STAFF Matrix Noticias/Canal Matrix Mx/Por: Arturo Cordova S / Por: Redacción/Con información: Pamela Telliz / Matrix Digital Mx
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Se observa como tendencia un aumento mundial y sistemático de la explotación laboral y la expulsión de grandes masas de trabajadores del proceso productivo.
Según la legislación argentina, el teletrabajo se da “cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios, sea efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador, mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación”.
Pero resulta complejo hablar del teletrabajo y sus implicancias, si primero no hacemos un recorrido por lo que pasa en el mundo en materia de fuerzas productivas y laborales. El acelerado desarrollo de las fuerzas productivas al que asistimos, marcado por un proceso de concentración y acumulación de la riqueza socialmente producida en magnitudes nunca antes observadas, marcan la significación histórica del momento que vivimos.
Estos cambios radicales en los modos de producción social, son un indicador de la puesta en marcha de una nueva fase del capitalismo: la fase de digitalización de la economía. Dicha fase, está modificando el conjunto total de los procesos de producción que parecen haber quedado obsoletos, para imponer los nuevos tiempos de producción y controlar la fuerza de trabajo.
Además, se observa en el mundo, una intensa lucha entre distintos proyectos estratégicos transnacionales por el control de la tecnología, que podríamos sintetizar -solo de forma ilustrativa y esquemática- en la guerra entre dos de las potencias económicas principales: Estados Unidos y China. Esta disputa -que aclaramos que no se trata de países sino de proyectos capitalistas trasnacionales estratégicos- apunta a profundizar el proceso de digitalización de la economía y controlar el 5G a nivel global. Esto permitiría también, controlar el avance y desarrollo de la robotización, nano y biotecnología, computación cuántica e inteligencia artificial basada en el Big Data.
El trabajo en el mundo, algunas tendencias
Como correlato de los cambios antes descritos, se observa como tendencia general en la realidad concreta de los y las trabajadoras, un aumento mundial y sistemático de la explotación laboral y la expulsión de grandes masas de trabajadores del proceso productivo. Veamos algunos datos sobre trabajo formal, informal, salario y productividad, que reflejan esta afirmación.
Según el informe “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2019” de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT); en el mundo existen 3.300 millones de personas empleadas. De los cuales, 1.300 millones son trabajadores formales; y 2.000 millones son trabajadores informales, lo que equivale al 61% de la población activa mundial.
En los resultados del Informe Mundial sobre Salarios 2018-19 de la OIT, se constata que en términos reales (ajustados a la inflación) el crecimiento mundial del salario se desaceleró: pasó de 2,4% en 2016 a 1,8% en 2017. El informe observa que en los países avanzados del G20 el crecimiento real del salario disminuyó, de 0,9% en 2016 a 0,4% en 2017. Esta disminución, no respeta ya, los límites entre “países centrales y periféricos” si no que es global.
La explotación de los y las trabajadoras, se acentúa si tomamos en cuenta el informe “Impacto de la Inteligencia Artificial en el Mercado Laboral” de Adecco Global Institute, que nos dice que lo que en 1970 se producía en ocho horas, hoy tan solo requiere de una hora y media de trabajo, sin embargo, la jornada laboral sigue siendo de 8 horas.
La explotación no es el único factor que afecta a la clase trabajadora mundial, la desocupación también aumenta y amenaza ya con crear el ejército de desocupados más grande en la historia de la humanidad. El informe de Adecco antes citado, refleja que los procesos de tecnologización de las cadenas globales de valor, han llevado a una suplantación continua de la fuerza de trabajo. Se prevé que “para 2030, el 14% de la fuerza laboral mundial habrá tenido que evolucionar, adaptarse y transformar sus capacidades”.
Además del número mundial de desempleados, que alcanza a 188 millones de personas, otros 165 millones no tienen suficiente trabajo remunerado y 120 millones o bien han abandonado la búsqueda activa de trabajo o no tienen acceso al mercado laboral. De esta forma, la OIT calcula que en total, más de 470 millones de personas en el mundo se ven afectadas por problemas laborales y que la desocupación aumentará en los próximos dos años.
Esta enorme masa de desocupados o ejército de reserva, tensionará sobre las condiciones laborales de ocupados y subocupados, aumentando la lucha entre trabajadores por los puestos existentes. De esta forma, a mayor número de trabajadores excluidos, menos condiciones materiales tendrán los trabajadores incluidos.
Legislaciones de Teletrabajo en el Mundo
La pandemia de COVID-19 aceleró los tiempos sociales de producción, y muchos países y empresas cambiaron radicalmente la forma de trabajar. La OIT estima que el 27% de los trabajadores en los países de altos ingresos podrían teletrabajar desde su casa. Entre estos países, la UE viene generando condiciones para el teletrabajo desde 2002, con la firma del “Acuerdo Marco Europeo sobre teletrabajo”. Obsérvese el Gráfico 1 para comparar el teletrabajo en los diferentes países europeos.
Si nos vamos al continente americano, vemos que EEUU, a través de la Ley Pública N°101-509 de 1991 permitió a las agencias que participan en el Proyecto Federal “Flexiplace” usar los fondos apropiados para instalar las líneas telefónicas, el equipo necesario y pagar los cargos mensuales en una residencia privada. Fue la primera vez que el Congreso proporcionó fondos para los acuerdos de “Flexiplace”. El ex- presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó en 2010 el “Telework Enhancement Act” para una mejora del teletrabajo, en la que dispone que cada agencia ejecutiva establezca e implemente una política según la cual los empleados estén autorizados a teletrabajar.
En América Latina, Colombia cuenta desde el año 2008 con la Ley N°1.221 para promover y regular el teletrabajo como un instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante el uso de las TIC. Brasil, a partir de la Reforma Laboral de 2017, reconoció y reguló el teletrabajo en el país.
