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Archive for the ‘V Informe de Gobierno de Calderon’ Category

Más pendientes que resultados a favor de las mujeres

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Anayeli García Martínez, Gladis Torres Ruiz y Guadalupe Cruz Jaimes

REPORTAJE
Más pendientes que resultados a favor de las mujeres
Con Calderón, retrocesos en seguridad, DH, salud y empleo
     
En cinco años de administración, Felipe Calderón tiene más deudas que compromisos cumplidos en beneficio de las mujeres.
 
A decir de investigadores, organizaciones civiles, sindicalistas y defensoras de Derechos Humanos (DH), el Ejecutivo privilegió el combate al crimen organizado y relegó tareas de desarrollo social, empleo y protección a las garantías femeninas. 
 
El doctor en Ciencia Política José Enrique González Ruiz advierte que el calderonismo estableció “un Estado de hecho y no de Derecho”, que en cinco años de gobierno ha recrudecido las violaciones a los DH de mujeres, niñas, indígenas, periodistas y de los propios defensores y defensoras de esos derechos.
 
Con Calderón al frente del Ejecutivo federal, el Estado mexicano ha sido condenado en cinco ocasiones por incurrir en graves violaciones a los DH. Entre las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), se encuentran la de tres casos de feminicidio en Campo Algodonero, en Ciudad Juárez; y por la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo a manos de militares.
 
En 2010, organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida y la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, denunciaron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU que el Estado mexicano simula cumplir con sus obligaciones internacionales en la materia.
 
Sobre la sentencia referente al caso Campo Algodonero, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y Justicia para Nuestras Hijas no se han cansado de reiterar el incumplimiento de las autoridades respecto al castigo a los responsables del feminicidio y la reparación del daño.
 
Desde el 2006 las mexicanas están más expuestas a la violencia. Según datos de la Sedena, retomadas por el Banco de Datos del Feminicidio de Isis Internacional, de diciembre de 2006 a octubre de 2009 han sido asesinadas tres mil 726 mujeres.
 
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) registra que de enero de 2009 a junio de 2010, se han perpetrado mil 728 homicidios dolosos de mujeres en sólo 18 estados de ese total, 890 casos fueron definidos como feminicidio.
 
La UNAM y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional han observado que el gasto público para seguridad y procuración de justicia casi se ha duplicado desde 2007. Precisan que en ese año se destinaron para ese rubro 66 mil 31 millones de pesos (mdp), mientras que para 2011 se aprobaron 115 mil 825 mdp.
 
En cuanto al presupuesto destinado para el combate a la violencia de género, éste se duplicó entre 2010 y 2011, al pasar de 65 mdp a 110 mdp. Lo paradójico es que la cifra aprobada para este rubro en 2011 representa sólo el 10 por ciento del gasto total para el combate a la criminalidad.
 
María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, considera que en cinco años de administración de Felipe Calderón, hay un incremento sustancial de muertes violentas de mujeres, lo que atribuye a que en este sexenio no se ha entrado de fondo en el combate de este flagelo.
 
Calderón ha publicitado como uno de sus “grandes logros” el aumento de la afiliación al Seguro Popular (SP), pero en los hechos la atención es deficiente y no garantiza el derecho a la salud de las mexicanas, apuntan expertas.
 
Hasta el pasado mes de junio el SP afilió a 46 millones de personas, 24 millones son mujeres (54.2 por ciento), reporta la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, instancia rectora de este programa de atención.
 
Briseida Lavielle, integrante de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, considera que a pesar del aumento en la afiliación, tras la reforma a la Ley General de Salud (LGS) en 2009 la Secretaría de Salud (Ss) disminuyó hasta en 40 por ciento el recurso destinado a la atención de cada mujer usuaria de este servicio.
 
“El Presidente del empleo” también le ha incumplido a las trabajadoras, aseguran sindicalistas y economistas. Y es que el 63 por ciento de los 16.9 millones de mujeres ocupadas en empleos formales carecen de servicios de salud a pesar de su actividad económica, refiere Beatriz Luján, coordinadora del Frente Auténtico del Trabajo.
 
La experta explica que la falta de servicios de salud para las trabajadoras está vinculada directamente con la pérdida del derecho a la seguridad social.
 
Los bajos salarios también son una constante para las mujeres: En 2010 el 46 por ciento de los 16.9 millones de empleadas ganaba entre uno y dos salarios mínimos (de 57 a 114 pesos diarios), los cuales son insuficientes para cubrir necesidades básicas como la alimentación.
A esa circunstancia se añade la brecha salarial entre mujeres y hombres, ya que en promedio ellos reciben 30 por ciento más que las mexicanas por el mismo trabajo, aun cuando ellas tienen mayor preparación, según el Inegi.
 
