STAFF Matrix Noticias/Canal Matrix Mx/Por: Arturo Cordova S / Por: Redacción/Con información: Alexandra Mendez / Matrix Digital Mx
ELECCIONES 2021
El partido Redes Sociales Progresistas presentó a Fernanda Salomé Perera Trejo como precandidata al gobierno de Zacatecas
Foto: Imagen Ilustrativa / Agencias
México.- El partido de nueva creación Redes Sociales Progresistas (RSP) presentó este 24 de enero a Fernanda Salomé Perera Trejo como su precandidata al gobierno de Zacatecas rumbo a la elección de junio próximo.
Con esto, Redes Sociales Progresistas se convierte en el primer partido político en la historia de México en tener a una mujer transexual como precandidata a gobernadora.
Redes Sociales Progresistas también presentó a Melany García Cortés como precandidata a diputada federal por el estado de Zacatecas, quien buscará ser la primera mujer transexual en ocupar una curul en San Lázaro.
¿Quién es Fernanda Salomé Perera Trejo, la mujer transgénero que buscará ser gobernadora de Zacatecas?
En un video compartido en la cuenta oficial de Redes Sociales Progresistas, el presidente del partido Fernando González señaló que su partido cree “en una sociedad incluyente, amplia, diversa, donde esa diversidad se exprese y nos permita ser un solo rostro como país y un solo rostro como sociedad avanzada del siglo XXI”.
Fernando González describió a su precandidata al gobierno de Zacatecas como una activista del movimiento LGBT con muchos años de lucha, quien ahora dará un ejemplo a nivel nacional de inclusión “en la amplia, profunda diversidad de México”.
Por su parte, Fernanda Salomé Perera Trejo se definió a sí misma como una mujer “orgullosamente transexual” que ha luchado a lo largo de su vida “no solamente de la comunidad trans sino de la comunidad en general”.
“Me siento orgullosa y muy honrada por el ofrecimiento. Siento que este partido es lo mejor que le ha pasado a México”.Fernanda Salomé Perera Trejo
Fernanda Salomé Perera Trejo consideró que tiene “los mismos ideales” que Redes Sociales Progresistas, partido que “no ve identidades” sino “personas, que es lo que somos”.
Finalmente,la precandidata al gobierno de Zacatecas aseguró que le gustaría un estado donde se le enseñe a las personas desde muy temprana edad “que la identidad no importa, lo que importa somos los humanos”.
STAFF Matrix Noticias/Canal Matrix Mx/Por: Arturo Cordova S / Por: Redacción/Con información: Ximena Arellano / Matrix Digital Mx
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La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB) informa que este viernes 29 de enero se llevó a cabo una actividad de retiro de 150 CASAS de CAMPAÑA VACÍAS, instaladas en el Zócalo capitalino por parte de integrantes del «Campamento FRENNAA México», con el propósito de garantizar medidas sanitarias y prevenir contagios por Coronavirus (Covid-19), así como evitar la estancia de personas en situación de calle o posibles conflictos dentro del campamento.
Es importante destacar que no se retiró a ninguna persona que estuviera pernoctando en el lugar.
Para garantizar el derecho a la libre manifestación, estuvo presente la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, un notario público que certificó que únicamente fueran retiradas casas de campaña vacías, personal de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la SECGOB, elementos de la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), personal de las Secretarías de Salud y de Seguridad Ciudadana (SSC), la función de estos últimos se acotó a supervisar las medidas de seguridad.
Ante estas acciones, integrantes del Campamento FRENNAA México respondieron de forma violenta con extintores, gas lacrimógeno y palos contra los trabajadores de Servicios Urbanos. No obstante, el personal del Gobierno capitalino no cayó en provocaciones y no hubo necesidad de la intervención de los elementos de la SSC.
La SECGOB recuerda que la Ciudad de México permanece en Semáforo Epidemiológico color Rojo, por lo que se continuará con las acciones de seguridad y de exhorto a seguir las recomendaciones sanitarias en dicho lugar.
STAFF Matrix Noticias/Canal Matrix Mx/Por: Arturo Cordova S / Por: Redacción/Con información: Ximena Arellano / Matrix Digital Mx
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I
Este diciembre, antes de terminar el periodo ordinario de sesiones, el Senado aprobó, a propuesta de la Presidencia, una serie de modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional con las que se busca regular la presencia en territorio nacional de los agentes extranjeros.
Estas modificaciones añaden la definición de “agentes extranjeros”; crean algunos “órganos auxiliares” encargados de gestionar y atender los convenios y programas de cooperación internacional en materia de seguridad; norman las obligaciones de los funcionarios mexicanos respecto a su relación con los agentes extranjeros; y establecen los lineamientos que deberán observar estos últimos en sus labores en territorio nacional, a saber: acreditarse ante la Secretaria de Relaciones Exteriores, informar mensualmente al gobierno mexicano sobre sus labores, no gozaran de inmunidad diplomática, no podrán realizar labores reservadas a las autoridades mexicanas, y en general deberán circunscribir su actuación a los marcos legales nacionales y a los convenios y acuerdos de cooperación internacional en materia de seguridad suscritos por el Estado mexicano.[1]
Cabe insistir que lo fundamental de las reformas propuestas desde la presidencia, convierten en ley lo que ya es parte del Acuerdo entre la entonces PGR y las Secretarias de Gobernación y de Relaciones Exteriores para regular las actividades de los agentes extranjeros publicado el 3 de julio de 1992. En dicho acuerdo, firmado durante el gobierno de Carlos Salinas, se establece, entre otras cosas, que la acreditación de los agentes extranjeros será ante la Secretaria de Relaciones Exteriores y su registro en la Secretaria de Gobernación, asimismo se afirma que los agentes no tendrán ningún tipo de inmunidad [2] ante la comisión de delitos y que no podrán realizar tareas reservadas para las autoridades mexicanas, etc. En resumen, las reformas aprobadas por el Senado este 2020 son básicamente la transcripción del acuerdo de 1992.
Ante esto surgen algunas preguntas: ¿Por qué hay agentes extranjeros, en particular norteamericanos, en territorio nacional? ¿Esto mismo pasa en territorio estadounidense? ¿Por qué una reforma de la 4T es básicamente un copia y pega de un acuerdo firmado en el periodo neoliberal? ¿Qué pasará con los acuerdos de cooperación internacionales firmados con los EEUU en materia de seguridad? Etc.
II
Lograr respuestas serias y objetivas a estas y otras preguntas pasa por comprender en general la relación entre los EEUU y México, y en particular, las relaciones que se han establecido en términos de seguridad.
Las relaciones entre los dos países se desarrollan dentro de un sistema internacional marcado por desigualdades estructurales de origen histórico, una aguda polarización entre los estados-nación económicamente desarrollados y aquellos que han sufrido un desarrollo deformado; o dicho de otro modo, el desarrollo de unos ha estado sustentado en el subdesarrollo/pobreza de otros, el “éxito” de unos en el “fracaso” de otros, la riqueza de unos pocos países en la pobreza de la mayoría.
