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Preocupación internacional por desaparición de Zoila Márquez

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/por: Redacción

CIMAC Noticias
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Preocupación internacional por desaparición de Zoila Márquez
RSF exige que autoridades la encuentren sana y salva
 
Guatemala, 12 dic 13 (Cimacnoticias/Cerigua).- Reporteros sin Fronteras (RSF) denunció la desaparición de la periodista mexicana Zoila Márquez Chiu, colaboradora del sitio web Línea Informativa, quien fue vista por última vez el pasado sábado 7 de diciembre en el estado de Zacatecas.
 
La periodista desapareció cuando se dirigía a un videoclub el pasado sábado y fue alrededor de las 14:00 horas cuando se tuvo contacto por última vez con ella; hasta ahora no se ha encontrado su vehículo ni su familia ha recibido alguna llamada para pedir un posible rescate.
 
RSF dijo esperar que las acciones emprendidas tras la desaparición de la profesional permitan encontrarla a la brevedad posible, sana y salva, y que la respuesta de las autoridades esté a la altura de las demandas de los familiares de Márquez.
 
La organización internacional con sede en Francia afirmó que hasta el momento no existen indicios de un posible plagio de la profesional, aunque algunos medios mexicanos informaron que Márquez habría sido secuestrada por dos hombres y dos mujeres.
 
De acuerdo con la información, un hombre y una mujer amagaron a la periodista, supuestamente con armas de fuego, la obligaron a abrir la puerta de su vehículo y la subieron.
 
El presunto secuestro es investigado por la Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas y según versión de testigos, una camioneta Ford Ecosport color negra le cerró el paso a la periodista, añadió la información.
 
RSF informó recientemente que han desaparecido 18 periodistas en México, siendo los casos más recientes el de Sergio Landa Rosado, del diario Cardel, que desapareció el pasado 22 de enero y el de Gerardo Blanquet, de Radio Grande de Coahuila, cuyo paradero es desconocido desde el pasado 30 de abril.
 
Ninguno de estos casos ha sido resuelto y en alguno de ellos, por sus características, podrían estar involucrados militares o policiales, indicó la organización.
 
En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo que inició de oficio un expediente de queja por el caso de la desaparición de la periodista.
 
Por instrucciones del ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, desde el domingo pasado se estableció comunicación con familiares de la agraviada, quien reside en Zacatecas, para brindarles la asistencia y orientación necesaria en el caso.

Encuentro de Mujeres: Desde lo más hondo de nuestros corazones, no más violencia

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/por:Redaccion

Boletín de prensa
Tlachinollan

Mujeres Me’phaa, Naa’Savi, Naua y mestizas de la Región de La Montaña de Guerrero, reunidas en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer, alzamos nuestra voz para decir ¡Basta de violencia!

En México las mujeres enfrentamos la violencia en diversas formas y espacios. En la Montaña de Guerrero, esta violencia se agrava porque ser mujer, pobre e indígena es motivo de discriminación, exclusión y marginación, y porque históricamente los pueblos indígenas hemos sido objeto de discriminación, lo que consideramos un ejercicio de violencia sistemático.

Nosotras las mujeres del campo y de la pequeña ciudad olvidada en La Montaña de Guerrero sufrimos la violencia del Estado, al interior de nuestras comunidades y familias. En esta región, convivimos cuatro pueblos originarios, la mayor parte de la población somos mujeres y somos indígenas, nuestra región enfrenta grandes rezagos en materia de derechos humanos, el contexto en que vivimos es muestra clara del olvido y la invisibilidad a la que se nos ha condenado, lacerando en mayor grado a las mujeres.

La violencia hacia la mujer es la máxima expresión de la discriminación por nuestra condición de género, menoscaba nuestra dignidad humana y nos impide el goce efectivo de nuestros derechos; es producto del machismo y la discriminación institucionalizados, corroe los espacios en que nos desenvolvemos y genera un ciclo de violencia que se repite y lastima.

A pesar de los avances en materia de los derechos de la mujer, en la práctica el Estado mexicano, especialmente las instancias encargadas de la procuración e impartición de justicia, atención médica y educación carecen de sensibilidad y capacitación en esta materia, lo que impide en la vía de los hechos tener garantías mínimas para acceder a nuestros derechos en condiciones de equidad.

El Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinollan ha documentado de Junio de 2012 a la fecha 353 casos de violación a los derechos de las mujeres, de éstos 119 casos de violencia física, 96 sobre violencia económica, 83 sobre violencia psicoemocional, 11 casos de violación sexual, 2 casos de muerte materna, teniendo como factor común en todos la discriminación que padecen las mujeres al momento de acudir ante las dependencias de gobierno para denunciar estos hechos o solicitar apoyo psicológico y médico.

En medio de este contexto, las mujeres aquí reunidas compartimos historias, nos escuchamos, nos reconocimos como mujeres, nos nombramos mutuamente y ahí encontramos fuerza, en saber que somos mujeres y que mas allá de las diferencias, queda una mirada común, una esperanza común de vivir una vida libre de violencia que nace como un grito desde lo más hondo de nuestros corazones.

Reconocemos que la lucha por vivir una vida libre de violencia no es fácil, es necesario el cumplimiento por parte del Estado de sus responsabilidades en la materia y una sociedad que respete a la mujer como sujeto de derechos; no callar, necesitamos alzar la voz, hacernos escuchar, acompañarnos, denunciar, y exigir que nuestros derechos sean respetados.

Por ello y desde la región de la Montaña de Guerrero nos pronunciamos:

  • Por una vida libre de violencia, plena, digna y con justicia.

  • Por el derecho a decidir libremente sobre nuestras vidas.

  • Por un trato digno en el que se respete nuestra cultura.

  • Por el acceso a una justicia comunitaria sensible y respetuosa.

  • Por una educación sin concepciones machistas ni discriminación en el hogar, en la comunidad, y en las escuelas.

  • Por la revaloración del trabajo de la mujer en el hogar, la comunidad y el Estado.

  • Por la unidad de las mujeres, acompañamiento y apoyo mutuo en la lucha por la erradicación de la violencia.

  • En contra de las agresiones y asesinatos de mujeres que se organizan por el respeto a sus derechos y los derechos humanos de sus pueblos.

  • En contra de la impunidad y la injusticia en casos de violencia contra la mujer.

  • En contra de la discriminación histórica ejercido por el Estado mexicano en contra de los pueblos indígenas que lacera en mayor medida a las mujeres indígenas.

  • Exigimos a los tres poderes del gobierno (ejecutivo, judicial y legislativo) generar acciones concretas para investigar, sancionar y prevenir la violencia hacia las mujeres, poniendo énfasis en la desaparición de Eva Alarcón Ortiz y asesinatos de Fabiola Osorio Fernández, Juventina Villa Mojica, Rocío Mesino Mesino, Ana Lilia García Rómulo.

  • Exigimos la libertad de las mujeres presas por luchar por sus derechos y/o los derechos de sus pueblos, especialmente de Nestora Salgado García.

