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En la “congeladora”,mecanismo de protección para defensoras

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Anayeli García Martínez

CONTEXTO
En la “congeladora”, mecanismo de protección para defensoras
En tanto, viven con zozobra ante agudización de violencia
 
Mientras la situación de vulnerabilidad de las y los defensores de Derechos Humanos (DH) se agrava día con día, la Secretaría de Gobernación (Segob) mantiene en la “congeladora” el mecanismo de protección para activistas, criticó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
 
La abogada de la CMDPDH, Silvia Vázquez Camacho –quien ha sido víctima de amenazas por su trabajo humanitario– afirmó que la falta de un marco normativo que proteja a las y los defensores y la impunidad dejan en riesgo a aquellas personas que se dedican a la defensa y promoción de los DH.
 
En entrevista, Vázquez Camacho señaló que actualmente las y los activistas trabajan en “un terreno complicado”, ya que viven con la zozobra de padecer amenazas y violencia. Como ejemplo citó los asesinatos de Marisela Escobedo y Susana Chávez, dos mujeres que denunciaban casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, y los cuales siguen impunes.
 
Mencionó que tampoco se puede olvidar que en diciembre pasado la fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Norma Andrade, fue víctima de un intento de homicidio, lo que a decir de Vázquez Camacho es muestra de la situación de riesgo  que enfrentan las y los defensores.
 
En este escenario, la abogada recordó que desde 2011 el gobierno federal, a través de la Segob, se comprometió a elaborar –junto con organizaciones de la sociedad civil– un mecanismo de protección para activistas, el cual no está listo pese a que las agrupaciones presentaron una propuesta.
 
El 7 de julio de 2011 la Segob publicó las bases para crear el mecanismo de protección, pero días después el secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez, declaró ante los medios de comunicación que aquellos que defienden los DH “intentan dañar la imagen de las instituciones”, por lo que el diálogo se rompió.
 
Ante el panorama desolador para la vigencia de los DH, las organizaciones regresaron en septiembre pasado a las mesas de negociación con la Segob. “En tanto, hay más defensores muertos, amenazados e intimidados, y más movilización interna para salvaguardar su seguridad”, advirtió Vázquez Camacho”.
 
VIDAS AMENAZADAS
 
Silvia Vázquez junto con la defensora Blanca Mesina Nevarez, es representante de 25 policías víctimas de tortura y tratos crueles presuntamente a manos del Ejército, en Tijuana, Baja California (BC).
 
Desde entonces ambas han recibido amenazas de muerte, lo que las obligó a abandonar su lugar de residencia. Si bien Blanca regresó a BC, Silvia no tuvo la misma suerte, ya que las autoridades federales y estatales no le han garantizado su seguridad.
 
La defensora señaló que aunque solicitó medidas de protección, éstas nunca se brindaron y sostuvo que en este proceso se hicieron mesas de trabajo para acordar las medidas de seguridad, porque el Estado siempre utiliza las reuniones “para justificar y decir que tiene voluntad”, criticó la abogada.
 
La situación de los DH en la región es tan complicada que recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió crear una Relatoría sobre la situación de las y los defensores de DH.
 
Durante su 141 periodo ordinario de sesiones, que se realizó del 21 de marzo al 1 de abril de 2011, la CIDH creó esta Relatoría para dar respuesta a la gran cantidad de denuncias que ha recibido, y con el objetivo de dar mayor visibilidad a la importancia del papel de las y los defensores.
 
Con esta relatoría, a cargo del comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, la CIDH ha expresado su preocupación sobre obstáculos y problemas significativos en la implementación de medidas cautelares otorgadas por la Comisión a personas en riesgo, a fin de prevenir daños irreparables.
 
La CIDH advirtió que beneficiarios de medidas cautelares han sido asesinados, por lo que llamó a los países de la región a tomar en cuenta medidas eficaces de protección.
 
En este contexto y ante la inacción de las autoridades mexicanas, la CMDPH editó el manual “El derecho a defender los Derechos Humanos en México”, que contiene una guía práctica sobre el derecho a defender los DH y la protección de defensoras y defensores en México.

Manto de atropellos cubre a defensoras

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Anayeli García Martínez

REPORTAJE
Manto de atropellos cubre a defensoras
Activistas sufren violencia agravada por condición de género
 
Ya sea que cuiden el medio ambiente, la salud sexual y reproductiva o combatan la violencia, las defensoras de Derechos Humanos en México sufren persecución y amenazas.
 
Sin importar la causa que enarbolen (ecología, defensa del trabajo, derechos sexuales o lucha contra el feminicidio), las mujeres defensoras de Derechos Humanos (DH) en México tienen un rasgo fatal en común: son amenazadas de muerte, desaparecidas, exiliadas, e incluso asesinadas por el sólo hecho de ejercer su labor.
 
El estudio “Defensoras de Derechos Humanos en México, diagnóstico 2010-2011 sobre las condiciones y riesgos que enfrentan en el ejercicio de su trabajo”, documenta que la integridad física y moral de las activistas está en constante peligro, y se agrava con el clima de impunidad y corrupción que impera en el país.
 
La investigación de las organizaciones civiles Asociadas por lo Justo, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad-Oaxaca, revela que no importa la causa que ellas defiendan: todas pueden ser blanco de violencia.
 
MÁS VULNERABLES
 
El diagnóstico indica que las defensoras, al igual que sus pares hombres, son víctimas de las políticas represivas y la inseguridad en el ejercicio de su activismo. Sin embargo observa que las mujeres sufren formas específicas de agresión por su condición de género.
 
El 76 por ciento de las activistas entrevistadas reconoció agresiones particulares por el hecho de ser mujeres, y 96 por ciento reportó haber vivido violencia o enfrentado algún obstáculo para realizar su trabajo.
 
De acuerdo con el análisis, los ataques contra las defensoras de DH son más graves en estados como Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
 
MISIÓN INTERNACIONAL
 
En medio de la violencia que azota al país, la llamada Iniciativa de Mujeres Nobel –una delegación internacional de Estados Unidos y Canadá, integrada por periodistas, actrices y activistas–, estuvo este mes en México, encabezada por la Premio Nobel de la Paz 1997, Jody Williams.
 
La misión visitó Guerrero y se reunió con mujeres nahuas, tlapanecas, mixtecas y amuzgas, para constatar las amenazas y riesgos que enfrentan por ser defensoras de DH.
 
Elsa Baldovinos Ríos, presidenta de la organización Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán, narró a las visitantes cómo tuvo que enfrentar la discriminación de los varones de su comunidad por querer defender los bosques.
 
“Por herencia tenemos eso de la discriminación de las mujeres y a mí sí me ha tocado… pese a los obstáculos he avanzado, pero si esto no te gusta no lo sigues haciendo”, contó Elsa, quien ahora promueve la siembra de hortalizas para el autoconsumo.
 
La activista dijo que vive en riesgo latente, aunque reconoció que a su agrupación no le ha pasado lo que a la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, cuyos dirigentes, Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista, están desaparecidos desde el pasado 8 de diciembre.
 
En respuesta, Jody Williams aseguró que en los Estados donde las fuerzas armadas realizan labores de seguridad pública –como en México– la situación es peor para las activistas.
 
La estadounidense destacó la lucha de las guerrerenses: “Me da inspiración ver que estas mujeres indígenas tienen el valor de seguir adelante en la lucha para defender los derechos de todos y no sólo de ellas”.
 
TESTIMONIOS
 
Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco, es una indígena que por defender a víctimas de violación sexual por parte de militares, ha recibido amenazas de muerte que la obligaron a abandonar su hogar en busca de seguridad.
 
Ella dijo a la Iniciativa de Mujeres Nobel que cuando las líderes sociales “agarran poder” son “un peligro para las autoridades”. También criticó la impunidad del Estado: “Ellos lo único que hacen es mandarme a declarar una y otra vez. Y me mandan las mentadas medidas cautelares, que no son otra cosa que cámaras de video que no funcionan”.
 
Otra mujer que se ha enfrentado al Ejército es Tita Radilla, hija del líder social Rosendo Radilla Pacheco (desaparecido en 1973) y presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos.
 
La delegación encabezada por Jody Wiliams advirtió que la falta de normas para proteger a las defensoras y evitar la impunidad, alcanza a cualquier luchador social.

 
Silvia Castillo, directora del Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, explicó que en la entidad sureña las organizaciones también defienden los derechos sexuales y reproductivos.

 
Las activistas se han organizado para defender a tres mujeres acusadas de homicidio cuando en realidad tuvieron abortos espontáneos. Una salió en libertad, pero dos más siguen presas; una de ellas con una condena de 22 años de cárcel.
 
