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Por pagar con “billete falso” sufrió atropellos del aparato judicial

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix HD/CimacNoticias/Por: Anaiz Zamora Márquez

CIMAC Noticias

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DERECHOS HUMANOS
Inocente desde el inicio, Esperanza fue violentada por el Estado 
Por pagar con “billete falso” sufrió atropellos del aparato judicial  

Esperanza Reyes Aguillón

Esperanza Reyes Aguillón

El 11 de marzo de 2011, Esperanza Reyes Aguillón –potosina que con escasos recursos y sin un trabajo fijo es jefa de familia– comenzó una batalla contra un sistema de justicia que, como ella dice, “le tapa el ojo al macho”.

Ese día, ella intentó comprar una libreta con un billete de 100 pesos; no se dio cuenta de que era falso y no recordaba en cuál de sus trabajos le habían pagado con él. Por esa cantidad fue aprehendida, sentenciada y llevada a tres penales, uno de ellos el de las Islas Marías.
 
Aun cuando las pruebas en su contra se perdieron, a Esperanza se le negó la posibilidad de defenderse y se le encontró culpable del delito federal de “uso de moneda falsa”. Casi tres años después, el pasado 29 de enero obtuvo el beneficio de libertad anticipada. Ya en su casa, ella relata a Cimacnoticias las injusticias de las que fue víctima.
 
HISTORIA DE POBREZA
 
Desde que nació su segundo hijo, ahora con ocho años de edad, Esperanza se convirtió en jefa de familia. Como “no pudo terminar de estudiar la secundaria”, se empleaba en lo que podía y casi siempre de manera eventual.
 
Meses antes “a su accidente” –como ella llama al incidente del pago con el billete falso–, Esperanza se quedó sin trabajo, ya que la empresa automotriz donde laboraba recortó personal. Así terminó alternando empleos: era trabajadora del hogar y ayudaba en un restaurante.
 
“Esa mañana mi hija me dijo que le habían pedido un cuaderno profesional, yo le prometí que se lo compraría de camino a la escuela, cuando volviera por ella. Me salí un poco antes de la casa para pasar a la papelería y agarre el billete, era lo único que traía conmigo”, cuenta.
 
Antes de llegar por su hija, Esperanza pidió la libreta a “la señora que atendía la papelería” (que en realidad era la dueña del local).
 
“Recibió mi billete y me dijo que la esperara un momento porque no tenía cambio y se salió del local, en su lugar se quedó su esposo; ahora sé que se quedó para vigilarme”.
 
Esperanza no vio a la mujer marcar el billete o exponerlo a la luz, tampoco vio el papel moneda durante todo el proceso legal en su contra.  
 
Esperó por más de cinco minutos por su cambio; al notar que ya era tarde decidió asomarse a la calle para ver si venía la mujer. “Me asomé y no vi a nadie en la calle así que le pregunté a su esposo; como ya era tarde le ofrecí que me devolviera el billete y yo le daba el cuaderno pero no quiso, me dijo que me esperara unos minutos más”.  
 
Después de 15 minutos de haber pedido el cuaderno, Esperanza se vio rodeada de patrullas. “Cuando vi a los policías me espanté y quise salir de ahí, pero el esposo de la dueña me tomó por la espalda y me dijo: ‘No te puedes ir, me quisiste pagar con un billete falso y eso es un delito’.
 
“Cuando por fin logré entender algo de lo que estaba pasando, le supliqué a la dueña que no me hiciera eso, que pensara que tenía dos hijos, pero ella sólo me contestó que eso lo hubiera pensando antes de ser una delincuente”.  
 
Esperanza fue detenida por dos policías, quienes no le dijeron de qué se le acusaba, la trasladaron al Ministerio Público donde tampoco se le explicó el proceso. Pasaron dos horas para que pudiera llamar a su hermana por teléfono.
 
Tras cuatro días de detención fue llevada a los juzgados de la capital potosina, donde finalmente se le informó que estaba acusada del delito de “uso de moneda falsa”. Tuvo que pagar una fianza de dos mil pesos para quedar en libertad, pero cada 15 días debía firmar su libertad condicional mientras el juicio seguía su curso.
 
En un proceso irregular, Esperanza nunca fue llamada a un careo con quienes la acusaron, no presentó pruebas o testigos a su favor pues nunca se los pidieron, tampoco sabe quién acudió a ratificar la denuncia o si el billete formaba parte de la averiguación; nadie le informó cómo se llevaba a cabo su juicio y sólo supo que el proceso había llegado a su fin cuando le dijeron que había sido sentenciada a cinco años de prisión.
 
Respecto al supuesto billete falso, la defensa legal explicó en su momento que no se realizaron los peritajes correspondientes para verificar la autenticidad o alguna investigación judicial para saber si Esperanza tenía más billetes falsificados. Tampoco se comprobó que ella supiera que el papel moneda no fuera auténtico.  
 
LA “JUSTICIA” EN SU CONTRA
 
“Uno de esos días que fui a firmar, el licenciado que supuestamente me defendía me dijo que ya no había nada que hacer, que ya me habían encontrado culpable y en unos días me notificarían que tenía una sentencia de cinco años de prisión”, prosigue Esperanza con su historia.
 
Su abogado de oficio le sugirió que huyera de San Luis Potosí y volviera en cinco años, “cuando el caso ya estuviera archivado”. “No me fui porque yo no soy una delincuente, jamás pensé que iría a parar a la cárcel por un billete de 100 pesos”, aclara.
 
La mañana del 8 de mayo de 2012 mientras se dirigía a la escuela de sus hijos; dos policías la apresaron nuevamente y la llevaron directamente al Centro Penitenciario de La Pila en San Luis Potosí.
 
Asustada y sin entender como había llegado hasta ahí, llamó a su hermana por teléfono para decirle que nuevamente estaba detenida y esta vez sin posibilidad de fianza.
 
Esperanza se resignó y empezó a adaptarse a la vida de las internas. Pero el 25 de noviembre de 2012 le pidieron que recogiera todas sus cosas y se presentara con las custodias.
 
Al llamado le siguieron gritos, golpes y empujones de las policías. Sin explicarle por qué la sacaron del Centro Penitenciario, la subieron a un avión y la trasladaron al penal Del Rincón en Tepic, Nayarit, pues su delito era federal, al igual que el narcotráfico, la trata de personas o el secuestro.  
 
“Compartí mi celda con mujeres de verdad peligrosas, que hasta me daban miedo; yo no entendía por qué estaba ahí, no soy delincuente, nunca he matado a nadie, ni tengo la intención de hacerlo. Decidí no meterme en problemas y no responder a ninguna agresión, me limitaba a hacer lo que se me pedía y no dejaba que nadie se metiera conmigo”.
 
La mujer pasó tres meses sin saber si era de noche o de día, pues en el reclusorio no hay ventanas. El 6 de febrero de 2013 el número de expediente de Esperanza fue nuevamente pronunciado en voz alta. Sería nuevamente trasladada
 
“Días antes me habían sacado fotos y tomado las huellas digitales, cuando pregunté para qué me dijeron que era algo que le faltaba a mi expediente”.
 
“Vamos llegando a Islas Marías, aquí no se hacen preguntas y sólo se responde si señor o no señor”, fue la frase por la que Esperanza se enteró de a dónde había sido trasladada. Fue llevada en avión con los ojos vendados durante todo el trayecto e incluso al llegar a la isla. 
 
“A mi familia le dijeron que era un traslado voluntario, que yo lo había pedido y que ahí estaría mejor, pero eso es mentira. ¿Cómo iba a pedir que me lleven lejos de mi familia? A mí me hubieran dejado en San Luis, al menos ahí me iban a visitar”.
 
“SISTEMA JODIDO”
 
En el penal conoció a mujeres que estaban en condiciones similares a la de ella; muchas purgaban penas por delitos menores, algunas no hablaban español.
 
“En Islas Marías hay muchas como yo, muchas que no son delincuentes; este sistema está jodido y sólo sirve para taparle el ojo al macho, para decir que hacen algo pero los verdaderos delincuentes están en las calles.
 
“Yo la pasé mal por una incompetencia de la justicia, me trataron como si fuera una criminal. Durante los traslados me lastimé la columna y aunque siempre les pedí que me dieran una pastilla o me revisara un doctor, eso nunca pasó y tendré que vivir con el dolor toda mi vida.
 
