Parte de la presentación de la cantante en Monterrey. Foto: Tomada de video.
MONTERREY, N.L. (proceso.com.mx).- La fracción panista en el Congreso de Nuevo León pidió hoy al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que arreste a la cantante juvenil Miley Cyrus, quien durante el show presentado la noche del martes en la localidad, “se limpió el trasero” con la bandera de México.
La propuesta, aprobada por unanimidad por los demás grupos legislativos, surgió del legislador albiazul Francisco Treviño Cabello, quien se quejó de que la artista le faltó al respeto al lábaro patrio en el primero de los dos conciertos que celebrará en la ciudad en la Arena Monterrey.
En entrevista, el panista se indignó porque la ofensa a la bandera ocurrió precisamente en una de las noches más celebradas por el país: “Aquí en Monterrey, en su primer concierto, en el día de la independencia de México, tuvo la ocurrencia, junto con su bailarín, de ser agarrada a nalgadas con la bandera nacional, para limpiarle el trasero”.
El panista citó el artículo 32 constitucional de la Ley sobre el Escudo, Bandera y el Himno nacionales, que señala que “los particulares podrán usar la Bandera Nacional en sus vehículos, exhibirla en sus lugares de residencia o de trabajo… El particular observará el respeto que corresponde al Símbolo Nacional y tendrá cuidado en su manejo y pulcritud”.
En redes sociales circula un video en el que la cantante, colocada en cuatro puntos, mueve el trasero, mientras uno de los bailarines simula azotar su trasero con una bandera de México, lo que provocó la algarabía de los 14 mil asistentes a la presentación.
En la sesión de hoy, Treviño explicó el incidente:
“Compañeros diputados, el día de ayer se realizó el primero de dos conciertos de Miley Cyrus en Monterrey, en donde tuvo lugar un hecho que representó una falta al respeto a nuestros lábaros patrios durante su show, cuando uno de los bailarines de la cantante le pegó en su parte trasera con una bandera de México”.
En su punto de acuerdo, expuso que “por lo anterior se solicita que la cantante sea acreedora a una multa de hasta 250 veces el salario mínimo, o con arresto hasta por 36 horas por falta de respeto a los símbolos patrios”.
El legislador albiazul recordó que la intérprete de 21 años, conocida en el mundo por sus shows con alto contenido erótico, con anterioridad también “se mofó” de la bandera de Puerto Rico, durante una presentación en aquel país.
Aseveró el panista que “tenemos el compromiso moral de enseñar desde la casa, desde la familia, valores cívicos para que podamos tener mexicanos íntegros con valores de identidad y patriotismo, debemos luchar y trabajar juntos por la Nación que queremos, y eso se logra con identidad, respeto, amor, lealtad a nuestro México y a nuestros símbolos patrios”.
Además de exhortar a Osorio Chong a sancionar a la intérprete norteamericana, pidió que su personal supervise los conciertos en México de su espectáculo denominado Bangerz Tour, para evitar que ocurran de nuevo “hechos tan denigrantes” contra la bandera.
El panista dijo que respeta la libertad de expresión de cualquier persona aunque aclaró que los artistas pueden manifestar sus ideas, siempre que lo hagan dentro de la ley.
Treviño dijo que su propuesta fue aprobada en el Congreso por las fracciones del PAN, PRI, PRD, PT y Panal.
La intérprete de Wrecking ball tiene planeado presentarse esta noche en el segundo y último concierto en la ciudad.
Mario Luna, vocero de la tribu yaqui. Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F., (apro).- A Mario Luna Romero lo acusan de los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad y robo de vehículo, en agravio de Viviana Bacasegua y Francisco Delgado Romo.
A pesar de que el vocero de la tribu yaqui niega su participación en tales hechos, la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora lo detuvo la semana pasada y actualmente se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social número dos de Hermosillo, en espera de que se defina su situación jurídica.
Desde ese lugar, Luna respondió un cuestionario al diario La Jornada en el que se asegura que no existe argumento jurídico válido para que esté encerrado, por lo que se declaró preso político.
“Es claro y evidente que soy un preso político, porque están violando todos mis derechos políticos, constitucionales y humanos. Me acusan de un delito inexistente, del cual no fui partícipe”, refuta.
Su detención, explica, se inscribe en el contexto de persecución contra quienes luchan por defender su territorio.
“Veo con más claridad y admiro aún más la fortaleza y dignidad de otros luchadores sociales que se encuentran en la misma situación que yo, como (José Manuel) Mireles, de Michoacán; Ernesto Salgado, Juan Carlos Flores y Enedina Rosas, de Puebla, y muchos otros que enfrentan penas injustas”, dijo.
El portavoz de la tribu yaqui que mantiene una férrea oposición a la construcción del acueducto Independencia promovido por el gobernador Guillermo Padrés, advierte a sus compañeros que no deben caer “en el juego perverso” del gobierno de enfocar la lucha en su liberación y descuidar la lucha por el agua y territorio.
Asimismo, responsabiliza a Padrés Elías de lo que pueda sucederle a él y su familia.
El integrante de la autoridad de Vícam, uno de los ocho pueblos que conforman la tribu, considera que su detención se dio en un contexto en el que los gobiernos estatal y federal están enfrascados en una “lucha mediática” en la que ninguno quiere asumir la responsabilidad jurídica, política y social de las acciones corruptas y de omisión que han derivado en malversación de fondos del ejercicio público, acaparamiento y venta de recursos naturales como agua y minerales.
