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Convoca AI a Cué resolver violaciones a DH

STAFF:MTXnoticias/Agencia:CIMAC/Por la Redacción
DERECHOS HUMANOS
Convoca AI a Cué resolver violaciones a DH
Envía carta al gobernador de Oaxaca

México, DF, 12 dic.10 (CIMAC).- Amnistía Internacional (AI) instó al nuevo gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, a priorizar la agenda de Derechos Humanos (DH) y desarrollar un plan de acción en la materia.

En el Día Internacional de los DH, AI envío una carta abierta al mandatario estatal, en la que destacó cuatro de las problemáticas pendientes en la entidad: los abusos contra migrantes, los ataques contra defensoras y defensores de DH, la situación en la región Triqui y la impunidad por las violaciones a los derechos humanos en el contexto de la crisis política de 2006.

AI exhortó al gobernador a establecer un diálogo con la comunidad de defensores de DH para lograr este fin y para garantizar que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) investigue los actos de hostigamiento contra defensoras y defensores de manera completa, rápida e independiente.

Trabajar en la defensa de los DH es una actividad “de alto riesgo”, enfatizó AI. Destacó que hay casos documentados de amenazas, intimidación y asesinatos. Puso como ejemplo que desde 2007, la abogada Alba Cruz ha sufrido amenazas de muerte y actos de intimidación en represalia por su trabajo con las víctimas de tortura, cargos penales infundados y otros abusos cometidos durante la crisis de 2006.

De igual forma, AI mencionó que aún no se revuelven los asesinatos de los defensores, Alberta Cariño Trujillo y Jyri Jaakkola, asesinados el pasado 27 de abril, mientras participaban en una caravana humanitaria a la comunidad de San Juan Copala.

La investigación, a cargo de la PGR, no ha mostrado resultados concretos, por lo que pidieron a Cué Monteagudo solicite resultados a la dependencia y garantice que la PGJE realice una investigación paralela de los aspectos del caso que son del fuero común, como son los vínculos del grupo armado con las autoridades estatales.

El grupo armado acusado por el ataque contra la caravana humanitaria de abril de 2010, y posteriormente por otros ataques ocurridos recientemente en la región, pertenece a la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).

En octubre pasado, Teresa Ramírez Sánchez y Serafín Uvaldo fueron asesinados en la zona triqui, nueve días después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno de México adoptar medidas urgentes a favor de ambas personas y otros 133 habitantes de San Juan Copala.

En agosto de este año, las mujeres triquis iniciaron un plantón en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca para exigir justicia por una treintena de asesinatos, que de noviembre hasta esa fecha ocurrieron en la zona. (Cimacnoticias 18 de octubre 2010)

En la misiva, AI subrayó que el nuevo gobierno debe asegurar que se realice una investigación imparcial, pronta y eficaz del involucramiento directo o indirecto de las autoridades estatales, pasadas o presentes, sobre sus vínculos con estos grupos.

Con respecto a la crisis política de 2006, la organización documentó 15 homicidios ilegítimos a consecuencia directa de la violencia en la ciudad de Oaxaca, además de cientos de casos de maltrato o tortura y detenciones arbitrarias.

Piden a ONU intervenir en caso Bety Cariño

STAFF:MTXnoticias/Agencia:CIMAC/Por Gladis Torres Ruiz

DERECHOS HUMANOS
Piden a ONU intervenir en caso Bety Cariño
Exigen justicia ante sede del Alto Comisionado

México, DF, 12 dic 10 (CIMAC).- A casi ocho meses del asesinato de la activista oaxaqueña Bety Cariño y el defensor de derechos humanos finlandés Jyri Jaakkola, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y familiares exigieron al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que presione al Estado mexicano para que haga justicia en el caso.

En un acto frente a la oficina del organismo internacional en México, David Peña Rodríguez, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), dijo a Cimacnoticias que esta actividad forma parte de una jornada de movilización simbólica, en la que se entregó una carta al representante del Alto comisionado, Javier Hernández Valencia, para recordarle que el caso sigue impune.

“La solicitud que hacemos hoy 10 de diciembre, Día Mundial de los Derechos Humanos, va acompañada de más de 800 firmas de organizaciones y activistas de diversos países”, precisó Peña.

En el documento entregado al Alto Comisionado, las OSC le solicitan que en cumplimiento de su mandato y como parte del compromiso internacional que diversas instancias de la ONU han mostrado en el caso, soliciten y gestionen reuniones con la PGR y la Secretaría de Gobernación.

