STAFF Matrix Noticias/Canal Matrix Mx/Por: Arturo Cordova S / Por: Redacción/Con información: Melissa Hernandez / Matrix Digital Mx y RT en Español
La Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas investiga los terrenos donde podría haber rastros de sus seres queridos, por sus propios medios. Las familias abocadas a las tareas critican a las autoridades, y exigen que mejoren sus labores para encontrar a las víctimas.
Foto: Imagen Ilustrativa / Agencias
El drama de las desapariciones forzadas de personas en México motiva a que varias agrupaciones y ONG se convocaran en los últimos años para buscar a los seres queridos por sus propios medios, mientras el Estado no logra dar respuesta a un flagelo que conmociona a la sociedad hace varias décadas: se registran 73.201 desaparecidos desde 1964 hasta julio del 2020, según los registros oficiales.
Con ese contexto histórico, RT Reporta se adentra en las tareas realizadas por la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, conformada por una serie de colectivos que no se resigna a darse por vencido. De hecho, su premisa es repetida en todo el país: «Vivos se los llevaron, vivos los queremos».
En esta oportunidad, las actividades se realizan en el estado de Veracruz, cuyo territorio habría tenido gran influencia de los Zetas, un conocido grupo dedicado al crimen organizado. Así, miembros de la quinta brigada de búsqueda se despliegan en un predio conocido como La Gallera, donde creen que pueden hallar restos de cadáveres calcinados. Por eso, muchos hablan de que allí había «cocinas», según explica Mario Vergara, uno de los buscadores: «Usaron madera, quemaban a nuestros familiares en un horno y venían a enterrarlos aquí», cuenta.
Críticas al Gobierno
Según el referente del grupo, las indagaciones estatales tienen falencias al realizar los rastrillajes en la zona: «Es la quinta vez que regresan las familias a este predio a buscar, y encontramos, cuando ya pasó el Gobierno federal y los peritos especializados. Llegan las familias, y volvemos a sacar».
Así, estos ciudadanos de a pie realizan hallazgos que las autoridades no habían logrado trabajando previamente sobre el terreno, principalmente huesos. Además, en las investigaciones organizadas por estos colectivos también suelen aparecer prendas, algunas de ellas con manchas de sangre.
«Las familias vamos a hacer el trabajo, a demostrarle al Gobierno las mentiras que siempre nos ha dicho. No sabe buscar a nuestros familiares, solo simula», insiste Vergara. Y acota: «Sería una vergüenza para el Estado mexicano que seamos las familias, que no tenemos ningún estudio ni capacitación forense, quienes encontremos a nuestros familiares en la tierra».
En sintonía, el sentimiento de rechazo hacia las tareas gubernamentales es compartido por varios miembros del equipo. Así lo explica la fundadora de la asociación Familiares en Búsqueda, María Herrera Magdaleno, quien todavía desconoce el paradero de sus cuatro hijos: «Es coraje, resentimiento con todos estos Gobiernos que debieron haber hecho lo primero, cuidarnos y protegernos. Después de no hacer esto, por lo menos ayudarnos a buscar a nuestros seres queridos».
«Las familias adquirieron una capacidad que rebasa a científicos y peritos»
Asimismo, las actividades desplegadas por las familias que buscan la verdad genera elogios entre especialistas en la defensa por los derechos humanos. «Los familiares han adquirido una capacidad empírica que muchas veces incluso rebasa la capacidad de los cuerpos científicos y periciales», opina Luis Tapia, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Y concluye: «Aprendieron sobre huesos, sobre la tierra. Aprendieron a interpretar los accidentes del terreno, el relieve a partir de eso, a abrir y encontrar. Más que capacitar las fiscalías, capacitan las familias».
Para saber más sobre las tareas de búsqueda que realizan estos grupos de manera independiente, no se pierda la nueva edición de RT Reporta.
STAFF Matrix Noticias/Canal Matrix Mx/Por: Arturo Cordova S / Por: Redacción/Con información: Pamela Quiroa / Matrix Digital Mx y RT en Español
Una investigación periodística descubrió que casi 40.000 cadáveres han quedado en el anonimato por el desborde de muertes, la falta de personal e infraestructura y la anomia de las autoridades.
