdo con el monitoreo del Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, a las chiapanecas las continúan asesinando con armas de fuego y punzocortantes, además de que antes de ser ultimadas son agredidas sexualmente. Como parte del desinterés de las autoridades por investigar y esclarecer los casos de feminicidio, están seis casos de mujeres que según las autoridades “se suicidaron”, aunque los reportes de la prensa señalan que una de ellas se apuñaló, seis se ahorcaron, una tuvo una sobredosis, y otra se inyectó gramaxone (un herbicida). Todos los casos están impunes. La abogada Martha Figueroa hizo un llamado al nuevo gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, a ser coherente con su discurso en el sentido de que las mujeres serán prioridad en su gobierno. “Que lo demuestre respetando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, concluyó la activista.
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