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DESOBEDIENCIA CIVIL PACIFICA1/01/17
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#CanalMatrix MX: #EpnFallido Asesinan a reportero en #Chihuahua #TengoDerechoDe #TuDonacionEsLaSolucion

STAFF: Matrix Noticias/Canal Matrix HD/Por: Arturo Cordova S/Por: Redacción/Con información: Melissa Hernandez / Matrix Radio Mx 

Foto: Coresponsales

Foto: Corresponsales

De la emisora local Antena 102.5 FM fue asesinado por un comando de sujetos armados, en la colonia Santa Rosa, en Chihuahua.

De acuerdo con la información preliminar, el periodista fue acribillado de cinco disparos, a bordo de su auto, cuando se dirigía a su trabajo.

El lugar fue acordonado por Policías Municipales, quienes recaban evidencias  para iniciar las indagatorias.

El sitio del asesinato se encuentra ubicado a unas diez calles del Palacio de Gobierno de Chihuahua.

Hasta el momento la Fiscalía de Chihuahua, no ha emitido algúna postura oficial sobre este homicidio y la emisora continua con sus transmisiones habituales.

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#CanalMatrix MX: Por “pata rajada” le negaron la entrada a gobernadora rarámuri: empresario #FelizMiercoles #ConUnCaféY

STAFF: Matrix Noticias/Canal Matrix HD/Por: Arturo Cordova S/Por: Redacción/Con información: Cecilia Cordova S / Matrix Radio Mx 

Foto: Captura de Pantalla

Foto: Captura de Pantalla

A través de su cuenta de Facebook, el empresario compartió diversos comentarios en los que se burlaba de la gobernadora rarámuri Rosalinda Guadalajara.

México.- El dueño de un bar de Ciudad Juárez se burló en redes sociales de la situación que vivió la gobernadora rarámuri Rosalinda Guadalajara en otro centro nocturno de la ciudad, donde fue discriminada por usar huaraches.

“Por pata rajada”, “porque traía pura morralla”, “es que no contaban con valet parking para burros”, son las explicaciones que en tono burlón dio el dueño del bar Asenzo, Sergio Azo, en su cuenta de Facebook, para justificar la conducta de quienes manejan el bar Kentucky, donde se le impidió la entrada a Guadalajara el viernes pasado.

En octubre pasado, el establecimiento de Azo, ubicado sobre la avenida Paseo Triunfo de la República y Humberto Lara Leos, generó una movilización policiaca, ya que con motivo de Halloween, se les ocurrió “decorar” la entrada del lugar colgando un bulto en forma de hombre embolsado.

Tras verificar que ningún delito se había cometido, los uniformados se retiraron del lugar.

Epn Fallido: Asesinan a cinco personas en Chihuahua

STAFF: Matrix Noticias/Canal Matrix HD/Por: Arturo Cordova S/Por: Redacción/Con información: PROCESO 

CHIHUAHUA, Chih., (apro).- Por lo menos siete personas fueron privadas de su libertad el jueves pasado y cinco de ellas fueron localizadas sin vida ayer en el municipio de Guachochi.

El pasado jueves fueron privadas de su libertad varias personas cerca del ejido de Tónachi, localizado a unos 40 minutos de la cabecera municipal de Guachochi. Entre las víctimas se encuentra un adolescente de 16 años de origen indígena, un estudiante de la Universidad Tecnológica Tarahumara, un maestro, el comisario ejidal de Tónachi y un excomisario. Cinco eran familiares.

De acuerdo con pobladores de esa región, el problema se originó por un pleito de tierras y detonó en una brecha cerca del ejido de Tónachi.

Ayer en la mañana fueron encontrados los cuerpos de Elzar Palma Payán, quien tenía 21 años y era trabajador del ejido de Tónachi e hijo de Elzar Palma Ramos; Héctor Fabián Contreras, de 20 años, estudiante en la Universidad Tecnológica de la Tarahumara, y Gerónimo Alonso González, de 16 años, quien pidió aventón a la familia para llegar a la comunidad La Gobernadora.

Durante la tarde, fueron encontrados Héctor Fabián Payán Escárcega, de 44 años, quien era comisario ejidal de Tónachi, y Édgar Josué Payán Olivas, de 30 años.

Según vecinos de la cabecera municipal, también están desaparecidos un hombre que vive en la cabecera municipal de Guachochi y el maestro Claudio Bustillos Lerma.

Chihuahua necesita una fiscalía especializada en personas desaparecidas

STAFF: Matrix Noticias/Canal Matrix HD/Por: Cecilia Cordova S/Redacción/Con información: PATRICIA MAYORGA /PROCESO

Protestas en Chihuahua por desapariciones.  Foto: Especial

Protestas en Chihuahua por desapariciones. Foto: Especial

CHIHUAHUA, Chih., (apro).- El Congreso local aprobó hace tres semanas un exhorto para que el gobierno del estado cree una Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, sin embargo, hasta ahora no hay indicios para que ello ocurra.

El diputado panista Humberto Pérez Mendoza, quien presentó la iniciativa, destacó que dicha Fiscalía atraería todo tipo de desapariciones, sean forzadas, por migración, trabajo forzado u otros casos, porque hasta ahora el aparato del estado no ha puesto todo lo que esté en sus manos para buscarlos.

Señaló, asimismo, que se ha reunido con familiares de personas desaparecidas, principalmente en las zonas occidente y norte, y le han expresado que el miedo y/o falta de confianza hacia las autoridades inhibe las denuncias de decenas o cientos de casos.

Hay testimonios, dijo, que evidencian las diferentes circunstancias de desapariciones, como es el caso de un joven a quien se llevaron de manera forzada a Tamaulipas para trabajar en cultivos de mariguana, y consiguió escapar cuando aprehendieron a los líderes en esa zona.

También hay familias que buscan a familiares que se fueron a Estados Unidos y no han sabido de ellos. Por ejemplo, apuntó, se ha rastreado a un joven que al parecer logró pasar la frontera y lo deportaron por Tijuana, según las investigaciones, pero hasta ahora no ha sido localizado.

Y en las huertas, a donde llegan cada año miles de jornaleros, los contratan y pagan diario, pero no hay un registro con identificación oficial de quiénes laboran en los campos. Si se tuviera, dijo, habría más posibilidades de localizar a personas desaparecidas o establecer si a quienes se han llevado trabajaban ahí.

De acuerdo con el legislador, también hay casos de mujeres que recluta el crimen organizado con fines de trata u otros.

Luego de señalar que hay muchas familias sufriendo “y sólo se consuelan unas a otras”, refirió que muchas madres de familia con varios hijos deben invertir tiempo en hacer sus propias investigaciones, y viven en situación crítica porque no pueden cobrar pensiones ni sueldos, pero ellas sí deben pagar las deudas con el Infonavit que sus esposos tenían antes de ser desaparecidos.

Ya se aprobó la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición en el Estado, que tiene por objeto reconocer y garantizar la continuidad de la identidad y personalidad jurídica de las personas desaparecidas, además de brindar certeza jurídica de manera expedita a las víctimas indirectas de la persona desaparecidas involuntariamente y por hechos violentos, sin embargo, a tres semanas de haberse aprobado el exhorto, no hay indicios para la creación de la Fiscalía especializada, lamentó.

A través de ese órgano, detalló, se atenderían los asuntos relacionados con desapariciones debido a la inseguridad. Y precisó que según el registro nacional, hay más de 20 mil desaparecidos en el país, de los cuales mil 500 son chihuahuenses –sólo casos denunciados–, por lo que se hace obligatorio que las diferentes instancias del gobierno atiendan y den respuestas a la ciudadanía y actúen en consecuencia.

El diputado informó que Chihuahua ocupa el quinto lugar en desapariciones, es decir, 6.2% a nivel nacional, cifra que se suma a los 418 registros de la Procuraduría General de la República.