El escenario de las mujeres en el mundo del trabajo empeora cuando están en la informalidad. En 2007 había 1.9 millones de mexicanas ocupadas en micronegocios, y en 2011 el número creció a 7.6 millones. “Hay una informalidad laboral desbordada” que se traduce en trabajadoras sin derechos, alerta la economista especializada en género Carmen Ponce.

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6 06America/Mexico_City septiembre 06America/Mexico_City 2011 at 23:04

Trabajadoras de Mexicana y LyFC,ejemplo de resistencia sindical

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Guadalupe Cruz Jaimes

ESPECIAL LUSTRO PERDIDO: CALDERÓN Y SU DEUDA CON LAS MUJERES
Trabajadoras de Mexicana y LyFC, ejemplo de resistencia sindical
Están en plantones, mítines y sobreviven en el subempleo
 
México, DF, 5 sep 11 (CIMAC).- El deterioro de la calidad de vida de miles de trabajadoras de Mexicana de Aviación y de la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), desempleadas desde agosto de 2010 y octubre de 2009, respectivamente, son “muestra clara” del “fracaso del ‘Presidente del empleo’”, Felipe Calderón.
 
En ello coinciden las empleadas de la aerolínea, quienes en julio pasado iniciaron un plantón en las inmediaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y las agremiadas al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), también en plantón desde marzo pasado en el Zócalo capitalino.
 
María Araceli Vargas, quien laboró en Mexicana durante 28 años, hoy vive en la incertidumbre económica con la esperanza de recuperar su empleo. En tanto, para subsistir inició un negocio de venta de persianas.
 
La contadora de profesión, al igual que ocho mil trabajadoras y trabajadores de la aerolínea, dejó de percibir salario en octubre pasado, ya que el 28 de agosto del 2010 la empresa suspendió funciones y entró en concurso mercantil para definir si se declara en quiebra o es rescatada por algún grupo inversionista.
 
En tanto, esos grupos están en proceso de demostrar su capacidad financiera (250 millones de dólares) para echar a andar la empresa. El gobierno federal reitera que no rescatará a Mexicana con recursos públicos. Vargas señala: “Tengo que hacer malabares para pagar el gas, agua, teléfono y los gastos de mis hijos”.
 
La venta de cortinas no ha dado las ganancias que esperaba, “la situación es bien complicada, el negocio va lento todavía”, apunta. Su principal preocupación es poder apoyar a sus dos hijos para que continúen con sus estudios, uno de ellos cursa la preparatoria y el mayor ingresó este año a la universidad.

LUCHA POR LA SUBSISTENCIA
 
“Las autoridades nos traen de prórroga en prórroga y todavía no hay una certeza de volver a nuestros trabajos. Esperemos que no alarguen más este proceso que ha sido de demasiado desgastante para las trabajadoras, porque atrás de cada una de nosotras hay una familia que depende de nuestro trabajo”, explica Araceli.
 
En una situación semejante o más desfavorecedora está el resto de las empleadas de la aerolínea; algunas de ellas se dedican a la venta de comida, cosméticos, bolsas de mano, pasteles, sándwiches, entre otros productos que les permiten un ingreso para sobrevivir en la espera por volver a trabajar.
 
En Mexicana laboraban ocho mil personas, seis mil están sindicalizadas y dos mil son de confianza.
 
Araceli es agremiada del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación y Servicios Similares (SNTTTASS), conformado por dos mil 500 personas, de las cuales cerca de 40 por ciento son mujeres.
 
En Mexicana, Click y Link laboraban cerca de de mil 500 sobrecargos, de los cuales 70 por ciento son mujeres. Para estas aerolíneas también trabajaban mil 168 pilotos, de los cuales 27 son mujeres.
 
ELECTRICISTAS EN PIE DE GUERRA

La movilización del personal de la aerolínea ha sido apoyada por las y los trabajadores del SME, quienes permanecen en resistencia desde el decreto de Felipe Calderón que extinguió 44 mil fuentes de trabajo, el 11 octubre de 2009.

Ana María Castillo, quien trabajó 18 años como secretaría en LyFC, es una de las y los más de 16 mil “Smeítas” que se mantienen en “pie de lucha”, pese a la adversa situación económica y los múltiples compromisos de solución al conflicto, incumplidos del gobierno federal.
 
“El primer año, además de participar en el movimiento de resistencia, vendía desayunos en avenida Juárez. También hice ventas de garage”. Este año “me he dedicado de lleno a participar en la resistencia, organizando a las mujeres de mi escalafón”.
 
La electricista es soltera, pero su madre depende económicamente de ella. “Afortunadamente mi mamá recibe el apoyo económico a personas de la tercera edad que da el Gobierno del DF y eso le permite cubrir algunos de sus gastos”. El otro ingreso que las dos mujeres reciben es la “aportación solidaria” de electricistas jubilados.

