STAFF: Matrix Noticias/Canal Matrix HD/Por: Arturo Cordova S/Por: Redacción: Con información: ARMANDO GUZMÁN / Proceso
VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Tres hombres ejecutados fueron hallados este miércoles en la ranchería Lázaro Cárdenas del municipio de Centro, en la periferia de esta capital.
Los cuerpos, con el tiro de gracia, se encontraban a orillas de una carretera de terracería.
De enero a agosto de 2016, el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) ha contabilizado 149 ejecuciones en la entidad.
Armando Dorantes Cabrera, encargado del área de Investigación y Comunicación del organismo, informó que Centro, cabecera de Villahermosa, es el municipio con mayor número de casos con 41.
Le sigue Huimanguillo con 21 y Cárdenas en tercer lugar con 20. El resto se distribuye en los restantes 14 municipios del estado.
“Son personas que se han encontrado con señas de tiro de gracia, torturados, embolsados y narcomensajes, con todas las características de delincuencia organizada y crimen común”, manifestó.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), hasta el cierre de agosto se habían cometido en Tabasco 416 homicidios, 155 dolosos y 261 culposos.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos hombres que instalaban estéreos a vehículos en la calle fueron asesinados a balazos en la delegación Gustavo A. Madero.
Los hechos ocurrieron anoche en la calle 5 de Mayo casi esquina con la Segunda Cerrada de 5 de Mayo, en la colonia Valle de Madero.
Aproximadamente a las 21:50 horas, vecinos reportaron disparos y luego solicitaron ayuda para los dos hombres que fueron agredidos.
Una de las víctimas fue identificado como Víctor, de al menos 25 años de edad, quien habría quedado entre un taxi Jetta y un Vento que se encontraban estacionados en la calle.
En tanto, su acompañante, de quien no se reveló su identidad, alcanzó a entrar a un domicilio.
Testigos dijeron que los agresores escaparon a bordo de un vehículo, aunque no se logró precisar más datos.
Pese a que su base se encuentra a una cuadra de distancia, un par de patrullas de la Unidad de Protección Ciudadana (UPC) tardaron en arribar.
Mientras se esperaba que una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendiera a los lesionados, varios metros a la redonda quedaron resguardados para preservar las evidencias.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una narcomanta que apareció ayer por la mañana colgada de una reja en Lázaro Cárdenas, Michoacán se pide al presidente Enrique Peña Nieto actuar contra el procurador estatal Martín Godoy Castro, a quien se acusa de actuar con total impunidad.
El martes 13 aparecieron cuatro mantas en la capital michoacana, acusando a funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de llevar a cabo el robo de combustible con la protección de autoridades. Este martes 27 la acción se replicó en Lázaro Cárdenas.
Esta vez la manta fue dirigida al presidente de la República, acusando a Martín Godoy Castro de solapar las acciones de Olegario Contreras, Ruperto El Peto y su máximo líder El Chino Tamacuas, estos dos últimos ya detenidos, según el texto del mensaje localizado este martes.
“Él tiene la hebra para sacar toda la verdad como los mandos ministeriales, policía michoacana y hasta la policía federal de caminos se prestaban para darle seguridad a estos 2 líderes de los Justicieros y como ‘Martin Godoy’ (nombre resaltado en letras rojas) se prestaba a sus juegos y lo seguirá haciendo como lo hace con las ordeñas de PEMEX”.
Tras mencionar los nombres del “Sr. Armando Carrillo” y “Sr. Síndico Merari”, y señalarlos de hacer llegar los recursos por medio del “Sr. Juan Tapia”, el mensaje finaliza: “Sr. presidente usted tiene la solución en sus manos investigue a fondo al Peto y al Chino Tamacuas y ahí va saber toda la verdad”.
Martín Godoy Castro arribó a Michoacán por órdenes del entonces comisionado nacional para la seguridad estatal Alfredo Castillo Cervantes, junto con un grupo de ministeriales de los conocidos como los “chilangos”, quienes tras su llegada y con su actuar no han dejado de generar controversia.