El sistema internacional en el que se dan las relaciones entre los EEUU y México, no es otro que el sistema capitalista imperialista. Cuyas características fundamentales, anunciadas ya hace bastantes años, se mantienen en lo fundamental: 1) surgimiento y desarrollo de las grandes corporaciones monopolistas que controlan ámbitos completos de la producción y comercialización en las más diversas áreas; 2) surgimiento, extensión y desarrollo del capital financiero global, con la consecuente centralidad y dominio de los grandes bancos e instituciones financieras nacionales y multinacionales; 3) Desarrollo de la exportación, ya no sólo de productos de todo tipo sino también de capitales, esto mediante los más diversos esquemas de inversión extranjera, créditos y comercialización de deuda a lo largo y ancho del globo; 4) formación de bloques regionales de largo alcance, centralizados por algunas potencias globales, que participan de la repartición y/o disputa por los territorios, los recursos naturales y humanos alrededor del planeta, etc. [3]
III
La realidad del sistema imperialista es la que nunca debe dejarse de lado a la hora de analizar las relaciones entre nuestro país y el vecino del norte, hacerlo simplemente lleva a nublar la vista ante una de las determinaciones fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Es por ello que la presencia de agentes estadounidenses en territorio nacional y todo lo que ello implica no puede ser analizada como una simple estrategia de combate contra las drogas, antes bien debe comprenderse que su presencia responde a la reproducción de la relación de dependencia y subordinación de nuestro país ante los intereses de los EEUU.
¿Cómo se concreta esta relación subordinada en la política de seguridad nacional? En términos muy sintéticos podríamos decir que la subordinación de nuestro país a la política de seguridad estadounidense se concreta en: 1) las concepciones y marcos teórico-ideológicos que sustentan los análisis de riesgos e identifican los principales enemigos o agentes que podrían atentar contra la seguridad, en el mismo sentido estos marcos determinan tanto la formación y capacitación de los mandos de las fuerzas armadas y de seguridad, como las orientaciones estratégicas de las instituciones; 2) la ayuda recibida desde los EEUU en materia de capacitación, apoyo técnico, materiales y equipo, colaboración en la obtención y gestión de información de inteligencia, así como respaldo en operaciones en el terreno; 3) todo lo anterior respaldado por leyes, normas, acuerdos y demás marcos regulatorios que construyen un entramado institucional que al tiempo que legaliza, reproduce la dominación y la subordinación.
Sobre el primer eje existen infinidad de documentos, leyes, acuerdos e instituciones en los que, desde las esferas del poder norteamericano, se establecen los lineamientos de la política de seguridad hemisférica definida desde los EEUU. Algunos de estos son:
Los documentos de Santa Fe de 1980, 1988 y 2000, en los ochenta la fundación del Centro Nacional contra el Terrorismo o la publicación de la Antidrug Abuse Act y la Andean Drug Strategy; en los noventa la Defense Planning Guidance, la National Security Strategy for a New Century, el Tratado Marco de Seguridad Democrática y el Mecanismo de evaluación multilateral; en los dos mil, aparte del ya mencionado Santa Fe IV, la Ley de Poderes sobre Emergencias, la Act Patriot, la creación del NorthCom y la reestructuración del Comando Sur, la definición de la National Strategy for Combating Terrorism, la Declaración sobre Seguridad de las Américas, la reactivación de la IV Flota, el Plan México o Iniciativa Mérida, el ASPAN, el Plan Colombia, etc. Son todos estos, documentos, leyes, acuerdos e instituciones que en su conjunto establecen una política general de seguridad hemisférica que por la vía de los hechos es la política de seguridad nacional, no de los países del continente, sino de los EEUU. La seguridad estadounidense en el centro de toda la estrategia de seguridad continental, así de claro.[4]
Con esta línea estratégica, cambiante en sus lineamientos tácticos a lo largo del tiempo, se ha buscado asegurar la subordinación de los países latinoamericanos, y México en particular, a los intereses del norte, al mismo tiempo que se definen enemigos a vencer, tácticas para combatirlos y mecanismos de cooperación que aseguran el uso, por parte de las instancias de seguridad estadounidenses, de las instituciones y capacidades de cada estado-nación, para lograr sus objetivos.
Algunos de los enemigos ubicados a lo largo del tiempo han sido, la amenaza comunista y la influencia de la entonces URSS, la competencia económica Europea, el terrorismo internacional, el narcotráfico, organizaciones guerrilleras, la migración, etc.[5] Asimismo se han establecido lineamientos para defender la concepción estadounidense de democracia y libre mercado como el modelo adecuado, y único válido, para el desarrollo social. En último término se ha tratado ayer y hoy de asegurar para los EEUU y las clases dominantes la posesión y el acceso a los recursos naturales, el dominio cultural e ideológico, la reserva estratégica que representan los enclaves industriales nacionales, el acceso y control de la fuerza de trabajo precarizada y flexible de América Latina, la estabilidad de los mercados de consumo y en general la paz o la guerra, según el caso, necesarias para los buenos negocios.
IV
Para el caso de México quizá sobren los ejemplos de la actuación de las fuerzas de seguridad estadounidense en nuestro territorio. Es por todos conocida la labor que han llevado a cabo agencias como la DEA en el seguimiento e incluso detención de capos del narcotráfico, pero también en el espionaje y labores de inteligencia coordinadas desde las oficinas de esta agencia en territorio mexicano, asimismo se supone la existencia de oficinas binacionales de cooperación que sirven de fachada a la presencia de agentes de otras tantas agencias norteamericanas. [6]
Como decíamos desde un inicio el intervencionismo estadounidense en materia de seguridad se concreta en sin fin de acuerdos, planes, normas, leyes, esquemas de operación, colaboración, capacitación, instrumentos de acción, etc. Una enumeración a vuelo de pájaro para el caso mexicano incluiría: El Plan México o Iniciativa Mérida, el ASPAN, el Proyecto Mesoamérica, el Acuerdo sobre Fronteras Inteligentes (Smart Border) entre EEUU y México, la Alianza para la Frontera México-Estados Unidos, el Plan de Acción para Combatir la Violencia Fronteriza y Mejorar la Seguridad Pública, la Operación Centinela, la Asociación Aduana Contra el Terrorismo, los Centros de Fusión e Inteligencia creados durante el gobierno de Calderón y EPN, la creación de las BOM (Bases de Operaciones Mixtas), la inclusión del terrorismo en su concepción estadounidense en el Código Penal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Nacional, etc. Más recientemente la creación de la Guaria Nacional ha dotado de una legitimidad inusitada a la presencia de los militares en las calles, esos mismos militares cuyos jefes han sido formados en agencias e instituciones estadounidenses, lo mismo para desalojar plantones contra megaproyectos, que para reprimir protestas que luchan por el derecho al agua o para servir como patrulla fronteriza en el sureste del país, entre otras labores.
Es este contexto el que no hay que olvidar cuando se busca valorar las implicaciones de las reformas propuestas a la Ley de Seguridad Nacional.
V
Lo primero que habría que tener claro es que se trata de una reforma que, como ya hemos dicho, vuelve ley el contenido de un acuerdo firmado desde 1992, en el mismo sentido no se trata como se ha querido hacer creer, de una reforma que rompa con la subordinación hacia los EEUU. Todo el entramado legal, institucional e ideológico que hemos esbozado se mantiene. Sin embargo, es positivo que se avance en regular la intromisión de agentes extranjeros en territorio nacional, aunque no deja de ser terrible la misma presencia de estos, es decir, obligar a los agentes extranjeros a brindar información de sus operaciones, quitarles la inmunidad y negar la posibilidad de que ejecuten detenciones en territorio nacional, es un avance, pero no deja de ser insuficiente en el marco de una subordinación estructural.
Podríamos decir que se limita el accionar de los agentes extranjeros pero se olvida todo lo que los EEUU ya han construido y consolidado dentro de las estructuras e instituciones de seguridad nacional. Se limita al agente gringo que viene de fuera, pero se deja libre al agente gringo que ya ha anidado adentro.