La desaparición de personas, sostuvo, representa el ultraje a la dignidad humana y atenta contra el derecho a la vida, la integridad y la libertad de los individuos, dado que no solamente afecta a quienes son víctimas, sino también a sus familiares, a quienes desgastan anímica, moral y económicamente al sumirlos en la desesperación por desconocer el paradero e integridad física de sus seres queridos.

Pérez Mendoza presentó otra iniciativa para que la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) realice un operativo de vigilancia en la zona occidente de la entidad, debido al preocupante incremento de alcohol muy barato que podría estar adulterado. El Congreso local aprobó la moción.

Las bebidas alcohólicas de muy bajo costo muchas veces están adulteradas y llegan a sectores de la población más vulnerables, como jóvenes y jornaleros agrícolas, quienes pueden tener daños severos en la salud.

El panista aseguró que hay bebidas alcohólicas de hasta 10 o 15 pesos, y no se puede precisar si los grados de alcohol que se proyectan en el envase son ciertos, ni el control de calidad que tienen.

De acuerdo con información periodística, el aumento en el consumo de alcohol adulterado ha provocado que 70% de los delitos registrados en la zona sur del estado sean cometidos por indígenas en estado de ebriedad.

A base de tortura, “buenos resultados” en Chihuahua

STAFF: Matrix Noticias/Canal Matrix HD/Por: Cecilia Cordova S/Redacción/Con información: PATRICIA MAYORGA /PROCESO

De izquierda a derecha las víctimas de tortura: Fernando Sánchez, Luis Manuel Barraza, Cristel Piña y Natalia Hernández. Fotos: Especial

De izquierda a derecha las víctimas de tortura: Fernando Sánchez, Luis Manuel Barraza, Cristel Piña y Natalia Hernández. Fotos: Especial

CIUDAD JUÁREZ, Chih. (apro).- La consigna del gobernador César Duarte Jáquez es “dar buenos resultados” en materia de seguridad, y su mejor arma para lograrlo es bajo tortura o bien a través de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada.

Cuando Duarte asumió la gubernatura, el delito de extorsión en la entidad ya registraba altos índices, y su erradicación fue una de las exigencias del empresariado chihuahuense. El Ejecutivo dio la orden para que el Poder Legislativo aprobara la cadena perpetua para aquellos que cometieran los delitos de secuestro, extorsión y algunos tipos de homicidio.

Casi inmediatamente después los agentes ministeriales empezaron a hacer la tarea: amenazar a familiares de las personas que eran torturadas para que se declararan culpables, denuncia la abogada Clara Torres.

En 2014 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) registró 118 quejas contra agentes de diferentes corporaciones en la entidad por tortura, y en lo que va de 2015 ha recibido 65 quejas en la entidad. En respuesta, el organismo ha girado seis recomendaciones al gobierno de Duarte.

De acuerdo con el secretario técnico ejecutivo de la CEDH, José Alarcón Ornelas, no tienen registro de quejas por tortura de 2011 a 2013, porque el Sistema Penal no tenía catalogado ese delito. Las quejas sólo eran por violación por tratos crueles, inhumanos y degradantes en relación a la integridad física y moral, dijo.

El pasado fin de semana, luego de comprobarse que fueron torturados por agentes ministeriales, un Tribunal de Juicio Oral absolvió a tres hombres que hace dos años fueron procesados por supuestamente extorsionar a un dentista, de quien no se proporcionó el nombre.

El caso se suma a muchos más ocurridos en la actual administración, a partir de que la Fiscalía General del estado (FGE) adoptó esa práctica para mostrar “resultados”.

Los magistrados Aída Vázquez Arreola, Florina Coronado Burciaga y Arnulfo Arellanes Hernández absolvieron a Ricardo González Moreno, Emmanuel Medina Carrillo y Fernando Jesús Saldierna Villalobos, debido a que el Ministerio Público (MP) no acreditó la responsabilidad de los imputados, y el defensor Mario Espinosa Simental resaltó las contradicciones en el interrogatorio de la supuesta víctima cuando relató los hechos.

De manera simultánea al proceso, los acusados presentaron una queja ante la CEDH por tortura, y ésta emitió una recomendación a la FGE, después de acreditar que elementos ministeriales allanaron una vivienda para detener a los imputados, quienes fueron golpeados y torturados para declararse culpables.

De acuerdo con la recomendación, hubo violación al derecho a la integridad y seguridad personal, uso ilegal de la fuerza y tortura.

Espinosa Simental denunció que la Policía Ministerial Investigadora simuló el arresto de las tres personas el 4 de enero de 2013, y posteriormente elaboró documentos oficiales en los que detalló que la captura se había efectuado mediante un operativo realizado al día siguiente.

Según el agente del MP, el 2 de enero de ese año los supuestos extorsionadores concertaron una cita con el dentista en su consultorio, ubicado en la zona centro. Los tres llegaron juntos, pero sólo dos entraron a la oficina, donde golpearon y ataron a la víctima con cinta adhesiva.

Segundos después ingresó el tercer sujeto –al parecer sobrino del dentista–, se dirigió al lugar donde se encontraba el dinero y tomó 2 mil dólares y algunos aparatos eléctricos.

Al día siguiente los agresores llamaron por teléfono a la víctima para pedirle que cada mes depositara en una cuenta 30 mil pesos para dejarlo trabajar. De acuerdo con la representación social, dicha cuenta pertenecía a Ricardo González Moreno.

No obstante, las acusaciones no fueron sustentadas y los magistrados finalmente determinaron absolver a los acusados.

Cifras del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua indican que entre 2011 y agosto de 2015, los jueces absolvieron a 400 imputados porque no había elementos para considerarlos culpables. En 2011 absolvieron a 53 (25 en juicio abreviado y 28 en juicio oral), un año después a 46 (27 en procedimiento abreviado y 19 en juicio oral) y en 2013 a 81 (44 en juicio abreviado y 37 en juicio oral). En 2014 se registraron 129 absoluciones (59 en procesos abreviados y 70 en juicio oral) y en 2015 van 91 (41 en procesos abreviados y 50 en juicio oral).

De 2011 a 2014, el Centro de Derechos Humanos ‘Paso del Norte’, que trabaja en Ciudad Juárez, ha documentado, sólo en esa frontera, 128 casos de personas detenidas injustamente. Las víctimas son principalmente jóvenes y pobres, hombres o mujeres, explicó Patricia Galarza Gándara, coordinadora del área psicosocial del organismo.

Hasta ahora ha logrado la liberación de 11 jóvenes sobrevivientes de tortura (en tres causas penales), quienes fueron agredidos para auto inculparse. “Aniquilan al ser humano de cuerpo, de alma y de mente, para que digan lo que la autoridad quiere que digan. La recuperación para ellos es lo más difícil”, dice la psicoanalista.

Diana Morales, coordinadora jurídica del Centro ‘Paso del Norte’, explica que cuando aumenta la “conflictividad”, para dar resultados a las autoridades los agentes detienen a sus víctimas a base de represión y tortura, o de plano acuden a la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada.

“Duarte pide resultados. Hay cambios, sí, el sistema es garantista, ¿pero para qué?”, cuestiona la abogada, y recuerda los cambios realizados al Sistema Penal Acusatorio cuando inició el actual sexenio.

Destaca que con la contrarreforma dejó de existir el término “flagrancia”. Antes, dice, la confesión no era “la prueba reina”, y aun cuando había tal, debía haber una confrontación ante el juez entre el Ministerio Público y la defensa. “La confesión sólo se aceptaba si era espontánea. Se le daba mayor peso a las pruebas científicas, y ahora graban el testimonio del detenido como prueba anticipada, lo que ha motivado la tortura”.

Luego advierte que con la implementación del nuevo código nacional en materia penal, Chihuahua tendrá que adecuar la contrarreforma que aprobó en 2011.

