Preocupa a ONU ampliación de arraigo contra jueza venezolana. Castiga Perú el feminicidio con 15 años de cárcel. Lanzan convocatoria para monumento contra la esclavitud. Preocupa a ONU ampliación de arraigo contra jueza venezolana Washington.- Tres relatores independientes de Naciones Unidas expresaron su preocupación por el anuncio de dos años más de arraigo domiciliario contra la jueza venezolana María Lourdes Afiuni Mora, detenida en 2009 tras conceder libertad provisional a un banquero. El portal de la ONU informó que el relator especial sobre tortura, Juan Méndez, dijo que la decisión de un juez para extender dos años más la detención domiciliaria de la abogada agrava su estado de salud físico y mental, ya de por sí delicado. ****************************************** Castiga Perú el feminicidio con 15 años de cárcel Perú.- El diario El Peruano publicó la Ley 29819 que modifica el artículo 107 del Código Penal, para castigar el feminicidio hasta con 15 años de cárcel, informó el sitio web del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus). Ahora el artículo 107 del Código Penal peruano estipula: “Quien a sabiendas mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a quien es o ha sido su cónyuge, su conviviente, o con quien esté sosteniendo o haya sostenido una relación análoga, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años”. Según el Observatorio de Criminalidad, entre enero y noviembre de este año se han registrado en el país andino 73 casos de feminicidio y seis tentativas de este delito. **************************************** Lanzan convocatoria para monumento contra la esclavitud París.- La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el Comité del Memorial Permanente, convocaron a artistas, diseñadores, escultores y a profesionistas a participar en un concurso internacional para crear un Monumento Permanente en honor a las víctimas de la esclavitud y la “trata transatlántica” de esclavos. Las y los participantes tendrán que hacer sus trabajos con el tema “Reconocer la tragedia y considerar el legado para que no olvidemos”. La fecha límite para presentar propuestas es el próximo 23 de enero. Mayor información en www.unesco.org.
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DERECHOS HUMANOS “Poco tarde”, recomendación de CNDH por ataques a defensoras Blanca Mesina demanda se indaguen amenazas en su contra México, DF, 30 dic 11 (CIMAC).- A casi dos años de que comenzaron las amenazas contra las activistas Silvia Vázquez y Blanca Mesina, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a garantizar su seguridad. La CNDH emitió la recomendación 87/2011 sobre la retención ilegal, incomunicación y tortura de 25 personas en la ciudad de Tijuana, ocurridas en marzo de 2009, y las posteriores amenazas y atentados contra las defensoras de Derechos Humanos (DH) Silvia Vázquez y Blanca Mesina. En marzo de 2009 elementos del Ejército detuvieron y torturaron a 25 agentes de la policía municipal mientras permanecían en situación de detención preventiva sin cargos, es decir arraigados en una base militar de Tijuana, Baja California. Los 25 policías estaban acusados de delitos vinculados con la delincuencia organizada, por lo cual fueron trasladados a una prisión de Tepic, Nayarit. Uno de estos detenidos es padre de Blanca Mesina, quien desde entonces inició una lucha para probar la inocencia de su padre y sus compañeros. Blanca y Silvia, acompañadas por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, denunciaron que los 25 policías fueron víctimas de tortura, lo que les valió constantes amenazas e intimidaciones. En entrevista con esta agencia, Blanca Mesina relató que desde 2009 la CNDH tuvo conocimiento del caso de los policías arraigados y torturados, y que incluso les aplicó el Protocolo de Estambul, un mecanismo para constatar casos de tortura, pero fue hasta 2011 que el organismo se pronunció al respecto. Mientras la CNDH documentaba el caso de maltrato físico y los testimonios de las personas que aseguraban que a las víctimas “les cubrieron los ojos, les ataron las manos y los pies, los golpearon en todo el cuerpo, y les aplicaron toques eléctricos….”, ellas eran blanco de amenazas. En 2010, por ejemplo, la madre de Blanca recibió una llamada de un supuesto “agente de la AFI”, quien le comentó que su hija había sido detenida por el delito de portación de arma y que se comunicara a otro número telefónico para que les dijeran dónde se encontraba, pero era una llamada falsa. Ese mismo año la defensora fue interceptada por un desconocido cuando viajaba en su auto por Tijuana. Un hombre se le acercó para amenazarla de muerte, y avisarle que si no la mataba en ese momento era para no hacer un escándalo más grande. Silvia Vázquez también ha recibido amenazas por acusar y denunciar a los soldados del 28 Batallón de Infantería quienes, asegura, son