Las reformas propuestas son lo mínimo necesario si el Estado mexicano reivindica para sí el monopolio de la fuerza en el territorio nacional. Por desgracia esto no sólo es insuficiente, sobre todo no apunta a los elementos que están en la base de la subordinación y la pérdida de soberanía: la dominación económica se mantiene de la mano del T-MEC (Tratado México-Estados Unidos-Canadá), la subordinación geopolítica se afianza con los megaproyectos en el sureste (Tren Maya y Corredor Transístmico), la subordinación política seguirá desarrollándose siempre que desde México no se consoliden procesos de organización popular desde abajo, ya que son estos los que realmente harían posible la soberanía nacional. Seamos claros, allá arriba, sean gobierno u oposición a modo, no les interesa la soberanía, han sido y continúan siendo beneficiados por la dependencia económica, política y cultural de México. En asuntos de soberanía, como en tantos otros, la defensa de los intereses de la mayoría no está en reformas que mantienen lo fundamental intocado, sino en la organización independiente desde los múltiples rostros de abajo.
[1] Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/20201215-II.pdf[2] Al parecer los agentes extranjeros seguirán gozando de lo que desde el Derecho Internacional, en particular en la Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares, se llama “Inmunidad funcional”, esto es: “Reconocer que el personal consular acreditado no será sometido a las autoridades judiciales y administrativas de México por los actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones consulares. Es decir, que si estos funcionarios –en el caso de los agentes extranjeros, aquellas establecidas en los instrumentos de colaboración bilateral- podrán ser sometidos a la justicia mexicana en apego al Derecho Internacional”, http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/20201215-II.pdf
[3] Lenin, Imperialismo, fase superior del capitalismo, ediciones varias.
[4] Rodríguez Rejas, M. José, La Norteamericanización de la seguridad en América Latina, Akal, México 2017.
[5] Aquí cabe insistir que la estrategia de seguridad norteamericana, a la cual México se encuentra subordinado, define, cuando así conviene, de manera muy ambigua al enemigo. “Es decir, la elasticidad de la concepción del enemigo es tal que puede aplicarse a un espectro muy heterogéneo de situaciones. Así la concepción de la amenaza representada por los ´espacios sin gobierno´ puede ser leída en relación con el narcotráfico o con aquellos territorios en los que tienen protagonismo ciertos movimientos sociales o existen gobiernos alternativos.” Rodríguez Rejas, op. cit., p. 268
STAFF Matrix Noticias/Canal Matrix Mx/Por: Arturo Cordova S / Por: Redacción/Con información: Ximena Garcia / Matrix Digital Mx
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Los vecinos organizados en la Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, con su lucha contra el proyecto de la empresa Quiero Casa ubicado en Av. Aztecas 215, han puesto sobre la mesa cuestiones fundamentales sobre la lógica dominante de construcción urbana en la Ciudad de México, lógica que privilegia al capital inmobiliario sobre cualquier derecho; ante eso, los vecinos han reivindicado el derecho a permanecer en su territorio y el derecho a la vida mediante la defensa del agua.
Aztecas 215 es un predio ubicado en el sur de la ciudad, perteneciente a la Alcaldía Coyoacán y enclavado en los pedregales de Santo Domingo, un territorio que se construyó colectivamente durante los años 70 por las manos de vecinos y vecinas que llegaron ahí en una ola migratoria. En este espacio de tradición organizativa es donde Quiero Casa, inmobiliaria de los hermanos Shabot, iniciaron la construcción de un proyecto de 377 viviendas. Durante la construcción, estando aun en la cimentación, afloró el manantial somero, millones de litros de agua limpia que los hermanos Shabot decidieron tirar al drenaje, situación que hasta la fecha ocurre.
Desde 2015 los vecinos, con el objetivo de resarcir el daño mediante la recuperación del manantial, emprendieron un tortuoso camino para denunciar y parar la obra. Organizaron un plantón que posteriormente se convertiría en la escuela “Piedra y Manantial”, en la cual semana tras semana los vecinos compartieron y aprendieron de otros procesos de resistencia y organización popular. Escuela y plantón fueron desalojados por la fuerza policial en el 2016.
¿Por qué las inmobiliarias actúan con impunidad? ¿Bajo qué intereses se construye la ciudad? ¿Existen otras alternativas para la construcción de la ciudad? Estas son algunas preguntas que surgen al conocer el proceso de Av. Aztecas 215. De manera breve daremos algunas pistas que permiten explicarnos como se orienta la producción del espacio urbano.
I
El caso de Aztecas 215 es un caso de impunidad inmobiliaria, uno más dentro de la Ciudad de México donde el patrón de crecimiento y de construcción es dictado por el capital inmobiliario. Un proyecto de las características de aztecas 215 de cerca de 400 viviendas requería de una manifestación de impacto ambiental que indicara su factibilidad y un estudio de impacto urbano que indicara las nuevas condiciones urbanas que se impondrán, pensando en los requerimientos de equipamiento, servicios y movilidad de las 377 familias que habitarían. Ambos requerimientos son indispensables para la expedición de una licencia de construcción, estos fueron omitidos por la empresa Quiero Casa. No contar con los requisitos al iniciar la obra es grave, al menos nos habla de las fuertes omisiones de las autoridades al librar la mencionada licencia.
En Aztecas 215 hay un nivel de colusión entre distintos niveles de gobierno, tanto de la alcaldía como de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX (SEDUVI). Debido a la corrupción, que permitió el inició de la construcción sin la manifestación de impacto ambiental, la empresa Quiero Casa no se percató “a tiempo” de la existencia del manantial que yace en el predio, fue sólo por la movilización de los vecinos, del apoyo de especialistas en geografía y geología que demostraron la existencia del manantial, que las “irregularidades” fueron visibles y orillaron a la cancelación de la obra en 2018. Sin embargo, la cancelación de la obra fue violentada por Quiero Casa hasta llegar a la ocupación ilegal de dos torres del complejo residencial. Pese a la persistencia de las denuncias de la Asamblea, las autoridades no sólo prestaron oídos sordos a los reclamos vecinales, sino que además brindaron apoyo policial a la empresa para continuar las obras.
El capital inmobiliario es cobijado por las autoridades de todos niveles de gobierno, que incluso promueven políticas púbicas orientadas a este tipo de inversiones en otras partes de la ciudad donde también se hacen de la “vista gorda” con los requerimientos indispensables para llevarlas a cabo. Más aun cuando estos proyectos no se han encontrado con una resistencia tan organizada como la de la Asamblea para hacer visibles las irregularidades que existen.
II
La ciudad se construye bajo la lógica del capital, de la mercancía. No hay freno para la especulación inmobiliaria, esta lógica provoca procesos de segregación y expulsión de la población originaria de los barrios populares hacia las periferias. Los patrones actuales de crecimiento de la ciudad dan cuenta de ello, hay un proyecto de privatización silenciosa de la ciudad que se manifiesta en la revalorización del suelo urbano en determinadas áreas, mediante el cambio del uso de suelo para la explotación a través del crecimiento urbano que es visto por el capital inmobiliario como una oportunidad de inversión.
Para la población de origen en las colonias populares este crecimiento urbano es excluyente pues implica un cambio en el valor de la cuentas catastrales, aumento significativo en las rentas, aumento de costo en los servicios y en la vida urbana en general, dinámica que provoca poco a poco la sustitución de la población de origen por la nueva que llega que si puede costear la vida urbana. Doña Fili, compañera de la Asamblea, ha identificado este proceso que inicia en los pedregales como la gentrificación de la que hablan los teóricos urbanistas y geógrafos.
Este proceso de revalorización ocurre en el predio de Av. Aztecas 215 donde en los hechos se cambia ilegalmente la vocación del suelo mediante la sobre explotación de la superficie construida, pues en la carta de uso de suelo de SEDUVI se indica que el predio es H3, es decir se permiten hasta 3 niveles, con un 30% de área libre y con un máximo de 41 viviendas. ¿Cómo es posible que las autoridades no se dieran cuenta de las tres torres de 8 niveles y del terrible daño ambiental de esta obra?