  • Exigimos justicia para la familia de Juana Espinoza Apolinar mujer indígena Mephaa que murió por el incumplimiento del Estado mexicano de garantizar su derecho a la Salud.

  • Exigimos que las instituciones de salud y educación brinden servicios de calidad en cada una de las unidades médicas, centros de salud, hospitales y escuelas respetando nuestra cultura y el contexto de nuestra región.

  • Exigimos a los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) la implementación inmediata de medidas de protección desde el momento en que una mujer denuncia un hecho de violencia.

  • Exigimos de manera puntual a los Ministerios Públicos actuar con la debida diligencia en los asuntos sobre violencia hacia la mujer o en el que se encuentres involucradas mujeres indígenas.

  • Exigimos que los servidores públicos encargados de procurar y administrar justicia observen los más altos parámetros internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.

  • Exigimos profesionalismo a los medios de comunicación, respeto a nuestro derecho a resguardar nuestra identidad y a no ser evidenciadas públicamente cuando somos víctima de violencia.

Tlapa de Comonfort, Guerrero, a 25 de noviembre de 2013

Atentamente:

Mujeres Mephaa, Na Savi, Nahuas, Mestizas alzando la voz, rompiendo el silencio de la violencia.

ATENCIÓN A PRENSA

Román Hernández Rivas
Área de Comunicación
Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña

Twitter: @Tlachinollan
Facebook: Cdhm Tlachinollan
http://www.tlachinollan.org

Información difundida por el área de Comunicación y visibilidad de Cencos

Reconocen labor de defensoras oaxaqueñas en riesgo‏

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/por:Redaccion

Boletín de prensa
OSC de DH

En el marco del “Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, la defensora zapoteca Silvia Pérez Yescas, una de las fundadoras e integrantes de Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (CIARENA) denuncia los ataques en su contra, y da testimonio del contexto de violencia en el que desempeña su labor en defensa de los derechos de las mujeres indígenas.

Silvia tuvo que salir de su comunidad ante las graves agresiones y amenazas de muerte en su contra por la labor que realiza CIARENA, organización no gubernamental que trabaja con comunidades zapotecas, mixes y chinantecas en una de las zonas más marginadas del estado. En estas comunidades, CIARENA promueve y defiende los derechos humanos de las niñas, niños, jóvenes y mujeres indígenas y desempeña una gran labor en defensa de mujeres víctimas de violencia. La organización ha dado a conocer en diversos espacios nacionales la situación del alto grado de violencia e impunidad que se vive en la región en la que trabajan y es también una de las organizaciones que ha acudido a instancias internacionales a dar cuenta de la grave situación de violencia e impunidad en la región, por ejemplo, en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU; ante el 52 Periodo de Sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en la 57 Sesión de la Comisión de la Condición de la Mujer de la ONU y recientemente ante el Parlamento Europeo.

Sin embargo, la defensa y visibilización de la violencia física contra mujeres; la denuncia de violaciones sexuales a niñas, niños y jóvenes ha traído como consecuencia hostigamiento, persecusión, e incluso intento de asesinato a integrantes de CIARENA, cuya labor ha visto afectados intereses de grupos de poder y grupos caciquiles de la región.

La labor de Ciarena ha sido fundamental y sus integrantes han tenido reconocimientos por su labor como defensoras de derechos humanos, recientemente, el 14 de noviembre de 2013 Claudia Ángel Pérez, una de sus fundadoras y directora general fue galardonada con la “Medalla Alfonso Caso” por la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, presea otorgada a los graduados más distinguidos de los diferentes programas de especialidad y posgrado. Aliciente transcendental y a la vez un compromiso para continuar en la defensa de los derechos humanos y la defensa de los recursos naturales de los pueblos indígenas.

Es así que defensoras y defensores de derechos humanos hacen público el día de hoy el reconocimiento otorgado y piden al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal garantías de seguridad para la defensora Silvia Pérez Yescas y las demás defensoras que integran CIARENA; que los responsables de las agresiones y amenazas de las que ha sido víctima la defensora y su familia sean castigados; funcionamiento cabal de las medidas otorgadas por el Gobierno Federal a través del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas; así como garantías de no repetición para que la defensora pueda volver a su comunidad. Al mismo tiempo, reconocen la necesidad de promover y proteger la labor de organizaciones como CIARENA que buscan contribuir a la erradicación de violencia contra las mujeres en el estado y la preservación de los recursos naturales de los pueblos indígenas.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes: Silvia Pérez Yescas, defensora de los derechos de las mujeres indígenas y fundadora de CIARENA; Claudia Ángel Pérez, Fundadora y Coordinadora General de CIARENA; Yesica Sánchez Maya, Directora Adjunta de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Atziri Ávila, Coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y Alan Mayo Flota, abogado defensor de defensores y periodistas – integrante de Propuesta Cívica.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 25 de noviembre de 2013.

Contacto: Atziri Ávila,Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México
Facebook: Red Defensoras Dh México
Twitter:@RedDefensorasMx

Información difundida por el área de Comunicación y visibilidad de Cencos

Frente a la situación de crisis, ¿Qué pasa en Guerrero?Organización ciudadana y respuesta gubernamental Miercoles 27 nov

Brújula Metropolitana

 

invita a la  conferencia

 

 “Organización ciudadana y respuesta gubernamental”
Frente a la situación de crisis, ¿Qué pasa en Guerrero?

 

Desastres

 

Damnificados Olvidados

 

Policia comunitaria
Manifestaciones y Protestas

 

 impartida por el investigador

 

Mtro. Andrés Rubio Saldivar.
Investigador especializado en la Historia de los Movimientos Sociales radicales,
y en Derechos Humanos desde una perspectiva política.
Forma parte del movimiento para la constituciòn de la

Comisiòn de la Verdad y la Justicia  de la Sociedad Civil para los delitos de Lesa Humanidad
y del Comité Coordinador de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero,
Libros de su autoría: “La Guerrilla como brazo armado dle movimiento social”, La experiencia de Ruben Jaramillo, El Asalto al Cuartel Madero, Lucio Cabañas.  “Policia y Justicia comunitaria de la Costa Chica de Guerrero” “El  movimiento del Charco y la experiancia social,

 

 

y la periodista

 

Molly Kate Goss

 

Reportera independiente de Medios alternativos

 

Licenciada en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California,en Santa Cruz EUA
que presentara su experiencia y material fotografico de su reciente visita a  Guerrero

https://www.facebook.com/molly.k.goss
https://www.facebook.com/mexicocityindependentmedia?fref=ts

 

 

Miércoles 27 de noviembre del 2013 a las 19.00 hrs. 
Lugar: Alvaro Obregón 240,  “edif Mercurio”a unos metros de Insurgentes, col. Roma
(parada de metrobus Alvaro Obregón)
ENTRADA LIBRE
Informes: 04455-35-68-52-00, kakumei2006@gmail.com
AQUI PUEDES VER LOS VIDEOS DE LAS ULTIMAS CONFERENCIAS DE BRUJULA, ¡COMPARTELAS!
SI NECESITAS Servicios de IMPRESION:facturas, volantes, carteles, papeleria llamanos:
 Calidad y Servicio oportuno.! Somos Resistentes, Apoyan

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas admite cuatro casos acompañados por CADHAC‏

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/por:Redacción

Matrix Noticias
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Boletín de Prensa
Cadhac

  • Alta instancia de la ONU admite casos de cuatro personas desaparecidas en Nuevo Leon

  • Pedirá al gobierno mexicano que investigue y proporcione información sobre Nuevo León

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, de la Organización de las Naciones Unidas, informó el día de ayer que los casos de cuatro personas, presentados por CADHAC, fueron admitidos para darles seguimiento.