“Con el apoyo económico de las y los jubilados, muchas podemos acudir a las movilizaciones y mantenernos en resistencia, incluso el mes pasado aportaron para la adquisición de útiles escolares”, abunda.

Algunas mujeres en la lucha por la recuperación de sus empleos reciben apoyo de sus padres o de sus esposos. “Las que son madres solteras o carecen de una red de apoyo tienen que trabajar en lo que encuentren, en cocinas económicas o en tiendas, porque en las empresas no nos contratan por la campaña de desprestigio de Felipe Calderón en nuestra contra”, lamenta.
 
En tanto, las más de 16 mil personas, de las cuales alrededor del 10 por ciento son mujeres, “seguimos en pie de lucha para que nos devuelvan nuestro empleo”, advierte. Ahora, desde el Zócalo capitalino, recalca que permanecerán en guardia día y noche hasta que se resuelva el conflicto.
 
Además del desempleo y en consecuencia el deterioro en la calidad de vida del personal de Mexicana y de la extinta LyFC, las y los trabajadores tienen en común su pertenencia a una organización sindical con contratos colectivos que pugnaban por el respeto de sus derechos.
 
Actualmente, sólo 10 por ciento de las y los más de 40 millones de empleados en el país, cuentan con representación sindical.

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6 06America/Mexico_City septiembre 06America/Mexico_City 2011 at 01:04

El “Presidente del empleo” le incumple a las trabajadoras

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Guadalupe Cruz Jaimes

ESPECIAL LUSTRO PERDIDO: CALDERÓN Y SU DEUDA CON LAS MUJERES
El “Presidente del empleo” le incumple a las trabajadoras
En 5 años, están más pauperizadas y violentadas en sus derechos
 
México, DF, 1 sep 11 (CIMAC).- Precariedad, desempleo, bajos sueldos, informalidad, inequidad salarial… ésa es la sombría realidad para millones de trabajadoras mexicanas que en cinco años de gestión de Felipe Calderón –“el Presidente del empleo” –, lejos de ver mejoras en sus bolsillos vislumbran cada vez más un futuro sin esperanza para ellas y sus hijos.
 
El 63 por ciento de los 16.9 millones de mujeres ocupadas en empleos formales carecen de servicios de salud a pesar de su actividad económica, refiere un estudio a partir de cifras oficiales de la sindicalista Beatriz Luján, coordinadora nacional del Frente Auténtico del Trabajo (FAT).
 
La experta explica que la falta de servicios de salud para las trabajadoras está vinculada directamente con la pérdida del derecho a la seguridad social. A partir del año 2000 (cuando asumió la Presidencia el panista Vicente Fox), la proporción de trabajadoras sin esa prestación aumentó 34.4 por ciento, sumando hasta 2010 10.8 millones de mujeres sin seguridad social.
 
Luján añade que la disminución de garantías en el trabajo se origina por una política económica y laboral que no vela por los derechos de las trabajadoras sino por los del sector empresarial.
 
Muestra de ello son los bajos salarios que perciben las mujeres del país, ya que en 2010 el 46 por ciento de los 16.9 millones de empleadas ganaba entre uno y dos salarios mínimos (de 57 a 114 pesos diarios), los cuales son insuficientes para cubrir necesidades básicas como la alimentación.
 
MENOR PODER ADQUISITIVO
 
Entre las consecuencias del deterioro laboral está la reducción del poder adquisitivo, evidente en el sexenio de Felipe Calderón, pues en diciembre de 2006 el salario mínimo permitía adquirir 60 por ciento de la canasta básica recomendable.
 
En enero de 2010 el salario mínimo permitía adquirir sólo 36 por ciento de los 13 productos recomendables para tener una alimentación sana y suficiente, refiere un análisis del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El centro señala también que hace cinco años las y los trabajadores tenían que laborar 13 horas al día para comprar la canasta básica. En 2010 las personas que perciben el salario mínimo deben trabajar 21 horas y 57 minutos para acceder a una alimentación recomendable.
 
En cinco años de calderonismo el aumento salarial fue del 3 al 4 por ciento, “muy por debajo del crecimiento de los precios de los alimentos que solamente en el mes de agosto de este año fue de 6.43 puntos”. Además, por la crisis económica 36 de cada 100 empresas “congelaron sueldos y salarios”, explica Carmen Ponce, economista especializada en género.
 
A esta circunstancia se añade la brecha salarial que existe entre mujeres y hombres, ya que en promedio ellos reciben 30 por ciento más que las mexicanas por el mismo trabajo, aun cuando ellas tienen mayor preparación.
 
Así, las que cuentan con instrucción escolar media superior y superior ganan 5.4 pesos menos por hora que los hombres con la misma formación académica, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
 
INFORMALIDAD
 
El crítico escenario de las mujeres en el mundo del trabajo empeora cuando están en la economía informal. En 2007 había 1.9 millones de mexicanas ocupadas en micronegocios, y en 2011 el número creció a 7.6 millones. Hay “una informalidad laboral desbordada” que se traduce en trabajadoras sin derechos, alerta Ponce.
 
