Los ataudes de Magdalena y Elías Reyes Salazar frente a la Fiscalía General de Chihuahua en febrero de 2011. Foto: Ricardo Ruíz
CHIHUAHUA, Chih. (apro).- La adversidad persigue a la familia Reyes Salazar en su exilio obligado al estado de Texas, luego de las amenazas de muerte recibidas por parte del crimen organizado en esta entidad.
Marisela Reyes, cabeza de una de las 10 familias que tuvieron que solicitar al gobierno estadunidense asilo político, luego de que cuatro de sus hermanos fueron asesinados y dos más fallecieron por enfermedad, teme perder las 20 propiedades que posee en el municipio de Guadalupe, en el Valle de Juárez, una de las zonas ricas en gas shale.
“Ahora sabemos que el presidente municipal que entró, anda viendo que no hemos pagado predial, pero abandonamos por seguridad. Nos han dicho que anda moviendo para recoger esas propiedades, quieren agarrarlas y venderlas o darlas a gente del pueblo, estamos viendo quién nos ayuda a arreglar eso”, dice.
Sin embargo, no descarta que se trate de una estrategia para despojarla de sus propiedades. Cuenta que cerca del puente internacional Guadalupe-Tornillo, actualmente en construcción, se encuentra San Jerónimo, donde empresarios como Eloy Vallina Lagüera ha comprado tierras, con el apoyo del exgobernador Patricio Martínez García.
“Por la carretera que va a bajar hasta Ojinaga, cerca del nuevo puente, están las propiedades de mi hermana Ruth, la mayor. Van a tener que tumbar ahí y se van a adueñar. El gobernador Duarte le prometió a mi mamá (Sara Salazar) que iba a ayudar… en la ciudad de México le dijo que iba a ver la negociación para vender porque sabemos que nosotros no vamos a volver”, asegura.
De acuerdo con datos de la presidencia municipal de Guadalupe Distrito Bravos, la violencia ha desplazado a cerca de 16 mil personas, ahora sólo permanecen 2 mil 500.
Sin respuesta de la CNDH
En diciembre del año pasado, cuando la familia Reyes Salazar conoció la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre los siete asesinatos de sus familiares, del desplazamiento forzado del resto de la familia y de las diversas violaciones que sufrieron en sus derechos fundamentales, volvieron a tener esperanza.
Ahora, sin embargo, no les toman ni la llamada telefónica.
Desde Texas, Marisela Reyes Salazar recuerda la resistencia de la familia a dejar su tierra natal, a pesar de las múltiples amenazas de muerte.
Primero se trasladaron al Distrito Federal y hasta allá llegaron las amenazas. Después de esa experiencia, decidieron solicitar asilo político al gobierno estadunidense y se instalaron en Texas, donde actualmente residen 40 familiares.
“La mayoría ya tiene asilo, algunos tienen residencia permanente porque después de un año, aplicaron. Ha sido difícil porque mucha gente no podía entender por qué había mexicanos pidiendo asilo. Es duro porque fuimos discriminados en las mismas oficinas de Estados Unidos. Llegamos con lo que traíamos puesto y con miedo de lo que iba a pasar. No traíamos actas de nacimiento y no había nadie allá (en Guadalupe) que nos las enviara”, recuerda Marisela Reyes.
En las oficinas de migración les advertían que si no los aceptaban como asilados, jamás podrían pasar de nuevo a Estados Unidos.
Para lograr su cometido, contaron con la ayuda de un amigo personal de la familia y de Alan García, coordinador de la unidad jurídica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
El primero en obtener el asilo político fue su hermano Saúl, en el 2012. Posteriormente, comenzaron a llegar permisos de trabajo para varios integrantes de la familia, pero aun así es difícil.
El trabajo es escaso y duro. “Varios trabajan con el azadón para sembrar maíz y algodón, otros trabajan quitando papel de los techos de las casas. “Trabajan doce horas seguidas y les pagan 8 dólares la hora, que parece que es mucho pero la vida acá es cara. A los americanos que trabajan en lo mismo, les pagan 20 dólares la hora”, comenta Marisela.
Acarreados al Grito de Independencia en el Zócalo capitalino. Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Miles de personas arribaron al Zócalo capitalino a bordo de autobuses provenientes del Estado de México; por segundo año consecutivo, “los acarreados” vitorearon al presidente Televisa Peña Nieto en la ceremonia del Grito de Independencia.
Los acarreados fueron equipados con matracas, banderas y camisas del PRI. De premio recibieron comida y disfrutaron del concierto de la banda Limón.
Antes de las 9:30 de la noche, el Estado Mayor Presidencial decidió cerrar los accesos a la plancha del Zócalo. Esto provocó el enojo de cientos de asistentes que se quedaron fuera.
Las personas que entraron al Zócalo debieron superar cuatro filtros de seguridad; miembros de la Gendarmería Nacional inspeccionaron a todo aquel que quisiera arribar al lugar, incluidos niños.
El presidente Peña Nieto emitió el grito tradicional con una duración de menos de quince minutos y sin menciones extravagantes como acostumbraba Vicente Fox. Muchos respondieron con una mentada de madre.
Peña Nieto anunció que hoy, al término del desfile militar, viajará a Baja California Sur para coordinar las acciones de reconstrucción en las comunidades afectadas por el huracán “Odile”.