Los casos son los referentes a las desapariciones forzadas de los señores Adán Ramos, Honorio Badillo Gómez, Carlos Enrique Ruiz Núñez y Mario Alberto Coronado Rangel.

Con este objeto, el Grupo recibe y examina los informes sobre desapariciones presentados por los parientes de las personas afectadas o por organizaciones de derechos humanos que actúan en su nombre. Tras verificar si esos informes cumplen determinados criterios, el Grupo de Trabajo transmite los casos al gobierno correspondiente, en este caso al gobierno mexicano, para solicitar que se realicen indagaciones y que le informen sobre sus resultados.

El Grupo de Trabajo actúa esencialmente como cauce de comunicación entre las familias de las personas desaparecidas y los gobiernos, y viene sosteniendo con éxito un diálogo con la mayoría de los gobiernos interesados, con miras a resolver los casos de desaparición.

Adán Ramos y Honorio Badillo Gómez* fueron vistos por última vez en el 2011, en el municipio de Pesquería, Nuevo León, presuntamente fueron privados de su libertad por policías municipales. Carlos Enrique Núñez fue visto por última vez en el 2010, en Monterrey, Nuevo León y al parecer desapareció a manos de policías federales.

Mario Alberto Coronado Rangel fue visto por última vez en el 2012, en el municipio de Apodaca, Nuevo León y se sospecha que fue privado de su libertad por agentes ministeriales de Apodaca.

Sin duda, se trata de un paso adelante en la búsqueda de la verdad y la justicia en los casos de estas personas, pues el Grupo de Trabajo se encarga de auxiliar, a través de sus buenos oficios, a los familiares de las personas desaparecidas a conocer la suerte y el paradero de sus seres queridos. Esperamos que la actividad del Grupo de Trabajo sume positivamente a los esfuerzos desplegados por las familias y por esta organización y que pronto se conozca el paradero o la suerte de estas cuatro personas.

* El mes junio de este año, la familia de Honorio Badillo fue notificada por el Agente de Ministerio Público de la identificación por ADN que resultó positiva

10 de octubre de 2013
Boletín de Prensa No. 1310/31

 ____________________

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista, y sin fines de lucro, comprometida con la igualdad y la no discriminación, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos en Nuevo León.

Fuente: Cadhac

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Indígenas desplazadas exigen liberación de guardias comunitarios

STAFF:Matrix Noticias/Cimacnoticias/CanalMatrix/Por: Redacción

CIMAC Noticias
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VIOLENCIA
Indígenas desplazadas exigen liberación de guardias comunitarios
Relatan maltratos del narco y Ejército en Aquila, Michoacán
 
México, DF, 31 ago 13 (Cimacnoticias).- En los últimos años las agresiones, extorsiones y violaciones a Derechos Humanos (DH) que comete el crimen organizado van en incremento, sin que las autoridades aseguren a la población sus garantías más básicas, como el derecho a una vida digna.
 
Ante la ausencia del Estado, integrantes de comunidades rurales e indígenas históricamente marginadas decidieron hacer el trabajo que no hacen sus gobernantes y defender su vida, su territorio y sobre todo su dignidad, conformándose en grupos de autodefensa y guardias comunitarias.
 
Tal es el caso de San Miguel de Aquila, Michoacán, pueblo de poco más de 20 mil habitantes –en su mayoría indígenas de origen náhuatl–, donde operaba la mina de hierro “Las Encinas”, que hasta hace poco era explotada por la empresa transnacional Ternium sin que ésta pagara a las y los comuneros (dueños de las hectáreas donde se realizaba la extracción) el precio justo por sus labores.
 
Cimacnoticias entrevistó a mujeres indígenas de esa región que fueron desplazadas y ahora están en la capital del país en demanda de que sean liberados 45 integrantes de la guardia comunitaria detenidos por el Ejército el pasado 14 de agosto.
 
Todos ellos fueron llevados tanto al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Perote, Veracruz, como al penal de Morelia, Michoacán.
 
Venciendo el temor a ser agredidas por las fuerzas de seguridad o grupos criminales en su trayecto desde Michoacán, 18 mujeres y cinco hombres de Aquila llegaron a esta ciudad el 16 de agosto en uno de los dos camiones que transportaron a 70 miembros de la comunidad, para exigir al gobierno federal la puesta en libertad de los miembros de la guardia comunitaria.
 
A decir de las esposas, madres, hijas y hermanas de los detenidos –de quienes se reservan sus nombres por razones de seguridad–, los guardias fueron arrestados sin orden de aprehensión y acusados de los delitos de delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y uso de cartuchos.
 
Estas 18 mujeres resisten en una ciudad desconocida con la comida y resguardo que les brindan en sus sedes organizaciones civiles y estudiantiles que apoyan su lucha. Ellas forman parte del grupo que se quedó en el DF, luego de que el resto de habitantes de Aquila viajó a Morelia, Michoacán, el pasado 20 de agosto para exigir la liberación de cinco líderes comuneros acusados de diversos delitos.
 
Las indígenas explicaron que por ahora lo que buscan es obtener los recursos para pagar las fianzas de 19 guardias recluidos en el Cereso de Perote.
 
“LA GOTA QUE DERRAMÓ EL VASO”
 
Entre el grupo hay jóvenes embarazadas que se niegan a que sus esposos estén en prisión cuando nazcan sus hijos, pues se los llevaron “por querernos defender”.
 
“Si defender nuestros derechos, nuestra vida, nuestras tierras y lo que nos pertenece es un delito, entonces sí merecemos estar en la cárcel y hasta que nos metan a juicio”, sentenció uno de los pobladores que las acompaña.
 
Y es que la guardia comunitaria llamada “Aquila libre” surgió en junio pasado porque “la gota que derramó el vaso” tras años de extorsiones, amenazas, y hostigamientos del crimen organizado, fue que comenzaron a violar “a las mujeres del pueblo”.
 
“Llegaban y te decían: ‘Me gusta tu mujer, me la vas a prestar un ratito en lo que bañas a tu hija porque al rato vengo por ella’”, contó uno de ellos.
 