Eso, abunda, sin olvidar los grandes lotes en Hermosillo y demás partes de la sierra sonorense, y “acciones criminales” como los tandeos de agua a la población de la capital del estado.
Al panorama, dice, se añade la publicación de que Padrés Elías construye a la par con el acueducto Independencia, una presa con capacidad de cuatro mil millones de metros cúbicos para su uso particular y mediante la que despoja de agua a la tribu yaqui, “sin un estudio mínimo de impacto ambiental y mucho menos justificación alguna. Y todo ante la complacencia y silencio cómplice de la Conagua, Profepa, Semarnat y demás”.
Por su fuera poco, refiere que está el asunto de la contaminación del río Sonora, que debería abastecer de agua a la ciudad de Hermosillo y sus habitantes.
Y todo ello ocurre mientras se abren tres mil hectáreas de cultivo agrícola y se proyectan desarrollos inmobiliarios con lagos artificiales y parques acuáticos y mientras el gobierno organiza una campaña de “odio racial” contra la tribu yaqui al fabricar escenas criminales para desprestigiar a los defensores del río Yaqui.
Luna considera irónico que se anuncie “una danza de miles de millones de pesos” para callar las protestas de los habitantes de la ribera, del río Sonora, mientras a “los voceros de la tribu yaqui nos persiguen y encarcelan para no cumplir con las resoluciones judiciales que ordenan detener la operación del acueducto Independencia y su posterior desmantelamiento”.
El líder yaqui comentó que desde su llegada al penal ha recibido muestras de apoyo de los internos y desde afuera el Congreso Nacional Indígena (CNI), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y más de 150 organizaciones que integran la Misión Civil de Observación, exigen su liberación inmediata.
La defensa de Mario Luna solicitó la ampliación del término constitucional que vencía este miércoles a las dos de la tarde y se reservó el derecho a declarar. El pasado lunes 15 sus abogados llevaron a declarar al juzgado tercero de lo penal a los testigos que presentó el líder yaqui para hacer constar que no estuvo en el lugar de los hechos que se le imputan.
En tanto, los yaquis de Vicam bloquearon hoy la carretera federal México-Nogales, la única ruta internacional que atraviesa el noreste del país, en protesta por la aprehensión de su líder.
Los inconformes pusieron troncos, piedras y llantas sobre el asfalto para impedir el libre tránsito de todo vehículo automotor incluyendo tráileres, pipas, autobuses de pasajeros y coches particulares. Sólo permitieron el paso a ambulancias y vehículos de emergencia.
Decenas de vehículos quedaron varados sobre la carretera México-Nogales que conecta por tierra las transacciones comerciales del noroeste de México con la costa oeste de la Unión Americana.
STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix HD/Redacción/Con información: Apro/Por: Pablo Ferri Tórtola
Erika Gómez, de 15 años, fue EJECUTADA por un soldado, según una testigo. Foto: Esquire
La revista Esquire México encontró a una de las tres sobrevivientes de la balacera del 30 de junio pasado en Tlatlaya, Estado de México, que dejó 22 presuntos delincuentes muertos. La testigo ofrece una versión muy distinta de la que han difundido el Ejército y la Procuraduría General de la Republica, en el sentido de que los militares abatieron a esas personas en “legítima defensa”. Según la mujer, 21 de esos individuos fueron fusilados aun cuando ya se habían rendido. Con autorización de Esquire México, Proceso publica la investigación de los reporteros de ese medio Pablo Ferri Tórtola y el material de la fotógrafa Nathalie Iriarte. El reportaje es difundido de manera simultánea por el sitio electrónico de dicha publicación mensual.
MÉXICO, D.F. (Esquire).- El pasado 30 de junio elementos del Ejército mataron a 22 presuntos delincuentes –21 hombres y una mujer menor de edad– en una bodega ubicada a un kilómetro de la comunidad rural de San Pedro Limón en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, casi en el límite con Guerrero. La versión oficial, emitida ese mismo día por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dice que los delincuentes atacaron a los militares que patrullaban la zona, que hubo un enfrentamiento entre ambos bandos y que los miembros del Ejército mataron a todos durante el tiroteo. Incluso el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, dijo el 1 de julio que “el Ejército en legítima defensa abatió a los delincuentes”.
Ahora, dos meses más tarde, Julia –su nombre no es el real–, testigo del suceso entrevistada por Esquire México, asegura que fueron los soldados quienes dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron, que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron. En las horas siguientes, afirma, los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron:
“Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”.
En su comunicado del 30 de junio, la Sedena informó que en el suceso se decomisaron 38 armas –25 largas y 13 cortas, además de una granada de fragmentación– y se liberaron a tres mujeres secuestradas. Una de ellas, aunque sus nombres no han sido dados a conocer por las autoridades, era Julia. No obstante, ella afirma que nunca estuvo secuestrada. Sólo un soldado resultó herido, dijo la Sedena.
El enfrentamiento previo dejó al menos dos heridos, dice Julia, quien pidió mantener su nombre en secreto por temor a represalias. Eran una muchacha y un muchacho. El comunicado de la Sedena no informa sobre ningún presunto delincuente herido en la refriega, sólo que todos murieron en el intercambio de disparos. La joven Erika Gómez González, de 15 años, recibió un balazo en la pierna y quedó tirada en el suelo, de acuerdo con Julia. La testigo afirma que minutos más tarde los soldados la remataron: “La mataron ahí mismo y también al muchacho que estaba al lado de ella. A él lo pararon de este lado y lo mataron, después se pusieron los guantes y lo volvieron a acomodar como estaba. Se pusieron guantes para agarrarlo. Lo pararon y lo mataron. Con ella hicieron lo mismo. A ella no la pararon porque no podía caminar”.