En Argentina, existen iniciativas y proyectos de ley desde el año 2004 que lograron plasmarse en agosto de este año en la Ley 27.555 “Régimen legal del contrato de teletrabajo”. ¿Qué condiciones tiene Argentina para hacer efectivo el Teletrabajo y qué escenarios propiciaría en el mudo laboral?
Según un informe del CIPPEC 2020, actualmente en Argentina, el 8% de las y los trabajadoras realizan teletrabajo y con la capacidad tecnológica instalada que tenemos, se podría realizar teletrabajo en el 18% de los trabajos en total. Si se produjera una alta inversión en TIC´s, se podría teletrabajar hasta el 29% de los trabajos totales. Y si tenemos en cuenta que en el país, según el Ministerio de Trabajo, hay 11.763 millones de trabajadores registrados, el número de teletrabajadores sería realmente significativo.
Algunos posibles escenarios
Durante el tratamiento de la ley en Argentina, pudimos observar dos sectores en contradicción de intereses. Uno de ellos, tendientes a preservar el marco de derechos laborales conquistados históricamente, y manteniendo la potestad de la negociación colectiva por sector, para cualquier cambio que se quiera generar en la legislación laboral. Aquí ubicamos los posicionamientos de la mayoría de los gremios y los representantes del oficialismo, agrupados en el “Frente de Todos”, que tuvieron la iniciativa al presentar el proyecto de ley.
El otro sector, tiende a socavar y flexibilizar dichos derechos, aumentando la explotación y exclusión de los y las trabajadoras. Este sector está compuesto principalmente por las Cámaras Empresariales del país y cuenta con el apoyo institucional de la Alianza Cambiemos. Pretendieron y pretenden una ley que permita mayor flexibilización laboral y evitar mayores regulaciones a la hora de contratar y despedir trabajadores, permitiendo la negociación en cada empresa y con cada trabajador.
La ley claramente logró conservar la negociación colectiva y equiparar los derechos de los y las teletrabajadoras. Pero también logró que “entrará en vigor luego de noventa (90) días contados a partir de que se determine la finalización del período de vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio”; retrasando así su aplicación, en un periodo donde gran cantidad de trabajadores están trabajando desde sus casas y costeando los gastos adicionales que esto representa.
Pero la gran mayoría de los y las trabajadoras, informales y desocupados, no están representados en ninguno de estos dos sectores. Por esto, es fundamental generar las condiciones que permitan la participación de las organizaciones de trabajadores, nuevas y tradicionales, en la elaboración de políticas públicas relacionadas a:
Impulsar procesos de formalización de empleos. Creación de un Salario Básico Universal que contemple los derechos laborales básicos (obra social, jubilación, etc.) y que sea financiado por los sectores más ricos de la población, sobre todo, los ligados a la especulación financiera.
Exigir el acceso a la conectividad y a las nuevas tecnologías, como un derecho humano básico. Así como la participación de la clase trabajadora en las políticas de telecomunicación, producción de software y desarrollo satelital soberano. Además de la participación en las elevadas ganancias que las empresas tecnológicas e informáticas obtienen.
O las nuevas tecnologías están al servicio de los y las trabajadoras, generando mejores condiciones de vida para las grandes mayorías o están en manos de un minúsculo grupo de especuladores financieros, generando mayor acumulación, explotación y exclusión. El curso que puedan tomar los acontecimientos, dependerá, por un lado, de la participación activa de los y las trabajadoras, y por el otro, de que estos logren construir un programa estratégico capaz de articular los acelerados cambios tecnológicos con el bienestar general de la clase trabajadora.
– OITRAF: Observatorio Internacional de Trabajo del Futuro
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Una mirada a lo que aconteció en Colombia en este difícil año de 2020 será útil para anticipar algunos de los acontecimientos que vendrán.
In memoriam de Enereana Sofía Díaz y Carlos Payares entrañables amigos fallecidos en este mes. Siempre los recordaremos y enalteceremos su legado.
Una mirada a lo que aconteció en Colombia en este difícil año de 2020 será útil para anticipar algunos de los acontecimientos que vendrán y a manera de balance de la coyuntura colombiana. Me ocuparé solo de los tres temas que considero más relevantes. El primero obviamente el manejo que se dio a la pandemia y ligado a ella el manejo de la economía, en segundo lugar, la recomposición política del gobierno y en tercer lugar el difícil camino de la paz y del (in) cumplimiento de los Acuerdos pactados y hechos política de Estado desde el 24 de noviembre de 2016 en que se suscribieron los mismos en el teatro Colón de Bogotá entre el presidente de la República de entonces, Juan Manuel Santos y el líder de las FARC-EP, Rodrigo Londoño, Timochenko.
El manejo de la pandemia ha sido desastroso por donde se le mire. A la fecha de acuerdo con el registro oficial del Instituto Nacional de Salud, INS, se presentan 1´456.599 infectados con 76.833 casos activos. Han fallecido hasta el momento 39.560 personas por la Covid-19. El Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, ha documentado un subregistro del 20% el cual solo ha sido actualizado hasta el mes de octubre de modo que proyectando ese subregistro las muertes pueden superar hoy las 47.000 desde el pasado 6 de marzo en que se comprobó el primer caso de Coronavirus en el país. Ocupamos el 11 puesto en el mundo tanto por el número de muertos como por el número de contagios y de acuerdo a los muertos por millón de habitantes ocupamos el lugar 23 pero si se tiene en cuenta el subregistro estaríamos ocupando el 15 lugar en el mundo.