Actualmente, de los 12.8 millones de personas con empleos informales 5 millones son mujeres, según datos del Inegi. La participación en este sector se debe a la generación insuficiente de empleos formales permanentes, acota Carolina Ledezma, encargada del área de Formación del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS).
 
Por cada 10 empleos generados por la administración de Felipe Calderón, se han perdido seis y mantenido cuatro, ya que de los 2 millones 970 mil empleos creados se han perdido un millón 829 mil y mantenido únicamente un millón 140 mil nuevos puestos, según un análisis hecho por Animal Político, con base en cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
 
De acuerdo con el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), la mayoría de las fuentes de trabajo generadas carecen de las prestaciones a las que obliga la Constitución y en promedio son por contratos eventuales de tres meses.
 
El panorama puede ser todavía más adverso, ya que 1.6 millones de mujeres en el país no obtiene ingreso por el trabajo que realizan; muchas de ellas están ocupadas en negocios familiares, señala Carolina Ledezma.
 
TRABAJO DOMÉSTICO
 
Un ejemplo claro del escaso o nulo reconocimiento de los derechos laborales de las mujeres, son las trabajadoras del hogar, quienes a pesar de exigir desde los años 30 el respeto a garantías mínimas como una jornada establecida, un contrato escrito y seguridad social, aún no lo han logrado.
 
Para revertir el pobre ejercicio de los derechos laborales entre las mexicanas es necesario que se reconozca su desventaja en el mercado de trabajo, y se aplique una política laboral que mejore sus condiciones, demanda Ledezma.
 
“No queremos más simulación como la reforma laboral que pretenden aprobar PRI y PAN, en la que las trabajadoras sólo están en el discurso”, acusa.
 
Ledezma afirma que la propuesta de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional representa un “serio problema” porque mientras favorece “malas prácticas” como la subcontratación y la contratación eventual “por horas o por aprendizaje”, contraviene derechos de las trabajadoras como la estabilidad en el empleo.
 
La iniciativa PRI-PAN, cuya discusión se prevé en este periodo de sesiones de la Cámara de Diputados, sólo plantea la prohibición del acoso sexual y de la petición de la prueba de no gravidez para que las mujeres sean contratadas. Sin embargo, “olvida” señalar cuáles serán los mecanismos para castigar ambos delitos, advierte la integrante del CILAS.
 
CONCILIAR LO PÚBLICO Y LO PRIVADO
 
Al mismo tiempo, la propuesta de reforma laboral deja de lado la conciliación de los ámbitos familiar y del trabajo remunerado a través del fortalecimiento de programas de guarderías y la creación de servicios de cuidado de personas adultas mayores, enfermas crónicas o con alguna discapacidad, apunta María Eugenia Romero, directora de la organización civil Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia.
 
Ante este oscuro panorama laboral, Carolina Ledezma destaca que la organización sindical es la alternativa para pugnar por el respeto de los derechos laborales de las mexicanas.
 
“Ante la ‘nueva’ composición del mercado laboral, donde sólo entre el 10 y 11 por ciento de las y los empleados está sindicalizado, es preciso buscar otras formas de organización, crear un marco de defensa de trabajadores y trabajadoras en condiciones precarias sin representación sindical”, convoca la activista.

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3 03America/Mexico_City septiembre 03America/Mexico_City 2011 at 11:45

Seguro Popular:el espejismo del derecho a la salud

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Guadalupe Cruz Jaimes

ESPECIAL LUSTRO PERDIDO: CALDERÓN Y SU DEUDA CON LAS MUJERES
Seguro Popular: el espejismo del derecho a la salud
Más mujeres afiliadas, pero sin atención de calidad
 
México, DF, 31 ago 11 (CIMAC).- Doña Celia Mendiola Torres tiene 82 años de edad y vive en Almoloya de Alquisiras, municipio rural del Estado de México. Ella sufrió un derrame cerebral hace tres años. Desde entonces requiere revisiones médicas constantes y tomar al menos dos medicamentos al día.
 
Se afilió al Seguro Popular (SP), programa creado por la Secretaría de Salud federal (Ss) en 2004, creyendo que tendría la atención adecuada para su padecimiento. Pero “de nada le ha servido”, dice Margarita, hija de doña Celia.
 
La adulta mayor forma parte de las 46 millones de personas afiliadas al SP hasta junio de este año; las mujeres representan 54.2 por ciento del total (24 millones), reporta la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, instancia rectora de este programa de atención.
 
Al cierre de 2010, la cifra de personas afiliadas era de 43 millones 518 mil 719. El año pasado la afiliación se triplicó respecto al número de personas que se registraron al seguro en 2009.
 
