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Sobrepeso y consumo de alcohol y tabaco inciden en riesgo de CaMa

STAFF:MTXnoticias/Agencia:CIMAC/Por Guadalupe Cruz Jaimes
CONTEXTO
Sobrepeso y consumo de alcohol y tabaco inciden en riesgo de CaMa
Mueren 13 mujeres al día por ese mal: CNEGySR

El cáncer de mama (CaMa) es una enfermedad
asociada al envejecimiento y a estilos de vida
poco saludables como el sobrepeso y el
sedentarismo, reporta el Centro Nacional de
Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR).

Casi el 80 por ciento de las mujeres con cáncer
de seno no tienen antecedentes familiares. El
simple hecho de ser mujer es un motivo de riesgo, señala el CNEGySR.

El cáncer es producto de factores como las
alteraciones del organismo vinculadas con su
funcionamiento hormonal, sistema inmunológico,
pero también está relacionado con el medio
ambiente, las dietas ricas en grasa y el consumo
de alcohol y tabaco, sostiene la investigadora Silvia Piso Joó.

En el texto “Una segunda oportunidad. El cáncer
de mama en México”, Silvia Piso señala que el
cáncer es un crecimiento incontrolado de células
en los conductos o lóbulos que forman la glándula
mamaria, que es el órgano que produce leche materna.

La mayoría de los casos de CaMa se desarrollan en
los conductos mamarios, que son los que conectan
a la glándula mamaria; en menor medida se origina
en los lóbulos, que se ubican en la glándula productora de leche.

De acuerdo con el texto de Piso Joó, el 86 por
ciento de los canceres mamarios aparecen en los
ductos y el 14 por ciento en los lóbulos.

Cuando las células se concentran en los lóbulos
ubicados en la superficie del epitelio del pezón
(tejido formado por una o varias capas de células
unidas entre sí), se considera in situ, pues está
limitado a esa área y no ha invadido otros
tejidos, si el tumor rebasa esos límites, es invasivo.

El diagnóstico de cáncer ductal in situ es más
frecuente en mujeres menores de 50 años de edad.

A veces no sólo es importante detectar nódulos
sino la existencia de otros indicadores de
sospecha como microcalcificaciones, puntos
blancos que pueden señalar un proceso maligno, indica la experta.

Las lesiones malignas son interpretadas con base
en criterios como el tamaño, el número, su ubicación y forma.

Con base en el diagnóstico, la tasa de
supervivencia varía, si el cáncer es in situ
existe un porcentaje de 95 por ciento, en fase 1
(menos de 2 centímetros) la probabilidad de
sobrevida es de 88 por ciento, en etapa 2 (de 2 a
5 centímetros) las posibilidades de sobrevivir se reducen a 66 por ciento.

Por último, en los estadios avanzados (más de 5
centímetros) la probabilidad de sobrevivir es de
41 por ciento, refiere la investigación de la experta Silvia Piso.

En México cada año se registran 13 mil 600 casos,
el 90 por ciento se detecta en etapas tardías.
Por CaMa mueren 13 mujeres cada día, alerta el CNEGySR.

SP deja en el desamparo a mujeres con CaMa

STAFF:MTXnoticias/Agencia:CIMAC/Por Guadalupe Cruz Jaimes
REPORTAJE
SP deja en el desamparo a mujeres con CaMa
Fondo de Protección excluye seguimiento a mujeres supervivientes

Las mexicanas con cáncer de mama que carecen de
seguridad social sólo reciben tratamiento
gratuito del Seguro Popular hasta 5 años después
del diagnóstico, a pesar de tener recaídas posteriores.

El Fondo de Protección contra Gastos
Catastróficos (FPGC) del Seguro Popular (SP)
–dependiente de la Secretaría de Salud (Ss)–
priva de servicios médicos gratuitos a las
pacientes con Cáncer de Mama (CaMa) después de
que transcurrieron cinco años de su diagnóstico y
aunque requieran de seguimiento médico, de
acuerdo con lo que estipula el protocolo de atención del propio fondo.

Esta situación, advierten expertos, deja en el
desamparo a miles de mexicanas con CaMa que
carecen de seguridad social y que son atendidas
en 33 hospitales e institutos nacionales de salud
a través del FPCG, por lo que se prevé un
incremento en la prevalencia y un eventual
aumento de la mortalidad por este mal.

En México, el CaMa es la primera causa de muerte
por cáncer entre las mujeres mayores de 25 años
de edad. En 2010, 5 mil 113 mexicanas murieron por este padecimiento.

A lo anterior se suma que sólo 30 por ciento de
las 16.9 millones de trabajadoras en el país
cuenta con seguridad social, reporta la Red de Mujeres Sindicalistas.