Para Clara Torres, la tortura en la entidad se agudizó a raíz de la presión internacional para que el gobierno de César Duarte bajara los altos índices delictivos. Entonces se comenzaron a fabricar pruebas.

La abogada, quien perteneció a la Mesa de Seguridad de Ciudad Juárez, refiere que en 2012 instalaron la “mesa de abusos policiacos” al interior del mismo organismo, debido la cantidad de casos que les llegaban.

En algunos de ellos, agrega, no se registraba la tortura como tal, sino como abuso policiaco, porque éste prescribe al año y no se le da el mismo tratamiento. Sin embargo, el gobierno se ha visto obligado a reconocer que sí hay tortura y, lo peor, de manera sistemática.

“La tortura la usan para validar el Sistema Penal Acusatorio y se extiende hasta los familiares de los imputados torturados”, subraya.

***

La noche del pasado 7 de febrero, una masacre ocurrida en Ciudad Juárez –“la ciudad modelo” que ha presumido el gobierno estatal en los últimos años– movilizó a las autoridades, que para dar fuerza a los anuncios de “baja de la incidencia delictiva” se vieron obligadas a mostrar resultados.

En aquella ocasión, cinco hombres fueron ejecutados en la colonia Felipe Ángeles. El gobierno estatal se apresuró a informar que las víctimas eran del Valle de Juárez y los presuntos agresores pertenecían al grupo criminal Barrio Azteca. “Cuando vieron invadido su territorio, cometieron el multihomicidio”, subrayaron las autoridades encargadas del caso.

El fiscal general, Jorge Enrique González Nicolás, aseguró que tenían evidencias científicas e imágenes de un video captadas por cámaras viales, donde se observó a varios vehículos cuando llegaban al estacionamiento de una tienda ubicada en el bulevar Bernardo Norzagaray, y a una estación de servicio donde los presuntos asesinos compraron gasolina.

El 22 de febrero fue detenido Jorge Luis Barraza Muñoz, de 24 años de edad, señalado como sicario y vendedor de droga. “El día del crimen fue ‘halcón’ y prendió fuego a los vehículos y a dos cadáveres”, destacó el funcionario estatal.

Barraza fue presentado junto con otros tres hombres como presuntos responsables del múltiple crimen. Un juez de Garantía los vinculó a proceso por los delitos de homicidio contra cinco personas y lesiones contra tres más. También fueron acusados de incendiar intencionalmente dos vehículos de modelo reciente.

En entrevista con Apro, el padre de Barraza, Luis Manuel Barraza Muñiz, asegura que su hijo viajaba cada semana de El Paso, Texas, a Ciudad Juárez. El muchacho no participó en el crimen, dice, y pide que las autoridades investiguen la tortura a la que fue sometido, “porque sólo lo mantiene en prisión el testimonio de otro de los imputados, Ramón Gabriel Verdín Ovalle, ‘El Cabe’, quien también fue torturado para decir que lo conocía”.

El 2 de marzo, el padre de Jorge Luis interpuso una queja por tortura ante la CEDH. En ella destaca que cuando su hijo fue detenido, lo esposaron sin motivo alguno, le tomaron fotografías con un celular y lo llevaron “a un lugar desconocido”, pero a él le aseguraron que lo trasladarían a la Fiscalía para investigarlo.

“Me dijeron que yo era el del video y me empezaron a golpear. Me pusieron la chicharra en las palmas de las manos y en la espalda, me golpeaban la cabeza con la mano abierta, muy fuerte, querían que les dijera que yo era el del video (…) Yo estaba con los otros y escuchaba a uno de los ministeriales decir que el jefe ya los traía muy presionados con ese trabajo (…) Me llevaron para que me reconociera alguien de los que venía golpeado y dijo que sí. Estuve escuchando cómo gritaban otras personas, cómo lloraban y los torturaban, peor de lo que a mí me hicieron. No lograron sacarme ninguna declaración a mí porque les dije que yo no diría nada que no fuera cierto”, afirma el imputado en la queja que recibió la CEDH.

Debido a que Jorge Luis presentó inflamación, escoriaciones y dolor en varias partes del cuerpo cuando fue presentado, el juez ordenó un examen médico, pero no se lo practicaron.

Su familia contrató los servicios de David Rodríguez Torres, secretario general del Centro de Desarrollo de Investigaciones en Ciencias Forenses en Ciudad Juárez, para comprobar con evidencias que la Fiscalía no había demostrado científicamente la culpabilidad de Barraza.

En el expediente 3257/2015, Rodríguez ha evidenciado que el MP solicitó únicamente la huella genética de puertas, palanca de cambios y volante del vehículo Dodge línea Neón, modelo 1993, que fue utilizado en el crimen.

Según el investigador, la representación social no aplicó reactivos químicos para realizar el revelado, fijación y levantamiento de impresiones dactilares en el interior y exterior del vehículo, robado el mismo día que ocurrió el multihomicidio.

La Fiscalía solicitó al director estatal de servicios periciales y ciencias forenses que realizara un retrato hablado del sujeto que compró los galones de agua marca Bonafont que utilizó para llenarlos de gasolina, con la que posteriormente fueron quemados los autos y las personas. No obstante, esa diligencia no se ha realizado hasta ahora y Barraza fue acusado de comprar el carburante.

En un oficio que envió el jefe de Bomberos, Alfredo Salas, al director de Protección Civil municipal, Fernando Mota Allen, informó que trabajadores de la FGE “no permitieron el acceso al lugar (del crimen) a personal de Protección Civil y Bomberos, bajo el argumento de ser ellos los encargados de la escena, tomando posesión de la misma, de tal manera que no se llevó a cabo la total extinción del fuego, ni se realizó la serie fotográfica y verificación de evidencias para determinar las causas que originaron el siniestro”.

El 22 de febrero el MP solicitó al médico legista –a través del oficio UIDV-1548/2015– que practicara una toma de saliva a Barraza Muñoz, pero hasta ahora no tienen los resultados para cotejarlos con el material de los hisopados que se realizaron en el vehículo Dodge 1995.

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El 12 de agosto de 2013, Cristel Piña Jasso, de 23 años y madre de dos hijos, fue detenida en Ciudad Juárez con su esposo Leonardo Gilberto de la O, de 25 años. Ambos fueron torturados y consignados por extorsión, junto con José Eduardo Estrada Cardona, de 20 años.

Según las autoridades, con la triple detención se dio “un fuerte golpe” a la delincuencia organizada. A la banda, dijo, se le seguía la pista desde hace tiempo.

De acuerdo con vecinos, el día de la captura el matrimonio se encontraba en su casa con sus dos hijos, cuando llegó la Policía Estatal Única, tiró la puerta y sacó por la fuerza a Cristel y Leonardo Gilberto. Posteriormente fueron entregados al grupo “anti extorsión”.

Los agentes ministeriales llevaron a la pareja a una bodega donde había otros detenidos y durante dos días los torturaron. Ella, violada frente a su esposo, fue golpeada en la cabeza, las costillas y las piernas. Todos los que se encontraban en el lugar firmaron su auto incriminación.

Después de muchos intentos, el padre de Cristel, Rafael Piña, finalmente logró ver a su hija. La encontró con golpes en el rostro, pero ella le pidió que callara para que no la siguieran violentando y para que a él mismo no se convirtiera en víctima.

El 14 de agosto de 2013, la pareja y José Eduardo Estrada Cardona fueron presentados ante los medios como extorsionadores. Cristel se retractó de su confesión ante el juez roque y denunció que fue víctima de tortura, pero eso a nadie le importó.

El Centro de Derechos Humanos ‘Paso del Norte’ tomó el caso del matrimonio y pidió la apertura de una averiguación por tortura. Los jueces accedieron, pero a partir de ese momento iniciaron las represalias para Cristel y Leonardo y los familiares fueron amenazados de muerte.