El creciente número de contagios se debe a las políticas públicas puestas en marcha que han sido muy erráticas. Desde el 23 marzo y durante un mes se aplicó una cuarentena rígida que retraso el nivel de contagios, pero éstos se dispararon cuando el gobierno decidió, sin capacidad real para realizar testeos masivos, la apertura primero de la industria manufacturera y de la construcción desde el lunes 27 de abril y luego una apertura generalizada desde el 1 de junio. Hasta la fecha el numero de pruebas ha sido limitado y muy bajo, pero además las pruebas se han aplicado a los posibles contagiados que tienen que solicitarlas a las Empresas Promotoras de Salud, EPS, privadas, que no las autorizan de manera expedita. Las pruebas no se hacen aleatoriamente para controlar, identificar y aislar a los portadores asintomáticos que como se sabe son la mayor parte de los infectados. De esta manera las pruebas van detrás del virus con muy poca probabilidad de detener o por lo menos disminuir el contagio. El subregistro de los contagiados es enorme. Se calcula que hoy en realidad hay más de cinco millones que han padecido del virus y ante la falta de testeos masivos la enfermedad se ha propagado de manera exponencial.
La cuarentena rígida permitió aumentar la capacidad de camas UCI con ventiladores para tratar los casos más graves, pero, hubo una gran improvisación en su atención pues el número de médicos capacitados para el manejo de estas Unidades de Cuidados Intensivos es limitado en el país. Colombia solo cuenta con 1200 médicos intensivistas. De tal manera que se tuvo que improvisar con personal de la salud para atenderlas. Falta una evaluación sobre las consecuencias de dicha improvisación y sus repercusiones en el alto número de fallecidos en esas Unidades de Cuidados Intensivos. Las políticas aprobadas mediante la emergencia económica y ambiental no enfrentaron los problemas reales por lo que atraviesa el sector. Por el contrario, el alto número de muertos así como de contagiados, ha dejado al desnudo las falencias y limitaciones de un privatizado sistema de salud. El 80% del personal sanitario existente en el país tiene contratos laborales precarios y la atención primaria en salud, prácticamente ha desaparecido o está muy debilitada, siendo el principal instrumento, para la atención de una pandemia como la que atravesamos.
Estamos atravesando la segunda ola de crecimiento de contagios con un personal de la salud fuertemente golpeado por el numero de muertos del sector que de acuerdo con las agremiaciones médicas supera los 170 salubristas fallecidos y con muchas falencias en cuanto a la dotación de los instrumentos de bioseguridad que a nueve meses de la pandemia aún no se ha resuelto en todas las regiones del país. Pero además el personal sanitario está fuertemente estresado y cansado por las difíciles condiciones en que tiene que realizar sus actividades para combatir el virus. Nada ha hecho el gobierno para mejorar estas condiciones laborales. En estas condiciones se afronta la segunda ola que se ha hecho critica en varias regiones del país, pero principalmente en Norte de Santander, Cesar, Antioquia y en Bogotá donde es mayor el crecimiento del virus. El gobierno no actúa, ha dejado todo en manos de la sociedad, en el autocuidado que se verá relajado por las fiestas navideñas y que nos puede pasar una factura muy dolorosa. La lógica del gobierno inepto es más o menos el sálvese quien pueda y como pueda. Solo actúan los gobiernos locales que tienen muchas limitaciones para ello.
Las tasas de desempleo han crecido, se mantienen por encima del 15% y con un subempleo que ronda al 60% de la población económicamente activa. La política económica es miserabilista. Los programas asistenciales no cubren a toda la población y las sumas de dinero que llegan a las familias son insuficientes. Se calcula que solo unos 7.5 millones de personas reciben estos pírricos auxilios que oscilan entre los 40 y los 80 dólares insuficientes para cubrir las mínimas necesidades. La coalición de gobierno pese a los resultados desastrosos se negó a considerar las propuestas sensatas y realistas de establecer transitoriamente una renta básica de emergencia. Dos proyectos que la proponían fueron hundidos por la coalición de gobierno en el Congreso de la República.
Las consecuencias no solo han sido desastrosas para las micro, pequeñas y medianas empresas que cerraron en la crisis aumentando el desempleo. El propio DANE ha señalado que el 28% de la población colombiana no tiene acceso sino a dos comidas al día y de ese 28% unos 6 millones de personas no tienen acceso sino a una comida diaria. Se vive una situación de hambre. No hay una política seria para hacer frente a esta realidad, pues, el equipo económico del gobierno considera que se debe mantener la austeridad en el gasto público que es muy bajo para hacer frente a la pandemia. Este gasto no llega al 4% del PIB como los ha señalado el Observatorio Económico de la Universidad Javeriana que ha hecho un riguroso seguimiento al gasto público. Aún hay recursos económicos del Fondo de Emergencia, FOME, que fue creado para atender las secuelas de la emergencia. Este fondo no ha gastado aún los 28 billones de pesos que son los recursos asignados.
De modo que el manejo macroeconómico ha sido un desastre. Las ayudas a las empresas llegaron tarde para las micro, pequeñas y medianas empresas y esas ayudas además se concentraron en auxiliar a las más grandes, así como a las grandes empresas agroindustriales en desmedro de la economía campesina. Un manejo clasista de la crisis en que el sector financiero sigue cosechando grandes utilidades aún cobrando por hacer llegar los auxilios monetarios pírricos que el gobierno ha distribuido en las redes asistencialistas existentes. Y lo peor es que no se vislumbran cambios en esta errática política. El equipo económico del gobierno confía en una pronta recuperación de la economía sin poner en marcha políticas públicas para ello y por el contrario con una política económica que busca aún deprimir más los salarios en beneficio del gran capital.
