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DERECHOS HUMANOS El 66 por ciento de jueces desconoce leyes a favor de las mujeres
Imparten “justicia” a partir de prejuicios y sin visión de género
México, DF, 31 jul 13 (Cimacnoticias).- En México los jueces niegan la justicia a las mujeres porque continúan juzgando con estereotipos, desconocen las leyes contra la violencia de género, y las instituciones especializadas en investigar los delitos son inoperantes.
Con estos argumentos la organización Equis: Justicia para las Mujeres denunciará al Estado mexicano ante el Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo de las Naciones Unidas a realizarse en octubre próximo, por no garantizar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas o inculpadas.
María Paula Castañeda, coordinadora de Proyectos de esta organización, dijo en entrevista que se envió un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para acusar la falta de perspectiva de género en el nuevo sistema de justicia penal (juicios orales).
En el documento, Equis también denuncia la falta de armonización legislativa de las leyes contra la violencia de género y las deficiencias de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).
Este informe, explicó Castañeda, servirá como insumo para que en octubre los Estados miembros de la ONU sometan a México al EPU y evalúen la situación de los Derechos Humanos (DH) en México.
La activista precisó que en junio de 2008 el Congreso mexicano aprobó una reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal, que ahora se conoce como “sistema de juicios orales”.
Con esta reforma se busca un sistema de justicia en el que haya equilibrio entre las atribuciones del Ministerio Público y el juez, se dé mayor relevancia al proceso penal y se genere la contradicción entre las partes en la presentación de pruebas.
Otro objetivo del nuevo sistema de justicia es que no todas las controversias terminen en sentencias condenatorias, es decir, que haya salidas alternativas. Por ejemplo, en el caso de pensión alimenticia y custodia el conflicto puede concluir con un convenio ante el juez.
Sin embargo este sistema de salidas alternativas representa un riesgo para las mujeres porque si bien los juicios de pensión alimenticia terminan en un convenio, no existen mecanismos para que ellas hagan cumplir este acuerdo.
Castañeda explicó que si las mujeres no están en condiciones de igualdad no pueden exigir que se cumpla la pensión alimenticia, y por tanto el convenio queda en una especie de “limbo judicial”.
Por otra parte, Equis monitoreó la implementación del nuevo sistema de justicia y encontró que a pesar de los beneficios del novedoso modelo continúan las viejas prácticas discriminatorias. “Los vicios no se están erradicando”, advirtió Castañeda.
Mencionó que la discriminación no está en el Código Penal o en la ley, es parte de los estereotipos de los operadores de justicia. Ésa es la razón –dijo– de que haya sentencias donde el juez termina culpando a una mujer que fue violada por salir en la noche.
A través de su observatorio de sentencias judiciales, la agrupación encontró que los jueces no tienen perspectiva de género por lo que sugieren que el EPU haga una recomendación específica para que se obligue a la capacitación de jueces en estos temas.
Otro tema de preocupación es que haya leyes contra la violencia de género que tengan distintas definiciones sobre los tipos y modalidades de violencia. Además para Equis estas leyes no concuerdan con los códigos penales de cada entidad.
Mientras las leyes de acceso a una vida libre de violencia son amplias en cuanto a las definiciones de violencia, no tienen mecanismos de exigibilidad; por el contrario, las normas penales contienen definiciones más limitadas, dice el informe.
Esto repercute en que de 240 sentencias analizadas en 15 tribunales superiores de justicia sólo en cuatro casos se mencionaran las leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es decir hay desconocimiento de estas normas.
Castañeda agregó que las y los jueces no conocen las leyes ni las aplican en sus fallos, mientras que otros estudios indican que el 66 por ciento de los operadores de justicia no conocen ningún instrumento internacional de DH de las mujeres.
Para revertir esta situación, Equis propone que el EPU recomiende a México crear unidades de género en las instancias impartidoras de justicia a fin de fortalecer la atención de los derechos femeninos.
Por último, Castañeda apuntó que es preocupante la actuación de la Fevimtra, que a cinco años de su creación tiene deficiencias en su mandato porque no puede investigar la mayoría de los casos debido a que sus atribuciones se lo impiden.
Esta dependencia se excusa para no investigar alegando que no tiene facultades si el delito es trata de personas cometido por la delincuencia organizada, si el delito produce efectos en el extranjero, si no es federal, o si lo cometieron las fuerzas armadas.
Información obtenida por Equis señala que en términos de averiguaciones previas, la Fevimtra reporta un número bajo: un total de 624 iniciadas desde 2008 hasta agosto de 2011, y sólo 126 de ellas consignadas
“Muchos de sus logros tienen que ver con capacitación, apoyo en protocolos o apoyo en el seguimiento y persecución de delitos que tienen que ver con trata o violencia contra las mujeres”, acotó Castañeda.
La activista criticó que actualmente la Fevimtra dependa de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), por lo que sugirió una reestructuración que fortalezca su accionar.
Consideró que el EPU es una oportunidad para visibilizar este tema y encaminarse hacia un sistema de justicia más fuerte y trasparente, lo cual sería la mejor forma de prevenir la violencia contra las mexicanas.
