México DF, 6 sep 09 (CIMAC).- Demandar
la responsabilidad penal de los agentes de la
Agencia Federal de Investigación (AFI), del
Ministerio Público y de los jueces que
intervinieron en el caso de Jacinta Francisco
Marcial, mujer indígena presa desde hace tres
años acusada falsamente, junto con otras dos
mujeres, de "secuestrar" a seis elementos de la
AFI, exigió hoy el secretario técnico de la Red
todos los Derechos para todas y todos, Edgar Cortez Moralez.
Durante su participación en la Mesa de medios y
género convocada por la Fundación Friedrich Ebert
y Comunicación e información de la Mujer (CIMAC),
Cortez Moralez, candidato a la presidencia de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF), consideró relevante exigir lo anterior
ya que éstos funcionarios tenían la obligación de
"ser objetivos e imparciales" durante el proceso
penal que se le siguió a Jacinta Francisco.
Cabe recordar que el 26 de marzo de 2006 Jacinta
Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa
González, indígenas otomíes residentes en
Santiago Mexquititlán, Querétaro, se encontraban
en el mercado del mismo nombre vendiendo sus
productos; en el caso de Jacinta, paletas, aguas frescas y nieves.
Ese día, elementos de la AFI vestidos de civil,
según el informe del caso de Amnistía
Internacional (AI) realizaron un operativo para
"confiscar" drogas y DVD pirata enfrentándose con
las y los locatarios del mercado.
Horas más tarde, los seis agentes que ingresaron
al lugar denunciaron ante la Procuraduría General
de la República (PGR) haber sido "secuestrados"
durante varias horas por las personas participantes en la protesta.
Cinco meses después de los hechos, las señoras
Jacinta, Teresa y Alberta fueron detenidas y
conducidas a la PGR con el falso argumento de
interrogarlas "sobre un árbol cortado", por lo
que Jacinta y las otras dos mujeres no sabían de
qué se les acusaba hasta que las encarcelaron.
En el caso de Jacinta, de acuerdo con AI, la
única prueba que había contra ella era una
fotografía publicada en el periódico local donde
aparecía detrás de quienes participaron en la
protesta; en el juicio nunca hubo un
reconocimiento por parte de los agentes, ni demostraron su denuncia.
Aunque en las primeras declaraciones de los seis
agentes de la AFI, el día que hicieron la
denuncia, no mencionaron a Jacinta, no fue sino
hasta que la vieron en la foto que la acusaron de
"haber tomado parte en el presunto delito".
Pese a que Jacinta no habla español, tampoco se
le proporcionó, como es su derecho, un
intérprete, y el abogado de oficio que le
asignaron nunca le explicó que tenía el derecho a
defenderse, dice AI, organismo que el 18 de
agosto pasado la declaró "prisionera de conciencia".
PRIMERO ACUSO, LUEGO INVESTIGO
Luego de permanecer tres años en el Centro de
Readaptación Femenil de San José el Alto, en
Querétaro, acusada del secuestro de los
agentes –"delito" por el que se le enjuició y
se le sentenció a 21 años de prisión y al pago de
una multa por 90 mil pesos, la cual fue apelada
por sus representantes legales– la PGR decidió
el pasado 3 de septiembre "no presentar
conclusiones acusatorias" contra el proceso que
se le seguía a Jacinta, lo que significaría, dice
el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez, uno de los representantes del caso, que
ésta será excarcelada sin cargos.
Después de mantenerla presa por un delito que no
cometió, separándola de sus hijos y esposo, la
PGR confirmó lo que ya se sabía: que Jacinta era
inocente y que el delito de secuestro nunca existió.
Para el Prodh, la decisión de la PGR implica "la
aceptación de las numerosas deficiencias del
sistema de justicia en México" situación, dice,
que se agrava cuando a quienes por su identidad
son discriminados socialmente, como las mujeres
que viven en condiciones de marginación, principalmente las indígenas.
Por ello, hoy el defensor de derechos humanos
Edgar Cortez exigió esta responsabilidad penal
contra quienes mantuvieron injustamente en la
cárcel a Jacinta (AFIS, MP y Juez), así como la
reparación del daño y mecanismos de no repetición.
Cortéz subrayó que el actual sistema de justicia
"condiciona" para acceder a la justicia el origen
étnico, de género y social y en este sentido
Mariclaire Acosta, también candidata a la CDHDF,
lamentó que en México no exista el principio de
presunción de inocencia vigente en la mayoría de
los países, que establece "que todas las personas
detenidas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario".
Si bien Jacinta Francisco obtendrá su libertad,
aún permanecen en prisión Teresa González y
Alberta Alcántara, acusadas del mismo delito y
quienes también desde hace tres años se
encuentran detenidas y a quienes, por su
condición de género, étnica y social, se les ha negado justicia.