Exigen transparencia de recursos para salud sexual y reproductiva

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Guadalupe Cruz Jaimes

POLÍTICA
Exigen transparencia de recursos para salud sexual y reproductiva
Organizaciones civiles denuncian opacidad
 
México, DF, 8 nov 11 (CIMAC).- A una semana de que la Cámara de Diputados apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2012, más de 40 organizaciones civiles llamaron al Poder Legislativo a aprobar mecanismos de transparencia que posibiliten la rendición de cuentas de los recursos para atender la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
 
En conferencia de prensa, Raffaela Schiavon, directora de Ipas México, expresó la preocupación por la opacidad que existe en la aplicación de recursos, pues ésta impide medir la efectividad de programas y acciones encaminadas a reducir problemas de salud “graves” como la muerte materna (MM).
 
Abundó que pese al incremento anual de montos y de cobertura del Sistema de Protección Social en Salud, éste no se traduce en mejoras a la salud, muestra de ello es que 28 por ciento de las mil cuatro mujeres que fallecieron por causas maternas en 2010, no tenía seguridad social, y, de ellas, el 39 por ciento contaba con Seguro Popular (SP).
 
Schiavon mencionó que la rendición de cuentas es una “exigencia mínima” con la que debe cumplir el sistema de salud (municipal, estatal y federal) para poder dar seguimiento a las acciones dirigidas al mejoramiento de la salud sexual y reproductiva, como la estrategia Embarazo saludable, del SP, y medir su impacto.
 
Por ello, la directora de Ipas México, llamó a las y los legisladores a retomar la propuesta respaldada por decenas de organizaciones civiles, y obliguen a las autoridades del sector a transparentar el ejercicio del presupuesto y brindar información detallada respecto a la aplicación de los programas.
 
Argumentó que la rendición de cuentas es prioritaria para avanzar en el cumplimiento del derecho constitucional a la salud, ya que hasta ahora los aumentos millonarios al SP – que se prevé, pasen de 2011 a 2012 de 56.9 a 65.6 millones de pesos –  “no se traducen necesariamente” en el acceso de la población a este derecho.
 
Schiavon Ermani denunció que mientras el Ejecutivo propone un incremento al SP, disminuye en el PPEF hasta 64.4 por ciento los recursos aprobados para programas de salud sexual y reproductiva, en 21.5 por ciento los otorgados para la reducción de la MM, y en 32.6 por ciento para la prevención y atención del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y otras infecciones de transmisión sexual en mujeres.
 
La reducción presupuestal y la opacidad en el ejercicio de los mismos, son “incompatibles” con las dificultades que México afronta para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como la disminución de la razón de MM, a 22 fallecimientos por cada cien mil nacidos vivos, la cual actualmente se sitúa en 53, según la Secretaría de Salud (SS).
 
Un mecanismo para avanzar en la transparencia de los recursos y, de este modo, medir la efectividad de las acciones, es la publicación en “tiempo y forma” de los Acuerdos para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados (AFASPE).
 
Dicho instrumento permitiría conocer periódicamente el uso de los recursos federales de los estados para la atención y prevención de la salud sexual y reproductiva de sus habitantes. A su vez, la rendición de cuentas posibilita el seguimiento de indicadores de eficiencia en problemáticas como la MM y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, como planificación familiar y anticoncepción.
 
Además de la publicación en las páginas web de la SS federal y de las 32 entidades federativas, Briseida Lavielle, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, refirió que la Secretaría de la Función Pública tiene atribuciones para controlar el uso del gasto en salud, durante el ejercicio de los estados. Para que esto ocurra es necesario que las autoridades consoliden acuerdos políticos, apuntó.
 
Lavielle señaló que la vigilancia en esa secretaría, complementaría el recuento anual que realiza la Auditoría Superior de la Federación, la cual reportó que en 2009 los dictámenes respecto el ejercicio de los recursos en 14 estados fueron negativas y en 18 fueron “con salvedad”, es decir, ninguna obtuvo un resultado positivo.
 