“En Islas Marías las limitaciones eran mayores; hasta nos prohibieron agarrar a los animales que habitan ahí, nos advirtieron que tocarlos constituía otro delito; a las celdas se metían víboras o alacranes, pero por el miedo de que nos aumentaran las penas ni los espantábamos”.
 
El pasado 19 de enero Esperanza fue nuevamente trasladada al Centro Penitenciario de La Pila. La Barra Mexicana Colegio de Abogados y el abogado José Mario de la Garza Marroquín habían pedido ya el indulto presidencial para la mujer.
 
La solicitud fue presentada por la fundación Renace (dedicada a revisar casos de personas que permanecen en prisión injustamente) y la Barra Mexicana de Abogados, pues la sentencia ya había sido ratificada en todas las instancias correspondientes y al ser delito federal ése era el último recurso disponible.
 
Sin aceptar las violaciones al debido proceso cometidas durante el juicio o las violaciones a los Derechos Humanos en perjuicio de Esperanza, el pasado 29 de enero la Comisión Dictaminadora del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, aprobó el beneficio de libertad anticipada para la potosina.
 
Desde esa tarde, Esperanza volvió con sus hijos, de ahora 10 y ocho años de edad, quienes permanecieron al cuidado de su tía durante todo este tiempo.
 
Ahora ella está en busca de trabajo y planea poner una estética. Confía a Cimacnoticias: “Quiero contar mi historia para no quedarme callada ante las injusticias, pienso que puede ayudarle a algunas compañeras para que sepan que siempre hay que preguntar lo qué está pasando, alzar la voz y no dejar que este sistema incompetente continúe cometiendo más injusticias”.

“Espejismo” de trabajo temporal atrapa a guatemaltecas

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/por:Lizbeth Ortiz Acevedo, enviada

CIMAC Noticias

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CIMACFoto | retomada de teyacapan

CIMACFoto | retomada de teyacapan

Ante la violencia y abusos que implica la ruta migratoria tradicional, indígenas mayas guatemaltecas denuncian explotación y violencia por parte de granjeros y empresas canadienses, que las contratan de forma temporal para luego despedirlas injustificadamente.

La ONU, en su informe “Violencia contra las trabajadoras migratorias”, señaló que en 2013 la mayoría de las mujeres emigraron a consecuencia de la violencia de género, la discriminación y la desigualdad en la que viven.

Recientemente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en su documento “Mujeres indígenas en América Latina. Dinámicas demográficas y sociales en el marco de los Derechos Humanos”, llamó a los países de la región a poner en práctica políticas basadas en estándares humanitarios y en los principios para mitigar la desigualdad que afrontan estas mujeres.

Así lo reconoció José Sicajau, representante legal de la asociación guatemalteca Unidos por Nuestros Derechos, al afirmar que esta forma de migración documentada se vislumbra como una oportunidad laboral para las indígenas, pero están sufriendo abusos ya que son encerradas en las granjas de trabajo y se les impide cualquier acercamiento con otras personas.

Esta situación que se vive en la provincia canadiense de Quebec, explicó Sicajau, también deriva en el despido injustificado de las mujeres jornaleras y su eliminación de la lista como trabajadoras temporales, lo que para muchas de ellas les genera una deuda impagable ya al obtener el empleo adquirieron créditos para comprar casas o terrenos.

La Encuesta sobre Remesas 2010, elaborada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), estima que en 2013 unas 389 mil guatemaltecas residían en el exterior y enviaban remesas a su país.

Según Jacobo Vargas, responsable del Proyecto de Estudios Internacionales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Guatemala, dijo a Cimacnoticias que si bien estos contratos yendo a Canadá les pueden durar hasta 15 años –de cuatro a 10 meses por año– “son muy inestables” porque hay mujeres que son excluidas del programa de visas temporales aunque hayan cumplido con su trabajo.

El especialista explicó que Canadá abrió un programa piloto con Guatemala en 2003 en el que intervino la OIM, para ubicar a jornaleras que conocieran el manejo de la uva, lechuga o brócoli, y emplearlas en el país del norte, pero después esta forma de empleo que benefició a las guatemaltecas se hizo “totalmente privada”, por lo que los gobiernos dejaron de intervenir.

Asimismo dijo que en el país centroamericano hay tres movimientos de migración temporal a España, Estados Unidos y Canadá. A esta última nación se dirigen las mujeres que carecen de estudios y que “no tienen el sueño americano”.

Alba Quel, de 42 años, se fue en 2003 a Canadá porque quería dar una vida de mayores oportunidades para sus dos hijas. Emigró como jornalera y durante tres meses trabajó la siembra y cosecha de la fresa, pero fue eliminada del programa por “abandono de empleo”, lo cual fue desmentido por la mujer, quien aseguró que cumplió con lo que se le exigía.

Desde las seis de mañana, Alba trabajaba 14 horas en los campos canadienses. Relató que al llegar la noche los granjeros encendían las luces de los tractores y de la maquinaria para que las mujeres continuaran su labor.

Por tres meses de trabajo ella obtuvo 23 mil quetzales (poco más de 38 mil pesos mexicanos, según el tipo de cambio actual), cifra que nunca antes había obtenido en Guatemala por tareas domésticas, ya que como máximo percibió mil 400 quetzales (2 mil 300 pesos mexicanos).

Sin embargo, al regresar de Canadá tuvo que costear una cirugía que le practicaron a su hija y por la que pagó 5 mil quetzales (8 mil 300 pesos mexicanos), ya que ni ella ni su familia cuentan con un seguro médico.

Al preguntarle si pensó en algún momento emigrar a EU de manera irregular, dijo que sí, pero ante las advertencias sobre la violencia sexual que sufriría en la ruta por México optó por trabajar en Canadá.

Jacabo Vargas advirtió que el flujo migratorio es imparable e irreversible, ya que los países centroamericanos viven en un estancamiento social y cultural “muy fuerte”, y la gente del campo carece de oportunidades.

Encarcelan a mujeres que votaron por candidata indígena


STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/por: Citlalli López, corresponsal

CIMAC Noticias

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POLÍTICA
Encarcelan a mujeres que votaron por candidata indígena
Alcalde de Ozolotepec, Oaxaca, inicia campaña de intimidación

La autoridad municipal de San Francisco Ozolotepec, encabezada por Baltasar Martínez, encarceló y multó a cinco mujeres, e inició represalias contra quienes votaron por la indígena zapoteca Jacinta Aragón, durante la reposición de los comicios el pasado 4 de diciembre.

El ayuntamiento asentado en la Sierra Sur de Oaxaca se vio obligado a realizar nuevas elecciones tras las impugnaciones por parte de las agencias municipales, para lograr el respeto a su derecho a votar y ser votados y para respetar el derecho de las mujeres a ser electas como autoridades.

Sin embargo, durante el proceso de reposición mandatado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), el edil Baltasar Martínez y sus allegados intimidaron y amenazaron a la población de la cabecera municipal para postular a un candidato único y garantizarle todos los votos.

De esta manera se aseguraron 470 votos de la cabecera para el candidato Filiberto Gallardo y cinco para Jacinta Aragón. Mientras que en las agencias San Juan Guivini y San José Ozolotepec, hubo 428 votos a favor de la indígena. En suma una ventaja de 37 sufragios para Gallardo.

A través de diversas fuentes, Jacinta Aragón detectó irregularidades cometidas por el alcalde para mantener el control del municipio. Por ejemplo, dijo, Martínez mandó a credencializar a personas ajenas a Ozolotepec y les permitió votar con la ficha de trámite. De igual manera logró votantes con credenciales vencidas.

Las irregularidades están siendo documentadas por Jacinta Aragón para darlas a conocer a la opinión pública.

Luego de los comicios, la autoridad municipal inició represalias contra quienes impulsaron la candidatura de Jacinta y votaron por ella.

Baltasar Martínez indagó quiénes fueron las cinco personas que votaron por Jacinta para encarcelarlas durante una noche y multarlas con más de mil pesos. Las mujeres encarceladas evitaron denunciar los hechos por el temor a represalias.

“Persiste también una discriminación a las personas de las agencias. Cualquier apoyo que van a pedir a la cabecera municipal les dicen: vayan con Jacinta, ustedes votaron por ella, ella les tiene que solucionar sus problemas”, relató Aragón.