Foto: Imagen Ilustrativa / Agencias
La guerra contra el narcotráfico que comenzó en México en 2006 provocó que la cantidad de cuerpos que ingresaban a los anfiteatros aumentara tanto que, para fines de 2019, por lo menos 38.891 cadáveres no habían logrado ser identificados debido al colapso de los servicios médicos forenses.
Así lo revelaron los periodistas Efraín Tzuc y Marcela Turati en una investigación publicada en el sitio Quinto Elemento y que analiza por primera vez una de las facetas más trágicas dejadas por la estrategia bélica antinarco iniciada por el expresidente Felipe Calderón y que, en lugar de mermar el tráfico de sustancias ilícitas, solo incrementó la violencia en todo el país.
La paradoja es que, mientras los cuerpos sin identificar se siguen acumulando en las morgues o terminan en cámaras frigoríficas, fosas comunes o escuelas de medicina, decenas de miles de familias siguen buscando a sus desaparecidos, en muchos casos, con sus propias manos.
Los periodistas demostraron la opacidad de la información oficial en torno a la crisis forense, ya que los datos de los cuerpos anónimos muchas veces ni siquiera quedan en los registros estatales y son dejados en funerarias o incinerados, eliminando así la posibilidad de que en algún momento se pueda recuperar su identidad.
De acuerdo con la investigación, en 2006 hubo por lo menos 178 cuerpos sin identificar, pero en 2007 la cifra aumentó a 433. El fenómeno se hizo cada vez más masivo: 2018 cerró con 4.408 y para 2019, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se acumularon otros 4.905.
Así, la herencia de Calderón en la crisis forense fue de 9.349 cadáveres anónimos y la de Peña Nieto, de 17.590. En conjunto, el ingreso a los anfiteatros de cuerpos a los que no se les pudo devolver el nombre se incrementó en mil por ciento en estos 14 años.
Desaparecidos
En julio pasado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, reportaron que en el país había 73.201 personas desaparecidas o no localizadas, lo que demuestra la escala de la tragedia humanitaria que padece el país.
Las autoridades también revelaron que desde diciembre de 2006 hasta la fecha se habían encontrado 3.978 fosas clandestinas en las que se pudieron recuperar 6.625 cuerpos.
Muchas de esas fosas han sido encontradas y exploradas por los familiares de los desaparecidos que podrían haber obtenido respuestas del destino de la pareja, el hermano o el hijo que buscan en los miles de cuerpos arrojados a las morgues y que jamás fueron identificados por el Estado.
Según los datos recabados por Quinto Elemento, de los 39.891 cuerpos que no fueron identificados, 25.833 correspondían a hombres y 2.419 a mujeres, en tanto que en 10.639 casos ni siquiera fue especificado el género.
En un desglose geográfico, resulta que cinco estados concentran más de la mitad de esos cuerpos: Ciudad de México, Baja California, Jalisco, Estado de México, Chihuahua y Nuevo León.
La crisis forense comenzó a ser debatida en México septiembre de 2008, cuando un tráiler abandonado con cientos de cuerpos fue descubierto en Jalisco. Aunque al principio se especuló con un crimen narco, después se descubrió que las autoridades habían apilado 322 cuerpos en dos tráileres rentados, uno de los cuales estuvo errante y sin refrigeración por las calles de Guadalajara, ya que los servicios médicos no tenían más capacidad para recibir más cadáveres.
Desde entonces, las «morgues móviles» siguen existiendo a lo largo del país, así como las incineraciones de cuerpos sin identificar o, de plano, la pérdida de cadáveres, ya que las autoridades de estados como de Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas perdieron la pista de por lo menos 999 cuerpos. No saben qué pasó con ellos.
STAFF: Matrix Noticias/Canal Matrix HD/Por: Arturo Cordova S/Por: Redacción/Con información: RT en Español
En esta nueva edición del programa ‘En la Mira’, RT y TeleSUR desgranan el oscuro caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, que ya ha salpicado a algunos presidentes latinoamericanos.
