Plan B: Washington invade Latinoamérica

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/Cimacnoticias/por: Lydia Cacho/@lydiacachosi

CIMAC Noticias
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Plan B by Lydia Cacho
Washington invade Latinoamérica
 
Si le preguntaran a usted dónde han hecho intervenciones de guerra los marinos norteamericanos en los últimos 12 meses, seguramente responderá que en Somalia, Afganistán, Irak, Yemen y Pakistán. Y sí, efectivamente los Estados Unidos tienen intervenciones guerreras en esos países, pero también las tienen en México, Honduras y Guatemala. Y si usted le pregunta al norteamericano común si sabe que sus impuestos se van a Centroamérica y México para asesinar civiles y fortalecer el intervencionismo militar, lo más probable es que diga que no. La política norteamericana de imponer el miedo a la ciudadanía para justificar espionaje y control de las vidas privadas se parece a la de su nuevo archienemigo: Norcorea.
 
Ambos gobiernos, con sus diferencias (uno democrático y otro socialista) fortalecen la inseguridad de la ciudadanía reiterando el peligro inminente de ser atacados por armas mortales de sus enemigos. Aunque los norteamericanos se han ganado a pulso a muchos más enemigos que Corea, y su papel en Geopolítica es cien veces superior, los dos construyen un discurso que asegura que su forma de vida y de gobernar es la buena. Que su intervencionismo se justifica porque los otros representan grandes riesgos para el mundo libre. Pero contrario a Corea, los Estados Unidos no quieren controlar al mundo amenazando con el uso de misiles, sino lo controlan de facto con la implementación de guerras regionales con Drones y venta de armas e intervención de la CIA, el ejército y la Marina.
 
El 29 de agosto del 2012 la Marina norteamericana tenía 200 especialistas Navy Seals patrullando la costa oeste de Guatemala en una operación “contra las drogas”. La última presencia militar norteamericana en Guatemala fue en 1978, pero ahora ya no es a través de infiltraciones, ni con los estratégicos golpes militares para “democratizarlos”. Un portavoz de la Marina aseguró que esta operación comando es sólo el principio de una intervención mayor.
 
Según Tom Engelhardt, autor del libro  The United States of Fear (los Estados Unidos del Miedo) en la historia reciente Washington se dedicó a enviar a sus Marines a Nicaragua, Haití y República Dominicana porque consideraba el sur su patio trasero.
 
Lo increíble es que Latinoamérica se ha acostumbrado a creer que esto es simplemente la aplicación de la Política Exterior y ayuda. Aunque sea intervencionismo que promueve la guerra, la violencia y las desapariciones forzadas como métodos de “justicia alternativa” en países sin estado de derecho y sumidos en la corrupción. Es aquí donde está el negocio: según cifras oficiales Estados Unidos triplicó su venta de armas en 2011 y hoy en día controla el 78 por ciento de la venta de armamento en el mundo entero, con un valor de 66.3 mil millones de dólares anuales.
 
Lo que queda claro es que mientras esperamos la discusión sobre el tratado de armas en la ONU, las organizaciones civiles presionan a Washington con argumentos sobre el respeto a los Derechos Humanos, y aunque este tema es central en la discusión, deberíamos denunciar cómo el país de Lincoln se ha convertido en el gran monopolio armamentista del mundo, denunciar que cada guerra que inicia enriquece a fabricantes y fortalece a las cúpulas políticas que se mantienen en el poder gracias a las negociaciones con los que hacen instrumentos para la muerte y el control social.
 
Por el momento, mientras los medios masivos se concentran en un solo discurso, no aparece en las primeras planas lo que nos urge conocer: las operaciones con un valor de 30 millones de dólares aprobadas hace 7 meses en el Congreso de Estados Unidos para entregar armas a Juan Carlos Bonilla en Honduras, jefe de la policía acusado de implementar comandos armados para eliminar a bandas juveniles. Estas masacres son orquestadas con métodos de Inteligencia y estrategia propios del ejército norteamericano. Pura y dura limpieza social. Honduras es el país con el índice mundial más alto en asesinatos, y las armas son eminentemente norteamericanas.
 