Entre las irregularidades, indicó, está que no documentaron lo gastado, ni justificaron erogaciones las entidades federativas y aplicaron los recursos para fines referente a lo establecido.

2ºResumen de noticias Noviembre 2011

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/por:Gabriela Mendoza Vázquez

Inicia campaña “Infancia sin Violencia”. Universitaria gana premio por análisis del derecho de réplica. Marcha en Cancún contra turismo sexual infantil y adolescente. Inauguran Centro de Excelencia contra el Hambre en Brasil
 
Inicia campaña “Infancia sin Violencia” 
México.- Organizaciones de la Sociedad Civil y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, iniciaron hoy la Campaña “Infancia sin Violencia”, la cual tiene como objetivo visibilizar las expresiones de violencia armada, violencia sexual y los castigos corporales que sufren niñas, niños y adolescentes en el país.
 
Con el slogan “Ningún tipo de violencia es justificable… y toda violencia es prevenible”, se busca difundir las recomendaciones que el Comité de Derechos del Niño de la ONU ha realizado al Estado Mexicano para atender las distintas expresiones de violencia contra la infancia.
 
La campaña, que se promoverá a través de medios impresos, eventos públicos, acciones de las OSC y en las redes sociales, pretende sensibilizar a la población en el tema y crear una cultura de paz.
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Universitaria gana premio por análisis del derecho de réplica
México.- La profesora de la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM, Eugenia Paola Carmona Díaz de León, obtuvo el primer lugar del Quinto Concurso Nacional de Tesis de Licenciatura y Posgrado sobre el Orden Jurídico Nacional, por su análisis del derecho de réplica en el país, informó el boletín UNAM- DGCS- 659

La también colaboradora del Centro de Investigación y Capacitación de Propuesta Cívica, AC, señaló que “el tema abordado en su tesis “El derecho de rectificación en México” es poco estudiado y de gran relevancia, ya que la réplica es el medio de defensa de una persona si algún medio de comunicación difunde información inexacta sobre ella”.

El premio, afirmó la profesora, es un reconocimiento a su trabajo y a la labor académica que realiza la UNAM, en particular en la FD.
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Marcha en Cancún contra turismo sexual infantil y adolescente
México.- El próximo 12 de noviembre, el Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) Cancún A.C, realizará la “Marcha Yo no estoy en venta”, contra el turismo sexual infantil y adolescente en la zona hotelera de Cancún.
 
La marcha tiene como fin que niñas, niños y adolescentes, tomen espacios públicos en libertad y expresen su necesidad de una vida libre de violencia.
 
Durante el 2011 el CIAM Cancún realizó una campaña dirigida a niñas, niños y adolescentes sobre prevención de trata de personas con fines de explotación sexual.
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Inauguran Centro de Excelencia contra el Hambre en Brasil
Panamá.- El Programa Mundial de Alimentos (PMA) y Brasil, inauguraron en la ciudad de Brasilia, el Centro de Excelencia contra el Hambre, que tiene como objetivo ofrecer ayuda a países de África, Asia y América Latina para que mejoren, amplíen y ejecuten sus propios programas nacionales de alimentación escolar, informó el portal del PMA.
 
La directora ejecutiva del PMA, Josette Sheeran, refirió que “Brasil es un campeón mundial en la lucha contra el hambre y su experiencia podrá ofrecer a los gobiernos deseosos de aprender, una alternativa para lograr resultados positivos en el tema

Frenar violencia contra migrantes,piden madres de la Caravana

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Guadalupe Cruz Jaimes

DERECHOS HUMANOS
Frenar violencia contra migrantes, piden madres de la Caravana
Exigen a autoridades mexicanas trato digno
 
México DF, 8 nov 11 (CIMAC).- Mujeres centroamericanas en busca de sus hijas e hijos desaparecidos en México hicieron un llamado a las autoridades para que frenen la violencia en contra de las personas migrantes que transitan por el país rumbo a Estados Unidos, y exigieron que reciban un trato digno durante su estancia en territorio nacional.
 