La directora de Asociadas por lo Justo e integrante de la misión, Lisa VeneKlasen, criticó que el Estado mexicano tolere la impunidad contra las defensoras de DH. “En una situación donde no tiene la voluntad, ni la capacidad de responder y dar protección a las mujeres, nosotras, las mujeres, tenemos que crear una protección alternativa”, planteó.

Férrea vigilancia a recursos para liderazgos femeninos

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Anayeli García Martínez

ENTREVISTA
Férrea vigilancia a recursos para liderazgos femeninos
Investigadora llama a mujeres líderes a evitar desvíos
 
De cara a las elecciones federales de 2012 –en las que se renovarán la Presidencia de la República, Cámara de Diputados y el Senado–, las mujeres tienen el reto de que los partidos políticos ejerzan de manera eficaz el dos por ciento de su financiamiento público anual, para fortalecer los liderazgos femeninos.
 
La investigadora y experta en derecho electoral María del Pilar Hernández Martínez hizo un llamado a las mujeres con cargos de mando en los partidos, para que ejerzan de manera adecuada los 62 millones de pesos que con ese fin el IFE destinó este año a los siete partidos existentes en México (PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, Movimiento Ciudadano y Panal).
 
Lo anterior, luego de que la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) detectó que en años anteriores esos recursos se han destinado para todo, menos para formar cuadros femeninos tal y como lo establece el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
 
Los partidos usaron esos montos para pagar material promocional, fumigación, seguridad, servicios de lavandería y servicios generales.
 
En el colmo, una investigación del Consejo Ciudadano Mujeres al Poder reveló que en 2009 los institutos políticos ejercieron 54 millones 635 mil 591 pesos en actividades ajenas al desarrollo político de las mujeres.
 
Por ejemplo, el PRI utilizó el dos por ciento de su presupuesto para pagar un laudo en su contra por 520 mil pesos, y el PVEM lo usó para comprar un vehiculo Jetta de 142 mil pesos a nombre de Alejandra Fernández Muñoz.
 
MÁS DIENTES A LA FISCALIZACIÓN
 
En entrevista con Cimacnoticias, la ex magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal María del Pilar Hernández, destacó que el pasado 4 de julio el Consejo General del IFE aprobara un reglamento de fiscalización más riguroso para revisar los gastos de los partidos en materia de género.
 
Resaltó que las nuevas reglas “son muy puntuales respecto de los indicadores que deben ser considerados como parte de la formación del liderazgo femenino”.
 
Cabe recordar que la Red Mujeres en Plural y el Consejo Ciudadano Mujeres al Poder fueron dos de las agrupaciones que pugnaron por reglas más especificas en la fiscalización, a fin de que el IFE y los partidos políticos tuvieran una guía general que explicará en qué se puede gastar el dos por ciento y en qué no.
 
De acuerdo con la doctora en Derecho, si bien este es un logro importante no hay que olvidar que las mujeres políticas también tienen una responsabilidad en el ejercicio de esos recursos. “Los partidos tienen sus comisiones de género, hablar de los partidos en general es una abstracción bastante temeraria”, aclaró.
 
La también académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM observó que dentro de los partidos políticos las mujeres dirigentes, “quienes seguramente tienen a su cargo los proyectos o áreas de género”, son las que deben vigilar cómo se ejerce el dos por ciento de los recursos para el desarrollo de liderazgos femeninos.
 
Convocó a las mujeres de los partidos a que estén atentas del manejo de ese presupuesto y reflexionen: “¿Esto quién lo autoriza? ¿En qué se lo gastan o quién se lo gasta? ¿Cuánto abona en la capacitación o en el desarrollo de habilidades?”.
 
IMPULSAR NUEVOS CUADROS
 
La especialista en Derecho electoral consideró que antes de enseñar a ejercer el liderazgo habría que encontrarlo, por lo que lamentó que los institutos políticos hayan perdido su capacidad de reclutar a las y los jóvenes a quienes les enseñaban el compromiso con su ideología, o en otras palabras, hacían germinar grupos de líderes “que ya lo eran por naturaleza”.
 
María del Pilar Hernández llamó a que los partidos construyan ciudadanía y conciencia sobre los derechos políticos entre las nuevas militantes.
 
Así, propuso, deben darse becas para estudiar Derecho a militantes activas que podrían llegar a ser candidatas o legisladoras, y que en un futuro se encargarían de promover acciones, políticas y legislaciones a favor de las mujeres.
 
“¿Cómo generar mujeres líderes si cuando veo el escenario político de probables candidatas encuentro que siguen siendo las mismas? Ellas son líderes porque lo son, no necesitaron un curso”, advirtió.

AL requiere estrategia regional para combatir trata de personas

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Milva Benitez y Josefina López Mac Kenzie, corresponsales

INTERNACIONAL 
AL requiere estrategia regional para combatir trata de personas 
Llegan a México víctimas desde Argentina y Uruguay
 
Buenos Aires, 8 dic 11 (CIMAC).- Así como la trata de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual comercial no respeta fronteras, los gobiernos de América Latina (AL) deben coordinar esfuerzos políticos, legales y judiciales para abatir un negocio que es un delito de lesa humanidad.
 
En entrevista, Luis Purtscher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual, Comercial y No Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes de Uruguay, destaca la importancia de que los países de la región cooperen entre sí para enfrentar una mafia que “surfea las fronteras”.
 
El funcionario advierte que Argentina y Uruguay son países de destino y de traslado de víctimas de trata hacia Italia, España, Estados Unidos y México.
 
Purtscher afirma que las naciones de AL combaten ese delito con instituciones “pensadas para el siglo XIX”, y que además están permeadas por la corrupción, la complicidad y factores culturales que naturalizan el crimen e invisibilizan a las víctimas.
 
“El capitalismo moderno está generando nuevos espacios de violencia y la trata es uno de ellos”, subraya. Explica que las divisiones políticas y administrativas “no son un freno para los tratantes ni para la explotación sexual en las peores condiciones”.
 
Por lo tanto ­convoca­ cualquier estrategia contra la trata de personas debe tener el componente internacional, porque si bien existen casos de trata interna en todos los países, llevar a las víctimas hacia otro país es “una fase de mayor explotación y violación de los Derechos Humanos”.
 
DESPROTECCIÓN ABSOLUTA
 
El presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual, Comercial y No Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes de Uruguay, apunta que cuando las víctimas son llevadas a otros países, además del maltrato que padecen, ellas pierden sus vínculos de protección y afectivos.
 
“Por eso es indispensable la integración, porque cualquier política de combate a la trata va a tener que tomar algunas de las características del fenómeno: la coordinación, la velocidad, la movilidad, el surfear por las fronteras”, abunda.
 
­¿Cuáles son las principales dificultades que detecta para que haya articulación internacional?
­Las conexiones son muy complejas. Los sistemas jurídicos (de los países de AL) son distintos. Muchas veces los responsables de la trata, “los pesados”, no caen nunca, y tampoco los mal llamados “clientes”, que aunque están más a mano desaparecen del proceso. Esto existe porque es un negocio.
 
“En trata, la legislación (en Uruguay) está acorde a todos los tratados internacionales. La prostitución es legal a partir de los 18 años, por lo que para quienes abordamos el tema sobre niñez y adolescencia eso nos constituye una traba porque existe una naturalización del proceso.”
 
“COMO ROBAR UNA VACA”
 
­¿Ha detectado mujeres y niñas llevadas de Uruguay a Argentina o viceversa?
­Uruguay es país de tránsito y destino, igual que Argentina, que es un destino para uruguayos víctimas y viceversa. Pero básicamente, en su expresión internacional, los destinos finales de estos casos son Italia, España, y últimamente Estados Unidos y México.
 
­Con relación a la trata de niñas y niños, ¿qué características se están viendo?
­A partir de la creación (en Uruguay) de juzgados especializados todas las denuncias se concentraron ahí. Entre 2007 y 2009 tuvimos 20 casos. En 2010 tuvimos 20 casos, y en lo que va de 2011 tenemos ya 40.
 
Luis Purtscher observa que en el fenómeno de la trata “siempre hay invisibilización, miedo (que juega un papel importante sobre todo en las localidades pequeñas, donde las relaciones son cara a cara), y componentes como el machismo y el patriarcado que naturalizan este tipo de prácticas aberrantes”.
 
Por ello, lamenta el funcionario, en Uruguay las condenas a proxenetas suelen ser “un poco más que lo que se da por robar una vaca”, a pesar de que están en juego “delitos de lesa humanidad”.
 
LEGISLACIÓN
 
­¿Hay alguna instancia internacional en la que se esté planteando la penalización del “cliente” de trata como se discute en Argentina?
­En el caso de las y los menores de edad está penalizado. En los adultos no. Pero tenemos que problematizar algunos temas. Por ejemplo, el hecho de que la prostitución esté reglamentada. En el caso de las menores de edad es increíble que el explotador-cliente siempre desaparezca del ámbito judicial.
 