Una de las mujeres dijo que fue en ese momento que las y los habitantes se reunieron para tomar en sus manos el asunto. “Eso ya no era vida, no es vida, no podíamos ir ni a las tortillas, vivíamos con el miedo de que fuéramos la siguiente, vivíamos esperando que llegaran a cobrar las cuotas, siempre fuimos un pueblo tranquilo pero todo eso se acabó”.
 
Recordó que San Miguel de Aquila siempre fue extorsionado y saqueado por su riqueza mineral, si uno de los Comisariados decidía no apoyar a las empresas mineras y procurar más recursos para el pueblo “era asesinado, simplemente aparecía muerto”, pero –relató– se podía vivir, caminar, ir a misa, “tener una vida”.
 
Con el paso del tiempo el crimen organizado se volvió más fuerte y llegó un momento en el que las y los comuneros tenían que pagar una cuota de hasta 700 mil pesos al mes “para que según nos protegieran, pero aún así se robaron una pipa, un tanque, nos atacaban más; ya pagábamos para que nos robaran”.
 
También narró que antes de que se conformara la guardia comunitaria buscaron la ayuda estatal, pero nunca les hizo caso. Si iban al Ministerio Público ya no regresaban a sus casas: “Cuando acudías a denunciar salías y alguien ya te estaba esperando, muchos compañeros desaparecieron así, fueron a denunciar y ya no volvieron”.
 
“Yo no entiendo al gobierno, no te defiende y no deja que te defiendas, no hicimos nada malo, ni nada ilegal, se dijo que teníamos armas de uso exclusivo del Ejército, pero no eran nuestras, sólo teníamos pistolas pequeñas que te permiten tener por ley, además de piedras y machetes; eso no usa el Ejército”, aclaró otro habitante de Aquila.
 
DÍA DE TERROR
 
Todas las mujeres dijeron que el 14 de agosto fue un día “aterrador”. Esa mañana vieron pasar a los camiones de los “gois” (policías del gobierno estatal) y las camionetas del Ejército.
 
“Pensamos que venían a ayudar, que por fin nos hacían caso, nos llevamos una gran sorpresa cuando vimos que no fue así. Comenzaron a agarrar a los compañeros, al que veían con playera lo subían a su camioneta y si se resistía le pegaban.
 
“Estábamos en el auditorio donde nos reuníamos, unas estábamos de guardia en la cocina porque acordamos calendarios para ayudarnos entre todas y darles de comer a los compañeros; vimos llegar a los militares y por un momento nos alegramos, luego empezó la violencia y el susto.
 
“Hay compañeras que estaban embarazadas, pero no les importó, agarraron parejo; nos decían que no nos metiéramos y si una se acercaba a ayudar a su compañero le daban un empujón, yo tengo moretones de ese día.
 
“Empezaron con los del auditorio, pero luego se fueron con los que andaban en la calle; unas se escondieron, yo agarré unas piedras para darles; se estaban llevando a mi familia, pero no lo logré; están presos sólo por defendernos, por hacer lo que ellos no hicieron en años”.
 
Ante la ausencia de sus compañeros y con el miedo de permanecer en su comunidad –donde incluso el 21 de agosto dos integrantes de la guardia que no fueron aprehendidos fueron asesinados al parecer por el Ejército y la Marina–, estas mujeres se armaron de valor para luchar por la liberación de las personas que aman.
 
Ahora además del silencio de las dependencias federales que no se han pronunciado a su caso, estas mujeres se enfrentan al desplazamiento, no tienen un lugar seguro donde dormir, y tampoco tienen un lugar a donde regresar; tienen miedo de que la protesta lejos de tranquilizar el problema las exponga a más agresiones.
 
“Yo quiero regresar a mi tierra, es mi pueblo, es mi casa, allá está mi vida, pero no veo cómo, tengo miedo; además en Aquila ya no hay nadie, todas las familias nos fuimos, huimos de allá, los pocos que quedan son los que están con esos grupos (del crimen organizado)”.
 
Además de la liberación de sus 45 compañeros, este grupo de comuneras y comuneros exigió la intervención de la Policía Federal en Aquila, pues son “a los únicos a los que todavía les tenemos confianza”, así como que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronuncie sobre las múltiples violaciones a las garantías humanitarias de las que son víctimas.

Reclaman transparencia en casos de violencia en Colima

STAFF:Matrix Noticias/Cimacnoticias/CanalMatrix/Por: Glenda Libier Madrigal, corresponsal

CIMAC Noticias
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VIOLENCIA
Reclaman transparencia en casos de violencia en Colima
Procuraduría no da seguimiento a los asesinatos de mujeres
 
Colima, 31 ago 13 (Cimacnoticias/MUPAC).- El Centro de Apoyo a la Mujer “Griselda Álvarez” (CAM) manifestó la necesidad de que la Procuraduría de Justicia de Colima emita un informe puntual y completo sobre la cantidad de denuncias que han interpuesto las mujeres por agresiones de cualquier tipo.
 
Lo anterior, porque a la fecha no se conocen las estadísticas oficiales basadas en números reales sobre las denuncias que esa dependencia ha recibido y, por tanto, no se pueden establecer parámetros fidedignos sobre la violencia de género en la entidad, ni poner en marcha programas y acciones que permitan atacar el problema de manera más efectiva.
 
De acuerdo con datos del CAM con base en notas periodísticas, en Colima han ocurrido 79 casos de feminicidio en los últimos 10 años (de 2003 al mes de agosto de 2013). En los ocho meses de este 2013 se han perpetrado 12 asesinatos de mujeres; en 2012 fueron 18 y en 2011 se contabilizaron 19.
 
Sin embargo, la directora del CAM, Carmen Nava Pérez, dijo que si bien ellas tienen catalogados como feminicidio estos casos de asesinatos de mujeres, no existe de parte de la autoridad una información que avale que, efectivamente, se trata de este delito, pues las notas periodísticas sólo quedan en el informe y no hay un seguimiento sobre cómo lo investigó y tipificó la procuraduría.
 
El próximo 10 de octubre el CAM cumplirá 30 años de ser la primera instancia de asistencia a las mujeres víctimas de violencia en el país.
 
Nava Pérez adelantó que se solicitará al gobernador Mario Anguiano Moreno que ordene a la procuraduría que abra sus expedientes e informe a los organismos civiles y a la sociedad sobre los casos de violencia denunciados por las colimenses.
 
La activista informó que según los datos del CAM, una de cada cuatro usuarias ha vivido violencia física, y una de cada tres refiere violencia sexual.
 
En la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2011, Colima se ubicó en el primer lugar nacional en violencia sexual contra las mujeres, registrando el 10.1 por ciento de incidencia, frente a la media nacional de 7.3 por ciento.
 
Sin embargo, la titular del CAM explicó que la violencia sexual es la menos denunciada por las mujeres, ya que muchas veces las víctimas no la identifican.
 