Naciones como Brasil, Argentina, México, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Mozambique o Angola tienen algo en común: todas están salpicadas por el caso Odebrecht, uno de los mayores entramados de corrupción en la historia de Latinoamérica, cuyo alcance es, de momento, incalculable: 800 millones de dólares provenientes de la constructora brasileña Odebrecht repartidos en sobornos y dádivas para grandes proyectos de construcción e incluso campañas presidenciales.
Parece salido del guion de una película, pero sus protagonistas son empresarios, políticos, presidentes y expresidentes reales. Los detalles de estas confesiones aún se mantienen bajo secreto de sumario y amenazan con desatar un huracán político aún mayor cuando se hagan públicos.
Construir el abismo
En diciembre del 2016 el Departamento de Justicia de EE.UU. puso al descubierto el mecanismo secreto de lavado de dinero empleado, una especie de departamento para los sobornos que, sistemáticamente, pagó cientos de millones de dólares en coimas. Para evitar el rastreo del dinero usaban compañías off shore y empresas falsas.
Aunque el documento que publicó la Fiscalía estadounidense no especifica los nombres de los implicados, en varias naciones sudamericanas ya son muchos los que podrían sufrir las consecuencias de este escándalo. Las sospechas recaen sobre los expresidentes peruanos Alejandro Toledo y Ollanta Humala, sobre distintos funcionarios de los gobiernos de Argentina y hasta sobre el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y el mandatario brasileño, Michel Temer.
¿Hasta qué punto podrían estar implicados los diferentes gobiernos en este asunto? RT y TeleSUR desgranan las claves de este oscuro caso que ha dejado obras arquitectónicas canceladas, proyectos de transporte urbano detenidos y un sinfín de perjuicios que ensombrecen ahora la vida de las decenas de miles de ciudadanos.
Felipe Calderón, el expresidente mexicano realizó unas duras críticas sobre el plan del candidato republicano Donald Trump de construir un muro fronterizo que, según él, será pagado por México.
«No vamos a pagar ni un solo centavo por un muro tan estúpido. Y va a ser completamente inútil», afirmó Calderón a la cadena CNBC, agregando: «Si este hombre pretende cerrar las fronteras para el comercio o para que la gente proporcione prosperidad a EE.UU., está completamente loco».
LABORAL Familias confían en rescate de los cuerpos de mineros Esperan que tema no se contamine por comicios en Coahuila México, DF, 8 jun 13 (Cimacnoticias).- Las familias de los 63 trabajadores que quedaron sepultados el 19 de febrero de 2006 en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, tienen la esperanza de que el gobierno federal rescate por fin los cuerpos, ya sea por voluntad política o como una medida para anticiparse a una posible resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En entrevista con Cimacnoticias, Cristina Auerbach, integrante de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), dijo que llevará tiempo el posible rescate de los cadáveres, anunciado a mediados de mayo pasado por Ricardo García Cervantes, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR). Además advirtió su preocupación de que el tema sirva a intereses partidistas, toda vez que el próximo 7 de julio en Coahuila habrá comicios locales para renovar ayuntamientos. “Ahora todo el mundo quiere el rescate, hasta los que lo impidieron anteriormente, pero no es un tema electoral sino de justicia, así que no habrá novedades ni avances hasta que pasen las elecciones, porque no se trata de una promesa de campaña”, expresó Auerbach. La activista destacó que el anuncio de García Cervantes dio confianza a las familias de que ahora sí se rescatarán los restos de sus seres queridos. “Cuando él era senador hizo cuanto pudo por ayudarles”, recordó. “Durante los gobiernos de (Vicente) Fox y de (Felipe) Calderón no se les hizo justicia a las familias porque no se les pegó la gana, fue muy humillante. Es muy injusto que una causa dependa de la voluntad política de quien esté en el gobierno”, criticó Cristina Auerbach. Ahora, abundó, la diferencia es que el rescate será obligatorio, con o sin la voluntad del gobierno, ya que el anuncio