Uno de los mencionados en el narcomensaje, Olegario Contreras Macías, fue denunciado el 26 de octubre pasado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el delito de secuestro, extorsión y tortura del que fue víctima un comerciante y su hijo de cuatro años, quien en la ciudad de Morelia fue privado de la libertad y torturado por el entonces primer comandante de la Policía Ministerial del Estado, encargado del Centro de Operación Estratégica en la capital michoacana, y sus subordinados.
Tras darse a conocer los hechos, lejos de ser investigado como a dos subordinados suyos que fueron requeridos por la autoridad, Olegario Contreras fue reubicado en Lázaro Cárdenas, presuntamente protegido por el procurador José Martín Godoy Castro.
“Lo que hizo este procurador corrupto fue quitarlo del ojo del huracán y lo cambió al puerto de Lázaro Cárdenas para calmar la situación pero no abrió ninguna carpeta de investigación por estos hechos (sic)”, se denunció en un texto difundido en las redes sociales el 16 de noviembre de 2015.
“Con esto se demuestra que Godoy Castro tiene conocimiento y autoriza todas las arbitrariedades que comenten sus policías chilangos (sic)”, se acusa en el texto.
CUERNAVACA, Mor. (apro).- Agentes de la Policía de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía Regional Metropolitana detuvieron al párroco Omar Aguilar, acusado del delito de abuso sexual en contra de un menor de edad.
De acuerdo con la información disponible, los elementos policiacos detuvieron al sacerdote en la colonia San Gaspar, en el municipio de Jiutepec, derivado de la orden del juez mixto en primera instancia del VII Distrito Judicial, en la causa penal 007/2015.
El Ministerio Público presentó elementos de prueba en contra del ahora detenido, quien fue denunciado por el delito de violación contra un menor de 12 años, de quien habría abusado sexualmente en las oficinas de la parroquia ubicada en el municipio de Tepalcingo, al oriente de la entidad.
Según información del propio expediente, que hizo pública la Fiscalía General, en marzo de 2009 el ahora detenido convocó a los feligreses a realizar labores de aseo en la parroquia, ante la cercanía de la fiesta patronal. Esa noche, el sacerdote llevó, según las declaraciones, al menor al área del coro donde habría abusado de él.
Luego Omar habría amenazado a la víctima para que no denunciara lo ocurrido. No obstante, los padres del menor se enteraron y presentaron una denuncia, misma que quedó asentada en la carpeta de investigación JA/UIDD-A/357/2014.
El conflicto de Tepalcingo
Tepalcingo es un municipio situado en el sur-oriente de Morelos, donde se realiza cada año una de las ferias patronales más importantes de la región. Los últimos dos párrocos, Omar Aguilar, hoy detenido, y José de Jesús Martínez, tuvieron conflictos serios con el grupo de mayordomos que mantienen el control de la feria, y sobre todo de sus recursos.
Este conflicto sirvió para atizar la guerra que existe entre el gobernador Graco Ramírez y el obispo Ramón Castro y Castro, quienes se han ido distanciando luego de que el prelado ha convocado a cinco caminatas por la paz, que han concluido en marchas de cuestionamiento y protesta contra el mandatario perredista.
De hecho, Omar Aguilar fue acusado, junto con el propio obispo, por el grupo de mayordomos de haber robado arte sacro, de lo cual obra una denuncia en la Fiscalía General de Morelos, aunque no se han conocido avances. Luego de la acusación, Omar Aguilar fue reubicado.
En febrero de este año, la situación llegó a tal extremo que el párroco José de Jesús Martínez fue agredido en la parroquia por un grupo de personas enmascaradas, quienes “profanaron” el templo, frente a los policías del Mando Único, “que no hicieron nada”.