­¿Hay condenas?
­Van de dos a 12 años.
 
­¿Ustedes intervienen en rescates y en el proceso de recuperación de niñas, niños y adolescentes?
­No tenemos el avance que tiene Argentina, con equipos especializados y oficinas de rescate. El tema es relativamente nuevo como política de Estado. Lo que sí tenemos son los juzgados especializados del crimen organizado, que tienen competencia sobre estos casos y cuya policía tiene una serie de herramientas que no tiene la policía común.
 
Purtscher explica que en su país las autoridades investigadoras del delito de trata pueden hacer seguimientos telefónicos, tienen régimen de testigos protegidos, y usan agentes encubiertos.

Ruptura entre OSC y gobierno incide en más casos de VIH en mujeres

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Chantal Martínez Díaz, corresponsal

CAMPAÑA PERIODISTAS DE MESOAMÉRICA A FAVOR DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Ruptura entre OSC y gobierno incide en más casos de VIH en mujeres
No hay trabajo en equipo, políticas eficaces, ni recursos

Ciudad Victoria, 5 dic 11 (CIMAC).- Mientras las autoridades sanitarias del estado de Tamaulipas no dan al clavo para abatir el ascenso de casos de VIH-Sida entre la población femenina, y las organizaciones civiles contra la pandemia actúan por su lado, sin recursos ni apoyo oficial, las mujeres de esta entidad federativa siguen contrayendo el virus.
 
De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud estatal, los nuevos casos de VIH se presentan en mujeres casadas y en jóvenes de 16 a 25 años de edad, y la prevalencia es de una mujer por cada tres hombres.
 
Sin embargo, en los municipios de Ciudad Victoria (capital del estado) y Tampico la incidencia está a la par. Reynosa es otra de las localidades con más casos.
 
Grupos ciudadanos de combate al VIH-Sida en la entidad denuncian que en los últimos cinco años las políticas oficiales han decaído en la atención y prevención de la enfermedad.
 
Contrastan que en 2006 el Centro Ambulatorio de Prevención y Atención en SIDA e ITS (CAPASITS) de la ciudad de Tampico ­el que más pacientes atiende en Tamaulipas­ obtuvo el primer lugar a nivel nacional en la certificación de esas unidades dependientes de la Secretaría de Salud federal (Ss).
 
“Hoy los CAPASITS del estado están prácticamente en la ruina y el abandono”, afirman las organizaciones civiles. “No hay condones, ni pruebas rápidas suficientes, menos el personal capacitado para atender los casos. La situación más grave ocurre en Tampico y Nuevo Laredo”, agregan.
 
INDOLENCIA
 
Asociaciones como Tamaulipas Diversidad Vihda Trans, Grupo Comvihviendo, Cepavih, y Concepto VIH-Sida, advierten que en este año la situación para las y los portadores de VIH-Sida en el estado “ha empeorado”, pero más para las mujeres ante una necesidad insatisfecha de condones femeninos que las autoridades se niegan a comprar, acusan.
 
“Los CAPASITS no pueden cumplir con los requerimientos de las y los usuarios ni de la población en general, incluidos los grupos de riesgo, como las y los trabajadores sexuales a quienes sólo les dan dos condones por semana”, abundan las organizaciones.

 
Renata Martínez, dirigente del Centro de Prevención y Apoyo en VIH (Cepavih), afirma que esta situación es alarmante: “El tiempo pasa y los meses se convierten en años; estamos batallando más en lo que es prevención, (las autoridades) nos dejaron solos y así estamos tratando de hacer el trabajo”.
 
Las y los activistas añaden que los recursos del Fondo Mundial de la Lucha contra el Sida no han aterrizado directamente en Tamaulipas, por lo que las mujeres con el virus siguen en espera de ayuda.
 
Tamaulipas Diversidad Vihda Trans lamenta que el apoyo a las mujeres con los recursos de ese fondo serían mínimos, aunque reconoció que ayudarían a paliar infecciones entre quienes son parejas de hombres que tienen sexo con hombres (HSH) o de usuarios de drogas inyectables.
 
RADIOGRAFÍA DE LA PANDEMIA
 
En Tamaulipas hay un acumulado de ocho mil casos de VIH-Sida; mil 480 personas son atendidas en los cinco CAPASITS del estado, y otras 800 en unidades del IMSS, ISSSTE o PEMEX; del total, unos 800 corresponden a mujeres (35 por ciento). Se estima que otras mil 500 personas tengan ­sin saberlo­ el virus.
 
El estado ocupa el lugar 18 en incidencia de VIH-Sida a nivel nacional, y se observa que los grupos de riesgo han cambiado debido a que antes la alta incidencia se detectaba en hombres, y la prevalencia era que por cada 17 varones con el virus había una mujer. Hoy la tendencia es desfavorable para el sexo femenino y más para las jóvenes.
 
La población femenina es la más vulnerable al contagio por VIH-Sida, toda vez que las relaciones sexuales con su pareja son la principal vía de transmisión.
 
Apenas dos por ciento de la población sexualmente activa utiliza preservativos femeninos y masculinos, cuando lo recomendado por la Ss es que al menos 60 por ciento de la población sexualmente activa recurra a los condones para evitar la transmisión.
 
DIVISIÓN
 
El pasado 1 de diciembre las autoridades sanitarias de Tamaulipas conmemoraron con “acarreados” el Día Mundial de Lucha contra el Sida, y sin haber convocado a la sociedad civil.
 
Encabezados por el secretario estatal de Salud, Norberto Treviño, y el encargado del programa contra el VIH, Alejandro Cortés, unos 50 empleados de la dependencia fueron obligados a marchar por la principal avenida de Ciudad Victoria, donde también se sumaron alumnos de bachillerato y universidades privadas.
 
Sin las características vestimentas blancas y los lazos rojos en solidaridad con las personas con VIH, Cortés aclaró que la conmemoración del 1 de diciembre “no fue para recordar muertos”.
 
Ante lo que consideran una ruptura entre las organizaciones civiles y el gobierno estatal en el combate al VIH, activistas explican que seguirán su labor con o sin el respaldo oficial.
 
Así por ejemplo el Grupo Renacer continúa la entrega cada mes de despensas para que las y los portadores tengan una dieta sana. Otras organizaciones como Cepavih, Concepto VIH, o Convihviendo, trabajan directamente con mujeres seropositivas al virus o construyen albergues para las y los enfermos terminales.
 
EDUCACIÓN SEXUAL
 
Para revertir la tendencia y la alta vulnerabilidad en las mujeres por VIH, Renata Martínez llama a que desde quinto año de primaria se imparta educación sexual “clara y responsable”.
 
Óscar Medina, líder del movimiento Lésbico-Gay en Ciudad Victoria, apunta que desde el kínder se les debe hablar de sexualidad a las niñas y los niños.
 
La dirigente de Cepavih propone que las autoridades permitan a las y los activistas ir a las escuelas de nivel básico para dialogar sobre el tema con niñas, niños y jóvenes, “ya que los tabúes e ignorancia hacen que el virus se siga propagando”.

Medicinas contra VIH afectan más a las mujeres

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Guadalupe Cruz Jaimes

CONTEXTO
Medicinas contra VIH afectan más a las mujeres
Tratamiento no toma en cuenta diferencias biológicas
 
El modelo médico de atención para personas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) fue diseñado en función del cuerpo masculino, ignorando las diferencias fisiológicas, anatómicas y hormonales de las mujeres.
 
Esta situación provoca que los efectos secundarios de los medicamentos sean más severos para ellas, se asienta en la investigación “Mujeres. La experiencia de vivir con VIH/Sida”, de la antropóloga Samantha Mino, coordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de las y los Jóvenes de la organización civil Salud Integral para la Mujer (Sipam).
 
El estudio señala que una persona con el virus puede sobrevivir en promedio entre nueve y 11 años sin tomar tratamiento antirretroviral (ARV), y la esperanza de vida aumenta hasta 15 años después de ser diagnosticado el padecimiento tomando esos medicamentos.
 
El tratamiento contra el VIH tiene como fin reducir la concentración del virus en el cuerpo y evitar la destrucción del sistema inmune, pero simultáneamente causa otros padecimientos que pueden ser leves o “potencialmente mortales”: van desde vómito y diarrea hasta la pérdida de grasa corporal en grandes cantidades.
 
Entre las enfermedades que las mujeres pueden desarrollar está la lipodistrofia (alteración en la forma en que el cuerpo produce, usa y almacena grasa). Existen dos tipos: la primera es la desaparición progresiva de la grasa en brazos, piernas, cara y nalgas. La segunda es la lipohiperatroia (acumulación de grasa en el estómago, los senos y la nuca).
 