Cuando la hirieron en la pierna, continúa Julia, Erika cayó boca abajo. La testigo dice que trató de ayudarla pero los militares se lo impidieron. En vez de eso la voltearon y le dispararon en el pecho, según la testigo. Luego se pusieron unos guantes y la dejaron boca abajo, como estaba antes de rematarla, según Julia. El certificado de defunción, al que Esquire México tuvo acceso y del que posee una imagen, indica que el motivo de la muerte fue un balazo en la “cavidad torácica”. Erika recibió al menos un disparo en el pecho.
Uno de los médicos que vio el cadáver entre que llegó al Servicio Médico Forense (Semefo) de Toluca, el lunes 30 de junio, y fue enterrada en su pueblo el viernes siguiente, dijo a Esquire México que la bala le perforó el corazón y un pulmón a Erika y que eso fue “un tiro de gracia”. El médico pidió que su nombre no aparezca publicado por temor a represalias. Esquire México también tiene en su poder fotografías del cadáver de la menor de edad, donde se constata que tiene al menos dos agujeros ocasionados por disparo de arma de fuego.
El director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, pidió hace tres semanas que se esclarecieran los hechos y se considerasen “adecuadamente las evidencias que señalan que militares habrían actuado de manera irregular”. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos pidieron transparencia en las investigaciones.
El 8 de julio un reportaje de la agencia informativa estadunidense The Associated Press cuestionó que todos los presuntos delincuentes hubiesen muerto durante el enfrentamiento y señaló que la fachada de la bodega sólo presentaba agujeros de entrada de seis disparos. “La bodega donde se encontraron los cuerpos mostraba pocas evidencias de que se hubiese mantenido un tiroteo largo”, decía la nota. Igualmente indicaba que en las paredes, por dentro, había cinco marcas que seguían el mismo patrón: uno o dos agujeros de bala cercanos junto a una salpicadura de sangre, “aparentando que algunos de los muertos estaban de pie contra la pared y recibieron uno o dos disparos a la altura del pecho”.
El 15 de julio la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) emitió un comunicado al respecto: “No existieron disparos a corta distancia; el intercambio de disparos fue proporcional; de acuerdo a la trayectoria de los proyectiles y la posición en que fueron hallados los cuerpos, [no existe] indicio alguno sobre una posible ejecución”.
La PGJEM reveló además que había practicado una prueba de balística según la cual los 22 fallecidos habían efectuado disparos. Esquire México habló con el departamento de prensa de la PGJEM sobre la versión de la testigo, el cual contestó que la PGR se hizo cargo de la investigación “a los pocos días del suceso” y que por ese motivo no puede realizar declaraciones al respecto.
El departamento de Prensa de la Procuraduría General de la República señaló a Esquire México que ésta es una investigación en proceso, por lo cual no puede brindar información, aunque señaló que hay dos personas consignadas por ese caso, cuyas identidades no puede revelar ni los delitos por lo que están siendo investigadas. Esquire México también contactó desde el lunes 15 de septiembre a la Sedena para contrastar la información de la testigo, pero hasta el momento de la publicación de esta nota no ha recibido respuesta.
Erika Gómez González, la menor de edad que murió en la bodega, era vecina de Arcelia, un municipio de la Tierra Caliente de Guerrero con 32 mil 181 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Vivía con su mamá en casa de su abuela materna y cursaba tercero de secundaria en la Escuela Técnica Industrial número 134.
Arcelia y Tlatlaya son municipios vecinos. Una carretera bacheada cruza de Guerrero al Estado de México y pasa a pocos metros de la bodega donde tuvo lugar el suceso, a un kilómetro de la comunidad de San Pedro Limón. Es una zona aislada. Del Distrito Federal a Arcelia son seis horas de autobús. La ciudad más cercana, Iguala, también en Guerrero, apenas cuenta con 120 mil habitantes.
Vecinos de la zona que pidieron que no se revelara su identidad explican que Arcelia es bastión del cártel de La Familia, igual que Tlatlaya. Dicen que Johnny Hurtado, alias El Señor Pescado, es quien lidera la organización en la zona después de la aprehensión de José María Chávez, alias El Pony, el pasado 2 de julio en Guanajuato.
En los pueblos y las comunidades que figuran en los 130 kilómetros que separan Iguala de Arcelia –San Miguel Totolapan, Apaxtla, Teloloapan, Tonalapa– el enfrentamiento entre grupos delincuenciales y de éstos con las fuerzas de seguridad es constante. El pasado 7 de agosto las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un policía ministerial en Teloloapan y cuatro cuerpos más en una fosa en San Miguel Totolapan.
Tres días antes el alcalde de Teloloapan había recibido un impacto de bala en el pecho. En abril, un marino y dos sicarios murieron en un enfrentamiento en Apaxtla, y en junio ocurrió lo de Tlatlaya.
En abril del año pasado las procuradurías de ocho estados del centro del país, entre ellos Guerrero y el Estado de México, firmaron un acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) para hacer frente a la delincuencia. El programa interestatal Escudo Centro aúna esfuerzos desde entonces para “prevenir el delito” y “realizar operativos conjuntos”. Igualmente, en abril de 2014 el Estado de México puso en marcha el Operativo de Seguridad Mexiquense para frenar la delincuencia.