Estos hechos, que “pusieron en riesgo la vida del párroco y otros dos sacerdotes”, provocaron que los obispos de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), hicieran un “llamado urgente” al gobierno federal para “frenar los actos de violencia” de un grupo de pobladores que disputan los recursos que genera la Feria del Tercer Viernes de Cuaresma, de Tepalcingo. Ahora surge esta detención, de la que existen antecedentes desde el año 2015.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Quienes ya hicieron planes para asistir al concierto que ofrecerá el fundador del grupo de rock Pink Floyd, Roger Waters, el próximo sábado en el Zócalo, deberán llegar con tres o cuatro horas de anticipación y portar una tarjeta de seguridad.
La Secretaría de Protección Civil capitalina refirió que esa tarjeta contiene información personal como nombre, tipo de sangre, alergias, enfermedades, número de seguro social o privado.
En su cuenta de Twitter, el titular de la dependencia, Fausto Lugo, recomienda a los asistentes del evento no portar objetos de valor y llevar sólo el dinero necesario.
La Tarjeta de Seguridad es una recomendación en materia de prevención, no un requisito para entrar al concierto. pic.twitter.com/fCSs8zqYfj
“Si asistes al concierto de #RogerWaters en el #zócaloCDMX lleva tu Tarjeta de Seguridad. https://goo.gl/IBfJ7G”, escribió el funcionario en su cuenta @FaustoLugo.
Es necesario estar pendiente de niños y personas mayores, ubicar las rutas de evacuación, puntos de reunión y servicios médicos y sanitarios, Protección Civil y de Seguridad Pública.
Asimismo, sugirió retirarse del primer cuadro de la Ciudad por calles transitadas y alumbradas y seguir las indicaciones del personal de Seguridad Pública Protección Civil ante cualquier emergencia.
Es el formato de tarjeta de seguridad que requiere la CDMX para asistir al concierto de Roger Waters en el Zócalo pic.twitter.com/1Db1gujbVg
TOLUCA, Edomex. (apro).- Durante los cinco años de administración del gobernador Eruviel Ávila Villegas, problemáticas como la inseguridad, pobreza, corrupción y deuda pública han crecido “en grande”.
Tras remitir a la Legislatura local por escrito su quinto informe de labores y en la víspera de la emisión de un mensaje por la noche a través del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense y las redes sociales, las estadísticas revelan crecimientos que ubican a la entidad en los primeros lugares del país y/o por encima de la media nacional en las problemáticas expuestas.
Inseguridad, al alza
Registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) refieren que entre enero y julio de 2016 en el país se denunciaron 881 mil 171 presuntos delitos; de los cuales 110 mil 40 fueron cometidos en el Estado de México, apenas seguido por 101 mil 983 de la capital del país.
De ellos, mil 204 son homicidios dolosos -apenas menos que Guerrero-, 159 secuestros que le otorgan el primer lugar nacional, igual que las 420 denuncias por extorsión.
La entidad mexiquense es también líder en robo de vehículo con y sin violencia, por los que en la primera modalidad se levantaron 12 mil 96 denuncias (la Ciudad de México es segundo lugar con mil 966 denuncias) y en la segunda modalidad fueron registradas 14 mil 49 (Baja California es segundo con 8 mil 476).
La encuesta de victimización y percepción sobre la inseguridad pública 2015 del INEGI revela que 58 por ciento de la población mexiquense se siente insegura, 90.6 por ciento manifiesta vivir en un clima de inseguridad -la media nacional se ubica en 73 por ciento- y 69 por ciento de los delitos se cometieron con armas.
Apenas siete de cada cien delitos son denunciados porque la gente considera que es una pérdida de tiempo.
El 28 de julio de 2015, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió la Alerta por Violencia de Género (AVG) en 11 de los 125 municipios mexiquenses.
Las autoridades han mantenido en el hermetismo las cifras en materia de feminicidios, pero el procurador Alejandro Gómez reconoció en abril pasado que la dependencia a su cargo había iniciado en el transcurso del año 25 carpetas por este delito, lo que significaba un aumento de 30 por ciento respecto al mismo periodo de 2015.
