Actúa GDF con “doble moral” ante trata de personas

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Redacción

CIMAC Noticias
CIMAC Noticias

VIOLENCIA
Actúa GDF con “doble moral” ante trata de personas
Confunde ese delito con prostitución, dice Lydia Cacho
 
México, DF 22 jul 13 (Cimacnoticias).- La periodista Lydia Cacho aseguró que las autoridades del Distrito Federal incurren en una doble moral porque, por un lado, saben que en la ciudad existen establecimientos donde se da la trata de personas, la venta de alcohol y de drogas, y por otro, realizan redadas para detener a mujeres que “trabajan en la industria de la prostitución”.
 
En entrevista con el periodista Javier Solórzano, la autora de libros como “Los demonios del edén” y “Esclavas del poder” dijo que de forma errónea en México los policías, agentes del Ministerio Público (MP) y fiscales siguen confundiendo la trata de personas en su modalidad de explotación sexual comercial con la prostitución.
 
Así lo explicó a propósito de la denuncia de un grupo de mujeres del bar “Cadillac”, quienes aseguraron que fueron detenidas sin justificación hace unas semanas, en un operativo de la Fiscalía de Trata de Personas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), en la delegación Miguel Hidalgo.
 
La periodista afirmó que aunque el MP diga que tiene evidencia (condones y rastros de semen) para señalar que en el “Cadillac” había trata de personas, en realidad estos indicios revelan que en el lugar se ejercía la prostitución, que, aclaró, no es igual a trata de personas, ni es un delito penalizado a nivel federal.
 
Lydia Cacho apuntó que este tema ha abierto un debate en todo el mundo, e incluso en la ONU. Sostuvo que a las mujeres adultas no se les rescata ni se les puede considerar víctimas de trata de personas, “a quien se debe rescatar de la explotación sexual comercial es a las niñas menores de 18 años”.
 
Explicó que en el caso del bar “Cadillac” se dio muestra de que la prostitución y la trata de personas se considera un tema “moralino” y no un fenómeno socio-político, porque en vez de que la autoridad hiciera una investigación real y mandara agentes infiltrados para que conocieran el contexto de estas mujeres lo más fácil fue hacer una redada y detenerlas.
 
Agregó que la prostitución y la explotación sexual son producto de la violencia de género y enfatizó que nada justifica que se violente a aquellas mujeres que viven de “la industria del sexo comercial”.

Explicó que la gran mayoría de mujeres que están en este contexto son tratadas como objeto porque en México vivimos en una sociedad que avala que haya mujeres-objeto, es decir, mujeres que ejerzan la prostitución para satisfacer la necesidad de los hombres, lo que no debe ser un argumento para violar sus derechos.

 
La periodista que ha recopilado información sobre este tema en varios países, recordó que en México la prostitución y el ser cliente no es un delito mientras que en países como Suecia se penaliza al cliente y se protege a las mujeres, porque se les ofrece opciones de empleo y vivienda para que no tengan que trabajar en esas condiciones.
 
Criticó que en el DF haya organizaciones civiles que impulsan a la autoridad a hacer este tipo de arrestos y que la PGJDF no se pregunte cuál es la motivación para cerrar estos establecimientos, si ellos mismos otorgan los permisos para los bares, los moteles y hasta para que se venda alcohol en ciertos lugares.
 
Advirtió que al final las únicas que pierden son ellas porque están en manos de tratantes que las explotan o en manos de organizaciones que las persiguen, para que declaren que son víctimas.
 
“Venimos de una cultura que desde centurias se ha dedicado a separar a las mujeres en guetos, entonces tenemos una cultura del erotismo y la sexualidad donde unas son las mujeres pasa casarse, para ser novias: las decentes; y otras para que los hombres vayan a tener sexo con ellas”, lamentó la autora de la columna “Plan B”.

Falla gobierno para atender demandas por pensión alimenticia

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Anayeli García Martínez

CIMAC Noticias
CIMAC Noticias

DERECHOS HUMANOS
Falla gobierno para atender demandas por pensión alimenticia
Claudia pelea ese derecho, pero se topa con burocratismos
 
México, DF, 22 jul 13 (Cimacnoticias).- En seis meses, de diciembre de 2012 a mayo de 2013, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) ha recibido 11 mil 582 demandas de pensión alimenticia, patria potestad, guarda y custodia, y régimen de convivencias y visitas para padres e hijos.
 
A los juzgados de lo familiar de la Ciudad de México diariamente acuden decenas de mujeres para solicitar información y saber cómo presentar una de estas demandas. Así lo hizo Claudia, una joven madre de 32 años que tiene una hija de seis años de edad.
 
Hace 13 años Claudia conoció a un hombre del que se enamoró, fueron novios por ocho años hasta que decidieron vivir juntos. Durante cinco años convivieron en la misma casa y tuvieron una hija. Sin embargo en julio de 2012 él decidió irse del hogar.
 