Desde prisión ella continúa su lucha por obtener justicia, porque los casos de tortura sexual en Chihuahua, dice, son generalizados, pero la mayoría de las mujeres no denuncia por miedo.

El Centro ‘Paso del Norte’ logró que la Procuraduría General de la República (PGR) programara para noviembre de 2015 la aplicación del Protocolo de Estambul para Cristel y su esposo. La apertura del juicio oral está programada para el 16 de enero de 2016.

***

Natalia Hernández Gutiérrez, de 24 años de edad, también fue detenida con su esposo (de quien no se proporcionó el nombre) el 4 de mayo de 2012. A ambos los acusaron del delito de extorsión, según la causa penal 11498/2012.

Natalia –con dos hijos de cuatro y seis años cuando fue aprehendida– fue violada sexualmente por cuatro policías estatales frente a su pareja. Su madre, Rosa María Gutiérrez, interpuso una queja ante la CEDH.

“Cuando la señora presenta la queja, el visitador Gustavo de la Rosa le responde: ‘Eso dicen todas para que las dejen libres’. Y a pesar de estar a unos cuantos pasos de donde la víctima estaba, no acudió a verla, no se documentó la evidencia ni solicitó la revisión inmediata de un médico que lograra preservar la prueba científica de la violencia”, dice Clara Torres.

La madre de Natalia se quejó de la respuesta del visitador y turnaron el expediente a una visitadora. “A ese caso le dio seguimiento por la coordinadora de abusos policiacos de la Mesa de Seguridad, hasta que por unanimidad los jueces la declararon inocente por falta de pruebas e instruyeron la apertura de una carpeta de investigación por tortura. Se presionó y logró ser el primer caso de más de 80 ante la CEDH para practicar el Protocolo de Estambul con peritos de la PGR”, recuerda la abogada.

Después de dos años y medio en prisión, Natalia fue absuelta, pero permaneció arraigada durante 21 días en un hotel, mientras se investigaba la violación y tortura que sufrió por parte de los policías.

La joven fue presionada para que se retractara de las acusaciones contra los agentes, pero ella no cedió. “En la fiscalía no abrieron el expediente por tortura y el caso se fue a la Fiscalía de Género. Se logró en enero pasado”, señala Torres.

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Desde el 7 de enero de 2013, Lucía Angélica Carrillo Salas ha vivido un infierno después de la detención de su esposo Fernando Jesús Saldiema Villalobos, de 48 años, y de su hijo de 24 años. Ambos fueron acusados del delito de extorsión.

“Unos ministeriales entraron a su casa y los golpearon frente a sus otros hijos, que son cuates (de 12 años). A ella la golpearon y a su hija la encañonaron con armas largas frente a su nieto de dos años, luego se llevaron a su esposo y a su hijo”, relata Clara Torres.

A Fernando Saldiema los uniformados le provocaron tres fracturas en la nariz y presentó sangrado anal porque lo violaron con un tubo.

Luego de que la familia denunció la tortura contra Fernando y su hijo, sujetos desconocidos allanaron y robaron su casa, y “levantaron” al hijo de 12 años para amedrentarlos. Cuando el adolescente regresó a su casa, su madre interpuso la denuncia, pero la Fiscalía la desapareció. Tras ese hecho, el joven ha intentado suicidarse en diversas ocasiones.

El caso fue denunciado ante la CEDH y turnado al visitador Omar Téllez, quien logró que el organismo emitiera una recomendación por tortura (14/14) en noviembre de 2014. Después de dos años y medio de haber sido detenidos, Fernando y su hijo fueron liberados, pero hasta ahora no se ha abierto una carpeta de investigación por tortura.

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La causa penal 2655/2013 asienta que Fernando Sánchez Espino, de 50 años de edad, murió en prisión “por causas naturales”, tres meses después de haber sido aprehendido. No obstante, el acta de defunción indica que falleció el 18 de julio de 2014 por “fallo renal/hepático, sepsis severa y perforación víscera hueca (colon)”.

Sánchez Espino fue capturado el 20 de noviembre de 2013 por elementos de la Policía Estatal Única, junto con su yerno Ernesto Díaz Moncada (de origen estadunidense), de 21 años de edad, acusados del delito de extorsión.

Cuando aquel ingresó al Centro de Readaptación Social (Cereso) número 3, ya no podía caminar por los golpes que le propinaron los uniformados y su salud empeoró de manera paulatina, hasta que murió en el Hospital General. El proceso continúa hasta ahora.

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El 7 de marzo del año pasado fueron absueltos Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Víctor Manuel Martínez Rentería, Gustavo Martínez Rentería y Ricardo Fernández Lomelí, quienes tenían entre 19 y 29 años de edad cuando fueron detenidos y acusados de emboscar a agentes federales el 15 de agosto de 2010.

Los cinco jóvenes, que también fueron acusados de detonar un coche bomba en Ciudad Juárez, permanecieron internados en penales federales de Tepic, Nayarit, y del estado de Veracruz.

“Una vez que son liberados, trabajamos para que se entienda en qué contexto se da la tortura. Ellos son sobrevivientes, fueron una muestra ‘para dar resultados’, así se los dijeron. El caso se da cuando hay un impacto social en Ciudad Juárez, tienen una fuerte afectación emocional”, explica Patricia Galarza Gándara, coordinadora del área psicosocial del Centro de Derechos Humanos ‘Paso del Norte’.

“Lo primero que han hecho es ir a buscar trabajo, sentirse útiles, algunos de ellos son padres de familia. Todos trabajan ahora. No fue fácil incorporarse, primero llevaron un acompañamiento terapéutico (porque) salieron con condicionamiento físico y emocional. Hay reglas en la sociedad, en el contexto familiar, y han trabajado para insertarse. También los familiares han sido acompañados en la parte emocional”, detalla la terapeuta.

***

Luego de que se les practicó el Protocolo de Estambul, otros cuatro jóvenes –uno de ellos menor de edad– fueron absueltos del delito de extorsión.

Misael Sánchez y Juan Antonio y Jesús Iván Figueroa Gómez obtuvieron su libertad el pasado 2 de julio. Desde entonces tienen protección porque viven amenazados, perseguidos e intimidados por los ministeriales. El caso es monitoreado por Amnistía Internacional, que solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Luis Adrián Figueroa Gómez, el menor de edad, fue absuelto en agosto de 2013 por la Sala de Adolescentes Infractores.

Hallan muerta en el Valle de Juárez a mujer reportada como desaparecida

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix HD/Redacción/Agencia: APRO/Foto: Especial

Victoria Landeros Moreno, desaparecida hace una semana. Foto: Especial

Victoria Landeros Moreno, desaparecida hace una semana. Foto: Especial

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El Valle de Juárez ha evidenciado que la violencia sigue latente en esa ciudad fronteriza. Hoy por la mañana fue localizado el cuerpo de una mujer llamada Victoria Landeros Moreno, quien desde hace una semana fue reportada como desaparecida.

El hallazgo ocurrió en un lote baldío entre las calles Juan Saldívar y Miguel Hidalgo, del ejido San Agustín; justo el lugar en el que han localizado los restos óseos de otras mujeres.

Apenas el jueves pasado, elementos de la Fiscalía Zona Norte localizaron osamentas entre los poblados de El Porvenir y Guadalupe, pero hasta ahora no han aclarado si son de humano o de animal.

Los restos se encontraban enterrados en una zona desértica de la región y de acuerdo con el portavoz de la Fiscalía General del Estado, Arturo Sandoval Figón, los antropólogos sólo han informado que tienen alrededor de cuatro años de haber sido inhumados.

En el caso de Victoria Landeros Moreno, se reportó su desaparición el pasado 8 de julio, cuando salió a practicar a un campo de beisbol del poblado y ya no regresó.

La joven era madre de una niña de 12 años, quien ahora se encuentra con sus tíos maternos.

