Guadalupe y Calvo es un municipio tradicionalmente minero, pero su actividad principal en las últimos 50 años ha sido la producción de mariguana y amapola.
Se convirtió en una región codiciada y próspera, que alcanzó el nivel de salario mínimo más alto en el país. Comercios, hospitales, escuelas, toda la sociedad llegó a subsistir principalmente de esos cultivos…
pero éstos se volvieron contra la población. Cientos de pobladores de esta región, que forma parte del Triángulo Dorado del narcotráfico, tuvieron que huir para conservar la vida. El Cártel de Sinaloa montó su base de operaciones en Puerto de Yerbitas. Otro pueblo de este municipio, sobre la carretera que va a la cabecera municipal y hacia Badiraguato. Y así Yerbitas, como su vecino El Ocote, se quedó casi solo desde 2013.
Lo mismo sucedió con otros poblados de Guadalupe y Calvo ante la amenaza del grupo delictivo. Por su terreno accidentado y la complicidad de las autoridades, la zona ha sido ideal para la operación de los narcotraficantes durante décadas.
Habitantes que huyeron de Yerbitas hace siete años recuerdan a Fernando Covarrubias, de 22 años, quien después de un largo tiempo de ausencia regresó al lugar con su familia. Era líder del Cártel de Sinaloa y fue asesinado en 2012, pero su célula se estableció ahí.
En abril de 2011 Covarrubias fue aprehendido con otros dos jóvenes en posesión de armas de fuego y droga en Turuachi, en el mismo municipio (expediente PGR/CHIH/PARR/942/2011-C). Los entrevistados recuerdan que salió pronto.
Un joven que salió de su pueblo relata: «Fernando tenía otro jefe y cuando lo matan con otras personas, se empiezan a pelear la plaza y a partir de ahí se pone más feo, porque a él todo mundo lo conocía. Al jefe, según, todavía no lo matan pero la gente de Sinaloa opera ahí y el mismo chavalo empezó a llevar a Yerbitas a gente de fuera.»
TUVIERON QUE IRSE
Cuando mataron a Covarrubias, su familia tuvo que irse del pueblo porque estaba amenazada.
«Los que trabajaban con él y sus conocidos tuvieron que irse, porque no sólo se dedicaba al narcotráfico, tenía negocios de compraventa de madera. Había mucha gente con él trabajando, los persiguieron o amenazaron. A toda la familia… en cuarto grado… no importaba, también las mataron o las amenazaron, aparte de las familias de los que mataron con él. Fueron unas 40 familias afectadas entre 2012 y 2013», recuerda el testigo.
Sólo en mayo de 2013 mataron a varias personas: «No se supo mucho, pero asesinaron a tres muchachas esa noche y a más señores, hubo muchos desaparecidos. Allá matan a gente y luego no aparecen los cuerpos», narra otra joven desplazada.
El primer testigo indica que los delincuentes tienen sus zonas preferidas para arrojar los cuerpos y abandonar vehículos, pero que nadie se atreve a tocar o a denunciarlo: «Son camionetas nuevas, no las recupera nadie. Una Avalanche gris estuvo mucho tiempo por Yerbitas, subiendo por Turuachi; quién sabe si ahí siga.»
La poca gente que permanece en el poblado vive con miedo. «Siempre estás midiendo con tus conocidos cómo está la situación cuando quieres ir, primero preguntas cómo está.»
Antes, a las seis de la tarde las calles estaban llenas de personas, convivían en los pueblos. Ahora, si bien la presencia de militares en la cabecera municipal ha hecho posible recuperar algunos lugares, la gente de las comunidades prefiere irse temprano a casa, las tiendas cierran también.
«Desde el año pasado, las pistas de aterrizaje, que ya no estaban funcionando, se volvieron a activar —añade el entrevistado. Las han estado rehabilitando. En años anteriores ya sólo estaban funcionando como centros madereros, que eran muy fuertes, pero como muchos se han tenido que ir por la violencia, las rehabilitaron y comenzaron a bajar avionetas… y las suben luego, luego.»