responsables de tortura. Tras un hostigamiento telefónico, ella decido abandonar la ciudad para proteger su vida. Aunque el 4 de junio de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno mexicano la implementación de medidas cautelares en favor de las activistas, éstas han sido insuficientes para ellas. Los últimos reportes de amenazas fueron el 7 de julio y 20 de octubre de este año cuando Blanca se percató de que la seguían vehículos con personas armadas, y ha observado automóviles sospechosos afuera de su domicilio, según se asienta en la recomendación 87/2011. En el documento se señala que ni se llevaron a cabo de manera adecuada y constante los rondines por parte del Policía Estatal Preventiva, ni les fue proporcionado a las defensoras el acompañamiento permanente, los números de emergencia asignados no funcionaban correctamente, y la valoración de riesgo tampoco se realizó completamente. En esta recomendación de la CNDH, que a decir de Blanca llega “un poco tarde”, se pide a la Procuraduría General de la República, al gobierno de Baja California y al ayuntamiento de Tijuana, que garanticen la implementación de medidas de protección y seguridad idóneas para ambas. El organismo autónomo también recomendó a las autoridades que sigan las líneas de investigación sobre las denuncias presentadas por las activistas, y llamó a la Secretaría de la Defensa Nacional para que las violaciones a los DH de las víctimas sean investigadas. Al respecto, Blanca señaló que aunque esta recomendación se da prácticamente a dos años de ocurridos los hechos y tras varias amenazas contra ella y su familia, es muestra de la inocencia de los 25 policías acusados de nexos con la delincuencia organizada. Además confía en que ambos sucesos, la detención arbitraria y las amenazas, se tomen con seriedad y que sean investigadas y sancionadas, pues –advirtió– los responsables pueden ser los mismos, es decir los militares.
INTERNACIONAL Sin futuro, mujeres jóvenes ante un mundo que envejece Más difícil para ellas acceder a empleo y prestaciones México, DF, 30 dic 11 (CIMAC).- El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en ingles) advierte que el porcentaje de jóvenes –de entre 10 y 24 años de edad– ha comenzado a disminuir y la población mundial está envejeciendo. El UNFPA reconoce que en México la fecundidad ha disminuido sustancialmente en los últimos decenios, ya que la “pirámide de población” se ha ido estrechando continuamente hacia la base, es decir, hasta los 14 años de edad. De acuerdo con este organismo internacional, datos oficiales revelan que este grupo de edad (14 años) en 1990 constituía un 38.6 por ciento del total nacional, mismo que para el año 2000 pasó a ser el 34.1 por ciento, y luego en 2010, el 29.3 por ciento. En el informe “El estado de la población mundial 2011”, se señala que en dos décadas la mediana de edades ha aumentado de 19 a 26 años, de modo que las personas están llegando a la madurez y la pirámide adquiere nuevos contornos. Estas estadísticas revelan que los países de ingreso mediano y bajo enfrentarán problemas, toda vez que el tiempo en que la población activa de jóvenes puede impulsar el desarrollo puede ser efímero. Por ello el UNFPA hace un llamado para que los gobiernos y las entidades del sector privado no titubeen en actuar, sin tardanza, y preparen a las y los jóvenes a fin de que asuman sus papeles productivos, y que al mismo tiempo les generen fuentes de empleo. El organismo de Naciones Unidas advierte que actualmente los empleos seguros que ofrecen una remuneración adecuada escasean en casi todo el mundo, especialmente para la población joven. En 2010 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó que 81 millones de los 620 millones de jóvenes de 15 a 24 años de edad de todo el mundo económicamente activos –o bien, 13 por ciento de ese grupo de edades– estaban desempleados el año anterior. A decir del UNFPA, las cifras también muestran que las mujeres jóvenes han tenido más dificultades que los jóvenes varones para encontrar trabajo. En 2009 la OIT reportó que la tasa de desempleo de jóvenes mujeres era de 13.2 por ciento, en comparación con la masculina de 12.9 por ciento. En este contexto, esta agencia de la ONU coincide con la OIT, la cual asegura que por las altas tasas de desempleo la situación para las mujeres “es especialmente sombría” en los Estados árabes. Mientras, en el mundo hay “un inmenso desperdicio del potencial productivo de las jóvenes mujeres”. “Incluso en las mejores circunstancias económicas, las mujeres por lo general tienen más dificultades para encontrar trabajo que los jóvenes varones”, asegura. Lo anterior porque cuando realmente encuentran un empleo a menudo la remuneración es menor y ese empleo está ubicado en la economía paralela o no estructurada (informal), donde no hay ninguna seguridad laboral ni prestaciones sociales.