El vía crucis de Celia es tan sólo un ejemplo de lo que todos los días padecen millones de mexicanas que buscan satisfacer el derecho a la salud, garantía estipulada en el artículo cuarto constitucional pero que ha sido negada para la inmensa mayoría de la población en cinco años de la gestión de Felipe Calderón, señalan especialistas.
 
UNA TORTURA
 
Celia tiene que llegar a la unidad médica de la Ss a las 6 de la mañana para “alcanzar ficha” y pasar a consulta. Para llegar a esa hora “salimos a las 4:30 de la mañana y tenemos que tomar un taxi que nos lleve a la clínica”, a dos horas de distancia de Almoloya. Gasta en pasaje 300 pesos “sólo en el viaje de ida”.
 
Una vez en la unidad, la espera parece eterna. “Vamos pasando a consulta hasta la 1 o 2 de la tarde” y la calidad de la atención “deja mucho que desear”, porque después de tantas horas “el doctor medio la revisa y no le da las medicinas que necesita, sólo le dieron hierro y otras vitaminas”, narra Margarita.
 
La hija de doña Celia considera que acudir al SP es muy desgastante para su mamá por el tiempo de espera y porque además le representa un gasto que “no vale la pena”, ya que de cualquier forma ella y su familia tienen que comprar cada mes dos cajas de medicamentos, de un costo de 400 y 600 pesos cada una.
 
Entre las disposiciones del SP se encuentra el otorgamiento gratuito de medicamentos, sin embargo por el desabasto de fármacos esa medida en muchos casos no se aplica.
 
MÁS AFILIADAS, MENOS DERECHOS
 
A pesar del aumento en la afiliación al SP, tras la reforma a la Ley General de Salud (LGS) en 2009, la Ss disminuyó hasta en 40 por ciento el recurso destinado a la atención de cada mujer usuaria de este servicio.
 
A decir de organizaciones expertas en el tema, este hecho se tradujo en servicios deficientes por falta de personal e insumos para garantizar el derecho constitucional a la salud.
 
A su vez, de 2005 a 2010 el número de médicos familiares o generales en el SP pasó de 20 mil 571 a 29 mil 137, según un análisis del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos.
 
La organización civil calcula que 5 millones de afiliados y afiliadas al seguro viven en municipios que tienen menos de un médico por cada 100 mil habitantes afiliados al SP.
 
DISMINUCIÓN DE RECURSOS
 
Con la reforma a la LGS, cambió el “indicador de cobertura, pasando de familias a personas”, se explica en la investigación “Seguro Popular: afiliación y presupuesto”, realizada por Briseida Lavielle, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
 
Según los impulsores de la reforma, con la modificación se otorgarían “mayores recursos hacia aquellas entidades federativas que tienen un mayor número de miembros por familia”; pero en 2010 se redujo el presupuesto destinado a la atención de cada persona afiliada en 31 estados de la República.
 
Sólo aumentó el subsidio para las personas afiliadas en San Luis Potosí, de 700 a 800 pesos para ese año.
 
Otra de las justificaciones del cambio a la LGS era que permitiría “avanzar hacia la cobertura universal de la salud, ya que con los mismos recursos asignados será posible afiliar a una mayor cantidad de personas”, refiere el análisis de Fundar.
 
En efecto se incrementó el número de personas con SP, pero significó menos recursos para la atención médica de cada una de ellas. Por ejemplo, Baja California en 2009  recibió un subsidio de mil 500 pesos por persona afiliada, el cual disminuyó a 800 pesos en 2010, un recorte de más de 40 por ciento.
 
En una situación similar está Veracruz que en 2009 recibió mil 400 pesos y el año pasado 800; seguido del Distrito Federal, donde se redujo de mil 400 a mil pesos en el mismo periodo, detalla la investigadora de Fundar.
 
Otras entidades como Durango y Colima, que en 2009 recibieron 700 y 800 pesos, respectivamente, en 2010 sólo se les otorgaron 500 pesos.
 
Lavielle apunta que la disminución del gasto va en perjuicio de la población más marginada, en particular las mujeres, ya que ejercer el derecho a la salud “implica mucho más que estar afiliado a un esquema de financiamiento” como el SP.
 
PESADILLA SIN FIN
 
Carmen de la Cruz también está afiliada al SP. Padece diabetes, enfermedad que cada vez deteriora más su estado de salud sin que tenga opciones para recibir atención de calidad, ya que sus ingresos apenas le permiten subsistir.
 
“Soy costurera y me mantengo con los trabajos que me traen a la casa”, cuenta la señora de 53 años, residente de Tlalnepantla, Estado de México. Ella intentó conseguir una cita en el centro de salud más cercano a su casa en más de tres ocasiones, “pero ni llegando a las 5 de la mañana alcancé ficha”.
 