COLUMNA INVITADA Zona de Reflexión Un día sin… Imagine usted su vida sin una persona que realice en su hogar el trabajo doméstico. Si usted quiere mantener la comodidad de tener limpia la casa y la ropa, comida caliente, etcétera, ¿cuánto tiempo tendría que invertirle? ¿En qué horario haría las labores que se requieren? ¿Antes de ir a trabajar o después de regresar de su jornada remunerada? Si tiene hijas e hijos, ¿cómo combinaría su trabajo remunerado con las necesidades de apoyo escolar, diversión y afecto que necesitan? Si al llegar el día de su descanso, en lugar de descansar, tuviera que encargarse de las tres comidas para su familia, hacer las compras de los víveres para la semana, la limpieza profunda de ciertas áreas de la casa, es decir, seguir trabajando. Y si a esto se le agrega que por razones de crisis desde hace años el cuidado de personas enfermas o adultas mayores ha quedado a cargo de sus familias, ¿cómo cree que sería su vida? ¿Cuál sería el tiempo que le destinaría a estar con usted, a leer el libro que tanto quiere, ir al cine, ver amigos, participar en la política, estudiar o poder asistir a cursos, congresos o talleres que le permitan un mejor desarrollo? Pero si además de todo lo que tiene que hacer, le dijeran que siempre usa a sus hijos como excusa para no trabajar más horas, que a usted mejor no hay que promoverle porque es responsable de la familia y siempre privilegia a la familia. Si decidiera quedarse en el hogar para hacerlo todo, sin que nadie lo valore porque eso de hacer las cosas del hogar ni es para tanto, ni vale la pena, ni aporta nada, ¿cómo se sentiría? ¿Estaría saltando de alegría por dedicar el 100 por ciento de su tiempo para el bienestar de los otros, los otros que salen todos los días a trabajar o estudiar, mientras usted “sólo se dedica al hogar”? Esta actividad tan desvalorada y menospreciada, ni más ni menos, equivale a 21.7 por ciento del Producto Interno Bruto. Si el trabajo doméstico se cuantifica en salario éste debería ser de entre 25 mil o 40 mil pesos, según revela un estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Y estos datos salen a la luz ahora porque este lunes es el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Trabajo que realizan millones de mujeres en el mundo de todas las edades, razas, religiones, tendencias políticas y condiciones económicas. Un trabajo que por siglos se ha destinado como exclusivo y casi biológico de las mujeres. Como si trajeran en la cadena genética el deseo de la limpieza, la comida y el cuidado de los otros. Por eso en muchas organizaciones políticas las mujeres son las responsables de las comisiones de la comida en marchas, mítines y plantones. Este trabajo no sólo le ha impedido a millones de mujeres el desarrollo en otras áreas de la vida, sino que crea las condiciones de dependencia económica. Las mujeres dedicadas exclusivamente el trabajo doméstico no cuentan con ninguna remuneración propia, dependen del ingreso de otros. Ni seguridad social para su vejez o para atender su salud; aun cuando son un derecho éstos se dan a través de la pareja, generando nuevamente dependencia. El tiempo de ellas está en función de la necesidad de las demás personas que conforman su familia, pues aun cuando su prole se independice, el cuidado de nietas y nietos muchas veces recae en las abuelas, ante la imposibilidad de las hijas por acceder a una guardería, creando con ello ciclos de dependencia y explotación de las mujeres. Evidenciar el gran aporte que hacen las mujeres con su trabajo gratuito en el hogar para las naciones y el mundo es la razón por la cual este día fue creado; al mismo tiempo se busca la valoración social del trabajo doméstico y de quienes lo hacen. Sería bueno transformar la categoría de amas de casa y crear una nueva que dignifique y evidencie el aporte de las mujeres a través del trabajo doméstico.
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CONTEXTO Inoperante sistema de justicia por corrupción y vacío de poder Situación se agrava para las mujeres En México existe un vacío de Estado que impide el acceso a la justicia, lo que indica que se deben tomar acciones inmediatas para construir la institucionalidad del sistema judicial y erradicar la corrupción del sistema penitenciario. En un artículo publicado en mayo pasado en un diario estadounidense, Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana, afirma que la violencia extrema en México se debe a los vacíos de poder y “errores” de los gobiernos corruptos. Por ello asegura que los niveles de violencia no se pueden bajar si no existen instituciones fuertes, jueces que produzcan sentencias ejecutadas, un sistema penitenciario sin corrupción, y policías que no cometan errores básicos en la escena del crimen. De lo contrario, como hasta ahora, la gran mayoría de las y los mexicanos se enfrentará a una lucha diaria por sobrevivir bajo un gobierno ausente o corrupto. Por su lado, las feministas sostienen que la situación se agrava para las mujeres ante un sistema que además de ineficiente es patriarcal. Marta Torres Falcón, profesora-investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), afirma que en el sistema de justicia predomina una visión masculina que minimiza y niega los derechos de las mujeres. “La justicia como muchos otros espacios es un sistema muy patriarcal; si las leyes las hacen los hombres y las aplican los hombres, ahí tenemos un problema”, dice la socióloga al detallar que hay una red de complicidades masculinas muy estrecha. Entonces, cuando una mujer demanda la pensión alimenticia, expone, tiene que enfrentar numerosos obstáculos, empezando por ver quién la representa, quién lleva el caso a los tribunales, quién es el juez o la jueza y cuál es el pleito con el otro (la ex pareja). Agrega que en el caso de las juezas familiares hay dos posibilidades: que se solidaricen con las mujeres y las apoyen, o bien que sean más estrictas para evitar que las critiquen por actuar a favor de las denunciantes sólo por ser mujeres, o “por no saber aplicar las leyes”.