La mujer mostró su preocupación por la marginación que pudiera ejercer la autoridad municipal en contra de las mujeres y los adultos mayores de las agencias municipales, que tienen que ir a la cabecera para recibir su apoyo del programa Oportunidades.

Cabe recordar que el alcalde de San Francisco Ozolotepec rechazó la participación de Jacinta como candidata a la presidencia municipal por el simple hecho de ser mujer.

“Aquí ninguna vieja me va a venir a decir lo que tengo que hacer. Yo aquí soy el presidente, soy la autoridad”, respondió el edil cuando Jacinta, licenciada en administración municipal, reclamó sus derechos políticos.

Con engaños reclutan a mujeres como jornaleras

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/por: Lizbeth Ortiz Acevedo, enviada

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LA OTRA RUTA MIGRATORIA

Con engaños reclutan a mujeres como jornaleras
Les prometen trabajo digno y sólo encuentran hacinamiento

Imagen retomada del sitio arietecaborca.com

Imagen retomada del sitio arietecaborca.com

Los ríos, presas, mares y campos con los que cuenta Sinaloa hacen de este estado una región fértil, al cual se le considera como el productor agrícola nacional por excelencia y generador de fuentes de empleo, lo que atrae cada año a miles de mujeres migrantes, quienes buscan una mejor calidad de vida.

No obstante, ellas se instalan sin conocer la situación de violencia, hacinamiento, maltratos y abusos que en este lugar se han denunciado.

Esta entidad, ubicada al noroeste del país y frente al Golfo de California, tiene varias comunidades agrícolas que no detienen sus labores durante casi todo el año, y una de ellas es Villa Juárez, que pertenece al municipio de Navolato, a unos 30 minutos de Culiacán, capital del estado.

Al llegar a este lugar se pueden observar de forma inmediata los campos donde se siembra todo tipo de tomate, chiles, pepinos, ejotes, frijoles, berenjena, calabaza y una variedad de legumbres, hortalizas y granos, que son distribuidos en todo el territorio nacional, incluso la producción ha crecido hasta la importación de estos enseres.

Sin embargo, en un recorrido que realizó Cimacnoticias por la zona se observan los interminables surcos que son trabajados por cientos de mujeres migrantes jornaleras, quienes viven una situación de violencia, hacinamiento, abusos, maltrato y jornadas laborales sin descanso, denuncia Amalia Lópes, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Villa Juárez.

Por separado, la directora del Instituto Sinaloense de la Mujer (ISM), Elizabeth Ávila, informó que personas de ocho municipios o 490 localidades de zonas serranas del estado se trasladan a Guasave o Navolato, para trabajar en estos campos, pero también llegan mujeres provenientes de Guerrero (47 por ciento), Oaxaca (25 por ciento), y Veracruz (16 por ciento).

Explicó que las oaxaqueñas viajan sin acompañantes, y del total de las jornaleras la mitad no sabe leer ni escribir y sólo el 3 por ciento terminó la secundaria. Su edad oscila entre los 8 y 34 años.

Amalia, quien dirige esta asociación promotora de los Derechos Humanos (DH), y ha alzado la voz para evidenciar la situación que vive esta población migrante en estos campos, informó que estas mujeres provenientes de 20 estados del país son llevadas a Villa Juárez por “enganchadores”, quienes van a sus comunidades de origen y en su lengua materna les prometen trabajo bien remunerado, vivienda y transporte, así como un contrato laboral.

Lo del contrato es cierto, pero las condiciones de vida distan mucho de ser lo que les prometieron porque son llevadas a unas “cuarterías”, es decir bodegas en las que son alojadas durante las noches para luego ser trasladadas a las 4 de la mañana a los campos, los cuales están incluso hasta a dos horas de camino.

Tal actividad la realizan los siete días de la semana para percibir un sueldo diario no mayor a 75 pesos.

Estas mujeres que decidieron emigrar a esta zona ante la falta de oportunidades en sus comunidades, llegan en las camionetas de los “enganchadores” y son instaladas junto con hombres, niños y familias completas en estas cuarterías, que tienen entre 24, 36 o hasta 60 divisiones que los albergan en hacinamiento, sin ventilación y con láminas que ocultan lo que sucede al interior.

Las condiciones de vida en estas “cuarterías”, describió la activista, son de un riesgo latente ya que se viven abusos, violencia de todo tipo, maltratos e incluso dijo que ha habido mujeres que han parido en el piso de esos lugares, ya que los dueños impiden el ingreso de las autoridades.

Al recorrer las calles de Ignacio Altamirano y Ricardo Tamayo, en la colonia López Portillo, en Villa Juárez, se observan “cuarterías” consecutivas, en las que sus propietarios tienen acuerdos con los dueños de los campos agrícolas para que les lleven personal, por lo que a cambio del trabajo no les cobran renta pero “son como prisiones”, acusa Amalia Lópes.

La presidenta de la Comisión de DH señaló a un hombre conocido como “El Togo”, quien es uno de los dueños de estos espacios.

La mujer de 65 años, quien trabajó durante 20 en los campos, relató que emigró de Cosalá, un pueblo a 164 kilómetros de Culiacán, para llegar a Villa Juárez cuando tenía 11 años.

Explicó que hay otro esquema de vivienda en el que los campos albergan a las personas mientras trabajan para ellos, y aunque tienen mayor seguridad se vive bajo medidas estrictas de vigilancia.

Esto sucede, precisó, en los campos Victoria, El Chaparral, Santa Teresa, El Serrucho y Nogalitos, de la empresa Melones Internacionales, siendo éste último el único que les permite tener visitas una vez a la semana, pero de manera general no les dan oportunidad de convivencia entre ellas, y en caso de enfermedad las despiden sin ningún amparo legal.

Amalia afirmó que la gran mayoría de la población de Villa Juárez son migrantes, quienes ya suman 70 mil habitantes, según datos del ISM.

Esa población llega hablando hasta 16 lenguas originarias, lo que ha generado dificultades para ejercer su derecho a la salud y a la justicia debido a la falta de intérpretes.

Estas mujeres triquis, zapotecas, tarascas, mayas, huicholas y tlapanecas, entre muchas otras etnias, que trabajan en los campos –que contratan hasta 500 trabajadores por día– “viven mal”, comen en la tierra, en condiciones poco favorables, son acosadas sexualmente, viven violencia sexual y física, y además no cuentan con seguridad social pese al esfuerzo físico del trabajo en el campo.

Ellas presentan enfermedades en la piel, que las atribuyen a la exposición al sol, a la tierra o por el contacto con los agroquímicos, explicó Amalia. También padecen problemas de columna y en sus pulmones debido a los baldes que tienen que cargar en su espalda durante su jornada laboral.

TESTIMONIO

Margarita, mujer jornalera de 46 años y originaria de Oaxaca, relató que llegó a Villa Juárez a los siete años de edad junto con toda su familia, y desde ese momento tuvo que entrar a trabajar en las labores del campo, con la mitad de un sueldo debido a su edad, pero debía cubrir el horario completo.

Esta mujer, quien logró construir una casa en la que actualmente viven sus seis hijos con los integrantes de sus respectivas familias, recordó que cuando llegaron a este lugar vivían en una casa de lámina, y ante la falta de servicios utilizaban agua de un canal para beber y asearse, lo que enfermó y cobró la vida de muchas personas en la comunidad.

Aunque desde niña trabajó en los campos de Villa Juárez y conoce el oficio, hace un tiempo ya no le permitieron continuar debido a su edad, por lo que se vio en la necesidad de dejar a su familia, su casa y emigrar nuevamente para emplearse en los campos de Hermosillo, Sonora, donde encontró mejores condiciones de vida.

Margarita dijo que el trabajo en el campo “es muy duro” porque les piden hacer más de lo pueden, ya que por 150 pesos al día les exigen trabajar 20 surcos de 200 metros en jornadas de más de 12 horas bajo el rayo del sol, lo que les produce mareos constantes.

Amalia Lópes afirmó que se requiere de un trabajo integral multidisciplinario para erradicar estas violaciones a los DH y no sólo talleres de capacitación que imparten a mujeres algunos institutos gubernamentales, que les interesa aumentar las cifras que presentan sobre población atendida y no cambiar esta realidad.