ASESINAN A CANDIDATO
El año pasado asesinaron a Jaime Orozco Madrigal, candidato a presidente municipal. Antes y después se abatió sobre la región una ola de crímenes: tres hombres del poblado La Hacienda fueron secuestrados y después devolvieron sus cuerpos. Levantaron a otros cinco de la localidad Mesa de San José y nunca aparecieron. Los cadáveres maniatados de otros dos, de 25 años, fueron arrojados en el camino a la sección de Dolores.
A partir de entonces los grupos delictivos incineraron vehículos y personas, mataron con saña a habitantes de Puerto de Yerbitas. No todos los homicidios se reportaron oficialmente y varias víctimas no fueron encontradas.
En sólo cinco días de julio fueron asesinadas en Puerto de Yerbitas dos mujeres, de 17 y 21 años; la cabeza de ésta última no se localizó. En otras acciones las autoridades aseguraron ocho cargadores de AK-47 y una granada de fragmentación. También hallaron dos camiones de carga calcinados en los que dijeron que no había cuerpos, pero la gente del municipio asegura que por lo menos había nueve personas calcinadas.
También durante esos días, seis hombres cayeron heridos en una balacera y dos camionetas fueron incineradas. Los lesionados eran trasladados en dos ambulancias a un hospital cuando sus cómplices los rescataron.
ASESINAN A NIÑOS
Un mes antes, cerca de Yerbitas, asesinaron a dos niños (de 7 y 11 años), a su padre y a sus abuelos. Luego mataron a un militar. En el poblado de Baborigame también hubo balaceras y los sicarios mantuvieron al pueblo atemorizado durante mucho tiempo. «Es inexplicable que toda la gente sabe dónde están los retenes de los narcos, hay militares y nadie hace nada», comenta uno de los desplazados. Y recuerda el tranquilo pasado: «Antes era tranquilo, circulabas en la madrugada con un paisaje hermoso. Sabías que mucha gente se dedicaba a sembrar mariguana y amapola, siempre había pistoleros, nada más, pero no eran sicarios. El terror se inicia con los sicarios.»
Varios lugareños coinciden en que los delincuentes se diversificaron hace seis años. «Ahorita los que están todos nerviosos son los que tienen aserraderos, pero extorsionan a todos, hasta a los indígenas. El año pasado, como en julio, mataron a un maderero en Yerbitas porque no quiso darles cuota.»
El primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Parral, Víctor Manuel Horta Martínez, dice que el año pasado se intensificaron los desplazamientos y que los pueblos de Guadalupe y Calvo se quedaron prácticamente solos. El reto para la comisión era seguir los homicidios, amenazas, secuestros y extorsiones por oficio, porque no había quejas. El terror paralizó a la gente.
La joven que decapitaron en Puerto Yerbitas era sobrina de Horta Martínez. Tenía otros seis hermanos y toda la familia tuvo que huir.
La estrategia de las autoridades estatales contra el crimen es simple. En octubre de 2013, cuando Jorge Enrique González Nicolás fue nombrado fiscal general del estado, ordenó que en los partes policiacos de la zona sur no se mencionaran los homicidios, pues sólo se darían a conocer cuando los medios lo solicitaran.
RESISTENCIA INDÍGENA
Alfonso Molina Carrillo, uno de los líderes de la comunidad Coloradas de la Virgen, señala que las autoridades no les hacen caso cuando denuncian amenazas o intentos de homicidio: «He platicado con el comandante y el Ministerio Público, pero ni siquiera van. ¿Tendrán miedo o están comprados? Me dijo uno de ellos: ‘Encapúchense y denle’. ¿Cuál es la ayuda?»