También está la hepatoxicidad que consiste en una lesión en el hígado ocasionada por inflamación, muerte de células o exceso de grasa en este órgano. Algunos de los síntomas son coloración amarillenta de la piel y los ojos e inapetencia.
 
La hiperglucemia es otro de los posibles padecimientos y consiste en la concentración de glucosa en la sangre superior a la normal, quienes la padecen presentan sed y hambre excesiva y pérdida de peso. La hiperlipidemia es el aumento en la cantidad de grasa, como colesterol y triglicéridos, en la sangre.
 
Las mujeres y las personas obesas están en mayor riesgo de manifestar acidosis láctica que es una afección “potencialmente mortal”, y consiste en la presencia de demasiado ácido en la sangre.
 
Los síntomas de la enfermedad son náuseas, vómito, dolor abdominal, cansancio, dificultad para respirar, respiración acelerada, aumento de tamaño o sensibilidad del hígado, manos y pies fríos o azulados y adelgazamiento.
 
Las erupciones leves o graves en la piel también son ocasionadas por los medicamentos ARV, consisten en manchas rojas planas o levantadas que se convierten en ampollas en el centro, y aparecen en la boca, ojos, genitales. También pueden ser descamaciones en la piel que ocasionan úlceras dolorosas, fiebre, dolor de cabeza y malestar general, refiere el documento.
 
La osteonecrosis es otra de las enfermedades y se trata de la muerte del tejido óseo, que ocurre cuando el suministro de sangre se interrumpe y el hueso no puede obtener los nutrientes. Las investigaciones aún no determinan qué es lo que causa esta enfermedad, no saben si ocurre producto de la infección por VIH o a por algún tipo de medicamento.
 
Los síntomas son dolor, rigidez de las articulaciones, espasmos musculares y lesión progresiva de los huesos.
 
Y por último está la osteopenia es otra afección que se presenta cuando los huesos pierden minerales como calcio y fosfato y tienen menos densidad. Cuando la pérdida es grave deriva en osteoporosis.

Ante inacción oficial,VIH se feminiza

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Guadalupe Cruz Jaimes

REPORTAJE
Ante inacción oficial, VIH se feminiza
Más contagios en mujeres y políticas de salud no resuelven
 
La pobreza, la marginación y la violencia aumentan los casos de mexicanas con VIH, pero la educación sexual contribuye a enfrentar esta realidad.
 
Eva Díaz es integrante de Mujeres Fuertes con Esperanza y Vida (Mufev); contrajo el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) desde hace una década. El padre de sus hijos le transmitió la infección; fue el último golpe que él le dio antes de morir por Sida.
 
La ahora activista, de 53 años, era ama de casa y vivía en una colonia popular del DF, donde su esposo la golpeó muchas veces “hasta que mis hijos crecieron y se pusieron al ‘tú por tú’ con él”, relata.
 
Eva soportó golpes y humillaciones porque no tenía a donde ir, tampoco empleo ni educación, ya que no terminó la secundaria. A los 13 años de edad abandonó su casa al huir de la violencia familiar, y a los 15 años estaba embarazada de su agresor.
 
Díaz se enteró de que era seropositiva al VIH cinco años después de separarse de su pareja, cuando él fue diagnosticado en una fase terminal de Sida. “Él murió en noviembre y en diciembre comencé el tratamiento”, recuerda.
 
ENFERMEDAD Y DOLOR
 
Samantha Mino, coordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de las y los Jóvenes de la organización civil Salud Integral para la Mujer (Sipam), señala que las mexicanas con VIH, además de su estado serológico, llevan una vida sin oportunidades de desarrollo y llena de violencia, algunas de ellas desde la infancia.
 
En su investigación “Mujeres. La experiencia de vivir con VIH/Sida”, Mino asegura que la violencia estructural traducida en pobreza y marginalidad social, junto con la violencia de género, incrementa las posibilidades de que ellas adquieran el virus.
 
La mayoría de las mujeres entrevistadas se dedican al trabajo doméstico, al comercio informal o son amas de casa; ninguna tiene derechos laborales. Ellas tampoco accedieron a la escuela y menos a la educación sexual, advierte la también antropóloga como parte del Día Mundial de Lucha contra el Sida, que se conmemoró el pasado 1 de diciembre.
 
Un ejemplo de que la marginación aumenta la vulnerabilidad de las mujeres es que mientras en el país hay una mujer con VIH por cada cinco hombres, en Iztapalapa la relación es de “un hombre por una mujer” con el virus, dice Samantha Mino. Y la mayor parte de las nuevas infecciones son entre adolescentes y jóvenes.
 
La creciente propagación del VIH entre las mexicanas es preocupante, ya que durante la segunda mitad de la década de los 80 había 27 hombres con el virus por una mujer, y ahora la relación es mucho más cerrada, apunta la activista.
 
A pesar de que organizaciones civiles y organismos internacionales han llamado al gobierno de México a invertir en prevención y tratamiento para las mujeres, la estrategia sigue focalizada en el grupo con prevalencia más alta: los hombres que tienen sexo con hombres (HSH).
 
La Secretaría de Salud (Ss) reporta que de 1985 a 2011 han sido detectados 9 mil 742 casos de VIH en mujeres, y 25 mil 234 en varones.
 
De acuerdo con los datos se observa que las cifras durante el mismo periodo se disparan en lo que respecta a casos diagnosticados con Sida.
 
Es así que de 1983 a 2011 se registraron 26 mil 721 casos de Sida en mujeres, y 123 mil 162 en hombres. Esto se debe a que la detección del VIH sigue siendo tardía, y la mayoría de los casos se identifican cuando las personas ya desarrollaron la enfermedad.
 
Alejandrina García, coordinadora del Programa de Mujeres y VIH de Sipam, indica que el hecho de que las mujeres representen 28 por ciento de los casos de VIH, y 18 por ciento de las personas diagnosticadas con Sida, “es suficiente para llevar a cabo estrategias dirigidas a esta población, no necesitamos esperar a ser mayoría para que las autoridades nos miren”, recalca.
 
Un ejemplo de la exclusión de las políticas públicas es que las mexicanas están fuera del Plan de Prevención Nacional del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida), ya que se centra en los HSH.
 
Hasta ahora las mujeres sólo han sido integradas como “transmisoras” del virus, ya que las acciones se enfocan en las embarazadas y en “trabajadoras sexuales”.
 
Agrega que “urgen” programas estatales y federales que fortalezcan las acciones preventivas y de atención con una perspectiva de Derechos Humanos de las mujeres.
 
También que en el diseño de las políticas se integre la relación entre la violencia y el aumento de la vulnerabilidad de las mexicanas al VIH, ya que más de la mitad de las mujeres con el virus han sido víctimas de este delito.
 
VIOLENCIA
 
Mino cita el testimonio de Cristina –quien obtuvo el virus por parte de su pareja– para ejemplificar la situación de violencia: “Él era muy agresivo, me violaba; él quería relaciones sexuales por el ano, porque además fue judicial y me platicó que violaba a las personas a las que agarraba”.
 
A las agresiones vividas antes de la detección del virus, se suma la discriminación y estigma con la que tienen que lidiar las mujeres. “La semana pasada fui a hacer una cita a un servicio dental particular, y cuando les dije que tenía VIH no me quisieron atender”, cuenta Niza Picasso, de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH (ICW).
 
Ana Güezmes, directora de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, señala que la educación sexual con enfoque de género es una “deuda pendiente”, que de atenderse ayudaría a prevenir la transmisión de infecciones de transmisión sexual (ITS).

Catalina O’Leary,activista y militar,defensora de las mujeres

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Silvia Núñez Esquer, corresponsal

ENTREVISTA
Catalina O’Leary, activista y militar, defensora de las mujeres 
Protectora del ambiente recibe Premio Nacional “Benito Juárez”
 
Hermosillo, 2 dic 11 (CIMAC).- Nacida en el municipio de Magdalena, Sonora, Rosa María Catalina O’Leary Franco ha vivido gran parte de su vida dedicada al activismo social, principalmente en la defensa de los derechos a la salud y a un medio ambiente limpio y saludable.
 
O’Leary es licenciada en química; desempeñó su profesión dentro de la milicia y hoy es teniente retirada. Prestó sus servicios en los hospitales del IMSS, en el Hospital Regional número 4, y el Hospital Regional número 1, ambos de la Secretaría de la Defensa nacional en esta capital estatal y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
 
Participó en las protestas contra el basurero tóxico conocido como CYTRAR, de la transnacional Tecmed, y contra la empresa minera chilena Molymex.
 
