Archivo de la categoría: Violencia contra la mujeres

Explotación sexual comercial, efecto del dominio patriarcal

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix HD/CimacNoticias/por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

CIMAC Noticias
CIMAC Noticias

VIOLENCIA
Explotación sexual comercial, efecto del dominio patriarcal
Prostitución no es una elección libre: Teresa Ulloa

En México, 400 mil personas son explotadas sexualmente, el 75 por ciento de ellas desde los 10 y 12 años de edad, y 70 por ciento de las redes de trata están relacionadas con el narcotráfico, dijo la investigadora Teresa Ulloa, coordinadora de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

La activista participó en el foro “Mito y realidad: mujeres, prostitución y violencias”, convocado por el Centro de Estudios Sociológicos (CES) de la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Ulloa y otras especialistas coincidieron en que los proxenetas (“padrotes”) consiguen el control emocional y psicológico de las mujeres a través de lógicas culturales, de aspiraciones sociales y familiares.

La coordinadora de CATWLAC enfatizó que “la prostitución no es una elección libre, perpetúa estereotipos perjudiciales, reduce a las mujeres a objetos de placer, es un acto de poder y violencia, y es una institución patriarcal para el dominio y sometimiento de las mujeres”.

Al respecto, Carmen Ugarte, del Centro Madre Antonia, dijo que mujeres en situación de explotación sexual comercial han buscado ayuda en su organización debido a la violencia y las humillaciones constantes que viven,

La religiosa advirtió que para ellas es muy difícil salir de esa condición debido al hostigamiento de los explotadores y las precariedades en las que se encuentran.

LEGALIZACIÓN, UN FRACASO

En el foro participó el embajador de Holanda en México, Dolf Hogewonig, quien hizo un recuento de los efectos sociales y económicos tras la legalización de la prostitución en su país en el año 2000.

Explicó que con la medida se buscaba mejorar el combate a la trata de personas, alejar a las mujeres de ambientes delincuenciales, otorgar mejores condiciones laborales, y proteger a menores de edad.

No obstante, acotó Hogewonig, también se formalizó la participación de empresas legales en la explotación sexual, es decir, hombres y mujeres que negocian con los cuerpos.

Además, más de la mitad de las mujeres que laboran en las mil 270 empresas de prostitución en Holanda provienen del este de Europa y de América Latina.

Al respecto, Teresa Ulloa agregó que el 90 por ciento de las mujeres obligadas a prostituirse en Europa son inmigrantes que entran a través de mafias trasnacionales, lo que mueve 25 mil millones de dólares a nivel global.

El embajador advirtió que la posición de las mujeres en prostitución es muy vulnerable, ya que la mayoría se encuentra en una relación de dependencia con un explotador legal, la denuncia por violencia es baja y es difícil salir del sector.

Otro efecto –añadió– es que en Holanda aumentó el sexo pagado por internet, más de la mitad de quienes ejercen la prostitución no están formalizadas, y no se ha disminuido el número de proxenetas.

Ante la situación, Ulloa habló de testimonios de mujeres rescatadas en Holanda que eran víctimas de trata y de explotación sexual, por lo que lamentó la existencia de municipios que formalizan la prostitución, pues “es una muestra de gobiernos prostituyentes que integran la cadena de explotación de mujeres”.

Inconsistente, el Código Nacional de Procedimientos Penales

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix HD/CimacNoticias/por: Redaccion

CIMAC Noticias
CIMAC Noticias

VIOLENCIA
Inconsistente, el Código Nacional de Procedimientos Penales
No garantiza plena justicia a las mexicanas

El recién expedido Código Nacional de Procedimientos Penales tiene inconsistencias porque no protege la privacidad de las víctimas de violencia sexual, permite la solución amistosa entre mujeres víctimas e imputados, y no establece la obligación de las autoridades de realizar investigaciones con perspectiva de género.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el nuevo ordenamiento legal no sienta las bases para erradicar la discriminación por razones de género en los procesos penales, por lo que envió una carta abierta al titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, para pedirle que impulse las modificaciones necesarias.

El nuevo Código Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de marzo, es la herramienta que establece los procesos a seguir en la investigación, procesamiento y sanción de los delitos, y además es la base de los juicios orales, mismos que deberán implementarse en todo el país a más tardar en junio de 2016.

A decir del OCNF –agrupación que documenta casos de mujeres desaparecidas, asesinadas o violadas sexualmente–, entre las inconsistencias destaca que la norma omite considerar la violación sexual y el feminicidio como delitos graves, por lo que deja a la libre interpretación del juez si se pueden hacer juicios abreviados (cortos), que sólo beneficiarían al presunto agresor al reducirse la penalidad.

Durante la aprobación del Código Nacional, la legisladora del PRD y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Martha Lucía Micher Camarena, así como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) de Chihuahua –que litiga casos de mujeres–, hicieron observaciones similares.

