Exigen a Peña Nieto actuar contra asesinatos de mujeres

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/Cimacnoticias/por: Redacción

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VIOLENCIA
Exigen a Peña Nieto actuar contra asesinatos de mujeres
Activistas de Morelos mandan misiva; critican omisión
 
México, DF, 18 abr 13 (Cimacnoticias).- En 13 años, del 2000 a abril de 2013, se han encontrado 357 cuerpos de mujeres abandonados en calles, baldíos, barrancas, zonas de construcciones, ríos, cuartos de hotel o casas de seguridad, muchas de ellas atacadas en sus hogares.
 
Con estos datos, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos envió hoy una carta a Enrique Peña Nieto para solicitarle que emita una declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad, y denunciar que las autoridades han sido omisas ante el problema.
 
“Todas ellas fueron torturadas, maltratadas, atemorizadas y vivieron humillaciones; fueron golpeadas hasta la muerte. Todas quedaron aisladas y desprotegidas, aterradas, amenazadas, vivieron la más extrema impotencia de indefensión”, dice la carta.
 
Ante esta violencia extrema contra las mujeres y niñas en Morelos, no se han hecho acciones efectivas para la prevención, tratamiento, combate y erradicación de este delito en la entidad, pese a que hay cifras claras y estadísticas que permiten conocer la gravedad del flagelo.
 
Según la información recopilada por la comisión, del 2000 al 2005 se reportaron 122 casos de feminicidio; en 2006 fueron 20; en 2007 aumentó a 29; en 2008 la cifra creció a 31, y en 2009 se documentaron 36.
 
Hasta octubre de 2010 fueron 40 casos; en 2011 la cifra fue también de 40 y en 2012 sumaron 39.
 
Estos casos de violencia extrema, dice la agrupación, ocurrieron en 25 municipios: Yecapixtla, Cuernavaca, Puente de Ixtla, Tepoztlán, Emiliano Zapata, Ayala, Zacatepec, Yautepec, Cuautla, Xochitepec, Jonacatepec, Huitzilac, Temixco, Jiutepec, Miacatlan, Axochiapan, Amacuzac, Jojutla, Tlaquiltenango, Atlatlahucan, Mazatepec, Tlayacapan, Tepalcingo, Tetecala y Tlaltizapan.
 
Ante la falta de acciones para erradicar estos asesinatos, de enero al 14 de abril de este año se han cometido 15 ejecuciones, por lo que la Comisión Independiente de Derechos Humanos señaló que atender la violencia feminicida es un reclamo de toda la sociedad, y en particular, de todas las personas allegadas, amistades y familia que se quedan con “un gran vacío y sin justicia”.
 
Criticó que esto suceda a pesar de que en Morelos existe la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece principios y criterios que deben orientar las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a la prevención, atención y acceso a la justicia.
 
Ante esta problemática, la comisión acusó que el gobernador perredista, Graco Ramírez; la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso, la diputada perredista María Teresa Domínguez, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Nadia Luz Lara Chávez, no hacen nada.
 
También descalificó a la Procuraduría General de Justicia de Morelos, a la Secretaría de Seguridad Publica y al Instituto de la Mujer estatal, por no tener información en concreto del tema y por no llevar ninguna tarea tendiente a eliminar la situación de riesgo que viven las morelenses.
 
Por ello la organización prefirió enviar una carta a Peña Nieto, en vez de realizar el procedimiento de solicitud de la AVG al Instituto de las Mujeres del estado.
 
“Ningún gobierno está o debe estar eximido de asumir la responsabilidad que le demanda la ley y la ciudadanía”, destacó al explicar que se acentuó el feminicidio y que las autoridades son “omisas y negligentes”, y pueden estar coludidas con los asesinatos.
 
La carta firmada por la coordinadora de la comisión, Juliana G. Quintanilla, apeló a las leyes estatales y a tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), para que se atienda su solicitud y se promuevan acciones a favor de las mujeres.

Impulsan adhesión de México a Convenio de Estambul

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/Cimacnoticias/por: Redacción

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Impulsan adhesión de México a Convenio de Estambul
Legisladoras van por más reformas contra violencia de género
 
México, DF, 18 abr 13 (Cimacnoticias).- A fin de implementar acciones para erradicar la violencia de pareja o en el hogar, las senadoras se comprometieron a impulsar la adhesión de México al Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica.
 
Como parte de los compromisos suscritos por las legisladoras durante la reunión internacional de mujeres parlamentarias, del 5 al 7 de marzo pasado en Nueva York, las senadoras buscarán que el Estado mexicano se adhiera al documento conocido como Convenio de Estambul.
 
De acuerdo con un informe que la semana presentaron las legisladoras ante el Senado, durante esa reunión internacional las participantes acordaron legislar a favor de las mujeres y tomar en cuenta las consideraciones establecidas en el Convenio de Estambul, documento firmado por los países europeos en 2011.
 
En México, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2011, 46.1 por ciento de las mujeres de 15 años o más reportaron haber vivido algún episodio de violencia emocional, económica, física o sexual.
 