Como botón de muestra de los limitados alcances
del FPCG para atender a las mujeres con CaMa –una
enfermedad de alto costo–, está el Instituto
Nacional de Cancerología (Incan) en donde 128
pacientes con la enfermedad ya no acceden a los
recursos del fondo de protección.

Estas mujeres representan 17 por ciento del total
de pacientes con CaMa atendidas por esa
institución, precisa en entrevista con
Cimacnoticias Óscar Cerezo, investigador de Ciencias Médicas del Incan.

El especialista explica que para costear el
seguimiento médico de las mujeres con CaMa, el
Incan requiere alrededor de un millón 280 mil
pesos al año. Subrayó que las sobrevivientes de
este cáncer siguen siendo pacientes de CaMa
porque existe el riesgo de que vuelvan a recaer.

El instituto, que atiende a cerca de 700 mujeres
con el mal, recibió este 2011 263 millones 434
mil 841 pesos para atender esta enfermedad y
otros tipos de cáncer, mejorar su infraestructura e innovar su tecnología.

Cerezo considera como urgente que las pacientes
de CaMa reciban atención médica después de los
cinco años del diagnóstico, por lo que adelantó
que en los próximos meses directivos del Incan se
reunirán con representantes del FPGC para discutir esa posibilidad.

El investigador señala que el Incan solicitará
además en la reunión que sostenga con el Consejo
de Salubridad General, la Unidad de Evaluación
Económica de la Ss, los institutos nacionales de
salud y los centros oncológicos, que se actualice
el Protocolo Técnico de Atención a CaMa del FPCG
para que integre nuevos tratamientos en etapa
tardía y pruebas diagnósticas que actualmente
están fuera de los lineamientos a pesar de ser “más efectivos”.

Ahora, los gastos en tratamiento y diagnóstico
que están fuera de los establecidos por el FPGC
han sido cubiertos por el Incan, recalca Óscar
Cerezo. Cabe recordar que el fondo no cuenta con
un presupuesto etiquetado, sino que se constituye
de la aportación federal, estatal, y en menor
medida de la aportación que pueden dar las familias afiliadas al SP.

El experto abunda que para 2011 el FPGC debe
reembolsar al Incan 460 millones de pesos,
cantidad que aumentaría 200 millones más si se
incluyeran los tratamientos y diagnósticos que
están fuera de los lineamientos del fondo.

Aclara que con recursos propios “todavía” las
pacientes siguen recibiendo los servicios y
medicamentos que necesitan, pero hay riesgo de
que el Incan agote su capacidad de gasto y en
consecuencia las mujeres con CaMa dejen de recibir la atención que requieren.

De acuerdo con información del FPGC, el precio de
la atención para CaMa tiene un costo de 31 mil
543 a 252 mil 451 pesos por paciente al año,
dependiendo de la fase de detección de la enfermedad.

El FPGC también financia durante un año la
terapia blanco o trastuzumab, que es un
medicamento especializado para “casos
complicados”, y el cual tiene un costo de 298 mil
88 pesos. A su vez brinda el apoyo con prótesis externa por 6 mil 905 pesos.

La Ss, mediante el FPGC, ha tratado durante los
últimos tres años a 18 mil pacientes de CaMa con
una inversión de más de 3 mil 200 millones de
pesos, declaró esta semana el secretario de
Salud, José Ángel Córdova Villalobos.

De acuerdo con la denuncia del especialista del
Incan, en caso de no modificarse el protocolo del
fondo dentro de dos años estas mujeres dejarán de
recibir el tratamiento gratuito.

Óscar Cerezo detalla que para solventar los
costos de atención que el FPGC no brinda a las
pacientes con CaMa, utiliza los recursos
restantes de paquetes de atención que no fueron
agotados. Por ejemplo, cuando sobra presupuesto
de un paquete de atención para una paciente de
CaMa en fase temprana, éste se destina a las
mujeres que llegan en etapas avanzadas.

Sin embargo, alerta que a partir de 2012 ya no se
podrán llevar a cabo estas acciones pues el
reembolso ya no será por paquete de atención sino por proceso médico.

El reembolso del paquete de atención consiste en
el pago del tratamiento total de las pacientes
según la etapa de CaMa, e incluye desde consulta
externa hasta la quimioterapia. Mientras que por
proceso de atención se cubrirá sólo el precio por
intervención médica que se practique a las mujeres con la enfermedad.

NOM de Salud promueve detección tardía de CaMa

STAFF:MTXnoticias/Agencia:CIMAC/Por Guadalupe Cruz Jaimes
REPORTAJE
NOM de Salud promueve detección tardía de CaMa
Primera causa de muerte entre mujeres de más de 25 años

El Proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM-041)
para la prevención, diagnóstico, tratamiento,
control y vigilancia del cáncer de mama (CaMa)
aumenta a 50 años la edad para detectarlo a
través de la mastografía, estudio que reduce 46
por ciento la mortalidad por este cáncer.