Cinco cosas tenemos en común México, Guatemala y Honduras en esta guerra contra el narco: la inteligencia y armas norteamericanas, las desapariciones forzadas y la limpieza social como sucedáneo de justicia; y el asesinato de periodistas que están descubriendo esto.
 
En ese contexto los Cárteles son el socio perfecto de los armamentistas norteamericanos y de nuestros inútiles gobiernos; compran armas y en medio de tanta muerte e impunidad colaboran en la creación de un escenario de desorden y opacidad que impide transparentar la perversidad de los dos grandes traficantes: los de drogas y los de armas. Los primeros son considerados delincuentes, los segundos se creen salvadores de la democracia.
 
 www.lydiacacho.net
 
*Plan B es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC, Canal Matrix HD, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.

Las batallas estudiantiles y magisteriales de 1956 en México

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/por:Pedro Echeverría V.

Las opiniones son responsabilidad del autor y NO necesariamente reflejan la ideologia u opinion de este canal

Las batallas estudiantiles y magisteriales de 1956 en México

1. En 1956, en la Presidencia del jarocho Adolfo Ruiz Cortines (1952-58), se registraron en México varios movimientos sociales importantes: Las escuelas normales rurales, la escuela Nacional de Maestros, la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo y el cierre del internado del Instituto Polítécnico Nacional (IPN), además del inicio del movimiento magisterial, más tarde del MRM othonista. Las Normales Rurales venían desde los gobiernos de Obregón y Calles, pero fue durante el sexenio de Lázaro Cárdenas cuando alcanzaron más apoyo y más fuerza. (A mi aún me tocó estudiar en un internado secundaria cardenista en los años 50) La Escuela Nacional de Maestros de la ciudad de México también tuvo internado que se cerró aquel año; lo mismo la escuela de agricultura de Chapingo y el IPN que fue invadido en la madrugada de 1956 para expulsar a más de tres mil estudiantes y a las más pobres y marginados “gaviotas”.

2. Mi amigo de hace más de 40 años, Marcos Posadas, quien fuera director en los setenta de la Revista Oposición y luego del periódico del mismo nombre, del PCM, con su rica crónica sobre su ingreso a la juventud Comunista de México en Tampico, Tamaulipas, que me leí de un tirón, me acaba de incentivar para hacer una revisión de la luchas de la década de los 50 –particularmente de 1956- que yo había hecho a un lado por subrayar y recalcar los años de la revolución juvenil de los sesenta. Muchos tenemos qué decir de aquellos años en que decidimos nuestras militancias políticas y, al mismo tiempo, nuestras vidas. Además me ha enviado Marcos Leonel un libro de 141 páginas titulado “la Crisis de la Educación en México” que en estos momentos que la CNTE incrementa sus batallas en las calles, me viene como “anillo al dedo”. La realidad es que debo revisar algo de lo escrito o narrado en aquella década para conformar mejor la idea del periodo.

3. La realidad es que hay una enorme bibliografía sobre las distintas etapas del México independiente, particularmente del la Revolución hasta nuestros días. Se ha escrito que las décadas de los 40 y 50, con los gobiernos de Ávila Camacho y Alemán Valdés se da un gran viraje a lo que representó el sexenio de Lázaro Cárdenas que expropió el petróleo, convirtió tierras privadas en ejidos, fundó la Confederación de Trabajadores (CTM) y la Confederación de Campesinos (CNC), además de impulsar un discurso “socialista” alrededor de la educación. Por eso en los dos sexenios: 1940-46 y 1946-52, se recuperó la privatización de tierras, se amplió la inversión extranjera, se dio paso a los mercados externos y se abandonó el campo para impulsar la vida urbana. Con ello cambió de manera automática la orientación de la educación y las políticas que se pusieron en práctica en las Normales, el Poli y la UNAM.

4. El desarrollo industrial y los créditos al sector privado fueron la nueva política promovida sobre todo con la presencia de organismos internacionales de la ONU. Se comenzó a impulsar la política de “sustitución de importaciones” para satisfacer necesidades de la nueva burguesía que buscaba consumir artículos extranjeros y crear una banca privada. Se buscó crear una buena infraestructura en transporte y comunicaciones, así como proteger las inversiones extranjeras con bajos impuestos y exenciones fiscales. Creció la industria manufacturera y de la construcción, siendo al parecer las más dinámicas. ¿Qué pasó con el campo? Se congeló la repartición de tierras, se privilegiaron los créditos a sectores ricos, se consolidó la propiedad privada y se le dio impulso a la agricultura comercial y de exportación. Además se profundizó la corrupción entre funcionarios y líderes agrarios.