Doris Maritza Cerrato Oviedo, madre de la hondureña Doris Deyanara Bautista Cerrato, migrante hondureña desaparecida hace cinco años en Tapachula, Chiapas, declaró a Cimacnoticias: “pedimos que por favor traten por todos los medios de hacerle el camino más fácil a las migrantes”, quienes “cruzan por aquí por las necesidades que hay en nuestros países”.
 
Luego de recorrer siete estados de la República en busca de sus familiares, las madres centroamericanas llegaron ayer a esta capital y fueron recibidas en la Casa de los Amigos –una organización religiosa de apoyo a migrantes–, donde algunas de ellas narraron la desaparición de sus hijas e hijos.
 
Doris Maritza señaló que su hija salió de Honduras a los 19 años de edad con la intención de ir a trabajar a Estados Unidos, pero cuando llegó a México, encontró un empleo y “estaba muy contenta, me decía que me mandaría dinero para que les llevara a sus bebés, decía que los quería ver”.
 
Sin embargo, antes de que la migrante cumpliera un año en el país, durante la última llamada telefónica, “me dijo: mamá ya no puedo hablar contigo, mejor no, mejor no me vuelvas a llamar”, eso ocurrió en febrero de 2007, y “desde esa fecha hasta hoy no sé nada de ella”.
 
Cerrato Oviedo, quien estuvo en la caravana de migrantes Paso a Paso que se llevó a cabo en México en julio pasado, menciona que si su hija está viva, ahora tiene 25 años. “No pierdo la esperanza de volverla a ver”. Para encontrarla pide el apoyo de las autoridades, a quienes también solicita que “no denigre a nuestros migrantes, sólo necesitan pasar por aquí”.
 
Actualmente, se calcula que cada año ingresan al país 400 mil personas, de las cuales entre 10 y 30 por ciento transitan por México rumbo a EU.
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos advierte que mil 600 migrantes son víctimas de secuestro cada mes.
 
La caravana -a la que aún le restan cinco días de recorrido por los estados de Veracruz, Oaxaca y Chiapas- está integrada por 28 mujeres hondureñas, 4 nicaragüenses y una salvadoreña.
 
Una de las originarias de Nicaragua, María Eugenia Barrera Rocha, busca a su hija Clementina del Carmen Lago Barrera, quien despareció el 9 de noviembre de 2003. Mañana cumple ocho años de haber desaparecido.
 
“La primera información que tuve de ella, fue que la habían vendido a un club nocturno en Guatemala, me dijo un trailero que estuvo en ese lugar. Mi hija pidió que me avisaran para que yo fuera a buscarla”, refirió Barrera Rocha.
 
Cuando su madre llegó, era tarde. Una joven que trabajaba en el lugar le dijo que un mexicano la había sacado del club.
 
Clementina fue engañada en su país, por un hombre que le prometió un trabajo de secretaria. Entusiasmada, la joven de 17 años de edad aceptó ir a “probar suerte”. María Eugenia puso la denuncia en Nicaragua, “pero las autoridades no nos ayudan”.
 
Por eso, esperanzada, vino a la caravana con las otras 32 mujeres, apoyada por el Movimiento Migrante Mesoamericano. Ella considera que “es una oportunidad de venir para encontrar a nuestros hijos. Sólo quiero saber si está viva y que ella sepa que sus hijas están bien”, ya que la joven dejó en su país a dos gemelas de once meses, que actualmente tienen 9 años de edad.
 
El sacerdote Alejandro Solalinde, de la Casa del Migrante en Ixtepec, Oaxaca, presente en el recibimiento de la caravana, señaló que toca al Estado mexicano pedir perdón a las madres centroamericanas por los agravios que sus familiares sufrieron en el país.
 
Además, dijo que México debe coordinar políticas públicas regionales o mesoamericanas, para que esto no se vuelva a repetir, así como la generación de infraestructura para el manejo forense que permita identificar los restos de las y los migrantes, pues en esta materia “estamos en la calle”.
 
Solalinde refirió que al gobierno mexicano le corresponde intervenir porque las desapariciones de personas migrantes no sólo son obra de la delincuencia organizada, en los delitos cometidos en contra de estas mujeres y hombres participan servidores públicos, “con la omisión y complicidad de altos funcionarios públicos”.
 