Declaraciones de vecinos de la zona recogidas por Esquire México y aparecidas en otros medios desde el suceso de Tlatlaya difieren sobre el motivo que condujo a los 22 a la bodega.
Julia asegura que llegó allí el 29 de junio a eso de las diez de la noche. Venía de Arcelia, a 38 kilómetros de la bodega. La mujer explicó a Esquire México la razón de que acudiera a aquel sitio; sin embargo, difundirla la pondría en riesgo. Dice que dentro había dos carros blancos, cruzados, y que luego llegó otro. No recuerda el color del tercer vehículo. Afuera llovía. Julia piensa que quizá se refugiaron allí del agua.
Cuando llegó, Julia vio a Erika Gómez González, la menor de edad muerta en estos hechos, vestida con “un pantalón negro y una sudaderita negrita”. Como “a las tres de la mañana”, según Julia, uno de los presuntos delincuentes que había salido de la bodega volvió corriendo porque había visto un grupo de soldados. En pocos minutos los militares alumbraron el galpón con un reflector, empezaron a disparar y exigieron a los otros que se rindieran. Los de dentro respondieron con disparos y se escondieron entre los coches.
En una de las ráfagas murió un muchacho dentro de la bodega, de acuerdo con lo dicho por Julia. Después hirieron a Erika y a otro muchacho. Julia afirma que todos los presuntos delincuentes eran muy jóvenes. The Associated Press recogió declaraciones de empleados del Semefo del Estado de México que aseguran que la mayoría de los muertos tenían entre 16 y 24 años.
La Sedena informó en su comunicado que después del enfrentamiento los soldados liberaron a tres mujeres secuestradas. Julia constató que dentro de la bodega había dos mujeres además de ella. Dice que las otras dos ya estaban allí cuando ella llegó y que ambas eran de Arcelia. Ella niega haber sido secuestrada. Durante el enfrentamiento los muchachos pensaron en simular el secuestro de las dos mujeres y de dos de ellos. Julia recuerda que los muchachos ataron a las mujeres a fin de simular el secuestro y que ellas empezaron a gritar “¡No nos maten, no nos maten, estamos secuestradas!”. Finalmente el grupo se rindió. Durante el enfrentamiento, Julia se escondió en uno de los carros.
La Sedena dijo que el enfrentamiento empezó a las 5:30 de la mañana del lunes. Julia dice que empezó como a las 3:00 de la mañana y que duró unos 30 minutos. La rendición habría tomado media hora más. En las siguientes dos horas después de la rendición, calcula Julia, los soldados mataron a 19. Cuando ya estaba amaneciendo –como a las 7:00 de la mañana, dice Julia– mataron a los dos hombres que habían fingido el secuestro. Las mujeres fueron detenidas, al igual que Julia, y hasta el momento se desconoce el paradero de las otras dos.
Julia asegura que estuvo retenida una semana, primero en dependencias de la PGJEM en Toluca y luego en el Distrito Federal, en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), después de que la Procuraduría General de la República atrajera el caso. La testigo dice que desde que salió de la bodega el lunes por la mañana hasta que la liberaron el domingo siguiente, funcionarios de la Marina, la PGJEM y la SEIDO la coaccionaron para que dijera que los muertos eran delincuentes. Julia añade que le hicieron firmar muchos documentos y no le dieron copia de ninguno, que durante los tres primeros días no le dieron de comer y que, incluso, mientras estaba en las instalaciones de la PGJEM en Toluca, la fotografiaron junto a las armas incautadas en la bodega.
Cuando finalmente la soltaron y pudo volver a Arcelia, algunos de los muertos descansaban ya bajo tierra. Otros aún aguardaban en el Semefo de Toluca a que sus familiares fueran a buscarlos.
El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Foto: Tomada de Twitter
PUEBLA, Pue. (apro).- El Movimiento Alternativa Social (MAS) denunció que el gobierno de Rafael Moreno Valle recurrió al acarreo de colonos y a la contratación de grupos de choque para evitar manifestaciones de repudio en su contra durante la ceremonia del Grito de Independencia.
Ricardo Jiménez, dirigente del MAS, explicó que grupos integrantes del colectivo “Puebla de Luto” harían una manifestación en contra del gobierno poblano durante el festejo; sin embargo, desistieron al enterarse de las estrategias que instrumentó Moreno Valle.
“Algunos compañeros nos informaron que operadores del gobierno anduvieron en las colonias contratando a gente para conformar un grupo de provocadores, para actuar si observaban grupos de movimiento social que se manifestaran durante el Grito. Por ello, tomamos la decisión de suspender todo”, aseguró.
Agregó que fue notorio que el gobierno poblano acarreó familias enteras de colonias del sur de la ciudad, como la San Ramón, Agua Santa y Guadalupe Hidalgo, entre otras, para copar el zócalo.
Los acarreados fueron trasladados al centro histórico en camiones que se estacionaron en la zona de Analco. Fueron fácilmente identificados, incluso por la prensa, pues llevaban impermeables azules con los logotipos del Gobierno de Puebla.
Además, tuvieron un trato privilegiado para pasar por los puntos de revisión que colocó el gobierno estatal a la redonda, en un operativo de seguridad en el que participaron alrededor de cinco mil policías.