La lucha social la llevó a Zimapán, Hidalgo, para clausurar la empresa española operadora de un basurero tóxico, lugar donde todavía hay un pleito legal en contra de los inversionistas por indemnizaciones a los afectados.
 
Rosa María también ha encabezado o participado en protestas de los mineros de Cananea y Nacozari; contra el despojo de los vecinos de la presa Abelardo Rodríguez; la defensa de las áreas verdes de esta capital; ayuda a migrantes, así como el respaldo a la lucha de las madres y padres de las y los niños fallecidos y sobrevivientes del incendio de la guardería ABC, el 5 de junio de 2009.
 
Por su amplia trayectoria como activista, en el marco del pasado 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el partido Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) le otorgó el Premio Nacional “Benito Juárez García”.
 
En entrevista, Rosa María O’Leary da su opinión sobre el papel del Ejército en la lucha contra el crimen y la lucha ecologista en Sonora.
 
MUJER MILITAR
 
–Platícanos sobre tu desempeño dentro del Ejército.
–Es una sociedad dentro de una sociedad. Conocí de todo: altos valores y también cosas nefastas. A veces cuando veo todos los desmanes que pasan me da mucha tristeza, pero considero que parte de la problemática es la leva. El Ejército tiene que estar supliendo sus faltantes, entonces meten lo que sea, gente que no está capacitada, sin preparación, que va por un sueldo, que tiene necesidad de trabajar, o gente a la que un arma le entrega un poder infinito sin tener todos los principios.
 
–¿Qué opinas del papel que el gobierno le ha dado el Ejército?
–Es una traición. El Presidente, como jefe máximo del Ejército, lo ha comprometido de una manera cruel, lo ha puesto prácticamente en contra de su pueblo sin darse cuenta. El Ejército no está para eso, tiene otra función. Y el Presidente ha comprometido al Ejército de una manera muy irresponsable para servir a Estados Unidos.
 
Rosa María O’Leary critica la aparente apertura de las fuerzas armadas a la participación de las mujeres: “A la mujer la han utilizado siempre cuando es necesaria, entonces le empiezan a dar un papel relevante. Conocí mujeres muy valiosas dentro del Ejército; no sé si ahora lleguen a rangos superiores, si lleguen a ser generales de división o nada más estén utilizadas porque las necesitan ahorita en número igual que al hombre”.
 
La luchadora social afirma que en el Ejército hay “reglas no escritas”, según las cuales las mujeres con alto rango militar siempre estaban subordinadas a los varones. “Ojalá que ya hayan cambiado esas disposiciones”, confía.
 
“A LOS CUARTELES”
 
–¿Qué piensas del militar que asesinó recientemente a tres mujeres aquí en Hermosillo?
–Es terrible. Un arma en manos de una persona tomada, drogada, irresponsable, es un crimen, es tener la muerte latente ahí. Considero que pudo haber sido cualquiera, pero cuando se trata de un militar, un uniformado, van a ser más los dedos que señalen y la justicia se tiene que aplicar de una forma más dura, porque él tiene más responsabilidad, está más capacitado para utilizar armas.
 
“Como persona que pertenecí al Ejército, considero que los militares deben estar en los cuarteles. No es su función andar en la calle, el Presidente es un irresponsable. Y los generales deben de ponerle un ‘estate quieto’ y decirle: ‘Esto no puede ser’. Ellos tienen la capacidad para hacerlo, porque una cosa es la lealtad y otra el servilismo, no son perros fieles. Son hombres capaces, inteligentes, que deben hacer escuchar su voz ante un hombre que no sabe lo que está haciendo.”
 
Respecto a la lucha ambientalista en Sonora, O’Leary considera que la situación es muy grave, ya que con el discurso de la “sustentabilidad, rostro humano del pillaje”, los delegados federales de Semarnat y Profepa, los secretarios estatales de Salud, Comunicaciones y Transportes, y Economía, están contaminando a la entidad “por dinero”.
 
“Las minas están contaminando terriblemente, no tienen un control de los tóxicos, no saben cuántas compañías están produciendo tóxicos, cuántos son de importación”, agrega.
 
Concluye: “Mientras haya ignorantes en los grupos de mando, mientras estén sometidos a la Federación, a recibir y acatar sus órdenes, México seguirá siendo un fracaso”.

Las ofertas de 2012 para jóvenes: Empleos,iPads y nada

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/Por:Jimena Garcia

Si los jóvenes mexicanos todavía no saben a quién apoyar en 2012, las propuestas de los principales aspirantes presidenciales ya están sobre la mesa. Veamos la propuesta de cada uno:

1. Andrés Manuel López Obrador
Fue el primero en hacer una propuesta concreta para los jóvenes: generar de 4 a 7 millones de empleos para jóvenes en 6 meses. Su propuesta para los jóvenes se llama “Jóvenes Construyendo” y consiste en generar millones de empleos temporales para jóvenes mediante el desarrollo de obras de infraestructura, las cuales generarían los empleos de manera directa en la construcción  y de manera indirecta en distribución de bienes y servicios, diseño. AMLO, inclusive, tiene ya presupuestado el costo de este programa: 150 mil millones de pesos, los cuales se obtendrían de recortes al gasto corriente y a los sueldos de la alta burocracia.

Este programa, hay que subrayar, es temporal y de emergencia. Operaría mientras se regenera la economía mexicana, lo cual permitiría que los jóvenes tengan mejores opciones de empleo, y mejor pagado, al terminar el periodo de emergencia.

2. Josefina Vázquez Mota
La puntera en las preferencias para la candidatura presidencial del PAN hizo ayer su oferta para jóvenes: darle iPads a los estudiantes. Esto generó una avalancha de críticas contra Vázquez Mota en redes sociales debido a que resulta un absurdo. Primero por el costo. Un iPad tiene un costo mínimo de 5 mil pesos, dependiendo del modelo. En México hay más de 30 millones de estudiantes. Esto quiere decir que, asumiendo que el precio del iPad siga igual en 2012, se tendría que gastar 150 millones de pesos en un aparato que no le va a servir de nada a los estudiantes en condiciones de pobreza, sin internet y, en algunos casos, sin acceso a electricidad. Segundo, Vázquez Mota olvida que no todos los jóvenes tienen acceso a la educación. Se estima que en México 7 millones de jóvenes ni estudian ni trabajan. Finalmente, ¿y una vez que los estudiantes reciban el iPad, qué? ¿El hecho en si de tener un iPad le resuelve a los jóvenes la necesidad de empleo o les incrementa el nivel de aprendizaje en automático? Uno de los twitteros que criticaron a Vázquez Mota dijo al respecto: “Con Angry Birds un popular juego para iPad no se educa.”

Ahora bien; ¿Por qué está ofreciendo Vázquez Mota iPads para los estudiantes si cuando fue secretaria de educación pública, al inicio del actual sexenio, JAMÁS propuso un programa similar,por ejemplo, laptops o netbooks?

Eso sí; a quienes sí les regaló iPads fue a los 84 obispos del episcopado mexicano a pesar de que ganan 300 mil pesos al mes.

¿Por qué no mejor se los regaló a 84 jóvenes estudiantes?

3. Enrique Peña Nieto
Enrique Peña Nieto, pese a que es el precandidato oficialmente registrado como tal, no hay propuesta alguna para los jóvenes. Nada,Ninguna. O bueno, sí hay algo que el PRI ya puso a la práctica: reprimir y encarcelar a los que los critiquen en Twitter. Ya lo hicieron en Veracruz.

Tienen entonces los jóvenes de México tres opciones: empleos con AMLO, iPad con Vázquez Mota,o nada con Enrique Peña Nieto.

Por eso mejor AMLO y Martí 2012.

“Un espejismo” las Fiscalías especiales en México

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Anayeli García Martínez

REPORTAJE
“Un espejismo” las Fiscalías especiales en México
Carecen de autonomía y de resultados
 
En un acto de simulación, el Estado mexicano crea fiscalías especiales cuya misión es “investigar” y esclarecer hechos violentos pero en la práctica son instancias carentes de autonomía.
 
Tuvieron su auge en la década de los noventa cuando tras los asesinatos de los políticos priistas Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, y del cardenal  Juan Jesús Posadas Ocampo, se crearon como respuesta al reclamo social que exigía conocer la “verdad” de los hechos.
 
Lo mismo ocurrió para las violaciones graves a derechos humanos como las masacres de Acteal, en Chiapas, donde murieron 45 indígenas en diciembre de 1997, o la de 1995 en Aguas Blancas, Guerrero, donde 17 campesinos fueron asesinados.
 
En 2002, la Procuraduría General de Justicia capitalina anunció la creación de la Fiscalía Especial sobre el caso Digna Ochoa, abogada defensora de derechos humanos, asesinada en octubre de 2001.
 