Mujeres indígenas migrantes reivindican sus derechos en NL

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/por: Daniela Mendoza Luna, corresponsal

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LA OTRA RUTA MIGRATORIA
Mujeres indígenas migrantes reivindican sus derechos en NL
Trabajo comunitario de 20 años para abatir exclusión 

A casi 20 de años de que indígenas migrantes fundaron colonias en las afueras de la capital del estado de Nuevo León (NL), organizaciones civiles reivindican su legado étnico y la defensa de sus derechos.

Hasta 1995 la presencia de las y los indígenas migrantes (sobre todo las mujeres) en la zona metropolitana de Monterrey se concentraba en las residencias de San Pedro Garza García, el municipio más rico de América Latina, donde ellas laboraban como empleadas domésticas.

Al buscar otro tipo de labores y sobre todo para conformar una familia, indígenas migrantes conformaron pequeñas comunidades en zonas irregulares. Los márgenes de ríos fueron los espacios predilectos o los únicos disponibles, y en la afluente del cerro de La Silla (símbolo emblemático de la ciudad norteña) varias comunidades se extendieron.

Fue así que Esthela Tolentino Martínez y sus vecinos fundaron lo que tiempo después sería la colonia Arboledas de los Naranjo, en el municipio de Juárez.

Sin un piso firme o un techo, pero con la certeza de que de ese lugar no serían removidos, Esthela convocó tiempo después a las mujeres de la colonia y creó Zihuame Mochilla (Mujeres con esperanza), una asociación al servicio de la comunidad indígena migrante en el estado de NL.

Este 10 de diciembre se cumplió una década de aquella primera reunión, y la labor de la organización se amplió a 21 colonias donde habitan personas originarias de nueve grupos étnicos.

“Recuperé mi identidad, la que perdí a los 11 años cuando me vine a la ciudad a vivir una vida que no era la mía”, dice la mujer de origen náhuatl.

Narra que Zihuame Mochilla comenzó el rescate de expresiones artísticas como el baile y la artesanía, así como a fomentar el sentido de comunidad y las lenguas nativas. Después, pasó a la defensa de derechos, la salud sexual y reproductiva y la equidad de género, y el combate a la violencia intrafamiliar.

“Por primera vez se le habló a las mujeres de sus derechos y se nos enseñó a no avergonzarnos de dónde venimos; a nuestros jóvenes no les gustaba hablar en su idioma y ahora estamos rescatando lo que queríamos dejar olvidado”, relata.

A la labor de Zihuame Mochilla se han sumado otras agrupaciones como Procuración y Justicia Étnica, Fundación Nueva Castilla y UNIR, las cuales además de congregar a la población indígena migrante, establecen vínculos entre estas comunidades y las autoridades tanto municipales como estatales.

La Secretaría de Desarrollo Social de NL ubica siete puntos de reunión de las comunidades migrantes. En Juárez están mixtecos y nahuas, principalmente en las colonias Héctor Caballero y Arboledas de los Naranjos.

En Monterrey, el Sector de la Alianza y San Bernabé se agrupa la población mazahua, y en las colonias Genaro Vázquez y Lomas Modelo se encuentran las y los otomíes.

El trabajo de estas organizaciones derivó en la promulgación de la Ley para proteger los derechos de los indígenas en Nuevo León, en 2011, aunque falta mucho por hacer para que los beneficios de la norma sean palpables para estos pueblos.

Así lo señala Carmen Farías, directora de Zihuame Mochilla, quien sin bien reconoce algunos avances recuerda que está pendiente la armonización de las demás leyes.

“El impacto de esta reforma aún no se ve reflejada, faltan presupuestos etiquetados específicamente para la atención a personas y comunidades indígenas”, advierte. Agregó que también falta la representación indígena migrante en los gobiernos municipales de la entidad.

En la informalidad y sin salud, millones de mujeres jóvenes

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/por: Lizbeth Ortiz Acevedo

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POBLACIÓN
En la informalidad y sin salud, millones de mujeres jóvenes
Son más pobres en comparación con los varones
 
México, DF, 23 ago 13 (Cimacnoticias).- En el marco del Día Internacional de la Juventud, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se enfocó este año al tema migratorio y señaló que anualmente al menos 27 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años se ven obligados a emigrar para escapar de la inseguridad o la pobreza en sus países.
 
México no está exento de esa situación. Según el informe sobre pobreza 2010-2012 que presentó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la pobreza alimentaria creció de 21.5 a 23.1 millones de personas, en tanto que la pobreza patrimonial aumentó de 58.5 a 61.4 millones de personas, un incremento de 5 por ciento en tan sólo dos años.
 
Pero las mujeres superan las cifras en comparación con los hombres, ya que el Coneval detalló que hay 14.1 millones de mexicanas con falta de acceso a la alimentación, y 35.7 millones sin seguridad social. En cambio los hombres alcanzan 13.3 y 35.1 millones, respectivamente.
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta que al tercer trimestre de 2012, de las jóvenes de entre 14 y 24 años, 6.9 millones sobreviven en la informalidad, por lo que 7 de cada 10 están en esa condición y no acceden a las instituciones de salud.
 
Para el primer trimestre de este año, 11.4 millones de mujeres no tuvieron acceso a los servicios sanitarios, y entre las jóvenes de 14 a 19 años la cifra se eleva a 84 de cada 100 sin este derecho.
 
En cuanto a migración, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indica que a México llegan por la frontera sur cada año 200 mil mujeres, quienes se dirigen a Estados Unidos, pero según organizaciones civiles como la Casa del Migrante de Saltillo, en Coahuila, afirman que sólo el 10 por ciento de ellas llegan al norte del país y del resto se desconoce su paradero.
 
La ONU también informó que cada año emigra el 30 por ciento de los 214 millones de jóvenes en el mundo de entre 25 y 34 años de edad, sin embargo esto no siempre se traduce en mejores condiciones de vida para las mujeres, ya que las mexicanas que logran radicar en otro país siguen ocupando los sectores más pobres de la población, sin prestaciones sociales y destinando hasta el 80 por ciento de su ingreso a la familia de origen, explica Axela Romero, integrante de la agrupación civil Salud Integral para la Mujer (Sipam),
 
Respecto a la población indígena, según el Censo de Población y Vivienda 2010, de los 803 municipios que hay México, el 43 por ciento de ellos registran fuerte actividad migratoria de mujeres, para quienes no hay políticas de atención, advierte la antropóloga Carolina Sánchez García.

Jóvenes indígenas, excluidas de Cairo+20

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/por: Lizbeth Ortiz Acevedo

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POBLACIÓN
Jóvenes indígenas, excluidas de Cairo+20
Reclaman se erradique discriminación en salud reproductiva
 
México, DF, 19 ago 13 (Cimacnoticias).- Jóvenes indígenas denunciaron que son “invisibilizados y excluidos” de los procesos de consulta en la evaluación del Programa de Acción de Cairo+20, al no ser incorporados en los programas y políticas públicas de salud sexual y reproductiva en México.
 
Y aunque Silvia Loggia, consultora externa del Consejo Nacional de Población (Conapo), informó que el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), realizada en El Cairo en 1994, incorporó el enfoque de salud sexual y reproductiva, así como el de género, jóvenes indígenas de diversos estados exigieron se elimine el racismo, la discriminación y la violencia que viven en el ejercicio de sus derechos, en especial para las mujeres de grupos étnicos.
 
Durante el taller “Juventudes indígenas frente a Cairo+20”, integrantes de la Red de Jóvenes Indígenas de Centroamérica y México demandaron se respete su visión cultural, se reconozca y remunere el trabajo de las parteras tradicionales, y se garantice el acceso a métodos de planificación familiar con un enfoque cultural.
 
Asimismo destacaron la importancia de incluir este enfoque intercultural y de género en las políticas y programas para prevenir el VIH/Sida y las infecciones de transmisión sexual, a fin de que se adapten a la realidad y contexto de los pueblos indígenas.
 
También recalcaron que la muerte materna es una “grave expresión de las causas evitables que enfrentan las mujeres indígenas”.
 
En su intervención, Silvia Loggia señaló que México necesita consolidar la compra de anticonceptivos para evitar su desabasto, así como traductores en comunidades indígenas para eliminar algunas barreras, e informó que la pobreza sigue siendo un tema recurrente, ya que por ello las adolescentes de 16 años dejan la escuela y tienen embarazos no deseados.
 