En los primeros cuatro meses de 2016, la PGJEM además inició otras investigaciones por asesinatos de mujeres no tipificados como feminicidio, y registraba 90 muertes con violencia de mujeres, casi una por día.
Más pobres
También el número de pobres ha crecido en la entidad mexiquense desde que Eruviel Ávila asumió la gubernatura.
En 2010, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) contabilizó 6 millones 712 mil habitantes de pobres en el Estado de México, que para entonces significaban el 42.29 por ciento de la población; para 2012 ya eran 7 millones 328.7 o el 45.3 por ciento y en 2014 la cifra llegaban a 8 millones 269.9 mil pobladores -49.6 por ciento de los habitantes-.
Entre 2012 y 2014, la población con alta marginación pasó de 945 mil a un millón 206 mil personas, es decir, un aumento de 261 mil, que significan 28 por ciento más. En el mismo periodo, la pobreza moderada creció de 6 millones 383 mil a 7 millones 63 mil mexiquenses.
El Índice de Tendencia Laboral (ITLP-IS) de Coneval revela, además, que del primer trimestre de 2015 al primer trimestre de 2016 en el estado de México disminuyó la capacidad de compra del ingreso laboral en 1.4 por ciento. “Es decir, el valor de la canasta alimentaria ha crecido más que los ingresos laborales de las familias”.
Complicidades
El estado de México es considerado la entidad del país con más actos de corrupción en 2015, sobre todo en trámites de seguridad y con ministerios públicos.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015 del INEGI reveló que 66.4% de los ciudadanos opinó que la inseguridad y la delincuencia son los problemas que más aquejan al país; la corrupción se ubicó en segundo lugar con 50.9%.
Conforme al estudio de opinión, el estado de México presentó 62 mil 160 casos de corrupción por cada cien mil habitantes, seguido por Sinaloa con 58 mil 232.
En 2013, la entidad mexiquense ocupaba el tercer lugar en incidencia de corrupción, después de San Luis Potosí con 24 mil 724 actos, y del Distrito Federal.
OHL es el caso más emblemático, que quedó al descubierto al ser difundidas por redes sociales en mayo de 2015 llamadas telefónicas entre el entonces secretario de Comunicaciones, Apolinar Mena, y directivos de la compañía.
Los audios revelaron que el funcionario estatal solicitó y aceptó el pago de las vacaciones decembrinas de su familia en un hotel de la Riviera Maya, propiedad de Obrascon Huarte Lain (OHL).
En las llamadas, también se escucha a directivos de la empresa hablar del sobrecosto del Viaducto Elevado Bicentenario.
El escándalo llevó a la renuncia de Mena Vargas el 17 de mayo, a quien además se impuso multa por 189 mil pesos.
El 25 de junio, otro audio dio a conocer una conversación telefónica entre Luz María Zarza, consejera jurídica del gobierno estatal, en que se advierte su operación en favor de OHL frente a los litigios con Infraiber.
Semanas después de su remoción, Apolinar Mena fue designado secretario técnico del Gabinete estatal; la responsabilidad de Zarza Delgado nunca fue cuestionada por la administración.
El escándalo obligó al gobierno estatal a encomendar una auditoría externa a la obra, practicada por la consultora Pricewaterhouse Cooper´s (PWC).
Durante la revisión, resultó imposible cotejar ingresos y egresos, pues la documentación presentada por OHL fue incompleta; aun así, detectó inconsistencias por 296 millones de pesos, por lo que las autoridades estatales determinaron sancionar a la compañía con 38.3 millones de pesos.
La construcción de la autopista Toluca-Naucalpan por parte de Autovan, filial de Higa –propiedad de Juan Pablo Hinojosa, constructor de la Casa Blanca de Angélica Rivera de Peña-, en terrenos de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, es otro capítulo que empaña el proceder jurídico del gobierno estatal, pues violenta tres órdenes de suspensión definitiva, derivadas de la promoción de igual número de amparos.