Próximo a sus 30 años de existencia, el CAM sostuvo que su principal logro fue hacer visible la violencia contra las mujeres a partir de conformarse como centro de atención en 1983, cuando el tema no existía en la agenda pública y prácticamente era un delito hablar de él.

Imparable la trata de personas en destinos turísticos

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/por:Redacción

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VIOLENCIA
Imparable la trata de personas en destinos turísticos
Acapulco, Cancún y Puerto Vallarta, focos rojos
 
México, DF, 16 ago 13 (Cimacnoticias).- La trata de personas, especialmente con fines de explotación sexual, en zonas turísticas va en incremento frente a la mirada omisa de las autoridades.
 
El Observatorio de Violencia Social y Género, dependiente de la Universidad del Caribe, divulgó este año un diagnóstico sobre cuatro puntos turísticos (Acapulco, Cancún, Riviera Maya y Puerto Vallarta), donde se ha detectado la existencia de redes de trata de mujeres, niñas y niños.
 
Identificó que dentro de los principales factores que propician que más mujeres y niñas sean “enganchadas” (atrapadas por las redes de trata) están la falta de alternativas de estudio y trabajo, el escaso acceso a educación, una marcada condición de pobreza y discriminación, y la indolencia de las autoridades.
 
El estudio señala que la trata de personas es un fenómeno cuya base principal es la vulnerabilidad social, y destaca que según el informe sobre trata de personas 2010 de la Procuraduría General de la República (PGR), el 90 por ciento de los delitos se concentran en 18 entidades, entre ellas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Distrito Federal, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
 
Puntualiza que no se puede conocer la dimensión real de la problemática, ya que no existen cifras oficiales sobre las personas atrapadas en esas redes, pero destaca que de acuerdo con un reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos en 2005, se estimó que hay cerca de 21 mil víctimas de explotación sexual infantil en México.
 
Según la investigación, en el caso de Acapulco la trata de personas mejor organizada es la que tiene fines de explotación sexual comercial, seguida por la mendicidad y luego el trabajo forzado.
 
Entre las condicionantes de la trata está la pobreza en la que viven las víctimas, así como una historia de agresiones sexuales a temprana edad, y la omisión de las autoridades, las cuales incluso llegan a recibir “cuotas” por encubrir a los traficantes.
 
A Acapulco se han sumado “las nuevas formas de promoción de mujeres jóvenes en la actividad turística” a través de congresos y convenciones con “paquetes sexuales”. Se estima que al menos mil niñas y niños están en esta situación.
 
Cancún y la Riviera Maya fueron identificados como los destinos turísticos más importantes de México, donde “la trata de personas sufrió un crecimiento inusual en los últimos años, y es visible a través de ofertas de paquetes de viaje que incluyen servicios sexuales”.
 
La principal forma de explotación identificada es la sexual comercial infantil junto con la prostitución forzada.
 
En esa situación –sostiene la investigación– es frecuente encontrar a jóvenes y mujeres adultas “enganchadas” al negocio de la prostitución a través de redes estructuradas, y existen dos perfiles: las mexicanas, originarias de localidades pobres, y las extranjeras que son atraídas con engaños y promesas de trabajo falsas.
 
“El sistema de ‘enganche’ involucra ofrecer y obligar a las mujeres a prostituirse gracias a las altas deudas de viaje generadas, y a compromisos morales con los familiares y personas que las insertan en la red”, asienta el informe.
 
En Cancún y la Riviera Maya también hay redes de mendicidad integradas por mujeres y algunos hombres indígenas, provenientes sobre todo de Chiapas y Guatemala.
 
Finalmente, sobre Puerto Vallarta la investigación arrojó que la explotación sexual infantil y juvenil se presenta como “un fenómeno creciente en grados alarmantes, aparece fuera de control y en aumento”.
 
Para este polo turístico también fueron identificadas como condicionantes la extrema pobreza, la marginación e ignorancia. También se identificó la “entrega de niños” o casamientos por conveniencia con niñas menores  de edad.
 
Entre las principales víctimas se encuentran mujeres que son explotadas por sus propias parejas, y muchas de ellas provienen de los estados más pobres del país con importante población indígena.
 
“Son personas que por antecedentes históricos y culturales consideran esta forma de vida como normalizada”, señala el reporte.

Sin cifras claras sobre feminicidios en México por negligencia de autoridades: INEGI

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/por: Redaccion

Matrix Noticias
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Palacio Legislativo, 03-08-2013 (Notilegis).- El vicepresidente de Información Demográfica y Social del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Félix Vélez Fernández, señaló la urgencia de que las instancias de procuración de justicia procesen el delito de feminicidio como tal, para visualizar la verdadera dimensión del fenómeno.

El funcionario participó esta semana en una reunión de trabajo en San Lázaro con la Comisión de Igualdad de Género, presidida por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena (PRD).

En ese encuentro aseguró que, de acuerdo con información de instancias judiciales, en 2012 no se registró ningún feminicidio en el país, aun cuando se reportaron al menos dos mil 774 asesinatos de mujeres y 28 entidades federativas lo tienen tipificado.

“El año pasado se reportaron cero (feminicidios), porque si matan a una mujer pueden considerar que es un feminicidio o que es un homicidio; si se procesa como homicidio, ya no aparece en las estadísticas como feminicidio”, explicó.

Vélez Fernández comentó que es necesario que los registros judiciales indiquen si las mujeres fueron ultimadas por razones de género, para que en la información de prevalencia incidencial delictiva se puedan conocer la tasa real de feminicidios.

“En los Ministerios Públicos, el poder judicial de los estados, es importante impulsar que cuando un asesinato de una mujer es un feminicidio, se tipifique como tal, aunque procesalmente sea más complicado, porque, de lo contrario, se invisibiliza el fenómeno”, afirmó.

Agregó la necesidad de que los diputados impulsen políticas públicas que promuevan el procesamiento del feminicidio y su adecuado registro, para poder ver reflejada en las estadísticas la verdadera dimensión de este delito.

A seis años de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia –que define la violencia feminicida y reconoce legalmente la violencia contra la mujer–, cuatro entidades (Baja California Sur, Sonora, Michoacán y Chihuahua) no han tipificado el feminicidio como delito.

Esta semana el Inegi dio a conocer que en 2012 se registraron 26 mil 037 homicidios en México, de estos, 23 mil 040 fueron hombres, dos mil 774 mujeres y 223 de personas cuyo sexo no fue identificado, lo que representó una reducción en relación al año anterior.

En 2011 hubo en todo el país 27 mil 213 homicidios, 24 mil 257 de hombres, dos mil 693 de mujeres y 263 no especificados.

Las cifras se derivan de información sobre las estadísticas vitales captada de registros administrativos generados por las entidades federativas y contiene registros de 4 mil 700 Oficialías del Registro Civil y mil 107 Agencias del Ministerio Público que mensualmente proporcionan información al Inegi.