de la PGR no es otra cosa más que adelantarse a una posible resolución de la CIDH, instancia ante la cual se interpuso una queja en 2010 para demandar el rescate de los cuerpos. Es por ello que, según la PGR, ya se está llevando a cabo el peritaje correspondiente con una planeación técnica, para recuperar los cuerpos sin poner en riesgo la vida de los rescatistas. Auerbach explicó que como nadie ha entrado a la mina en varios años, el peritaje tiene que partir de que “todo está destruido, inundado y en las peores condiciones, para elaborar manuales de procedimientos, con una investigación real de costos, tiempos y requerimientos técnicos”. Elvira Martínez Espinoza, viuda de Jorge Vladimir Muñoz, uno de los 63 mineros sepultados, dijo que las familias saben que el rescate no será de un día para otro ni en un mes, porque requiere tiempo para planearlo. “Vamos a tratar de ser pacientes; si ya esperamos siete años por el rescate de los cuerpos de nuestros familiares, podemos aguardar un poco más para evitar que suceda una nueva tragedia”, aseveró. Martínez sostuvo que éste es el logro de siete años de resistencia en la lucha de los familiares, dado que tocaron puertas al gobierno en cada una de las instancias y siempre se les dio una negativa, hasta que tomaron la decisión de acudir a la CIDH, su última esperanza. María Trinidad Cantú Cortés, presidenta de la OFPC y madre del minero Raúl Villasana, señaló que el anuncio del rescate les ayudó a recuperar la esperanza, incluso en las familias que habían dejado de luchar. “Nunca me he retirado del movimiento, ni dejaré la lucha porque mi anhelo es rescatar lo que haya quedado de mi hijo, para llevarlo a donde debe de estar; por eso animo a otros para que sigamos juntos en la organización”, concluyó.
STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/por:Agencia de noticias Proceso
Proceso
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El sitio “change.org” envió más de tres mil firmas de apoyo para retirar la invitación de la Universidad de Harvard al expresidente Felipe Calderón para que sea profesor en la Escuela Kennedy.
En respuesta, el decano de la Escuela Kennedy, David T. Ellwood, defendió la permanencia de Calderón, al argumentar que favorecerá el aprendizaje de los estudiantes, destaca el diario 24 horas en una nota publicada este viernes.
La participación de Calderón, expresó Ellwood, permitirá a los universitarios “convivir con líderes mundiales y hacer preguntas difíciles relacionadas con políticas públicas importantes”.
En el sitio “change.org” está abierta la petición de John Randolph, exagente de la Patrulla Fronteriza, quien convoca a sumar firmas contra la incorporación de Calderón a Havard, por su responsabilidad en la violencia provocada por la guerra contra el narcotráfico.
STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/Por: Diario Avanzada/ Por: HEIDI DE LEÓN GUTIÉRREZ
Diario Avanzada
Se autoriza su publicación dando el crédito al medio y al autor
El pago que hace el gobierno estatal a la CFE por el consumo de luz en la casa que habita el gobernador Mario Anguiano y su familia es superior al presupuesto que recibirá en el 2013 el Cuerpo de Bomberos de Colima.
Colima, México (03 de diciembre de 2012) Más de medio millón de pesos pagó el gobierno del estado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el consumo de energía eléctrica de Casa de Gobierno, espacio que habita el gobernador Mario Anguiano Moreno y su familia.
El pago de energía eléctrica de Casa de Gobierno hasta el mes de septiembre es superior al presupuesto que aprobó el Congreso del Estado para el Patronato H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Colima, el cual recibirá para el siguiente año 448 mil 839 pesos.
A través de la ventanilla de transparencia se informó que en Casa de Gobierno existen tres tomas de energía eléctrica y además se expuso que de enero hasta septiembre de 2012 el gobierno estatal había pagado 568 mil 877 pesos.
Asimismo se establece que en el primer bimestre de este 2012, Casa de Gobierno tuvo un consumo de energía eléctrica de 101 mil 720 pesos, en el segundo bimestre costó 107 mil 26 pesos, mientras que en el tercer bimestre el pago a la CFE fue de 112 mil 886 pesos.