En el encuentro organizado por ONU Mujeres y la Unión Interparlamentaria se analizaron algunos puntos de este tratado que llama a los congresos de los países a establecer el principio de igualdad en sus constituciones, sancionar y prohibir la discriminación, y derogar todas las leyes y prácticas discriminatorias hacia las mujeres.
 
En el evento realizado como parte de la 57 sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés) participaron más de 200 parlamentarias de 43 países que analizaron diferentes temas a legislar a favor de la población femenina.
 
Entre estos, la violencia política de género, medidas contra la violencia hacia las mujeres a través de las tecnologías de la información, y estrategias para que los medios de comunicación dejen de cosificar a la mujer.
 
Durante los debates las parlamentarias también señalaron que es necesario presionar para que haya cambios legislativos e insistir en la adopción de normas jurídicamente vinculantes para prevenir, proteger y perseguir todas las formas de violencia en el hogar o en la pareja.
 
Mencionaron –dice el informe– que a través de su función de supervisión, las y los parlamentarios pueden desempeñar un papel crucial en revisar y perfeccionar la política y sus procesos de implementación, a fin de asegurar el mejoramiento de las leyes y el escrutinio en el manejo del presupuesto.
 
En este contexto, la semana pasada la senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Angélica de la Peña, presentó una iniciativa para exhortar al Ejecutivo federal a adherirse al Convenio de Estambul, misma que fue turnada a las comisiones de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales.
 
La delegación del Congreso mexicano estuvo integrada por las senadoras Graciela Ortiz (PRI); Lilia Guadalupe Merodio (PRI); Lucero Saldaña (PRI), y Angélica de la Peña (PRD), así como las diputadas Guadalupe Sánchez (PRI); Carmen Lucía Pérez (PAN);
Martha Lucía Micher (PRD), y Martha Beatriz Córdova (MC).

Amelia paga costos del VIH que le transmitió su pareja migrante

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/Cimacnoticias/por: Rubí López, corresponsal

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LA OTRA RUTA MIGRATORIA
Amelia paga costos del VIH que le transmitió su pareja migrante
Falla prevención del virus entre población en riesgo
 
Guatemala, 18 abr 13 (Cimacnoticias).- El 30 de abril de 2012 es una fecha que “Amelia” no olvida. Ese día le notificaron que vivía con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Fue en un examen inesperado como se enteró que su esposo se lo había transmitido.
 
“Mi esposo se fue a Estados Unidos por la situación económica que hay en Guatemala, para buscar una mejor vida. Trabajaba como cortador de caña y decidió irse. Le dije que si se sentía capaz de hacerlo no le quitaba el impulso. Se fue de manera irregular”, cuenta “Amelia”, de 32 años. 
 
Su esposo trabajaba en los ingenios de la costa sur guatemalteca, por lo que tenía que movilizarse desde el municipio de Patulul, en el departamento de Suchitepéquez, hasta su lugar de trabajo.
 
“Amelia” tenía expectativas de que ella y su hijo, de entonces dos años, mejorarían su nivel de vida. Pero tres meses después de la partida de su esposo recibió una noticia: había sido detenido en territorio mexicano y sería deportado a Guatemala.
 
“La verdad es que yo no sé que haya hecho él por allá, nunca me comentó nada”, explica la mujer. La familia se reunificó y tiempo después “Amelia” dio a luz a su segunda hija.
 
“Cuando la nena tenía cinco meses se enfermó y la llevé a la clínica. Le hicieron unos exámenes y la doctora del centro de salud me pidió que me hiciera unos yo también”.
 
Era una prueba de VIH y los resultados la dejaron perpleja: el resultado era positivo. Dejó a su esposo tras siete años de relación.
 
Según datos del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el número de casos de VIH en mujeres entre enero de 1984 y junio de 2012 es de 10 mil 375.
 
La población donde se observa la mayor cantidad de transmisiones tiene entre 20 y 39 años de edad, que corresponde al 57 por ciento del total de casos. La transmisión del virus en el 93 por ciento de los casos fue por contacto sexual.
 
“No le dije nada a mi esposo. Simplemente le dije que ya no quería verlo, que ya no quería seguir viviendo con él y me mudé a otro departamento del país”, recuerda “Amelia”.
 
MÁS VULNERABLES
 
La población migrante ha sido catalogada como población clave de mayor riesgo por diferentes organizaciones internacionales. El VIH se ha asociado al fenómeno de la migración. 
 
Las y los migrantes guatemaltecos tienen como destino principal la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Según el Centro de Investigación, Educación y Servicios sobre SIDA (CARES, por sus siglas en inglés), ese estado norteamericano es el que tiene la segunda mayor incidencia de VIH y VIH avanzado. 
 
En el caso de México, hay unas 179 mil personas viviendo con VIH (dato al 2011). En 2012 se registraron 43 mil 965 nuevos casos, el 26 por ciento en mujeres.
 
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) reporta que las mujeres migrantes pueden verse afectadas por la transmisión del VIH si son objeto de trata o violencia sexual durante su recorrido, tienen conductas de alto riesgo en su lugar de destino, o si sus cónyuges son migrantes estacionales o cíclicos, tal como el caso de “Amelia”.
 
