STAFF: Matrix Noticias Mx / Por: Arturo Cordova S / Por: Redacción / Matrix Digital Mx / Con información: Alonso Urrutia y Emir Olivares / Agencias
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Ciudad de México. Tuvieron que pasar décadas de exigencias y luchas, pero por fin se les abrieron las puertas del Campo Militar número uno, emblema de la represión y las desapariciones cometidas durante la guerra sucia. Ante la jerarquía castrense, Micaela lanzó casi una elegía a su padre, Lucio Cabañas, narró su última batalla y exigió: Aquí, en este lugar donde muchos desaparecieron, quiero justicia para el asesinato de mi padre.
En momentos incómodos (sobre todo cuando interrumpieron su discurso con gritos y para mostrar pancartas reclamando justicia en la propia base militar), el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, escuchó las recriminaciones. Hoy llegamos cargando a cuestas la dignidad de nuestros muertos y desaparecidos, expuso Alicia, hija de Alicia de los Ríos, presa en ese Campo Militar en 1978 y desaparecida en los vuelos de la muerte de Acapulco.
Concluida la apretada exposición de la visión rebelde, vendría la historia oficial que expuso Sandoval, quien comenzó por enumerar sucesos que patentizaron la agitación social: el asalto al cuartel Madera, los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, y las movilizaciones armadas en Guerrero: el Estado mexicano en su momento adoptó políticas y medidas en algunas regiones que buscaron garantizar la seguridad, el orden constitucional y el restablecimiento del estado de derecho.
Con sobriedad matizó, en un acto de contrición institucional, asumiendo que determinadas acciones implicaron lamentablemente que un sector de la sociedad se viera afectado por sucesos que se alejaron de los principios de legalidad y humanidad, valores que nunca pueden estar separados de la vida institucional. Por ello, ofreció el compromiso del Ejército por sumarse decididamente al esclarecimiento de los hechos.
Homenaje con aval de López Obrador
No hubo aplausos ni expresiones ante tan insólito ofrecimiento de las fuerzas armadas. El general dio un giro para hacer un guiño a la tropa, con el aval presidencial y con énfasis soltó: “con orgullo les expreso que el propio mandatario autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas (…)”.
El anuncio rompió con la solemnidad del acto. Desde el fondo se escuchó la consigna acuñada entonces y coreada ahora como reproche, en protesta ante la pretensión de honrar a los militares caídos durante la represión a la insurgencia social: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Fue entonces cuando mostraron con más vehemencia las pancartas que llevaban reclamando justicia, exigiendo: si no entra la justicia, de nada sirve entrar o ¿Dónde están?, con fotografías de sus desaparecidos y reclamando la presencia de la FGR.
El general elevó la voz y apresuró el final de su discurso ante la inconformidad desatada: como un tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber aún a costa de su vida…
La tensión se disipó con el inicio del discurso de López Obrador.
— Comité 68 Pro Libertades Democráticas (@comite68) June 6, 2022
El Comité 68 Pro Libertades Democráticas, organización que se creó para exigir castigo a los responsables de la masacre ocurrida el 2 de octubre de 1968 −durante la protesta de estudiantes en la plaza de Tlatelolco−, rechazó cualquier acto que pretenda convertir a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y violación de derechos humanos en héroes, ya que consideran, con esas acciones se atenta contra el derecho a la verdad y la justicia.
Este posicionamiento ocurre luego de que se anunciara que el presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos durante la Guerra Sucia en el monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas.
— Comité 68 Pro Libertades Democráticas (@comite68) June 23, 2022
Entre gritos de protesta de familiares de los desaparecidos, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, afirmó que la acción es un tributo y homenaje a los “soldados que cumplieron con su deber aún a costa de su vida”.
Sin embargo, para el Comité 68, durante la ceremonia protocolaria para poner en marcha la comisión de la verdad por la Guerra Sucia, se justificaron los actos de represión de los gobiernos de 1965 a 1990, argumentando que fueron “medidas implementadas para garantizar la seguridad nacional, el orden constitucional o el restablecimiento del estado de derecho”.