“Moreno Valle tuvo miedo a la protesta y, lamentablemente, las festividades de los poblanos fueron arrebatadas por sus intereses”, dijo el dirigente del MAS.
Aclaró que “mucha gente que normalmente asiste a estas festividades tuvo que regresarse a su casa porque ya no pudieron entrar al zócalo luego de que el gobierno lo copó con acarreados”.
Ricardo Jiménez acusó que los operadores del gobierno llevaron gente de colonias y municipios vecinos con la oferta de que los trasladarían gratis y les darían antojitos mexicanos. La única condición: aplaudir con fuerza al gobernador Rafael Moreno Valle.
Para acompañar la ceremonia del Grito de Independencia, el gobierno poblano contrató a Miguel Bosé, Edith Márquez, Tania Libertad, Eugenia León, Guadalupe Pineda, Yuri, Lila Downs, Adrián Uribe, Belanova y La Sonora Dinamita. El costo de estas presentaciones no fue revelado por el gobierno de Moreno Valle.
El dirigente del MAS aseguró que todo el operativo dejó en evidencia que “en el gobierno de Moreno Valle todo es simulación y montajes para evitar que se manifieste el descontento social que priva contra su gobierno. Hasta las festividades populares las tiene secuestradas”.
XALAPA, Ver. (apro).- El desfile conmemorativo por los 204 años del inicio de la Guerra de Independencia se vio empañado en este municipio por la protesta de familiares y amigos de cinco jóvenes desaparecidos desde el pasado 2 de septiembre en un tramo carretero entre Cosoleacaque y Minatitlán.
Esther Alcántara Alvarado, madre de Natanahel Fernández Alcántara –uno de los cinco desaparecidos–, aseguró que su hijo y los otros jóvenes fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Armada de México y que fueron sometidos a golpes y tortura sicológica.
“Sólo quiero que me lo regresen vivo”, clamó hoy durante la protesta pública que hizo con familiares y amigos de Natanahel.
Además de Fernández Alcántara, los otros desaparecidos son: José Armando Jiménez de la Cruz, Erik Leobardo Solís López, Miguel Ángel Ángeles Manzano y Heber Arturo Castillo.
La mujer narró que en días pasados encontró en su domicilio un sobre amarillo anónimo con fotografías y anuncios que revelaron la desaparición forzada de los jóvenes a manos, presuntamente, de policías estatales y marinos.
En el paquete había, agregó, fotografías en las que se observa a los jóvenes recargados en una pared mugrosa, visiblemente sucios y con hematomas de golpes en brazos, rostro y cuerpo.
Las imágenes iban acompañadas de un mensaje anónimo hecho en hojas recortadas del periódico, en el que se acusó a los altos mandos de la SSP como los autores de la desaparición forzada.
Por este hecho, los familiares de Natanahel interpusieron el amparo 910/2014 ante el Juzgado Décimo de Distrito, para que el Mando Único lo presente vivo.
“Si lo van a acusar de algo, si es un delincuente, que lo acusen, pero por favor que me lo regresen vivo. En las fotos me lo tienen con la nariz para un lado y la cabeza inflamada de los golpes. Ya que lo presenten y lo dejen de golpear”, reprochó Alcántara.
La madre aseguró que ya buscó a su hijo por toda la ciudad, en hospitales, en el cuartel de la policía, en la central de autobuses; pero hasta hoy no hay rastro de él.
Ni la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ni la SSP le han dado una respuesta o versión de los hechos, pese a que desde el fin de semana, los familiares de los jóvenes desaparecidos han intensificado sus manifestaciones.
“No me importa que me lo acusen de delincuente, que me lo quieran empapelar como chivo expiatorio. No me importa nada ya, sólo que me lo regresen vivo”, imploró Esther Alcántara Alvarado.
El pasado 11 de septiembre, los familiares de los desaparecidos se manifestaron afuera del Mando Único en Coatzacoalcos para exigir el regreso de sus hijos con vida.
MÉXICO, D.F., (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación –34/2014– a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) por la muerte de un interno con VIH que se encontraba recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial localizado en el municipio de Ayala, Morelos.
En un comunicado, el organismo precisa que el 10 de noviembre de 2012 el interno, cuya identidad se reservó, fue trasladado del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 5 “Oriente” en Villa Aldama, Veracruz, donde recibía tratamiento antirretroviral, al 11 “CPS Sonora”, en la ciudad de Hermosillo.
Sin embargo, en este último centro de reclusión federal no le administraron el retroviral requerido, bajo el argumento de que personal del servicio médico carecía de los medios necesarios para brindarle atención médica especializada para sus padecimientos de VIH y Virus del Papiloma Humano, por lo que se emitió la conciliación correspondiente, misma que fue aceptada por la autoridad respectiva, aunque su cumplimiento no se materializó.
Derivado de ello, prosigue la CNDH, “se acordó la reapertura del expediente CNDH/3/2013/704/Q, iniciándose el diverso CNDH/3/2013/5573/Q. Del análisis lógico jurídico se advirtió que se vulneraron los derechos humanos del agraviado, a la vida, protección de la salud, trato digno y seguridad jurídica”.
En su recomendación, la CNDH solicita a la CNS, entre otras dependencias, que se repare el daño ocasionado a los familiares del agraviado, “derivada de la inadecuada atención médica que se le brindó; que previo al traslado de algún interno se realice un estudio del expediente clínico-criminológico, y evitar que personas con padecimientos o enfermedades graves sean trasladados a lugares donde no se cuente con los materiales, personal, medicamento y equipo para su cuidado”.