Según los datos del TSJDF, en el mismo periodo (diciembre de 2012 a mayo de 2013) se han solicitado 14 mil 870 divorcios, pero la joven no tuvo que hacer este proceso porque ella y su pareja nunca se casaron.
 
Un día, de forma inesperada y sin decir nada su pareja tomó su ropa, sus documentos y todas sus pertenencias personales y se fue de la casa. Ese mismo día él la llamó por teléfono y tajante y sin rodeos le advirtió que no le daría ni un centavo para su hija.
 
“Un día ya no estaban sus cosas, se había llevado todo. En la noche me llamó por teléfono y me dijo que estaba viviendo con alguien más, que no lo molestara y que ya no me iba a dar apoyo económico para ella (la niña)”, cuenta la mujer.
 
Desde entonces el padre habla por teléfono unas dos o tres veces al mes para preguntar por su hija, pero si llega a hablar con Claudia, la insulta, le recuerda que no piensa brindarle ayuda para mantener a la niña y le insinúa que no se atreva a hacer algo contra él.
 
Cuando ambos vivieron juntos, ella dejó de trabajar pero ahora consiguió un empleo como telefonista. Trabaja de tres de la tarde a nueve de la noche y gana 3 mil pesos al mes; sin embargo, de su sueldo le descuentan 2 mil 600 pesos del Infonavit.
 
Así que cada mes ella se queda con 400 pesos, dinero que no le alcanza para mantener a su hija y a su mamá, con quien ahora vive. “A veces no tengo ni para comprarle zapatos, ese tipo de cosas que sí me duele”, relata.
 
Claudia dice que su hija nunca estuvo acostumbrada a lujos, pero tenía lo necesario, ahora ni siquiera puede comprarle ropa nueva. “No le falta comida, pero no es como yo quisiera”, lamenta al hacer una lista que debe costear ahora que inicie el ciclo escolar.
 
Las carencias de su hija la motivaron a demandar la pensión alimenticia. “Básicamente lo hago por ella, por mí no, porque yo puedo trabajar y puedo aguantar lo que sea, pero pues ella no. Aparte vienen gastos porque se va a la primaria”.
 
INEFICACIA INSTITUCIONAL
 
Decidida a dar la batalla jurídica contra su ex pareja, un ex policía de Seguridad Pública del Distrito Federal, Claudia comenzó a indagar cómo pedir la pensión alimenticia y la guarda y custodia de la niña.
 
Varias veces llamó por teléfono a los juzgados, pero nunca le contestaron. Decidió ir a preguntar a una delegación del DIF, donde la remitieron a los mismos juzgados. Otro día preguntó en una delegación del Instituto de las Mujeres del DF, donde le dieron la misma respuesta.
 
Al final acudió a los juzgados de la delegación Cuauhtémoc, pero una vez en el lugar le dijeron que allí no era y que debía ir al DIF de su delegación.
 
Cimacnoticias verificó que en los juzgados se atiende a las mujeres, pero al día sólo se reparten de 10 a 40 fichas, dependiendo de cuántos abogados estén disponibles. Las fichas se entregan a las 9 de la mañana y quien llegue más temprano es quien puede obtener una.
 
Claudia ya había intentado ir al DIF, donde también reparten fichas de atención, pero a pesar de que en varias ocasiones llegó a las 6 de la mañana o antes, nunca alcanzó turno. Hasta ahora sigue buscando ayuda porque no tiene dinero para pagar un abogado ni se puede dar el lujo de perder su trabajo.
 
“Es mucha la demanda; yo escuche en la radio, y vi unos carteles que te podían ayudar aquí (en los juzgados), que marcaras o vinieras. Lo vi, no sé si es una promoción o algo así, vine porque pensé que me iban a atender”. No fue así.

Critican legisladores incumplimiento de Mecanismo para periodistas

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por:Redacción

CIMAC Noticias
CIMAC Noticias

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Critican legisladores incumplimiento de Mecanismo para periodistas
Exigen a entidades federativas protección para el gremio

México, DF, 22 jul 13 (Cimacnoticias).- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a los estados de la República Mexicana que aún no han firmado el convenio de cooperación con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a tomar medidas para proteger el trabajo de estos grupos de la población.

En la sesión de este miércoles las y los legisladores aprobaron un punto de acuerdo presentado en junio por los senadores del PRD, Angélica de la Peña y Alejandro Encinas, quienes pidieron que los estados informen qué medidas han realizado para dar cumplimiento a las solicitudes de colaboración del Mecanismo.

El senador del PRD, Alejandro Encinas, criticó que Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y el Distrito Federal no hayan suscrito el convenio de colaboración ni hayan establecido mecanismos de protección para las personas que son objeto de agresión por su activismo o por informar.

“Este es un problema serio. Al momento han sido ya reconocidas hasta 78 solicitudes para que sea establecido el mecanismo de protección, mientras la violencia sigue incrementándose”, dijo el senador.