No hay límite en la especulación inmobiliaria, incluso aún con el ecocidio demostrado en Av. Aztecas 215, lo importante ha sido garantizar la ganancia sobre la inversión en el suelo urbano. Además del cambio radical en el uso de suelo, la obra provocó un daño al manantial somero, cuyo perjuicio ambiental es de gran dimensión. El agua limpia, que perfectamente podría ser aprovechada por las colonias vecinas donde escasea el agua, se va directamente al drenaje sin posibilidad alguna de aprovechar su uso, además de las consecuencias para los mantos freáticos pues esa agua del manantial que corría directamente éstos, hoy es drenada, situación que puede provocar fracturas y hundimientos en el suelo.
III
Sin embargo, ante ese escenario de colusión del capital inmobiliario y las autoridades cómplices, los vecinos siguen organizados, dan esperanza y muestran otras formas de construir la ciudad, han levantado un gran frente de solidaridad contra estos proyectos de muerte, con las consignas “el agua es vida y la vida se defiende” y “entre piedras sembramos la esperanza, nadie nos la podrá quitar” han sumado a distintos actores en la defensa del territorio y de los recursos naturales, todos y todas convencidos de la necesidad de una ciudad donde se garantice el derecho de habitarla de manera digna, una ciudad que realmente sea democrática y una ciudad donde se conserven los pocos recursos naturales que aún quedan.
En esta construcción de alternativas, los vecinos y vecinas han hecho vínculos de trabajo y han promovido la participación de investigadores e investigadoras en distintas áreas, algunos han presentado tesis de maestría y doctorado sobre las múltiples aristas de Aztecas 215, profes y profas, estudiantes, compañeras y compañeros solidarios que ponen sus saberes al servicio del pueblo. En este sentido, el 5 de diciembre se presentó el mural que los vecinos y vecinas pintaron en sus calles, un mural que representa la memoria histórica del pueblo en su lucha por la defensa del agua; también el 12 de diciembre se realizó la presentación del proyecto alternativo para el predio de Aztecas 215 «Parque Flor de Agua», un proyecto desarrollado por estudiantes de arquitectura de la UAM Azcapotzalco, que fundamentalmente considera la necesidad de la recuperación del manantial en un predio de uso colectivo y que demuestra que hay otras posibilidades en la construcción de la ciudad mediante intervenciones urbanas que consideren la participación comunitaria.
Finalmente, el caso del predio de Aztecas 215 es un ejemplo de resistencia en la Ciudad de México, los vecinos que conforman la Asamblea han hecho visible un problema estructural de toda la ciudad y sobre todo de los barrios populares: la privatización silenciosa que el capital inmobiliario ejerce sobre el suelo urbano cimentada en grandes daños ambientales. Hoy, después de varios años, los vecinos y vecinas apuestan por construir mediante la organización una ciudad distinta. Los pedregales son para toda la ciudad, un pedacito de esperanza.
STAFF Matrix Noticias/Canal Matrix Mx/Por: Arturo Cordova S / Por: Redacción/Con información: Erika Rubio / Matrix Digital Mx
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En días recientes la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Consami) aprobó el incremento al salario mínimo para el 2021, el cual pasa de $ 123.22 a $ 141.70 diarios. Éste y los recientes aumentos (2019 y 2020) buscan dar un paso más en la recuperación del salario y en palabras de la Secretaria del Trabajo y Prevención Social, Luisa María Alcalde, “Los tres últimos incrementos, lejos de afectar la economía y el empleo, fortalecen el mercado interno y el poder de consumo de los que menos ganan en este país”.[1]
Más adelante volveremos sobre esta declaración de la secretaria Alcalde, mientras veamos algunos datos que nos permitan situar este aumento en el marco de la crisis general que vivimos.
Sin duda el aumento del 15% para el año que viene y los aumentos previos del 16% y 20% en el 2019 y 2020, han permitido incrementar las percepciones de amplios sectores de la población, sin embargo, la cantidad del aumento ni está a la altura de las necesidades de los trabajadores, ni de las posibilidades reales dada la riqueza que producen.
Según datos dados a conocer por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el salario real en México, es decir, lo que se puede comprar con este ingreso monetario, se incrementó durante 2015 y 2016 en 0.5% y 1.3% respectivamente, mientras que para 2017 y 2018 decreció -2% y -0.3%; apenas en 2019 creció de nuevo al 1.3% [2]. Por otro lado, si observamos los datos ofrecidos por el Coneval vemos que para septiembre de 2020 el ingreso laboral por persona disminuyó 12.3% en relación al primer trimestre del año lo que generó que la llamada pobreza laboral, aquellas personas que aun cuando tienen un trabajo no pueden acceder a la canasta alimentaria, haya crecido de septiembre de 2019 al mismo mes de 2020, pasando de 38.5% a 44.5%. [3]
Un análisis más minucioso y que rastrea el poder adquisitivo del salario mínimo, realizado por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, nos dice que éste decreció en el sexenio de Peña Nieto alrededor de 11.46%, y durante todo el periodo neoliberal el poder adquisitivo del salario mínimo ha disminuido poco menos del 89%[4]. De tal forma, para 2018 el salario mínimo diario ($88.36) alcanzaba apenas para comprar la tercera parte de la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) la cual costaba casi $265 diarios[5]. Con el salario mínimo decretado para 2021, y suponiendo que la CAR se mantenga en los mismos precios de 2018, cosa de por sí improbable, alcanzaría para comprar poco más de media Canasta. Ya ni mencionar que ésta sólo contempla alimentos y no los gastos en transporte, vivienda, vestido, educación, salud, entretenimiento, etc. [6]
Estas cifras muestran que no es nada desmesurado llamar a esto una guerra contra las y los trabajadores. Esta guerra nos mata literalmente a diario, y esto no es exageración si consideramos el tiempo que debemos dedicar al trabajo si queremos sobrevivir, tiempo que le quitamos a la familia, a nuestra educación, al ocio, a nuestros gustos y pasiones. Mientras que en los años ochenta un trabajador necesitaba laborar 4 hrs. para ganar lo suficiente para comprar una CAR, para 2018 este mismo trabajador debía laborar prácticamente 24 hrs; por ello hoy día lo más común es tener dos o más empleos, o que más miembros de la familia deban dedicarse a trabajar para entre todos completar lo mínimo necesario.[7]
Algunos podrán decir que casi nadie gana un salario mínimo así que resultaría irrelevante que su cuantía sea ridícula. Al respecto cabe decir que en 2019 la cantidad de trabajadores que recibimos un salario mínimo o menos fuimos poco más de 12 millones y medio, sin embargo, si incluimos a aquellos que ganamos hasta 3 salarios mínimos, lo que sería un máximo de $425 según el último incremento, somos casi 41 millones, mientras que aquellos que ganan más de 5 salarios mínimos son poco más de millón y medio. [8]
Para tener una idea de lo que esto significa podemos ver que para inicios de 2020 los trabajadores por cuenta propia, subordinados y remunerados, éramos 50.4 millones, esto sin contar el personal no remunerado, es decir, la absoluta mayoría, 41.5 millones, de quienes vivimos de nuestro trabajo y no explotamos trabajo ajeno tenemos salarios de miseria[9]. En resumen, quienes ganamos menos somos una inmensa mayoría mientras que los mejores salarios sólo alcanzan a unos pocos, y esta es una tendencia que se ha profundizado en lo que va del siglo XXI.
