Raúl Plascencia, titular de la CNDH. Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, informó hoy que en un plazo no mayor a seis semanas dará a conocer un informe sobre los hechos registrados en Tlatlaya, Estado de México, donde 22 presuntos delincuentes perdieron la vida en condiciones nada claras a la fecha.
Según la versión oficial, el fatal desenlace en la comunidad San Pedro Limón fue producto de un enfrentamiento con elementos del Ejército, pero según versiones periodísticas se trató de una ejecución extrajudicial.
Plascencia dijo que la investigación se encuentra abierta y que el expediente consta de 700 fojas.
A pesar de no tener conclusiones definitorias, el ombudsman adelantó que, con los peritajes, evidencias y testimonios recabados hasta ahora “todo hace suponer que se trató de un enfrentamiento”.
“Estamos analizando todas las evidencias existentes para dar a conocer un informe en aproximadamente seis semanas, pero de acuerdo con algunos testimonios se trató de un enfrentamiento”, puntualizó Plascencia Villanueva.
La bodega donde el Ejército «fusiló» a los presuntos delincuentes. Foto: Esquire / Nathalie Iriarte
Después de callar durante casi tres meses, la administración de Enrique Peña Nieto tuvo que reaccionar ante la evidencia: todo indica que un grupo de soldados ejecutó extrajudicialmente a 21 personas en el municipio mexiquense de Tlatlaya. Un reportaje de la revista Esquire, difundido de manera simultánea el miércoles 17 en la página electrónica de ese medio y en la de Proceso, provocó que el gobierno de Estados Unidos exigiera a las autoridades mexicanas una “explicación creíble” acerca de la matanza. Así, lo que no consiguieron las fundamentadas denuncias de Human Rights Watch y Amnistía Internacional lo logró Washington: orillar a la Secretaría de la Defensa y a la PGR a declararse “dispuestas” a investigar.
El gobierno de Enrique Peña Nieto había optado por el silencio, pero luego de que Washington le pidió una investigación creíble en torno a la muerte de 22 personas en Tlatlaya a manos del Ejército, ya no pudo mantener oídos sordos ante las versiones de la prensa nacional e internacional en el sentido de que se trató de una ejecución extrajudicial masiva.
Tuvo que llegar una declaración oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos para que la administración de Peña Nieto reaccionara. Los principales involucrados, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR), emitieron sendos comunicados la noche del viernes 19 para reiterar que han hecho bien las cosas, tanto en el operativo en ese municipio del Estado de México como durante su investigación, que aún no concluye.
La Sedena insistió en que los efectivos del Ejército repelieron una agresión la madrugada del 30 de junio cuando patrullaban cerca del poblado Cuadrilla Nueva, en el municipio mexiquense de Tlatlaya, en la frontera con el estado de Guerrero. Pero dijo estar dispuesta a una investigación para llegar al fondo del asunto conforme a derecho.
En el mismo tenor, la PGR aseveró que ha iniciado una averiguación previa y que está en la etapa de indagatorias con un equipo de especialistas en diversas disciplinas para saber si las conductas de los implicados se apegaron a derecho.
La Sedena y la PGR quedaron obligadas a fijar su postura horas después de que el Departamento de Estado le pidió al gobierno de Peña Nieto dar una versión creíble de lo ocurrido en Tlatlaya, ante las versiones de prensa de que no fue un enfrentamiento, como dicen los militares, sino una ejecución extrajudicial de presuntos delincuentes…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1977 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
Familiares de Tatiana Trujillo exigen justicia. Foto: Pozol Chiapas
MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- El 19 de abril de 2010, Tatiana Trujillo fue asesinada por su pareja, el exdiputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Elmar Darinel Díaz Solórzano.
A cuatro años de distancia, y en medio de un proceso plagado de irregularidades, dicho crimen continúa en la impunidad pese a que existe una sentencia condenatoria contra el agresor.
La familia de la víctima, que advierte un posible tráfico de influencias en favor del exlegislador, exige la adecuada reparación del daño y justicia para Tatiana, a quien le sobreviven tres hijos.