No le quedó de otra que ir a los servicios de salud ubicados a una hora de distancia de su hogar. “De todas formas hay que llegar temprano, pero es más seguro que me atiendan”, explica.
 
El primer día Carmen llegó a las 6:30 de la mañana. “Dieron las fichas a las 9 y pasé a consulta a las 1:30 de la tarde”, platica. Le tocó el turno 19 de los 23 que se reparten todos los días. “La atención no es buena, no revisan bien, pasan rápido un paciente tras otro porque siempre hay mucha gente”, relata.
 
En 2010 por cada familia el SP aportó 13.7 por ciento de un salario mínimo, proporción inferior al 15 por ciento que recibió desde su creación en 2004 hasta antes de la reforma a la LGS. En 2010 el seguro recibió más de 48 mil millones de pesos y para este año se le asignaron más de 56 mil millones.
 
De acuerdo con Briseida Lavielle es necesario que se evalúe y rindan cuentas sobre la suficiencia presupuestaria del SP, para hacer sostenible la atención integral de la salud las personas afiliadas “que haga posible el ejercicio efectivo de su derecho a la salud”.

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3 03America/Mexico_City septiembre 03America/Mexico_City 2011 at 00:07

Felipe Calderón eliminó el Estado de Derecho

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Anayeli García Martínez

ESPECIAL LUSTRO PERDIDO: CALDERÓN Y SU DEUDA CON LAS MUJERES
Felipe Calderón eliminó el Estado de Derecho 
Acciones represivas exacerban violaciones a DH
 
México, DF, 31 ago 11 (CIMAC).- Felipe Calderón estableció un Estado de hecho y no de Derecho, lo que a lo largo de su administración ha recrudecido las violaciones a los Derechos Humanos (DH) de mujeres, niñas, indígenas, periodistas y de los propios defensores y defensoras de las garantías humanitarias.
 
Para el doctor en Ciencia Política por la UNAM José Enrique González Ruiz así se resumen cinco años de gestión calderonista en materia de DH. “La impunidad sigue siendo la regla, los perpetradores de delitos graves contra las personas nunca son sancionados. Por eso necesitamos un cambio, una transformación total del Estado”, demanda en entrevista.
 
Es larga la lista de pendientes de la actual gestión federal por el número de violaciones a los DH presentadas ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
Asimismo, la impunidad es el rasgo común en casos como el de los asesinatos de las activistas Josefina Reyes, Marisela Escobedo, Josefina Chávez y Beatriz Cariño; y en el de las periodistas Elvira Hernández Galeana y Yolanda Ordaz.
 
RECUENTO DE LOS DAÑOS
 
Con Felipe Calderón al frente del Ejecutivo federal, el Estado mexicano ha sido condenado en cinco ocasiones por incurrir en graves violaciones a los DH. De este modo, México es el país, sólo después de Colombia, con el mayor número de denuncias (232) ante la CIDH.

En noviembre 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió la primera sentencia contra el Estado mexicano. Se trata de tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, perpetrados en 2001 en el predio conocido como Campo Algodonero.
 
La segunda condena la recibió en diciembre de 2009, la cual se refiere a la desaparición forzada del luchador social Rosendo Radilla, en Guerrero, en 1974.
 
En 2010 el Estado mexicano recibió tres veredictos más: en octubre tuvo dos condenas por la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo a manos de militares en 2002.
 
Y en diciembre la CoIDH condenó a nuestro país por la detención arbitraria y tortura de dos campesinos ecologistas de Guerrero, en 1999.
 
Si bien todas estas violaciones a los DH no se cometieron durante la actual administración federal, sí corresponde a Felipe Calderón castigar a los responsables y resarcir el daño a las víctimas.
 
A estas condenas en proceso de cumplimiento, se suma el aumento de 45 por ciento entre 2010 y 2011 de quejas por presuntas violaciones a DH ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
 
SIMULACIÓN
 
En un lustro, el Estado mexicano ha sido cuestionado a nivel internacional porque lejos de reducir la delincuencia y garantizar la vigencia de los DH, implementó una política de seguridad que simula el respeto de esos derechos.
 
En el Examen Periódico Universal 2009, elaborado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, México recibió 83 recomendaciones del mecanismo internacional en temas como justicia, armonización legislativa, políticas públicas, discriminación, violencia contra las mujeres, protección de periodistas y derechos de los pueblos indígenas y migrantes, entre otros.
 
En cinco años, representantes de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos han visitado el país, entre ellos los relatores de Libertad de Expresión, de Defensores de Derechos Humanos, de Migrantes, de Independencia de Jueces y Abogados, y de Personas Privadas de la Libertad.
 
En sus observaciones preliminares las y los relatores constataron el clima de zozobra que afecta la vigencia de los DH de la población, y manifestaron su preocupación por la violencia y el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
 
En 2010, organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU que el Estado mexicano simula cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de DH.
 