Con estas cifras resulta no sólo falso sino insultante que arriba, Coparmex, el CCE y compañía, se atrevan a decir que aumentar los salarios será negativo para la economía. Quizá haya que recordarles que sus ganancias y sus bolsillos no son toda la economía, que quienes trabajamos somos los productores de la riqueza que luego ellos se apropian.
Y para muestra de esta apropiación, del nivel del robo, baste un botón. Las remuneraciones de los asalariados representaron en 2019 el 26.5 % del PIB, esto es del total de la riqueza producida durante el año, mientras que en el mismo periodo el llamado “excedente empresarial” representó el 67.2%[10]. Para el segundo trimestre del 2020 las remuneraciones de los asalariados representaron el 32.3% del PIB[11]. Es muy probable que este aumento obedezca tanto a la caída del PIB durante 2019 y 2020 como a los aumentos salariales recientes. Cabe insistir que en el largo plazo la tendencia es que las remuneraciones desciendan, “[…] de 1970 a 1982 el promedio de participación de las remuneraciones a asalariados en el PIB fue de 37.1%, mientras que de 1983 a 2015, la participación promedio fue de 29.4%”[12], con lo que incluso el dato del segundo trimestre del 2020 se mantiene por debajo del promedio de los años setenta.
Habrá que seguir atentos estos indicadores y observar la evolución de los mismos, sin embargo, todo indica que los incrementos recientes al salario mínimo no tendrán un impacto profundo ni en el salario real, esto es el poder adquisitivo de los trabajadores, ni en la participación total de las remuneraciones como porcentaje del PIB.
Todos estos datos nos dan una idea clara de la desigualdad en la distribución de la riqueza que se genera en nuestro país, desigualdad que no sólo se basa en esquemas inequitativos de redistribución, sino en la distribución desigual de la propiedad, como hemos visto aquellos que no tenemos grandes medios de producción y que no explotamos trabajadores percibimos una parte muy pequeña del pastel, en otras palabras, el problema sigue siendo la gran propiedad privada concentrada en unos cuantos y la ingente desposesión de la mayoría.[13]
Volvamos ahora a la declaración de la Secretaria del Trabajo y Previsión social (STPS), Luisa María Alcalde, quien ante los reclamos de los grandes patrones asegura que los aumentos en el salario mínimo sirven para fortalecer el mercado interno y el consumo de los trabajadores.
Habría que comentar tres cosas al respecto de las declaraciones de la titular de la STPS. Primero, insistir en la total sinvergüenza de los grandes millonarios, de los grandes patrones burgueses, quienes se rasgan las vestiduras por incrementos salariales que en nada les tocan sus infames ganancias.
Segundo, reconocer que el aumento en el salario mínimo podría significar, si contra toda evidencia se convierte en una tendencia y logra revertir las pérdidas acumuladas en décadas de neoliberalismo, un fortalecimiento del mercado interno. No obstante, debemos insistir que este mercado interno que saldría fortalecido es el mercado interno capitalista, esto es, un mercado que oculta la explotación, que esconde tras bonitos empaques y glamurosas tiendas el trabajo robado a las grandes mayorías.
Es un mercado interno subordinado en lo fundamental al mercado global del capital en el que nuestro país sigue fungiendo como proveedor de materias primas, recursos naturales y maquilador de lo ya hecho en otros países; por ello nos preguntamos ¿Se trata de fortalecer un mercado interno que oculta y media la explotación de las y los trabajadores? ¿Se trata de fortalecer un mercado interno subordinado a los intereses de las grandes corporaciones globales? ¿Esa debería ser nuestra aspiración, nuestra meta, como hombres y mujeres de abajo?
Tercero, también debemos aceptar que los incrementos salariales anunciados buscan fortalecer el consumo de los trabajadores, quizá estos salarios en efecto, contra toda tendencia, crezcan tanto como para que cada trabajador y trabajadora se convierta en un buen consumidor, buena consumidora, quizá con esto podamos dejar de comprar a pagos chiquitos o a créditos, incluso podríamos, quizá, acceder a una buena vivienda, a un buen vestido, a las vacaciones deseadas, quizá hasta podamos comprar educación y salud.
Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que el consumo que desde arriba buscan fortalecer es un consumo depredador de la naturaleza e insostenible ambientalmente[14]; pero no caigamos en engaño, no se trata en lo fundamental que seamos malos consumidores o irresponsables, no es que aquello que logramos comprar sea lo que más está dañando la naturaleza, debemos siempre señalar que acá abajo apenas sobrevivimos, quienes realmente contaminan son quienes allá arriban viven con lujos y despilfarros. Así que el problema no es el consumo en general, sino este tipo de consumo fomentado por los grandes patrones burgueses y que por desgracia asumimos como nuestro, es el consumo propio del mercado capitalista, un consumo que no busca satisfacer nuestras necesidades, sino sobre todo busca vender algo y con ello aumentar las ganancias de quienes desde arriba mandan.[15]
Para concluir debemos dejar algo en claro, desde luego consideramos clave aumentar sí el salario, pero el salario social, es decir, no únicamente lo que en tal o cual nomina se establece, sino aumentar el conjunto de las riquezas que se deben distribuir entre todas y todos, esto incluye prestaciones y derechos sociales gratuitos, salud, educación, vivienda, alimentación, cultura, información, recreación, etc.
Lograr esta mejor distribución del pastel, disculpen si disentimos de quienes arriba gobiernan, no se alcanzará sólo combatiendo la corrupción, aunque es clave hacerlo, también se deben tocar las grandes fortunas, aumentarles los impuestos y obligarlos a cumplir con sus responsabilidades laborales y fiscales, echar a abajo las reformas neoliberales que promueven la explotación de las y los trabajadores, el despojo de pueblos y comunidades, el robo de nuestros recursos naturales y materias primas por parte de los grandes burgueses y sus corporaciones, etc.
Una mejor distribución de la riqueza debe partir de una mejor distribución de los medios de producción de esa riqueza. Esto es, socializar, volver propiedad de todas y todos, aquellos medios que nos permiten producir riquezas y que hoy se encuentran en manos de una minoría rapaz, corrupta, explotadora y criminal. Si el aumento al salario mínimo es un pequeño paso en esa dirección, enhorabuena, si no lo es habrá que luchar porque así sea.
[1] Mensaje en el Twitter de la Secretaria, @LuisaAlcalde, el día 17 de diciembre del 2020.
STAFF Matrix Noticias/Canal Matrix Mx/Por: Arturo Cordova S / Por: Redacción/Con información: Ximena Arellano / Matrix Digital Mx /tomado de Rebelión, 11/01/2021
Pedimos encarecidamente apoyo internacional a los trabajadores palestinos en huelga
The Palestine New Federation of Trade Unions, New Unions
El 1 de enero de 2021, mientras el mundo celebraba el año nuevo, 75 trabajadores palestinos de la fábrica de la colonia israelí de Yamit Sinoun empezaron una huelga abierta para exigir a la empresa que respete sus derechos. La empresa produce sistemas de filtración de agua para el mercado mundial y los trabajadores en huelga reivindican unas condiciones laborales humanas, mejores salarios, bajas por enfermedad y vacaciones pagadas, y un fondo de pensiones que preserve
su dinero. Después de siete días de huelga la empresa se niega a satisfacer sus reivindicaciones.
The Palestine New Federation of Trade Unions [Nueva Federación Palestina de Sindicatos] pide a la Organización Internacional del Trabajo, a la Confederación Sindical Internacional, la Federación Sindical Mundial y a los sindicatos internacionales y los grupos de derechos humanos que apoyen la justa huelga de los trabajadores, promuevan el boicot a la fábrica de Yamit y refuercen la solidaridad con la lucha palestina para desmantelar el sistema de apartheid israelí.