Advierte que los criminales pretenden quedarse con sus tierras para sembrar droga. «Me acuerdo que mis papás me platicaban… Tenemos un plano de 1912. Era una comunidad indígena, no había divisiones ni talas, vivía uno tranquilamente. De 1955 para acá comenzaron a arreglarla como ejido… En 1970 nos dejaron como divididos a mestizos e indígenas. A nosotros nos dejaron en la barranca. Hay como 22 mil hectáreas de bosque, una parte está talada, casi más de la mitad, pero a los indígenas nos dejaron pura barranca. No hay pino, no hay bosque: puros cerros.
«Pero nosotros siempre vivimos ahí, en el ejido, porque ahí tenemos el pueblo, hacemos las reuniones, nombramos gobernador, hacemos las fiestas, tenemos nuestras posesiones, lo de nuestros padres. No nos pueden correr. Somos de ahí, estamos adentro del ejido, no somos ejidatarios sino comuneros», explica Molina.
Desde 1992 los mestizos les quitaron el derecho al ejido con la reforma agraria. Hasta levantaron un censo sin ellos. «Nos han amenazado, pero no han detenido a nadie», dice, pero lo peor es que desde 1970 les han asesinado a siete líderes.
TIENEN MIEDO
Ahora, por seguridad, prefieren no «juntarse con muchos mestizos ni creer mucho en chismes, porque luego si decimos cosas que pasan, en tragos o así, y así nos investigan para saber cómo andamos y empiezan a molestar», cuenta Molina.
A veces empiezan a talar el bosque de la comunidad, pero entonces se reúnen como 50 indígenas. «Les llevamos una demanda que ya metimos a la Semarnat. Tenemos la orden para que no lo hagan. Vamos en grupo, entre mujeres y hombres». Y sí, hace dos años lograron la suspensión de la tala, pero les ha costado amenazas frecuentes.
De todas formas, en Coloradas de la Virgen los narcotraficantes buscan apoderarse de los terrenos. Tienen sus tácticas: «Se meten a la fuerza, engañan a la gente. Le dicen ‘yo te ayudo, yo te ayudo’, pero al último hacen sus casas y los sacan.
«Muchos trabajan con ellos. El trabajo es hacer todo para los dueños mestizos, que son gente de afuera. Son muchas familias (…) Cuando cosechan se van… pero cuando están ahí hacen casas de lámina, de madera… traen trocas del año, se visten bien, pues traen dinero.»
NIÑOS SICARIOS
Algunos de los indígenas que les ayudan son niños. «Andan ahí, los obligan a fuerza a ser sicarios. Ya que los invitan a trabajar con ellos, haz de cuenta que les dicen: ‘Tú vas a hacer esto’. Entra puro nuevo de 12 y 15 años», relata.
La escuela más cercana se encuentra a tres horas en camioneta y 12 caminando. Para recibir atención médica la gente debe esperar a que lleguen las brigadas de salud y si alguien se enferma se pide apoyo a Baborigame, que está a tres horas. «Yo creo que la manera de acabar con esto es quitar todo el rancho Petate, que está cerca de Coloradas. Aparte de otro ranchito que se llama Huechi, donde también hay otro grupo de gente de fuera que están sembrando también.»
En Choreachi la defensa de la tierra costó la vida de dos jóvenes indígenas: Jaime Zubía Ceballos y Socorro, cuyas familias tuvieron que dejar la región por amenazas. Las maestras del poblado también huyeron.
IGNORAN DENUNCIAS
La violencia desatada por los grupos delictivos obligó a Isela González y Ernesto Valencia —activistas de la Alianza Sierra Madre— a solicitar apoyo gubernamental del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Su petición se aceptó, pero aún no se realiza ni siquiera la valoración de riesgo.
Además, la comunidad de Choreachi, donde el año pasado asesinaron a un joven defensor del territorio indígena, presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares para proteger a la comunidad, las autoridades tradicionales y a la Alianza Sierra Madre. El recurso, que presentaron a través del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, está en proceso de análisis.