Aunque aún continúa la investigación para identificar el cuerpo, sus familiares ya reconocieron su vestimenta.

La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer está a cargo de la investigación en la Zona Norte.

“Riña callejera”, causa del ataque el Cedehm

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Anaiz Zamora Márquez

CIMAC Noticias

CIMAC Noticias

VIOLENCIA
“Riña callejera”, causa del ataque el Cedehm
Advierten activistas que Fiscalía pretende minimizar agresión
 
México, DF, 7 may 13 (Cimacnoticias).- La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGC) desestimó que la agresión contra las instalaciones del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) el pasado 4 de abril, haya sido un ataque directo a la organización por su labor para detener el feminicidio en Chihuahua.
 
Integrantes del Cedehm acusaron que la autoridad judicial atribuye el ataque a pedradas contra sus oficinas a una pelea callejera ocurrida frente a las instalaciones de la organización humanitaria, con sede en la ciudad de Chihuahua. 
 
En entrevista telefónica, Paola Sáenz, coordinadora de Comunicación Social del Cedehm, relató que la organización tiene  conocimiento de que las investigaciones de la FGC apuntan a que los daños a los ventanales de la oficina del Cedehm son resultado de una riña entre jóvenes.
 
Sáenz calificó esa hipótesis como “desalentadora”, ya que demuestra que para el gobierno estatal es como “si no hubiera pasado nada” contra las defensoras de Derechos Humanos.
 
Aunque no ha habido un pronunciamiento oficial de la FGC al respecto, la activista aseguró que la autoridad pretende imponer la versión de que no hubo un ataque directo al Cedehm.
 
Por otra parte, Paola Sáenz informó que el pasado viernes la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz, se reunió con integrantes del Cedehm en su sede, así como con otras organizaciones civiles, para manifestar su preocupación por la constante violencia que padecen las mujeres en Chihuahua.
 
La vocera del Cedehm agregó que se acordó trabajar en conjunto para lograr que las acciones emprendidas para eliminar y erradicar la violencia de género en la entidad tengan resultados.
 
La organización fue atacada el pasado 4 de abril, justo dos días después de que sus integrantes y funcionarios del estado definieron la implementación de las medidas cautelares otorgadas a algunos activistas del Cedehm por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009.
 
El pasado 15 de abril, el representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Javier Hernandez Valencia, visitó el Cedehm para expresar su solidaridad y demandar el esclarecimiento del ataque.

ONU demanda esclarecer atentado al Cedehm

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/Cimacnoticias/por: Anaiz Zamora Márquez

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DERECHOS HUMANOS
ONU demanda esclarecer atentado al Cedehm
Chihuahua es “foco rojo” para defensoras, advierte
 
México, DF, 18 abr 13 (Cimacnoticias).- La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH), demandó que se esclarezca de manera “urgente y con transparencia” el reciente atentado contra el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm).
 
Al reunirse con activistas del Cedehm, el representante del OACNUDH en México, Javier Hernández Valencia, advirtió que Chihuahua se ha convertido en un “foco de preocupación” para las Naciones Unidas por la indefensión y agresión constante en la que realizan su labor las y los defensores de Derechos Humanos (DH).
 
En una visita este lunes a ese Centro de Derechos Humanos, el emisario de la ONU dijo que el atentado del pasado 4 de abril –cuando desconocidos lanzaron piedras contra los ventanas de las oficinas del Cedehm– tuvo “una clara intención, no sólo de causar daños materiales, sino de seguir alimentando un ambiente de zozobra, intranquilidad y desasosiego” contra las y los activistas del estado.
 
Hernández Valencia se refirió también a los asesinatos el año pasado de los activistas ambientales Ismael Solorio y Manuela Solís, y llamó a que se esclarezcan de manera urgente, ya que estos defensores pertenecían a organizaciones “cuya vitalidad ayuda a la construcción de la democracia en la entidad”.
 
Igualmente, resaltó que las investigaciones de las autoridades estatales para dar con el o los responsables del ataque al Cedehm sean llevadas con diligencia y profesionalismo, y “sobre todo con transparencia y un diálogo constante” con quienes integran la agrupación civil.
 
El representante del OACNUDH en México destacó que el Estado mexicano, al ratificar convenios y tratados internacionales en materia de DH, tiene la obligación de informar sobre el avance en los compromisos asumidos.
 
Recordó que el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) emitió en 2012 dos recomendaciones para la entidad.
 
En sus recomendaciones 17 y 18, el Comité de la CEDAW se mostró preocupado por el aumento en los casos de feminicidio en varios estados, entre los cuales destacó los delitos cometidos en Ciudad Juárez, y el elevado número de desapariciones forzadas de mujeres y niñas en el estado de Chihuahua.
 
Javier Hernández también apuntó que media docena de los casos referentes a México a los que da seguimiento la Corte Interamericana de Derechos Humanos, corresponde a organizaciones, temas o casos particulares en Chihuahua.

“Si no hay restos ¿entonces dónde están nuestras hijas?”

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CIMAC/por: Anaiz Zamora Márquez

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VIOLENCIA
“Si no hay restos ¿entonces dónde están nuestras hijas?” 
Madres de desaparecidas aguardan audiencia con gobernador
 
México, DF, 5 feb 13 (Cimacnoticias).- En la audiencia de este jueves con el gobernador del estado, César Duarte, el Comité de Madres de Jóvenes Desaparecidas en Ciudad Juárez exigirá al mandatario estatal que aclare si hay o no restos de mujeres desaparecidas en el Servicio Médico Forense (Semefo) de la urbe fronteriza, y que informe si hay indagaciones pertinentes para encontrar a las jóvenes.
 
Lo anterior luego de que en días recientes el fiscal general del estado, Carlos Manuel Salas, declaró que será prácticamente imposible dar cumplimiento al requerimiento de las madres de entregar los cuerpos que están en el Semefo, pues –de acuerdo con su declaración– hay restos de 44 personas, pero ninguno cumple con el perfil genético de las jóvenes desaparecidas en Juárez.
 
En entrevista vía telefónica con Cimacnoticias, Francisca Galván, asesora jurídica del Comité de Madres, explicó que están en espera de que Duarte confirme la audiencia (que se gestionó tras la “Caminata por la vida y la justicia de las jóvenes en Chihuahua” que realizaron madres y padres de familia el pasado 15 de enero), para exigirle que aclare si es verdad lo que dijo el fiscal Salas.
 
De acuerdo con la activista, el Ejecutivo estatal debe confirmar de manera oficial esa información, ya que la inexistencia de los restos abre la posibilidad de que las jóvenes desaparecidas aún se encuentren con vida.
 
Por lo que, advirtió Galván, si la información es verdadera se debe incluir en cada uno de los expedientes y así proseguir con la búsqueda de las jóvenes, de la cual deben brindarse detalles de cómo se está llevando a cabo.
 
La semana pasada el Comité de Madres reportó que los cuerpos retenidos en la morgue de Juárez suman 197. Desde 2010 se sabía de al menos 83 restos de mujeres, según un informe del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), coadyuvante en las investigaciones.
 
En su pliego petitorio entregado al gobierno del estado al término de la caminata, las familias plantearon la entrega inmediata de los restos que están en el Semefo de Juárez.
 
Francisca Galván consideró que de igual forma se pedirá a Duarte que especifique la identidad de los restos, y recordó que hay madres y padres de familia que por miedo a represalias no han protestado, por lo que esos cuerpos podrían ser de sus hijas.
 
A principios de este año un equipo de peritos internacionales expertos en violencia contra las mujeres llegó a Juárez, para ayudar en las investigaciones del llamado caso Campo Algodonero, donde se encontraron los restos de ocho mujeres asesinadas en 2001, y de las osamentas halladas en el Valle de Juárez en 2011.
 
En un primer momento, autoridades del estado informaron que este 31 de enero a la una de la tarde el gobernador Duarte se reunirá con madres y padres de mujeres desaparecidas.
 