Esta huelga no es la primera de este tipo, sino que es una respuesta a la negativa de la corporación Yamit a cumplir los términos de un acuerdo para negociar con los trabajadores tras la huelga de 20 días del pasado mes de noviembre.
Antes, en 2007, los trabajadores habían hecho una huelga para exigir salarios más altos y que se organizaran talleres para concienciar sobre cómo se deben proteger los trabajadores en su peligroso lugar de trabajo. Esta huelga estuvo precedida por otra en 1998 en la que los trabajadores reivindicaban derechos básicos como la mejora de las duras condiciones de trabajo y que se les proporcionara un equipo de protección en el trabajo.
Todavía existe la esclavitud
La huelga actual está siendo coordinada por un comité de cinco trabajadores que trabajan en la fábrica y cuenta con el apoyo de la Nueva Federación Palestina de Sindicatos. Khalil Shehab, uno de los trabajadores en huelga y miembro del comité de trabajadores que dirige la huelga, trabaja en la fábrica desde 1995. Afirmó lo siguiente:
“A pesar de que no es la primera huelga de este tipo, el arrogante patrón israelí se ha negado a darnos los mismos derechos que tienen los trabajadores israelíes. Hacemos esta huelga porque queremos que se nos trate como a seres humanos en vez de como a esclavos sin derechos.
No somos esclavos ya que la era de la esclavitud terminó. Nuestras reivindicaciones son simples y básicas. Necesitamos protección en un lugar de trabajo peligroso (y especialmente en medio de la pandemia de covid-19), que se nos paguen las bajas laborales y las vacaciones como a los trabajadores israelíes y un fondo de pensión que garantice que se guarda nuestro dinero hasta nuestra jubilación. En 2016 la empresa nos obligó a firmar un acuerdo que ha congelado la contribución de dinero a nuestro fondo de pensiones; la cantidad de dinero congelada ascendía a un millón de dólares aproximadamente. Después nos dimos cuenta de que la empresa se ha gastado la mitad del dinero destinado a nuestro fondo de pensiones congelado”.
¡Nosotros también somos seres humanos!
La respuesta escrita que Yamit envió en respuesta a todas las reivindicaciones de los trabajadores fue “NO” en letras mayúsculas. Y lo que es peor, en vez de aumentar (como parte de las reivindicaciones) el salario de los trabajadores, que desde hace décadas es inferior al salario mínimo, la empresa ha decidido bajar sus salarios. La empresa declaró que cualquier protesta de los trabajadores por esta nueva decisión será causa de despido.
Ofer Talmi, el patrón de los trabajadores en huelga, justificó de forma escandalosa el rechazo de las reivindicaciones de los trabajadores en una carta que envió a los organizadores de la huelga titulada “Todo es genética y educación”, en la que explica que su negativa a conceder sus derechos a los trabajadores palestinos está motivada no solo por el interés capitalista de reducir los costes de producción, sino que se basa fundamentalmente en su convicción supremacista de que los palestinos son inferiores y no pueden tener iguales derechos. En ella afirma lo siguiente:
“Los trabajadores que llevan trabajado 25-30 años para un patrón son trabajadores satisfechos. No están explotados. Si pensaran que se les explota habrían buscado otro trabajo, aunque la decencia y la honestidad me hacen añadir que ellos tienen menos opciones que los israelíes […].
Siento no tener una empresa de alta tecnología que produzca chips de ordenador. Y ¿saben? Si tuviera una empresa de ese tipo, los palestinos no estarían empleados en ella.
Cada empleado que gane más del salario mínimo será despedido y vendrá otro trabajador más barato en su lugar al que enseñaremos cómo desempeñar el trabajo. ¿Saben por qué? Porque a eso es a lo que nos
están empujando ustedes. Están incitando a los trabajadores contra su patrón diciéndoles que no reciben beneficios según la legislación israelí, aunque ustedes saben que trabajamos según la legislación jordana. Pero ustedes saben que cada uno de nuestros trabajadores firmó un contrato bajo la legislación jordana. Por cierto, ¿saben por qué Yamit es la única empresa del país que trabaja según la legislación jordana? Porque los empleados no tienen un documento de identidad israelí y no son trabajadores extranjeros como los de Tailandia y otros países. Y otra cosa, trabajan en una empresa de la que soy propietario, alguien que sabe que «la tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel» y no permitiré que un trabajador palestino esté vinculado de ninguna manera al Estado de Israel. […]
Recuerden, ningún trabajador palestino trabajará en Yamit bajo la legislación israelí. Realmente no importa lo que afirme la ley o un tribunal. Si el tribunal decide que debo trabajar bajo la legislación israelí, los despediré a todos” (la traducción del hebreo al inglés es de The Palestine New Federation of Trade Unions).
La discriminación a la que somete Talmi a los palestinos como grupo racial diferente carente de derechos se hace eco de toda la política israelí que somete a las personas palestina a la que considera personas subhumanas para arrebatarles sus tierras. Esta discriminación es parte de un más amplio régimen de apartheid israelí tal como lo define el Artículo II de la Convención sobre el Apartheid (1973):
“Actos inhumanos […] cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre cualquier otro grupo racial o grupos, y cometido con la intención de mantener dicho régimen”.
Mohammed Blaide, Secretario General de la Nueva Federación Palestina de Sindicatos, afirmó que “por medio de esta huelga, los trabajadores exigen los derechos que reivindicaron en huelgas anteriores ignoradas
por la empresa”. Blaide añadió que “esta huelga debe continuar; si los trabajadores pierden esta batalla, las consecuencias costarán a los trabajadores sus fuentes de ingresos, lo que les hará pasar hambre en un momento de estancamiento de la economía palestina debido a las prácticas de apartheid israelíes en vigor desde hace décadas”.
Las zonas industriales israelíes: unas zonas de muerte para los trabajadores palestinos
Yamit Sinoun está situado en la zona industrial de Nitzanei Shalom, que alberga 12 fábricas químicas israelíes construidas sobre tierra palestina robada en Tulkarem.
En la Cisjordania ocupada hay 19 zonas industriales israelíes construidas ilegalmente. Las autoridades de ocupación israelíes planean construir cuatro nuevas zonas industriales en toda Cisjordania como una forma de usurpar más tierras palestinas y recluir aún más a la población palestina en guetos.
Las zonas industriales son un elemento fundamental de la economía israelí y son especialmente importantes para la prosperidad económica de las ilegales colonias situadas cerca de las zonas industriales, al tiempo que des-desarrollan la economía palestina y aumentan la explotación de la mano de obra, de la tierra y de los recursos naturales palestinos. Las zonas industriales de la llamada “Zona C” de Cisjordania genera beneficios a las corporaciones israelíes e internacionales. La planificada construcción de más zonas industriales en Cisjordania no hará más que perjudicar aún más el desarrollo de la economía palestina y aumentar su dependencia de la israelí.
Las zonas industriales construidas cerca de las ciudades y pueblos palestinos son perjudiciales para la vida de la población y para el medio ambiente. Los desechos químicos y las emisiones de las fábricas situadas en esas zonas han provocado la ruina de las tierras agrícolas que las rodean, además contaminar las aguas subterráneas y el aire, lo que ha provocado un aumento de las enfermedades, incluidas las respiratorias, las infecciones oculares y el cáncer.
Nuestro llamamiento: acabar con la complicidad internacional con el apartheid
Según Blaide, los trabajadores palestinos de Yamit fabrican el equipamiento que utiliza Netafim y se exporta a diferentes países del mundo.