VIOLENCIA Por “razones de honor”, 16 estados dejan impune el feminicidio Códigos penales reducen condenas e invisibilizan el delito México, DF, 30 dic 11 (CIMAC).- En 16 estados de la República, los códigos penales estipulan los delitos por “razones de honor” o “emoción violenta”, con lo que se justifican y quedan impunes las agresiones contra las mujeres, se asienta en la investigación “Feminicidio en México, aproximaciones, tendencias y cambios 1985-2009”. Con el argumento de que “la dignidad de la pareja ha sido agredida” se invisibliza el delito de feminicidio, advierte el estudio elaborado por ONU Mujeres, la Comisión Especial del Feminicidio de la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional de las Mujeres y El Colegio de México. Así, 16 códigos penales estatales contemplan atenuantes para disculpar la violencia que las mujeres sufren por parte de sus cónyuges, quienes incluso llegan a asesinarlas. En Baja California Sur, Chiapas, Jalisco, Michoacán Yucatán, Nayarit, San Luis Potosí, Campeche y Zacatecas, se aplica la atenuante de “infidelidad conyugal” en los homicidios de mujeres, por lo que las penas de cárcel para los agresores son inferiores a las que se dictan por asesinatos cometidos bajo otras circunstancias. En Coahuila, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas, existe la atenuante de “emoción violenta” para reducir las condenas de prisión a los agresores y homicidas. Si el delito se comete por “infidelidad conyugal” o “emoción violenta” las penas de cárcel son muy bajas. Por ejemplo en Baja California Sur la condena es de cuatro a 10 años; en Chiapas, de dos a ocho años; y en Michoacán, de tres días a cinco años. En cambio, el Código Penal Federal estipula de 10 a 40 años de prisión el homicidio agravado o calificado cuando la víctima es cónyuge o concubina. De acuerdo con el informe, a nivel nacional hay una marcada tendencia discriminatoria a la hora de castigar las agresiones cometidas contra las mujeres, y que difiere de instrumentos internacionales de Derechos Humanos firmados por México, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). El estudio concluye que al no existir la figura del feminicidio en 23 códigos penales estatales se invisibilizan los crímenes en contra de las mujeres, situación que se agrava cuando aún hay estados que consideran “los delitos pasionales” en sus legislaciones.
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ENTREVISTA Hace Conavim lista de buenos deseos para 2012 Titular se compromete a reglamentar alerta de género México, DF, 30 dic 11 (CIMAC).- “Hoy el reto es histórico, el reto es la erradicación y el combate a la violencia contra las mujeres en todo el país”, recalca Dilcya García Espinoza de los Monteros, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), en medio de una guerra contra el narcotráfico que ha disparado la cifra de desapariciones y asesinatos de mexicanas. “Cuando uno llega a estos cargos efectivamente existen pendientes. Creo que entre los más grandes que hay es que haya más centros de justicia, los cuales son espacios donde las mujeres llegan a encontrar respuestas muy concretas por parte del Estado. Ahora tenemos cinco (en todo el país) pero buscamos muchos más para el 2012”, dice la funcionaria en entrevista con Cimacnoticias. Desde agosto pasado, Dilcya García está al frente de la Conavim, instancia creada en 2009 y que ha sido severamente criticada por organizaciones civiles que la han acusado de no erradicar la impunidad en los asesinatos de mujeres, y de incumplir su compromiso de garantizar medidas de protección para las víctimas de violencia de género. “VOLUNTAD POLÍTICA” Ante esos embates, la comisionada afirma que hay “voluntad política” para atender esta problemática y advierte que “el tema de las mujeres está en la agenda política prioritaria”, aunque al mismo tiempo aclara que los pendientes del Estado son varios. Sostiene que entre los pendientes de la Conavim está reglamentar la Alerta de Violencia de Género (AVG), cumplir con las recomendaciones del sistema interamericano de Derechos Humanos, y dejar listo un diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres en todo el país que coadyuve a la creación de políticas públicas con perspectiva de género. Dilcya García dice que su compromiso es coordinar a las diferentes dependencias del Estado para “acelerar” el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra México, en los casos de las indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández, violadas por militares; y de las ocho mujeres asesinadas en Campo Algodonero, en Ciudad Juárez. Cabe recordar que entre las recomendaciones derivadas de estos fallos están la estandarización de protocolos de investigación y una base de datos sobre mujeres desaparecidas y asesinadas. Al respecto, la funcionaria señala que ya se solicitó a la coordinación general de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República que comparta su base de datos de información genética y “material óseo”. “En virtud de los mandatos de la Procuraduría General de la República es una base de datos universal que tiene una perspectiva de genero y que tiene bien señalizada la población de aquellas mujeres que están desaparecidas”, afirma. CUESTIONAMIENTOS Otro pendiente de la Conavim es la elaboración de un estudio sobre violencia de género. En 2010 la comisión fue acusada de subejercer ocho millones 508 mil pesos destinados al Diagnóstico Nacional sobre todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, y al Programa integral de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