“Lo cierto es que el Ejército siempre actuó reprimiendo a los movimientos sociales y organizaciones que luchaban por la justicia y por las libertades democráticas, su actuación nada tuvo que ver con garantizar la seguridad nacional o restablecer el orden constitucional”, señaló el Comité 68.
Destacó lo que ocurrió el 2 de octubre, durante periodo de la guerra sucia en que desapareció a cientos de activistas opositores al gobierno; así como las masacres en Acteal, Chiapas, en Aguas Blancas y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre otros crímenes.
“Ningún militar está obligado a cumplir órdenes que violenten los derechos humanos y sus garantías que se establecen en nuestra ley fundamental. Por lo que, ningún militar puede ser declarado héroe por asesinar a su pueblo”, destacó el Comité 68.
“Lo acontecido en el Campo Militar Número 1 es una deshonra cometida en contra de las víctimas del Estado Mexicano durante el periodo que pretende investigar la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. Y desde luego, pone en duda la actuación y el alcance de los trabajos de dicha Comisión”.
STAFF Matrix Noticias/Canal Matrix Mx/Por: Arturo Cordova S / Por: Redacción/Con información: Melissa Hernandez / Matrix Digital Mx y RT en Español
En México esta jornada se conmemora el 52 aniversario de la masacre de Tlatelolco.
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El 2 de octubre de 1968, la Policía abrió fuego contra estudiantes que se manifestaban contra la violencia de las fuerzas del orden.
Hasta el momento, se desconoce el número de fallecidos y los responsables nunca fueron llevados ante la Justicia.
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Debido a la pandemia, este año no se realizará la tradicional manifestación conmemorativa, pero el reclamo de la verdad y del rechazo a la represión persisten.
STAFF Matrix Noticias/Canal Matrix Mx/Por: Arturo Cordova S / Por: Redacción/Con información Melissa Hernandez / Matrix Digital
Autoridades dan importante paso al anunciar que aceptarán la competencia del Comité de la ONU sobre desapariciones forzadas
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En reacción a la declaración pública del Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, anunciando la intención de México de aceptar prontamente la competencia del Comité contra las desapariciones forzadas para recibir y considerar casos de personas desaparecidas en México, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró:
“El anuncio del gobierno mexicano es una importante muestra de su voluntad hacia lograr la justicia, la verdad, y la reparación en los casos de desaparición forzada en el país. Este tema, que por años ha puesto una sombra sobre los derechos humanos en México, requiere de todos los esfuerzos y recursos disponibles para encontrar una solución. Amnistía Internacional espera la pronta implementación de esta decisión y seguirá monitoreando la situación de personas desaparecidas en el país, conscientes de que ésta solo cambiará con un fuerte compromiso de todas las autoridades.”
Por su parte, Tania Reneaum, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, dijo:
“Este anuncio sobre la próxima aceptación de competencia responde por fin al continúo llamado, no solo de nuestra organización, sino de los colectivos de personas desaparecidas que siguen sin tener información certera del Estado sobre el paradero de sus seres queridos. Esto es un buen paso de cara al reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la desaparición de personas, y esperamos sea el inicio de un camino de certezas a las que tienen derecho las más de 40 mil familias que siguen sufriendo el dolor de la incertidumbre.”
México.- La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX), informó que participaron 90 mil personas en la marcha con motivo de la conmemoración de los 50 años del Movimiento Estudiantil de 1968.
Luego de la culminación del evento, que inició alrededor de las 16:00 horas en distintos puntos de la Ciudad de México hacia el Zócalo capitalino, la dependencia informó que se registró saldo blanco.
Los puntos de partida fueron la Plaza de las Tres Culturas, Bucareli y Reforma, Monumento a la Revolución, Casco de Santo Tomás y el Ángel de la Independencia.