Por eso en 2010 se formó el Fideicomiso para la Competitividad y Participación Ciudadana, al que pertenece el Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia.
Empresarios de la entidad aportaron una cuota extraordinaria de 5% de impuesto estatal sobre nómina con el fin de ayudar a reparar el tejido social.
Según los datos recopilados por el Observatorio, el municipio sólo tiene 55 policías y un promedio anual de 9 millones y medio de pesos para seguridad. El promedio de escolaridad de la población es de quinto de primaria, 21% es analfabeta y sólo 30% es población económicamente activa.
Este año Guadalupe y Calvo recibirá 14.3 millones de pesos del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
CD. VICTORIA, Tamaulipas.- El Grupo de Coordinación Tamaulipas comunica que en el marco de la nueva fase de la Estrategia de Seguridad implementada.
Por el Gobierno de la República, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional efectuó 13 operativos en los cuales repelió ataques de civiles armados abatiendo a cuatro, detuvo a seis más y decomisó armamento, cargadores, cartuchos, granadas, vehículos y drogas.
Los operativos son el resultado de labores de inteligencia, patrullaje y seguimiento a denuncias anónimas. El primero de ellos fue el día 21 de agosto en un área urbana de Altamira, donde civiles armados agredieron desde un vehículo a los militares.
Quienes abatieron a dos de ellos y detuvieron a un tercero, asegurando además un arma larga y otra corta, un cargador, cartuchos y un automóvil.
El mismo día pero en el municipio de Reynosa, detectaron un vehículo aparentemente abandonado, en cuyo interior encontraron 570 cargadores, 28,098 cartuchos de diferentes calibres y dos aditamentos para granadas.
El 22 de agosto, en el municipio de Altamira, en una vivienda del poblado Santa Amalia, aseguraron 200 kilogramos y 300 dosis de mariguana, siete armas largas, 44 cargadores, 850 cartuchos de diferentes calibres, un cohete anti-tanque y una granada de fragmentación.
Ese mismo día pero en el municipio de Tampico, el personal de la Defensa Nacional aseguró en el interior de una bodega de un antro fuera de operaciones, doce vehículos de diferentes marcas y modelos y 46 cristales blindados.
En el municipio de Camargo, el 22 de agosto, tras labores de reconocimientos en diversos sectores, los militares aseguraron un arma larga, mil 520 cartuchos, 54 cargadores, un chaleco táctico, dos placas antibalas y una fornitura.
También ese día, pero en la colonia El Progreso del municipio de Nuevo Laredo, detuvieron a un hombre en posesión de dos armas largas, nueve cargadores, 82 cartuchos, un vehículo y un tracto-camión, mientras que en Matamoros, en la colonia Unión, aseguraron 23 cargadores, 560 cartuchos y un vehículo.
El 23 de agosto, en Matamoros, sorprendieron a dos hombres y un menor de edad que se comportaban sospechosamente a bordo de un vehículo y trataron de darse a la fuga, siendo alcanzados y detenidos. Se les aseguró 22 bolsitas conteniendo mariguana, una dosis de cocaína, dos equipos de radio-comunicación y 27 poncha-llantas metálicas.
En esa misma fecha pero en el ejido Plan de Ayala del municipio de Güemez, al revisar un vehículo detectaron que su conductor tiene una orden de reaprehensión, por lo que se le detuvo. Le aseguraron un equipo de radio-comunicación, un teléfono celular, tres cheques por la cantidad de 10 mil pesos cada uno y tarjetas bancarias.
También el 23 de agosto, pero en Matamoros, personal militar detectó en calles de las colonias San Juan y San Fernando, dos camionetas estacionadas con varios sujetos a bordo, mismos que se dieron a la fuga al ver a los soldados, quienes aseguraron una arma larga, ocho cargadores, 180 cartuchos, los dos vehículos y un contenedor con capacidad de mil litros conteniendo residuos de combustible.