En ese momento la anterior administración de la Conavim –encabezada por Laura Carrera– informó que la UNAM fue contratada para realizar esos estudios. Sobre este tema, Dilcya García señala que un grupo de expertos en demografía y en violencia de género “está elaborando” el diagnóstico. “Lo estamos haciendo. Es un diagnóstico muy ambicioso, es un diagnóstico antropológico que tendrá que ver con los orígenes de la violencia contra las mujeres en el país, pero además cómo se concatena con la violencia social”, abunda. “Lo estamos haciendo a partir del CRIM (Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias) de la UNAM, y vamos a tener este estudio en octubre del 2012 ya terminado porque además requiere estudios antropológicos que requieren meses”, añade. “HAY MÁS DENUNCIAS” La Conavim sucedió a la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, creada en el sexenio anterior. Organizaciones civiles afirman que la situación de violencia de género en la localidad fronteriza sigue igual o incluso peor. No obstante Dilcya García asegura que la situación en Juárez sí ha cambiado: “(Ahora) está visibilizado dentro del Estado; por ejemplo, la sociedad está más organizada, tiene un nivel altísimo en cuanto a interlocución, información y defensa de las mujeres”. ¿Ha bajado el número de homicidios de mujeres?, se le pregunta, y responde: “No, no podría decir que han bajado o han aumentado los homicidios, porque para esto tienes que hacer un recuento de estadísticas demográficas con estadísticas judiciales en materia penal, hacer el contraste y definir si han subido o bajado”. La comisionada indica que hasta octubre pasado había un registro de 140 mujeres desaparecidas en el año en Juárez, y destaca que actualmente hay un mayor número de denuncias, al menos más que hace unos años. “Eso puede ser bueno o malo, pero no nos dice con precisión si han subido o han bajado (los casos de feminicidio)”, insiste. García señala que otra de sus principales tareas para 2012 es reglamentar la AVG, para que sea un mecanismo eficaz a través del cual se enfrente una situación de extrema violencia contra las mujeres. “Se está buscando la construcción de un protocolo que genere especificaciones para definir cuándo se tiene que hacer la declaratoria de alerta de género en un municipio o en una entidad federativa, porque no voy a permitir que se utilice de una manera política”, advierte.
INTERNACIONAL Japonesas dan la batalla contra la energía nuclear Tras desastre de Fukushima, exigen cierre de plantas Tokio, 30 dic 11 (CIMAC/IPS) – El movimiento contrario a la energía nuclear de Japón crece al impulso de mujeres, sobre todo madres de familia, indignadas con las autoridades por ocultar la gravedad de la radiación que emitió la planta de Fukushima Daiichi, dañada por el tsunami del pasado 11 de marzo. “Hay madres al frente de varios movimientos ciudadanos que trabajan para que cesen las operaciones de todas las centrales nucleares de Japón en 2012”, señaló Aileen Miyoko Smith, directora de Green Action, una organización no gubernamental ambientalista que promueve las energías renovables. Más de 100 activistas contra esta tecnología, la mayoría mujeres, se reunieron con funcionarios de la Comisión de Seguridad Nuclear esta semana, y les entregaron una declaración que reclama una investigación transparente sobre el accidente y el cierre definitivo de todas las centrales atómicas. Seis de las 56 plantas nucleares de Japón están clausuradas en la actualidad, algunas para pruebas de estrés, debido a que el accidente de Fukushima reveló graves incumplimientos en materia de seguridad en el sector. Más de 150 mil personas no han podido regresar a sus casas por los altos niveles de radiación en los alrededores de Fukushima. Ahora hay pruebas de que la contaminación se propagó a las verduras y al arroz cultivados en los campos vecinos, y que de alguna forma llegó a alimentos para bebés vendidos en los supermercados. Las autoridades japonesas anunciaron la semana pasada que el complejo Fukushima Daiichi había alcanzado la situación de “parada en frío”, con lo que termina una etapa para superar la crisis. SEGURIDAD HASTA DENTRO DE 40 AÑOS “La primera fase de control culminó. El gobierno seguirá una hoja de ruta para que en 30 o 40 años, Fukushima vuelva a ser segura”, explicó Goshi Hosono, ministro de Administración y Política de Energía Nuclear. En declaraciones a la prensa, el funcionario explicó que ahora no hay actividad nuclear en los reactores que emita radiación. Las distintas compañías de energía y el gobierno prometieron hacer cumplir las normas de seguridad y garantizar la transparencia. Para Miyoko Smith, los últimos anuncios son una señal de alerta. “Reforzamos la movilización para asegurarnos de que el gobierno y el sector energético, deseosos de instalar la idea de seguridad, no vuelvan a poner en marcha las plantas nucleares”, señaló la activista. Numerosas mujeres, haciendo frente al frío invierno, montaron tiendas de campaña la semana pasada frente al Ministerio de Asuntos Económicos en el marco de una nueva iniciativa de protesta. Ya anunciaron que mantendrán la movilización durante 10 meses y 10 días, el tiempo que tradicionalmente en Japón se adjudica al embarazo. “Nuestras protestas apuntan a lograr el renacimiento de la sociedad japonesa”, señaló Chieko Shina, una de las participantes y abuela de Fukushima. “Es necesario cambiar la forma en que las autoridades llevan adelante el país priorizando el crecimiento a la protección de la vida de la gente”, añadió. Numerosos especialistas consideran que las actuales protestas son un hito para los movimientos sociales de este país, relegados durante mucho tiempo al margen de una sociedad próspera y muy