Los grupos civiles pidieron que se dé seguimiento al desarrollo y desenlace de las investigaciones, así como que se acompañen los procesos penales que pudieran derivarse de las pesquisas hasta lograr “un ejemplar castigo a los responsables”.

En compañía de mujeres del municipio autónomo de San Juan Copala y activistas de Puebla, Oaxaca, Querétaro y el Distrito Federal, Peña Rodríguez informó que también se dirigirían a las oficinas de la PGR para exigir justicia.

En este sentido, Omar Esparza, quien fue compañero en vida de Bety Cariño, explicó que la PGR no ha consignado de manera adecuada la averiguación previa, por lo que los asesinos no han recibido el castigo y por el contrario han contado con la impunidad que les ha permitido cometer más crímenes.

“A casi ocho meses de los asesinatos no ha habido respuesta, la PGR solamente nos ha dado largas cuando sabe muy bien quiénes son los responsables, no tenemos confianza en el gobierno federal porque no ha sabido resolver el asesinato de Bety y Jyri”, abundó.

Consideró que la posibilidad de que los crímenes perpetrados el pasado 27 de abril queden en la impunidad, contribuye a que aumente la violencia en San Juan Copala. Aseguró que de no haber justicia en este caso, no la habrá para las y los habitantes del municipio.

“Esta jornada, convocada por el Foro Mesoamericano de los Pueblos, se ésta realizando en varios países de la región, para exigir al gobierno mexicano castigo para los autores materiales e intelectuales de la muerte de Bet y Jyri”, recalcó.

Omar Esparza, señaló que su familia aún no se recupera del golpe y que son sus hijos quienes más lo han resentido. Denunció que él y su familia son “hostigados e intimidados”

Fiscalía en Oaxaca para investigar asuntos vinculados a 2006

STAFF:MTXnoticias/Agencia:CIMAC/Por Nadia Altamirano Díaz, corresponsal
POLITICA
Fiscalía en Oaxaca para investigar asuntos vinculados a 2006
Ofrece Gabino Cué presencia institucional en San Juan Copala

Oaxaca, Oax. 4 dic 10 (CIMAC).- La presidenta de
la subcomisión del parlamento europeo,
Satu Hassi, advirtió hoy aquí que mientras no
exista paz en San Juan Copala, quienes viven en
esa agencia de la zona triqui no van a poder tener una vida normal.

Entrevistada después de una reunión que sostuvo
con el gobernador Gabino Cué, para hablar de las
investigaciones del asesinato de la defensora de
Derechos Humanos (DH) Beatriz Cariño y el
activista finlandés Jyri Jaakkola, consideró que
la resolución de este caso permitiría que ocurra
lo mismo con otros y se rompa el círculo de la impunidad.

El gobernador Gabino Cué dijo conocer la
preocupación de la Comunidad Europea por el
esclarecimiento del asesinato del activista
finlandés: “La visita es para conocer el ánimo
nuestro de poder colaborar en el esclarecimiento del asesinato.

Tenemos la firme convicción de contribuir a las
investigaciones, dijo, “en los próximos días se
va a crear una fiscalía para investigar los
asuntos de alto impacto vinculados al 2006,
líderes sociales y los casos que son de orden internacional”.

En entrevista, la coordinara jurídica del Comité
de Liberación 25 de Noviembre, Alba Cruz Ramos,
quien junto con funcionarios del Parlamento
Europeo y del consulado de Finlandia en México
participó en el encuentro con Gabino Cué, señaló
que el nombre de la activista Beatriz Cariño no fue pronunciado.

“En este momento escuché Jyri Jaakkola y Brad
Will, como parte fundamental de los casos que hay
que esclarecer en la nueva fiscalía, pero si me
parece que es necesario que se ponga el nombre de
Bety, es una ciudadana que su caso necesita una resolución”.

Esta es la segunda visita que realiza la
eurodiputada a Oaxaca. Hace seis meses ella, y su
homologa Ska Keller intentaron reunirse con el
ex gobernador Ulises Ruiz, o alguno de sus
colaboradores, pero ante la cerrazón y los
mensajes incluso intimidatorio, redujeron su
estancia en la entidad de dos días, a 12 horas,
tiempo en el que sostuvieron reuniones privadas
con organizaciones cercanas al conflicto en la zona de Copala.