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REPORTAJE Sistema judicial está contra las mujeres Vía crucis, pelear por pensión alimenticia; justicia se les revierte El experto en seguridad y justicia Edgardo Buscaglia sostiene que “México no tiene instituciones judiciales funcionales” porque a pesar de que el gobierno invierte en la infraestructura judicial, en los hechos no genera sentencias condenatorias. El presidente del Instituto de Acción Ciudadana recuerda además que los jueces tienen serias deficiencias en la argumentación jurídica e incluso cometen atropellos contra la ciudadanía. Este sistema de justicia “colapsado” no es ajeno para las mujeres. Expertas en violencia de género coinciden en que ellas enfrentan las deficiencias de los juzgados y tribunales, pero además son víctimas de los “pactos patriarcales” que les niegan la justicia. Por ejemplo, cuando el idilio del matrimonio se acaba –explican– las leyes y los jueces terminan por perjudicarlas, pues en el mejor de los casos a ellas se les niega la pensión alimenticia y en el peor se les arrebata la patria potestad de las y los hijos. En las demandas de pensión alimenticia, guarda y custodia o patria potestad, los jueces benefician a los padres que incumplen su responsabilidad, pese a que en octubre de 2011 entró en vigor la reforma constitucional que incorporó el “interés superior de la niñez” a fin de garantizar sus derechos y pleno desarrollo. Pero no sólo eso, ahora las leyes concebidas para proteger a las mujeres de una vida libre de violencia se revierten contra ellas cuando las ex parejas las acusan de delitos como violencia familiar, despojo, robo y hasta de conductas morales como “infidelidad o falta de decencia”. La maternidad y la paternidad son temas globales, como lo afirma la española Soledad Murillo, ex integrante del Comité de expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). Murillo sostiene que en varias regiones del mundo se han implementado mecanismos institucionales para cobrar deudas de distinto tipo, pero en el caso de la pensión alimenticia todos los países, incluso el suyo, son “muy tibios” porque no obligan a los padres a cumplir su responsabilidad con las y los hijos. “Evidentemente mujeres y hombres son libres de separarse, es estupendo, pero la responsabilidad paterna nunca caduca”, dice quien fuera secretaria de Políticas de Igualdad durante el gobierno del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Murillo advierte que la paternidad no es dar dinero, “es estar pendiente absolutamente de todo, y hacerse cargo, en primera persona, de todo lo que ocurre en casa, y eso ya hace mucha diferencia”. Además de esta concepción equivocada, dice, ahora los hombres utilizan la guarda y custodia para “establecer chantajes”. VÍCTIMA DE LA “JUSTICIA” Como ejemplo está la historia de Rebeca y José, quienes estuvieron casados por 15 años. Durante el matrimonio tuvieron tres hijos, uno de 12 años, otro de 10 y uno más de 4 años. Eran una familia feliz hasta que comenzaron las diferencias y en octubre de 2010 él se fue de la casa. En marzo de 2011 ella contrató un abogado y promovió un juicio de alimentos y guarda y custodia; el proceso tardó unos meses hasta que en agosto de ese año el juez le otorgó la guarda y custodia de los dos hijos menores, mientras que el mayor se quedó con su padre porque ya no quería más a su madre. Ese mes comenzó el régimen de visitas y convivencia provisional y también el “chantaje” del que habla Soledad Murillo. En febrero de 2012 José denunció a Rebeca por violencia intrafamiliar contra los niños y mientras corrían los meses la fue acusando de otros delitos. Rebeca fue denunciada por violencia intrafamiliar pese a que su hija declaró ante el juez que firmó una hoja en blanco porque su papá le dijo que así se terminarían los problemas con su mamá, y aunque su hijo niño más pequeño dijo que él sólo puso su huella en otra hoja en blanco y que nunca ha sido maltratado. Además de este delito, ella también fue denunciada de falsedad de declaraciones y despojo porque su ex pareja asegura que Rebeca lo corrió de la casa para quedarse con el inmueble. Con esta acusación, en junio pasado mientras ella iba a ver a sus hijos, fue detenida y trasladada al penal de Santa Martha. Fue liberada luego de pagar una fianza. José es dueño de una empresa y no se negó a pagar una pensión alimenticia, pero ante el juez comprobó que ganaba un salario ínfimo. Este año logró quedarse con los tres niños mientras Rebeca libra una batalla legal para recuperarlos y quitarse de encima los delitos que le imputan. COMPLICIDAD PATRIARCAL El caso no es único, los datos oficiales indican que de diciembre de 2012 a mayo de 2013 el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) ha recibido 11 