Cabe mencionar que hoy las centroamericanas se reunieron con Irene Herrerías, procuradora Social de Atención a Víctimas, a quien le entregaron la documentación del caso de la desaparición de sus hijas e hijos, informó la organización Pastoral de la Movilidad Humana.

Admite CIDH caso de tortura sexual en Atenco

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Anayeli García Martínez

DERECHOS HUMANOS
Admite CIDH caso de tortura sexual en Atenco
Al banquillo Enrique Peña Nieto por ordenar represión
 
México, DF, 8 nov 11 (CIMAC).- Después de tres años de espera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de tortura sexual de 11 mujeres violadas durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006, en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México.
 
En un comunicado, la CIDH informó que admitió el caso, con lo que se abre la posibilidad de que eventualmente pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), y se condene al Estado mexicano por la tortura ejercida por policías federales y estatales contra estas mujeres.
 
Al concluir su 143 periodo ordinario de sesiones que se llevó a cabo del 19 de octubre al 4 de noviembre de este año, la CIDH anunció que aprobó el informe de admisibilidad “512-08-Mariana Selvas Gómez y otras, México”.
 
Las denunciantes son Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Bárbara Italia Méndez, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torre y Suhelen Gabriela.
 
Las 11 mujeres fueron víctimas de violencia sexual física y verbal por parte de los agentes que las custodiaban en el interior de los vehículos donde eran trasladadas hacia el penal de Santiaguito, en el Estado de México, luego de ser detenidas por “participar” en los disturbios del 3 y 4 de mayo de 2006, en Texcoco y Atenco.
 
Ellas fueron parte de las 47 mujeres detenidas en los operativos ordenados por el ahora precandidato del PRI a la Presidencia de la República Enrique Peña Nieto, quien en una aparente represión pretendía desalojar a un grupo de floricultores en San Salvador Atenco.
 
En ese momento más de tres mil policías dejaron un saldo de 207 personas detenidas; dos muertos: Javier Cortés Santiago, de 14 años, y Alexis Benhumea, estudiante que murió un mes después del operativo; y decenas de personas torturadas, entre ellas las mujeres víctimas de abuso sexual.
 
De las 47 mujeres detenidas, se acreditó que 26 fueron violadas sexualmente, pero sólo 14 denunciaron ante la entonces Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (Fevim), de la Procuraduría General de la República (PGR).
 
En el proceso, y ante la falta de resultados sólo 11 continúan en la búsqueda de justicia, pero ante la dilación en las investigaciones en abril de 2008 las 11 denunciantes solicitaron a la CIDH admitir su caso, el cual finalmente fue aceptado aunque todavía se espera una notificación oficial al Estado mexicano por parte de la instancia interamericana.
 
La directora para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Alejandra Nuño –quien acompaña a las víctimas–, explicó que aún no hay una notificación formal al Estado mexicano y será hasta que ésta se presente cuando empiecen a correr los tiempos para que las autoridades y la defensa de las 11 mujeres envíen sus argumentos a la CIDH.
 
Jaqueline Sáenz, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) –quien también litiga el caso–, explicó que la admisibilidad es un avance sustancial en el largo recorrido nacional e internacional que han realizado las denunciantes de tortura sexual.
 
Recordó que desde 2008, cuando se presentó el caso ante la CIDH, el Estado mexicano ha desdeñado el tema; ejemplo de ello es el retraso en la entrega de los informes requeridos por la CIDH y el silencio que ha guardado desde octubre de 2010 cuando tenía que entregar un reporte que a la fecha no ha presentado.
 
En el quinto aniversario de los hechos violentos, en mayo de 2011, las 11 mujeres anunciaron que continuarían con la lucha, a la vez que criticaron el actuar de la Fiscalía Especial de Delitos Violentos Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) –dependiente de la PGR–, y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).
 
Aunque en mayo de 2007 la PGR practicó el Protocolo de Estambul para acreditar la existencia de tortura, la Fevimtra se declaró incompetente para investigar el caso. En tanto la PGJEM no ha realizado las diligencias necesarias para encontrar a los responsables.
 