La carta enviada a la Presidencia destaca que ahora las audiencias serán públicas y con ello se garantiza la transparencia en el proceso penal y un mayor control de las actuaciones judiciales, aunque advierte que se podría afectar la privacidad e integridad de las víctimas de violencia sexual.

En este sentido, el OCNF pidió que se establezcan expresiones que pongan de relieve la protección a estas mujeres a fin de no re-victimizarlas al obligarlas a relatar los abusos y vejaciones que pueden causar su estigmatización en sus comunidades.

Otro aspecto de preocupación para el OCNF, es que se estableció el “acuerdo reparatorio” como un mecanismo para concluir el proceso judicial cuando exista un entendimiento entre la víctima y el imputado, pero no hay claridad de cuándo será improcedente, en casos, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, como lo marca la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Al expedir el Código Nacional el Ejecutivo anunció que en breve enviaría al Congreso una iniciativa de ley para la solución alternativa de conflictos, por lo que esta organización señaló que en esta nueva propuesta se pueden abordar las excepciones de los acuerdos preparatorios cuando se trate de delitos contra la libertad y la seguridad sexual.

En experiencia del OCNF, se puede negar el beneficio de la solución amistosa al imputado para que el Estado envíe un mensaje de que le importa la vida y la seguridad de las mujeres, además de que en los casos de violencia intrafamiliar se ha documentado que las mujeres firman los acuerdos en contra de su voluntad y por miedo a posteriores agresiones.

Otro aspecto que se omitió en el Código Nacional fue prohibir pruebas enfocadas a la conducta sexual anterior o posterior de la víctima en los casos de violencia sexual, además de que en estos procesos no se establece con claridad que la víctima pueda participar activamente en todo el proceso, por lo que se corre el riesgo de sentencias que no garanticen justicia.

El OCNF pidió que se considere el derecho de las víctimas a tener un juicio oral y participar de forma activa (acceder en todo momento a la investigación, procesamiento y sanción de los delitos), como forma en sí misma de reparación.

Aunque la agrupación envió estas observaciones, reconoció que ya que la ley entró en vigor es facultad exclusiva del Ejecutivo promover eventuales cambios.

Recorta Oaxaca a la mitad recursos contra violencia de género

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix HD/CimacNoticias/por: Citlalli López Velázquez, corresponsal

CIMAC Noticias
CIMAC Noticias

Para 2014 el Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO) ejercerá 48 por ciento menos recursos estatales que los asignados el año pasado, toda vez que de 15 millones 428 mil pesos que recibió en 2013, este año sólo se le destinaron 8 millones 407 mil pesos.

CIMAC Especial
CIMAC Especial

El recurso para 2014 es incluso más corto que el entregado en 2012 cuando se le asignaron al IMO 11 millones 816 mil pesos.

La diputada local panista Alejandra García Morlán indicó que lo anterior es un golpe fuerte al IMO y al tema de la eliminación de la violencia contra las mujeres, ya que dejarán de ejercerse muchos programas y capacitaciones.

En 2012 el gobierno del estado asignó 11 millones 816 mil 920.73 pesos, más la aportación del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) correspondiente a 12 millones 359 mil 951.19 pesos, 4 millones 952 mil 388 pesos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), y 600 mil pesos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). En total, el IMO tuvo ese año 29 millones 729 mil 259.92 pesos.

En 2013 el recurso asignado por el gobierno estatal fue de 15 millones 428 mil 217.17 pesos; de Indesol, 12 millones 94 mil 70 pesos; del Inmujeres, 14 millones 138 mil 880 pesos, y de la CDI, 720 mil pesos. Un total de 42 millones 381 mil 167.17 pesos.

Mientras que para este 2014 el recurso estatal asignado fue de 8 millones 407 mil 371.52 pesos, más 13 millones 483 mil 946 pesos de Indesol; 2 millones 5 mil 280 pesos del Inmujeres, con la salvedad de poder tramitar hasta 8 millones 3 mil 345 pesos, de acuerdo con indicadores como muerte materna, mujeres indígenas, mujeres legisladoras y población femenina en la entidad.

Además de la aportación de la CDI, cuyas reglas de operación aún no han determinado los lineamientos para tramitar recursos.

Para la legisladora local, integrante de la Comisión de Equidad y Género, el recorte es una muestra clara de la falta de compromiso y falta de voluntad para trabajar a favor de las mujeres.

La disminución, destacó, se concretó a sólo tres meses de la firma del Acuerdo Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres, las Niñas y las Adolescentes a una Vida Libre de Violencia, signado por el gobierno de Oaxaca, el Congreso estatal, dependencias de gobierno federal, así como organismos de la iniciativa privada y grupos sociales.

A través del Acuerdo formalizado en septiembre de 2013, el gobierno del estado y todas las instituciones firmantes se comprometieron a ejecutar acciones de prevención que visibilizaran la violencia de género como un problema que atenta contra los Derechos Humanos; fomentar una cultura de la igualdad y de no violencia; así como acciones de transversalidad de la perspectiva de género en el quehacer institucional, y prevención, atención e investigación de los diferentes ámbitos y tipos de violencia contra las mujeres.