La historia
Omara Trujillo cuenta a esta agencia que su hermana de 30 años era la mayor de los seis hermanos –cuatro mujeres y dos varones– y que la maestra en psicología era originaria del municipio de Ocosingo, ubicado en la selva chiapaneca.
Mientras trabajaba como empleada en el ayuntamiento de Ocosingo, Tatiana conoció a Elmar Darinel, quien era secretario particular del alcalde y se encontraba separado de su esposa.
En unos meses comenzaron una relación de pareja y poco tiempo después se fueron a vivir juntos. Con él, Tatiana concibió a su tercera hija de ahora siete años.
Al principio “estaba muy bien la relación, él era un novio normal, pero cuando se lanzó como diputado federal por el PRI empezó a cambiar y se convirtió en un hombre muy violento”, relata Omara.
Durante el trienio en que fungió como legislador (2006-2009), Elmar se desentendió económicamente de su nueva familia, ante lo cual Tatiana lo demandó por pensión alimenticia, pero ante las amenazas del legislador, se desistió.
A finales de 2009, unos seis meses antes del asesinato, los padres de Tatiana acudieron a una llamada de auxilio de su hija. Ella estaba escondida en la zona arqueológica de Toniná, ubicada muy cerca de su casa.
“Mis papás encontraron a Tatiana abrazando a su hija, estaba ensangrentada y sumamente golpeada; ese fue el inicio de la violencia que ella sufrió”, o al menos de la que su familia presenció.
Según narra la hermana, Tatiana decidió no denunciar porque su expareja la amenazó. Tras el hecho se separaron un tiempo, pero él le pidió perdón y le prometió que nunca la volvería a golpear, por lo que regresaron a vivir juntos.
Durante ese tiempo, la familia presenció el carácter violento de Elmar. “Lo veíamos cuando llegaba a la casa con su pistola, en varias ocasiones quiso matarla. Un día le disparó, pero la bala impactó en el vidrio de la ventana de la casa”, recuerda Omara.
En abril de 2010 Elmar buscó ser candidato a diputado local, lo que a decir de Omara desató en él “cierto ánimo festivo”, pues abusaba del alcohol con frecuencia.
El 16 de abril de ese año, Tatiana fue a casa de su hermana a pedir auxilio debido a una nueva agresión de su pareja. “Poco tiempo después llegó ese hombre, estaba muy ebrio y pidió hablar con Tatiana. Después de tantos ruegos mi hermana decidió volver con él, pero ese día se llevó a mi mamá y a sus tres niños a dormir a su casa”.
El asesinato
Dos días después (18 de abril), Elmar Darinel Díaz Solórzano fue postulado como diputado local. Por la noche Tatiana llamó a su padre por teléfono. Fue la última vez que escuchó la voz de su hija.
La familia pudo saber lo que ocurrió esa noche por el testimonio de Nidia Hernández, amiga de Tatiana que estaba con ella cuando la mujer fue asesinada y quien luego rindió su declaración ante las autoridades.
“Mi hermana y su amiga estaban en la habitación y Elmar quería entrar, pero como Nidia se estaba bañando, Tatiana le pidió que esperara, pero él se negó y entró por la ventana.
“Cuando entró, la amiga se espantó y él dijo ‘mira ¿quieres ver lo que hago con ella (con Tatiana)?’. Mi hermana se asustó y Elmar la empezó a golpear con la pistola; ella le pidió a Nidia que se fuera porque ella ‘ya sabía cómo controlarlo’.
“Ella nos contó que mientras iba bajando las escaleras escuchó el disparo, después se salió de la casa y se escondió en un callejón; a los cinco minutos vio que él salió de la casa”.
A la mañana siguiente, la empleada que trabajaba en la casa de Tatiana se puso en contacto con la familia para informarles que había encontrado a la mujer en un charco de sangre.
Tras llegar al lugar, la madre de Tatiana, María Rodríguez, llamó a las autoridades municipales, quienes iniciaron la averiguación previa número 117/se218-T1/2010.