En el plano político el cambio más significativo fue la conformación de una coalición mayoritaria del gobierno en el Congreso de la República lo cual logró a punta de entregar recursos públicos a los nuevos socios del Partido de la U y de Cambio Radical que ingresaron al gobierno con cuotas burocráticas y partidas regionales. Con ello garantizó domesticar al Congreso para que no ejerciera un verdadero control político a los más de 160 decretos legislativos expedidos bajo la figura de la Emergencia Social, económica y ambiental decretada desde el pasado mes de marzo. Con la anuencia de esas mayorías despareció el control político y se mantuvo al Congreso en sesiones virtuales sin reales motivos para ello. Pero a la vez se logró que las mayorías parlamentarias dieran visto bueno hundiendo las iniciativas de modificar el gasto público para hacer frente a la pandemia con proyectos como el de renta básica de emergencia. Es decir, el Congreso de la República se convirtió en el socio del gobierno para hacer oficial y pública la política miserabilista que ha profundizado la crisis. No se vislumbran por desgracia cambios en la política pública para hacer frente a las consecuencias desoladoras y devastadoras que nos ha dejado la pandemia. La consecuencia es por supuesto el hundimiento del gobierno en las encuestas que muestran cada vez más la impopularidad del gobierno donde cerca de un 70% de la población desaprueba a Duque-Uribe por el manejo que ha dado a esta tragedia.
Pero las cosas son más complicadas porque si bien todos los sectores independientes y de oposición se mantienen unificados en su accionar en el Congreso esa unidad desaparece al momento de plantear alternativas para derrotar a la coalición mafiosa y tradicional que hoy nos gobierna. El fantasma de la división que se presentó en el año 2018 entre el centro y la izquierda no ha desaparecido. No hay un poderoso movimiento desde la sociedad civil para garantizar la unidad y la derrota del régimen oligárquico que está muy bien representado en este gobierno. Sobre eso volveremos más adelante.
Por otra parte, la pandemia se atravesó al auge y ascenso en que venían los movimientos sociales. Si bien se han realizado grandes movilizaciones estás no han tenido la envergadura que tuvieron en el año 2019. Para destacar la gran jornada de protesta que se realizó durante el mes de octubre del presente año alrededor de la Minga Indígena que atravesó 5 departamentos del país y que fue protagonista de dos grandes movilizaciones en Bogotá. El año próximo será a no dudarlo de movilización que es la única respuesta posible frente a la desidia y negativa del gobierno aún para reunirse con las organizaciones y los movimientos sociales y la negativa a considerar los pliegos de solicitudes. Solo una movilización como la del 2019 logrará modificar esta política indolente del gobierno.
Finalmente debemos decir que el proceso de paz ha resistido a la andanada del gobierno con objeciones y obstáculos, para que los organismos salidos del acuerdo de La Habana puedan funcionar. Las objeciones presidenciales a Ley estatutaria que la rige a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, le puso un obstáculo que, si bien fue derrotado en el Congreso en el año 2019, significó un retraso de 6 meses para que la JEP pudiera avanzar en su misión de satisfacer la verdad y la reparación a los más de 9 millones de víctimas existentes en el país. Luego tres intentos de entrampamiento que también fueron sorteados han significado un duro camino para su avance en un gobierno que hace todo lo posible por hacer que los acuerdos de paz fracasen. Esto tampoco se modificará en el próximo año. Al final del próximo año la Comisión para el esclarecimiento de la verdad deberá presentar su informe que ha sido obstaculizado con menores recursos para su funcionamiento y con la negativa para entregar información de organismos estatales que deberían hacerlo. Así pues, seguiremos en esta lucha por construir y avanzar en la implementación de los acuerdos en medio de una violencia desenfrenada que nos deja desde la firma de los acuerdos más de mil líderes y lideresas sociales asesinados, 244 desmovilizados de las FARC en proceso de reinserción también asesinados y 84 masacres con más de 360 personas asesinadas en lo corrido de este año. Un recrudecimiento de la violencia y un orden público resquebrajado con unas Fuerzas Armadas y de Policía divididas y fragmentadas con aumento de denuncias de connivencia de esa fuerza pública con grupos armados ilegales ligados al narcotráfico.
Esta situación es la que enfrentaremos en el próximo año. Un año en que se desplegará la campaña electoral para las elecciones de Congreso en marzo del 2022 y presidencia de la República en el mes de mayo.
Bueno pero en medio de esta tragedia les deseo a todas y todos unas felices fiestas.
Bogotá 17 de diciembre de 2020
-Pedro Santana Rodríguez es director de la RevistaSur (Colombia)
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EL GRUPO DE PUEBLA SALUDA LA REALIZACIÓN DE ELECCIONES LEGISLATIVAS EN VENEZUELA Y CONSTATA QUE LOS COMICIOS SE DESARROLLARON DENTRO DE LA NORMALIDAD, DE FORMA PACÍFICA Y SIN INCIDENTES. ASÍ MISMO, REITERA SU POSICIÓN DE QUE EL CAMINO DEMOCRÁTICO ES LA MEJOR VÍA PARA SUPERAR LA CRISIS POR LA QUE ATRAVIESA EL PAÍS. INSISTIMOS EN PLANTEAR LA NECESIDAD DE QUE ESTA SALIDA DEBE ESTAR ACOMPAÑADA POR LA TERMINACIÓN DEL BLOQUEO ECONÓMICO QUE HA IMPUESTO, EN PLENA PANDEMIA, EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS.
El Grupo de Puebla jamás apoyará ninguna salida de fuerza para superar una crisis política en el hemisferio.
Apostar a golpes de Estado, disfrazados o no a partir de la desestabilización del actual régimen, desafiando la Constitución venezolana, agrava la situación en ese país, aumenta el sufrimiento de su pueblo y provoca inestabilidad en toda nuestra región, con pérdidas significativas para la integración regional. Lamentablemente, algunos gobiernos de América del Sur, obedeciendo a los dictados de la extrema derecha norteamericana, optaron por apostar en la violencia a través de embargos, bloqueos comerciales e incluso apoyaron anuncios intimidantes de intervenciones militares.