Rezago pericial contra feminicidio

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix HD/CimacNoticias/por:Anaiz Zamora Márquez

CIMAC Noticias
CIMAC Noticias

Carencia de personal especializado, indagatorias deficientes y falta de inversión para nuevas formas de identificación genética impiden terminar con impunidad en casos de feminicidio.

CIMACFoto: César Martínez López
CIMACFoto: César Martínez López

 El primer paso para que las mujeres víctimas de feminicidio y sus familias accedan a la justicia es la adecuada investigación de los casos, ya que de ello depende –en gran medida– la identificación del o los responsables, un juicio objetivo y una probable sentencia. 
 
Aunque la ola de violencia de género cobra a diario la vida de seis mexicanas y tan sólo de enero de 2011 a noviembre de 2012 se reportó la desaparición de 3 mil 976 mujeres de entre 11 y 20 años de edad, México carece del personal adecuado para indagar con la debida diligencia los casos de feminicidio, y tampoco invierte en el desarrollo de nuevas técnicas de identificación de restos de mujeres, por lo que la mayoría de los delitos quedan impunes.
 
Durante el “Primer Congreso Género y Ciencia Forense”, realizado en la Facultad de Medicina de la UNAM el 27 y 28 de enero, académicas y especialistas en investigación pericial explicaron cuál debía ser el adecuado procedimiento para investigar el asesinato doloso de una mujer.
 
La doctora Lorena Valencia Caballero, jefa de la Unidad de Investigación de la licenciatura en Ciencias Forenses de la UNAM, sostuvo que en el país los casos son averiguados por personal técnico en criminalística y no por el equipo multidisciplinario y especializado que se requiere.
 
Investigar los casos de feminicidio –agregó– no es una tarea sencilla, toda vez que en muchas ocasiones el personal se debe enfrentar a la falta de elementos probatorios para realizar la investigación.
 
La catedrática destacó el caso emblemático de Ciudad Juárez, Chihuahua –donde de acuerdo con cifras de El Colegio de la Frontera Norte, mil 441 mujeres fueron asesinadas de 1993 a 2003–, pues los restos de mujeres comúnmente son abandonados en terrenos o lotes baldíos, lo que implica su exposición a condiciones de clima y temperatura extrema que los desgastan y hacen prácticamente imposible su identificación.
 
Valencia Caballero explicó que el personal indicado para identificar restos óseos son las y los antropólogos físicos, ya que su formación les permite trabajar con pequeños componentes de osamentas (como dentaduras o huesos fragmentados), a fin de identificar a las víctimas.
 
Aunque subrayó que en estos casos ya es prácticamente imposible rastrear las agresiones que se cometieron previamente, “pues la tortura o la violación sexual no dejan huellas en los huesos”, la labor de una o un antropólogo físico permite conocer la identidad de los restos.
 
CARENCIA DE PERSONAL
 
Pese al estado en que se encuentran los restos de mujeres y a la especialización que se requiere para garantizar el acceso a la justicia de estas víctimas, la experta observó que en la Procuraduría General de la República (PGR) sólo laboran cuatro antropólogos físicos.
 
La carencia de personal especializado también deriva en que muchas de las pruebas que pudieran acreditar los hechos se pierdan, toda vez que desde un primer momento las indagatorias no se realizan de manera adecuada.
 
Valencia Caballero indicó que el trabajo de un antropólogo no debe ser aislado, pues antes de pasar a la identificación se debe realizar una serie de pruebas periciales las cuales pueden iniciar con la búsqueda de restos abandonados, continuar con el resguardo de la zona, el levantamiento de las pruebas o indicios correspondientes, hasta llegar a presentar un informe detallado de la indagación al juez o Ministerio Público.
 
“Desgraciadamente en la mayoría de las entidades esto lo hacen técnicos, agentes ministeriales y en algunos casos los propios policías, por lo que la información que se da a conocer al juez mediante la averiguación previa viene sesgada”, sostuvo la académica.
 
En ese punto destacó que la publicación de protocolos especializados no abona al tema si en ellos no se incluye el perfil que deben cumplir los agentes que lo pondrán en práctica.
  
A decir del doctor José Mariano Guardado Estada, profesor de la licenciatura de Ciencias Forenses de la UNAM, a estas carencias se suma la falta de inversión para generar nuevas formas de identificación genética –último paso para los restos humanos que están en extremo estado de descomposición–, que sean más precisas y requieran menos elementos para su análisis.
 
Actualmente –expuso– se realizan estos procedimientos de identificación genética con una metodología que ha quedado rebasada, y que además requiere muestras de ADN en grandes cantidades y que sean recientes a la pérdida de la vida.
 
En los casos de feminicidio lo anterior puede llegar a complicarse, toda vez que el asesinato se habría perpetrado incluso meses antes de que fueran localizados los restos de las víctimas.