En total se desplegaron 3 mil 900 elementos de seguridad con la finalidad de garantizar la movilidad y salvaguarda, según la dependencia, además de 4 ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).
La SSP-CDMX reportó un incidente en la calle 5 de Mayo, donde se lanzaron cohetones y hubo pintas.
STAFF Matrix Noticias/Canal Matrix Mx/Por: Arturo Cordova S/Por: Redacción/Con información: Alexandra Mendez / Matrix Digital
Pese a gritos de «¡no violencia, no violencia!», un grupo reducido de supuestos anarquistas causaron daños en una tienda Aldo Conti y un 7-Eleven de Avenida 5 de Mayo.
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México.- Un grupo de jóvenes con el rostro cubierto realizó destrozos y saqueó al menos dos negocios del Centro Histórico durante la marcha en conmemoración de los 50 años del movimiento estudiantil de 1968.
Pese a que la manifestación, encabezada por sobrevivientes de la represión ordenada por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, se realizó en orden y tranquilidad en gran parte de su recorrido, a su arribo a la Avenida 5 de Mayo una decena de sujetos identificados como «anarquistas» se lanzaron en contra de una tienda Aldo Conti y un 7-Eleven.
Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que, a patadas, los individuos arremeten contra la cortina del 7-Eleven, mientras que en la tienda de ropa utilizan diversos objetos para romper los cristales y robar algunas prendas.
Los destrozos se realizaron entre gritos de «¡no violencia, no violencia!» por parte de otros asistentes a la marcha, quienes optaron por separar a sus contingentes de aquellos responsables de los daños.
De acuerdo con reportes preliminares, a la marcha de «a 50 del 68» asistieron cerca de 45 mil personas. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) decidió no acompañar la manifestación tras un acuerdo con varias de las organizaciones convocantes y hasta el momento se reporta saldo blanco.
Estudiantes de UNAM, IPN y UAM llevaron a cabo un performance conmemorativo de la matanza estudiantil de 1968.
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México.- En el marco de la conmemoración número 50 de la matanza estudiantil ocurrida el 2 de octubre de 1968, alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana llevaron a cabo un performance en la Plaza de las Tres Culturas.
En el lugar donde ocurrió la represión en contra de los estudiantes, se concentraron cerca de 1000 jóvenes voluntarios para llevar a cabo una acción coreográfica masiva que fue organizada por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM
Durante la representación en la que las luces de la plaza fueron apagadas, vecinos de la zona se integraron a los estudiantes, tendiéndose sobre el piso, mientras sonó un audio que simulaba el sobrevuelo de helicópteros, así como un discurso del entonces presidente, Gustavo Díaz Ordaz.
De acuerdo a lo señalado por la dirección de Danza UNAM, el performance que se extendió por cerca de 50 minutos, tuvo como finalidad aludir a “los cuerpos vulnerados, invisibles y en resistencia”.
Ciudad de México. Con la exigencia de justicia y castigo para los responsables de la matanza de decenas de estudiantes el 2 de octubre de 1968, miles de personas llegaron al Zócalo de la Ciudad de México.
Al conmemorarse el 48 aniversario de esos hechos, Félix Hernández Gamundi, integrante del Comité 68 y ex líder en aquel movimiento estudiantil, demandó la reapertura de las investigaciones contra el ex presidente Luis Echeverría (quien durante los hechos era secretario de Gobernación) y que se den los juicios contra quienes planearon la represión del 10 de junio de 1971, actos conocidos como el halconazo.
Miles de personas marcharon de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo para recordar que han sido 48 años de impunidad por el crimen del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz contra los estudiantes que se movilizaron por meses en aquel 1968 y que concluyeron con la matanza de los universitarios.
Al tomar la palabra, en el mitin final efectuado en el Zócalo -donde la gigante bandera se encontraba a media hasta en señal de luto-, Hernández Gamundi también demandó justicia por los 43 normalistas de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada hace dos años.
Dijo que tanto la masacre del 2 de octubre de 1968 como los hechos contra los normalistas los días 26 y 27 de septiembre de 2014, son muy similares y se trata de crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado.