Consciente de sus responsabilidades, el Grupo de Puebla plantea la necesidad de reactivar el diálogo ya iniciado por algunos países de la región para buscar una salida justa, pacifica y democrática a la crisis venezolana, y que incluya la integración de parte de la oposición que se autoexcluyó de estas elecciones, en los futuros procesos electorales; y el fin inmediato del bloqueo económico y sanciones económicas que están afectando gravemente la vida de las y los venezolanos.
La democracia siempre representará el lado correcto de la Historia y con ella el valiente pueblo de Venezuela sabrá pavimentar un futuro de prosperidad, justicia, soberanía, paz y libertad.
Firman:
1) Rafael Correa, ex Presidente, Ecuador. 2) José Luis Rodríguez-Zapatero, ex Presidente, España. 3) Fernando Lugo, ex Presidente, Paraguay. 4) Ricardo Patiño, ex Canciller y ex Ministro de Defensa, Ecuador. 5) Gabriela Rivadeneira, ex Presidenta Asamblea Nacional, Ecuador. 6) Aloizio Mercadante, ex Ministro de Educación, Brasil. 7) Camilo Lagos, Presidente Partido Progresista, Chile. 8) Marco Enríquez-Ominami, ex Candidato presidencial, Chile. 9) Celso Amorin, ex Canciller, Brasil. 10) Esperanza Martínez, Senadora, Paraguay. 11) Aida García Naranjo, ex Embajadora, Perú. 12) Carlos Sotelo, ex Senador, México. 13) Jorge Taiana, Senador y ex Canciller, Argentina. 14) Carol Proner, Abogada, Brasil. 15) Guillaume Long, ex Canciller, Ecuador
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A 41 años de la CNTE
«Después del brutal desenlace del movimiento estudiantil de 1968, aunado a la represión del 10 de junio de 1971, la actividad política, que no fuera dentro de los lineamientos del partido oficial, quedó constreñida de manera radical a tal grado que entre los jóvenes germinaron dos tendencias de como subvertir esa realidad; una consistía en organizar la lucha armada, la guerrilla urbana, que buscaría mantener relaciones con los agrupamientos insurgentes rurales, sobre todo los que tenían sus centros de operaciones en el estado de Guerrero, destacamentos encabezados por Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas.
Fueron miles las mujeres y hombres que decidieron transformar este país, mediante las expropiaciones de bancos, los secuestros de prominentes miembros de la oligarquía y de choques directos con las diversas policías y el ejército. La cruenta lucha duró hasta finales de los 70 y el saldo fue la más despiadada persecución y eliminación de estos abnegados mexicanos que decidieron optar por este medio para cambiar la desigualdad existente en la nación.
Otro importante segmento de los participantes en los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971; optaron (bajo el predominio de las diversas interpretaciones políticas del marxismo-leninismo, tales como el estalinismo, el maoísmo, el trotskismo, los gramscianos e incluso guevaristas, que aplicaban sus posiciones a la lucha política cotidiana), por “ir al pueblo”, introducirse en las colonias populares, en las comunidades indígenas, en las organizaciones sociales y en los sindicatos controlados férreamente por el aparato estatal priista.
Las luchas por construir organización social, que pudiera enfrentar al “charrismo”, forma brutal de corrupción que dominaba todos los aspectos de la vida política de los millones de mexicanos, que pertenecían a esas agrupaciones; proliferaron en la década de los setentas a lo largo y ancho del territorio nacional, intentos múltiples de crear organización, de formar grupos, tendencias, movimientos, ligas, corrientes, fracciones. Todos estos esfuerzos tenían un objetivo común, que era enfrentar a las fuerzas gubernamentales que mantenían su claro predominio sobre las masas, el cual descansaba en la práctica de la corrupción y desde luego en la antidemocracia llevada a su más clara expresión.
En ese contexto empezaron a surgir diversas coordinadoras, que trataban, de manera amplía, de conjuntar las luchas urbanas, sindicales e incluso armadas, contra las políticas del régimen priista. De esa manera surgieron la CONAMUP, la COSINA, la CNPA y otros intentos de construir resistencias amplias ante los embates del gobierno, sobre todo de los encabezados por Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, ejemplos, detestables de la aplicación del “nacionalismo revolucionario”, a las relaciones sociales del México de hace 50 años.
Es en ese contexto que, en diciembre 1979, en Tuxtla Gutiérrez, las corrientes opositoras al charrismo prevaleciente en el SNTE, convocaron a un Foro, que tendría como principal objetivo enfrentar la política salarial y de nula democracia interna, que promovía el grupo que dominaba el SNTE, uncido al carro de los gobiernos priistas.
La CNTE surge, como una necesidad de organización a nivel nacional de los miles de trabajadores de la educación, que pugnaban por encontrar caminos democráticos diversos, que les permitiera, enfrentar y derrotar al aparato gubernamental, enquistado en la estructura del sindicato magisterial, con más agremiados de América Latina. Ese fue el origen de la CNTE, cuyas luchas han resistido los embates de diversos gobiernos priistas (López Portillo, De la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo Ponce de León y Enrique Peña Nieto) y panistas (Vicente Fox y Felipe Calderón). Los cuales tuvieron como principal objetivo destruirla, mediante la cooptación de algunos de sus dirigentes o, lo más común, mediante la represión, sobre todo en los estados que mejor habían logrado construir una alternativa sindical, política y social al “charrismo”. La saña para combatir las posiciones contrarias al priismo, se desató en Chiapas, Oaxaca, Guerrero principalmente, entidades federativas, que fueron escenario de la vesania con que el aparato del Estado, persiguió y asesino a decenas de luchadores sociales, cuyo principal delito, era tratar de cambiar su realidad cotidiana.