El asesinato de Oscar Samuel Malpica Uribe

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/Por: Redacción

Nació en la ciudad de Atlixco, Puebla. Obtuvo la licenciatura en Antropología y la maestría en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Se traslada a la ciudad de Puebla y se dedica a la investigación en el Instituto de Ciencias, en el Departamento de Investigaciones Históricas del Movimiento Obrero dela BUAP
Fue fundador del Ecomuseo de Metepec y por esta investigación y rescate del patrimonio obrero, recibió el Premio Nacional Francisco de la Maza del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Salida de los obreros de la fábrica de Metepec, es una película que también fue rescatada por el investigador y restaurada en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Obtuvo para el Ecomuseo el archivo personal de Luis N. Morones, dirigente de la Confederación Obrera Mexicana; y secretario de Industria, Comercio y Trabajo en el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles.

Discovery Channel le grabo un video acerca de los Mayas.
Su última aparición pública tuvo lugar el pasado sábado 29 de junio, durante la inauguración de la exposición Metepec: hilando su historia, montada por académicos del Departamento de Investigaciones Históricas del Movimiento Obrero (DIHMO) en el Ecomuseo del Centro Vacacional del IMSS.

Samuel Malpica Uribe fue asesinado al filo de las 22:15 horas del 2 de Julio, afuera de su casa, ubicada en Río Nazas 5923, colonia Jardines de San Manuel. Samuel vestía de manera informal, con un pantalón corto y sandalias.

Descanse en Paz

Llaman a Inmujeres a impulsar AVG para Morelos

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Redacción

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VIOLENCIA
Llaman a Inmujeres a impulsar AVG para Morelos
Comisión Permanente critica desinterés de autoridades
 
México, DF, 3 jul 13 (Cimacnoticias).- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión llamó al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) a promover la procedencia de una Alerta de Violencia de Género (AVG) para el estado de Morelos.
 
El pasado 26 de junio, en votación económica, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Inmujeres, en su papel de Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), a que “analice la factibilidad y procedencia de dar inicio al procedimiento legal para emitir la declaratoria” de AVG en la entidad.
 
Al mismo tiempo se exhortó a la Procuraduría General de la República (PGR) a que, de resultar legalmente procedente, coadyuve con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos (PGJ) a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), en las investigaciones de los casos de feminicidio registrados recientemente.
 
El punto de acuerdo deriva de la propuesta presentada el pasado 12 de junio por los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía y Ricardo Monreal, de solicitar a la Secretaría de Gobernación (Segob) que iniciara el procedimiento para emitir la declaratoria de AVG para Morelos, misma que fue turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia del Senado, para su estudio y dictamen correspondientes.
 
Ambos legisladores afirmaron que ante los asesinatos de mujeres –que ascienden a 23 casos de enero a mayo de 2013–, la respuesta de las “autoridades de los tres niveles de gobierno ha sido prácticamente nula, además del poco interés e información registrado sobre este tipo de hechos”.
 
Al dictaminar el punto de acuerdo, la Primera Comisión consideró que la reglamentación de la AVG marca que la solicitud debe ser presentada ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema, por ello decidió enfocar el exhorto al Inmujeres.
 
Tras la aprobación del punto de acuerdo, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) emitió un comunicado para llamar a los funcionarios federales a tomar conciencia de la gravedad de la violencia feminicida, como un primer paso para promover acciones para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
 
El pasado 15 de abril, ante la negativa del gobernador Graco Ramírez de conceder una audiencia a las organizaciones civiles sobre el tema, la CIDHM envió una carta a Enrique Peña Nieto para solicitar la declaratoria de AVG, misma que sólo fue turnada a la Segob para que “fuera atendida a la brevedad”.
 
La organización dijo que dará seguimiento a la solicitud de la Comisión Permanente al Inmujeres, para “evitar que una vez más quede en una declaración” el compromiso de erradicar la violencia de género.
 
La CIDHM agregó que de negarse a desplegar las acciones necesarias para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género, las autoridades darán muestra de un desfase absoluto a sus declaraciones previas en las que aseguraban que harían transversal la perspectiva de género en la nueva administración, y que se llegó a plantear como un eje en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.
 
Este llamado legislativo se suma al de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancias que en mayo pasado llamaron al gobierno de Morelos a atender, esclarecer y sancionar la grave ola de violencia de género en la entidad.
 
La CIDHM tiene el registro de 122 casos de feminicidio de 2000 a 2005, cifra que se duplicó de 2006 a 2012, toda vez que en ese periodo se registraron 235 casos. Los cuerpos de las mujeres han sido abandonados en calles, terrenos baldíos, barrancas, zonas de construcción y cuartos de hotel, o encontrados en “casas de seguridad”.

Violencia y VIH: combinación mortal en Puebla

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Anaiz Zamora Márquez

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REPORTAJE
Violencia y VIH: combinación mortal en Puebla
Más mujeres adquieren el virus por violaciones de sus parejas
 
Sin datos oficiales al respecto, los casos VIH/Sida entre las poblanas aumentan ante el recrudecimiento de la violencia sexual que sufren en su propio hogar.
 
En Puebla, los altos índices de violencia intrafamiliar y de casos de VIH/Sida en las mujeres van de la mano.
 
De acuerdo con estudios de la Universidad Iberoamericana (UI) campus Puebla, una de las consecuencias más severas de la violencia en el hogar en esa entidad del centro de México es el incremento en el número de mujeres que adquieren VIH/Sida.
 
Karina Adame Márquez, maestra en Ciencias Sociales y coordinadora del Programa de Género y VIH del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría –adscrito a la UI–, advierte que hay un aumento en el número de mujeres casadas y en una relación estable de pareja, que adquieren el virus.
 
Destaca que tal situación es “inusual”, pues generalmente existe la idea que son las adolescentes y mujeres jóvenes las que tienen mayor riesgo de contraer el padecimiento, debido a la falta de información en prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS).
 
Según el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida), de cada cuatro personas con la enfermedad a nivel nacional, una vive en Puebla.

Además, de los 7 mil 220 casos registrados en la entidad de 1983 a 2012, mil 627 corresponden a mujeres, por lo que actualmente en el estado por cada tres hombres hay una poblana con VIH/Sida.
 
La mayoría de las mujeres con la enfermedad tiene entre 30 y 40 años de edad; en más del 90 por ciento de los casos la vía de transmisión del virus fue la sexual.
 
En su reporte “Vigilancia epidemiológica de casos de VIH/Sida en México”, que abarca todos los casos confirmados de la adquisición del virus hasta la semana 52 de 2012, Censida ubica a Puebla como uno de los estados con más incidencia de la enfermedad.
 
La entidad ocupa el quinto lugar a nivel nacional con el mayor número de casos de VIH/Sida, sólo superada por el DF, Estado de México, Veracruz y Jalisco.
 
RELACIONES SEXUALES FORZADAS
 
Las investigaciones del Programa Género y VIH del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría detectan que el incremento de casos de mujeres con VIH en Puebla se debe a la violencia intrafamiliar que históricamente padece la población femenina en el estado.
 