Mencionó que el punto de acuerdo se presentó cuando la organización con trabajo en libertad de expresión, Artículo 19, informó que se habían cometido 207 agresiones contra periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos (DH), la mayoría en Veracruz, Distrito Federal, Oaxaca y Baja California, estados que concentran el 41.5 por ciento de las agresiones.

En el caso de las agresiones documentadas contra mujeres periodistas, de acuerdo con el informe “Violencia contra Mujeres Periodistas” elaborado por Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), el primero en su tipo que documenta las violencias contra mujeres del gremio, destaca que mientras en 2008 se registraron 5 casos a 2011 la cifra se incrementó a 31, pero no existe una base de datos oficial desagregada por sexo ni con las particularidades enfrentadas por las mujeres.

El senador lamentó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas no haya presentado avances significativos en la mayor parte de los casos que le corresponde analizar, y que no prosperen las investigaciones sobre agresiones y amenazas contra defensores en la Procuraduría General de la República.

En tanto la diputada del PRI, Cristina González Cruz, recordó que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ordena que la federación y los estados tomen acciones conjuntas para facilitar y garantizar la operación eficaz y eficiente de los mecanismos de protección.

Agregó que su grupo parlamentario está comprometido con los periodistas y defensores y lamentó la ola de incidentes que afectan la libertad de expresión como las amenazas, detenciones, el encarcelamiento, la denegación de acceso a la prensa y la falta de investigación y procesamiento de estos crímenes.

Cabe mencionar que en la misma sesión el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, presentó otro punto de acuerdo pero esta vez dirigido a la Secretaría de Gobernación (Segob) por el  subejercicio de los recursos destinados a la protección de periodistas y personas defensoras.

En el documento se exhorta a la Segob a cumplir su obligación de integrar el Comité Técnico que implemente y opere los recursos del Mecanismo de Protección.

La información del diputado menciona que la Segob a través de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob y la Unidad para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos, cuenta con presupuesto de 217 millones de pesos.

Estos recursos son para el Fondo del Mecanismo y para el Fondo de Derechos Humanos, pero el diputado asegura que según información periodística hasta junio pasado, sólo se erogaron  5 millones 854 mil 445 pesos del total de recursos.

Asimismo la prensa y las organizaciones civiles han señalado que los dos fideicomisos permanecen intactos debido a que la Segob argumenta que no se han constituido los Comités Técnicos que deben establecer las reglas de operación necesarias para administrar esos recursos.

El punto de acuerdo fue turnado a la Primera Comisión para su análisis y posterior aprobación.

Persisten obstáculos para acceder a aborto legal en Colombia

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Redacción

CIMAC Noticias
CIMAC Noticias

INTERNACIONAL

Persisten obstáculos para acceder a aborto legal en Colombia
Women’s Link worldwide publica manual para difusión de IVE

México, DF 22 jul 13 (Cimacnoticias).- A siete años de haber sido despenalizado el aborto por tres causales en Colombia, hoy en día continúan las intimidaciones, maltrato y desinformación a niñas y mujeres que exigen este derecho, así lo informó Women’s Link
worldwide en su reciente publicación.

Women’s Link worldwide, organización internacional dedicada a la defensa de los derechos humanos y a la justicia con perspectiva de género, publicó el manual titulado “Lo que hay que saber sobre el aborto legal en Colombia”, el cual proporciona información sobre el procedimiento, que desde 2006 es un derecho para las colombianas.

En la introducción Mónica Roa, Directora de programas de esta organización, expresó que la iniciativa de crearlo surgió porque en 2006, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto por tres causales además de reconocer que mujeres y niñas tienen derecho a solicitar una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) al sistema público de salud.

Sin embargo, sostiene la activista, han existido múltiples obstáculos en el ejercicio de este derecho.

Mónica Roa declaró: “Estamos convencidas que tener información veraz, completa e imparcial, es condición necesaria para poder tomar decisiones autónomas, responsables y realmente libres.”

El manual incluye cuatro capítulos en los que se incluyen preguntas frecuentes sobre IVE, reglas constitucionales, rutas de acceso y buenas y malas prácticas.

Las colombianas pueden exigir este derecho cuando su vida o salud (física y/o mental) estén en riesgo, el feto presente graves malformaciones incompatibles con la vida, es decir, malformaciones que por su gravedad hacen que sea inviable y cuando han sido víctimas de violación o incesto, siempre y cuando se avale por un certificado médico expedido posterior a un análisis integral de la salud de las mujeres.

El servicio debe ser otorgado en todos los hospitales y clínicas sin importar si son públicas o privadas, o estén dirigidas por comunidades religiosas; aunque el médico que esté directamente involucrado en el procedimiento puede objetar si va en contra de sus convicciones personales, con la condición de explicarlas por escrito y asignar un médico no objetor al caso.

El manual también explica cuáles son los procedimientos para realizar una IVE: con medicamentos o quirúrgicos y destaca que únicamente las mujeres o niñas, tienen derecho a decidir entre exigir la IVE, continuar el embarazo y/o al término de éste darlo en adopción.