trabajadora que ha valorado el logro y el éxito por encima de todo. DESCONFIANZA “Las manifestaciones actuales simbolizan la determinación de la gente de a pie que no quiere energía nuclear porque es peligrosa. Hay otro mensaje más importante y es que la gente no confía más en el gobierno”, indicó Takanobu Kobayashi, al frente de la red de movimientos civiles Matsudo. La desconfianza obedece a que la fusión de los reactores de Fukushima no se hizo pública de inmediato, lo que puso en grave riesgo la salud de la población local por la filtración de radiación. Los sitios de internet muestran cientos de miles de comentarios de personas que desconfían de las garantías ofrecidas en materia de seguridad radiactiva por las autoridades o la empresa Tokyo Electric Power Company (Tepco), operadora de la central de Fukushima. El accidente nuclear también destruyó el mito de la seguridad de esa fuente de energía, alimentado durante décadas por las autoridades para lograr el apoyo de la población para que el país se embarcara en masivos programas con tecnología atómica. Frente al enorme malestar de la población, el gobierno y Tepco reconocieron la mala gestión y prometieron realizar grandes reformas. LIDERAZGO FEMENINO El sociólogo Hideo Nakazawa, profesor de la Universidad Chuo, señaló que las actuales protestas son una demostración del resentimiento de la ciudadanía hacia las autoridades y la energía nuclear. “Las manifestaciones llegaron a las ciudades y pusieron el asunto de la energía nuclear en el centro de interés de los movimientos civiles de Japón”, dijo a Cimacnoticias/IPS. La falta de participación de los partidos políticos en este asunto contrasta con antiguos patrones de fuerte tendencia izquierdista, añadió. La posición de liderazgo de las mujeres tampoco tiene precedentes. Las madres estuvieron al frente de las protestas, muchas de ellas en ese papel por primera vez, para lograr el apoyo en su campaña para evitar la exposición de niñas y niños a los peligros de la radiación. “El movimiento civil japonés languideció al margen por la indiferencia social de que fue objeto. Pero esas barreras ahora se están rompiendo”, explicó Nakazawa. La parlamentaria Mizuho Fukushima, una de las principales dirigentes mujeres y activa participante del movimiento antinuclear, dijo a Cimacnoticias/IPS que las protestas contra la energía atómica no disminuirán. “Es muy factible forzar cambios para terminar con la energía nuclear en Japón”, señaló la presidenta del Partido Socialdemócrata desde 2003. *Este artículo fue publicado originalmente por la Agencia Internacional de noticias IPS.
MIGRACIÓN INM: instancia invadida por el crimen que agrede a las migrantes Activistas anuncian caminata en defensa de víctimas de trata Oaxaca, 30 dic 11 (CIMAC).- Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y defensoras y defensores de Derechos Humanos (DH) demandaron la desaparición del Instituto Nacional de Migración (INM), por considerar que es un mecanismo infiltrado por la delincuencia organizada y por ello permite delitos como la trata de migrantes centroamericanas. Elvira Arellano, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), anunció para el próximo lunes la realización de la Caminata por la Defensa y la Dignidad de los Migrantes, que inicia en la rivera del río Suchiate, en Chiapas, y concluye siete días después en Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Detalló que la acción civil tiene el propósito de reclamarle al Estado mexicano su omisión para detener las violaciones a los DH que sufren las y los migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, por parte de las instancias de gobierno y el crimen organizado. En entrevista con Cimacnoticias, Arellano recalcó la demanda de las OSC para que el INM sea sustituido por una nueva instancia protegida ante cualquier intento de infiltración por parte del crimen organizado. La activista expuso que la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral (cuyas víctimas son principalmente mujeres y niñas) se ha convertido en uno de los más graves problemas en la zona sur-sureste del país. “Oaxaca y Chiapas son dos de las entidades donde más se capta a víctimas de trata. En la ciudad chiapaneca de Tapachula los tratantes aprovechan la vulnerabilidad de las migrantes centroamericanas para ‘engancharlas’ y explotarlas con fines sexuales o laborales”, refirió. A la explotación sexual se suma la extorsión y el secuestro en complicidad con las dependencias de gobierno, recalcó. Otra de las demandas de la caminata es urgir al Poder Legislativo a que reforme la ley de migración y elimine la visa para las y los migrantes, ya que –advirtió Elvira Arellano– “sólo así va a parar la extorsión y violación a sus garantías individuales”. La también fundadora de la organización Familias Latinas Unidad sin Fronteras recordó que la movilización ocurre un año después de la caravana Paso a Paso por la Paz, organizada por madres centroamericanas en busca de sus familiares desaparecidos durante su trayecto hacia Estados Unidos. Apuntó que la ruta que seguirá la caminata es un tramo donde es común la vulneración a los DH, y en diciembre no es la excepción porque “no hay autoridad que prevenga o investigue los hechos delictivos”. En la caminata participarán los sacerdotes Heyman Vásquez, de la Casa del Migrante Hogar de la Misericordia, y Alejandro Solalinde, coordinador de la Pastoral Social de Movilidad Humana en el Pacifico Sur. También estará Martha Sánchez, líder del MMM, entre otras activistas. Algunas de las organizaciones convocantes son el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, la Casa del Migrante “La 72”, y Todo por Ellos.