A lo anterior –de acuerdo con el estudio que lleva a cabo la UI– se suma la inacción de las autoridades estatales para brindar información sobre cómo detectar y prevenir la violencia doméstica, toda vez que las poblanas perciben como “normal” que sus parejas las violenten y que incluso las obliguen a tener relaciones sexuales contra su voluntad.

Karina Adame agrega que las mujeres casadas –en el rango de edad de mayor incidencia– no cuestionan las decisiones sexuales de sus parejas, y no consideran la posibilidad de exigir el uso de algún método de prevención contra las ITS.
 
“Persiste en ellas la idea del amor romántico e incondicional, lo que las lleva a depositar confianza absoluta en su pareja, pues piensan que él es incapaz de dañarlas o engañarlas”, y por tanto se incurre en una falta de prevención contra el VIH/Sida, puntualiza.
 
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) correspondiente a 2011, revela que 45.2 por ciento de las mujeres de la entidad con una relación sentimental (noviazgo, matrimonio o concubinato), reportó que su pareja usó alguna vez la fuerza física para obligarlas a tener relaciones sexuales.

La misma encuesta identifica que la violencia intrafamiliar y de pareja se manifiesta en otras “agresiones brutales”, toda vez que 42.6 por ciento de las poblanas dijo que su compañero alguna vez trato de “amarrarla, asfixiarla, ahorcarla o agredir con un cuchillo o navaja”.

SUBREGISTRO DE CASOS
 
Karina Adame advierte que además de estar sometidas a esta violencia extrema y de verse obligadas a tener relaciones sexuales,  muchas poblanas desconocen si adquirieron VIH/Sida, por lo que hay un subregistro de casos de mujeres con el padecimiento.
 
Igualmente, los registros de las autoridades de salud sobre la incidencia del padecimiento no toman en cuenta las condiciones en las que la población femenina adquirió el virus (es decir si la transmisión fue por violencia sexual).
 
En días recientes, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos sección Puebla alertó sobre la falta de “cifras reales” en torno a las muertes de mujeres por VIH/Sida en el estado, toda vez que en las actas de defunción o los registros hospitalarios “no se menciona o se esconde el motivo del fallecimiento”.
 
Adame concluye que la situación de violencia se agrava entre las mujeres indígenas y migrantes en la entidad, por lo que el número de casos femeninos de VIH/Sida puede ser todavía mucho mayor.

Aprueban hasta 60 años de prisión por feminicidio en NL

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Anaiz Zamora Márquez

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VIOLENCIA

Aprueban hasta 60 años de prisión por feminicidio en NL
Asesinatos de mujeres se han multiplicado 22 veces

México, DF, 31 may 13 (Cimacnoticias).- El Congreso de Nuevo León (NL) aprobó por unanimidad la tipificación del feminicidio –que en 2012 cobró la vida de 132 mujeres–, y estableció sanciones de hasta 60 años de prisión al que asesine a una mujer por “conductas de género”.

Lo aprobado ayer agrega al Código Penal estatal el Título Décimo Quinto Bis referente a los “Delitos contra la Igualdad de Género y la Dignidad de la Mujer”, que dedica un capítulo para definir el delito de feminicidio.

El nuevo artículo 331 bis 2 define que “el homicidio será considerado feminicidio cuando por conductas de género, ya sea por acción u omisión, se prive de la vida a una mujer”.

Turnado por la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, el dictamen estipula que el feminicidio será identificado bajo tres circunstancias: cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; haya evidencia de cualquier tipo de violencia contra la víctima, y cuando se cometan actos infamantes, degradantes o mutilaciones antes o después de la muerte.

A quien cometa feminicidio se le impondrá una sanción de 25 a 50 años de cárcel y una multa de 4 mil a 8 mil cuotas (importe del salario mínimo general más bajo).

Además, si entre el agresor y la víctima hubo una relación sentimental o afectiva la pena será de 30 a 60 años de prisión, además de que perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio (herencia).

Dentro del mismo capítulo se establecen sanciones de 3 a 8 años de prisión y multa de 500 a mil 500 cuotas para el servidor público que retarde o entorpezca la procuración o administración de justicia.

El dictamen aprobado –resultado de la conjunción de las iniciativas presentadas por el diputado perredista Erick Godar, organizaciones civiles estatales, y el gobernador Rodrigo Medina–, también  modifica el Código de Procedimientos Penales y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el estado.

En la legislación estatal se define a la violencia feminicida como “la forma extrema de violencia de género, producto de la violación de sus Derechos Humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta”.

A partir de información proporcionada por la Procuraduría de Justicia de NL, en 12 años los asesinatos de mujeres se multiplicaron 22 veces, toda vez que mientras en el año 2000 se registraron 6 casos, para 2012 la cifra se elevó a 132.

En 2009 grupos civiles de la entidad solicitaron al gobierno federal la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, pero fue negada.

Ante la Corte IDH los casos de tortura de Juan García Cruz y Santiago Sánchez Vs México

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/Por: Redacción

Difusión México D.F., 9 de mayo de 2013

Boletín de prensa CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el Caso No. 12.288, García Cruz y Sánchez Silvestre, México.

Los hechos de este caso se refieren a la detención ilegal y tortura de Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre, así como por sus posteriores condenas a 3 años y 40 años de prisión, como consecuencia de dos juicios penales en los que no se observaron las garantías del debido proceso, en particular por la utilización de sus confesiones obtenidas bajo tortura y por la falta de investigación y sanción de los hechos denunciados.

Desde las primeras diligencias de investigación en junio de 1997, y durante el proceso en su contra, García Cruz y Sánchez Silvestre denunciaron en repetidas ocasiones ante las autoridades judiciales pertinentes haber sufrido lesiones por parte de agentes estatales durante sus declaraciones ministeriales con la finalidad de que aceptaran su culpabilidad en los hechos respecto de los cuales se les procesaba. No obstante, las autoridades ministeriales o judiciales no iniciaron una investigación con base en los certificados médicos y las denuncias recibidas. Fue recién en 2002 que se inició una investigación previa con respecto a presuntas lesiones, la cual habría concluido debido a que Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre no interpusieron una querella criminal.

Las víctimas fueron investigadas y procesadas en dos causas penales tramitadas sobre la base de las mismas declaraciones ministeriales, en las cuales manifestaron que la detención no se realizó en el lugar indicado por los policías judiciales que la practicaron; y que fueron lesionados y torturados por aquellos. Dichas declaraciones fueron consideradas por el poder judicial a la luz de su presunta culpabilidad y colocando la carga de la prueba en su contra, en contravención con el principio de presunción de inocencia. Asimismo, dentro de las etapas iniciales de dichos procesos los señores García Cruz y Sánchez Silvestre no fueron asistidos adecuadamente por el defensor de oficio, lo que ocasionó violaciones a su derecho de defensa.