mil 582 demandas de pensión alimenticia, patria potestad, guarda y custodia, y régimen de convivencias y visitas para padres e hijos. En el país, las Estadísticas de Matrimonios y Divorcios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que para 2011 se habían otorgado 47 mil 914 pensiones para los hijos, y en 4 mil 247 casos la pensión fue para la esposa y los hijos. Marta Torres Falcón, profesora-investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), afirma que durante los juicios familiares surge un “pacto entre los hombres” para impedir que las mujeres y sus hijos accedan a sus derechos. Por ejemplo –sin acordarlo– el deudor alimentario, el abogado que lo defiende, el jefe de la empresa donde él trabaja, el agente del Ministerio Público e incluso el juez, se alían para que la balanza de la justicia se incline hacia los varones, lo que provoca que se replique el rol de género de que las y los hijos son responsabilidad exclusiva de las mujeres. Así, ellas se quedan con el deber de la crianza, como Claudia, una mujer que vivió con su pareja por cinco años, tiempo durante el cual criaron a su hija de seis años de edad, hasta que un día él abandonó el hogar y le llamó por teléfono para advertirle que no le daría dinero para mantener a la niña. Claudia trabaja como telefonista de 3 de la tarde a 9 de la noche y con un sueldo de 3 mil pesos al mes, menos los 2 mil 600 pesos que le descuenta el Infonavit mensualmente. “A veces no tengo ni para comprarle zapatos, ese tipo de cosas que sí me duelen”, relata. Las carencias de su hija la motivaron a demandar la pensión alimenticia. “Básicamente lo hago por ella, por mí no, porque yo puedo trabajar y puedo aguantar lo que sea, pero pues ella no. Aparte vienen gastos porque se va a la primaria”. No obstante ella no ha logrado iniciar el juicio porque no puede pagar un abogado y en los juzgados de la Ciudad de México no la han atendido, por tanto sin la ayuda del padre de la niña debe cuidar de su hija y proveerle alimentos, educación, vivienda y vestido.
Inauguran en Oaxaca Centro de Justicia para mujeres. Inician en El Salvador campaña por los derechos de las mujeres. Exhibirán en Coyoacán documental “Man For a day”. Aprueban ley sobre violencia doméstica en Guinea Bissau Inauguran en Oaxaca Centro de Justicia para mujeres México.- Este día se inauguró en Oaxaca, el Centro de Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia, cuyo objetivo es erradicar la violencia de género en el estado. En un comunicado, se informó que en el lugar se atenderá a mujeres víctimas de violencia, quienes de manera segura y confiable podrán tener acceso a apoyo legal, social, médico y psicológico por parte de instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y la Procuraduría de Justicia Estatal. Para concretar el proyecto se contó con la participación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y el Gobierno del estado de Oaxaca, entre otros. ****************************************** Inician en El Salvador campaña por los derechos de las mujeres San Salvador.- El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, dio a conocer ayer la “Campaña Nacional para Fortalecer la Ciudadanía en Defensa de los Derechos de las Mujeres”, la cual busca que las salvadoreñas conozcan y hagan valer sus derechos. Durante la presentación de la iniciativa que se llevará a cabo en los 14 departamentos del país, estuvo presente la directora regional de ONU Mujeres, Moni Pizani. ********************************************** Exhibirán en Coyoacán documental “Man For a day” México.- En el teatro bar El Vicio, el documental “Man For a day”, trabajo sobre la construcción cultural de la identidad de género, de la cineasta alemana Katarina Peters, quien asistirá a la exhibición. El filme muestra a un grupo de mujeres que asisten durante una semana a un taller impartido por la activista y artista del performance, Diane Torr. Durante el ejercicio las participantes actúan, visten y hablan como hombres, e intentan a través de las actividades responder a la pregunta ¿Qué hace hombre a un hombre y mujer a una mujer? *************************************************** Aprueban ley sobre violencia doméstica en Guinea Bissau Bissau.- El Parlamento de Guinea Bissau aprobó un proyecto de ley sobre violencia doméstica, para sancionar con penas de hasta 12 años de cárcel, al que incurra en el delito, informó el portal de noticias Prensa Latina. El proyecto, que entrará en vigor un mes posterior a su publicación en la gaceta oficial, contempla la creación de centros de atención a víctimas de violencia en donde se les otorgará apoyo psicológico y psiquiátrico. La ley también prohíbe a los agresores acudir a la casa de las víctimas, prestar servicios a la comunidad, entre otros.