5. Recuerdo el texto de la polémica entre Antonio Caso y Lombardo Toledano acerca del papel de la universidad o la educación frente a los gobiernos de México. Mientras Caso (desde la derecha en ese momento) defendía la independencia o la autonomía frente al gobierno, Lombardo pensaba que en un régimen de gobierno como el de Cárdenas (que se autocalificaba de popular y hasta socialista) la educación y la universidad deberían servir (“como el gobierno”) a la clase pobre. La realidad es que tanto los estudiantes del Poli, como los de Chapingo, de las Normales Rurales y la Nacional de maestros, habían manifestado su descontento porque el gobierno, sobre todo a partir de 1954 que se trasladaron a los estudiantes universitarios (cuya matrícula era sólo de 10 por ciento de hijos de obreros y campesinos) de los edificios del centro histórico de la ciudad de México a la imponente y ostentosa Ciudad Universitaria, los reclamos no pararon.

6. Se ha escrito que las “Escuelas Prácticas de Agricultura estallan la huelga en 1956, y seis días después, el 11de abril de 1956, el Instituto Politécnico Nacional. Al movimiento se unen los estudiantes de todas las Escuelas Normales Rurales del país; más tarde el movimiento se generaliza a todas las escuelas superiores gubernamentales. (Martínez; 1983, 202) Organizados a través de la FNET, los estudiantes del IPN presentaron un pliego petitorio de 13 puntos cuyas principales demandas eran: a) Aprobación de una Ley Orgánica y cambio de director del Instituto, b) Construcción de instalaciones y otras demandas materiales; c) Ampliación de las becas. Se dice que la situación del IPN era desesperante: Una cantidad enorme de jóvenes estudiantes que asistían a clases no tenían cupo en el internado, dormían bajo las escaleras de los edificios y comían las sobras de la ración que recibían los becados. El IPN contaba con 3,500 becarios y un internado, al que asistían también 1500 estudiantes ‘gaviotas’, sin becas.

7. Se informaba que el número de estudiantes en Huelga era de más de cien mil; pero el 6 de junio de 1956, las autoridades educativas llegaron a un acuerdo con las direcciones estudiantiles de las escuelas normales rurales y prácticas de agricultura. Que casi todas las demandas planteadas fueron concedidas y la huelga fue levantada. A mediados del mismo mes de junio de 1956 la SEP concedió la mayor parte de las peticiones de la Escuela Nacional de Maestros, logrando que suspenda también el movimiento huelguístico. El gobierno logró con promesas de solución, que de las cinco instituciones claves en huelga, queden sólo dos, el Instituto Politécnico Nacional y la Normal Superior. El movimiento perdió fuerza. El gobierno presentó entonces una propuesta de solución que era demasiado vaga y no respondía a las demandas de los politécnicos. Sin embargo la FNET tiene que aceptarla debido a que el movimiento estaba bastante debilitado.

8. El 21 de junio los estudiantes se vieron obligados a levantan la huelga sin haber logrado la solución a su pliego petitorio, pero mantenían la demanda de que renuncie el director del IPN, doctor Hernández Corzo; se accedió y se nombró a Alejo Peralta como nuevo director. Pero en la madrugada del 23 de septiembre de 1956, “1 800 soldados de los Batallones 2º, 8º y 24º. del Ejército Nacional, al mando de tres generales de división y bajo la supervisión del propio Secretario de la Defensa, ocuparon las instalaciones del IPN. Fueron apoyados por el Cuerpo de Granaderos y por la Policía Judicial”. El internado fue clausurado definitivamente y los apoyos fueron sustituidos por un sistema de becas individuales. (De la Garza; 1986, 18) El gobierno –como siempre lo ha hecho- dividió y venció. Así se acabó con el internado del IPN. (1/IV/13)

Consultar: http://pedroecheverriav.wordpress.com
pedroe@cablered.net.mx

BOLETÍN DE PRENSA: TUDF

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/por:Redacción/BOLETÍN DE PRENSA