La legisladora Satu Hassi se mostró complacida
por las ideas, propuestas y reformas muy
interesantes que le expresó el nuevo gobernador,
ya que éstas “pueden ayudar a la situación aquí
en Oaxaca para investigar los crímenes en contra
de los defensores de DH y los ocurridos durante el 2006″.

Luego de manifestarse a favor de respetar los
derechos humanos de todas las personas, la
diputada del Partido Verde europeo reconoció la
lentitud que ha prevalecido en la investigación
del asesinato del activista finlandés.

No obstante, mostró su confianza y “optimismo
renovado por el cambio de gobierno en Oaxaca,
porque en la práctica es importante la
comunicación y colaboración entre el gobierno
estatal y federal”, a pesar de que la investigación se encuentra en la PGR.

El nuevo gobernador anunció que en los próximos
días se darán los pasos para iniciar una mesa de
diálogo que permita la paz, la reconciliación a
fin de llegar con políticas públicas y presencia
institucional en San Juan Copala. “Vamos a hacer
lo que esté en nuestras manos hacer”, dijo.

Además, una vez que el Congreso local nombre al
nuevo procurador General de Justicia del Estado,
se creará la Fiscalía que investigará los
asesinatos de impacto social. Y es que este
jueves la procuradora que había nombrado el
exgobernador Ulies Ruiz, María de la Luz
Candelaria Chiñas, envió su renuncia al Congreso.

“Yo platiqué con ella antes del día primero para
pedirle que en tanto yo no tomara protesta no se
moviera de su cargo, es un área muy sensible la
procuraduría, ella generosamente aceptó, por eso
el día de ayer mandó su renuncia al congreso y
nos mandó copia a nosotros”, explicó el mandatario.

Hoy viernes, el gobernador Gabino Cué propuso una
terna de abogados para que las y los diputados
elijan a quien sustituya a la funcionaria.

Se espera que el próximo martes, en sesión
extraordinaria se decida quién será el nuevo
procurador. Los candidatos son: Guadalupe Lucas
Figueroa, Armando Doroteo García y Manuel de Jesús López López.

Para Verónica Villalvazo, premio Carlos Montemayor

STAFF:MTXnoticias/Agencia:CIMAC/Por la Redacción
DERECHOS HUMANOS
Para Verónica Villalvazo, premio Carlos Montemayor
Ha dado voz a las y los desplazados de San Juan Copala

México, D.F., 30 nov 10 (CIMAC).- La periodista
Verónica Villalvazo, quien ha dado a conocer la
problemática que vive la comunidad triqui de San
Juan Copala, Oaxaca, fue la ganadora de la
primera edición del Premio Nacional Carlos Montemayor.

Durante el homenaje que ayer se rindió al
escritor Carlos Montemayor en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el
escritor David Cilia Olmos anunció la
instauración de este galardón que se otorgará
anualmente a las personas que han sido o son
parte de la lucha social en México, o bien, que contribuyen a darles voz.

En el acto también se anunció que la ganadora de
este año fue Verónica Villalvazo periodista,
columnista y colaboradora del diario Noticias voz
e imagen de Oaxaca, y quien durante los últimos
meses ha dado voz a las y los desplazados del
Municipio Autónomo de San Juan Copala.

Pese a la situación de riesgo y las amenazas de
muerte que hace un mes la hicieron salir de la
ciudad de Oaxaca, la periodista –también conocida
como Frida Guerrera en alusión a su blog
“Fridaguerrera”– ha continuado con su cobertura
de temas diversos y particularmente de aquellos
que tienen que ver con violaciones a Derechos Humanos.

Desde el 10 de agosto de 2010, inició la
cobertura de la zona triqui, dando voz por medio
de videos, notas, fotos y columnas de opinión, a
quienes desde noviembre de 2009 permanecieron
dentro de San Juan Copala y vivieron sitiados por
paramilitares de la Unidad de Bienestar Social de
la Región Triqui (Ubisort) y el Movimiento de
Unificación y la Lucha Triqui (Mult).

Actualmente, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos estudia qué medidas de
protección solicitará al gobierno de México para
garantizar su vida e integridad física debido a
las numerosas amenazas de muerte y acciones
intimidatorias realizadas por integrantes de los
grupos paramilitares que mantienen cercada a la comunidad triqui.

Además de este tema, Verónica Villalvazo ha
cubierto otros como la desaparición forzada de
Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz
Sánchez y el caso violación sexual contra un niño
de 4 años de edad en uno de los mejores colegios de Oaxaca.