Fue en el bimestre de julio y agosto cuando el consumo aumentó pues la administración estatal entregó a la CFE 137 mil 68 pesos, es decir que entre el tercero y cuarto bimestre el consumo de luz se incrementó en 25 mil pesos.
En tanto hasta el mes de septiembre Casa de Gobierno le debía a la CFE 109 mil pesos por el consumo de energía eléctrica. De enero hasta septiembre los recibos de luz de Casa de Gobierno registraron un aumento cada bimestre.
En cuanto al consumo de agua Casa de Gobierno registra que de enero a septiembre pagó aproximadamente 72 mil pesos.
A través de la ventanilla de transparencia de la administración estatal se destacó que son 28 los trabajadores de planta de Casa de Gobierno entre ellos un secretario privado, un secretario de despacho, un secretario auxiliar A, administrador, auxiliar administrativo A, Analista, Capturista de datos, Jefe de Intendencia y dos intendentes y personal operativo de seguridad que labora 24 X 24.
Sin embargo en la respuesta de gobierno no se especifica si además del personal que menciona existen cocineros, personal o personal que se encarga de la limpieza al interior de Casa de Gobierno.
El consumo de energía eléctrica en Casa de Gobierno hasta el mes de septiembre es cinco veces mayor al presupuesto anual que el gobierno estatal entregará al Instituto Down, el cual recibirá 103 mil 282 pesos.
SALUD Programa de Planificación Familiar quedó en el olvido Se negó anticonceptivos a las adolescentes; hubo más embarazos México, DF, 3 dic 12 (Cimacnoticias).- La administración de Felipe Calderón representó un “grave retroceso” para la salud sexual y reproductiva de las mexicanas, ya que debilitó “excesivamente” el programa de Planificación Familiar (PF) como parte de su “conservadora” política en salud. Las consecuencias de este embate a la salud de las mujeres se tradujeron en embarazos en adolescentes, y el menor uso de métodos anticonceptivos en esta población, entre otros, acusó Daniela Díaz, investigadora del área de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar Centro de Análisis e Investigación. Al cierre de la gestión calderonista, la experta denunció que la política en salud se centró en cumplir la meta de afiliación al Seguro Popular (más de 50 millones de personas), y relegó la atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Díaz refirió que el “descuido” del programa de PF significó un “grave retroceso” para las mujeres, ya que además del desabasto de anticonceptivos se canceló la discusión del tema (entre autoridades y sociedad civil) “en un marco de derechos”, presente en la administración anterior. Como resultado del desinterés de Felipe Calderón en la materia, no se alcanzaron metas previstas para este año en la reducción del embarazo en adolescentes. De acuerdo con un análisis de la organización Mexfam, una aproximación a los indicadores de 2012 es que la tasa de fecundidad en adolescentes cerró en 63 hijas e hijos por cada mil menores de 20 años de edad, cuando la meta sexenal era reducir a 58 nacidos vivos. Para este año el uso de anticonceptivos en adolescentes se ubica en 45 por ciento, prácticamente igual que en 2009, y muy por debajo de la prevalencia general ubicada en alrededor de 72 por ciento. Al mismo tiempo, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 informó que más de la mitad de las mujeres de 35 a 49 años de edad tampoco utiliza algún método después de un evento obstétrico. La activista advirtió que este hecho es preocupante porque en ese grupo de edad se concentra el mayor número de casos de preclampsia (hipertensión arterial), considerada la primera causa de muerte materna. Así, la siguiente administración tiene el pendiente de retomar la política de PF enmarcada en el respeto a los Derechos Humanos, y que se traduzca en acciones tangibles como el abasto de anticonceptivos, garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes, el ofrecimiento y abasto a la anticoncepción de emergencia, y ofrecer condiciones para el aborto legal por violación. Otros pendientes que deja la administración que recién concluyó es crear una política de respuesta al virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en mujeres.
STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CIMAC/Por: Anayeli García Martínez
REPORTAJE Calderón dejó a las mujeres en el desamparo Más violencia y menos justicia, saldo de su gestión A la ola de violencia contra las mujeres durante el gobierno de Felipe Calderón se sumó la falta de acceso a la justicia para las mexicanas. Violencia e impunidad fueron los signos que marcaron a la gestión de Felipe Calderón, y cuyos saldos se reflejan en los altos índices de asesinatos y desapariciones de mujeres, el elevado número de casos de violencia intrafamiliar, y la ausencia de castigo para los agresores. Y es que durante el sexenio que recién concluyó el Estado mexicano incumplió su obligación de atender las denuncias, investigar y en su caso sancionar la violencia de género, acusan expertas y organizaciones civiles. Ante el feminicidio que dejó 7 mil asesinatos por razón de género, según un análisis de la Cámara de Diputados, las autoridades judiciales fueron incapaces de encontrar a los culpables, garantizar medidas para evitar la repetición del patrón de violencia, y de brindar justicia a las víctimas y sus familias. Sandra Serrano, profesora investigadora de Derecho Internacional en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), advierte que los impartidores y operadores de justicia no terminan de entender, y por tanto no atienden, los delitos que se cometen contra las mujeres. La especialista explica para la población femenina la impunidad es más acentuada porque hay una disparidad entre la violencia que viven las mujeres y la percepción que tienen las autoridades de estos hechos. Aclara: “Cuando una mujer denuncia un acto violento, no se trata de una denuncia aislada sino de un contexto de violencia; pero los servidores públicos no lo consideran así, y no ven el significado que tiene el hecho de que una mujer logre denunciar”. SÓLO PALABRAS Al iniciar su administración, Felipe Calderón se comprometió a “castigar con todo el rigor de la ley” a quien violentara a una mujer. No obstante, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2011 reveló que por cada 100 mexicanas de 15 años y más que han tenido pareja o esposo, 47 han vivido situaciones de violencia emocional, económica, física o sexual. Al hacer el balance de la administración panista, organizaciones civiles expertas en el tema, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), afirman que la estrategia de seguridad contra el crimen organizado implementada por Calderón favoreció el incremento de la violencia contra las mujeres, sin que se castigara a los responsables de ejercerla, pues muchos de estos asesinatos quedaron como parte de las “víctimas colaterales” del esquema antidelincuencial. Lo anterior le valió al Estado mexicano que el Comité de expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) le solicitara capacitar de manera sistemática sobre derechos de las mujeres a las y los funcionarios judiciales, petición que se extendió para las Fuerzas Armadas que participan en operaciones de seguridad pública. En sus “Observaciones finales”, dadas a conocer recientemente y las cuales son de carácter obligatorio para México, el Comité de la CEDAW señaló su preocupación por los niveles cada vez mayores de violencia a los que son sometidos las mujeres en el hogar, y en particular el feminicidio perpetrado por agentes estatales, incluidos funcionarios y fuerzas de seguridad, así como por agentes no estatales como grupos de delincuentes organizados. Añadió que es alarmante que la estrategia de seguridad pública para luchar contra la delincuencia organizada, combinada con la impunidad y corrupción persistentes, hayan contribuido a la intensificación de pautas ya existentes de discriminación y violencia generalizadas contra las mujeres tendientes a minimizar este fenómeno y hacerlo invisible. Una de las herencias de Calderón al presidente Enrique Peña Nieto, señaladas por el Comité de Expertas, es revisar la estrategia de seguridad y adaptarla a los tratados internacionales de Derechos Humanos, incluida la CEDAW, e invertir los efectos negativos de esta estrategia para las mujeres, cumpliendo sus obligaciones de diligencia debida para prevenir la violencia de género. Asimismo, el Estado mexicano debe investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de delitos, ya sean entidades estatales o no estatales, y proporcionar la reparación del daño a las mujeres que hayan sido víctimas de la violencia, independientemente del contexto y de los presuntos responsables.
STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/por: Diario Avanzada /Por: VÍCTOR MANUEL GÓMEZ CORONA
Diario AVANZADA
Se autoriza su publicación dando el crédito al medio y al autor
Colima, México (29 de noviembre de 2012).- El presidente Felipe Calderón Hinojosa se irá y dejará el problema de la pobreza, lo mismo hará dentro de tres años en Colima Mario Anguiano Moreno y el fenómeno seguirá, mantiene el doctor en Ciencias Sociales Manuel Salvador González Villa, al lamentar que los políticos no tienen principios.
Cuestionado en torno a si han fallado las políticas públicas contra la pobreza, el investigador de la Universidad de Colima reconoce que hay buenos planes, pero el problema de México siempre ha sido el mismo: «la voluntad política deja mucho qué desear». Pondera que el mismo Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), señala que hay demasiadas dependencias, tanto estatales como federales, que tienen como tema principal atender la pobreza, «pero hay descoordinación, despilfarro, la burocracia misma institucional de los gobiernos absorbe mucho los recursos, sin tomar en cuenta que en el plano de la operatividad de los recursos también tenemos una fuga de dinero que se vuelve extraordinariamente excesivo».
«Hay demasiados vicios y demasiados responsables de las políticas sociales que no tienen el interés y compromiso con la gente pobre, el escenario que tenemos es que esto no va a cambiar nunca. El interés —porque disminuya el problema— existe, pero habría qué ver en qué medida. Entre los planes para disminuirla y lo que realmente sucede existe un abismo total.
POBREZA = INSEGURIDAD
Salvador González subraya que el problema es muy complejo, y no atenderlo desata otro tipo de consecuencias, entre ellos la inseguridad. Esto debido a que ante la pobreza se da una salida fácil a ingresar al crimen organizado, refiere, y por otro lado la gente se va al comercio informal a vender lo que se pueda y donde sea, «de repente ves casos que se están generalizando de personas que tienen dos o tres empleos, y que involucran cada vez a integrantes de familia para aportar recursos y poder solventar un poco».
Anota que ha faltado que la participación de la sociedad sea garantizada, y que la opinión de candidatos emanados de la propia sociedad sea tomada en cuenta. «Lo que ha pasado hasta ahorita es que siempre los grupos de poder terminan por imponer a sus candidatos y dejan a un lado lo que la sociedad piense y opine», abunda. «Los políticos no tienen principios, se ocupa otro tipo de gente y una participación más activa y consciente de la sociedad para que se implementen estrategias para combatir la pobreza, pero esto no es posible. Tardarán años en que suceda esto.
PROBLEMA MINIMIZADO
El analista social considera que esta situación de precariedad económica es parte de un modelo y de una situación que no ofrece cambios sustanciales en materia económica, «de alguna manera, el que los gobiernos federales y estatales le den tanta prioridad a exaltar al empresariado», la situación económica de la clase laboral queda en segundo término.
Alguien puede decir que se establecieron tantas empresas y que se está caminando, añade Salvador González, «pero si analizamos el efecto en cuanto a los trabajadores y a un mejoramiento de bienestar social, más empresas no significa mejoramiento social, y ese punto siempre es relegado en la estadística». El mejor criterio para medir cómo se está distribuyendo la riqueza en un país o estado, advierte, no está en la generación de empleo, sino en la percepción salarial del trabajador y su capacidad de compra, «y en Colima eso está siendo minimizado».
Al concluir la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, en México existen más de 60 millones de personas que viven en pobreza extrema, de los cuales 57 millones no ganan lo suficiente para cubrir necesidades primarias, como la alimentación y el vestido. En el año 2006, al inicio de su administración, existían 40 millones de pobres y ahora al finalizar la misma el crecimiento promedio solo alcanzó el 2.2 por ciento, siendo el segundo porcentaje más bajo desde que existe el modelo sexenal, ya que solo el periodo del presidente Miguel de la Madrid fue menor.
En Colima, del total de la población correspondiente a 652 mil 942 habitantes, el 34.7 por ciento se encuentra en situación de pobreza; es decir, 226 mil 700 personas tienen al menos una carencia social o no tuvieron un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidad básicas.
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