Después tomó el micrófono Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas desaparecidos.
Señaló que el país necesita que el actual mandatario federal, Enrique Peña Nieto, renuncie. «Es momento de decirle a Peña Nieto que se largue».
La marcha, en la que de acuerdo con el gobierno de la ciudad participaron 5 mil personas, aunque los organizadores hablaron de 10 mil, concluyó sin incidentes.
Esta movilización salió de la Plaza de las Tres Culturas a las 12:40 y llegó las 13:30 horas al Zócalo.
Antes, convocados por diversas organizaciones, entre ellas el Comité 68 y «Somos Más», montaron una guardia de honor y depositaron una ofrenda floral por los caídos, ambos en Tlatelolco.
El recorrido por las calles del Eje Central (en contrasentido) y Avenida 5 de Mayo, se realizó sin contratiempo, aunque la mayoría de los locales y establecimientos comerciales ubicados en la ruta decidieron cerrar sus puertas mientras pasaba el contingente.
La Secretaría de Seguridad Pública publicó en su cuenta de Twitter que debido a dicha movilización la circulación vehicular fue cerrada en el Eje Central en su cruce con Flores Magón, hacia el norte, y pidió a los automovilistas tomar sus precauciones.
STAFF: Matrix Noticias/Canal Matrix HD/Por: Arturo Cordova S/Por: Redacción/Con información: RT en Español
Los mexicanos recordaron la Masacre de Tlatelolco de 1968 con una multitudinaria manifestación.
México tuvo una semana intensa de movilizaciones y eventos que terminaron transformados en exigencias de justicia. Desde la marcha por los desaparecidos de Ayotzinapa llevada a cabo el lunes 26 de septiembre hasta la movilización con motivo del 48.º aniversario del asesinato de cientos de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada a solo tres kilómetros del Zócalo, la sociedad civil mexicana continúa mostrando su descontento.
En la víspera de las Olimpiadas de México 1968, un número todavía desconocido de estudiantes fueron masacrados en la Plaza de las Tres Culturas, lugar donde convergen ruinas prehispánicas, una iglesia colonial y conjuntos habitacionales. Casi cinco décadas después de la tarde del 2 de octubre de aquel año nadie ha sido procesado aún por este crimen.
«Lo que ha ocurrido en estos 48 años va conformando un muro de impunidad. ¡Es un horror! La impunidad es la madre de todas las perversiones del poder», dijo durante la manifestación Félix Hernández Gamundi, uno de los integrantes del movimiento de hace casi medio siglo.
En la movilización participaron las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, estudiantes de diversas universidades normales y públicas como la Universidad Nacional Autónoma de México y estudiantes de aquel entonces, hoy agrupados en el Comité 68.
En la movilización, miles de estudiantes normalistas hicieron tronar sus voces por diversos hechos trágicos en la historia de México. «Es un problema porque cada agravio es más horroroso. Qué situación tan horrorosa la de los muchachos en Iguala. La respuesta a los padres, la verdad histórica, resultó ser una farsa», afirmó Gamundi en referencia a la desaparición hace dos años en la ciudad de Iguala de los 43 estudiantes.
La llamada Masacre de Tlatelolco empañó las primeras olimpiadas en un país latinoamericano, hispanohablante y «en vías de desarrollo». Otro protagonista del movimiento estudiantil del 68 evocó a RT la manera en la que la juventud alzó la voz en aquel año y cómo se enfrentó a encarcelamientos y asesinatos.
Protesta en un concierto de Roger Waters
En la noche anterior a la manifestación, 200.000 personas asistieron a un concierto gratuito de Roger Waters, miembro fundador de la banda de rock psicodélico y progresivo Pink Floyd. En el concierto que generó más expectativa de todas sus presentaciones en México, Waters reiteró una fuerte petición que ya había hecho al presidente Enrique Peña Nieto:
«Señor presidente, más de 28.000 hombres, mujeres, niñas y niños han desaparecido. Muchos de ellos durante su mandato desde el 2012. ¿Dónde están? ¿Qué les pasó? El no saber es el castigo más cruel. Recuerde que toda vida humana es sagrada; no solo la de sus amigos», afirmó el músico.