Proceso irregular
Luego de andar prófugo casi tres meses, el 16 de julio de 2010 Elmar fue detenido en el Distrito Federal como presunto responsable de homicidio calificado, pues el feminicidio aún no estaba tipificado en Chiapas. Esto último ocurrió hasta noviembre de 2011.
El delito en el expediente 146/2010 que debía ser investigado por el Ministerio Público (MP) de Ocosingo no se indagó porque la instancia se declaró incompetente al argumentar –según Omara– que se trataba de un delito cometido por un “funcionario”, aunque para ese momento Díaz Solórzano ya no era diputado federal y apenas era candidato por el PRI a una curul estatal.
El 3 de mayo de 2013, el juez Tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los distritos judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla emitió una sentencia de 25 años de cárcel en contra de Elmar, encontrándolo penalmente responsable por el delito de homicidio calificado.
Durante el proceso, Elmar presentó un escrito para que se declarara incompetente al juez de Tuxtla Gutiérrez, ya que los hechos ocurrieron en Ocosingo. Ante ello se repuso el procedimiento y todos los tomos del expediente pasaron ante el nuevo juez de Ocosingo, quien en un primer momento rechazó investigar el caso.
El entonces juez Mixto de Primera Instancia en Ocosingo, Mariano Domínguez Hernández, emitió una sentencia absolutoria que no consideró elementos nuevos, por lo que el pasado 1 de abril Elmar Darinel Díaz Solórzano fue puesto en libertad.
Omara aseguró que durante el juicio hubo tráfico de influencias a favor del exdiputado federal, ya que se enteraron de la liberación de Elmar prácticamente por “accidente”, pues un día la hija menor de Tatiana volvió de visitar a su abuela paterna y dijo: “Tía, mi papá va a salir libre muy pronto”.
Ante el dicho de la niña, la familia de Tatiana se trasladó al municipio de Villaflores, donde se ubica el Centro de Reinserción Social número 8 y en el que estaba preso el asesino.
No obstante, al llegar al lugar la familia se enteró de que Elmar ya no estaba ahí, pero que seguía preso en otro penal; asimismo supo que el expediente había sido llevado a Ocosingo.
“Cuando me presenté ante el juez Domínguez Hernández me negó toda respuesta y me dijo que a él no le había llegado ningún expediente. Nuestra sorpresa fue que días después Elmar fue liberado, sin que se nos fuera notificado”.
A la semana de su resolución, el juez Mariano Domínguez renunció. La familia presentó una queja administrativa en contra del ocultamiento de información.
Tras la excarcelación de Elmar, la familia y la Fiscalía interpusieron un recurso de apelación que fue resuelto por la Sala Regional Mixta Zona 03 del Tribunal Superior de Justicia del estado de Chiapas el pasado 25 de junio.
La Sala ordenó su reprehensión y dictó la pena mínima de 25 años de prisión por homicidio calificado y estableció un monto de 43 mil 41 pesos como reparación del daño. Sin embargo, hasta la fecha Elmar está prófugo.
En entrevista, la abogada Luisella Preciado Gómez, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, explica que la sentencia no toma en cuenta el contexto de violencia sistemática, las particularidades personales de Elmar Darinel, así como las agravantes respecto al modo y circunstancias en las que se cometió el crimen.
Además aseguró que la cantidad fijada por reparación del daño es limitada y no contempla una indemnización integral por la magnitud del hecho, ni considera los gastos de pensión para los tres menores de edad que le sobreviven a Tatiana.
La abogada agrega que existe una gran indignación respecto a la impunidad en el asesinato de Tatiana, y consideró el caso como una muestra más de que la justicia en Chiapas no tiene visión de género y deja en total desamparo a las mujeres.
Pese a estar prófugo, Elmar Darinel (a través de su abogado) se amparó contra la sentencia que lo condena a 25 años de prisión. El recurso fue admitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con número 702/2014.
Por su parte, la familia de Tatiana interpuso el pasado 13 de agosto un amparo directo contra la sentencia, que aún no ha sido admitido, para que se amplíe la condena por homicidio calificado a la pena máxima de 50 años de prisión y aumente el monto por la reparación del daño.
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