En su origen se enfrentaron dos tendencias, una que llamaba a conformar un sindicato paralelo, al margen del control estatal y la otra, que pugnaba por luchar al interior del SNTE y democratizar sus estructuras, esta ´segunda expresión, fue la predominante a lo largo de estos cuarenta años. También desde su creación, la CNTE, ha dejado bien claro en sus documentos, que sus integrantes, tienen el derecho individual de participar en la agrupación política que deseen, pero que los partidos políticos, de cualquier ideología, no pueden imponer sus tácticas en la conducción de la organización magisterial. Este ha sido, con mucho, uno de los acuerdos, que han permitido, a la CNTE sobrevivir, las experiencias de las otras coordinadoras de esa etapa, son el mejor material didáctico, para explicar este acierto de la CNTE.
Las luchas que, durante 41 años, han sostenido las principales secciones de la CNTE, son épicas, se puede decir que es la única coordinadora que subsiste de esa etapa y que, en sus principales documentos fundacionales, sostienen posiciones anticapitalistas y, desde luego, en los últimos años, de franco rechazo a la política neoliberal. Las luchas promovidas por la CNTE, por dar algunos ejemplos en la creación de la APPO en 2006 o en las luchas contra la “reforma educativa” del peñismo, nos dan una idea de la consistencia política de esta agrupación magisterial.
En su formación estuvieron y están presentes todas, las posiciones ideológicas de la izquierda, sus discusiones son y eran, fuertes, apasionadas, pero al final se vota y la propuesta que obtiene la mayoría, se convierte en la táctica que se seguirá en los próximos meses o en la coyuntura que se enfrentará. La CNTE arriba a sus 41 años de existencia. Los integrantes se han cambiado y sus luchas han tenido fracasos, éxitos y, sobre todo, han logrado detener en varias ocasiones las políticas privatizadoras en materia educativa del régimen.
El balance de cuatro décadas es positivo, el simple hecho de sobrevivir a las constantes represiones administrativas, judiciales y físicas, que son una característica de los gobiernos priistas, nos debe llevar a la conclusión de que esta organización ha logrado, subsistir y convertirse en ejemplo de persistencia política.
Sin embargo, la CNTE tiene sus carencias y errores tácticos, a lo largo de esas cuatro décadas de existencia; por ejemplo, su falta de perspectiva sobre su unión con los movimientos sociales; desde luego, que se han realizado intentos, pero han sido parciales y fragmentados. Otra de sus principales fallas, es que la CNTE ha sido semillero de profesores- políticos, que la han utilizado como plataforma, para escalar puestos dentro de la burocracia estatal.
A pesar de sus errores tácticos, la CNTE ha demostrado que tiene claridad sobre la estrategia, que la llevara al triunfo sobre el nefasto control que los priistas han mantenido sobre el sindicato magisterial. La lucha que han sostenido los maestros mexicanos aglutinados en la CNTE, es un ejemplo de persistencia que debemos imitar».
Orgullosamente normalista
Profesor Enrique Ávila Carrillo
Texto publicado en el #31 de «El Zemillero». La versión completa del periódico la pueden revisar en el siguiente enlace:
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CONVOCATORIA GENERAL D ACCIÓN GLOBAL #21D-31D
Desde la Asamblea Mundial de Consenso del PUEBLO LIBRE te invitamos a unirte a #21D-31D ACCIÓN GLOBAL que será histórica, marcando un antes y un después.
Se trata de una serie de ACCIONES POR LA JUSTICIA, COHERENTES, PACÍFICAS Y DESCENTRALIZADAS que se realizarán DESDE EL 21 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 en todo el mundo. Estos son los tres temas BÁSICOS Y FUNDAMENTALES que hemos consensuados en los ‘mínimos comunes’ entre compañeras/os de muy distintos países y culturas:
EL #21D ES EL DÍA MUNDIAL DEL PUEBLO LIBRE, y por lo tanto de todos los que quieren serlo. Nosotros desde la Asamblea haremos algunas propuestas pero tú y tu grupo con creatividad podéis hacer todo lo que se os ocurra en esta línea, siendo la primera acción dejar de consumir televisión e internet, drogas que te mantienen dormido y alienado. Somos los que Somos, no nos importa ser pocos o muchos, pero sí estar conectados y llevar a cabo acciones de coherencia contundentes, pues no sirve de nada analizar la realidad y protestar exigiendo a otros libertad, verdad y justicia si seguimos siendo nosotros quienes les damos la fuerza a gobiernos y multinacionales de las élites que actúan con múltiples formas de injusticia. CADA UNO DE NOSOTROS HEMOS DE CAMBIAR EN NUESTRAS INCOHERENCIAS PERSONALES PARA QUE CAMBIE LA REALIDAD QUE NOS RODEA. EXIGIR CAMBIOS Y PROVOCAR A LOS “CARCELEROS”* PARA QUE TE LIBEREN ES ABSURDO, porque ellos no quieren cambiar y se harán más radicales. Libérate tú junto a otros muchos que lo estamos haciendo. Ya es hora de pasar de la consciencia a la coherencia, de la palabra a la acción, de la tele y el móvil a la realidad… CONVOCATORIA GENERAL D ACCIÓN GLOBAL #21D-31D · https://t.me/PuebloLibre21D/308 · www.facebook.com/LosVillaresQP/posts/1560994434101722 Asamblea Mundial de Consenso del Pueblo Libre
Correo: pueblolibreyunido@gmail.com
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Tel: (+34) 953 82 39 39 ·· * CARCELEROS (En todos estos grupos están incluidos los seres deshumanos, psicópatas que con un ego que les desborda buscan fama, dinero y poder. Si observamos son fáciles de reconocer, son los farsantes ‘protagonistas’ que tienen algunas de estas características: Mienten, Manipulan, Maltratan, Traicionan, Explotan, Abusan Sexualmente y muchos hasta Torturan/Asesinan, siempre a los que son más débiles):
· La ÉLITE global, nacional, local… (Bancos, Multinacionales, Organismos…)
· Los ESTADOS y los GOBIERNOS que maltratan a su propio Pueblo
· El EJERCITO y la POLICÍA que reprimen Derechos Básicos y Fundamentales
· Los INFILTRADOS que manipulan, tergiversan e impiden la unión del Pueblo
· Los FUNCIONARIOS que obedecen las órdenes represoras de sus ‘jefes’
· Las INSTITUCIONES RELIGIOSAS que castran la ‘capacidad crítica’
· Las ORGANIZACIONES IDEOLÓGICAS que castran, separan y enfrentan
· Los PROGENITORES psicópatas que maltratan a sus hijos
· Las COMPAÑÍAS TÓXICAS (Parejas, Familiares, Amigos, Compañeros,…)
· Los COBARDES y los PEREZOSOS que actúan como cómplices necesarios
· Los ‘BUENOS’ que actúan de forma ‘buenista’, diplomática, hipócrita…
NOTA FINAL: Ninguno de los personajes incluidos en los grupos anteriores van a difundir esta convocatoria. ¡Qué bien!, lo haremos juntos los AUTÉNTICOS SERES HUMANOS de todo el mundo. Somos los que Somos, ¡PUEBLO LIBRE!!