El mismo esquema para favorecer a los empresarios se repite con obras como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), el Tren Interurbano México-Toluca, la construcción de la Plaza Estado de México en Valle de Bravo; y de Ciudades Bicentenario en Coyotepec y Tecámac, y del proyecto inmobiliario San Francisco Magú, por mencionar algunos.
Pasivos
El Estado de México es también una de las cinco entidades más endeudadas del país, con base en los reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En 2011, Ávila Villegas recibió el gobierno con un deuda de 38 mil 195.9 millones de pesos, pero al cierre de 2015 los pasivos ya sumaban 41 mil 697.9 millones.
TIXTLA, Gro. (Proceso).- Bernardo Campos Santos, un campesino y albañil de 62 años, no ha tenido reposo desde que su hijo José Ángel desapareció con otros 42 normalistas de Ayotzinapa durante los sucesos violentos del 26 y el 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala.
Abandonó las labores del campo y la construcción, interrumpió su viejo sueño de terminar de reconstruir su casa en el barrio de El Fortín –donde vive desde hace 54 años–, desatendió su diabetes y su úlcera gástrica, y endosó a su esposa Romana Cantor Abraján la manutención del hogar. Decidió dedicarse a la búsqueda de su hijo de 33 años, el mayor de los estudiantes que la policía municipal detuvo para entregarlos al crimen organizado.
Entrevistado en la casa que heredó de sus abuelos, Campos Santos cuenta que nació y creció en este municipio, donde funciona desde 1931 la Normal Rural en la exhacienda de Ayotzinapa, cuyas instalaciones conoce muy bien: cuando era niño iba con su abuelo a sembrar en lo que hoy es la parte alta del plantel. Tiempo después trabajó allí en la construcción de un edificio de dormitorios.
Ahora está delgado, correoso. Los constantes viajes, las marchas, los plantones, las asambleas y reuniones con autoridades de todos los niveles ya minaron su salud, pero Campos Santos no se rinde:
“Vamos a seguir en busca de nuestros hijos hasta saber la verdad. Sabemos que la policía y los militares los agarraron, ellos saben a quién los entregaron… Tenemos la esperanza de que siguen con vida… Ando en esta lucha por mi hijo; a pesar de la diabetes y mi úlcera cancerosa, sigo adelante”.
Desencuentro con Peña Nieto
El 24 de septiembre de 2015, los padres de los desaparecidos se reunieron por segunda vez con el presidente Enrique Peña Nieto en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad (Mutec).
Harto del desdén gubernamental, don Bernardo encaró al mandatario:
“Le grité, le dije en su cara que dónde estaba el corazón y el cariño por nuestros hijos del que nos había hablado allá en Los Pinos. Le recalqué que no era cierto, que hablaba de dentro para fuera. El cariño que tenemos por nuestros hijos es lo que nos mantiene en su búsqueda, en la lucha.”
Esa vez también le pidió que se extendiera el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, cuya permanencia estaba en duda: “Le pedí que la búsqueda siguiera y que le diera permiso a los especialistas de seguir buscándolos; les teníamos más confianza porque nos habían sacado de varias mentiras”.
Sin embargo, agrega Campos Santos, Peña Nieto se molestó.
“Me pidió mi nombre. Le dije: me llamo Bernardo Campos, soy padre de José Ángel Campos Cantor, vengo de Tixtla de Guerrero y vivo en el barrio de El Fortín. Si algo se le ofrece, ahí estamos, porque yo ya no tengo miedo, no tenemos miedo: lo perdimos desde que a nuestros hijos los desaparecieron y no hemos tenido el apoyo de ustedes; es más coraje el que tenemos.”
Cuando vio que los reclamos de los padres podían desbordarse, Peña Nieto intentó apaciguarlos al informarles que habían sido capturados unos policías presuntamente implicados en la desaparición de los normalistas, entre otros supuestos avances de la indagatoria.