Éste último, un caso que llegó a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, y donde uno de los
videos realizados por la periodista fue
utilizado para demostrar que autoridades del
gobierno apoyaban a los supuestos agresores del menor de edad.

En abril de 2008 Villalvazo cubrió los asesinatos
de Teresa y Felicitas las dos locutoras triquis
del Municipio Autónomo de San Juan Copala, y
desde antes ha publicado en la agencia de
noticias Rebanadas de Realidad, en Buenos Aires,
Argentina; Apia Virtual, Indymedia México, Kaos
en la red, Reflexión Informativa Oaxaca,
Nssoaxaca y Revolucionemos Oaxaca, entre otros.

Durante la entrega del premio, la periodista
estuvo acompañada de la hija mayor de la más
reciente víctima de San Juan Copala, Teresa
Ramírez. Allí agradeció su premio y dijo que
“es un reconocimiento magno para mí por tratarse
del hombre que era y seguirá siendo, Carlos Montemayor”.

También afirmó que del escritor aprendió a
ejercer el periodismo, dando voz a aquellos que
pocas veces son tomados en cuenta porque no son nota diaria.

“El trabajo del maestro Montemayor era así,
resaltando siempre esas voces, dejando que se
escucharan voces desde hace más de 30 años, la
cuales gracias a su trabajo han sido
inmortalizadas como su alma; siempre denunciando
por medio de la palabra lo que a muchos nos
asusta escribir”, expresó Verónica Villalvazo.

A paso lento, las urgentes medidas cautelares a San Juan Copala

STAFF:MTXnoticias/Agencia:CIMAC/Por Nadia Altamirano Díaz, corresponsal
DERECHOS HUMANOS
A paso lento, las urgentes medidas cautelares a San Juan Copala
En una primera reunión, se acuerda observación internacional

Oaxaca, Oax, 9 nov 10 (CIMAC).- A casi un mes de
que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) recomendó otorgar medidas
cautelares a 135 pobladores de San Juan Copala,
funcionarios de la Secretaría de Gobernación,
(SG) se reunieron aquí con representantes de los
beneficiarios y organizaciones que solicitaron las medidas.

Minerva Nora Martínez Lázaro, coordinadora del
Centro de Derechos Humanos (DH) Bartolomé
Carrasco Briseño, una de las organizaciones
peticionarias, destacó que durante la reunión,
efectuada el viernes pasado, se acordó la
presencia de observadores internacionales, a
partir de la próxima reunión el 18 de noviembre.

En dicha reunión estarán presentes “por lo menos
representantes de la oficina del Alto
Comisionado, la SG se comprometió a invitarlos,
al igual que a la Cruz Roja Internacional, la
Brigada de Paz y el área que trabaja con
desplazados, de la Organización de las Naciones Unidas (ACNUR)”, abundó.

Nora Martínez dijo a Cimacnoticias que en el
próximo encuentro con las autoridades de la SG,
se conocerá si es aceptado el planteamiento
integral de las propuestas para implementar las
medidas cautelares, entre las que destaca el
retorno de las familias desplazadas a San Juan
Copala, bajo condiciones de seguridad y dignidad.

También se deberá asegurar el derecho a la
justicia, a la residencia a la vivienda,
alimentación, educación, salud y el libre
tránsito de los habitantes de esa comunidad. Otro
planteamiento es garantizar la seguridad de las
mujeres, niñas y niños que se mantienen en
plantón indefinido en el zócalo de Oaxaca, añadió.

En caso de que se registren nuevos hechos
violentos contra simpatizantes del
MULTI-Municipio Autónomo de San Juan Copala,
existe el compromiso de que la SG enviará fuerzas
federales, sin que eso signifique la militarización de la zona, sostuvo.

El 7 de octubre pasado, la CIDH solicitó al
Estado mexicano implementar medidas cautelares
para 135 pobladores de San Juan Copala y
estableció que el 22 de octubre debería informar
sobre las acciones tomadas. No obstante, fue
hasta el pasado 5 de noviembre cuando se dio la
primera reunión con los peticionarios.

La añeja violencia que enfrenta la zona triqui,
llamó la atención nacional e internacional, el 27
de abril pasado, cuando fueron asesinados la
defensora de DH, Beatriz Cariño y el activista
finlandés, Jiry Jaakkola, cuando intentaban
llegar con una caravana humanitaria a San Juan Copala.