MEDIOS Mujeres apenas ocupan 29 por ciento de altos cargos en medios Ellas dominan en labores técnicas y administrativas: IWMF México, DF, 30 dic 11 (CIMAC).- Tan sólo el 29 por ciento de los puestos directivos en medios de comunicación en México es ocupado por mujeres, informó la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios (IWMF, por sus siglas en inglés). La IWMF realizó un balance general de la situación mundial de las trabajadoras en las empresas de radio, televisión y prensa escrita, que fue presentado esta semana en Washington en el documento “Reporte global del estatus de las mujeres en los medios de comunicación”. De acuerdo con el reporte, los cargos directivos o que impliquen un desarrollo creativo en los medios informativos en nuestro país siguen perteneciendo en su mayoría a los hombres. El 71 por ciento de los puestos de mando se encuentran en manos de los varones, así como el 83 por ciento de los cargos en áreas dedicadas a la publicidad, producción y diseño de estrategias de comunicación. Las mexicanas que laboran en los medios ocupan el 53 por ciento de puestos de nivel técnico, que implican el uso de maquinaria especializada como cámaras o equipo de iluminación. Las mujeres ocupan el 54 por ciento de los empleos relacionados con la venta de los servicios producidos por los medios informativos. Para evaluar la situación de las mujeres en los medios en México, la IWMF realizó entrevistas en 10 empresas informativas de radio, televisión y prensa escrita, aunque no cita cuáles. DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO Al parecer, los resultados del informe internacional de la IWMF respaldan las demandas en México de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), la cual en octubre pasado llamó a los medios de comunicación a eliminar las barreras que impiden a las mujeres acceder a los puestos de más alto rango. La Amedi también demandó a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) que exigiera a las empresas de comunicación incluir en sus órganos directivos a un 50 por ciento de mujeres, con el fin de eliminar las brechas de género existentes en los medios informativos. Según datos de la asociación, en las empresas televisivas sólo el uno por ciento de las mujeres está en puestos de alta dirección, mientras que en las radiodifusoras menos del 10 por ciento de llega a cargos directivos. En la prensa escrita, las trabajadoras sólo ocupan el 12 por ciento de puestos de mando. Aimée Vega, directora de la Amedi, dijo en su momento que de eliminarse esa brecha las mujeres contribuirían a cambiar los contenidos mediáticos que reproducen la subordinación y discriminación de las mexicanas.