El caso se envió a la CorteIDH el 17 de marzo de 2013 porque la Comisión consideró que el Estado no cumplió con las recomendaciones contenidas en su Informe de Fondo sobre el caso. En dicho informe, la Comisión Interamericana recomendó al Estado que realice una investigación judicial completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, con el objeto de investigar las violaciones a la integridad personal y a la libertad personal cometidas en contra de García Cruz y Sánchez Silvestre; que adopte medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole, con el objeto de adecuar la legislación y las prácticas mexicanas a los estándares interamericanos en materia de tortura; que adopte las medidas necesarias para revisar la validez del proceso penal seguido en perjuicio de García Cruz y Sánchez Silvestre, en virtud de los derechos que le fueron conculcados, especialmente el valor probatorio dado a las confesiones rendidas por las víctimas bajo efectos de tortura; reparar plenamente a García Cruz y Sánchez Silvestre incluyendo tanto el aspecto moral como el material, por las violaciones de los derechos humanos aquí establecidas; y adoptar medidas para prevenir la repetición de hechos similares a los relacionados con el presente caso.

Con posterioridad al envío del caso a la CorteIDH, el Estado de México presentó información sobre avances en relación con las recomendaciones emitidas por la CIDH en el Informe de Fondo de este caso. Según esta información, el 11 de abril de 2013 fue revocada la sentencia condenatoria en perjuicio de las víctimas, y el 18 de abril de 2013 se decretó su liberación y se ordenó la cancelación de sus registros penales. Estas acciones fueron consecuencia de una sentencia de amparo del 25 de marzo de 2013, que instruyó a la autoridad judicial competente a declarar nula la sentencia contra García Cruz y Sánchez Silvestre y a dictar otra en su lugar, considerando el derecho de las víctimas a una adecuada defensa, que la confesión fue obtenida por medio de la tortura, y que la declaración de los agentes del Estado que realizaron el arresto carece de eficacia como prueba testimonial.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos y elegidas por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Reportaje de Contralínea sobre García Cruz y Sánchez Silvestre

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Indolencia oficial ante feminicidio en NL

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Anaiz Zamora Márquez

CIMAC Noticias
CIMAC Noticias

REPORTAJE
Indolencia oficial ante feminicidio en NL
Asesinatos de mujeres se multiplican y prevalece la impunidad
 
En 12 años, los asesinatos de mujeres en Nuevo León se multiplicaron 22 veces, y hasta ahora no hay alguna acción de la autoridad para prevenir y castigar el feminicidio.
 
Académicas, activistas y legisladoras federales advierten que en años recientes Nuevo León (NL) ha sobresalido por ser una de las entidades con mayores índices de impunidad en los asesinatos de mujeres.
 
Con base en datos oficiales, en 2000 se registraron 6 casos de feminicidio y en 2012 la cifra se elevó a 132, es decir que los crímenes aumentaron 22 veces y la mayoría están impunes.
 
Y para colmo –señalan especialistas– los asesinatos no se investigan, no hay órdenes de protección contra víctimas de violencia, y han disminuido las certificaciones de defunción por parte de médicos legistas, lo que impide el esclarecimiento de los crímenes.
 
En su “Diagnóstico de la violencia feminicida en la República Mexicana”, la ex diputada federal Marcela Lagarde encontró que en general las procuradurías de Justicia estatales carecían de información precisa y desagregada por sexo, respecto a los asesinatos de mujeres en el periodo 2000-2005.
 
En el caso de NL, Lagarde detectó que de 2000 a 2004 fueron asesinadas 102 mujeres y niñas, 33 por ciento de estos casos ocurrieron en el hogar, y ninguna persona fue detenida, según cifras de la Procuraduría estatal.
 
Entre 2000 y 2005, en la entidad no existía una política pública contra la violencia de género, no había legislación, y sólo existía un refugio en toda la entidad para atender a las víctimas.
 
Ya desde 2003, la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones de los Hogares evidenciaba que 28 mujeres de cada 100 en la entidad habían vivido algún incidente de violencia en su relación de pareja. En 2006, la misma encuesta arrojó que la cifra de mujeres que padeció violencia ascendió a 34 por cada 100.
 
En su momento, Marcela Lagarde recomendó a las autoridades estatales emprender acciones para procurar el bienestar de las mujeres, así como pleno acceso a sus derechos, y urgió a la Procuraduría a esclarecer los asesinatos que continuaban en la impunidad y evitar así que la ola de violencia se extendiera.
 
OÍDOS SORDOS
 
En 2007, el Congreso de NL aprobó la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Un año después quedó listo su reglamento.
 
No obstante, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha documentado un recrudecimiento de la violencia de género en el estado: de enero de 2007 a julio de 2008 hubo 42 homicidios de mujeres, y de enero de 2010 a junio de 2011 se registraron 152 asesinatos.
 
El OCNF reportó que la propia Procuraduría estatal reconoció que pese a que las mujeres acuden a denunciar la violencia intrafamiliar (que para 2011 ya sufrían 42 de cada 100 mujeres nuevoleonesas),  no se les otorgan las órdenes de protección por no “contar con un marco procesal necesario para el trámite”.
 
Asimismo, en el informe “Feminicidio en México, Aproximaciones, tendencias y cambios 1985-2009”, elaborado por la Cámara de Diputados, ONU-Mujeres y El Colegio de México, se asienta que en NL el número de defunciones certificadas por un médico legista disminuyó, lo que repercute en que no se esclarezcan los asesinatos.
 
En 2005, de 84.2 por ciento de certificaciones de defunción realizadas, la cifra bajó a 70.8 por ciento en 2009.
 
Igualmente, el OCNF ha denunciado que a raíz de la militarización emprendida en 2008 en el norte del país, las autoridades de NL se limitan a atribuir las muertes violentas de mujeres al crimen organizado, pero no realizan las investigaciones que sustenten tal hipótesis, y por tanto la mayoría de los crímenes quedan impunes.
 
Para la organización, la “estrategia contra el crimen organizado” no explica por sí sola el recrudecimiento de la violencia de género en el estado, si bien ese factor disparó el riesgo de mortalidad femenina en 400 por ciento en el norte del país –a decir de expertos de la UNAM–, e incidió en la desaparición entre 2010 y 2011 de más de 400 niñas y jóvenes en NL.
 
La Procuraduría estatal reporta que el 52 por ciento de los asesinatos de mujeres corresponde a crímenes de la delincuencia organizada. Del total de estos casos el número de consignados apenas asciende a 30 por ciento. Del resto de asesinatos no especifica las causas ni el número de procesados.
 
Tal grado de impunidad llevó a grupos civiles a solicitar en 2009 la Alerta de Violencia de Género para el estado ante el Instituto Nacional de las Mujeres, pero fue negada.
 
El pasado 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, el gobernador Rodrigo Medina presentó una iniciativa para tipificar el delito de feminicidio y sancionarlo con penas de 25 a 50 años de prisión, sin embargo se mantiene en la “congeladora”, junto con otras propuestas en el mismo sentido presentadas por el PRD y la sociedad civil.