“Peña hablaba de que todo estaba en orden en Iguala, de que estaban cayendo policías y se iba a agotar la investigación, pero no le creímos nada porque desde un principio nos hicieron a un lado”, relata don Bernardo.
Lo que terminó por descomponer al presidente, recuerda el entrevistado, fue que los padres de los normalistas le exigieron el cabal cumplimiento del acuerdo suscrito a regañadientes por el gobierno federal el 29 de octubre de 2014 en Los Pinos, durante su primer encuentro.
En esa ocasión el presidente y los titulares de las secretarías de Gobernación y de Educación Pública, así como de la Procuraduría General de la República, se comprometieron a intensificar y rediseñar el plan de búsqueda, poner cerrojo a la información surgida de las indagatorias, garantizar la atención médica a los lesionados del caso Iguala y redignificar las Escuelas Normales Rurales del país, entre otros puntos.
Narra: “Al final le preguntamos que dónde estaban los puntos que habíamos firmado, pero él se molestó y ya no nos quisieron firmar ningún documento ni Peña ni Osorio Chong ni Arely Gómez. Salimos muy enojados”.
Vidas truncadas
En julio de 2014, dos meses antes de su desaparición, José Ángel Campos llegó emocionado a la casa de sus padres para darles la noticia de que había sido admitido en la Normal de Ayotzinapa. Tenía otro motivo para estar feliz: estaba por nacer su segunda hija, Gabi.
“Me dijo que no sabía cómo le iba a hacer, que ya se había quedado en la Normal. Me dio gusto saber que a sus 33 años y casado quisiera ser algo en la vida, y que le pidiera a Dios que me siguiera dando trabajo, que me cuidara de mis enfermedades. (Le dije) que no se preocupara y le echara ganas, que yo lo iba a apoyar.”
Sin embargo, la noche del 26 de septiembre de 2014 una camioneta con normalistas recorrió las principales calles de Tixtla y, con un altavoz, llamó a los pobladores que tuvieran hijos estudiantes a concentrarse en la Normal.
Don Bernardo fue, igual que otros padres. En el plantel unos jóvenes les informaron lo que se sabía entonces: “Nos dijeron que había ocurrido una balacera (en Iguala), que tuvieron problemas, pero que no sabían a cuántos chamacos habían agarrado ni dónde estaban”.
Horas después, la información comenzó a fluir lentamente. “Nos avisaron que en el curso de la noche llegarían autobuses con estudiantes que habían estado presentes en la balacera de Iguala, que tres estudiantes se encontraban muertos y que había muchos heridos, entre ellos futbolistas del equipo de Los Avispones”.
Llegaron los autobuses procedentes de Iguala, pero José Ángel no venía en ninguno:
“Cuando vimos que no bajaron nuestros hijos sentimos feo, pero más cuando supimos que había muertos. Nos andaban preguntando qué cicatrices tenían nuestros hijos, pero mi hijo no tiene cicatrices, sólo una verruguita roja.”
Al día siguiente él y otros padres de familia comenzaron a buscar a sus hijos. Tocaron puertas en las colonias igualtecas Rancho del Cura y Santa Teresa. Lo mismo hicieron en poblaciones al borde de la carretera Iguala-Chilpancingo, en los municipios de Atenango del Río, Tepecuacuilco y Eduardo Neri y Huitzuco.
La vida de la familia Campos Santos ha sido otra desde entonces. Don Bernardo recuerda que José Ángel le había ayudado en las labores del campo y de la construcción, pero le gustaban la danza folclórica y el futbol. Ahora le duele su nieta:
“Mi hijita Gabi va conociendo a su papá por la pura foto. Con ella la estoy haciendo de abuelo y padre. Cuando voy a México me pregunta: ‘¿Abuelito, a dónde va?’ (Y le respondo:) ‘Vamos a México para que nos den a tu papá y a los muchachos’.”
