Además de ser vistas por el Estado como productoras
políticas públicas y programas gubernamentales
dirigidos al campo "miran" a las mujeres como
pobres y no como productoras, estas acciones
disminuyen la posibilidad de que ellas y sus
familias –consideradas la población en mayor
desventaja del país– puedan comer de lo que
siembran, aseveró Blanca Aurora Rubio Vega,
investigadora adscrita al Instituto de
Investigaciones Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México (IIS-UNAM).
Durante el foro Sobre el Derecho a la
Alimentación, Rubio Vega indicó, con base en la
investigación que realizó con la Red Nacional de
Promotoras y Asesoras Rurales en 11 estados del
norte, sur y centro de la República mexicana, que
las políticas del gobierno para las zonas rurales
"reproducen la crisis, porque se enfocan al
consumo y no a la producción", lo que afecta
particularmente a las mujeres rurales, campesinas e indígenas.
Las mujeres rurales, por su condición de pobreza,
de doble o triple jornada de trabajo, se ubican
en una mayor subordinación y discriminación en
sus comunidades y en el país en general,
situación que se refleja en estas políticas que
no favorecen su actividad productiva, y para
recibir recursos deben aportar de su tiempo y
trabajo, a diferencia de los hombres.
Un ejemplo es el programa Oportunidades, una
transferencia económica destinada a las mujeres
rurales a cambio de prestar un servicio, como
limpiar la clínica, la plaza pública o asistir a
reuniones de corte político. Mientras que
Procampo se otorga a los hombres, sin que deban
realizar alguna actividad; este hecho resulta
"humillante" para ellas, manifestó Rubio Vega,
durante el acto que se celebró esta semana en el
Instituto Nacional de Nutrición, en la ciudad de México.
Además, según la investigación de Blanca Rubio,
las mujeres rurales dicen que dicho programa está
generando menor responsabilidad en los hombres,
porque sólo ellas asumen los gastos del hogar.
Sostienen también que el cultivo de alimentos es
principalmente para la alimentación, pues tienen
"pocos" excedentes. Y proponen que se les
reconozca como productoras y no como pobres, que
se les otorguen créditos, mayores recursos para
el campo, "para poder vivir de la agricultura".
De acuerdo con la investigadora de la UNAM, la
crisis económica y alimentaria que ha traído
consigo el aumento en el precio de los bienes de
consumo impactó "fuertemente" el ingreso de las
familias rurales. A su vez, la insuficiencia
alimentaria agudiza la subordinación económica,
política y de género de las mujeres rurales.
POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUYENTES
A decir de Brígida Chautla, indígena nahua
integrante de la Asociación Mexicana de Mujeres
Organizadas en Red Vía Campesina, frente a este
panorama en el que "el campo no es una prioridad
para los gobierno, menos aún los pueblos
indígenas", la organización de las mujeres
rurales es la forma en la que pueden exigir al gobierno políticas incluyentes.
"Somos capaces de producir, sólo requerimos
políticas públicas que apoyen a los productores,
aun no siendo grandes productores, porque en la
actualidad sólo benefician a éstos", mencionó.
En Chilapa aún mantienen sus semillas criollas,
abonan sus tierras con técnicas propias, y la
mayor parte de su producción es para el
autoconsumo; tienen pocos excedentes y
prácticamente no comercializan su cosecha, refirió Brígida Chautla.
La preocupación de las mujeres rurales está en
mantener el modo de vida heredado, poder vivir de
la tierra, asegurar "la alimentación que nosotras
produzcamos, porque el gobierno dice que asegura
la alimentación trayendo productos del
extranjero, eso es ser dependiente, cuando esto
se puede hacer en nuestro país", expresó.
La mujer nahua señaló que la soberanía
alimentaria debe ser la prioridad del gobierno
mexicano, como lo es para muchas comunidades
rurales, sobre todo indígenas, "debe elevarse a
derecho constitucional al que tengamos todas y todos".
Por último, Emilio Álvarez Icaza Longoria,
presidente de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, refirió durante su exposición
en el foro que la alimentación es un derecho
tutelado por el Estado mexicano el cual, de forma
independiente al sexo, etnia y condición social
toda la población debe ejercer de la misma forma.
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