En el tema Colosio, la Fiscalía determinó que Mario Aburto Martínez, presunto autor material del crimen, actuó solo para asesinar al entonces candidato presidencial; en el de Ruiz Massieu se acusó a la Fiscalía de fabricar pruebas; y en el del Cardenal Posadas Ocampo se concluyó que su asesinato “fue una confusión”, es decir, los sicarios se “equivocaron” de víctima.
 
Sobre Digna Ochoa, la Fiscalía desapareció en 2004, al concluir sus pesquisas y determinar que la abogada “se suicidó”.
 
Otras Fiscalías Especiales son las creadas para “investigar” la violencia contra las mujeres, surgidas ante el recrudecimiento del fenómeno, principalmente durante el sexenio de Vicente Fox en el cual fueron asesinadas 6 mil mujeres y niñas.
 
En respuesta a la demanda de organizaciones feministas que pidieron la creación de una institución especializada para investigar los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, el gobierno federal tomo acciones al respecto.
 
Fue así que en 2003 creó la Agencia Mixta del Ministerio Público en “materia de investigación de delitos de homicidios de mujeres relacionados con delitos federales y de delincuencia organizada”, como resultado del convenio de colaboración entre la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría de Justicia de Chihuahua.
 
Al paso de los años, esta agencia se transformó en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con actos violentos contra las mujeres (Fevim) y en 2008 en Fevimtra, cuya facultad se amplió para investigar el delito de trata de personas.

La Fevimtra, al igual que otras instituciones, nace como fiscalía especial, pero depende de la PGR, que de acuerdo con el reglamento de su Ley Orgánica dice a la letra: “Las fiscalías especiales creadas mediante Acuerdo del Procurador, antes de la entrada en vigor del presente Reglamento, continuarán realizando sus funciones hasta el momento en que concluyan el objeto para el que fueron establecidas”.
 
En el Acuerdo por el que se crea la Fevimtra –dependiente de la oficina del procurador– se establece que ésta tendrá facultades para investigar y perseguir los delitos en la materia, a excepción de aquellos que estén relacionados con la delincuencia organizada o que competan a la federación.
 
En el documento de su creación la Fevimtra tiene carácter de Ministerio Público de la Federación y con ello la obligación de informar de sus actividades al titular de la PGR, es decir, no tiene autonomía.
 
PARA MUESTRA UN BOTÓN
 
La falta de autonomía de las fiscales designadas en la Fevimtra ha quedado evidenciada en casos como los de la periodista Lydia Cacho quien denunció ante esta instancia haber sido víctima de tortura y violencia de género durante su traslado de Cancún a Puebla en su detención en 2005.
 
Pese a las declaraciones de la periodista y pruebas ofrecidas, y a que en ese entonces la Fiscal Alicia Elena Pérez Duarte sostuvo que la investigación tenía el 95 por ciento de “avance” finalmente la Fevimtra concluyó: “será el procurador Daniel Cabeza de Vaca el que definirá si se ejercita o no la acción penal, quién la ejercita y en qué lugar”
 
En el caso de las mujeres violadas por policías de los tres órdenes de gobierno durante los operativos de 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco- cuyo caso ya está en la CIDH- Pérez Duarte aseveró en una entrevista con Cimacnoticias.
 
“Faltaban dos peritajes, que sabía ya estaban listos “y sin haberlos leído son positivos, es decir, hubo tortura” y por tanto, sí se puede consignar en el ámbito federal o se le puede entregar al Estado de México la investigación ya integrada para que el consigne.
 
“Le dejo a Medina Mora todos los elementos para que él pueda, sepa, que está demostrada la tortura y que está listo para consignar”. El caso se cerró y la fiscalía declinó su competencia a la Procuraduría de Justicia del Estado de México.
 
Actualmente la Fevimtra tiene a su cargo la investigación y sanción de los militares responsables de la violación sexual cometida contra las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, ocurrido en 2002 en Guerrero, en acato a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sentencias de CoIDH contra Estado mexicano lo obligan a “ponerse las pilas”

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Anayeli García Martínez

CONTEXTO
Sentencias de CoIDH contra Estado mexicano lo obligan a “ponerse las pilas”
México debe retomar liderazgo en DH, dice jurista
 
Alda Facio, precursora de la perspectiva de género en el Estatuto de  Roma y en la Corte Penal Internacional, sostiene que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra México por dos casos de violación sexual y uno de feminicidio, son una oportunidad para fortalecer el acceso a la justicia.
 
La jurista costarricense y consultora en temas de género de diversos organismos de Naciones Unidas, explicó a Cimacnoticias, que las sentencias refuerzan lo que ya se sabe a nivel internacional: “Que las mujeres en México tiene poco acceso a la justicia”.
 
En noviembre de 2009 la CoIDH sentenció al Estado mexicano por su responsabilidad en tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en octubre de 2010 dictó dos sentencias más por la violación sexual de dos indígenas que fueron agredidas por elementos del Ejército mexicano en el estado de Guerrero, en 2001.
 
La feminista dijo que estos casos son sólo un ejemplo de lo que acontece a miles de mujeres que se encuentran en situaciones similares.
 
Alda Facio señala que hay más mujeres que están igual de desprotegidas y que enfrentan las mismas prácticas a pesar de que las leyes cambiaron, es decir los agentes del Ministerio Público o los policías no les creen cuando dicen que las violaron o cuando la familia asegura que desaparecieron.
 
“Llega la persona o el familiar a denunciar una desaparición  y tiene que esperar 72 horas para que la policía la vaya a buscar, eso ya no está en la ley ni en ningún código pero los policías y los agentes fiscales siguen acatando una justicia androcéntrica y eso se debe a que se cree que las mujeres se fueron con el novio o algo así”.
 
Si bien la jurista asegura que hay varias investigaciones que demuestran la falta de acceso a la justicia de las mujeres, por otro lado señala que el Estado está haciendo un esfuerzo por implementar algunas partes de las sentencias, aunque esto sea mínimo.
 
“Es un país muy grande y lo que se hace es poco”, reconoce la experta, quien durante este año ha capacitado a juezas y jueces mexicanos para que juzguen con perspectiva de género y promuevan una mirada menos androcéntrica (masculina) en el derecho penal.
 
“En la parte que a mi me toca, que es la capacitación de jueces y juezas algo se está haciendo, no es todo lo que se debería hacer ni es lo suficiente pero –por ejemplo– en Chihuahua hicimos una capacitación de 4 meses con sólo 30 jueces y no cubre todo, pero esos 30 jueces creo que sí se sensibilizaron un poquito a la situación de las mujeres y espero que sus sentencias lo reflejen en el futuro”.
 
Para la autora de diversas publicaciones sobre género y derechos humanos, en México las instancias de procuración y administración de justicia pueden hacer algo para cambiar la situación de violencia que viven las mujeres aunque el cambio será lento y quizá insuficiente sin el apoyo de todo el Estado.
 
“Lo que quiero decir es que lo poquito que se ha hecho demuestra que sí es factible hacerlo. Lo que tienen que hacer es hacer mucho más, poner mucho más recursos, mucho más gente, cambiar muchas estructuras, abrir muchos espacios para que las mujeres puedan denunciar…”.
 
Alda Facio no pierde la esperanza y señala que las sentencias y las reformas legislativas, como la reciente reforma constitucional en materia de Derechos Humanos son una oportunidad “para que México se ponga las pilas y vuelva a ser líder en cuestiones de Derechos Humanos como lo fue hace muchos años”.

Fevimtra: el reto de resolver caso Inés y Valentina

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Anayeli García Martínez

REPORTAJE 
Fevimtra: el reto de resolver caso Inés y Valentina
Fiscalía no ha garantizado justicia en hechos de violencia
 
En un aparente círculo perverso de injusticia, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), dependiente de la PGR, tiene ahora la obligación de investigar y castigar a los militares responsables de la violación en 2002 de las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, en el estado de Guerrero.
 
Y es que esa fiscalía, cuyos orígenes se remontan al 2003, no logró esclarecer en su momento casos emblemáticos de violencia de género, como la violación de 14 mujeres en San Salvador Atenco y Texcoco, en 2006; o el de las 14 bailarinas agredidas sexualmente, también por militares, en Castaños, Coahuila, en ese mismo año.
 
A la larga lista de investigaciones infructuosas por parte de la Fevimtra, se suman los casos de feminicidio en el predio conocido como Campo Algodonero, y el del cerro del Cristo Negro, ambos en Ciudad Juárez, Chihuahua.
 
BENEFICIO DE LA DUDA
 
Tras nueve años de litigio en México y ante el sistema de justicia interamericano, las indígenas Inés y Valentina lograron que su caso pasara del fuero militar al civil.
 