La búsqueda de justicia lo obliga a alejarse del hogar con frecuencia, por lo que su esposa Romana Cantor tiene que vender esquites y elotes para sostener la casa, aunque ella también está enferma.
“Le dolía un ojo y luego se le pasó al otro. La operaron dos veces. Por la primera operación pagué 16 mil pesos y 11 mil por la segunda; tuve que vender mi camioneta. Pero no ha quedado bien, todavía tiene molestias: ve empañado”, explica.
En el primer aniversario de la desaparición de los normalistas, la madre de José Ángel compró una imagen de Cristo en Chalma, Estado de México, y convirtió un rincón de su casa en una capilla, donde reza todos los días por el regreso de su hijo.
En las oficinas públicas los padres de los desaparecidos no han encontrado ninguna respuesta que alivie su dolor o les dé esperanza de hacer justicia.
“Del gobierno no espero nada –reitera don Bernardo–, no ha investigado la desaparición de los muchachos, no nos ha dado información que nos dé un poco de tranquilidad. Nos está llevando a base de puras mentiras, de engaños, no le creemos nada. Ya son dos años, es mucho tiempo. Será una rareza, una suerte, una casualidad, que nos den una respuesta verídica, pero está duro pensar en eso.
“No creo que las cosas cambien aunque quiten a los funcionarios. Ellos se van a ir, pero nosotros vamos a seguir en busca de nuestros hijos hasta saber la verdad. Tenemos la esperanza de que están vivos, y tenemos la esperanza en Dios.”
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Zoraida Lluvicela Aguilar Castillo, una joven fisicoculturista, grabó un vídeo que muestra al regidor de Deportes de Monclova, Coahuila, Oscar Castañeda, a quien acusa de acosarla, entrando a su casa por la fuerza en un presunto arranque de celos.
El video fue difundido por el diputado federal panista César Flores Sosa en sus cuentas de redes sociales y se volvió viral.
En entrevista con Vanguardia, la también modelo acusó a Castañeda de acosarla, perseguirla y amenazarla por negarse a ser su novia.
“Me asfixia, me acosa, no me deja en paz, me sigue a todos lados y amenaza a todos mis amigos, además me ofrece dinero de 10 mil a 15 mil pesos para comer con él”, denunció Lluvicela.
También relató que conoció al edil en un gimnasio y pensó que era un buen hombre porque a diario le enviaba rosas y la invitaba a salir.
Con el tiempo la invitó a trabajar en el Ayuntamiento de Monclova como asistente y también le dio trabajo a una amiga suya como secretaria de la oficina de Deportes.
Sin embargo, refirió que en la convivencia diaria el regidor comenzó a acosarla al grado de que ya no podía salir a divertirse en las noches porque el funcionario aparecía con policías municipales para sacarla de los centros nocturnos donde además amenazaba a los amigos de la joven.
Según LLuvicela, pese a que dejó de asistir a la Presidencia Municipal desde hace meses y presentó su renuncia, sigue recibiendo su sueldo como asistente porque el regidor se niega a dejarla ir.
“Yo le pido que me deje en paz porque me sigue en las patrullas y eso lo sabe muy bien el director de Seguridad Pública Victorino Reséndiz con quien ya lo he denunciado”, acusó.
A diario, añadió, recibe decenas de llamadas y mensajes de números desconocidos para hostigarla y aunque los bloquea Castañeda encuentra la manera de contactarla.
La joven comentó que debido a que no ha encontrado apoyo en las autoridades municipales y teme por su seguridad y la de su familia decidió hacer pública su denuncia.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Si el Estado oculta, destruye, desdeña, obstaculiza, manipula y fabrica evidencias de un hecho criminal que involucra a su aparato represivo, entonces la conclusión es una sola: Fue el Estado.
Y a dos años del asesinato de seis personas y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, no hay manera de no culpar de esta barbarie al Estado mexicano, cuya “verdad histórica” descansa en mentiras.