Netafim se estableció en 1965 en el kibbutz Hatzerim, una colonia agrícola israelí en el desierto de Naqab, poco después de que Israel acabara de expulsar de la zona a la mayoría de las comunidades beduinas palestinas. Trabaja con varias colonias del valle del Jordán, Hebrón y otros lugares para desarrollar una tecnología que les garantice obtener los mejores beneficios de las tierras robadas.
Netafim ha conseguido vender su marca como líder mundial de la agricultura sostenible a 25 países de todo el mundo, a pesar del papel que, de hecho, desempeña en el mantenimiento de las ilegales colonias agroindustriales erigidas en tierra palestina robada y alimentadas con agua palestina robada.
Además de Netafim, las siguientes empresas multinacionales tiene relaciones comerciales con Yamit:
S & A Engineering Solutions, Federación Rusa
Rivulis Plastro S.A, Argentina
BEIJING YI HE SHENG TONG TRADING Co. Ltd, China
Beijing Sinokylin International Co. Ltd, China
NAANDAN JAIN IBERICA, España
A.I.K- AGRICULTURAL INTERNATIONAL KOMPANY Ltd, Ucrania
Aqua Global s.r.o., República Checa
DURMAN COLOMBIA S.A.S, Colombia
Yamit USA Inc., Estados Unidos
HBIS GROUP BEIJING INTERNATIONAL, China
Riegos de Chirique S.A, Panamá
La empresa tiene contratos con empresas y ayuntamientos de todo el mundo.
Blaide afirmó lo siguiente en relación a la complicidad de las empresas con la explotación de los trabajadores en huelga:
“A muchos palestinos no les queda más remedio que trabajar en empresas israelíes debido a que Israel des-desarrolla de forma sistemática la economía palestina, por lo que parte del apoyo a la huelga de los trabajadores palestinos y en defensa de sus derechos en las empresas israelíes consiste en el boicot a Netafim y el llamamiento a todas las empresas multinacionales para que pongan fin a todo negocio con Yamit
y otras empresas que operan en las zonas industriales de las colonias toda Cisjordania. El boicot a esas empresas también debería formar parte de un objetivo más amplio de desmantelar el sistema de apartheid
de Israel, del que la empresa Yamit es un modelo a pequeña escala, con el fin de que, para empezar, nuestros trabajadores no tengan que trabajar para corporaciones israelíes”.
Con el fin de presionar a la empresa Yamit la Nueva Federación Palestina de Sindicatos insta encarecidamente a la Organización Internacional del Trabajo, a la Confederación Sindical Internacional y a los sindicatos de todo el mundo a:
Difundir su lucha a través de sus medios de comunicación
Exigir a las empresas e instituciones internacionales que tienen relaciones comerciales con Yamit que dejen de hacer negocios con esta empresa. Se debe recordar a estas empresas que tener relaciones comerciales con una empresa construida ilegalmente sobre tierra palestina robada es, en primer lugar, contrario al derecho internacional y que continuar comprando productos de Yamit mientras esta empresa pisotea los derechos de sus trabajadores palestinos duplica su complicidad con el régimen de apartheid israelí, que obtiene beneficios a costa de los trabajadores palestinos explotados.
Sumarse al movimiento de boicot, desinversión y sanciones (BDS) liderado por organizaciones palestinas para lograr que Israel asuma sus responsabilidades, y
(1) trabajar junto con los sindicatos de agricultores, los movimientos sociales y los gobiernos para hacer que Netafim asuma sus responsabilidades y no hacer negocios con esta corporación.
(2) garantizar que ninguno de sus fondos de pensiones invierte en corporaciones que figuren en la Base de Datos de la ONU de empresas implicadas a actividades relacionadas con las colonias israelíes publicada el 12 de febrero de 2020 y no establecer ningún tipo de relación comercial con esas empresas.
(3) presionar de forma efectiva y urgente a sus gobiernos para que reconozcan a Israel como un Estado de apartheid, de acuerdo con la definición de la ONU de la Convención sobre el Apartheid (1973), y pedir que se reactive el Comité Especial de la ONU contra el Apartheid.
(4) presionar de forma efectiva y urgente a sus gobiernos para que se prohíban los artículos y servicios de las colonias israelíes, y se ponga fin a cualquier negocio con empresas israelíes e internacionales que operen en las colonias israelíes y se beneficien de ellas.
STAFF Matrix Noticias/Canal Matrix Mx/Por: Arturo Cordova S / Por: Redacción/Con información: Pamela Quiroa / Matrix Digital Mx
STAFF: Matrix Digital Mx
Hola, Laura, Fabián y todo el grupo que conforma «La Brújula Metropolitana».
Siempre ha sido satisfactorio estar entre ustedes. El sentido crítico que ofrecen hace falta en todos los espacios para enriquecer el pensamiento, para crecer y reconocer cuán grande es el trabajo que tenemos que realizar diariamente para reconstruirnos en lo social, en lo comunitario, en lo político. El paso del tiempo los ha llevado a trascender en la lucha por propio esfuerzo y por la convicción de alcanzar un futuro de bienestar para todas y todos.
Ustedes conforman la fortaleza propia que da la naturaleza humana al significar el respeto, la igualdad, la honestidad, la justicia, la autonomía que desde su pequeña trinchera ha dado frutos. Hay que seguir y seguir, sin claudicar. Hay que estar para hacer afuera, poco a poco, para dar pie a la reflexión de aprender a vivir, no a sobrevivir.
Les comparto un poco de mi pensamiento. Del significado tan especial que tiene este final de ciclo.
Un abrazo enorme, enorme, y que sigamos creciendo en la comunicación, en el aprendizaje y en el hacer en medio de acciones plenas de responsabilidad ética.
STAFF Matrix Noticias/Canal Matrix Mx/Por: Arturo Cordova S / Por: Redacción/Con información: Alexandra Mendez / Matrix Digital Mx
STAFF: Matrix Digital Mx
Se observa como tendencia un aumento mundial y sistemático de la explotación laboral y la expulsión de grandes masas de trabajadores del proceso productivo.
Según la legislación argentina, el teletrabajo se da “cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios, sea efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador, mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación”.
Pero resulta complejo hablar del teletrabajo y sus implicancias, si primero no hacemos un recorrido por lo que pasa en el mundo en materia de fuerzas productivas y laborales. El acelerado desarrollo de las fuerzas productivas al que asistimos, marcado por un proceso de concentración y acumulación de la riqueza socialmente producida en magnitudes nunca antes observadas, marcan la significación histórica del momento que vivimos.
Estos cambios radicales en los modos de producción social, son un indicador de la puesta en marcha de una nueva fase del capitalismo: la fase de digitalización de la economía. Dicha fase, está modificando el conjunto total de los procesos de producción que parecen haber quedado obsoletos, para imponer los nuevos tiempos de producción y controlar la fuerza de trabajo.
Además, se observa en el mundo, una intensa lucha entre distintos proyectos estratégicos transnacionales por el control de la tecnología, que podríamos sintetizar -solo de forma ilustrativa y esquemática- en la guerra entre dos de las potencias económicas principales: Estados Unidos y China. Esta disputa -que aclaramos que no se trata de países sino de proyectos capitalistas trasnacionales estratégicos- apunta a profundizar el proceso de digitalización de la economía y controlar el 5G a nivel global. Esto permitiría también, controlar el avance y desarrollo de la robotización, nano y biotecnología, computación cuántica e inteligencia artificial basada en el Big Data.
El trabajo en el mundo, algunas tendencias
Como correlato de los cambios antes descritos, se observa como tendencia general en la realidad concreta de los y las trabajadoras, un aumento mundial y sistemático de la explotación laboral y la expulsión de grandes masas de trabajadores del proceso productivo. Veamos algunos datos sobre trabajo formal, informal, salario y productividad, que reflejan esta afirmación.