La consultora advirtió que México tiene aún rezagos importantes en materia de embarazos en adolescentes y muerte materna.
 
Adelantó que para la próxima reunión regional que se llevará a cabo en Uruguay , del 11 al 15 de agosto, para revisar los avances de la CIPD, México se propondrá como sede de la conferencia en 2014 a fin de consolidarse como “líder en la materia”.
 
En breve entrevista, Loggia dijo que en México cada año se registran hasta 400 mil nacimientos por embarazos en adolescentes de 13 a 17 años, situación que deja al país por debajo de sus compromisos para reducir esta situación.

Indígenas, relegadas de la justicia

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Redacción

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DERECHOS HUMANOS
Indígenas, relegadas de la justicia
Se les discrimina y juzga sin considerar sus contextos
 
México, DF, 31 jul 13 (Cimacnoticias).- Aunque las mujeres indígenas son víctimas de violación sexual, violencia familiar, feminicidio o padecer un aborto involuntario, los operadores de justicia lejos de protegerlas y garantizarles justicia las castigan, discriminan o las acusan de conductas delictivas.
 
Las organizaciones Equis, Justicia para las Mujeres y Bitácoras, Liderazgo social con Equidad, analizaron once sentencias, ocho de estas dictadas por tribunales de Campeche, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán.
 
Además incluyeron dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y una de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), todas relacionadas con los derechos de las mujeres pues las víctimas o inculpadas eran indígenas.
 
Este trabajo dio origen al informe “Mujeres indígenas en el Observatorio de Sentencias Judiciales sobre los Derechos de las Mujeres”, un documento que destaca que el sistema de justicia carece de perspectiva de género y no contextualiza la realidad de las mujeres a la hora de juzgar.
 
De acuerdo con las organizaciones se puede decir que los jueces, la mayoría locales, aplican la ley de manera rigurosa y emiten fallos que se pueden considerar “correctos” o “apegados a Derecho” pero desconocen el contexto de las mujeres, lo que provoca que las sentencien injustamente.
 
Entre los ejemplos se cita el caso de una madre que fue condenada por violencia intrafamiliar por no proteger a sus hijas de un padre violador y “haber facilitado” las conductas criminales de éste.
 
Sin embargo las organizaciones criticaron que el juzgador no tomó en cuenta que probablemente la madre no pudo actuar por presión del marido. “Al juez nunca se le ocurre que pudo haber actuado así por miedo, una de las causas que excluyen de responsabilidad”.
 
Otro caso es el de una indígena de Chihuahua que actuó en legítima defensa al protegerse de su agresor, un hombre ebrio que trató de violarla sexualmente. El juzgador consideró que cuando ella lo golpeó con un palo hubo exceso de la fuerza y no legítima defensa, lo que causó su muerte.
 
“No se toma en consideración en ningún momento la realidad que viven las mujeres cuando entran en juego los estereotipos de una cultura patriarcal y machista donde las mujeres son vistas como objetos sexuales”, dice al analizar la sentencia dictada en 2007.
 
En este caso, dice el informe, prevaleció la idea de que los hombres “no pueden controlar sus impulsos sexuales” y por tanto tienen derecho a usar a la mujer o creer que ellas se están haciendo las difíciles, argumento no escrito que se repite en otras sentencias.
 
Otro caso ejemplar fue el de una mujer de 18 años de edad, del estado de Michoacán, acusada de filicidio. La joven que tenía ocho meses de embarazo estaba enferma del estómago y sin darse cuenta expulsó al producto, después acudió al hospital por un sangrado vaginal.
 
La joven fue condenada a 20 años de prisión. En este caso el informe expone que el sistema de justicia hizo uso de una serie de estereotipos relacionados con la maternidad y la castidad que viciaron la percepción de las pruebas, y no consideró que días antes la joven fue golpeada en el estómago por su cuñado.
 
El juez consideró que toda mujer distingue entre dolores de parto y dolores comunes y aseguró que ella no era una mujer confiable ni honesta porque había ocultado el embarazo a su familia, lo que “indica”-afirmó el juez- que tenía la pretensión de abortar.
 
En San Luis Potosí se dio el caso de una adolescente de 15 años de edad violada sexualmente por el esposo de su hermana. El juez emitió una codena por el delito de violación pero absolvió al agresor de la reparación del daño porque aseguró que no había prueba de una afectación moral.
 
Otro caso similar fue en Quintana Roo donde un grupo de de adolescentes denunciaron que son víctimas de explotación sexual pero las autoridades investigadoras no practicaron ninguna diligencia y por tanto no hay pruebas del delito y los inculpados fueron liberados.
 
El informe destaca que las sentencias de la CoIDH en los casos de violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, marcan estándares normativos en materia de acceso a la justicia, igualdad y no discriminación.
 
Sin embargo se recalca que hasta el momento la SCJN no ha analizado el expediente Varios 396/2012 acerca de las obligaciones desprendidas de las dos sentencias de la CoIDH, lo que marcaría pautas a seguir por los juzgadores en casos relacionados con mujeres indígenas.
 
Al final el informe menciona que todavía hay una necesidad de que el Poder Judicial de la Federación y los juzgados locales garanticen a las mujeres indígenas el derecho a la igualdad y no discriminación en el acceso a la justicia efectiva.

Comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca desarrollan un sistema de telefonía celular con gestión y criterios comunitarios

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/Por: Redacción

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Comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca desarrollan un sistema de telefonía celular con gestión y criterios comunitarios.

A Tamara, que nació bajo cobijo comunitario

México. En comunidades indígenas de  la Sierra Negra de Oaxaca ya camina un sistema de telefonía celular comunitaria, un novedoso proyecto social de comunicación sin nombre definido pero único en México y el mundo, que busca un modelo de administración similar a las radios comunitarias.

Este sistema de comunicación tiene su base en la comunidad  zapoteca Telea de Castro. Ahí existe la Radio Comunitaria Dizha Kieru que, con su transmisión en frecuencia modulada, hace uso del derecho a la comunicación cuyo espíritu está recogido en Los Acuerdos de San Andrés y tiene el respaldo de diversos instrumentos legales vigentes en México.

La esencia del proyecto es “que una comunidad pueda administrar su propia sistema basado en el modelos de las radios comunitarias”, declara Pedro Flores, coordinador del proyecto. Es básico fomentar la comunicación local e interpersonal a larga distancia e impulsar un servicio para las comunidades, considera el impulsor.

“En México existen 50 mil comunidades indígenas sin servicio telefónico. La respuesta de las grandes empresas a las comunidades que pidieron por más de diez años el servicio fue que no es viable invertir económicamente en la sierra y zonas alejadas”, relata en entrevista con Desinformémonos Flores, quien forma parte de Rhizomatica -gestora del proyecto de comunicación. Explica que “estamos en un camino largo e interesante,  algo que jamás se había hecho. Faltan muchas cosas y estamos en espera de esos retos”.

“Por muchos años las comunidades pidieron antenas de telefonía. Las grandes empresas no les hicieron caso porque vieron que no es viable económicamente”, recuerda el promotor. “Supongo que fue así cuando los pueblos se apropiaron la radio y televisión comunitarias en los años cincuenta y sesenta”, reflexiona. “Nadie se opuso al principio y luego lo vieron como una amenaza a sus intereses. Eso nos puede pasar en algún momento”, sostiene Pedro Flores.

Flores informa que la intención de la organización que gestiona el proyecto es dedicarle más tiempo y seguimiento a las asambleas de otras comunidades que ya aprobaron el proyecto. .

El teléfono ante la asamblea

Talea de Castro ha dado la forma a su servicio comunitario, expone el promotor. La comunidad está feliz no solamente porque tiene el servicio, sino porque es propio. “Se decidió que hubiera límites de tiempo de llamada para que nos se sature el equipo. Decidieron que después de cinco minutos se desconecte la llamada para darle oportunidad de usar el servicio a otra persona”, describe Flores. “Lo más complicado para configurar el equipo son las decisiones de la comunidad”.

La comunidad zapoteca, en la que existe alta migración, ahorra mucho dinero con este sistema pues hay un número en la comunidad y otros para Los Ángeles y Seattle, en los Estados Unidos.Con el proyecto en marcha, una persona que gastaba seis pesos para llamar, ahora gasta cincuenta centavos.