LENTOS PERO SEGUROS LOS CAMBIOS EN EL TRANSPORTE, AFIRMAN CONCESIONARIOS DE TUDF

* “Nuestros compromisos están perfectamente definidos. Queremos ser corresponsables, queremos acompañar el proceso, pero necesitamos la sensibilidad de los medios de comunicación y el público usuario”, dijo Jesús Padilla

México, D. F., a 3 de abril de 2013

Tras destacar la falta de una varita mágica en el mundo para solucionar los problemas del transporte, Jesús Padilla Zenteno dijo hoy en representación de los Transportistas Unidos del Distrito Federal (TUDF), que los cambios comprometidos tras la autorización de la nueva tarifa a partir de hoy, serán en el tiempo y la forma como las circunstancias lo ameritan, tras el rezago histórico de más de 20 años. Serán lentos, pero seguros.

“Queremos ser corresponsables, queremos acompañar el proceso, pero necesitamos la sensibilidad de los medios de comunicación y el público usuario de que no podrá ser tan rápido después de muchos años de rezago, pero estaremos pendientes del pleno cumplimiento del convenio”, dijo en el acto en el que se firmaron los 10 compromisos de los transportistas.

En el Salón Independencia del Gobierno del Distrito Federal, Padilla agregó: “Nuestros compromisos están perfectamente definidos en hacer un fondo de ahorro que permita la capitalización y rápida sustitución y modernización del parque vehicular, apostarle a que los compañeros operadores que contratemos tengan más de 23 años y más de cinco años de experiencia o con su licencia; a que porten su uniforme, a que no traigan el sonido a todo volumen y somos los primeros que queremos ser garantes del desarrollo”.

Esta mañana se realizó la firma del convenio en las oficinas del secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, con la presencia del titular de la Secretaría de Transportes y Vialidad, Rufino H. León Tovar y los transportistas Nicolás Vázquez Figueroa, Francisco Carrasco Rodríguez, Encarnación Juárez Rodríguez, José Antonio Sánchez Escalante y Padilla Zenteno.

“Les pedimos prudencia porque esta administración tiene seis años y si hay 20 mil unidades pendientes por renovar, estaríamos hablando de más de 3 mil por año”, agregó.

El dirigente transportista expresó que el cambio en la prestación del servicio, que es donde está el debate, “no es nada sencillo porque es un tema cultural, inclusive hasta la forma en que el usuario percibe el servicio porque se molesta que no paremos donde estira la mano y que no lo bajemos donde pide”.

Así que “en lo que tenemos que dirigir las baterías es a mejorar los esquemas de prestación del servicio. La gente no se queja del costo en el caso del Cero Emisiones, del Ecobús, del Metrobús o los corredores cuando hay un buen servicio. Entonces el debate no debe ser en términos de costos sino en la calidad”.

Por otro lado, dijo que lo que realmente se ha convertido en un lastre no sólo para la ciudad de México, sino para todo el país es la política energética y la política fiscal que implementó el gobierno anterior. Además, criticó que algunas voces del PAN hoy “quieren tomar una bandera nueva cuando nunca se acordaron que el parque vehicular se hacía viejo, nunca se acordaron que en términos de mercado tenemos que ser más competitivos, nunca se acordaron del usuario hasta este momento”.

En la conferencia de prensa del PAN se dijo que hubo un incremento del 30 por ciento y 20 por ciento, “pero nunca se dijo que tenemos un rezago histórico del 154 por ciento y que ahí está el empobrecimiento del sector”. Padilla agregó que tales voces nada dijeron cuando en estados panistas la tarifa subía y hoy se encuentra entre 7 y 8 pesos. “Y tampoco nos han dicho si tienen programas alternos de movilidad como lo están exigiendo”.

Recordó que, por el contrario, hoy 1.5 millones de usuarios se mueven en el Sistema Metrobús y otro tanto se mueve en los sistemas de corredores; “no partimos de cero, en la ciudad hay alrededor de 6 mil 500 autobuses y en el cambio futuro estarán operando alrededor de 13 mil o 14 mil unidades; es decir, que estamos casi a la mitad en términos de sustitución de parque vehicular”.