Al terminar la presentación de Waters, los espectadores que se encontraban cerca de la puerta del Palacio Nacional, donde cada 15 de septiembre el presidente recuerda la independencia de México, corearon consignas contra el mandatario durante varios minutos ante los ojos inexpresivos de la Policía.
Waters incluyó en las proyecciones que realizó durante su espectáculo la frase #RenunciaYa, utilizada para convocar el pasado 15 de septiembre a una manifestación con objeto de exigir la salida de Peña Nieto de la presidencia de la República.
Denuncian que Borge ha saboteado publicación de libro sobre excesos de fuerzas policiacas estatales y municipales
CANCÚN, MX.- Aunque la mayor parte de los casos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en Quintana Roo por parte de policías judiciales estatales y municipales no se denuncian, por la desconfianza hacia las autoridades, de abril de 2014 a febrero de este año, ya se han documentado al menos más de una decena de casos de tortura en la entidad, denunció el catedrático universitario Leonardo Daniel Kumul Salazar.
El también director de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones y Confederaciones de Derechos Humanos, señaló que el gobierno de Roberto Borge Angulo y de la presidencia municipal que encabeza Paul Carrillo en Benito Juárez, han sido marca de la tortura, de detenciones ilegales, arbitrarias, así como de la corrupción de las policías municipales y judicial.
El también defensor de los derechos humanos convocó a la presentación del libro “La tortura: una propuesta basada en el Protocolo de Estambul”, donde detallan los más de 60 casos de tortura documentados en diversos estados, 11 de ellos en Quintana Roo, en menos de los dos recientes años, de abril de 2014 a febrero de 2016.
Aunque todos son graves, cinco casos están registrados en Cancún, dos en Chetumal, uno en Playa del Carmen y tres en Felipe Carrillo Puerto.
El Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, mejor conocido como el Protocolo de Estambul, es el primer conjunto de reglas para documentar la tortura y sus consecuencias.
Fue adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el año 2000.
El propósito del protocolo de Estambul es servir como una guía internacional para la evaluación de las personas que han sido torturadas, para investigar casos de posible tortura y para reportar los hallazgos a la justicia o a las agencias investigadoras.
Sabotea gobernador Borge la impresión y publicación del libro
“La empresa que contratamos para imprimir el libro les quedo mal, de acuerdo al convenio firmado, quedaron de entregar los mil ejemplares el pasado sábado, pero ya no contestaron las llamadas telefónicas ni siquiera atendieron las vistas a la sede de la empresa editorial”, informó Kumul Salazar.
Dijo que es la cuarta empresa editorial asentada en Cancún, que son las únicas que existen, que se habían comprometido a realizar la publicación y “aunque ya les habíamos advertido lo que seguramente podría pasar y dijeron que si, se comprometieron a producir el libro.
“Pues, desgraciadamente pasó lo que tenía que pasar, de acuerdo a los antecedentes que hay en materia de violación a los derechos humanos, pues el gobernador habló por teléfono a la editorial para amenazarlos si publicaban el libro, nos llaman y nos avisan que ya no lo pueden publicar y nos devuelven el anticipo de dinero que habíamos depositado. Lo mismo pasó con las otras dos editoriales”.
La cuarta empresa nos había asegurado que ya habían publicado otros libros, por ejemplo, los dos más recientes de la periodista y escritora Lydia Cacho, entre otros y pese a que ya habíamos pagado el costo de la edición, no cumplió y no entregaron los mil ejemplares.
No se lo puedo atribuir a otra cosa más que a la intervención del estado, pues no le iba a parecer que circulara en Quintana Roo el libro.
Mencionó que la publicación ya la esperaban en Yucatán, sobre todo en la capital del estado y en Valladolid, así como en los 11 municipios de Quintana Roo.