“Una persona puede hablar a todo el mundo. El sistema tiene números públicos, que se conectan a una computadora y esa a un conmutador, que localiza el teléfono de la persona a quien quieres hablar”, describe el promotor. “El teléfono se vuelve más  popular; existen más usuarios y se facilita la comunicación interpersonal y la resolución de asunto cotidianos”, explica Flores. La defensa del sistema radica en el servicio que presta y en la cooperación del pueblo para adquirir el equipo.

Un desafío del proyecto es no fomentar el consumismo. “No queremos contribuir a un sentido irresponsable de los pueblos por la tecnología. Lo único que se necesita es comprar el teléfono más barato del mercado y funcionará igual”, señala el integrante de Rhizomatica.

Desde la primeras pruebas que la organización realizó en Talea de Castro, se dieron cuenta del amplio uso del teléfono: el equipo detectó 700 aparatos prendidos, que estaban siendo utilizados para otra cosa más allá de la telefonía sin señal.

En las comunidades indígenas tener un teléfono de cierta marca o modelo significa por una parte un estatus social, pero también son útiles, expone Flores: “son pequeñas computadoras. Los jóvenes las utilizan para escuchar música y ver videos que descargan de internet. También son linternas o calculadoras  y sirven para escuchar radio. Nos dimos cuenta de que existen los aparatos y una red comunitaria de personas que los usa, sólo falta señal”, afirma.

Los desafíos

El comunicador señala que nadie pensó que las comunidades indígenas lanzaran una red de telefonía. “Llegaron los de las compañías a hablar con personas de la comunidad, les dijeron ‘escuchamos que ya tienen su propia telefonía y nosotros queremos lanzar nuestro servicio aquí’”. Los promotores de las empresas pretendieron aprovechar la red, ya instalada, para poner teléfonos en las casas, pero la respuesta de la comunidad fue “que no quería que vinieran a hacer dinero y no le interesaba el servicio pues ya dispone de su propia red”, relata Flores.

Flores identifica diversos retos. El primero es legal, pues aunque la Comisión Federal de Telefonía (COFETEL) les otorgó un permiso por dos años, no deja de ser una preocupación pues la institución pide un proyecto que abarque cuatro estados para poder operar una red. El segundo es tecnológico, pues necesitan equipo menos costoso.

El tercero se refiere a la cuestión organizativa, la gestión y administración de la comunidad del sistema. “Estamos platicando con las comunidades y puede ser como una radio comunitaria”, menciona Pedro Flores.

Pero el mayor desafío “son las corporaciones telefónicas”, asevera Flores, que considera que cuanto más comunidades se acerquen a pedir el servicio, las empresas intentarán entrar.

“Lujo” para indígenas oaxaqueñas, ejercer derechos sexuales

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Citalli López, corresponsal

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CAMPAÑA PERIODISTAS POR EL RESPETO DE LOS DSyR DE LA JUVENTUD
“Lujo” para indígenas oaxaqueñas, ejercer derechos sexuales
Por marginación y violencia no ceden los embarazos tempranos
 
Oaxaca, 21 jun 13 (Cimacnoticias).- El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos representa un “lujo” que pocas oaxaqueñas pueden alcanzar.
 
Mientras que las mujeres de clase media y alta gozan de una vida sexual sin hijos por un lapso de entre 5 y 10 años, más de la mitad de las mujeres en edad reproductiva del estado de Oaxaca se enfrentan a la maternidad sin elección, condicionada por la pobreza y marginación por ser indígenas y vivir en el campo.
 
Para Gabriela Rodríguez, directora de Afluentes, grupo de investigadoras y activistas que promueven la educación sexual, lo anterior evidencia que “la clase social en el ejercicio de la sexualidad plena es un factor determinante que ha convertido este derecho fundamental de las mujeres en ‘un lujo de clase’”.
 
En Oaxaca, de acuerdo con el Censo 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), habitan un millón 982 mil mujeres, de las cuales 964 mil residen en localidades de menos de 2 mil 500 habitantes, cerca de la mitad de la población femenina del estado.
 
Del total de mujeres rurales, 36 de cada 100 son niñas de 0 a 14 años; 25 de cada 100 son jóvenes de 15 a 29 años; 17 de cada 100 tienen entre 30 y 44 años; 11 de cada 100 entre 45 a 59 años, y la misma proporción tiene 60 y más años.
 
La edad promedio de las mujeres en las áreas rurales del estado asciende a 22 años y en promedio tienen 2.7 hijos, mientras que en las áreas urbanas es de 2.3 hijos.
 
“MUJERES VISTAS COMO OBJETOS”
 
Anahí es una joven de 24 años. A los 13 inició su vida reproductiva con un hombre 10 años mayor que ella. Derivado de esta relación Anahí tiene dos hijos y sobrevive con la venta de jugos, labor por la que tiene ingresos diarios menores a un salario mínimo al día.
 
Después de terminar su relación conyugal, en la que vivía violencia física y verbal, la joven decidió terminar sus estudios de secundaria y actualmente cursa la preparatoria abierta. “Es difícil volver a empezar, pero nunca es tarde. Mi meta es concluir una carrera profesional y salir adelante”, señala.
 
Gabriela Rodríguez abundó que los embarazos tempranos no sólo trastocan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sino que también mantienen el círculo de pobreza.
 
La especialista dijo que el 27 por ciento de los embarazos tempranos corresponde a mujeres menores de 15 años, quienes son de comunidades indígenas y rurales, fueron forzadas a un matrimonio o violentadas sexualmente, viven en pobreza, son analfabetas, no gozaron de una sexualidad libre, carecen de servicios de salud y de información sobre sexualidad y reproducción.
 
“Son mujeres de un mundo donde son vistas como objeto. Las casan, las venden o las compran desde niñas y así siguen un círculo. Ellas viven en un mundo donde sus madres y sus abuelas fueron privadas de una vida sexual plena”, enfatizó.
 
Otro 35 por ciento de los embarazos prematuros corresponde a las mujeres que se casan entre los 15 y 19 años, porque no tienen oportunidades de crecimiento a su alcance. Son mujeres que no estudian más allá de la secundaria y no aspiran a ir a la preparatoria porque en su entorno carecen de las condiciones para ello. Las y los hijos de estas mujeres son deseados.
 
El resto, 38 por ciento, engloba a quienes les falla el método anticonceptivo o no tuvieron acceso a ellos y se tienen que enfrentar a un embarazo no deseado. Gabriela Rodríguez precisó que en este rubro sólo el 5 por ciento corresponde a mujeres de clase media y alta.
 
Lo anterior, explicó, evidencia lo determinante que es la clase social en el ejercicio de la sexualidad plena. “Es un lujo de clase tener una vida sexual de 5 a 10 años sin hijos. Eso lo viven menos del 40 por ciento de las jóvenes mexicanas”, declaró.
 
La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2009 señala que aunque en la entidad es amplio el conocimiento de los métodos anticonceptivos por parte de las mujeres en edad fértil, se encuentran diferencias relativas sobre su conocimiento según el tamaño de localidad de residencia.
 
De las mujeres de 15 a 59 años que residen en localidades menores de 2 mil 500 habitantes, 86.7 por ciento mencionó conocer algún método anticonceptivo, en tanto que entre las residentes en localidades mayores a ese número de residentes, el nivel de conocimiento fue casi total (98.6 por ciento).
 
Sin embargo, 7 de cada 10 adolescentes (71.7 por ciento) sexualmente activas declaró no haber usado un método anticonceptivo durante su primera relación sexual.

Mujeres indígenas rompen esquemas para generar conocimiento

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Anaiz Zamora Márquez

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ACADEMIA
Mujeres indígenas rompen esquemas para generar conocimiento
Acceden a la universidad y evitan que otros hablen por ellas
 
México, DF, 17 jun 13 (Cimacnoticias).- Las mujeres indígenas  están presentes en la investigación académica y generan conocimientos desde una visión autónoma. Cansadas de que “otros” sean los que cuentan la vida de sus pueblos, mujeres provenientes de estas comunidades rompen esquemas y estereotipos para acceder al ámbito universitario, y dar voz a las problemáticas de sus colectividades.