El encuentro tentativamente se llevará a cabo en la Plaza Guadalupe, por ser considerada la zona más crítica de Ciudad Juárez, donde se sabe que cientos de jóvenes han desaparecido en los últimos 20 años. Sin embargo, hasta el cierre de edición el gobierno estatal no había confirmado la presencia del mandatario estatal.

Exigen entrega de casi 200 restos de víctimas de feminicidio

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CIMAC/por:Anaiz Zamora Márquez

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Exigen entrega de casi 200 restos de víctimas de feminicidio
Claridad en pesquisas y nuevas pruebas de ADN, piden familias
 
México, DF, 25 ene 13 (Cimacnoticias).- A 20 años de que los homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez comenzaron a denunciarse, en un acto simbólico en demanda de justicia un grupo de madres y padres de víctimas llegó a la ciudad de Chihuahua para exigir, una vez más, el esclarecimiento de los casos y entregar un pliego petitorio al gobernador César Duarte, quien no recibió a la comitiva por estar en un evento de Enrique Peña Nieto.
 
El pasado lunes llegó a la capital del estado la “Caminata por la vida y la justicia de las jóvenes en Chihuahua”, que iniciaron el pasado 15 de enero tres madres y un padre de familia, y a la que se sumaron al menos otros 50 manifestantes.
 
El objetivo de reunirse con Cesar Duarte no se alcanzó, ya que el mandatario estatal estaba en Chiapas en el lanzamiento del programa “Cruzada Nacional Contra el Hambre”.
 
Pese a la ausencia del gobernador, las y los manifestantes, que recorrieron en total 376  kilómetros en seis días, entregaron un pliego petitorio al secretario de Gobierno estatal, Raymundo Romero Maldonado, con demandas que esperan sean respondidas por Duarte en una audiencia pública en un plazo no mayor a 30 días.
 
Solicitaron la entrega de los restos óseos que están en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Ciudad Juárez y que siguen retenidos, algunos desde hace varios años. De acuerdo con datos del Comité de Madres y Familiares de Jóvenes Desaparecidas son 197 los cuerpos detenidos en la morgue de Juárez
 
Las y los integrantes de la caminata también demandaron la entrega parcial de restos encontrados en el Valle de Juárez en 2011; se brinden resultados de las indagaciones a cada una de las madres de las víctimas, y se tipifique como delito la desaparición de personas.
 
El pliego petitorio incluye que se den respuestas y explicaciones claras, en presencia de expertos, a las madres que han solicitado la opinión de un segundo dictamen de ADN a fin de dar certeza de la identificación genética realizada por las autoridades de Chihuahua.
 
El Comité de Madres informó hoy en redes sociales que Duarte les concedió una audiencia pública el próximo 31 de enero en la ciudad de Chihuahua.
 
DANZA DE CIFRAS
 
A principios de 2012 al menos seis activistas se encadenaron a cruces de madera y metal frente a la Fiscalía General en Ciudad Juárez, para exigir que se acelerara el proceso de identificación, ya que en 2011 el Semefo sólo logró identificar seis cuerpos de mujeres luego de tres años de que hubieran sido localizados.
 
En febrero de 2012, tras aquella manifestación y durante una reunión con 35 madres de familia que exigían una respuesta sobre la identificación de los cuerpos, Duarte declaró que sólo había en el Semefo los restos de cinco mujeres.
 
Ya desde 2010, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) había informado que se habían recuperado los restos de al menos 83 mujeres en Juárez.
 
En julio de 2005 el EAAF también ya había confirmado que las autoridades realizaron investigaciones llenas de deficiencias e irregularidades, y observó que en ningún caso, de los hasta entonces resueltos, estaban claros el motivo de la muerte, la toma de huellas dactilares o el análisis de ADN.
 
Ayer Cimacnoticias informó que un equipo internacional de peritos –que llegó a México hace dos semanas– además de revisar nuevamente los expedientes del caso Campo Algodonero, también analizará las pesquisas relacionadas con los cuerpos hallados en Valle de Juárez. Se espera que las y los expertos señalen también las anomalías en las indagaciones y a los funcionarios responsables.

Caso Campo Algodonero abre un nuevo capítulo

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CIMAC/por: Anaiz Zamora Márquez

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Caso Campo Algodonero abre un nuevo capítulo
Llegan peritos externos; se reunirán en breve con activistas

México, DF, 14 ene 13 (Cimacnoticias).- Organizaciones civiles por los derechos femeninos confían reunirse en próximos días con un equipo internacional de peritos y las autoridades del estado de Chihuahua, a fin de conocer el método de trabajo para una nueva revisión de los expedientes del caso Campo Algodonero.

En entrevista vía telefónica, Cecilia Escobar Martínez, integrante de la Red Mesa de Mujeres, explicó que la reunión con los peritos y  la Fiscalía General del Estado de Chihuahua es para que expliquen la metodología con la que analizarán los expedientes de ocho mujeres asesinadas y cuyos cuerpos fueron encontrados en ese predio de Ciudad Juárez en 2001.

Como mandato de la sentencia emitida en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano por el caso Campo Algodonero, la semana pasada llegó a la entidad un equipo internacional de peritos para analizar los expedientes y determinar las fallas en la investigación.

Se trata de cuatro expertos. El jefe responsable de la investigación es el costarricense Warren Campos M., y además están los investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Lucía Margarita Luna Prado y Carlos Alberto Rodríguez Contreras, al igual que Guillermo A. Bedoya, egresado de la Universidad Politécnica de Cataluña. Los tres son de origen colombiano.

La llegada del equipo internacional –el cual no ha sido presentado aún a las activistas contra el feminicidio– es también una añeja demanda de grupos civiles y familiares de las mujeres víctimas de asesinatos y desapariciones en Chihuahua.

Los peritos fueron recomendados por asesores de Carlos Castresana Fernández, fiscal del Tribunal Supremo de España, y al final fueron avalados por la Unidad para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dependencia federal encargada de dar seguimiento al cumplimiento de la sentencia de Campo Algodonero.

EXPECTATIVAS

Cecilia Escobar detalló que el equipo especial tendrá que definir los criterios bajo los que se revisarán los expedientes, así como definir la forma en que se evaluará el trabajo realizado hasta el momento por las autoridades involucradas en la investigación.

Del mismo modo deberá determinar si su trabajo se extenderá a los casos de los cuerpos hallados en el Valle de Juárez, como ya lo han solicitado las organizaciones ciudadanas.

Por su parte –abundó la activista–, la Fiscalía General de Chihuahua tendrá que determinar cuál será su postura frente a la labor de los expertos y de qué manera asumirá su responsabilidad en caso de que se encuentren omisiones, negligencias o fallas cometidas previamente por las autoridades judiciales.

Asesinato de Marisela Escobedo sigue impune

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CIMAC/por:Gladis Torres Ruiz

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Asesinato de Marisela Escobedo sigue impune
Falta castigar a personal de Fiscalía que negó justicia
 
México, DF, 17 dic 12 (Cimacnoticias).- A dos años del feminicidio de Marisela Escobedo, su caso y el de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, asesinada en Ciudad Juárez a los 16 años, siguen a la espera de justicia.
 
Luz Estela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm), abogada del caso de la hija de Marisela y quien la acompañó en su exigencia de justicia hasta que fue asesinada, afirmó que en ambos casos el Estado de Derecho “no funcionó”, tal y como ocurre con la mayoría de los asesinatos de mujeres en la entidad, a pesar de que cuenta con sentencias y recomendaciones internacionales en la materia.
 
La defensora de Derechos Humanos (DH) Marisela Escobedo fue asesinada el 16 de diciembre de 2010 a las puertas del Palacio de Gobierno mientras exigía justicia para su hija Rubí, víctima de feminicidio.
 