El 24 de agosto, en el municipio de Reynosa, en operativo conjunto con la Policía Estatal Acreditable, fueron confrontados en las Calicheras Poniente de la colonia Pedregal por varios civiles armados. Al repeler la agresión, abatieron a dos hombres y aseguraron tres armas largas, 43 cargadores, mil 231 cartuchos, una camioneta y mil 140 dólares en billetes de 20.
Ese mismo día, pero en el municipio de Camargo, personal de la Defensa Nacional aseguró dos armas largas, 10 cargadores, 290 cartuchos, cuatro vehículos (uno blindado), dos fornituras y 300 gramos de mariguana.
Finalmente, en el municipio de Cruillas, aseguraron dos armas largas, seis cargadores, 728 cartuchos, una fornitura, un estuche para rifle, una camioneta y 29 bolsitas de plástico conteniendo mariguana, tras operativos surgidos por denuncias anónimas.
Los detenidos y los efectos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se continúan las averiguaciones para establecer la identidad de los cuatro agresores abatidos.
Juan José Esparragoza Jiménez, hijo de uno de los jefes del «Cártel de Sinaloa» conocido como «El Azul» y cuyo nombre es Juan José Esparragoza Moreno.
Fue detenido en la capital del Estado por elementos de la Secretaría de Marina, según informa el portal de La Jornada. La información establece que la semana pasada un grupo especial arribó a una vivienda de un fraccionamiento llamado Interlomas situado al nororiente de Culiacán, acciones en las cuales se detuvo al hijo del capo.
Junto con Esparragoza Jiménez se aprehendió a su esposa, Lourdes Morales y a algunos menores de edad. El joven de 25 años de edad, al parecer no cuenta con alguna orden de aprehensión, sin embargo fue trasladado al Distrito Federal por la Marina.
Por su parte las autoridades indican que el objetivo de la detención del joven, es para indagar sobre la supuesta muerte de su padre “El Azul”.
Michoacán.- Trabajos de investigación e inteligencia realizados por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado permitieron la detención de diez miembros de un grupo delictivo.
Probables responsables del homicidio de un transportista a quien privaron de la libertad en esta capital; además de existir indicios de que varios de los integrantes están relacionados en otros delictuosos. Como presuntos responsables de los delitos de secuestro agravado.
ante el agente de Ministerio Público fueron puestos a disposición Francisco Javier A., José Alberto G., Jorge Alain O., Enrique L., José de Jesús Sánchez R., Fredy R., Ulises P., José Miguel E., Edy Jesús V., y Mario G., todos ellos avecindados en esta ciudad.
De acuerdo a las constancias de la Averiguación Previa, Ulises P. se puso de acuerdo con sus amigos, entre ellos Edy Jesús y José Miguel G., para darle un “susto “ a su padrastro con quien presumiblemente tenía problemas personales.
Por lo anterior, el pasado jueves Ulises se dirigió a la casa del ofendido a quien le dijo que le invitaría una cerveza y salió del inmueble dejando la puerta abierta para posteriormente avisar a sus cómplices que su padrastro estaba ebrio y que ya podían pasar al domicilio por él.
Acto seguido, los individuos se introdujeron al inmueble y sacaron a la fuerza al ofendido, además de apoderarse de una camioneta propiedad de su víctima, para luego ser llevado a un domicilio en la colonia Loma Dorada de esta ciudad, sitio donde le propinaron una golpiza.
Enseguida los inculpados acordaron comunicarse con familiares de la víctima a quienes les exigieron una fuerte suma de dinero; sin embargo se resistieron a comunicar al supuesto plagiado con sus consanguíneos.