En lo que va del año, han sido asesinadas 30
personas, tres de ellas mujeres y en septiembre
pasado militantes del Movimiento Unificador de
Lucha Triqui Independiente (MULTI) -una de las
tres organizaciones sociales que se disputan el
control en la zona- huyeron de San Juan Copala.

Aunque desde hace un mes no se reportan balaceras
en San Juan Copala, la comunidad está desolada,
no todos los pobladores han vuelto, ni los
servicios educativos, de salud y seguridad se han reestablecido en la zona.

Medidas provisionales para 135 personas de San Juan Copala

STAFF:MTXnoticias/Agencia:CIMAC/Por la Redacción
DERECHOS HUMANOS
Medidas provisionales para 135 personas de San Juan Copala
Urge proteger integridad de comunidad triqui, piden OSC

México, D.F., 4 nov 10 (CIMAC).- Debido a que el
gobierno mexicano no ha implementado las medidas
cautelares otorgadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a
favor de 135 habitantes de San Juan Copala,
Oaxaca, Organizaciones de la Sociedad Civil,
pidieron a la CIDH que solicite a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) medidas provisionales.

En un boletín de prensa, el Centro de Derechos
Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI)
y el Centro de Derechos Humanos Bartolomé
Carrasco Briseño (BARCA-DH), informaron que el 26
de octubre solicitaron a la CIDH que pidiera
urgentemente medidas provisionales al máximo
tribunal de Latinoamérica, para proteger la integridad de la comunidad triqui.

De acuerdo con ambas organizaciones, desde el 7
de octubre, cuando el Estado mexicano fue
notificado sobre las medidas cautelares otorgadas
al municipio autónomo de San Juan Copala, los
peticionarios buscaron un acercamiento con la
directora de la Unidad para la Promoción y
Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría
de Gobernación (SG), Omeheira López Reyna.

Lo anterior con el objetivo de convocar a una
reunión entre los representantes del Estado
mexicano y de la comunidad triqui en la ciudad de
Oaxaca, debido a la imposibilidad de los
beneficiarios de viajar a la Ciudad de México.
Sin embargo hasta el momento no hay respuesta de
la SG pese a la insistencia de los habitantes de San Juan Copala.

Luego de que la CIDH pidió protección para los
habitantes de esa zona triqui de Oaxaca, el 23 de
octubre fue asesinado el dirigente del Movimiento
Unificador de la Lucha Triqui (MULT), Heriberto
Pazos Ortiz, hecho que se sumó a los asesinatos
de Teresa Ramírez Sánchez y Serafín Uvaldo, el 16 del mismo mes.

En este contexto, organismos de derechos humanos
como Amnistía Internacional mencionaron la
urgente necesidad de que las autoridades
protegieran a los sobrevivientes de los ataques
que sufrían los habitantes de San Juan Copala,
además de tomar medidas inmediatas para restaurar el Estado de derecho.

Ante estas circunstancias, el CEDHAPI y el
BARCA-DH señalaron que pidieron medidas
provisionales con fundamento en el artículo 63.2
de la Convención Americana de Derechos Humanos y
en el artículo 27 del Reglamento de la CoIDH.

Asimismo precisaron que las medidas provisionales
constituyen una medida de protección en casos de
extrema gravedad y urgencia, cuando se hace
necesario evitar daños irreparables a las
personas, y recordaron que le compete a la CoIDH otorgarlas.

Por décadas, la zona triqui ha experimentado una
violencia que no tiene comparación con otras
partes de la entidad oaxaqueña. Ahí conviven tres
organizaciones sociales: MULT, UBISOR y MULTI,
fue ésta última quien impulsó la autodenominación
de San Juan Copala -a una agencia municipal de
Santiago Juxtlahuaca- como un municipio autónomo.

Desde noviembre del 2006, la violencia en San
Juan Copala aumentó al grado de que los servicios
básicos y las clases en las escuelas se
interrumpieron, los pocos servicios médicos
dejaron de ofrecerse y la policía estatal no opera ahí.