En entrevista telefónica, la abogada señaló que la muerte de Sergio Barraza y la captura del presunto sicario José Enrique Jiménez “El Wicked”; no resuelven los crímenes como ya lo aseguró el mes pasado el gobernador de Chihuahua, César Duarte, tras el asesinato de Barraza en Zacatecas.
 
Castro afirmó que al gobierno local “le cayó muy bien” la muerte del asesino confeso de Rubí Marisol, para dar por cerrado el caso, que desde una óptica de DH está pendiente y se tendría que estar investigando a quienes propiciaron la impunidad y obstaculizaron el acceso a la justicia para las víctimas.
 
La activista recordó que meses antes de morir, Marisela y el Cedehm lograron una sentencia de 50 años contra Barraza Bocanegra, la cual nunca se ejecutó al estar prófugo el feminicida y a pesar de que Escobedo siempre señaló que el asesino de su hija estaba en Zacatecas.
 
La instancia que habría incurrido en omisión y negligencia en el caso sería la Fiscalía General del estado de Chihuahua, cuyo titular es Carlos Manuel Salas.
 
SIN JUSTICIA
 
Imelda Marrufo, directora de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, igualmente insistió que ni a Marisela ni a Rubí Marisol se les hizo justicia.
 
Afirmó que estos casos evidencian la incapacidad de las autoridades judiciales de Chihuahua, y recordó que la familia de Marisela denunció en su momento que “El Wicked” no es el asesino de la activista, pero la Fiscalía se negó a escuchar su versión y se dedicó a fabricar “chivos expiatorios”, a decir de las y los familiares.
 
Luz Estela Castro apuntó que el feminicidio de Rubí se perpetró en 2008, cuando el Estado mexicano ya había sido denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los asesinatos y desapariciones de mujeres en la entidad.
 
En 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sentenció a México por el feminicidio de tres jóvenes encontradas en el predio conocido como Campo Algodonero, en Ciudad Juárez.
 
A pesar del fallo que ordenó castigo a los responsables, reparación del daño y medidas de prevención, los asesinatos de mujeres se incrementaron de manera exponencial: mientras en 2007 se registraron 53 crímenes, en 2010 la cifra llegó a 584, según reportes del Cedehm.
 
MARISELA: UNA VIDA DE LUCHA
 
Escobedo era enfermera jubilada del IMSS y atendía una fábrica de muebles en Juárez de la cual era propietaria. Tras su divorcio trabajó para mantener a Alejandro, Juan Manuel, Yesica, Paul y Rubí, sus hijas e hijos.
 
Convencida de que tendrían una mejor vida en Estados Unidos, decidió llevarlos a El Paso, Texas. Durante años cruzó continuamente a Ciudad Juárez para trabajar en el IMSS.
 
Cuando sus hijos mayores crecieron regresó a vivir a Juárez acompañada de Rubí Marisol, quien conoció a Sergio Rafael Barraza Bocanegra en la fábrica de muebles de Marisela. La adolescente se enamoró y procreó una niña de nombre Heidi, ahora de cinco años de edad.
 
Rubí Marisol Frayre Escobedo, de 16 años, desapareció en agosto de 2008, su madre, Marisela Escobedo Ortiz, presentó el reporte formal ante la Unidad de Personas Ausentes, Extraviadas y Desaparecidas en Ciudad Juárez.
 
Ante la inacción de las autoridades, Marisela se puso a investigar y logra ubicar a la familia de Sergio y con ellos a su nieta, pero no a su hija.
 
En enero de 2009 Sergio desaparece con la niña y Marisela inicia su búsqueda. Ella logra ubicarlo junto con la niña en Zacatecas.
 
Durante la detención por el delito de sustracción de menor, Sergio confiesa el asesinato de Rubí Marisol y dice a los policías dónde quemó y tiró el cuerpo de la joven.
 
La confesión de Barraza no tuvo validez porque cuando la hizo no estuvo presente un defensor; el Ministerio Público (MP) sólo pudo presentarla como entrevista.
 
Durante el juicio oral el feminicida es absuelto y el MP interpone un recurso de casación. Tras la liberación de Barraza, Marisela Escobedo emprendió una lucha por la justicia.
 
Como coadyuvante de la víctima participó la abogada Luz Estela Castro y se logró que el Tribunal de Casación anulara la sentencia absolutoria, emitiera un fallo condenatorio contra Barraza Bocanegra, y ordenara que un nuevo Tribunal de Juicio Oral realizara una nueva audiencia.
 
Así los magistrados determinaron que Barraza cometió el delito de homicidio agravado, le impusieron una sentencia de 50 años de prisión, y lo condenaron a pagar una indemnización de 38 mil 390 pesos a su hija. Pero el fallo nunca se ejecutó.
 
CAMINO LARGO
 
Marisela encabezó marchas, colgó mantas en eventos oficiales, hizo plantones, se reunió con organizaciones civiles… Su solicitud siempre fue que las autoridades localizaran y encerraran al asesino de su hija, a quien ella, con sus propios recursos, encontró e informó a las autoridades dónde se encontraba.
 
Acudió a las autoridades estatales, pidió entrevistarse con el gobernador César Duarte, marchó desde Chihuahua al DF. También solicitó audiencia con Felipe Calderón y el ex procurador general de la República Arturo Chávez, pero las puertas nunca se le abrieron.
 
Ante ello Marisela no calló: el 10 de mayo de 2010 marchó desnuda en Juárez y sólo se cubrió con un cartel que tenía la fotografía de su hija asesinada.
 
 “Me privaron de mis garantías como víctima, se pusieron en el papel de abogados defensores para el homicida, mientras a mí me dejaron sin ninguna garantía y con el dolor en la piel”, criticó en esa ocasión.
 
“Por ello vengo desnuda únicamente con las fotografías de mi hija; esto representa que en Ciudad Juárez las mujeres estamos olvidadas”, añadió.
 
También en 2010 la activista se plantó frente a la cruz de clavos, en la ciudad de Chihuahua, símbolo de la impunidad e injusticia de los asesinatos de mujeres en el estado. Después se instaló frente al Palacio de Gobierno.
 
Por su activismo recibió amenazas de muerte y fue asesinada el 16 de diciembre de 2010, a la edad de 52 años, de un balazo en la cabeza sin obtener la ansiada justicia por la que clamó durante dos años.
 
Las autoridades estatales han presentado a dos presuntos asesinos. Uno de ellos en octubre pasado: “El Wicked”. Tras su captura la Fiscalía anunció el cierre del caso.
 
Posteriormente en noviembre, Sergio Barraza, señalado como líder de un grupo delictivo, tal como ya lo había denunciado Marisela, fue abatido durante un tiroteo entre el Ejército y presuntos criminales en la ciudad de Zacatecas.

Equipo pericial externo indagará feminicidio en Chihuahua

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/por: Gladis Torres Ruiz

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Equipo pericial externo indagará feminicidio en Chihuahua 
Llega la próxima semana; no participa Castresana: Conavim
 
México, DF, 23 nov 12 (Cimacnoticias).- La próxima semana llegará a Ciudad Juárez, Chihuahua, un equipo pericial extranjero que analizará los expedientes de las pesquisas sobre el feminicidio y desapariciones de mujeres en esa urbe fronteriza, adelantó la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Dilcya García Espinoza de los Monteros.
 
En declaraciones a Cimacnoticias, la funcionaria de la Secretaría de Gobernación (Segob) explicó que el equipo está integrado por cuatro peritos (mujeres y hombres) originarios de España, Chile, Colombia y Costa Rica.
 
Sin precisar sus nombres, García Espinoza refirió que las y los especialistas fueron recomendados por asesores de Carlos Castresana Fernández, fiscal del Tribunal Supremo de España, quien –aclaró– no formará parte del equipo pericial.
 