En caso de que los servicios de salud nieguen el derecho a la IVE, se puede interponer una tutela (demanda o queja) en contra del hospital o clínica que lo niegue, ya que el retraso en la atención médica podría resultar en complicaciones severas en la salud de las mujeres o en la práctica de la IVE.

La negación de este derecho debe ser investigada y sancionada, enfatiza Women’s Link worldwide.

El manual hace hincapié en que los profesionales de la salud que maltraten, desinformen, intimiden a las mujeres o niñas que soliciten una IVE, o falten a alguna de las normas ya mencionadas, recibirán sanciones, según sea el caso, de tipo económico, penal, ético e incluso la suspensión en el ejercicio de la profesión.

En el capítulo final, se anexan testimonios reales con casos de buenas y malas prácticas de la IVE, detallando cómo es que se clasifican, esto con el fin de orientar de manera más explícita a quienes tengan dudas sobre el tema.

HRW denuncia violaciones sexuales contra manifestantes de El Cairo

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Redacción

CIMAC Noticias
CIMAC Noticias

INTERNACIONAL
HRW denuncia violaciones sexuales contra manifestantes de El Cairo
Al 1 de julio sumaban más de 91 casos, todos impunes
 
México, DF 22 jul 13 (Cimacnoticias).- Desde el pasado 1 de julio  más de 91egipcias han sido violadas por manifestantes de la plaza Tahir de El Cairo, quienes exigen la renuncia del presidente de ese país, Mohamed Morsy, denunció en un comunicado la organización internacional Human Rights Watch (HRW).
 
Joe Stork, subdirector para Medio Oriente de HRW, declaró: “Los desenfrenados ataques sexuales ocurridos durante las protestas en la plaza Tahir, ponen de manifiesto las fallas del gobierno y de todos los actores políticos quienes no han podido hacer frente a la violencia sexual que experimentan diariamente las mujeres de Egipto en los espacios públicos, además, estos delitos frenan su plena participación en la vida pública de Egipto en un momento crítico para el desarrollo del país.”
 
A raíz de estos ataques y abusos, se han formado diversos grupos locales que los combaten, uno de ellos es Operación anti acoso/asalto sexual, que opera una línea telefónica de intervención y prevención en la cual ha atendido una gran cantidad de denuncias en defensa de las mujeres que se han unido a las protestas de la plaza Tahir en los últimos días.
 
Dicho grupo confirmó 46 ataques el 30 de junio, 17 el 1 de julio y 23 el 2 de julio. Voluntarios intervinieron para proteger 31 casos de violencia sexual. Cuatro necesitaron atención médica, incluyendo dos que fueron evacuadas en ambulancia.
 
El grupo Nazra, enfocado en Estudios Feministas, confirmó cinco casos más el 28 de junio.
 
Durante mucho tiempo, HRW ha documentado el problema de violencia sexual en las calles de El Cairo y en protestas.
 
Las mujeres han sido atacadas con cadenas, palos, sillas y cuchillos, algunas han sido agredidas por un lapso de 45 minutos antes de poder escapar.
 
Ante estos delitos, la respuesta de las autoridades egipcias no ha sido contundente, la policía se mantiene al margen de las protestas para evitar enfrentamientos, lo cual da certeza a los atacantes de que sus delitos quedarán impunes. Se necesitan esfuerzos concentrados en la aplicación de la ley a favor de la protección de las víctimas, investigación y persecución efectiva de los atacantes, expresó HRW.
 
Uno de los casos más alarmantes reportado en enero de este año por los grupos a favor de los derechos humanos de las mujeres, fue el de una mujer violada con arma blanca que cortó sus genitales.

Acusada de aborto, Hilda libra batalla legal

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Redacción

CIMAC Noticias
CIMAC Noticias

SALUD
Acusada de aborto, Hilda libra batalla legal
Fue condenada a un año de prisión en SLP; GIRE apela sentencia
 
México, DF, 22 jul 13 (Cimacnoticias).- El pasado 5 de abril, pese a no contar con las pruebas necesarias para demostrar su responsabilidad, Miguel Ángel Ramiro Díaz, juez del Juzgado Tercero Mixto de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, sentenció a Hilda, joven de 22 años, por el delito de aborto en San Luis Potosí (SLP).
 
La historia comenzó el 10 de julio de 2009 cuando Hilda –de entonces 18 años y con seis semanas de embarazo– presentó una hemorragia transvaginal que le provocó un aborto espontáneo, debido al traslado diario de agua desde una presa hasta su casa.
 
Acompañada de su hermana mayor y un vecino, la joven se trasladó al Hospital Básico del municipio de Tamuín, en SLP, donde el personal médico –de acuerdo con la declaración de la joven– condicionó la atención médica a que Hilda señalara que había ingerido medicamento para provocarse un aborto.
 
El personal de salud dio parte a las autoridades ministeriales, quienes abrieron una investigación que derivó en que el 16 de julio de 2012, el entonces subprocurador regional para la Huasteca Norte, Rafael Villalobos Romero, girara una orden de aprehensión contra la joven acusada por el delito de aborto como parte del proceso penal 70/12.
 