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DERECHOS HUMANOS Desdén de Peña a una política ambiental con visión de género Falta agenda para atender a mujeres ante cambio climático México, DF, 31 jul 13 (Cimacnoticias).- El gobierno federal y las instituciones encargadas de las políticas ambientales no tienen una agenda para atender los problemas que enfrentan las mujeres que viven en condiciones de pobreza, sin acceso a recursos naturales como el agua potable, y que son vulnerables ante sequías o inundaciones. La Red Género y Medio Ambiente (Red Gema) denunció que el gobierno de Enrique Peña Nieto no tiene una agenda ambiental con enfoque de género, toda vez que a la fecha no existe una propuesta para crear programas incluyentes dirigidos a lograr la sustentabilidad en la materia. Ante esta realidad, la Red Gema –integrada por académicos y activistas de 20 estados– demandó al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), fortalecer las estrategias que reduzcan las desigualdades de género en estas áreas. Ahora que las secretarías de Estado iniciaron los trabajos para la elaboración de los programas sectoriales en los que marcarán las prioridades de los próximos años, esta organización señaló que es necesario crear estrategias que protejan el medio ambiente y reduzcan los conflictos por los recursos naturales. En conferencia de prensa, Hilda Salazar, integrante de la Red, sostuvo que una señal de que los temas ambientales deben estar en la agenda nacional es que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México los costos ambientales representan el 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Mencionó además que las mujeres son más vulnerables ante problemas como la falta de acceso al agua, porque a ellas se les asigna el deber de llevar el vital líquido a los hogares; además por la violencia de género las mujeres no pueden acceder a la propiedad de la tierra ni tener el derecho de trabajar las parcelas. Ante estas problemáticas y el deterioro ecológico, Hilda Salazar llamó al Inmujeres y a la Semarnat a ligar el tema ambiental con la desigualdad social, para implementar acciones a favor de las mujeres. En tanto Micaela Bocanegra, también integrante de la Red Gema en Morelos, dijo que una muestra del desdén de la actual administración en el rubro ambiental es que Peña Nieto nombró a Juan José Guerra Abud como titular de la Semarnat, sin que tenga experiencia ni conocimiento sobre estos temas. La activista mencionó que un retroceso de los avances logrados en gestiones anteriores es que la Semarnat tiene una Dirección de Género, que ahora pretende sectorizar con las áreas de Derechos Humanos y Atención a Pueblos Indígenas, lo que indica el desinterés por la perspectiva de género. Las ambientalistas consideraron que el género no es un tema menor, y por ello demandaron que en vez de que Semarnat desaparezca esa Dirección la fortalezca, para que además de promover la igualdad en la normatividad también revise si las distintas dependencias ambientales cumplen con los Derechos Humanos de las mujeres. Coincidieron también en que en la elaboración del plan sectorial de la Semarnat se tomen en cuenta las propuestas de la sociedad civil. Destacaron que desde la Red Gema se proponen políticas para el acceso al agua, la biodiversidad y estrategias para hacer frente a los efectos del cambio climático.
REPORTAJE Dan sólo 3 años de cárcel a violador de niña con “retraso mental” Fue juzgado por “estupro”; proceso judicial con irregularidades México, DF, 31 jul 13, (Cimacnoticias).- En 2009 Gabriela Sánchez López se trasladó del Estado de México a Guadalajara, Jalisco, en busca de mayores ingresos para que su hija adoptiva, Rosa Isela, tuviera mejores oportunidades de educación y de atención médica a su discapacidad visual y “retraso mental”. En agosto de ese año, por una recomendación, conoció a Alejandro Ricardo Meneses Cervantes, quien se presentó como un buen médico homeópata que podría tratarle adecuadamente a Gabriela su epilepsia y un recién diagnosticado cáncer de ovario. Quince días después, Alejandro –que al igual que Rosa Isela es invidente– “invitó al mar” a Gabriela y comenzó a enamorarla; aunque ella sabía que estaba casado decidió iniciar una relación sentimental con él, pues le dijo “que su familia lo había abandonado y se iba a divorciar”. A los dos meses, Alejandro –quien además de médico homeópata es maestro de música– le pidió a la mujer la oportunidad de darle clases de teclado a Rosa, entonces de 13 años, pues según él le ayudaría a incrementar sus capacidades auditivas y su desarrollo mental. Gabriela estaba presente en las clases y sólo se ausentaba algunos minutos para ir a la cocina y preparar las paletas de hielo que vendía. Esos instantes eran aprovechados por Meneses Cervantes para tocar los senos y partes genitales de la niña. El 5 de marzo de 2010, Alejandro acudió a casa de Gabriela para intentar convencerla de no terminar la relación, pues ella consideraba que le mentía “al no haberse divorciado”. Durante la discusión ella le dijo que le dolía la cabeza. Al seguir siendo su médico, él le dio una pastilla para ayudarla a controlar el dolor, pero el medicamento no evitó que le diera una convulsión epiléptica que la dejó inconsciente por más de dos horas. Eso fue algo “anormal” porque, según cuenta Gabriela, “en 20 años