Actualmente ella y sus dos hijos (de cuatro años y 18 meses de edad) reciben apoyo de la Asociación para la Prevención y Estudio del VIH/Sida (APEVIHS).
 
Esa organización sin ánimo de lucro cuenta con el servicio de “apadrinamiento”, un programa de nutrición y VIH, el cual contribuye a mejorar la calidad de vida de 35 niñas y niños cuyas madres son mujeres con VIH.
 
“Amelia” trabaja en ventas y asiste regularmente a su control médico a uno de los 15 hospitales que ofrecen asistencia a personas con VIH en el país. Es una mujer llena de vida y sueños.
 
“Mis hijos han tenido resultados negativos a la prueba de VIH. Quiero dejarles estudio y su casa. Sabiendo llevar mi tratamiento llegaré a verlos grandes”, destaca.
 
En Guatemala el MSPAS trabaja el tema específico de las infecciones de transmisión sexual y el VIH. En conjunto con organizaciones nacionales e internacionales se implementan campañas y programas de prevención dirigidos a la población con mayor riesgo, así como tratamiento y asistencia a personas con VIH.

Lanza gobernador de manera tardía plan “urgente” antiviolencia

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/Cimacnoticias/por: Anaiz Zamora Márquez

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VIOLENCIA
Lanza gobernador de manera tardía plan “urgente” antiviolencia
Ley de 2007 ya obligaba a acciones contra feminicidio en Hidalgo
 
México, DF, 17 abr 13 (Cimacnoticias).- En un intento por dar respuesta a la reciente presión social por el aumento del feminicidio en Hidalgo, el gobernador José Francisco Olvera ordenó acciones “urgentes” para garantizar la seguridad de las mujeres aunque de manera tardía, ya que algunas de ellas están en la ley estatal desde 2007.
 
Alberto Martínez, coordinador de comunicación social de Servicios de Inclusión Integral (Seiinac) –organización que recientemente solicitó que se decrete la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el municipio de Tula–, criticó que tales acciones preventivas debieron emprenderse años atrás de manera obligatoria en la entidad.
 
A raíz de la reciente ola de asesinatos que en seis meses cobró la vida de al menos siete mujeres en Tula y una más en Pachuca, Seiinac presentó a fines de marzo pasado ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres una solicitud de AVG, la cual fue aceptada para su revisión y con la que se obligó al estado a rendir un informe en materia de violencia de género.
 
En un intento por abatir el feminicidio ante el reclamo social, el pasado 5 de abril José Francisco Olvera decretó el Plan Estatal de Intervención para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, basado en 10 ejes de acción.
 
Tales ejes son: atención especializada a mujeres en situación de violencia; diagnóstico situacional; espacios seguros y servicios públicos; seguridad y justicia; difusión; sensibilización y capacitación; aplicación de normas; armonización legislativa; presupuesto, y seguimiento y evaluación.
 
Dentro del plan se establecen como acciones urgentes la construcción de un Centro de Justicia para las Mujeres, el registro estatal de transporte público, así como la atención especializada a los familiares de las mujeres víctimas de violencia, desapariciones y asesinatos.
 
Del mismo modo se asienta la creación de una base de datos sobre el número de mujeres víctimas de violencia, la prevención con campañas de difusión de los servicios públicos, así como de los Derechos Humanos de las mujeres, condiciones que ya se estipulan en la legislación estatal.
 
En diciembre de 2007 se decretó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Hidalgo, que en sus 57 artículos establece obligaciones específicas para todas las dependencias e instituciones estatales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género.
 
La ley define que las autoridades estatales tienen la obligación de “difundir el conocimiento y fomento del respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; a prevenir y erradicar conductas nocivas que generen una imagen desvirtuada del hombre y la mujer; impulsar la capacitación del personal encargado de la procuración e impartición de justicia, así como de quienes están a cargo de la aplicación de las políticas públicas en la materia y suministrar asistencia especializada para la atención y protección a  las víctimas”.
 
También se establece que las instituciones que integran el Sistema Estatal de Prevención, Acción, Sanción y Erradicación para la Violencia contra las Mujeres (SEPASEVM) están obligadas a dar datos sobre el número de mujeres atendidas en materia de violencia.
 
Incluso las fracciones X y XI del artículo 47 establecen como obligación del Instituto Hidalguense de la Mujer la integración de un banco de datos de violencia contra las mujeres, que incluya información organizada por tipo y modalidad de violencia, así como “solicitar a las dependencias de la administración pública estatal y municipal la información estadística correspondiente”.
 
Dentro de las obligaciones del instituto también está impulsar la armonización de las leyes en materia de derechos fundamentales de las mujeres.
 
El pasado 26 de marzo se tipificó el delito de feminicidio en la entidad con penas de 30 a 50 años de prisión.
 
Se espera que se defina la procedencia o no de la solicitud de AVG el próximo 17 de abril, cuando sesione el Sistema Nacional.
 
Previamente, las organizaciones Constituyente Feminista y la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos solicitaron la declaración de AVG, pero fue rechazada con el argumento de que las agrupaciones carecían de un acta constitutiva.