El 23 de julio de ese año Hilda fue detenida por agentes ministeriales adscritos a la base operativa de Tamuín.
 
Sólo con base en la declaración forzada que tuvo que realizar la joven y el argumento de que sus abogadas defensoras –integrantes del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)– no presentaron pruebas sólidas, Ramiro Díaz sentenció a Hilda a un año de prisión. Ahora ella enfrenta su proceso en libertad.
 
De acuerdo con la legislación de SLP, el aborto es considerado un delito en todos los casos, a excepción de los embarazos producto de una violación, aunque los procedimientos para acceder al aborto por esta causal no están reglamentados.
 
Sumado a ello, en septiembre de 2009 el Congreso local aprobó una reforma a la Constitución estatal para proteger la vida “desde el momento de su inicio en la concepción”.
 
Ante la reiterada violación a los DH de Hilda, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) lanzó una campaña para recopilar firmas y enviar una carta a la magistrada María Guadalupe Orozco Santiago, y los magistrados Zeferino Esquerra Corpus y Carlos Alejandro Robledo, integrantes de la Quinta Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia de SLP.
 
Y es que ante esa sala judicial GIRE presentó una apelación contra la sentencia. En ese tenor, Cladem solicita a la y los magistrados que resuelvan con criterios imparciales el recurso jurídico, “a partir del reconocimiento de la no existencia de pruebas que acrediten su responsabilidad en el delito de aborto que se le adjudica”.
 
De acuerdo con la carta, el caso es “ilustrativo de los prejuicios que persisten en las autoridades judiciales en torno al tema del aborto, así como de la criminalización del personal médico hacia las mujeres que solicitan atención en los hospitales públicos”.
 
Cladem también considera que la acusación carece de validez porque está basada en una confesión violatoria de los Derechos Humanos de la joven, pues ella fue autoincriminada y sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
 
Según la asociación civil Nueva Luna, de 2009 a 20013 al menos 12 mujeres potosinas han enfrentado un proceso penal por el delito de aborto. La petición puede ser signada en http://www.change.org/es/peticiones/ayuda-a-hilda.

7°Resumen de noticias 2013

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Gabriela Mendoza Vázquez

CIMAC Noticias
CIMAC Noticias

Sobrecargos jubiladas de Mexicana hacen mitin en AICM. Exigen ONG transparencia sobre uso de recursos públicos. Alta Comisionada para los DH visitará Colombia. Urgente un mecanismo de protección para activistas en AL: Nobel alternativos. Universidad Nacional de Colombia abre diplomado sobre Género y Cultura
 
Sobrecargos jubiladas de Mexicana hacen mitin en AICM
México.- A once días de que los sobrecargos jubilados de Mexicana de Aviación, Dulce María Mejía Pérez y Rogelio Martínez López, iniciaron un plantón indefinido en las instalaciones de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para exigir a Mexicana el pago del monto de las pensiones que la empresa adeuda a las y los jubilados, aún no reciben una respuesta.
 
Ante ello y para conmemorar el 92 aniversario de la aerolínea que dejó de operar en agosto de 2010, Mejía Pérez anunció que se llevo a cabo un mitin frente a los ex mostradores de Mexicana.
*****************************************
Exigen ONG transparencia sobre uso de recursos públicos
México.- Organizaciones de la sociedad civil, exigieron a los integrantes de la Cámara de Diputados respetar y garantizar su derecho a acceder a información de instancias del poder público y de organismos, a fin de conocer el uso que se da a los recursos públicos, ante la posible reforma constitucional en materia de acceso a la información y transparencia.
 
En una misiva enviada por las organizaciones a las y los legisladores, quienes firmaron indicaron que la reforma que pretende ampliar las facultades del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), debe de contar con herramientas adecuadas que obliguen a instituciones federales, estatales, partidos políticos, entre otros, a informar sobre el uso y destino de los fondos públicos que reciben.
 
Por ello, exhortaron a tomar una decisión a favor del avance de la transparencia y al derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública.
************************************************
Alta Comisionada para los DH visitará Colombia
Washington.-  Del 16 al 19 de julio, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, realizará una visita oficial a Colombia para discutir con las autoridades del país diversos temas, informó el portal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
 
Durante su estancia en el país sudamericano sostendrá reuniones con el presidente Juan Manuel Santos y altos funcionarios del gobierno, así como con representantes de organizaciones civiles y personas defensoras de Derechos Humanos.
 
Entre los temas que discutirá la funcionaria se encuentran los derechos de las mujeres, la situación de las y los defensores de Derechos Humanos, los derechos de las víctimas, discriminación, entre otros.
*********************************************
Urgente un mecanismo de protección para activistas en AL: Nobel alternativos
Colombia.- Durante la primera conferencia regional de Premios Nobel Alternativos, efectuada la semana pasada en Bogotá, Colombia, 14 laureados coincidieron en la urgencia de desarrollar un mecanismo efectivo de protección para activistas y líderes amenazados de América Latina (AL).
 