de enfermedad nunca había tardado más de dos minutos en despertar de un ataque”. En ese momento Alejandro le pidió a la niña subir a su cuarto para que él pudiera atender el ataque que le estaba dando a su madre. Pero en lugar de auxiliar a Gabriela, el sujeto violó sexualmente a la niña. Para que ella no lo acusara, le dijo que si lo contaba “su mamá se iba a enojar”. DENUNCIA Diez días después de la violación –mientras su mamá la arreglaba y tras que le avisara que acudiría a un Sindicato de Música, pues Alejandro ya no sería su maestro de teclado–, la niña le contó a Gabriela lo que éste le hizo mientras ella “estaba tirada en el suelo”. Ese mismo día (15 de marzo de 2010) Gabriela llevó a Rosa a la Agencia 08 Especializada en Delitos Sexuales del estado de Jalisco a denunciar los hechos. Tras narrar lo sucedido, el agente del Ministerio Público José Elías Moreno Tafolla inició la averiguación previa C/843/2010. Rosa Isela fue sometida a pruebas médicas, psicológicas y psiquiátricas que comprobaron la ocurrencia de agresiones sexuales en su contra y las secuelas emocionales, además de que se comprobaron sus padecimientos mentales y visuales. Sin embargo, a la averiguación previa sólo se integraron los informes médicos y psicológicos, y quedó fuera el dictamen del examen psiquiátrico que comprobaba que la menor padecía de sus facultades mentales. El 19 de marzo, cuatro días después de la denuncia, Alejandro fue detenido por agentes ministeriales, quienes además lo acusaron del delito de cohecho –del que posteriormente fue encontrado inocente por falta de pruebas– al tratar de sobornarlos con 15 mil pesos para evitar el arresto. Alejandro fue acusado de violación y corrupción de menores. El Código Penal de Jalisco señala en su artículo 175 que a quien cometa el delito de violación se le impondrán de 8 a 15 años de prisión, mientras que el artículo 142 A sanciona la corrupción de menores con 3 a 6 años de prisión. El artículo 176 –vigente en 2010– estipulaba como delito de violación el acto cometido contra un “menor de 12 años o persona privada de razón o de sentido, o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiere oponer resistencia”. No obstante, durante el desahogo de pruebas –etapa en la que el acusado hizo uso de tres testigos quienes dijeron que Gabriela inventó los hechos en “venganza” porque se había terminado la relación–, el dictamen del examen psiquiátrico de la menor de edad no se incorporó al expediente. En consecuencia, a Rosa Isela no se le acreditó su discapacidad mental. Así, según consta en la Averiguación Judicial penal número 141/2010-B, el Juzgado Décimo Tercero de lo Criminal del Primer Partido Judicial en el estado de Jalisco, al considerar que las pruebas presentadas no comprobaban el delito de violación, reclasificó el delito a “estupro”. En el Código Penal local vigente en ese momento el estupro se constituía cuando era cometido “contra una persona entre 12 y 18 años y de la cual se hubiera obtenido su consentimiento por medio de la seducción”. De acuerdo con el expediente, cuya copia tiene Cimacnoticias, no se podía demostrar el delito de violación, pues por una parte no se “presentan huellas de violencia física alguna que pudiera develar la existencia de un trato físicamente violento desplegado en su contra”. Y por otra parte –agrega el mismo documento– la víctima, al contar con 13 años de edad y “no obstante se constate que carece de la vista, ello la sitúa en igualdad de circunstancias al inculpado de quien también se dio fe presenta ceguera, lo que desde luego demuestra que no le representaba ventaja alguna sobre la ofendida y los situaba en igualdad de circunstancias”. ANOMALÍAS PROCESALES Debido a esas acciones, que Gabriela califica como “irregularidades y omisiones”, Alejandro pudo obtener su libertad condicional bajo caución el 30 de marzo de 2010 al pagar 25 mil pesos de multa y así continuar el proceso en libertad. Entonces Gabriela denunció el hecho ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y evidenció las anomalías en que incurrió el personal judicial. También solicitó que el acusado fuera procesado por el delito de violación. Ante su demanda de justicia, ella y su hija comenzaron a ser víctimas de constantes ataques y amenazas por parte de funcionarios judiciales y allegados de Alejandro. Se vieron obligadas a abandonar Guadalajara y trasladarse de nuevo al Estado de México. Recientemente Gabriela fue notificada de que Alejandro Meneses fue sentenciado el pasado 21 de junio a 3 años y un mes de prisión por el delito de estupro, tiempo al que deberán restarse los días que estuvo detenido previamente. Los abogados de la madre de la niña, ahora de 17 años y quien desde entonces recibe atención psiquiátrica, se ampararon contra la sentencia. Cabe mencionar que el Juzgado no acató la recomendación 30/2010 de la CEDHJ en la que solicitaba que al momento de formular las conclusiones “se consideren todos los elementos de prueba y medios de convicción, en especial el contenido del dictamen psiquiátrico”. Sin embargo, Meneses Cervantes fue juzgado por estupro. De haberse incluido el dictamen psiquiátrico se hubiera podido comprobar que mentalmente Rosa Isela no tenía 13 años de edad sino menos, por lo que según la ley el delito habría sido violación con la agravante de que se cometió contra una menor de 12 años.