Según el informe “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2019” de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT); en el mundo existen 3.300 millones de personas empleadas. De los cuales, 1.300 millones son trabajadores formales; y 2.000 millones son trabajadores informales, lo que equivale al 61% de la población activa mundial.
En los resultados del Informe Mundial sobre Salarios 2018-19 de la OIT, se constata que en términos reales (ajustados a la inflación) el crecimiento mundial del salario se desaceleró: pasó de 2,4% en 2016 a 1,8% en 2017. El informe observa que en los países avanzados del G20 el crecimiento real del salario disminuyó, de 0,9% en 2016 a 0,4% en 2017. Esta disminución, no respeta ya, los límites entre “países centrales y periféricos” si no que es global.
La explotación de los y las trabajadoras, se acentúa si tomamos en cuenta el informe “Impacto de la Inteligencia Artificial en el Mercado Laboral” de Adecco Global Institute, que nos dice que lo que en 1970 se producía en ocho horas, hoy tan solo requiere de una hora y media de trabajo, sin embargo, la jornada laboral sigue siendo de 8 horas.
La explotación no es el único factor que afecta a la clase trabajadora mundial, la desocupación también aumenta y amenaza ya con crear el ejército de desocupados más grande en la historia de la humanidad. El informe de Adecco antes citado, refleja que los procesos de tecnologización de las cadenas globales de valor, han llevado a una suplantación continua de la fuerza de trabajo. Se prevé que “para 2030, el 14% de la fuerza laboral mundial habrá tenido que evolucionar, adaptarse y transformar sus capacidades”.
Además del número mundial de desempleados, que alcanza a 188 millones de personas, otros 165 millones no tienen suficiente trabajo remunerado y 120 millones o bien han abandonado la búsqueda activa de trabajo o no tienen acceso al mercado laboral. De esta forma, la OIT calcula que en total, más de 470 millones de personas en el mundo se ven afectadas por problemas laborales y que la desocupación aumentará en los próximos dos años.
Esta enorme masa de desocupados o ejército de reserva, tensionará sobre las condiciones laborales de ocupados y subocupados, aumentando la lucha entre trabajadores por los puestos existentes. De esta forma, a mayor número de trabajadores excluidos, menos condiciones materiales tendrán los trabajadores incluidos.
Legislaciones de Teletrabajo en el Mundo
La pandemia de COVID-19 aceleró los tiempos sociales de producción, y muchos países y empresas cambiaron radicalmente la forma de trabajar. La OIT estima que el 27% de los trabajadores en los países de altos ingresos podrían teletrabajar desde su casa. Entre estos países, la UE viene generando condiciones para el teletrabajo desde 2002, con la firma del “Acuerdo Marco Europeo sobre teletrabajo”. Obsérvese el Gráfico 1 para comparar el teletrabajo en los diferentes países europeos.
Si nos vamos al continente americano, vemos que EEUU, a través de la Ley Pública N°101-509 de 1991 permitió a las agencias que participan en el Proyecto Federal “Flexiplace” usar los fondos apropiados para instalar las líneas telefónicas, el equipo necesario y pagar los cargos mensuales en una residencia privada. Fue la primera vez que el Congreso proporcionó fondos para los acuerdos de “Flexiplace”. El ex- presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó en 2010 el “Telework Enhancement Act” para una mejora del teletrabajo, en la que dispone que cada agencia ejecutiva establezca e implemente una política según la cual los empleados estén autorizados a teletrabajar.
En América Latina, Colombia cuenta desde el año 2008 con la Ley N°1.221 para promover y regular el teletrabajo como un instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante el uso de las TIC. Brasil, a partir de la Reforma Laboral de 2017, reconoció y reguló el teletrabajo en el país.
En Argentina, existen iniciativas y proyectos de ley desde el año 2004 que lograron plasmarse en agosto de este año en la Ley 27.555 “Régimen legal del contrato de teletrabajo”. ¿Qué condiciones tiene Argentina para hacer efectivo el Teletrabajo y qué escenarios propiciaría en el mudo laboral?
Según un informe del CIPPEC 2020, actualmente en Argentina, el 8% de las y los trabajadoras realizan teletrabajo y con la capacidad tecnológica instalada que tenemos, se podría realizar teletrabajo en el 18% de los trabajos en total. Si se produjera una alta inversión en TIC´s, se podría teletrabajar hasta el 29% de los trabajos totales. Y si tenemos en cuenta que en el país, según el Ministerio de Trabajo, hay 11.763 millones de trabajadores registrados, el número de teletrabajadores sería realmente significativo.
Algunos posibles escenarios
Durante el tratamiento de la ley en Argentina, pudimos observar dos sectores en contradicción de intereses. Uno de ellos, tendientes a preservar el marco de derechos laborales conquistados históricamente, y manteniendo la potestad de la negociación colectiva por sector, para cualquier cambio que se quiera generar en la legislación laboral. Aquí ubicamos los posicionamientos de la mayoría de los gremios y los representantes del oficialismo, agrupados en el “Frente de Todos”, que tuvieron la iniciativa al presentar el proyecto de ley.
El otro sector, tiende a socavar y flexibilizar dichos derechos, aumentando la explotación y exclusión de los y las trabajadoras. Este sector está compuesto principalmente por las Cámaras Empresariales del país y cuenta con el apoyo institucional de la Alianza Cambiemos. Pretendieron y pretenden una ley que permita mayor flexibilización laboral y evitar mayores regulaciones a la hora de contratar y despedir trabajadores, permitiendo la negociación en cada empresa y con cada trabajador.
La ley claramente logró conservar la negociación colectiva y equiparar los derechos de los y las teletrabajadoras. Pero también logró que “entrará en vigor luego de noventa (90) días contados a partir de que se determine la finalización del período de vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio”; retrasando así su aplicación, en un periodo donde gran cantidad de trabajadores están trabajando desde sus casas y costeando los gastos adicionales que esto representa.
Pero la gran mayoría de los y las trabajadoras, informales y desocupados, no están representados en ninguno de estos dos sectores. Por esto, es fundamental generar las condiciones que permitan la participación de las organizaciones de trabajadores, nuevas y tradicionales, en la elaboración de políticas públicas relacionadas a:
Impulsar procesos de formalización de empleos. Creación de un Salario Básico Universal que contemple los derechos laborales básicos (obra social, jubilación, etc.) y que sea financiado por los sectores más ricos de la población, sobre todo, los ligados a la especulación financiera.
Exigir el acceso a la conectividad y a las nuevas tecnologías, como un derecho humano básico. Así como la participación de la clase trabajadora en las políticas de telecomunicación, producción de software y desarrollo satelital soberano. Además de la participación en las elevadas ganancias que las empresas tecnológicas e informáticas obtienen.
O las nuevas tecnologías están al servicio de los y las trabajadoras, generando mejores condiciones de vida para las grandes mayorías o están en manos de un minúsculo grupo de especuladores financieros, generando mayor acumulación, explotación y exclusión. El curso que puedan tomar los acontecimientos, dependerá, por un lado, de la participación activa de los y las trabajadoras, y por el otro, de que estos logren construir un programa estratégico capaz de articular los acelerados cambios tecnológicos con el bienestar general de la clase trabajadora.
– OITRAF: Observatorio Internacional de Trabajo del Futuro
Análisis y opiniones sobre política, historia, cultura, alternativas de izquierda y movimientos sociales. Un Blog de Víctor Manuel Torres Olivares @gaucheofcourse
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