Después de discutir y analizar durante cinco días sus experiencias y los actuales desafíos para AL, suscribieron el documento “Llamado de Bogotá” que agrupa las necesidades observadas en materia de Derechos Humanos, procesos de paz y memoria, participación democrática y autonomía de los Estados latinoamericanos.
 
Los Premios Nobel Alternativos los otorga la Fundación Right Livelihood Award de Estocolmo (Suecia) desde 1980, en los que ha premiado a 149 personas y organizaciones de 62 países.
*****************************************************
Universidad Nacional de Colombia abre diplomado sobre Género y Cultura
Colombia.- La Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, realizará en agosto próximo su diplomado sobre género y cultura.
 
Durante el curso los asistentes aprenderán la importancia de la sensibilización de género; identidad de género, condición y posición de las mujeres; aportes de las luchas feministas al empoderamiento de las mujeres; y sobre los derechos sexuales y reproductivos.
 
El diplomado tiene un cupo para 35 personas. Para ampliar información escribir a escesgenero_bog@unal.edu.co

Documental devela criminalización de mujeres por abortar

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Anayeli García Martínez

CIMAC Noticias
CIMAC Noticias

SALUD
Documental devela criminalización de mujeres por abortar
“Viva México”, producido por GIRE, recopila testimonios
 
México, DF, 22 jul 13 (Cimacnoticias).- En la pantalla aparece la imagen de una joven que abraza un oso de peluche, después una mujer que hace tortillas en el fogón, luego otra más que juega con su hija, y por último una que camina por la playa. Ellas son Paola,  Nicolasa, Hilda y Ana María, cuatro de las 227 mujeres que cada año son denunciadas por abortar.
 
Las historias de estas cuatro mujeres se retratan en el cortometraje “Viva México”, producido por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), un documental que muestra las injusticias de una sociedad que criminaliza y castiga a las mujeres como si fueran delincuentes por tener un aborto, así sea involuntario.
 
Al presentar el cortometraje en el Goethe Institut, Regina Taméz, directora de GIRE, sostuvo que dar a conocer las historias de estas mujeres es una forma de crear conciencia y visibilizar las injusticias que enfrentan cuando el sistema judicial, los medios de comunicación y la sociedad las criminalizan por interrumpir un embarazo.
 
Señaló que este problema afecta de manera especial a las mujeres más pobres, por lo que el acceso al aborto legal y seguro es un tema fundamental de justicia social, pues tan sólo en 2010 el aborto fue causa del 11.1 por ciento de las muertes maternas en México.
 
El informe “Omisión e indiferencia” –elaborado también por GIRE– reporta que en el país existen siete causales de interrupción legal del embarazo: violación sexual; alteraciones genéticas congénitas en el producto; imprudencial o culposo; peligro de muerte de la mujer; grave daño a la salud; inseminación artificial no consentida, y razones socioeconómicas.
 
Los estados con las legislaciones más restrictivas son Guanajuato y Querétaro. La causal por violación es la única reconocida en todas las entidades federativas y sólo en el Distrito Federal se permite la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación por cualquier circunstancia.
 
De acuerdo con GIRE, las causales de aborto no siempre se cumplen, toda vez que en los últimos cinco años sólo se admitieron 39 autorizaciones de aborto por violación, mientras que cada año unas 227 mujeres son denunciadas aunque se haya tratado de abortos espontáneos.
 
Las historias de Paola, del Estado de México; Nicolasa, también del Edomex; Hilda, de San Luis Potosí, y Ana María, de Baja California, integran en 20 minutos el relato de mujeres denunciadas por personal médico y criminalizadas por un aborto espontáneo.
 
En opinión de Leticia Bonifaz, ex consejera Jurídica del Gobierno del Distrito Federal, estos casos muestran que, por un lado, cuesta trabajo hablar del derecho a decidir de las mujeres y por otro, los medios de comunicación que las criminalizan cuando las llaman “asesinas” inciden en que la sociedad las estigmatice.
 
Por ello GIRE llamó a la sociedad civil a difundir estas historias y poner especial atención en el caso de Hilda, la mujer que hace poco más de tres años fue acusada de aborto y en días recientes un juzgado de San Luis Potosí la sentenció a un año de prisión, por lo que llamaron a unirse a la campaña para lograr su pronta libertad.

Plan B: Cadillac: bailarinas a la cárcel

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Lydia Cacho/ @lydiacachosi

Matrix Noticias
Matrix Noticias

COLUMNA: Cadillac: bailarinas a la cárcel
 
La fiscalía especializada en violencia  contra mujeres y trata de personas llevó a cabo una intervención policíaca en uno de los cientos de bares de baile erótico que operan como burdeles en la Ciudad de México. La autoridad intervino luego de recibir una denuncia en que se aseguraba que en el bar “Cadillac”, de la Colonia Anzures, se daba un claro caso de explotación sexual comercial de una veintena de mujeres.
 