DERECHOS HUMANOS Indígenas, relegadas de la justicia Se les discrimina y juzga sin considerar sus contextos México, DF, 31 jul 13 (Cimacnoticias).- Aunque las mujeres indígenas son víctimas de violación sexual, violencia familiar, feminicidio o padecer un aborto involuntario, los operadores de justicia lejos de protegerlas y garantizarles justicia las castigan, discriminan o las acusan de conductas delictivas. Las organizaciones Equis, Justicia para las Mujeres y Bitácoras, Liderazgo social con Equidad, analizaron once sentencias, ocho de estas dictadas por tribunales de Campeche, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán. Además incluyeron dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y una de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), todas relacionadas con los derechos de las mujeres pues las víctimas o inculpadas eran indígenas. Este trabajo dio origen al informe “Mujeres indígenas en el Observatorio de Sentencias Judiciales sobre los Derechos de las Mujeres”, un documento que destaca que el sistema de justicia carece de perspectiva de género y no contextualiza la realidad de las mujeres a la hora de juzgar. De acuerdo con las organizaciones se puede decir que los jueces, la mayoría locales, aplican la ley de manera rigurosa y emiten fallos que se pueden considerar “correctos” o “apegados a Derecho” pero desconocen el contexto de las mujeres, lo que provoca que las sentencien injustamente. Entre los ejemplos se cita el caso de una madre que fue condenada por violencia intrafamiliar por no proteger a sus hijas de un padre violador y “haber facilitado” las conductas criminales de éste. Sin embargo las organizaciones criticaron que el juzgador no tomó en cuenta que probablemente la madre no pudo actuar por presión del marido. “Al juez nunca se le ocurre que pudo haber actuado así por miedo, una de las causas que excluyen de responsabilidad”. Otro caso es el de una indígena de Chihuahua que actuó en legítima defensa al protegerse de su agresor, un hombre ebrio que trató de violarla sexualmente. El juzgador consideró que cuando ella lo golpeó con un palo hubo exceso de la fuerza y no legítima defensa, lo que causó su muerte. “No se toma en consideración en ningún momento la realidad que viven las mujeres cuando entran en juego los estereotipos de una cultura patriarcal y machista donde las mujeres son vistas como objetos sexuales”, dice al analizar la sentencia dictada en 2007. En este caso, dice el informe, prevaleció la idea de que los hombres “no pueden controlar sus impulsos sexuales” y por tanto tienen derecho a usar a la mujer o creer que ellas se están haciendo las difíciles, argumento no escrito que se repite en otras sentencias. Otro caso ejemplar fue el de una mujer de 18 años de edad, del estado de Michoacán, acusada de filicidio. La joven que tenía ocho meses de embarazo estaba enferma del estómago y sin darse cuenta expulsó al producto, después acudió al hospital por un sangrado vaginal. La joven fue condenada a 20 años de prisión. En este caso el informe expone que el sistema de justicia hizo uso de una serie de estereotipos relacionados con la maternidad y la castidad que viciaron la percepción de las pruebas, y no consideró que días antes la joven fue golpeada en el estómago por su cuñado. El juez consideró que toda mujer distingue entre dolores de parto y dolores comunes y aseguró que ella no era una mujer confiable ni honesta porque había ocultado el embarazo a su familia, lo que “indica”-afirmó el juez- que tenía la pretensión de abortar. En San Luis Potosí se dio el caso de una adolescente de 15 años de edad violada sexualmente por el esposo de su hermana. El juez emitió una codena por el delito de violación pero absolvió al agresor de la reparación del daño porque aseguró que no había prueba de una afectación moral. Otro caso similar fue en Quintana Roo donde un grupo de de adolescentes denunciaron que son víctimas de explotación sexual pero las autoridades investigadoras no practicaron ninguna diligencia y por tanto no hay pruebas del delito y los inculpados fueron liberados. El informe destaca que las sentencias de la CoIDH en los casos de violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, marcan estándares normativos en materia de acceso a la justicia, igualdad y no discriminación. Sin embargo se recalca que hasta el momento la SCJN no ha analizado el expediente Varios 396/2012 acerca de las obligaciones desprendidas de las dos sentencias de la CoIDH, lo que marcaría pautas a seguir por los juzgadores en casos relacionados con mujeres indígenas. Al final el informe menciona que todavía hay una necesidad de que el Poder Judicial de la Federación y los juzgados locales garanticen a las mujeres indígenas el derecho a la igualdad y no discriminación en el acceso a la justicia efectiva.