Finalmente, a cinco años de los hechos y a tres de que se presentó la petición ante la CIDH, es probable que se reconozca que las 11 mujeres fueron víctimas de tortura sexual y que el Estado mexicano y las autoridades mexiquenses, incurrieron en graves violaciones a los Derechos Humanos.

Cambiar concepto “violencia familiar”por “tortura doméstica”

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Patricia Chandomí, corresponsal

VIOLENCIA
Cambiar concepto “violencia familiar” por “tortura doméstica”
Experta penalista reclama al Estado castigar este crimen
 
Tuxtla Gutiérrez, 8 nov 11 (CIMAC).- La violencia de género o intrafamiliar debe ser considerada como “tortura doméstica”, toda vez que es un daño físico y psicológico infringido por los varones para triturar la autoestima de las mujeres, propuso la abogada argentina Claudia Hasanbegovic.
 
Al impartir el diplomado “Género, Justicia y Derecho”, organizado por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la abogada prosecretaria de la Corte Suprema de Justicia de Argentina explicó que en la “tortura doméstica” existe una responsabilidad de los Estados para erradicar de fondo el maltrato hacia las mujeres.
 
“La violencia masculina contra las mujeres suele estar cargada de elementos de tortura como el aislamiento, los insultos y el castigo corporal severo que puede desembocar en un feminicidio”, advirtió la especialista en el tema.
 
Hasanbegovic abundó que la tortura tiene por objeto el sometimiento y el quebrantamiento de la autoestima y la resistencia moral de las víctimas a través del daño físico y psicológico.
 
“La tortura busca una confesión o información, aunque también puede derivarse de un acto de venganza por un hecho cometido por la víctima o por una tercera persona, o simplemente puede darse como un acto de poder y placer”, detalló.
 
La abogada feminista expuso que al oír los términos “violencia doméstica”, “violencia familiar” o “violencia contra las mujeres”, la gente en general puede considerar el fenómeno como algo sin relevancia o minimizarlo como un “problema privado”.
 
Insistió en que el Estado tiene una responsabilidad insoslayable en la erradicación de la violencia masculina contras las mujeres.
 
En ese sentido, Claudia Hasanbegovic sostuvo que la palabra “tortura” motiva la desaprobación general y el respeto por las víctimas, “tan necesaria para curar las heridas sufridas”.
 
Abundó que la diferencia en la respuesta pública ante estas dos formas de violación a los Derechos Humanos (tortura doméstica y violencia de género) puede hallarse en la división de las esferas de lo “público” y lo “privado”, lo “doméstico” y lo “político”, el mundo “femenino” y el mundo “masculino”.
 
Respecto a la “responsabilidad del Estado” en casos de tortura, la experta indicó que también hay un fracaso de los gobiernos ante la comunidad internacional al no impedir el sufrimiento de las mujeres y de sus hijas e hijos por el daño infligido por sus parejas íntimas.
 
“Los Estados tienen la obligación, nacional e internacional de proteger a sus ciudadanas mujeres, y a toda mujer que habite sus territorios, de garantizarles el goce y disfrute de su vida, de su integridad psico-física y sexual tanto en la esfera pública como privada, y tienen también la obligación de investigar los delitos contra ellas y castigar a los delincuentes”, demandó Hasanbegovic.
 
Añadió: “El fracaso constante en proteger a las mujeres de la violencia masculina en el hogar constituye una responsabilidad del Estado”.
 
La especialista observó que la mayoría de las naciones tiene a hombres ocupando altos cargos en instituciones estatales como el Poder Judicial y la policía, encargadas de investigar y castigar los delitos.
 
“En la mayoría de los países estas instituciones fracasan en su cometido cuando se trata de los agresores ‘particulares’ de mujeres ‘particulares’; y un ejemplo de ello es el incremento de las cifras del feminicidio a nivel mundial”, concluyó.