En el marco de las celebraciones por el 15 aniversario de la Maestría en Estudios de la Mujer –adscrita a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)–, se realizó el pasado viernes el primer coloquio “Producción intelectual de las mujeres indígenas de Mesoamérica”, con el fin de vincular el conocimiento generado por mujeres indígenas con el resto de la investigación.
 
Cuatro mujeres provenientes de igual número de comunidades relataron sus historias de lucha para acceder a la universidad; hablaron de las barreras que enfrentaron y la forma en que incluso las transformaron en conocimiento.
 
De manera transgresora abandonaron sus lugares de origen y ahora con su producción intelectual enfrentan los cuestionamientos.
 
Encaran las críticas de quienes consideran que al abandonar sus comunidades y tradiciones dejaron de ser indígenas, y de los que piensan que aún con estudios ellas continúan siéndolo. “Estamos en el limbo de lo que somos y no somos”, denunciaron.
 
Gladys Tzul Tzul, maya quiché de Guatemala, consideró que la realización del coloquio, además de un acto académico, representa un acto político pues brinda la oportunidad de visibilizar a las indígenas en la producción de conocimientos.

Agregó que generalmente ellas sólo están dentro de la producción intelectual como informantes, y lo que dicen se traduce en entrevistas y relatos.

La academia –dijo Tzul Tzul a Cimacnoticias al final del evento– ha sido vedada para las mujeres en general, pero sobre todo para las indígenas.
 
La doctora en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla puntualizó que no se debe reducir la producción de conocimientos de las indígenas al ámbito académico, toda vez que algunas de ellas generan conocimientos dentro de sus propias comunidades, pero “desgraciadamente” no llegan a conocerse y constantemente son devaluados por no tener “rigor científico”.

Gladys lamentó que a las mujeres autóctonas históricamente se les ha responsabilizado del subdesarrollo nacional y global, ya que se les culpa de ser analfabetas o de ser “las que se dejan embarazar”.

Aseguró que eso no puede retomarse como la única verdad, pues existen muchas mujeres que dentro de sus posibilidades y en su propio contexto generan avances para sus comunidades y que participan activamente en el desarrollo de esas colectividades.
 
“Se han expresado en distintas formas, pero se les juzga porque no todas tienen las oportunidades para poder desarrollarse dentro de la comunidad occidental”, advirtió Tzul Tzul.

En su intervención, Georgina Méndez, maya chol de Tila, Chiapas, y actual doctorante en Antropología por la UAM Iztapalapa, dijo que son “otras y otros” los que hablan por los pueblos nativos.

Presentó un avance de su tesis doctoral, en la que da cuenta de que la producción académica de las mujeres indígenas existe, pero muchas veces permanece invisible para el resto de la sociedad.

“Son muchos los que han secuestrado la voz de las y los indígenas”, no es que no exista, sino que otros se han apropiado los pensamientos de estas culturas, los traducen a su lenguaje y ellos han determinado que ésa es la verdad.

Sin embargo las voces de mujeres han comenzado a surgir y se mantienen fuertes denunciando lo que por años ha sido silenciado, aunque aclaró que la lucha y presencia de las mujeres de grupos étnicos no es reciente, pero poco se ha hablado de ella.

Méndez dijo a Cimacnoticias que el trabajo que han realizado las indígenas en la generación de conocimientos busca ser comprometido con la lucha de las mujeres. “Además de visualizar y denunciar, buscamos crear estrategias para combatir estas problemáticas”, puntualizó.
 
Judit Bautista Pérez, zapoteca de San Juan Atepec, Oaxaca, y maestra en Sociología, empezó su ponencia en zapoteco, en la cual hizo hincapié en las formas en que las indígenas son discriminadas.
 
Definió a la academia como una opción de lucha cotidiana y como un esfuerzo por visibilizar las voces de las mujeres indígenas.
 
Observó que las mujeres de grupos originarios que acceden a estos contextos rompen con los esquemas y estereotipos que se tienen sobre las y los integrantes de estas comunidades, por lo que constantemente se deben enfrentar a los cuestionamientos y prejuicios en torno a su imagen.  
 
Finalmente, Alicia Martínez Cruz, indígena ñañú del Valle del Mezquital, Hidalgo, y actual estudiante de la Maestría en Estudios de la Mujer, dijo que dentro de las localidades indígenas las mujeres son la mitad de la población e indudablemente son partícipes en el día a día de la comunidad, pero el análisis sobre estas actividades debe ser más específico para entender cada contexto y no reducirlo a una simple forma de estudio.

Mandan carta contra funcionarios discriminadores

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Sandra de los Santos, corresponsal

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NACIONAL
Mandan carta contra funcionarios discriminadores
Mujeres indígenas defienden derecho a la educación
 
Tuxtla Gutiérrez, 9 jun 13 (Cimacnoticias).- Mujeres indígenas, algunas de ellas embarazadas, de la comunidad de Nichnamtic, municipio de San Juan Chamula, pidieron al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, que les garantice su derecho a la educación, luego de que funcionarios de la localidad les impidieran realizar su ceremonia de graduación del nivel básico.
 
En un documento enviado al Ejecutivo estatal, así como otros funcionarios, 67 mujeres indígenas manifestaron su indignación porque en una asamblea el pasado 26 de mayo, el presidente del patronato de agua, Domingo Gómez Díaz; el ex alcalde de San Juan Chumula, Manuel Gómez Castellanos, y Marcelo Hernández López, agente auxiliar, las ofendieron.
 
“Vergüenza que mujeres embarazadas estudien, siendo que ellas solo sirven para la cocina”, les dijo Domingo Gómez Díaz a las mujeres en la asamblea, quienes pedían un espacio para celebrar su ceremonia por haber concluido su nivel de secundaria en el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEA).
 
Gómez Díaz fue acusado por las indígenas de “alborotar” a sus esposos y a toda la comunidad, para que no pudieran realizar su ceremonia de graduación.
 
“Debe de existir un trato igualitario hacia las mujeres, ya que aparte de ser madres trabajadoras y ocuparnos de nuestros hogares, decidimos estudiar por nuestro propia cuenta porque ya no queremos ser ignorantes y analfabetas, sino que deseamos de todo corazón poder brindar un futuro mejor a nuestros hijos para mejorar la calidad de vida”, argumentaron en su escrito.
 
Las indígenas aclararon que no sólo se trata de un espacio para su graduación, sino de que el estado garantice su derecho a la educación y la igualdad de género.
 
Las 67 mujeres que firmaron el documento exigieron al gobierno local realizar las acciones pertinentes para garantizar que las autoridades se abstengan de realizar actos que contravengan sus derechos básicos.
 
El municipio de San Juan Chamula se ubica a unos 120 kilómetros de la capital del estado. En este lugar, que nunca ha tenido a mujeres como autoridades constitucionales o tradicionales, han ocurrido diferentes conflictos religiosos y políticos.

Desdeñan mayor participación de mujeres indígenas en comicios

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Redacción

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POLÍTICA
Desdeñan mayor participación de mujeres indígenas en comicios
Partidos políticos no las toman en cuenta, según estudio
 
México, DF, 31 may 13 (Cimacnoticias).- Los partidos políticos, a excepción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), parecen no considerar a las comunidades indígenas como espacios prioritarios para el voto, a pesar de que en estos distritos las mujeres participan cada vez más como promotoras del sufragio o como candidatas.
 
Esta es una de las conclusiones del estudio “Ciudadanía y participación política femenina en distritos electorales de mayoría indígena”, elaborado por los académicos Lourdes Morales Canales y François Lartigue, quienes monitorearon el proceso electoral federal de 2011-2012, en una muestra de 28 distritos indígenas.
 
En la investigación publicada en la Revista Mexicana de Derecho Electoral se detalla que en las regiones indígenas hay menos pluripartidismo que a nivel nacional, lo cual puede indicar que los partidos no los consideran espacios prioritarios, a excepción del PRI, que sí cuenta con una estructura para trabajar en estas zonas.
 
Lo anterior a pesar de que en estas comunidades ha aumentado la participación de las mujeres como capacitadoras, funcionarias de casillas, candidatas o como promotoras del voto al organizar mítines, repartir propaganda, realizar observación electoral, y coadyuvar al desarrollo de las campañas y la jornada electoral.
 
En el artículo se explica que algunas de las características de los distritos indígenas es que son regiones donde la renovación de las autoridades municipales y comunitarias es más importante que la elección de autoridades federales, toda vez que las primeras tienen mayor cercanía con la ciudadanía.
 