Además, el organismo de derechos humanos solicita el inicio e integración de la averiguación previa por tales hechos, y que se determine el pronunciamiento del Órgano Interno de Control en el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (OADPRS), iniciado en contra del personal involucrado, así como para que se adopten las medidas necesarias, “a efecto de que en lo subsecuente se dé cabal cumplimiento a los acuerdos de conciliación”.
STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix HD/Redacción/Con información: Apro/Por: Juan Alberto Cedillo
Casas de Allende, Coahuila destruidas por los Zetas. Foto: Víctor Hugo Valdivia
SALTILLO, Coah., (proceso.com.mx).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) asegura que “desde hace meses” investiga la masacre cometida en el municipio de Allende; sin embargo, autoridades locales desmienten al organismo, al sostener que lleva apenas quince días en el asunto.
Hace unos días, Raúl Plascencia Villanueva, titular de la CNDH, ofreció una rueda de prensa en la que aseguró: “El caso de Allende lo estamos investigando. Llevamos meses recabando testimonios, recorriendo el lugar, pidiendo información a las autoridades”.
No obstante, el alcalde Reynaldo Tapia desmintió esta versión, al asegurar que hace apenas 15 días los visitadores se pararon por primera vez en el municipio.
Además, una carta de la dependencia fechada recientemente también desacredita lo dicho por Raúl Plascencia, ya que menciona que anteriormente no investigaron los crímenes debido a que era “un asunto local”.
Raúl Plascencia aseguró que en el caso de Allende no existe aún certeza de la cantidad de personas desaparecidas. “Hay versiones que hablan de 300 personas y otras más señalan el número de personas no localizadas en poco más de 50”.
Se le cuestionó si la CNDH investigará la omisión por parte de las autoridades estatales o federales al ocultar por cerca de dos años información de la masacre. “No corresponde a la CNDH determinarlo”, respondió.
La versión de Raúl Plascencia fue desmentida por el alcalde de Allende, Reynaldo Tapia. “Hace apenas 15 días que los visitadores de la CNDH se pararon por primera vez en el municipio”, reveló en entrevista.
Tapia mencionó que en esa ocasión se entrevistó con los visitadores, quienes lo interrogaron sobre lo ocurrido en Allende en marzo de 2011. “Los llevamos a hacer un recorrido por las casas semi destruidas”, precisó el alcalde.
Reynaldo Tapia informó que la semana pasada tenía programada una entrevista con Raúl Plascencia Villanueva en la ciudad de México, la cual no pudo concretar por su apretada agenda durante su estancia en el DF.
Por su parte, el diputado Edmundo Gómez Garza también rechazó que la CNDH tenga “meses investigando el caso de Allende” y calificó de cínicas las declaraciones de Raúl Plascencia.
“A él le importa más su puesto y reelegirse, que lo que está pasando con la población”, aseguró Gómez Garza, diputado local por el Partido Acción Nacional.
Gómez Garza comentó que envió una misiva a la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuestionando por qué no había intervenido y guarda silencio sobre la masacre.
La respuesta del organismo que preside Raúl Plascencia Villanueva fue dada el 30 de junio pasado. Le señalaron que no indagaron los crímenes porque era un asunto de “carácter local” y sugirió al diputado acudir “a la Comisión Estatal de Derechos Humanos ubicada en el Boulevard Venustiano Carranza No 1632, Col República Poniente de Saltillo”.
“Me dijeron que no es de su competencia, y que no tiene conocimiento sobre el crimen cometido en cientos de personas en la población de Allende”, señaló el diputado en entrevista con Apro.
“Y ahora (la CNDH) se desdice y asevera que se está investigando desde hace meses, lo único que hace es confirmar que se burla de los familiares, coahuilenses y de toda la sociedad mexicana”, enfatizó Edmundo Gómez.
“Lástima que tan digna institución tenga al frente tan lamentable representante, quién tiene una pésima actuación, llena de halagos y zalamerías a gobernantes con el fin de obtener beneficios personales como su reelección, sin hacer algo por las víctimas directas e indirectas de acciones violentas. Prueba de ello es lo sucedido en Coahuila y San Fernando, Tamaulipas”, concluyó Gómez Garza.
El caso irá a la Corte de La Haya
Organizaciones civiles y familiares pretenden llevar el caso ante la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya. Lo anterior, después de que otras asociaciones hicieran lo propio con los crímenes de lesa humanidad cometidos en Baja California durante el sexenio pasado.
En marzo de 2011, la organización criminal “Los Zetas” cometió una serie de asesinatos en Allende, Nava y Piedras Negras, Coahuila.
La tarde del 18 de marzo de 2011 arribaron a Allende, poblado de unos 22 mil habitantes, cerca de 40 camionetas con hombres armados y encapuchados que cerraron los accesos por carretera. Atacaron al menos 10 residencias de las familias Garza Gaitán y Moreno Villanueva para llevarse cerca de 80 personas, entre mujeres, ancianos y niños. Fueron apoyados y protegidos por alrededor de 40 policías municipales que estaban en su nómina.
Los sicarios encabezados por el lugarteniente tamaulipeco “Comandante Flacaman” regresaron en varias ocasiones. “Levantaron” a más familias, incluso trabajadores y empleados domésticos de los Moreno y Villanueva. “En total se llevaran cerca de 300 personas”, dijo el actual alcalde Reynaldo Tapia.