Cabe recordar que hace unos meses se desató una polémica entre el movimiento organizado de mujeres, luego de que se anunció de manera oficial que el equipo pericial externo sería encabezado por Castresana, sobre quien pesan acusaciones de violencia familiar cometida contra su ex pareja, la periodista San Juana Martínez.
 
La titular de Conavim indicó que las y los peritos trabajarán en un primer momento hasta finales de diciembre próximo y retomarán sus labores en 2013, a fin de dar cumplimiento a uno de los resolutivos de la sentencia por el caso Campo Algodonero –donde fueron encontrados los cuerpos de ocho mujeres en 2001– emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en 2009.
 
Por separado, la abogada especializada en violencia de género y experta en casos de feminicidio, Karla Michel Salas, destacó la iniciativa para contratar a las y los peritos externos, toda vez que es una demanda añeja de la defensa legal y familias de las víctimas, y además responde al mandato de la CoIDH.
 
Precisó que este año el equipo realizará una revisión general de todos los casos de feminicidio en Chihuahua, es decir, no se enfocara sólo a los casos referidos en la sentencia del caso Campo Algodonero.
 
Las y los especialistas harán “una auditoría de los casos de feminicidio, (ya que) no sabemos cuántos están relacionados con violencia familiar o delincuencia organizada, o cuántos podrían estar relacionados entre sí”, abundó Karla Michel.
 
La abogada detalló que tales acciones fueron acordadas con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y la Conavim, y que fue el gobierno federal quien brindó los recursos para contratar al equipo pericial.
 
Para la contratación de las y los peritos externos la Federación cuenta con un millón de pesos (mdp) etiquetados para este año por la Cámara de Diputados, y para el ejercicio 2013 la comisionada Dilcya García ya solicitó  a la Comisión de Equidad y Género que además de los 68 mdp que les deben aprobar, les asignen 16 mdp adicionales para implementar programas a favor de las mexicanas, entre los que se incluye el trabajo del equipo de especialistas.
 
El 10 de diciembre de 2009 la CoIDH concluyó que los homicidios de Esmeralda, Claudia Ivette y Laura Berenice –cuyos restos fueron encontrados entre los ocho cadáveres de Campo Algodonero–, ocurrieron en un contexto de discriminación y violencia contra las mujeres, y que durante la indagación de los hechos hubo impunidad, por lo que condenó al Estado mexicano.
 
A 11 años de distancia, los casos siguen impunes y las investigaciones están empantanadas.

Demandan a gobierno de Chihuahua proteger al Cedehm

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/por:Redacción

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Demandan a gobierno de Chihuahua proteger al Cedehm
Preocupa a Cejil hostilidad contra defensoras
 
México, DF, 7 nov 12 (Cimacnoticias).- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) solicitó al gobernador de Chihuahua, César Duarte, garantice la integridad física y psicológica de Luz Estela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm), así como del equipo que labora en esa organización.
 
En una carta abierta, Cejil también pidió al mandatario estatal se asegure de que ningún funcionario estigmatice con declaraciones públicas o de cualquier otra forma el trabajo del Cedehm, y se garantice que las y los defensores de Derechos Humanos (DH) en Chihuahua realicen su labor sin obstáculos ni temor.
 
El pasado 11 de octubre, el fiscal general del estado, Carlos Manuel Salas, afirmó que Luz Estela Castro “defiende a delincuentes”. La crítica del funcionario arreció tras los cuestionamientos de la abogada por la presentación de José Enrique Jiménez Zavala, “El Wicked”, como presunto asesino de la activista Marisela Escobedo.
 
La defensora de DH advirtió en ese momento la posibilidad de que el detenido hubiera sido “aleccionado” para declararse culpable.
 
En la misiva, Cejil advirtió a Duarte que las declaraciones de altas autoridades de Chihuahua son para desprestigiar el trabajo de defensa de DH realizado por Castro y el Cedehm.
 
La organización internacional recordó al gobernador que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2008 otorgó medidas cautelares a favor del equipo del Cedehm y las cuales no se aplican, por lo que es todavía más apremiante que se proteja y garantice su trabajo.
 
Cejil dijo a César Duarte que en su más reciente informe sobre la situación de las y los defensores de DH en América Latina, la CIDH exigió que los gobiernos no deben tolerar ningún intento de parte de las autoridades estatales por poner en duda la legitimidad del trabajo de las defensoras, defensores de DH y sus organizaciones.
 
Asimismo, la CIDH ha indicado que los funcionarios deben abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen a las y los defensores, o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal.
 
Organizaciones civiles de Chihuahua han denunciado que va en ascenso la actitud hostil de las autoridades judiciales contra las mujeres que actúan como coadyuvantes o asesoras en los casos de violencia de género.
 
Ejemplo de ello es el caso de Luz Estela Castro y su equipo, quienes llevan el caso de Marisela Escobedo, asesinada en diciembre de 2010, y el de su hija Rubí Marisol Frayre, ultimada en 2008 a la edad de 16 años.

Temen por seguridad de defensora Luz Estela Castro

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/por: Gladis Torres Ruiz

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Temen por seguridad de defensora Luz Estela Castro
Ambiente tenso en Chihuahua tras asesinato de barzonistas
 
México, DF, 24 oct 12 (Cimacnoticias).- Luego del homicidio ayer de los activistas agrarios Ismael Solorio, líder de El Barzón, y su esposa, Manuela Martha Solís Contreras, en Chihuahua, activistas alertaron sobre el riesgo en que se encuentra la defensora de Derechos Humanos (DH) Luz Estela Castro, directora del Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) y abogada de El Barzón en el estado.
 
El doble asesinato ocurre una semana después de que organizaciones civiles exigieron una disculpa pública y un alto a la campaña de desprestigio contra el Cedehm y activistas de El Barzón, encabezada por funcionarios del gobierno de Chihuahua.
 
En los últimos días los ataques arreciaron contra las y los barzonistas chihuahuenses, señaló Francisca Jiménez Barrientos, coordinadora de la Red por la Participación Ciudadana.
 
Ayer al mediodía fueron “levantados” y ejecutados en la ciudad de Chihuahua el líder de El Barzón, Ismael Solorio Urrutia, y su esposa, Manuela Martha Solís Contreras, quienes se oponían a las explotaciones mineras en el estado por considerar que afectan el medio ambiente.
 
En entrevista telefónica, Francisca Jiménez dijo que los recientes hechos colocan en grave riesgo y en gran vulnerabilidad tanto a la directora del Cedehm como a sus integrantes.
 
Advirtió que hasta ahora el secretario de Gobierno de Chihuahua, Raymundo Romero, no ha emitido la disculpa pública a la que se comprometió, y tampoco se han implementado las medidas de protección para las defensoras del Cedehm, que ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2008.
 
Narró que el ambiente que se vive en la entidad es tenso, ya que luego de los asesinatos, integrantes de El Barzón, familiares de los activistas agrarios asesinados, y Luz Estela Castro se reunieron con funcionarios estatales para abordar el asunto.
 
Las y los activistas consideran al gobierno de Chihuahua como responsable del doble asesinato, debido a la campaña de linchamiento mediático y descrédito que emprendió contra las y los luchadores sociales.
 
Francisca Jiménez recalcó que la integridad de la directora del Cedehm y fundadora de Mujeres Barzonistas ahora está en mayor riesgo, luego de que el pasado 11 de octubre el fiscal general del estado, Carlos Manuel Salas, afirmó que Luz Estela Castro “defiende a delincuentes”.
 
La crítica del funcionario arreció tras los cuestionamientos de la abogada por la presentación de José Enrique Jiménez Zavala, “El Wicked”, como presunto asesino de la activista Marisela Escobedo. La defensora de DH advirtió la posibilidad de que el detenido hubiera sido “aleccionado” para declararse culpable.
 
Jiménez Barrientos alertó que va en ascenso la actitud hostil de las autoridades judiciales contra las mujeres que actúan como coadyuvantes o asesoras en los frecuentes casos de violencia de género.

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