En octubre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en la agresión sexual contra las dos mujeres tlapanecas.
 
Al considerar que las indagaciones no fueron realizadas con la debida diligencia ni en el fuero adecuado, la Corte ordenó “conducir eficazmente la investigación penal” de ambos casos.
 
El pasado 7 de abril Inés y Valentina solicitaron formalmente a la Secretaría de Gobernación la instalación de una mesa de trabajo para abordar sus casos.
 
Tres meses después, el 28 de julio, las indígenas acudieron ante la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) y la PGR para solicitar formalmente que sus expedientes se remitieran a una instancia civil, tal y como ordenó la CoIDH.
 
El pasado 12 de agosto la PGJM notificó formalmente que las averiguaciones fueron remitidas a la PGR, instancia que a su vez la remitió a la Fevimtra.
 
Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y quien da seguimiento a los casos, explica que hasta el 15 de septiembre pasado fue informado de que los expedientes se turnaron a la Fevimtra, cuya titular, Angélica Herrera Rivero, fue designada luego de que Sara Irene Herrerías pasó a encabezar recientemente la Procuraduría Social para Atención a Víctimas del Delito.
 
El defensor de Inés y Valentina señala que el coordinador general técnico de Fevimtra, José Antonio Pérez Bravo, dijo que la agente del MP Lourdes Palacios estará a cargo de los casos.
 
“Nosotros lo que estamos enfatizando es que los casos serán una prueba idónea para que la Fevimtra demuestre si es cierto que efectivamente incorporó estándares de investigación adecuados y una perspectiva de género en la investigación de delitos sexuales”, advierte Aguirre.
 
HISTORIA DE INCUMPLIMIENTOS
 
La Fevimtra fue creada para investigar y perseguir los delitos federales cometidos contra las mujeres. Surgió a raíz de la demanda de organizaciones civiles para que se esclarecieran los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
 
Aunque toma su nombre como tal en 2008, desde 2003 se creó la Fiscalía Especial Mixta para la Atención de Homicidios de Mujeres, que al año siguiente se transformó en la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.
 
En 2005 la institución amplio su campo de trabajo y se transformó en la Fiscalía Especial en la Atención de Delitos Violentos Contra las Mujeres, misma que en 2006 se nombraría como Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos relacionados con actos violentos contra las mujeres (Fevim).
 
El 31 de enero de 2008 la Fevim se convirtió en Fevimtra, y ahora tiene la facultad de investigar el delito de trata de personas.
 
Como Fevim, la instancia de PGR atrajo el caso de la violación sexual de 14 mujeres de Atenco que fueron agredidas durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006.
 
Sin embargo la fiscalía tuvo durante tres años el caso en la congeladora, y ya como Fevimtra en 2009 declinó su competencia a favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), con el argumento de que los probables responsables eran agentes estatales y por tanto correspondía a las autoridades locales investigar los hechos.
 
La Fevimtra consideró que las mujeres de Atenco sí fueron víctimas de tortura sexual, pero no consignó a los responsables a pesar de contar con todas las pruebas. El expediente está ahora en manos de la PGJEM y sin avance alguno. Este caso recientemente fue aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
Lo mismo pasó con el caso Castaños, referente a la violación por parte de militares de 14 bailarinas en condiciones de explotación sexual comercial, de los centros nocturnos El Pérsico y Las Playas, en esa localidad de Coahuila en 2006.
 
En ese asunto, la Sedena declinó su competencia en las investigaciones y la Fevimtra sólo ofreció terapias psicológicas y no atrajo el caso por considerar que era del ámbito estatal.
 
En los casos Campo Algodonero, donde fueron encontrados los cadáveres de ocho mujeres en 2001, y del Cristo Negro, donde seis mujeres fueron asesinadas entre 2002 y 2003, la Fevimtra declinó su competencia a la Procuraduría de Chihuahua porque –aseguró– no había delitos del ámbito federal que perseguir.

Estado impone maternidad a niñas víctimas de violación

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Guadalupe Cruz Jaimes

CAMPAÑA PERIODISTAS DE MESOAMÉRICA A FAVOR DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Estado impone maternidad a niñas víctimas de violación
Autoridades transgreden norma contra violencia sexual

México, DF, 20 nov 11 (CIMAC).- El Estado mexicano ha fallado en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes, y ejemplo de ello es la imposición de la maternidad en menores de edad víctimas de violación.
 
Así lo señaló Nashieli Ramírez, directora de Ririki Intervención Social, quien lamentó que este 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos de las Niñas y Niños, esta población tiene “poco que festejar”.
 
La especialista en infancia expresó su preocupación porque “autoritariamente” las autoridades imponen “sus valores y creencias” por encima del bienestar de las niñas y adolescentes.
 
Además de que no proporcionan la información y servicios para que las adolescentes ejerzan una sexualidad sin riesgos de tener un embarazo no deseado y contraer infecciones de transmisión sexual (ITS), “hace víctimas para toda su vida a las sobrevivientes de una violación sexual” al obligarlas a llevar a término un embarazo producto de esa violencia.
 
Debido al “conservadurismo” de servidores públicos, casos como el de Paulina, la niña agredida sexualmente en 1999 y a quien las autoridades de Baja California le negaron su derecho al aborto legal, se siguen repitiendo en el país.
 
En abril de 2010 autoridades de Quintana Roo impidieron el acceso a servicios de aborto legal a una niña de 9 años de edad, violada sexualmente por su padrastro, en Robirosa, una comunidad rural del sur de ese estado.
 
Elsa Conde, ex legisladora e integrante del Pacto nacional por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres, denunció que después de Paulina, “hay varios casos semejantes, en los que se observa que las autoridades que deberían velar por sus derechos como el DIF, secuestran a las niñas y adolescentes para que concluyan sus embarazos”, producto de una violación sexual.
 
Nashieli Ramírez indicó que en el país 5 por ciento de la gama de violencia en contra de las y los menores de 18 años de edad, corresponde a abuso sexual. El porcentaje es mínimo en comparación con la magnitud del problema, el cual poco se denuncia.
 
Ello se debe a que en 8 de cada 10 casos la violencia sexual contra niñas es cometida por miembros de la familia, “por padrastros, tíos” y “las familias se vuelven cómplices del delito y no lo denuncian”, éste es otro obstáculo para que las menores de edad tengan acceso a la justicia.
 
Cuando los casos son denunciados, además de sancionar penalmente al agresor, las niñas y adolescentes deben recibir la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE) y tratamiento de profilaxis para evitar el contagio de ITS.
 
Si las sobrevivientes de violación sexual están embarazadas el Ministerio Público está obligado a informarles que tiene acceso a servicios de aborto legal, que el personal de salud debe brindar conforme a la Norma Oficial Mexicana (NOM-046) Violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
 
Sin embargo, en los hechos la obligatoriedad de la norma no es asumida por los administradores de justicia y el personal de salud, debido a la falta de difusión de la 046 y a las “resistencias personales” de los funcionarios, acusó Elsa Conde.
 
La ex legisladora denunció que otra barrera para su aplicación es que las mujeres adultas y menores de edad también desconocen la obligatoriedad de la norma. Para remediar la situación, la Secretaría de Salud (Ss) debe iniciar una amplía difusión entre prestadores de servicios y las usuarias.
 
Al tiempo, deben establecer sanciones a quienes incumplan los lineamientos de la NOM-046, pues, dijo, ésta se creó para evitar que las sobrevivientes de violación sexual sufran una doble victimización, porque además de afrontar las consecuencias del delito enfrentan a las autoridades que por cuestiones ideológicas pretenden imponerles la maternidad, aunque se ponga en riesgo su salud y su vida.
 
Raffaela Schiavon, directora de Ipas México, informó que las niñas y adolescentes corren un 60 por ciento de riesgo adicional de sufrir una muerte materna (MM) que las embarazadas en edad adulta.
 
La interrupción legal del embarazo, sobre todo en las primeras 12 semanas, “es un procedimiento más seguro que permitir que niñas y adolescentes lleven a término un embarazo”, para salvaguardar su salud física y mental.
 
El embarazo a edades tempranas pone en peligro la vida de la niña o adolescente, ellas suelen sufrir trastornos hipertensivos: eclampsia y preeclampsia, principales causas de MM, independientemente de la calidad de la atención médica que reciban.
 
La información oficial da cuenta de esa realidad, ya que en el país 24 por ciento de todas las hospitalizaciones de niñas de 10 a 14 años de edad se debieron a causas relacionadas con embarazo, aborto, parto o puerperio, padecimientos por los que 88 por ciento de las adolescentes de entre 15 a 19 años de edad fueron hospitalizadas.
 