Las jóvenes mujeres que bailaban fueron llevadas ante el Ministerio Público para declarar que eran víctimas de explotación sexual en forma de esclavitud, que en el código penal se considera parte del delito de trata de personas. Inicialmente la mayoría, excepto dos, de las adultas jóvenes que fueron “rescatadas” aceptaron firmar la declaración, luego de que las que se negaron fueron acusadas de ser cómplices de trata junto con los meseros, el barman y los bouncers o guaruras; a los clientes los detuvieron pero después les dejaron ir. Luego de declarar, las mujeres pidieron ayuda a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Aseguraron que no son víctimas y que no tienen sexo a cambio de dinero en el establecimiento, para defenderse mintieron diciendo que ganan grandes cantidades de dinero por bailar.
 
El problema es mayúsculo, porque la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos de trata de personas dice en su Capítulo II que “se considera delito de trata de personas captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación”. Luego dice que es parte de ese delito “la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual”. El Código Penal del Distrito federal dice además que es delito de trata “someter a la persona a cualquier forma de explotación sexual impuesta de manera coercitiva”.
 
En 2007 la fracción parlamentaria del PRD propuso la creación de la Ley de protección del sexo servicio; la cual tendría como finalidad reconocer la dignidad de las personas que realizan servicios sexuales a cambio de dinero. El diputado Juan Bustos, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de diputados local y promotor de la iniciativa, dijo que en el Distrito Federal hay 40 mil personas que viven de la prostitución. En su propuesta planteaba que “los usuarios no se conduzcan con agresividad, no se encuentren bajo el efecto del alcohol o drogas y no porten armas”. Dijo que de las 40 mil personas en situación de prostitución, 35 mil trabajan en bares y prostíbulos; pero no dijo que en esos locales el alcohol es el segundo negocio más importante y que los permisos de alcoholes aportan grandes cantidades de dinero al gobierno. 
 
Luego en julio de 2011, Sergio Euguren, diputado del PAN,  propuso dos iniciativas para controlar la prostitución del Distrito Federal: delimitar las zonas para el ejercicio de la prostitución y castigar a quien solicite servicios fuera de estas zonas. El diputado conservador promueve que en cada delegación se establezca una zona de tolerancia (una especie de gueto). Por su parte Alejandra Gil, fundadora de APROASE, la organización de defensa de servidoras sexuales, asegura que la nueva ley de trata de personas ha abierto las puertas a una persecución de su gremio; asegura que las autoridades insisten en tratar a todas las mujeres en la industria del sexo comercial como víctimas o tratantes. Lo cierto es que  la prostitución está despenalizada en México, aunque en la mayoría de estados los códigos locales aun son ambiguos y la policía sigue llevando a cabo razias en bares y prostíbulos. Gil asegura que la violación a los derechos humanos es mayor ahora.
 
En respuesta, la fiscalía hizo saber a los medios que las víctimas de trata generalmente están aleccionadas para proteger a sus explotadores (lo cual es cierto). Insistieron en que en la mayoría de los casos las víctimas de trata tienen estrés postraumático y un vínculo emocional con sus captores denominado Síndrome de Estocolmo (lo cual es cierto). La autoridad luego hizo una extraña declaración para defenderse de las acusaciones de violación de derechos humanos de las mujeres, a quienes se les ha dado la opción de admitir que son víctimas o culpables; dijeron a los medios que se encontraron “evidencias de trata de personas, tales como rastros de semen y condones” en las cabinas en las que las mujeres bailaban y tenían sexo con clientes.
 
Lo que se plantea en este caso es que los propietarios del “Cadillac” ganaban dinero a través de la prostitución ajena, lo que en términos jurídicos es cierto: ellos contrataron a las jóvenes, algunas de otros países, cobran porcentajes de su baile erótico y de cada encuentro sexual, por tanto técnicamente está configurado el delito de ellos. El problema es que la autoridad necesita que las mujeres se asuman como víctimas de explotación para que la pena sea mayor.
 
Y este es un problema monumental no sólo en México sino en todo el mundo por las complejidades que presenta la trata de personas en el contexto de la industria del sexo comercial. La mayoría de países del mundo han pasado las leyes de trata sin el debate indispensable sobre prostitución. Los que se llevaron a cabo en México, como los de España y Estados Unidos, terminaron en una mayor polarización entre activistas y en leyes contrapuestas y ambiguas que violentan doblemente los derechos de las mujeres.
 
Unos grupos buscan la legalización de la prostitución y su consiguiente denominación como Trabajo Sexual, con los consiguientes derechos y responsabilidades en una ley laboral que debería de incluir la venta de servicios sexuales regulados, lo mismo que el pago de impuestos y seguridad social.  Otras postulan que toda forma de prostitución es un producto de la violencia de género, y que la discriminación sexual no se erradicará en la medida en que las mujeres estén en venta como objetos de placer.
 