Hijos de la víctima acudieron ante la Procuraduría General de Justicia a denunciar los hechos por lo que el personal de la Dirección Antisecuestros dio inicio a las investigaciones correspondientes, lográndose inicialmente la detención de Francisco Javier A., quien había sido comisionado para realizar el cobro exigido y él condujo a los agentes hasta una tienda de autoservicio ubicada en la avenida Madero, donde fueron detenidos José Alberto G., Jorge Alain O. y Enrique L. quienes manifestaron a los agentes que habían privado de la vida al ofendido cuando estuvieron seguros cobrarían el rescate.
Al continuar con las indagaciones, los agentes detuvieron a José de Jesús Sánchez R., Fredy R., José Miguel E., Edy Jesús V., y Mario G, mismos que fueron requeridos en la salida a la población a Quiroga, cuando regresaban a esta ciudad tras abandonar el cuerpo en un predio ubicado en el Rancho Las Flores.
Los detenidos hicieron la referencia de quien había planeado el hecho era Ulises P., por lo que en base a una orden de localización y presentación fue requerido por el grupo Antisecuestros.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la representación social donde se resolvió el ejercicio de la acción penal por el delito de secuestro y en las próximas horas serán consignados ante el órgano jurisdiccional competente, mismo que resolverá su situación jurídica.
Cabe hacer mención que el personal ministerial continúa con las investigaciones en virtud de que existen indicios de que varios de los detenidos están relacionados en otros hechos ocurridos en esta ciudad.
Michoacán .- En 30 meses de la actual administración de Michoacán, donde han pasado tres diferentes gobernadores.
El promedio diario de denuncias por ejecuciones es de 256, en extorsiones 28 cada mes, y 14 de secuestros mensuales, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Fausto Vallejo Figueroa ganó para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) la gubernatura estatal tras dos gestiones perredistas y tomó protesta del cargo el 15 de febrero de 2012; sin embargo, debido a problemas de salud.
Se le concedió una licencia en el cargo entre el 22 de abril de 2013 y el 22 de octubre del mismo año, tiempo en el cual estuvo al frente Jesús Reyna García -hoy recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano por sus presuntos nexos al crimen organizado-.
El pasado 19 de junio Vallejo Figueroa solicitó un permiso definitivo para dejar el gobierno de la entidad, y la Cámara de Diputados local nombró un día después al ex rector de la Universidad Michoacana Salvador Jara Guerrero como mandatario sustituto, quien se mantiene hasta el momento.
Para las estadísticas de los tres delitos en mención, se tomó en cuenta todo el mes de febrero de 2012, aunque sólo le correspondieron 15 días al vigente periodo de gobierno, y abarcan hasta julio último.
Tanto en homicidios dolosos como en extorsiones, las comparaciones entre los primeros siete meses del presente año y el mismo lapso del anterior, se mantienen más altas en éste 2014, mientras que en secuestros las cifras son prácticamente iguales e incluso en julio anterior se tiene el registro más bajo en cuanto a denuncias por dicho delito, con sólo una en la entidad.
El aumento en demandas ante ministerios públicos en Michoacán este año, puede obedecer a una mayor confianza ciudadana en las autoridades, tras el inicio de actividades de la Policía Federal y la Fuerza Rural Estatal, principalmente en municipios considerados conflictivos como Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec y otros de la Tierra Caliente. Sin embargo, durante el pasado mes de julio se dieron las menores querellas en la actual administración de la entidad, tanto en secuestros, con uno, y en extorsiones, sólo nueve.
En el referido periodo (febrero 2012 a julio 2014), hubo 2 mil 339 demandas penales por homicidios dolosos en territorio michoacano: 700 durante 2012, 902 la anualidad anterior y al séptimo mes de 2014 van 737. De lo anterior se desprende un promedio por mes de 78 denuncias o 2.56 diarias.
Mayo de este año fue el más elevado en cuanto a ejecuciones denunciadas ante instancias judiciales, con 129, para un cociente de 4.16 cada 24 horas, casi el doble del promedio durante los 30 meses de medición; el más bajo ocurrió en febrero de 2012 con 45, 1.60 al día.