INTERNACIONAL Con fotografías gigantes, madres venezolanas piden justicia Exposición callejera en Caracas reclama fin de la violencia Caracas, 29 dic 11 (CIMAC/IPS).- No son modelos ni anuncian producto alguno, miran a los transeúntes desde enormes fotografías en blanco y negro pegadas sobre muros o cruces viales de la capital de Venezuela. Son 52. Son madres. Perdieron uno o varios hijos por la violencia criminal que azota a este país sudamericano. “Muchachos que se criaron con mis hijos tuvieron que armarse para poder vivir en el barrio. Hoy día casi todos están muertos”, cuenta Rita Hernández con su mirada marcada por arrugas en su rostro moreno. Entre 2004 y 2005 le mataron a sus hijos Johan, de 25 años, y Antonio, de 19. “No me he ido de mi casa porque cada vez que cruzo la puerta me acuerdo del día en que me mataron a cada uno”, expresó a Cimacnoticias/IPS María Elena Delgado, quien perdió a sus hijos Erasmo, Norka y Wilmer entre 1999 y 2008. “Me quedé para ayudar a la comunidad, para que eso no les pase a otros muchachos en el barrio”, agregó. En los barrios, como se designa en Venezuela a las áreas urbanas más pobres, perece la mayor cantidad de abatidos por la violencia criminal y de allí procede la mayoría de las madres que prestaron sus rostros para una iniciativa artística y social. El Proyecto Esperanza busca llamar la atención y mover a la reflexión sobre las otras víctimas de la violencia, las madres y demás familiares de los abatidos, y fue desarrollado por las comunicadoras María Fernanda Pérez y Carolina González. “Quisimos ponerle rostro a las víctimas de esta violencia que, de tan cotidiana, pareciera anestesiar nuestros sentidos. Buscamos que el transeúnte se tome un minuto para reflexionar sobre el dolor de esas madres, acerca de que las víctimas no son sólo números de los que se informa por la prensa, por eso las fotos”, dijo Pérez a Cimacnoticias/IPS. Un grupo de fotógrafos captó los rostros de las 52 madres, impresos luego como afiches, la mayoría de 1.80 por 2.40 metros y algunos de 3.60 por 5.40. Luego dos docenas de voluntarios pegaron las imágenes en los muros con “engrudo ecológico”, a base de harina, azúcar y agua. “Más que una denuncia es un clamor de paz. No es sólo la queja por el dolor, sino la muestra de que también hay esperanza porque se haga justicia y porque se encuentren caminos para que cada día se salven más vidas de la violencia”, sostuvo Pérez. En Venezuela, con 29 millones de habitantes, se registran entre 13 mil y 14 mil homicidios al año, más otras 8 mil muertes violentas por resistencia a la autoridad o que permanecen bajo averiguación, lo que eleva la tasa de violencia letal a más de 70 por cada 100 mil habitantes, según informes de la organización humanitaria Provea. La tasa oficial de homicidios, de 48 por cada 100 mil habitantes, es de las más altas del mundo, junto a las de El Salvador, Honduras y Jamaica, en América, y Costa de Marfil y Swazilandia, en África, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Caracas, con una tasa de homicidios de 122 por cada 100 mil habitantes, según esta entidad, es, por mucho, la capital más violenta del continente. “Vivir esto es una pesadilla. Cuando nos matan a un hijo nos marcan como a reses. Te despiertas, miras el sol con indiferencia, ese sol que es indiferente a tu dolor, que te demuestra que la vida sigue aunque tú estés muerta. A ese sol tú no le importas, él sigue alumbrando”, dijo Bebeka Pichardo, cuyo hijo Taner, de 24 años, fue asesinado en 2010. “Aunque más de 90 por ciento de las víctimas son hombres, jóvenes en su mayoría, son las mujeres las que asumen la búsqueda de justicia”, señaló a Cimacnoticias/IPS Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de Víctimas, surgido tras la muerte de centenares de personas durante la semana de desórdenes de 1989 conocida como “Caracazo”. La activista encuentra parangón con otras causas que no adquirieron suficiente visibilidad hasta que mujeres, y en particular madres, asumieron el desafío de ir a la calle para interrogar a la sociedad acerca de ellas, como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina o las Damas de Blanco en Cuba. En el caso venezolano “son mujeres las que tratan de buscar el consuelo de la justicia pero con el agravante de que padecen la revictimización, pues por su actitud a menudo no sólo se las ignora, sino que se las amenaza, se las hostiga, y en ocasiones se las veja y se las criminaliza”, dijo Ortega. El escritor Alberto Barrera Tyszka elogió la muestra porque “de pronto se alza la experiencia humana, capaz incluso de convertir el dolor en arte, la ausencia en solidaridad. Las víctimas se transforman en imágenes de la fe en el futuro”. Los rostros de las 52 madres “están aquí no para restregarnos la soledad de sus balas, sino para invitarnos a pensar y a construir la paz”, postuló Barrera. El Proyecto Esperanza fue acompañado y animado por el movimiento mundial de fotografía Inside Out, que dirige el francés que oculta su identidad bajo sus iniciales “JR” y quien en la última década ha impactado diferentes urbes con el empleo de fotos tan grandes como insólitas en ambientes de conflicto. Entre esas experiencias estuvo colocar fotos de palestinos e israelíes mirándose tanto en ciudades de Israel como de Palestina, o las de mujeres residentes en la peligrosa favela (asentamiento precario y pobre) Morro da Providencia, en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. También destacaron la serie “Las mujeres son héroes” en un tren de Kenia, la de viejos habitantes en muros de la ciudad colombiana de Cartagena, y la de gente que sonríe o hace muecas en Ciudad Juárez, urbe azotada por la violencia y en particular por el feminicidio. Los resultados distan mucho de verse de inmediato. El fin de semana que siguió al debut de las 52 fotos, el 19 de noviembre, fue el más cruento del año en Caracas, con 70 muertes violentas en el área metropolitana, y las autoridades no han hecho referencia al discurso gráfico de Proyecto Esperanza. Pero Pérez contó que muchas otras madres y familiares de víctimas les han llamado para ofrecer sus paredes para colocar más fotos, nutrir con sus testimonios un libro que está en marcha sobre esta experiencia o incentivar que el Proyecto Esperanza se replique en otras ciudades del país. “Por la paz no hay que hacer solamente esfuerzos muy grandes o muy difíciles, sino desde distintos ámbitos hacer muchos pequeños esfuerzos”, sentenció Pérez. *Este artículo fue publicado originalmente por la Agencia Internacional de noticias IPS.
STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Anayeli García Martínez
DERECHOS HUMANOS Reitera CIDH llamado a indagar adecuadamente violencia sexual Prevalecen patrones discriminatorios en sistemas de justicia México, DF, 29 dic 11 (CIMAC).- Ante la ineficacia judicial en los países de Mesoamérica para investigar adecuadamente la violencia sexual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recalcó su exigencia a los gobiernos de la región para que diseñen estrategias de prevención de ese delito, y ayuden a la erradicación de patrones socioculturales que discriminan a las víctimas. En su informe “Acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica”, la CIDH llamó a las autoridades a fomentar el acceso a instancias judiciales de protección y mecanismos de denuncia para las víctimas; así como establecer herramientas para recopilar estadísticas, elaborar protocolos de atención, recopilar pruebas, e implementar peritajes especializados. El mecanismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) también señaló que en la atención de delitos es importante otorgar medidas de protección y una reparación del daño que cumplan con las necesidades de las mujeres, niñas, indígenas, afrodescendientes o migrantes víctimas de violencia. La CIDH expuso que la violación sexual no es un fenómeno aislado y que responde a un contexto social donde la violencia en general es tolerada y se agrava en el caso de las mujeres, ya que ellas son víctimas de una discriminación y de un trato que históricamente ha sido inferior por su sexo. “Ello se traduce en una respuesta estatal deficiente frente a estos problemas; estando las intervenciones de las distintas instituciones protagonistas marcadas por patrones socioculturales discriminatorios contra las mujeres, que se han reproducido socialmente”, abundó. JUSTICIA PENDIENTE En su reporte, la CIDH destaca que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre casos de violación sexual en la región, son un referente para que las autoridades investiguen con determinación y eficacia. En ese sentido, el organismo se refirió a casos paradigmáticos referentes al Estado mexicano, tales como los casos de violación perpetrada contra las tzeltales Ana, Beatriz y Cecilia González Pérez en Chiapas en 1994; y la violación de las tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, en Guerrero en 2002. En estos casos la CIDH, y posteriormente la CoIDH, determinó que no hubo una investigación eficaz, pues aunque las autoridades tenían el deber de evaluar las circunstancias del caso, analizar todos los elementos de prueba disponibles, tales como los testimonios, indicios, presunciones y demás previstos en la ley, no lo hicieron. En la práctica, la policía o las instancias responsables de la investigación de la región mesoamericana tienen vacíos respecto de la recopilación de pruebas en casos de delitos sexuales. Aunado a esto, agregó la CIDH, existe una tendencia a reducir la investigación a las valoraciones médicas y a las pruebas testimoniales, desestimando otras pruebas que pueden ser imprescindibles en el esclarecimiento de los hechos. “Ello a pesar de que muchas veces no existen restos de semen, huellas de violencia, u otras pruebas físicas de violencia. En este sentido, si el caso judicial depende casi exclusivamente de estas pruebas, su ausencia causará impunidad”, advirtió el mecanismo. Añadió que aunque los Estados de la región han realizado avances para abordar y prevenir la violencia de género, todavía el acceso a la justicia de las víctimas es aún difícil y revictimizante, lo que indica que las recomendaciones no se han cumplido integralmente. La CIDH criticó que hasta el momento las mujeres que denuncian los hechos sufridos deben superar los diferentes obstáculos que presenta la ruta hacia una justicia adecuada y efectiva. En México se ha constatado que, al igual que en otros países de América, la lucha por justicia inicia en el entorno familiar y la comunidad, pasando por la atención médica inmediata, luego la policía, el Ministerio Público, las autoridades forenses y las y los juzgadores. A ello se suma el enfrentamiento directo con el agresor, que como ha sido analizado por expertos, en la mayoría de las ocasiones es una persona conocida o cercana a la víctima. Cada uno de estos momentos –sostuvo la CIDH– implica una fase con sus propias características, la mayoría impregnada de patrones culturales que fomentan estereotipos discriminatorios que impiden el acceso a la justicia.
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