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JORNADAS #21D-31D TALLERES DIARIOS
para la Rebelión Pacífica del Pueblo Libre
Dentro de #21D-31D ACCIÓN GLOBAL, desde el 21 hasta el 31 de diciembre te proponemos asistir a unos talleres diarios monográficos de una hora cuyo contenido será profundizar en #21D-31D ACCIÓN GLOBAL y en las características del PUEBLO LIBRE, la misma Tribu en todo el mundo de Seres Humanos Conscientes que tratamos de ser Coherentes y Auto-Suficientes Personal y Colectivamente. [Continúa en el enlace de las Jornadas…]
STAFF Matrix Noticias/Canal Matrix Mx/Por: Arturo Cordova S / Por: Redacción/Con información: Pamela Telliz / Matrix Digital Mx
Boletín de Prensa
En el marco de las jornadas nacionales e internacionales por la defensa y promoción de los Derechos Humanos. A la memoria de nuestro compañero Javier Lara preso político, ilegalmente detenido durante el 1° de diciembre de 2012, fallecido al inicio de la pandemia; reiterando la exigencia de JUSTICIA para Kuy Kendall, ejecutado extrajudicialmente como consecuencia de la brutal represión en el #1DMx, exigiendo la presentación con vida de Teodulfo Torres Soriando testigo de ese delito, víctima de desaparición forzada(23 marzo 2013); Exigiendo SOLUCIÓN INMEDIATA a la Huelga de Notimex; rechazando el uso mercantilista sobre la salud de la semaforización ante el Covid19; sumándonos a la lucha contra el Proyecto Integral Morelos y todos los Megaproyectos de más muerte y despojo para nuestro pueblo; EXIGIENDO Justicia y cese a los crímenes de periodistas, defensores del territorio la naturaleza, la vida; Pronunciándonos por el fin de la sociedad y estados patriarcales que instalan la normalidad en los Feminicidios y la creciente violencia contra las mujeres. Ex detenidos por motivos políticos de las represiones del 1 de diciembre de 2012 y 10 de junio de 2013; integrantes de la Liga de abogados 1° de diciembre y la Coordinadora Primero de Diciembre; así como familiares y organizaciones políticas y sociales que han acompañado este proceso por reparación integral y justicia, convocamos a los medios de comunicación, así como a organizaciones políticas y sociales, defensores de DDHH y sectores en lucha a revisar y difundir la siguiente información. Lo acontecido el 1° de diciembre de 2012 en el marco de las movilizaciones y el legítimo derecho a la defensa contra la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente de la república, mostró de manera nítida los peligros que la vocación autoritaria y desmedida por el poder se alcanzan y que por consecuencia violentan derechos fundamentales como la libertad y seguridad personales, en relación con el debido proceso; el derecho a la integridad personal, el derecho a la libre expresión, el derecho a la libre manifestación y la protesta El haber vivido como respuesta a lo que la historia demostró como un nuevo fraude electoral, que transgredió la voluntad popular, que fue continuidad y antesala de delitos como el caso Odebrecht, la estafa maestra, la pirámide, en recurso de la PFP, entre muchos otros que todavía gozan de impunidad, muestran que los regímenes autoritarios no dudarán en aplicar el terrorismo de estado contra la justa inconformidad popular. Quienes decidieron instalar el Estado de excepción, el uso desmedido de la fuerza pública contra manifestantes y transeúntes NO deben seguir sin castigo. La brutal represión del #1DMx operada por Marcelo Ebrard Casaubón, Manuel Mondragón y Kalb, sirvió para la entrega de la CDMX que era corazón de las multitudinarias protestas populares, (cuya característica era lo festivo, familiar y multisectorial) para inhibir y criminalizar la protesta al gobierno de EPN para instalar a sangre y fuego el Pacto del entonces PRD, junto al PAN y PRI (muchos de los cuales están hoy en Morena) e imponer las Reformas Estructurales. Son precisamente ellas, la causa entre otras cosas, del desmantelamiento de los sistemas de salud pública, de la entrega de recursos de la nación, de la renuncia al desarrollo científico y tecnológico, de avance ecocida del Capitalismo Pandémico que nos tiene padeciendo los miles de muertos por Covid19.