Esto puede ser una razón, indica la investigación, para que exista un desinterés de los actores partidistas para posicionarse en estas regiones, y por tanto se registre una ausencia de campañas electorales cuando se trata de elecciones federales.
 
A pesar del desinterés de los institutos políticos, los autores explican que el trabajo de capacitación del Instituto Federal Electoral (IFE) ha coadyuvado a fomentar la participación de las mujeres indígenas pues, a pesar de los rezagos educativos, en las tres últimas elecciones federales más mujeres han aspirado a ser capacitadoras electorales.
 
Incluso hay más mujeres que hombres que desean participar en la organización de la jornada electoral, aunque advierten que si se compara a nivel nacional, todavía hay un desfase en los distritos con mayoría indígena, donde la población femenina es mayor, pero no se refleja en más participación electoral.
 
El estudio revela que gracias al IFE, las mujeres indígenas son llamadas a participar como funcionarias de casilla incluso en zonas donde las prácticas comunitarias no les permiten ejercer el voto a nivel local; pero muchas veces ellas se sientan incómodas en mesas integradas por una mayoría masculina.
 
Si bien no hay una estadística oficial desagregada por sexo, la investigación destaca que mujeres y hombres indígenas organizan mítines, reparten propaganda y realizan observación electoral.
 
En algunas regiones indígenas, dicen los investigadores, se ha detectado que hay personas dispuestas a realizar esta labor sin un pago inmediato de por medio, sino bajo la esperanza de que una vez que el partido llegue al poder se les retribuirá el trabajo realizado, una especie de “tequio político” aprovechado por el PRI.
 
En el artículo establece que los distritos indígenas son complejos y debido a la migración y creciente pluripartidismo, lo serán cada vez más, por lo que se requieren políticas públicas concretas, en particular sobre educación cívica y capacitación electoral con enfoque de género.

Líderes indígenas advierten retos pendientes para las mujeres

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Guadalupe López García

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LABORAL
Líderes indígenas advierten retos pendientes para las mujeres
Tuvieron que empoderarse pese a oposición en comunidades
 
México, DF, 16 may 13 (Cimacnoticias).- Además de la pobreza, discriminación, violencia y machismo, las mujeres indígenas viven aún la exclusión de la vida política y social en sus comunidades, sin la oportunidad de ser dueñas de la tierra, ni de sus vidas y cuerpos, dijeron líderes indígenas.
 
Las dirigentes de Ciarena, Silvia Pérez Yescas; Mujeres en Lucha y Derechos para Todas, Guadalupe García, y del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, Marcelina Bautista, hablaron de su proceso de empoderamiento y autonomía ante integrantes de organismos internacionales, fundaciones y de la Red de Mujeres y Hombres invirtiendo en Mujeres.
 
“Desde que nacemos ya vivimos la discriminación; querían alguien que trabajara, no que viniera a leer libros; en mi comunidad no hay matrimonios, lo que buscan es una sirvienta; nos dicen: no estudiaste y quieres las perlas de la vida”, fueron parte de los testimonios durante el encuentro organizado por la Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer (Semillas).
 
Marcelina y Guadalupe salieron de sus comunidades y en el DF se emplearon como trabajadoras del hogar, en tanto que Silvia se abocó a la defensa de la tierra. Las tres han padecido discriminación por ser mujeres, indígenas y carecer de estudios.
 
La calidad de vida de las mujeres indígenas es mínima porque siguen relegadas al hogar y en las comunidades les dicen lo que deben y no deben hacer, por eso me interesó defender los derechos sexuales y reproductivos ya que “son fundamentales para nuestras vidas”, dijo Guadalupe García, mazahua de 28 años, graduada en la carrera de Comunicación.
 
En 1987 Marcelina Bautista fundó el grupo “La Esperanza” para defender los derechos de las trabajadoras del hogar, quienes en su gran mayoría carecen de prestaciones laborales. Con más de 20 años de lucha, la líder mixteca, quien llegó a los 14 años a esta capital sin hablar español, tiene reconocimientos a nivel nacional e internacional.
 
Silvia Pérez Yescas, quien a los 15 años de edad tuvo al primero de sus seis hijos, relató que pronto se dio cuenta de que en su comunidad las ignoraban, y que se les impedía participar en las asambleas.
 
La fundadora de la Red Nacional de Mujeres Indígenas “Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y el Territorio” sufrió un atentado contra su vida y a principios de este año tuvo que salir del estado de Oaxaca.
 
Semillas promovió la reunión para recaudar fondos y apoyar los proyectos de mujeres líderes y emprendedoras, así como para fortalecer a las organizaciones promotoras de los derechos de las mujeres en distintas entidades del país. En 2012 se destinaron cerca de 15 millones de pesos para ese fin.

Indígenas oaxaqueñas: emigran o se dedican al narcotráfico

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/Cimacnoticias/por: Citlalli López, corresponsal

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LA OTRA RUTA MIGRATORIA
Indígenas oaxaqueñas: emigran o se dedican al narcotráfico
Ante la pobreza se ven orilladas a delinquir
 
Oaxaca, 18 abr 13 (Cimacnoticias).- La pobreza y el abandono social en que viven las indígenas de Oaxaca las colocan en la disyuntiva de tomar el camino de la migración o emplearse como “burreras” o “mulitas” (transportadoras de droga).
 
“Las mujeres indígenas a lo largo de su vida están sujetas al dominio patriarcal. Los hombres evaden las responsabilidades y las abandonan a su suerte, incluida su progenie. La realidad rural de algunas comunidades presiona de tal manera a las mujeres y los hombres que sólo deja dos disyuntivas: o ‘narco’ o ‘norte’”, apuntó Concepción Núñez Miranda, quien el pasado viernes presentó el libro “Deshilando condenas, bordando libertades”.
 
La también asesora en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Oaxaca explicó que muchas de las mujeres detenidas por este delito entre 2002 y 2006 fueron arrestadas por la policía encargada del “combate al narcotráfico”.
 
Las mujeres eran detenidas en los cateos a los autobuses provenientes de regiones, donde la policía sabe que hay siembra de mariguana, señaló la investigadora.
 
A partir de una recolección de historias de vida, Núñez Miranda confirmó que las protagonistas de estos episodios son mujeres que pagan el saldo de la migración y la pobreza extrema, pues casi todas eran analfabetas o analfabetas funcionales, eran mujeres abandonadas o madres solteras.
 
Núñez Miranda dijo que de 107 mujeres presas al momento de la investigación, 49 por ciento eran por delitos del orden común, entre ellas, 15 por ciento por robo ligado a la adicción de sustancias psicoativas; 14 por ciento por plagio y secuestro, y 7 por ciento por despojo.
 
En cuanto a delitos del orden federal, en la modalidad de delitos contra la salud, 51 por ciento eran mujeres, de las cuales 28 eran indígenas de distintos grupos originarios de Oaxaca. Entre ellas había zapotecas, mixtecas, mixes, zapotecas y chinantecas.
 
Del trabajo de investigación surgieron 10 historias de vida que sirvieron para conocer la realidad que viven en Oaxaca las mujeres acusadas de narcotráfico, y las situaciones que las obligan a enrolarse en estas actividades ilícitas, que la investigadora llama “delito de la pobreza”.
 
“Cuando realizan esta actividad, las mujeres no piensan en que se van a volver ricas, lo hacen por una necesidad de comer, de alimentar a los hijos, de comprar uniformes, llevarlos a la escuela, de cubrir las cuotas en la escuela. Esto se da por una sociedad injusta, desigual y una estructura socioeconómica donde existe la explotación de la fuerza de trabajo y donde no hay accesos para todos y todas por igual”, sostuvo.
 
El libro editado por el Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO) empezó a gestarse en 2002 cuando Concepción Núñez preparaba su tesis de doctorado en sociología para el Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina.
 
Ese trabajo de investigación llevó a la socióloga a obtener en 2007 una mención honorífica en el concurso de tesis Sor Juana Inés de la Cruz, que convoca el Instituto Nacional de las Mujeres, además le dio pie a la realización de un video que denunciara la situación en que se encontraban esas 10 mujeres y la inexistencia de la riqueza generada por el delito, un documental que en 2005 recibió el premio videográfico José Rovirosa de la UNAM.

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