De igual manera, entre enero y julio del año pasado, según los datos del SESNSP, acudieron a denunciarse 442 homicidios de ese tipo, 63.14 al mes o 2.08 diarios, mientras en igual periodo de 2014 se dieron 737, 105.28 mensuales o 3.47 cada día. Es decir, no se han reducido las denuncias por estos delitos, aunque en julio último se presentó la cifra más baja en 12 meses, lo cual puede ser indicio de una disminución al respecto.
Sobre las denuncias por extorsión en el estado, suman 848 en la actual gestión gubernamental, lo que representan 28.26 mensualmente. 328 ocurrieron en el tiempo correspondiente a 2012, 261 durante 2013 y a julio del presente suman 259. El mes con mayores querellas fue mayo pasado con 60, 1.93 promedio al día; enero y marzo de 2014, 43 para 1.38 por cada 24 horas.
Con 9 demandas, julio de esta anualidad es el de menos presentadas en Michoacán; otro indicador que reflejaría una disminución en dicho delito. Sin embargo, en el comparativo de los primeros siete meses del año anterior, cuando se tuvo registro de 177 denuncias ante autoridades judiciales (25.28 al mes), a igual periodo de 2014, la cifra alcanzó 259, para 37 mensuales en promedio, o sea 12 más ahora.
En secuestros también en julio de 2014 se dio el más bajo nivel con apenas una demanda penal en todo el estado, cuando la máxima ocurrió en marzo de este año con 27, y luego 23 en febrero pasado y noviembre de 2013.
Para los 30 meses de la vigente administración michoacana, el número asciende a 431 denuncias por plagios; 127 en 2012, 194 el anterior y a julio del actual suman 110. El cociente es de 14.36 por cada lapso mensual.
En tanto, de enero julio de 2013 se dieron 106 querellas en la geografía estatal (15.14 al mes), y a los siete meses de 2014, apenas cuatro más, con 110, lo cual siguiere que no hay mucha variación en este delito e igual su tendencia a la baja por el registro del mes pasado.
A los 12 años estas niñas se pusieron al servicio de ‘La Familia’ por 4 o 5 mil pesos a la semana en la Tierra Caliente de Michoacán, un lugar donde faltaban las oportunidades
«Lo que en otros países se ha conocido como reclutamiento forzado, en México también se ha incrementado», reconoce Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México. «Capaz de poner en el periódico: Busco narco», dice Javier Valdéz, periodista y escritor.
«Venimos de parte del jefe y pues ya nos dejaban pasar. Todos eran vendidos», recuerda Cindy. «A todos estos jóvenes en realidad no hemos sido capaces de brindarles una alternativa dentro de la ley», asegura Roberto Campa, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Es la Tierra Caliente de Michoacán. El lugar que viera a las primeras leyes de México existir, y después a tantos romper con ellas.
Ahí, justo ahí, la vida cambió, se convirtió en un lugar en el que vivir no era fácil para unos….pero era, para otros, una cuestión de elegir. Aunque a los 12 años, poder elegir no siempre es la mejor opción.
«Cuando pasan los grupos criminales de ser del trasiego de las drogas y se empiezan a involucrar en otros temas, en otros delitos, empezamos a ver que se agrava el involucramiento de adolescentes», asegura Carlos Cruz, presidente de Cauce Ciudadano.
«Las niñas también empiezan a jugar un papel bastante relevante, se pueden utilizar muy bien como halcones, como mulas, como informadores o mensajeros. Esto al comienzo, son los primeros pasos que un niño da en un grupo criminal», explica Antonio Mazzitelli, representante en México de la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Y siendo una niña Cindy decidió, y dio, sus primeros pasos.