La mortalidad en las adolescentes por causas maternas representa el 5.6 por ciento de las defunciones registradas en este grupo de edad, “está después de las causas de muerte violentas y antes de cualquier enfermedad”.
 
Los datos, concluyó Schiavon, ponen en evidencia la magnitud de la responsabilidad que el Estado debe asumir para atender la salud sexual de niñas y adolescentes.

Insuficiente,visa humanitaria para castigar agravios a migrantes

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Guadalupe Cruz Jaimes

CONTEXTO 
Insuficiente, visa humanitaria para castigar agravios a migrantes
Los obliga a quedarse en el país sin empleo y vivienda: activistas
 
De entrar en vigor, la visa humanitaria para migrantes víctimas de algún delito en México –estipulada en la recién aprobada Ley de Migración– sería insuficiente para garantizar que las y los centroamericanos denuncien crímenes en su contra por carecer de empleo, vivienda y condiciones de seguridad para permanecer en el país hasta que culmine el proceso penal.
 
Por ello es necesario crear un mecanismo regional de acceso a la justicia para mujeres y hombres migrantes en tránsito, que permita la continuación del procedimiento sin que las personas tengan que permanecer en México, señaló a Cimacnoticias Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
 
La activista, quien actualmente documenta la desaparición masiva de mujeres y hombres migrantes en el país, refirió que sin la garantía de condiciones de vida digna para quienes han sufrido algún delito, “la visa humanitaria no va a tener impacto en el aumento de denuncias”.
 
Se prevé que la llamada visa humanitaria para migrantes entre en vigor a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Reglamento de la Ley de Migración, proyectada a más tardar para el próximo 21 de noviembre.
 
MECANISMO ALTERNATIVO
 
La “gran dificultad” es que la visa humanitaria obliga a las y los migrantes a quedarse en México hasta que concluya el procedimiento penal, “sin que estas personas tengan lo mínimo para sobrevivir, además de los riesgos que les implicaría denunciar al crimen organizado coludido con las policías o autoridades migratorios”, explicó la directora de la Fundación para la Justicia.
 
“A pesar de que el gobierno mexicano da la visa humanitaria como una de las grandes opciones para incidir en el tema de acceso a la justicia de las personas migrantes, se tiene que buscar un mecanismo alternativo para que las víctimas puedan denunciar desde sus países”, recalcó Delgadillo.
 
Fundación para la Justicia lleva a cabo la elaboración de este mecanismo junto con comités de madres y familiares de migrantes de Honduras y El Salvador desaparecidos en México.
 
Al tiempo que esta organización delinea el mecanismo de acceso a la justicia, documenta la búsqueda de las y los migrantes mexicanos desaparecidos en el norte del país relacionados con la masacre y las fosas de cadáveres encontradas en el estado de Tamaulipas.
 
De acuerdo con Delgadillo, su labor busca dar herramientas para que las personas migrantes tengan acceso a la justicia en un escenario en el que la corrupción de las autoridades mexicanas posibilita que las violaciones a los Derechos Humanos de las y los migrantes continúe.
 
La activista acusó que la “anuencia, tolerancia y hasta participación del Estado” permiten la violencia contra las personas migrantes.
 
Por ejemplo señaló que el Instituto Federal de Defensoría Pública y la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentan que las y los migrantes víctimas de secuestro denuncian que fueron entregados a la delincuencia organizada por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración.

Laberinto de injusticias para madres de migrantes desaparecidos

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/por:Guadalupe Cruz Jaimes

ENTREVISTA
Laberinto de injusticias para madres de migrantes desaparecidos
Ante inacción de autoridades, ellas encabezan la búsqueda

En un trance que parece no tener fin, con el dolor y la angustia de no saber qué les pasó a sus seres queridos, mujeres mexicanas y   centroamericanas recorren el país en busca de respuestas  y justicia por parte de las autoridades.
 
Son las madres y esposas de migrantes que fueron secuestrados por grupos criminales en su camino hacia EU. Son las que además de la zozobra, padecen el laberinto burocrático de funcionarios judiciales y de migración que no se hacen responsables del paradero de sus familiares.
 
La directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Ana Lorena Delgadillo, dice que ellas son las “víctimas indirectas” de la violencia en contra de las personas migrantes en México.
 
Son las que se convierten en el sostén económico de sus hogares y encabezan la búsqueda de sus familiares, pese al riesgo que implica indagar delitos del crimen organizado en colusión con autoridades policiacas y migratorias.
 
CAMPO MINADO
 
De acuerdo con la CNDH, en promedio cada mes mil 600 migrantes son secuestrados en México. En su búsqueda de los desaparecidos, las mujeres acuden con todas las autoridades, pero su reclamo es ignorado, acusa Delgadillo en entrevista. La también abogada detalla que junto con comités de madres y familiares centroamericanos, ha documentado la desaparición de migrantes en México desde abril pasado.
 
–¿Cuál es el papel de las madres y esposas de personas migrantes desaparecidas, en la búsqueda de sus familiares?
–Las centroamericanas, como las mexicanas, enfrentan las mismas dificultades, sólo que las de Centroamérica (CA) no tienen documentos migratorios y les resulta más costoso desplazarse desde sus países de origen. La constante es que sus hijas, hijos o esposos migraron por necesidad, viven en condiciones de pobreza, en las que la única alternativa es migrar porque no hay trabajo en sus comunidades.
 
“Cuando pierden el contacto con sus familiares ellas asumen el rol de proveedoras, y pese a las limitaciones económicas comienzan la búsqueda de respuestas, de justicia ante autoridades absolutamente descoordinadas, ciegas e insensibles a la problemática”, denuncia la activista.
 
Agrega que ellas deben sortear obstáculos como su escasa formación escolar y capacidad económica. “Una de ellas me decía que no sabía cómo le iba a hacer para ir a la capital, que le dan miedo los carros. Sin embargo se ven obligadas a enfrentar un mundo que para ellas es desconocido y sin ningún tipo de apoyo gubernamental”, precisa.
 
Delgadillo detalla que la barrera más importante para estas mujeres es el “desinterés” de las autoridades y su “total descoordinación”. Advierte que “no hay claridad sobre cuál es la instancia que se va a encargar de esclarecer las desapariciones de migrantes”.
 
“Si su familiar salió de Querétaro, las autoridades locales le dicen que vaya al lugar a donde el migrante se comunicó por última vez”, narra la abogada.
 
VÍA CRUCIS
 
Para las madres y esposas es muy complicado desplazarse, pues en general la última comunicación entre ellas y los migrantes ocurrió desde estados norteños como Tamaulipas. Por ejemplo, la Fundación para la Justicia tiene documentadas 30 desapariciones de migrantes provenientes del Bajío mexicano en Tamaulipas.
 
Las madres y esposas que llegan a los estados fronterizos se topan con autoridades estatales que se deslindan de su responsabilidad, lo mismo que la PGR, la cual les dice “que no tiene competencia aunque haya elementos para justificar su intervención, ya que detrás de estos crímenes está la delincuencia organizada”, recalca Delgadillo.
 
Así, ellas van de “oficina en oficina, buscando a alguien que les dé respuesta y ninguna se las da. Ésa es la realidad de las madres mexicanas y centroamericanas”. Estas últimas “van a sus consulados y a las instancias de procuración de justicia de sus países sin tener éxito”. Otra dificultad es que tampoco hay coordinación entre las autoridades de CA y México.
 
“El país les cierra las puertas, ni siquiera les dan información, pero esas naciones tampoco han hecho una alianza contundente contra México para exigir que intervenga y defienda a sus connacionales”, subraya.
 
SIMULACIÓN
 
–¿A qué se debe la falta de resultados si en México hay instituciones y leyes en la materia?
–México tiene una estructura sobrecargada; es especialista en crear instituciones que no sirven para nada. Ciudad Juárez es un ejemplo claro, es el lugar donde más se ha invertido en fiscalías, instituciones, comisiones, pero las madres y familiares de las víctimas están en total abandono.
 
–¿Las autoridades se quedan en la simulación?
–El Estado mexicano tiene el interés de dar una buena cara a nivel internacional para no tener tanta presión por lo que está sucediendo. En las audiencias de la Comisión Interamericana o ante la ONU, habla de todas las instituciones y programas que trabaja para defender los derechos de las personas migrantes. Lo que hace es simular.
 
Al desinterés y ausencia de voluntad política para esclarecer los crímenes se suma la falta de protocolos de investigación para encontrar a las personas desaparecidas y para identificar sus restos en caso de ser asesinadas, observa la abogada.
 
Concluye que la Fundación para la Justicia, junto con grupos civiles en México y CA, trabaja en el diseño de un mecanismo regional que garantice el acceso a la justicia para las y los migrantes y sus familiares.