REPORTAJE Impune, el abuso sexual en las calles del DF Delito cotidiano difícil de comprobar; sistema judicial es ineficaz México, DF, 31 jul 13 (Cimacnoticias).- Diariamente millones de capitalinas, así como de otros estados de la República, recorren las calles de esta ciudad para ir a su lugar de trabajo, estudio o esparcimiento, con el riesgo latente de padecer violencia sexual en la vía pública sin que haya acciones concretas de la autoridad para combatirla. De acuerdo con el “Informe especial sobre el derecho a la movilidad 2011-2012”, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), 7 de cada 10 mujeres afirman que se trasladan en esta capital con el temor de ser agredidas sexualmente. Y es que el acoso y el abuso sexual son las agresiones que más viven las capitalinas, pero no existen datos de las instancias de justicia, ya que son delitos difíciles de comprobar y las mujeres no suelen denunciarlos. Según el “Informe estadístico delictivo”, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), de enero a diciembre de 2012 se iniciaron 2 mil 226 averiguaciones previas por el delito de abuso sexual, un promedio de 6.1 diarias, aunque la dependencia no desagrega la cifra según el sexo y la edad de las víctimas. La violencia sexual está definida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el DF como “toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de las mujeres”. En tales acciones se incluyen las miradas y palabras lascivas, las prácticas sexuales denigrantes que se cometen contra las mujeres sin su consentimiento, y el hostigamiento. El artículo 176 del Código Penal del DF establece que comete abuso sexual quien “sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula ejecute en ella un acto sexual”. El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF) precisa que dentro de este delito están los tocamientos a genitales, glúteos, senos y pubis, ya sea por encima o dentro de la ropa, aunque esta clasificación no está estipulada en el Código Penal local.
El artículo 179 del mismo código define el acoso sexual como la solicitud “de favores sexuales para sí o para una tercera persona”, así como “la realización de una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe”. Ninguno de los dos artículos precisa que los actos sean cometidos en vía pública, aunque a diario se tenga conocimiento de que las palabras, miradas e incluso tocamientos, sean una práctica común en el DF, con lo que se violenta el derecho a la movilidad libre y segura del que deberían gozar plenamente las capitalinas. La CDHDF plantea que la movilidad “constituye un elemento esencial para la vida digna y el desarrollo pleno y armónico de las personas”, que debe ser considerado como un Derecho Humano en el que convergen los medios de transporte, la infraestructura vial y el espacio público. AUTORIDAD OMISA En su informe sobre el derecho a la movilidad, la CDHDF recuerda que con base en la Ley de Acceso el gobierno capitalino creó el programa “Viajemos seguras”, coordinado por el Inmujeres-DF e integrado por otras 10 dependencias y una organización ciudadana. La Comisión advierte que el programa se implementa “únicamente en el transporte público y no contempla a los servicios concesionados y otros espacios públicos, como son las paradas, calles, parques, etcétera”. Cimacnoticias hizo un recorrido por los cinco módulos de atención del programa ubicados en las estaciones del Metro Pantitlán, Balderas, Pino Suárez, Hidalgo y Revolución, para observar cómo se atienden las denuncias por abuso sexual en la vía pública. Por ejemplo, en el módulo del Metro Balderas se constató que no se reciben denuncias y sólo se hace un registro de los hechos, lo que contraviene el objetivo del programa de “promover el acceso de las mujeres a la justicia y a la sanción a los agresores mediante procedimientos agiles, sencillos y efectivos”. Y es que en los módulos sólo se brinda asesoría y acompañamiento inicial “en caso de que la víctima decida denunciar”. Una abogada encargada de brindar la asesoría explica el procedimiento para realizar la denuncia –que debe presentarse en una de las seis unidades de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales de la PGJDF en la capital del país–, y lo que la víctima debe “tener claro” para agilizarla. La abogada pregunta si se pudo identificar plenamente al agresor, ya que la no identificación es un obstáculo para que la denuncia derive en alguna sanción. DESALIENTAN DENUNCIAS Expertas e investigadoras en violencia de género han advertido que cuando se cometen este tipo de delitos, la víctima es vulnerable y no logra captar muchos de los elementos a su alrededor, además de que se cometen en ambientes privados –donde no hay testigos– o cuando hay aglutinamientos, por lo que la identificación del agresor no es efectiva. En el módulo de Balderas la empleada informa que la agresión debe denunciarse de manera inmediata, pues al tardarse pueden existir “prejuicios” por parte de los agentes del Ministerio Público. También advierte que el proceso puede demorar entre tres y seis horas, pues la víctima debe declarar, someterse a pruebas psicológicas y médicas (que comprueben el delito), y luego realizar un retrato hablado del agresor. Cimacnoticias recopiló testimonios según los cuales en las agencias especializadas algunas denuncias por tocamientos no proceden, debido a que a las víctimas se les informa que deben someterse a una prueba ginecológica aunque no haya ocurrido una violación, por lo que al negarse a esa revisión la autoridad judicial detiene el proceso y la denuncia no se registra. La abogada reconoce que en las agencias especializadas existen “prejuicios y malos tratos” por parte de los funcionarios, por lo que se ofrece a acompañar a la víctima a realizar la denuncia para que el trato “sea menos agresivo”. La servidora pública insiste en que su labor en el Inmujeres es “incentivar la denuncia en este tipo de agresiones”. Para complementar el servicio en el módulo de atención, una psicóloga da una serie de recomendaciones para que las mujeres no sean víctimas de más agresiones.
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