La profundización de ese pacto durante el Gobierno de Miguel Ángel Mancera que acumuló más de 600 detenciones ilegales una de las primeras durante su mandato fue la del 10 de junio de 2013 que reiteró la vocación represiva del policía de Peña Nieto en la ciudad, no olvidamos tampoco la ejercida contra la resistencia magisterial contra la #ReformaEducativa de la que quedan prácticamente todos los puntos y comas, el 13 de septiembre al plantón de los maestros fue desalojado del zócalo capitalino y de ahí en adelante sería un patrón vigente como el 2 de octubre 2013, el 1 de diciembre de 2014 en plena huelga de estudiantes politécnicos, entre muchas otras.
Durante el gobierno de Mancera se perfeccionaron las formas de represión, instalando un estado policiaco, utilizando la infiltración, la actuación ilegal de policías encubiertos, la continua ruptura de la cadena de custodia, el fast track en las consignaciones, las salvajes golpizas a detenidos que por lo mismo ya no terminaban como presentados ante el MP, la tortura psicológica, el toqueteo a mujeres, el encapsulamiento, la contratación multitudinaria y sin ningún control de policías, el uso de violatorios “protocolos de contención de multitudes”, en síntesis de capacitación intensiva para reprimir, criminalizar, fabricar delitos, estigmatizar a jóvenes, estudiantes, a todo lo que representara diversidad y disenso a lo establecido. Utilizando facciosamente (con ese propósito estaba diseñado) el Art. 362 Ataques a la paz pública y 287 Ultrajes a la autoridad del Código Penal del entonces DF se negó en los hechos la más importante las garantías del ámbito penal: la presunción de inocencia.
La Reparación Integral venía siendo reconocida como un deber del Estado y un derecho de las víctimas afectadas por las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y/o las violaciones manifiestas a los Derechos Humanos No podrá asegurarse la NO repetición de actos represivos sin el castigo a los responsables de dicho accionar del estado, juicio a policías, mandos, funcionarios y gobernantes, desaparición de cuerpos represivos. Resolución histórica en materia de DDHH en la CDMX Pronunciamiento de la defensa legal y política de víctimas de la represión del #1DMX con relación al procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado en la Ciudad de México Joel Arango Allende fue detenido el 1 de diciembre de 2012 cuando transitaba con su pareja en avenida Reforma, tras oponerse a que le golpearan y detuvieran arbitrariamente a jóvenes y transeúntes por parte de los elementos represivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México, en el Operativo de transición de poderes implementado por los niveles de gobierno local y federal. Luego de ser liberado el 9 de diciembre de 2012 sin que se le comprobara responsabilidad penal alguna, y haber sufrido una serie de violaciones a sus derechos humanos incluyendo actos de tortura, es que un año después inició un procedimiento ante la Dirección General de responsabilidad patrimonial del Estado de la Ciudad de México, por la detención arbitraria, la actividad administrativa irregular, el uso desproporcionado de la fuerza, entre otras.
Así, después de 7 años de litigio, se logró un fallo histórico en materia de Derechos Humanos en esta capital, la Contraloría General de la CDMX, en cumplimiento a una sentencia otorgada por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, ordenó se emitiera una resolución con apego a la recomendación 7/2013 emitida por la otrora CDHDF, resolviéndose entonces que: la detención de Joel Arango Allende, así como su puesta a disposición en el MP y posterior reclusión, fue arbitraria y violatoria a derechos humanos y hacia la dignidad de la víctima; decretando entonces, que la administración actúo de manera irregular, fuera de los parámetros que establecen las leyes que los rigen, por lo que existió actividad administrativa irregular imputable a la Secretaría de Seguridad Pública, hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana; Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General de Justicia y; Secretaría de Gobierno, todas antes del Distrito Federal hoy Ciudad de México. La resolución también fija un criterio estableciendo una diferencia entre la indemnización por la actividad administrativa irregular de las autoridades, de aquella indemnización que también corresponda por violaciones a Derechos Humanos. En otros términos se asume la responsabilidad patrimonial del Estado, es decir, que se cometieron actos de represión.
Aunado a ello también está considerado en la resolución que se turnará la misma para iniciar los procedimientos de investigación para establecer la responsabilidad penal y administrativa que corresponda a las autoridades involucradas en tales actos, tanto de los mandos superiores hasta los elementos policiacos involucrados.
Con esto, no solo se genera un precedente relevante en materia de responsabilidades por actividad administrativa irregular, sino que se reconoce la arbitrariedad y violación a derechos ocurridos en dicho operativo, señalándose también a las autoridades responsables de las violaciones a los derechos y en la esfera personal y jurídica de la reconocida víctima. Cabe destacar que el fallo refiere que la afectación personal, económica, moral y en materia de salud fue “leve”, dado que la víctima es un jardinero, cuya pérdida no es “significativa”, fijando un monto indemnizatorio bajo criterios discriminatorios, y sin contemplar la salud, dignidad ni afectación personal de la víctima. Motivo por el cual se seguirá pugnando por las vías correspondientes dicho fallo, a pesar de lo ya y muy importante logrado en materia de Derechos Humanos. Hoy como ayer con la resolución obtenida se confirma que
PROTESTAR ES UN DERECHO, REPRIMIR ES UN DELITO
Ex presos 1° diciembre 2012 Guadalupe Coutiño Escobar Joel Arango Allende Ángel Peralta Rafael Escalante Ex detenidos 10 de junio 2013 Nancy Cázares Jesús Pegueros Coordinadora 1° de diciembre Wendy Rosaura Cruz de la Rosa Armando Osorio Chulín En representación de la defensa legal Mtro. Andrés Aullet Liga de Abogados 1° de Diciembre
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