El libro trata sobre los medios de defensa jurídica que las personas pueden utilizar en caso de ser víctimas de tortura.
En el mismo detallan los más de 60 casos de tortura documentados en diversos estados, 11 de ellos en Quintana Roo, en menos de los dos recientes años, de abril de 2014 a febrero de 2016.
Aunque todos son graves, cinco casos están registrados en Cancún, dos en Chetumal, uno en Playa del Carmen y tres en Felipe Carrillo Puerto.
“Lamentablemente hay más casos, que nosotros no llevamos o que muchas víctimas no denuncian por temor a que les quiten la vida o los desaparezcan”.
Los casos de tortura son ejecutados por agentes de la Policía Judicial del estado, con el conocimiento de Ministerios Públicos del fuero común, así como de mandos medios y superiores de la Procuraduría de Justicia del Estado, como los dos recientes titulares de la dependencia, Gaspar Armando García Torres y Carlos Arturo Álvarez Escalera, así como el subprocurador de la zona norte, Ludwig Alejandro Vivas Arjona (quien según ya renunció porque presuntamente fue amenazada de muerte); el director de la Policía judicial de la subprocuraduría en la zona norte del estado, Marco Antonio Sánchez Sánchez, entre otros.
Entre los casos más graves que se documentan en el libro de 116 páginas hay material audio visual como grabaciones, videos y fotografías de las torturas cometidas por los directivos y personal de la Procuraduría de Justicia del estado.
“Tenemos material donde queda constancia de las condiciones físicas y de salud de las personas detenidas y como estaban horas después de sus detención”, señaló.
Hay 11 casos plenamente documentados de tortura con los requisitos que marcan las legislaciones internacionales como el Protocolo de Estambul y que se empezaron a combatir en los juzgados federales.
Denunció que en el colmo de la inseguridad y de la impunidad con que actúan la Procuraduría de Justicia del Estado y los cuerpos policiacos del municipio Benito Juárez, el 22 de diciembre del 2015, su padre y madre fueron objeto de un atentado cerca de mi domicilio por parte de uniformados municipales.
Fueron dos elementos de una motropatrulla del ayuntamiento local, justo dos días después de que fue destituido Jesús Cristobal Mena Paullada, como director de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, por actos de corrupción y tortura, hechos que fueron plenamente documentados y aunque en todo momento trataron de protegerlo y solaparlo, no les quedo de otra más que despedirlo.
Por cierto, la dirección de Asuntos internos es la instancia encargada de investigar a castigar los casos de corrupción y mal ejercicio público por parte de la corporación policiaca.
Este personaje también había sido acusado de actos de corrupción y abuso del poder cuando tuvo cargos directivos en la Procuraduría de Justicia del estado en otras administraciones.
Dijo que otras de las represalias que sufrió es que fue destituido de su plaza de catedrático de planta en la Universidad del Sur, sin ningún argumento legal.
“Al compañero Rafael Meneses lo secuestran el 22 de febrero saliendo de la Universidad del Sur, justo el día que iban a presentar el libro en la casa de la Cultura Jurídica, que hoy no les fue entregado por la imprenta. Ese día policías municipales nos amenazaron”.
Salvajismo policiaco
De los casos más extremos y que han marcado la vida del joven abogado y activista de los derechos humanos está el caso de cuatro jóvenes estudiantes del Colegio de Bachilleres, plantel 3 de esta ciudad de Cancún.
Son tres varones de 19 años y una joven de 18 años quienes fueron detenidos el 26 de febrero de 2015 enfrente del palacio municipal de Cancún cuando se manifestaban mostrando su solidaridad con los jóvenes estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.