Hay feministas como Marta Lamas quienes plantean que la postura de las abolicionistas de la prostitución es un producto sociocultural moralino, anticuado, resultado de una subjetividad psíquica que ve la sexualidad como algo pecaminoso y no entiende que haya mujeres que son capaces de vender su cuerpo de manera libre. Reivindica el “mi cuerpo es mi oficina” de las mujeres en el mundo del sexo comercial. Las abolicionistas insisten en que se trata de detener la doble moral sobre la sexualidad y la desigualdad hacia las mujeres. Lo cierto es que es un debate álgido, porque quienes más ganan en esta industria son los padrotes, enganchadoras y “protectores” que muchas veces son policías.
 
Mientras no se tomen acuerdos sociales concretos sobre el sexo comercial entre personas adultas, nada cambiará. El trato de la autoridad hacia las mujeres adultas en el contexto de la industria sexual es inaceptable. La fiscalía debe hacer investigación previa, centrada en los supuestos tratantes; documentar sus prácticas de no pago o extorsión, la violencia psicológica, el control de las libertades, el dolo y la mentira para la contratación, el lavado de dinero, el tráfico internacional con documentación falsa o retenida; es decir debe hacer trabajo de inteligencia primero y después los arrestos de tratantes, no al revés.
 
Efectivamente en el contexto de la mayoría de esos prostíbulos las condiciones son deplorables, se ejerce violencia contra las mujeres, pero la autoridad no debe violentar sus derechos, ni condicionar su libertad a cambio de que declaren contra la o el supuesto tratante. No es lo mismo cerrar un prostíbulo de adultas que desactivar una red de tratantes, dicen, pero lo cierto es que quien opera un prostíbulo y vive de la prostitución ajena en términos legales es tratante.
 
Cuando se comenzó a evidenciar la violencia doméstica contra mujeres, nadie iba a sacar por la fuerza a las mujeres de su hogar. La manera en que se creó conciencia y ley, fue con el poder de las propias mujeres que reconocieron ser víctimas de constructos culturales de desigualdad y sumisión; entonces lucharon por sus derechos. Hay también un componente económico, las hay que no pueden dejar al agresor por su dependencia económica. En el caso del sexo comercial si no hay opciones económicas reales para la mayoría, muchas se verán forzadas a resistir para subsistir, a normalizar la prostitución para mantenerse. Lo cierto es que la autoridad se equivoca: no se rescata a quien no se considera en peligro. Si ésta es una cruzada moral para cerrar prostíbulos adultos, que la autoridad lo deje claro; si es una estrategia antitrata que haga bien su trabajo, sin violentar a las mujeres, sin amenazarlas y concentrándose en los tratantes.
 
*Plan B es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC,Canal Matrix HD, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.

Urge Congreso a estados a armonizar leyes sobre aborto legal

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Redacción

CIMAC Noticias
CIMAC Noticias

SALUD
Urge Congreso a estados a armonizar leyes sobre aborto legal
Manifiesta preocupación por denuncias contra mujeres
 
México, DF, 20 jul 13 (Cimacnoticias).- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a los estados a revisar su legislación local en materia de interrupción del embarazo, para analizar la pertinencia de armonizarla con los tratados internacionales, aunque no llamó a despenalizar el aborto.
 
En un punto de acuerdo aprobado en la sesión de este miércoles, la Comisión Permanente también llamó a las entidades a garantizar la interrupción del embarazo a víctimas de violación sexual, como lo marca la NOM-046 Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres.
 
La propuesta, presentada en junio pasado por la diputada del PRD Martha Lucía Micher, señala que son “inquietantes” los procesos penales contra mujeres que interrumpen un embarazo, que según el Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE), en 2007 fueron 62, pero entre 2009 y 2011 se dispararon a 679.
 
La Comisión Permanente señaló que es alarmante que en México las denuncias penales contra las mujeres que interrumpen un embarazo no deseado se elevaran en 163.8 por ciento, y que en la mayoría de los casos se tratara de mujeres en condición de pobreza y sin información sobre sus derechos.
 
La iniciativa aprobada menciona que recientemente el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) expresó su preocupación por los casos de mujeres a quienes se les niega el derecho al aborto legal, incluso cuando cumplen los criterios permitidos por la ley.
 
Además agrega que de acuerdo con la NOM-046 las mujeres y las niñas víctimas de violencia tienen derecho a recibir atención médica, y en caso de violación sexual las instituciones de salud están obligadas a otorgarles anticoncepción de emergencia, tratamiento para infecciones de transmisión sexual, y en su caso ofrecer la interrupción legal del embarazo.
 
Por ello el documento avalado por las y los legisladores señala que, como lo ha documentado GIRE, sigue pendiente el cumplimiento de la NOM-046 porque se ha registrado que sólo 15 de las 32 entidades federativas brindan el servicio de aborto por violación.
 
La Comisión Permanente también exhortó a las y los secretarios de Salud en los estados a hacer lo necesario para que prevalezca el derecho de las mujeres a la salud, y el personal médico se abstenga de criminalizarlas en caso de que se practiquen un aborto.