Finalmente, destacó que “pasar de la informalidad a la formalidad tiene un costo”. Un microbús cuesta hoy 20 mil pesos; bien pagado, 50 mil. Un vehículo nuevo cuesta entre 1 millón 200 y un millón 700 mil pesos. Casi diez veces el valor de sustitución. Además, “nuestros insumos son el diesel y la gasolina. En la medida en que estos aumentan, ponen en riesgo la viabilidad financiera del transporte”.

ACUERDO

ACUERDO SOCIAL DE TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE SUSCRIBE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DE LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, HÉCTOR SERRANO CORTÉS Y DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, LIC. RUFINO H. LEÓN TOVAR; EN LO SUCESIVO “EL PÚBLICO CONCESIONADO DEL DISTRITO FEDERAL, EN LO SUCESIVO “LOS TRANSPORTISTAS”, QUIENES COINCIDEN EN SUSCRIBIR EL PRESENTE AL TENOR DE LO SIGUIENTE:

ANTECEDENTES

En el mes de enero del año en curso, se solicitó a la nueva administración del Gobierno de la Ciudad un aumento emergente en las tarifas autorizadas por causas extraordinarias, debido fundamentalmente al alza en el precio de los combustibles en casi un 60%; además del impacto en los costos directos e indirectos que inciden en la presentación del servicio; aunado a que desde hace más de cinco años no se autorizaba incremento alguno.

En el análisis que realizó la Secretaría de Transportes y Vialidad arrojó un incremento mayor autorizado; por lo que a fin de afectar lo menos posible la situación económica de los usuarios, se conformó una mesa de trabajo y después de diversas reuniones con los concesionarios, se llegó al acuerdo de aumento sólo en un peso la tarifa.

Como consecuencia de lo anterior, “LOS TRANSPORTISTAS” suscribieron con el Gobierno de la Ciudad compromisos para realizar acciones inmediatas y tangibles que mejoren la presentación del servicio a los usuarios; los cuales refrendan a través de la firma del presente instrumento, de acuerdo a los siguientes:

COMPROMISOS

1. Las unidades de transporte público deberán estar en condiciones que garanticen la seguridad de los usuarios.

2. Implementar un sistema de ahorro con un porcentaje del 20% a la tarifa autorizada, a través de un fideicomiso o cualquier otro esquema de ahorro, con la finalidad de que éste sea parte de la capitalización para el financiamiento de la implementación del nuevo esquema de operación, a través de la conformación de empresas.

3. Tener la documentación en regla, incluyendo póliza de seguro vigente que ampare tanto al usuario, como a terceros que se vean afectados en caso de siniestro.

4. Presentar y aplicar un programa de Operación a través de paradas fijas obligatorias por ruta, ramal y derivación.

5. Garantizar que las unidades no porten elementos prohibidos por la normatividad de la materia o que causen molestia a los usuarios, tales como: polarizados, engomados que impidan la visibilidad, rines o escapes deportivos, modificaciones de la cromática autorizada, aditamentos luminosos diferentes a los de fábrica, tanto en el interior como en el exterior de la unidad, uso de celulares, entre otros.

6. Realizar la presentación del servicio sin acompañantes, a fin de evitar distracciones que puedan provocar incidentes.

7. Vigilar que los operadores de las unidades cuenten con una experiencia mínima de cinco años, a fin de que la edad mínima sea de 23 años.

8. Coadyuvar en la aplicación de las sanciones correspondientes, cuando las unidades se vean involucradas en accidentes graves, o resulten personas lesionadas o fallecidas.

9. Establecer un Comité de Vigilancia al Transporte Público Concesionado, integrado por el gobierno y los transportistas, a efecto de dar seguimiento a los puntos anteriores y garantizar a los usuarios un servicio con mejores índices de calidad, comodidad y seguridad.

10. En caso de incumplimiento se harán acreedores a sanciones consistentes en la imposición de multas, remisión de las unidades a los depósitos vehiculares o a la revocación de las concesiones.

La Secretaría de Transportes y Vialidad y el Instituto de la Verificación Administrativa del Distrito Federal, vigilarán en el ámbito de sus atribuciones el cumplimiento del presente acuerdo.

México, Distrito Federal, a los tres días del mes de abril de dos mil trece.

POR “EL GOBIERNO”

POR “LOS TRANSPORTISTAS”