Fue el Estado aun con 130 involucrados en prisión, incluyendo el alcalde perredista José Luis Abarca y su esposa, María de los Angeles Pineda Villa, hermana de los supuestos líderes de Guerreros Unidos, el grupo criminal que habría recibido de policías municipales a los jóvenes que luego supuestamente ordenó incinerar en el basurero de Cocula.
Fue el Estado, porque el responsable de la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, en vez de ser sujeto a proceso por “sembrar” evidencias y someter a tortura a varios de los involucrados, dejó su cargo para ser protegido por su amigo Enrique Peña Nieto.
Fue el Estado porque, en lugar de llamarlos a testificar para esclarecer los hechos, la Presidencia de la República protege y solapa a mandos y tropa militares implicados, como el general Alejandro Saavedra Hernández, jefe de la 35 Zona Militar, de Chilpancingo, y el coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón con sede en Iguala.
Fue el Estado porque, tras los hechos de Iguala, Saavedra Hernández fue ascendido de general brigadier a general de división, mientras que Rodríguez Pérez pasó de coronel a general de brigada.
Fue el Estado porque sólo eso explica el coro mediático para descalificar toda opinión que pone en entredicho la verdad oficial que involucra a autoridades federales, estatales y municipales, incluidas las militares que en Guerrero tienen una turbia historia.
Fue el Estado, porque desde las altas esferas del poder político, castrense y mediático se acosó y se expulsó del país al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por derrumbar la “verdad histórica”.
Fue el Estado porque, consumada la desaparición, el gobierno de Peña Nieto redujo la barbarie a un asunto “local”, como lo definió el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien ahora en pos de su campaña presidencial se cuelga del dolor: “Ni olvido para las víctimas ni perdón para los culpables”.
Fue el Estado porque, pese al involucramiento del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, mandos estatales y municipales policiacos como Huitzuco, donde Rubén Figueroa es el cacique, la autoridad federal ha sido omisa y encubridora.
Fue el Estado porque en Guerrero, el estado de la República donde el Ejército es el auténtico poder, en vez de disminuir, prospera la siembra, cosecha, procesamiento y distribución de mariguana y amapola.
Y mientras no aparezcan todos los 43 jóvenes de la Escuela Normal Isidro Burgos, mientras siga el encubrimiento, la conclusión seguirá siendo la misma: Fue el Estado.
La tragedia, lamentablemente, no es sólo de 43 muchachos y sus familias. Los desaparecidos se multiplican casi por 700: Hay en México, oficialmente, 27 mil 887 personas cuyos familiares no saben dónde están…
Apuntes
Aristóteles Núñez, el exjefe del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de Luis Videgaray, es perfilado en el Senado para ser el fiscal anticorrupción de la PGR. El PRI lo promueve y supuestamente es avalado en principio por el PAN, creador del Sistema Nacional Anticorrupción, del que el fiscal es una posición clave. Sandoval Núñez armó los expedientes contra exgobernadores priistas como Javier Duarte, quien hoy lunes fue suspendido de sus derechos políticos en el PRI presidido por Enrique Ochoa Reza, exhibido ya también como corrupto. Aristóteles dejó en el SAT a Osvaldo Santín Quiroz, subordinado suyo en el Estado de México, ambos bajo las órdenes de Videgaray. El año pasado, el PAN tenía como candidato a la fiscalía anticorrupción al director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Rafael Estrada Michel, hijo del magistrado Rafael Estrada Sámano, a su vez hijo de Rafael Estrada Iturbide, fundador de ese partido… Más que el debate Hillary-Trump, lo relevante es la firma de la paz en Colombia tras 52 años de guerra civil…
Análisis y opiniones sobre política, historia, cultura, alternativas de izquierda y movimientos sociales. Un Blog de Víctor Manuel Torres Olivares @gaucheofcourse
CANAL MATRIX MX 