«Nos rentaron un departamento, nos daban dinero para no salirnos de la casa» ¿Cuánto dinero les daban, qué podían hacer con ese dinero? «Cinco mil pesos nos daban a la semana, y lo que hacíamos era irnos a las tiendas a comprar ropa. Zapatos, lo que queríamos, todo teníamos, nos íbamos a las discos, a los bailes, hacíamos muchas cosas con el dinero»
Un convulso Apatzingán era el escenario perfecto para una pequeña que a partir de ese momento, formaba ya parte del narcotráfico.
«La decisión de involucrarse en la delincuencia organizada, empieza a rondar en la mente de un niño por ahí de los 10 u 11 años, es donde las chavas dicen: no hay futuro», dice Carlos Cruz, presidente de Cauce Ciudadano.
«El niño entre los 7 y los 14 años no tiene la capacidad de distinguir entre lo que es el bien y lo que es el mal», detalla Antonio Mazitelli, de la ONU.
¿Para quién trabajaban? «Mmm pues eran de aquí, de la gente de aquí, de ‘La Familia Michoacana’, para ‘El Chayo’, ‘El Chango’, para varias personas», detalla Cindy.
Dos de los criminales más buscados del país, se convirtieron en sus amigos, pero sobre todo, ellos y su gente, en sus patrones.
«Nosotros sabíamos que tenían armas, que vendían droga, porque ellos, iban y cobraban la cuota. Nosotras sabíamos que dejaban droga en tal parte. Nos llevaban a veces que íbamos a comprarla o a jales de ellos. Nos llevaban pues con ellos». ¿Para qué? «Para que no hubiera sospechas, para traer una compañía y que no los pararan».
Así las fiestas de niñas con pastel, se convirtieron en fiestas de adultos con alcohol y cocaína, en bailes de delincuentes, en los que en lugar de esperar a mamá, esperaban a que no llegara un operativo.
«Les avisaron que iban a llegar los soldados y nos asustamos mucho, porque no sabíamos para dónde correr, porque estábamos rodeados, había mucho gobierno, pero al último salimos».
Con eso ella lo tenía todo….
¿Por qué lo hacías? «Por divertirme, por tener algo. Tener dinero. Tener carro, cosas»¿Cómo recuerdas esa época? «Tenía todo, tenía ropa, teléfonos, todo».
Y ellos también…
«Les son útiles en primer lugar por el concepto jurídico, es decir, no son sujetas de procesos penales. Y segundo: el narcotráfico es una empresa, y necesita formar cuadros desde niños», explica Pedro Peñaloza, criminólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
¿Para qué les servías tú, siendo tan chiquita? «Les servíamos para tapar, para eso nos ocupaban todo el tiempo o sea para distraer. A veces decían vamos a tal a Morelia, vamos a recoger unos carros, y nos llevaban a nosotras. Vamos a pasar por ustedes en la noche, porque vamos a ir a recoger unos carros, y nos llevaban a nosotras, porque sabíamos manejar poquito, y nos llevaban, eran tres y teníamos que ir tres mujeres».
«Pasan por un proceso de entrenamiento que va a llevarlas a tener actividades logísticas puntuales en términos de tráfico de armas, sustancia, sicariato o secuestro de personas», informa Carlos Cruz, presidente de Cauce Ciudadano.
Y aunque en México, nadie con menos de 14 años puede ser juzgado por la ley, el vacío generado por pocas oportunidades genera un falso modelo, que acaba, casi siempre, de dos formas: «en la cárcel o a plomazos»
Cindy se salvó de ambas, sus amigos no.
«Me puse a pensar después que me arriesgué mucho, o sea llevaba mi vida muy recio y no me convenía mucho estar con esa gente. Mataron a varios amigos, ya después ellos se fueron de aquí. Huyendo, pues y les quitaron todo». ¿A ustedes? «Sí. Todo cambió. Y nosotras una corrió para allá, otra corrió para otro lado».
Y ella corrió para un trabajo en el que gana al mes, lo que le daban en dos días. Y por eso, dice, lo volvería a hacer.
Todo fue hace seis años, Cindy en una semana cumple 18.
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