La violencia en San Juan Copala ya cobró demasiadas víctimas

STAFF:MTXnoticias/Agencia:Cimac/Por Nadia Altamirano, corresponsal

DERECHOS HUMANOS
La violencia en San Juan Copala ya cobró demasiadas víctimas
Urge que autoridades cumplan su obligación de pacificar la zona

Oaxaca, Oax. 18 oct. 10 (CIMAC).- Las autoridades
no deben seguir “contemplando impávidos” la
situación de violencia que priva en San Juan
Copala, Oaxaca porque “ya cobró demasiadas
vidas”, afirmó Javier Hernández Valencia,
representante en México de la alta Comisionada de
las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Navi Pillay.
Hernández Valencia urgió a los gobiernos federal
y estatal, a otorgar “en tiempo inmediato” las
garantías que ayuden a pacificar la zona,
entrevistado luego de participar en el “Encuentro
Nacional sobre violencia contra defensoras en
México” realizado en la ciudad de México.
Sólo cuando el gobierno cumpla con su obligación
de garantizar las condiciones de seguridad para
quienes viven en San Juan Copala y para cualquier
otra persona, esa oficina -junto con las otras
agencias de la ONU en México-, podrían proponer
“una agenda de acción” para que las autoridades
tengan “un punto de entrada” a la solución al
conflicto que ya es de interés internacional, aseveró.
Lamentó que las situaciones de seguridad en San
Juan Copala “se hayan deteriorado a tal extremo,
que el mero hecho de llegar a la comunidad es
imposible, en términos de las funciones y
recursos que como Naciones Unidas tenemos a nuestra disposición”.
Apenas el sábado pasado Teresa Ramírez Sánchez y
Serafín Uvaldo fueron asesinados en la zona
triqui, nueve días después de que la Comisión
Interamericana de Derechos Huamanos (CIDH) había
solicitado al Gobierno de México que adoptara
medidas urgentes a favor de ambas personas, y
otros 133 habitantes de San Juan Copala.
Minerva Nora Martínez Lázaro, coordinadora del
Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco
Briseño, calificó de grave la situación que
alcanza el ámbito internacional, “porque la CIDH
estaba sabedora del riesgo en que estaba la vida
de las personas y por eso exigió al gobierno
mexicano cumplimiento y protección a estas
medidas”, pero sólo se ha mostrado negligente.
El Centro de Derechos Humanos, junto con otras
dos organizaciones y representantes del municipio
autónomo de San Juan Copala, solicitó a la CIDH
las medidas cautelares que fueron otorgadas el 7
de octubre, sin que hasta este momento se hayan
reunido con personal de la Secretaría de
Gobernación (SG) para analizar los mecanismos de implementación.
“La SG tiene que agilizar el plazo porque tiene
hasta el 22 de octubre para informar a la CIDH,
sobre las acciones adoptadas, todavía no tenemos
la reunión, hicimos la propuesta que sea 20 o 21
y que sea en Oaxaca”, detalló la activista.
A su vez, Reyna Martínez, vocera de las mujeres
que llevan más de dos meses plantadas en el
zócalo de esta ciudad para exigir justicia a una
treintena de asesinatos, que de noviembre a la
fecha han ocurrido en la zona triqui, dijo que
antes de analizar la implementación de las
medidas cautelares “nos tenemos que reunir todos
los compañeros porque no son 135 las que las
necesitan protección, son entre 180 y 200″.
Con el asesinato de Teresa Ramírez Sánchez, suman
tres las mujeres asesinadas, entre ellas la
defensora de derechos humanos Beatriz Cariño,
quien fue ejecutada junto con el activista de
origen finlandés Jiry Jaakkola, el 27 de abril pasado.
Por décadas, la zona triqui ha experimentado una
violencia que no tiene comparación con otras
partes de la entidad oaxaqueña. Ahí conviven tres
organizaciones sociales: MULT, UBISOR y MULTI,
fue ésta última quien impulsó la autodenominación
de San Juan Copala -a una agencia municipal de
Santiago Juxtlahuaca- como un municipio autónomo.
Desde noviembre del 2006, la violencia en San
Juan Copala aumentó al grado de que los servicios
básicos se interrumpieron, las clases se
interrumpieron, los pocos servicios médicos
dejaron de ofrecerse y la policía estatal no opera ahí.
Por todos esos hechos, el 22 de septiembre
pasado, la Comisión para la Defensa de los
Derechos Humanos de Oaxaca (CDDHO) emitió una
recomendación que hasta el 14 y 15 de este mes
fue aceptada por el municipio de Santiago
Juxtlahuaca y cinco dependencias del gobierno del estado.
El presidente de la CDDHO, Heriberto Antonio
García, dijo que se desconoce el tiempo que las
autoridades pueden tardar en cumplir la
recomendación, pero espera que antes del 31 de
noviembre, cuando concluye la actual
administración estatal, se logren avances
importantes en el diálogo con las organizaciones
sociales y el restablecimiento de los servicios
de salud, educación y seguridad.