Decenas de personas privadas de su libertad fueron llevadas por los sicarios a un rancho propiedad de la familia Garza Gaytán, ubicado en el kilómetro siete de la carretera Allende-Villa Unión.
Los sicarios provenientes de Tamaulipas también realizaron una limpia al interior de su organización. Asesinaron a más de 100 de sus miembros en la región. La Procuraduría de Justicia de Coahuila tiene documentado que los cadáveres fueron incinerados en una “narco cocina” que operaba en el interior del Cereso de Piedras Negras.
El crimen tuvo la complacencia de autoridades municipales que proporcionaron a los sicarios la ubicación de las residencias de integrantes de las familias Moreno Villanueva y Garza Gaytán. También de efectivos del Ejército que vigilaban la región -apostados en la garita del kilómetro 53 de la carretera 57- y que no detectaron y dejaron pasar a decenas de camionetas provenientes de Tamaulipas con hombres armados; así como de las autoridades estatales y federales, que mantuvieron ocultos los crímenes durante de dos años.
El inmueble «inexistente» de Los Pinos. Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Siete fueron las respuestas negativas que la Presidencia dio a otras tantas solicitudes de información presentadas de diciembre de 2012 a 2014, sobre las remodelaciones y construcciones realizadas en Los Pinos a partir de que Enrique Peña Nieto tomó posesión como presidente de la república.
La primera fue hecha el 11 de diciembre de 2012 (remodelaciones), la segunda el 2 de mayo de 2013 (remodelaciones), la tercera el 28 de mayo de 2014 (fecha de llegada de Peña Nieto a Los Pinos), la cuarta 30 de junio de 2014 (construcción de edificio para el despacho del jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño), la quinta el 30 de junio de 2014 (remodelaciones) y sexta y séptima el 1 de julio de 2014 (muebles y redecoración).
La solicitud quinta fue respondida apenas el 9 de septiembre pasado.
En algunas solicitudes la Presidencia sugirió consultar otras respuestas dadas, pero en todas se niegan las remodelaciones y solo se da información de las remodelaciones hechas durante el sexenio de Felipe Calderón.
En la edición 1976 de la revista Proceso, actualmente en circulación se publicó el reportaje titulado La opaca remodelación de Los Pinos, del que a continuación reproducimos un fragmento.
Son obvios los cambios en Los Pinos, la casa oficial de Enrique Peña Nieto y su familia pero que paga el pueblo: se trata de transformaciones profundas que hasta se han publicado en fotografías oficiales y en una revista de modas. Las remodelaciones de la residencia del mandatario son manifiestas, pero el Ejecutivo las niega una, dos, tres… seis veces, correspondientes a sendos requerimientos de información para averiguar cuánto dinero público se ha usado para reconvertir la residencia Miguel Alemán así como las famosas “cabañas de Fox”. La respuesta fue la misma: no hay remodelaciones, no hay información. Es decir, la opacidad, la cerrazón, el autoritarismo…
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Con la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia, la Residencia Oficial de Los Pinos sufrió profundas transformaciones: Fue redecorada y remodelada e incluso hay nuevas construcciones. Pero el Ejecutivo trata de ocultar esos cambios y se niega a dar cuentas sobre los recursos públicos erogados.
Los gastos de remodelación, construcción y menaje en Los Pinos durante los dos sexenios panistas, habitualmente escandalosos, al menos mostraron indicios de transparencia. Ahora no.
Cuando Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y los seis hijos de ambos se convirtieron en la familia presidencial, la residencia Miguel Alemán (dentro de Los Pinos) fue transformada radicalmente: de albergar oficinas se convirtió en su hogar. Se remodeló para adecuar los espacios y hacerlos recámaras, baños, vestidores y estancias, y además se le quitó al inmueble el estilo mexicano contemporáneo para hacerlo un palacete afrancesado.
En respuestas oficiales a seis solicitudes de información presentadas por esta reportera entre noviembre de 2012 y el pasado martes 9, reiteradamente la Presidencia negó que hubiera remodelaciones, construcción, nuevo menaje o redecoración en Los Pinos.
Pese a que Peña Nieto y su esposa han hecho públicos los cambios en la casa Miguel Alemán en fotografías oficiales y en revistas de modas, y no obstante que una nueva edificación es visible desde la avenida Parque Lira, la Dirección General de Finanzas y Presupuesto, el Estado Mayor Presidencial y la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Presidencia lo niegan todo.
El izamiento de la bandera en el Zócalo capitalino. Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (apro).- El desfile militar por la Independencia de México que encabezó por primera vez la Marina Armada de México quedó empañado por la caída de la bandera monumental al momento de izarla.
La Marina-Armada de México había llegado con la moral en alto a las celebraciones del 204 aniversario de la Independencia al tener el aval del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Enrique Peña Nieto, para dirigir por primera vez en la historia de México la parada militar, en un desplazamiento más del Ejército.
Con el argumento del 100 aniversario de la defensa del puerto de Veracruz por parte de la Marina durante la invasión de Estados Unidos a México en 1914, la Armada se propuso un desfile militar para el lucimiento de su preparación y equipamiento, y de paso enmarcar dos instrumentos de gobierno de Peña Nieto: la Gendarmería y la Cruzada Nacional contra el Hambre.