Policías municipales, bajo las órdenes de Arturo Olivares Mendiola, detienen a los cuatro jóvenes, “materialmente los agarran de los cabellos, los arrastran varios metros y los avientan a unas camionetas de la dependencia policiaca, lo cual documentaron con fotografías, audio y video. Se los llevan al jefe policiaco y los torturan en las instalaciones de Seguridad Pública y en la mesa 11 del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Justicia de la zona norte, los 3 varones los desnudan y son violados por policías judiciales al mando de Sánchez Sánchez, con un palo de escoba. La joven mujer también fue violada sexualmente. Los cuatro fueron torturados nuevamente en ese lugar durante más de 36 horas y los obligaron a firmar unas hojas y declararse culpables donde los acusan de haber cometido varios delitos, desde ultrajes a la autoridad, de robo, intento de homicidio, terrorismo y una serie de delitos inimaginables, todo ello, con el conocimiento del Ministerio Público de la mesa 11, señaló.
Dijo que ellos han externado su solidaridad con el caso de Héctor Cacique Fernández, quien trabajo para el gobernador Roberto Borge Angulo como guardaespaldas y como instructor de escoltas del mismo mandatario, a quien le inventaron varios delitos de narcotráfico y delincuencia organizada, entre otros, y pese a recomendaciones de Derechos Humanos, permanece encarcelado en el penal de Chetumal.
Aunque no han dado a conocer ninguna sanción para las 43 personas, entre policías judiciales, Ministerios Públicos y personal y directivos de la Procuraduría de Justicia del Estado implicadas en el caso de tortura contra Héctor Cacique, y las medidas para reparar el daño causado a su persona, Harley Sosa Guillén, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) reveló que ha recibido informes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde atiende la recomendación hecha.
Dijo que muchos de los casos se decretaron por parte de jueces federales los delitos de tortura y en breve, se liberarán las ordenes de aprehensión contra el personal de la PGJE, como los dos recientes procuradores Gaspar Armando García Torres y Arturo Alvarez Escalera, así como el subprocurador de la zona norte, policías judiciales y ministerios públicos, entre otros.
Violación debido proceso
Respecto a dos de los casos de feminicidios suscitados a fines del año pasado y principios de este año, documentados en los expedientes de Carmen Ramos Pérez, amparo 1610/2015 y el de Jesús Lagunes Alcocer, amparo 1787/2015, se ha para aplicado el protocolo de Estambul por las múltiples violaciones al debido proceso de los dos detenidos.
A unas horas de la detención de los dos presuntos autores de los dos feminicidios, solicitaron que les realizarán los exámenes médicos respectivos en el Hospital General de Cancún y el director del nosocomio (Rubén Maldonado Villanueva), emite certificados médicos donde señalan que los dos presuntos “están integros”(sanos), pero a la vez entrega dos placas de exámenes radiológicos donde detalla la existencia de dos fracturas, una en la mandíbula y otra en la columna.
Entonces recurren a instancias federales y los exámenes médicos constatan que si hay lesiones y con eso existe la presunción de tortura, explico.
Ante la parcialidad, negligencia y corrupción del personal de la procuraduría de Quintana Roo, así como de los juzgados del fuero común y derivado del principio de imparcialidad, los jueces federales designaron peritos de Campeche y Yucatán para que el próximo 24 de junio realicen el protocolo de Estambul, donde va a quedar en evidencia la tortura y todas las violaciones al debido proceso que cometió la PGJE, por lo que podría decretarse la libertad de estas dos personas.
Refirió que todos los días reciben mensajes y llamadas de auxilio de más detenciones arbitrarias y casos de tortura de ciudadanos de todas clases sociales, desde taxistas, meseros, albañiles, profesores, entre otros.
Dijo que la dependencia tenía hasta el 26 de abril del presente año para cumplir con todos los puntos incluidos en la recomendación 17/2015, emitida en octubre pasado, luego de varias quejas hechas por Cacique y sus familiares por constantes agresiones y omisiones legales durante su caso, por parte de personal de la PGJE y sin embargo, el caso sigue estancado. y asi hay casos en los 11 municipios de de tortura y violaciones a los derechos humanos de cientos de personas por parte de policías y personal de la Procuraduría de Justicia del Estado.
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