Tal es el caso de instancias ciudadanas como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
 
Las agrupaciones acusaron al Estado mexicano durante la revisión del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
 
Respecto a la sentencia de la CoIDH sobre el caso Campo Algodonero, igualmente la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y Justicia para Nuestras Hijas no se han cansado de reiterar el incumplimiento de las autoridades respecto al castigo a los responsables de feminicidio y la reparación del daño.
 
DEFENSORAS Y PERIODISTAS
 
En el documento “Protección para periodistas y defensores de Derechos Humanos”, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señala como necesaria la implementación de políticas de seguridad ciudadana acordes con el pleno respeto y garantía de los DH.
 
La oficina reconoce que periodistas y defensores de DH se han convertido en uno de los sectores de la sociedad más vulnerables a la violencia e inseguridad, lo cual tiene un impacto negativo en las condiciones en que ejercen sus actividades.
 
Del 1 de enero de 2006 al 31 de agosto de 2009, la instancia de Naciones Unidas contabiliza un total de 36 defensoras, 72 defensores, 17 organizaciones civiles y seis familiares que fueron presuntamente víctimas de algún tipo de agresión.
 
En el caso de periodistas, las organizaciones civiles Cencos y Artículo 19 informan que en 2010 29 mujeres periodistas fueron víctimas de agresión, las cuales se caracterizaron por amenazas con componentes sexuales y con alusiones hacia sus familias.
 
De acuerdo con la OACNUDH, las amenazas, intimidaciones, actos de hostigamiento, detenciones arbitrarias, interposición de acciones legales infundadas, asesinatos y otras formas de agresión, muestran el grave entorno en el que desarrollan sus actividades.
 
FIN A POLÍTICAS REPRESIVAS
 
En opinión del coordinador del programa de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), José Enrique González Ruiz, el concepto de seguridad tiene que ser de “seguridad humana” y no “democrática”.
 
Explica que la seguridad democrática hace referencia a políticas represivas mientras que la seguridad humana toma en cuenta el respeto de los DH y no deja en vulnerabilidad a la ciudadanía.
 
En sus informes, la OACNUDH observa que México atraviesa por un momento crítico debido a que la violencia plantea serios retos para las autoridades.
 
En diciembre de 2009 la ONU y la OEA elaboraron el “Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos”, en el que afirman que el concepto de seguridad en nuestro país debe cambiar para dejar de concentrarse sólo en más “policías y cárceles”.

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Política de seguridad se traduce en más violencia de género

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Gladis Torres Ruiz

ESPECIAL LUSTRO PERDIDO: CALDERÓN Y SU DEUDA CON LAS MUJERES
Política de seguridad se traduce en más violencia de género
Presupuesto anticrimen y feminicidio aumentan a la par
 
México, DF, 29 ago 11 (CIMAC).- En el quinto año de la administración de Felipe Calderón, la política de seguridad y la guerra emprendida contra el narcotráfico no se reflejan en la disminución de la violencia contra las mujeres y en un mayor acceso a la justicia para ellas, por el contrario, la impunidad en casos como el feminicidio va en ascenso, advierten activistas y académicas.
 
Lejos de estar más “seguras”, desde el 2006 las mexicanas están más expuestas a la violencia. Según estadísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), retomadas por el Banco de Datos del Feminicidio de Isis Internacional, de diciembre de 2006 a octubre de 2009 han sido asesinadas tres mil 726 mujeres.
 
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) registra –con base en datos de las procuradurías estatales– que de enero de 2009 a junio de 2010, se han perpetrado mil 728 homicidios dolosos de mujeres en sólo 18 entidades de la República; de ese total, 890 casos fueron definidos como feminicidio.
 
MÁS RECURSOS, MÁS ARMAS… MÁS VIOLENCIA
 
En cinco años de gestión, el gobierno federal ha destinado año con año cada vez más presupuesto para las dependencias que encabezan la llamada “guerra” contra el crimen.

De acuerdo con el documento “Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia”, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) señalan que el gasto público para seguridad y procuración de justicia en el ámbito federal casi se ha duplicado desde 2007.

En ese año se destinaron para ese rubro 66 mil 31 millones de pesos (mdp), mientras que para este año se aprobaron 115 mil 825 mdp.

El presupuesto destinado para el combate a la violencia de género se duplicó entre 2010 y 2011, al pasar de 65 mdp a 110 mdp. Lo paradójico es que la cifra aprobada para este rubro en 2011 representa sólo el 10 por ciento del gasto total para el combate a la criminalidad.

El monto de 110 mdp corresponde a lo asignado a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).
 
En cinco años de administración calderonista, la opacidad en el manejo de los recursos federales contra la violencia de género ha sido una constante.