El jefe del Estado Mayor, responsable de la operación de la Armada, el vicealmirante Joaquín Zetina Angulo, fue designado el comandante del desfile, con lo que el jefe máximo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, hacía un reconocimiento público a los marinos en sus tareas de seguridad, superiores a las del Ejército en años recientes.
En sus fastos, la Marina decidió que una mujer de la Armada portara la bandera insignia al inicio del desfile, algo impensable aún en el Ejército.
El vicealmirante Zetina tuvo tiempo para la preparación de la parada castrense. Aunque apenas a principios de mes se hizo público que sería el comandante del desfile militar, desde julio pasado en los círculos militares se sabía que los soldados serían comandados por un marino con experiencia operativa y administrativa.
Era la oportunidad del lucimiento del secretario de la Marina, Armada de México, el almirante Vidal Soberón Sanz, involucrado en las operaciones contra el narcotráfico desde el sexenio pasado, cuando las fuerzas especiales de la Armadas empezaron a salir de su ámbito natural y a operar en zonas continentales, en una inspiración de los marines estadunidenses.
Pero una falla ostensible en el primer acto del desfile acabó con la fiesta de la Marina. Al momento de izar la bandera monumental, el mayor de los símbolos para los militares, se vino abajo. La escolta militar encargada del izamiento en el asta del Zócalo capitalino quedó rebasada cuando se desprendió el lábaro apenas comenzaba a subir.
Los representantes de los poderes del Estado se quedaron congelados en su saludo a la bandera. El presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Juan Silva Meza, y los presidentes del Senado, Miguel Barbosa, y de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, veían los afanes de los abanderados.
El himno nacional terminó y se hizo un silencio. Las bandas de guerra no podían seguir con el programa. Los representantes de los poderes siguieron con el saludo hasta que los militares cambiaron la bandera monumental por una más pequeña.
Pasado el trance, Peña Nieto pasó revista a las Fuerzas Armadas en el vehículo militar blindado de nombre maya “Kitam” o “5 Estrellas”, de fabricación mexicana, que hace alusión a las cinco estrellas reservadas al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas mexicanas.
Después, Peña Nieto caminó con los jefes de las Fuerzas Armadas al Palacio Nacional. Durante todo el trayecto se dirigió al secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos. En ningún momento volteó hacia el almirante Soberón.
El general Cienfuegos era quien había quedado bien con el vehículo fabricado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Ahora los marinos eran los desmoralizados.
Su primer desfile militar quedó marcado por un error impensable. Fue a la vista de todos. La televisión tuvo que desviar las imágenes del izamiento hacia distintas panorámicas de la plancha del Zócalo, concentrándose en los mosaicos históricos que formaban con paletas de colores más de 4 mil efectivos castrenses.
Testigos de la vergüenza local fueron las delegaciones internacionales invitadas por la Marina, escuelas navales de Estados Unidos –protagonistas de la invasión a Veracruz en 1914–, Argentina, Belice, Brasil, Colombia, Chile y Perú.
Al final, en su parte de actividades al presidente de la República, el comandante del desfile reportó “sin novedad”.
También refirió la participación de 21 mil 41 elementos. De ellos, 15 mil 852 fueron del Ejército, la Marina, Fuerza Aérea, Policía Nacional, Asociación Nacional de Charros y Federación Nacional de Charrería. Los otros 4 mil 595 participaron en la formación de los mosaicos y 238 fueron los militares extranjeros invitados.
Además se exhibieron 157 unidades terrestres, 10 embarcaciones y 57 aeronaves, pero el clima también impidió, como en otros años, que la celebración encabezada por la Marina iniciara con el lanzamiento en paracaídas sobre la plancha del Zócalo.
La Biblioteca Central de la UNAM. Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F., (apro).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cayó al lugar 175 del QS World University Rankings, luego de perder 12 posiciones respecto del sitio que obtuvo en 2013.
Por su parte, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) avanzó 26 lugares, al pasar del lugar 279 al 253.
El Massachusetts Institute of Technology (MIT) se colocó nuevamente en el primer sitio del QS World University Rankings, que evalúa la calidad de la investigación y la docencia, y el grado de internacionalización de cada centro universitario, entre otros indicadores.
Londres, la capital británica, es la metrópoli con el mayor número de universidades de prestigio a nivel mundial, con cinco de ellas entre las mejores 100 del mundo.
En segundo lugar se ubicaron Cambridge y el Imperial College London, mientras que la Universidad de Oxford y University College London (UCL) empataron en quinto.
Las mejores universidades del mundo son estadunidenses: la de Harvard se colocó en cuarto lugar y la de Stanford en el séptimo, en tanto que el Instituto de Tecnología de California, Caltech, obtuvo el octavo sitio, Princeton el noveno y Yale el décimo.
La universidad Latinoamérica mejor calificada es la brasileña Universidad de Sao Paulo, que ocupó el escaño 132, seguida de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con el 167.
De acuerdo con la metodología utilizada en la lista mundial se recolectó información basada en la reputación académica, empleo para graduados, proporción de estudiantes respecto al número de maestros en cada escuela o Facultad, calidad de la investigación (número de estudios publicados por Facultad) y diversidad internacional.
El objetivo principal del estudio anual publicado desde 2004 es “ayudar a los estudiantes a comparar entre sus opciones de estudio a nivel internacional” con 800 universidades en el mundo, de acuerdo con QS. Las mejores 400 obtuvieron una clasificación y el resto fueron agrupadas dentro de grupos de diez.
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