Empresa contratada por el DIF despide a mujer por estar embarazada

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Silvia Núñez Esquer, corresponsal

LABORAL
Empresa contratada por el DIF despide a mujer por estar embarazada
Call center la había reclutado para asesoría psicológica
 
Hermosillo, 8 nov 11 (CIMAC).- El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) violó los derechos laborales de una mujer al despedirla de un programa de atención telefónica para casos de violencia de género, por el simple hecho de estar embarazada.
 
Azucena Jiménez Gutiérrez, madre de una niña de cuatro años y con un embarazo de cuatro meses, fue despedida en su segundo día de labores y acusó al DIF nacional de transgredir su derecho a ser madre y a decidir sobre su salud reproductiva.
 
La joven de 25 años de edad contó a Cimacnoticias su “experiencia traumática” con la empresa encargada por el DIF para aplicar el programa de ayuda telefónica: el call center Anexa Teleservices, ubicado en esta ciudad.
 
El reclutamiento del personal para esa labor corrió a cargo de ROAN, administración y reclutamiento de personal S.A. de C.V.
 
VIOLENCIA LABORAL
 
Azucena nunca se imaginó que su condición biológica fuera su principal enemigo para conseguir trabajo. Psicóloga de profesión y con experiencia en atención de casos de violencia contra las mujeres, fue despedida en su segundo día de trabajo “porque a alguien se le pasó decirme que no contratan a mujeres embarazadas”, narró.
 
Y es que el DIF nacional inició un proyecto para implementar una línea telefónica de atención ciudadana para casos de violencia de género, el cual se implementará en fase piloto durante noviembre y diciembre de este año.
 
En la prueba piloto el call center sólo recibiría llamadas del DF por medio de una línea 01-800. El periodo de prueba sería evaluado a fin de año, para decidir si continúa o no la línea de emergencia.
 
Anexa Teleservices tiene una planta de mil 200 empleados y cuenta con varias instituciones entre sus clientes, entre ellos el DIF nacional. Para el proyecto de la instancia gubernamental se solicitó a una psicóloga clínica, profesión de Azucena Jiménez.
 
Como parte de Anexa Teleservices, ROAN se encargó de reclutar a las psicólogas y abogadas solicitadas por el DIF nacional.
 
Tras cuatro días de capacitación por personal del DIF, la joven fue contratada como operadora telefónica para asesorar a las y los usuarios, y brindar los primeros auxilios psicológicos en caso de ser necesario.
 
Sin embargo, ella fue despedida en su segundo día de trabajo y sacada de las instalaciones por personal de Anexa para que firmara su renuncia con el argumento de que estaba embarazada. 
 
DISCRIMINACIÓN
 
Azucena relató que en el proceso de reclutamiento nunca se le advirtió que estar embarazada fuera un impedimento para contratarla. La primera persona que vio su perfil le ofreció ser supervisora de operadoras. Luego pasó con un sujeto de nombre Ricardo Villa, quien la entrevistó y decidiría si le darían ese cargo.
 
Villa le dijo que sí cumplía con el perfil, por lo que le entregó una hoja con los requisitos que debía cumplir, mismos que de momento ella no revisó. Una vez que llevó los papeles, nadie le preguntó por el certificado de no gravidez, el cual no tenía.
 
En su primer día de trabajo la abogada de la empresa le entregó a Azucena el contrato en el que se estipula que no debe estar embarazada. La joven le dijo que no podía firmarlo por su condición de gravidez.
 
Ante la sorpresa, la abogada explicó que revisaría el caso de Azucena y le entregó una tarjeta bancaria de nómina. Luego de su despido injustificado, Jiménez demandó a Anexa Teleservices a través de la oficina de inspección local de la Secretaría del Trabajo.
 
La joven dijo estar decepcionada, ya que pensó que las empresas se fijarían más en sus capacidades y no en su situación biológica. Contó que Anexa justificó el despido con los argumentos de que el trabajo era muy pesado para ella, que era “por su bien”, y que “las embarazadas orinan mucho”.
 
“Hay una falta de congruencia entre lo que promueve el DIF y la empresa que contrató para reclutar al personal”, acusó Azucena.