Para muestra un botón: En 2008 se le asignaron a la Segob 40 mdp para crear el Fondo Nacional para la Alerta de Violencia de Género, y el Diagnóstico Nacional sobre Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y las Niñas, entre otras acciones incluidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General), promulgada en 2007.
 
Para 2009, la Cámara de Diputados únicamente aprobó a la Segob 9 mdp para la elaboración del diagnóstico nacional, luego de que legisladoras de la Comisión de Equidad y Género detectaron que hubo subejercicio y falta de transparencia en el manejo de los 40 mdp. Hasta ahora el diagnóstico, una obligación marcada en la Ley General, sigue sin elaborarse.
 
SIN ACCESO A LA JUSTICIA

En el Diagnóstico sobre la Seguridad Pública en México, elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, la investigadora Gabriela Pérez García señala que la existencia de seguridad no se traduce necesariamente en la vigencia del Estado de Derecho, ni que esta seguridad vaya acompañada de justicia para la población, en particular para las mujeres.

“No es suficiente que una política garantice seguridad si ésta no genera justicia, ni adhesión a las leyes de la nación, y pasa por alto los Derechos Humanos y las garantías constitucionales; (en ese caso) es una política que no cumple con su cometido”, advierte.
 
Pérez García recalca que la seguridad tiene que ir de la mano de la justicia y el Estado de Derecho. “Las políticas que no responden a esta necesidad no son congruentes con la normatividad que regula el respeto a los derechos de la población”, insiste.
 
Alejandra Massolo, investigadora y consultora en temas de equidad de género y gobiernos locales, afirma que la violencia de género atenta directamente contra la ciudadanía de las mujeres y la igualdad de oportunidades de ejercer los derechos, participar en la vida pública, gozar de las libertades democráticas, y contribuir al desarrollo local y nacional.
 
En su estudio “Género y Seguridad Ciudadana: el papel y reto de los gobiernos locales”, indica que si la ciudadanía de las mujeres es todavía más formal que efectivamente real, la violencia que las afecta tanto en el ámbito privado como público, inhibe y desgasta sus derechos, sus espacios y su empoderamiento conquistados a lo largo de innumerables luchas, “manteniendo la normal supremacía de la ciudadanía masculina”.
 
En su propuesta de seguridad, presentada a principios de este mes, la UNAM y el IIDC apuntan que el acelerado crecimiento presupuestal para la policía y el Poder Judicial implica un estimado de 300 pesos per cápita, lo cual –aducen– sería incompatible con la participación de 100 pesos per cápita para el sistema de procuración de justicia, el cual incluye a la policía de investigación.
 
“Lo que muestra la común tentación de enfocar el desarrollo institucional solamente en una de las áreas relevantes para el combate a la corrupción y la reducción de la violencia”, explican las instituciones académicas.
 
Expertas en el combate a la violencia de género observan que hay una “gran desconexión” entre el incremento del presupuesto y los resultados en materia de seguridad pública. Aseguran que no hay un decremento de la violencia contra las mujeres, y que por el contrario ambas variables (presupuesto y criminalidad) aumentaron a la par.
 
IMPUNIDAD
 
María de la Luz Estrada, coordinadora general del OCNF, considera que en cinco años de administración de Felipe Calderón, hay un incremento sustancial de muertes violentas de mujeres, lo que atribuye a que en este sexenio no se ha entrado de fondo en el combate de este flagelo.
 
“(Calderón) se ha esforzado por acabar con violencia a la delincuencia organizada propiciando más violencia; no ha hecho una cosa mínima para atacar la violencia contra las mujeres, y en cambio sí ha abierto muchos frentes en contra de ellas (el aumento  del feminicidio y la trata de personas), lo que propicia un ambiente de permisividad para violentar a las mujeres al negarles su acceso a la justicia y violentar sus Derechos Humanos”, explica.
 
Luz Estrada critica a instancias federales creadas en este sexenio para combatir la violencia de género, como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contras las Mujeres (Conavim), por considerar que “no dan el ancho” y carecen de “compromisos reales” en el tema.
 
“Hasta el momento no hay registros de homicidios dolosos de mujeres, tampoco de desaparecidas”, lo cual nos tiene en alerta, enfatiza la activista.
 
Abunda que ahora con la “guerra” de Calderón contra el crimen como política de Estado, las organizaciones de mujeres tienen nuevos frentes para atacar la violencia de género. “Ya no sólo es el feminicidio, ahora también está la trata de personas vinculada a la delincuencia organizada”, subraya.
 
Estrada acota que el OCNF ahora está documentando “levantones de mujeres” en Chihuahua y Sinaloa, y que en el caso de Guerrero, donde recientemente se tipificó el feminicidio, ahora a las habitantes “las sacan de su casas, las matan, las violan y se cometen un sinfín de vejaciones en su contra”.

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