El Grito de Anonymous en la página web de la Cámara de Diputados.
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El grupo de ciberactivistas Anonymous se infiltró en las entrañas de la página de la Cámara de Diputados y colocó un video en repudio al titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto.
El grito de los hackers dice: “Viva el uso de la fuerza para poder celebrar una fiesta… Viva la libertad de los rateros más poderosos y el encarcelamiento sin pruebas de los desprotegidos… Viva el sueldo de los diputados… Viva el robo de los gobernadores y el endeudamiento de los estados… Viva el paquete de reformas cojas… Viva el gobierno sin autoridad moral… Viva el matrimonio de las fuerzas del Estado con las del crimen organizado… Viva la corrupción… Viva la impunidad… Viva la ignorancia… Viva la indiferencia de México…”
El grupo MexicanH Team escribió a manera de comunicado: “Queremos demostrar nuestro descontento y desaprobación de la más alta traición que ha sido consumada por el gobierno espurio encabezado por el traidor de la patria Enrique Peña Nieto y sus secuaces, diputados y senadores”.
A través de su cuenta de Twitter hicieron públicas las contraseñas de algunos funcionarios del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Los activistas convocaron el día de ayer a los cibernautas para unirse a la Operación Tequila y criticar el Grito de Independencia.
Familiares de desaparecidos protestan en la PGR. Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto pretende “empequeñecer” la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, dependiente de la PGR, al restarle más de 60% de su presupuesto, según la iniciativa de Ley de Egresos 2015 presentada en la Cámara de Diputados.
El recorte presupuestal de la Unidad Especializada se produce a 15 meses de su creación y a unas semanas de que la subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio admitiera que persiste la cifra de más de 22 mil personas que no han sido localizadas desde el gobierno de Felipe Calderón, con más de 9 mil casos de presuntos desaparecidos durante este sexenio.
Una revisión de la propuesta de egresos enviada por Peña Nieto para 2015, comparada con el presupuesto destinado para la Unidad de Búsqueda, revela una disminución de al menos 63%.
Creada en junio de 2013 por decreto presidencial, la Unidad tuvo un presupuesto aprobado para 2014 de 40 millones 209 mil pesos, de los que 35.5 millones fueron canalizados a servicios personales; 2,7 millones a gastos de operación, y 2 millones más para otros gastos.
Como si el problema de los desaparecidos hubiera sido superado, la propuesta entregada el lunes 8 por Luis Videgaray, titular de Hacienda, considera destinar 14 millones 676 mil 268 de pesos a la búsqueda de desaparecidos, es decir, unos 25 millones 532 mil 737 pesos menos que el año anterior.
Incluso, del total propuesto no se prevé destinar fondos para servicios personales, sólo para gastos operativos, aparte que consideran 200 mil pesos para otros gastos.
La reducción del presupuesto a la Unidad Especializada para la Búsqueda de Personas sucede pese a diversas críticas de familiares de víctimas, de sus representantes y de organizaciones civiles por lo que han considerado una actuación deficiente de las autoridades.
Valentina Peralta Puga, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), sostuvo que familiares de desaparecidos han optado por buscar opciones ante la falta de resultados de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos.
“A más de un año de operación, muchos de los casos que antes estaban en otros espacios de la PGR y que los habían sacado de ahí para llevarlos a la Unidad de Búsqueda, los familiares están desesperados porque no hay avances ni personal suficiente, y el que está, apenas está aprendiendo a hacer las cosas”, acusa Peralta Puga, entrevistada antes de que se diera a conocer la iniciativa de Ley de Egresos de la Federación.
También dijo que si los familiares de víctimas no van acompañados de miembros de la sociedad civil, “no los atienden, cuando mucho toman la foto del familiar y la fotocopian 50 veces; luego mandan a los familiares a que vayan a la zona de la desaparición a pegar las fotocopias en lugares públicos, mandan a los familiares a exponer su propia vida, a eso se reduce la ayuda”.
Peralta Puga criticó los argumentos para justificar la inoperancia de la Unidad, entre otros que los casos ocurrieron en otros estados y que es allá donde deben acudir quienes buscan a algún familiar.
“No se cuánto tiene la Unidad, pero lo que sí sé es que el personal que tiene sirve para el uno por ciento de lo que tiene que atender, pero eso sí tienen sueldos altísimos, de entre 60 y 180 mil pesos”, apuntó.
“Más que anuncios con bombo y platillo”, planteó la activista, “se tiene que decir con qué presupuesto se cuenta y cómo se piensa distribuir”.
Y remata:
“Creo que la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas fue anunciada y puesta en marcha, al menos en declaratoria, cuando no era más que la fachada, pues la gente entró a un espacio vacío, no había butacas, no había función, no había nada, sólo la cartelera afuera”.
Policías revisan a niños en el Zócalo capitalino. Foto: Tomada de Twitter
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- La recién creada Gendarmería Nacional inspecciona a los niños en los accesos al Zócalo capitalino para la ceremonia del Grito de Independencia, de acuerdo con denuncias de usuarios en Twitter y Facebook.
En las fotografías que circulan en las redes sociales se aprecia que los policías recorrer con sus manos de arriba a abajo y a la altura de la cintura y las piernas los cuerpos de los menores. Incluso, revisan la ropa interior de los niños y hasta las carriolas que ingresan a la Plaza de la Constitución.
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