El CaMa representa la primera causa de muerte por
tumores malignos entre las mujeres mayores de 25
años; por esta enfermedad fallecieron
“prematuramente” en el país, 5 mil 113, tan solo en 2010.

De acuerdo con especialistas como Felicia Knaul,
secretaria ejecutiva de la asociación Tómatelo a
Pecho, aumentar la edad de detección de CaMa por
mastografía reduce las posibilidades de que las
mujeres de 40 a 49 años accedan a un diagnóstico temprano.

La detección tardía de la enfermedad tiene un
costo presupuestal mayor para el sector, pero el
precio todavía es más alto para las pacientes de
CaMa, pues mientras más se postergue la
detección, menor es su esperanza de vida.

Por ejemplo, hasta 2006, en el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), el costo promedio de la
atención anual por paciente con CaMa fue de 110
mil 459 pesos, aunque varía según la fase de
detección de la enfermedad. En la etapa I el
costo fue de 74 mil 522 pesos, en la II, 102 mil
42; en la III aumentó a 154 mil 18 y en la etapa
IV tuvo un costo de 199 mil 274 pesos.

En laboratorios y clínicas privadas el costo del
estudio es de alrededor de 400 pesos, precio
mínimo, si se compara con el gasto para atender
la enfermedad en grado avanzado.

La Secretaría de Salud (Ss) reporta que
actualmente 6 de cada 10 mujeres que solicitan
atención llegan en etapas avanzadas.

Felicia Knaul, ex colaboradora de la Organización
Mundial de la Salud, indicó que cuando el CaMa es
detectado en la fase III o IV sólo 27 de cada 100
mujeres sobreviven con tratamiento a cinco años de haber sido diagnosticadas.

En contraste, quienes son detectadas en fase I
tienen 98 por ciento de probabilidades de sobrevivir después del mismo lapso.

La detección tardía de la enfermedad provoca la
muerte de más de la mitad de las mexicanas con
este padecimiento, alerta la experta, por lo que
dejar fuera de la NOM-041 a las mujeres de 40 a
49 años de edad, sin duda, sería perjudicial para su salud.

Actualmente el Comité Consultivo Nacional sobre
Metrología y Normalización, que depende de la Ss,
analiza la edad de acceso a la primera mastografía.

Mauricio Hernández Ávila, subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud, explicó que
la intención del sector es focalizar la detección
en las mayores de 50 años, pero asegura que la
discusión no está cerrada y que la NOM-041 estará lista en abril próximo.

En 2008, la tasa de mortalidad por CaMa en
mujeres de 40 a 49 años fue de 14.9 por ciento;
este indicador en las mexicanas de 50 a 59 años fue de 29.1 por ciento.

Desde 2007, especialistas del Instituto Nacional
de Salud Pública han advertido que en el país
existe un rezago de una década en detección y
atención de la enfermedad, debido a que hasta
2006 las acciones gubernamentales estaban
enfocadas en el cáncer cérvico-uterino.

La incidencia por edad demuestra que las menores
de 50 años están en riesgo, pues según
información del Centro Nacional de Equidad de
Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), hasta 2006
la incidencia de CaMa en las mujeres de 40 a 49 años era de 57.2 por ciento.

Ante esta problemática de salud pública, por la
que muere una mujer cada dos horas, la respuesta
del sector Salud ha sido insuficiente, muestra de
ello es la baja cobertura de detección con mastografías.

En 2006 sólo el 22 por ciento de las mujeres de
40 a 69 años se practicó una mamografía, y en los
últimos cinco años la proporción aumentó a tan sólo 30 por ciento.

De acuerdo con Mario Gómez Zepeda, encargado del
programa de CaMa del CNEGySR, la detección con
mastografías debe ser de 70 por ciento para
impactar en la reducción de la mortalidad.

En 2010 se practicaron un millón 100 mil
mastografías, pero de acuerdo con el funcionario
se requieren al menos 4.2 millones de estudios para hacer frente al problema.

Sin embargo, este objetivo sigue siendo a largo
plazo, ya que en el sistema de salud sólo hay 583
mastógrafos y menos de mil radiólogos para
atender a las alrededor de 15 millones de
mexicanas mayores de 40 años de edad, según cifras del INEGI del 2010.

Para “aumentar” la detección, Mauricio Hernández
Ávila, informó que la Ss pretende capacitar “en 3
ó 6 meses” a por lo menos 200 jóvenes de
preparatoria para que detecten “patrones
anormales” en las mamografías, que luego serán
interpretadas por el personal médico.

Contrario a ello, Óscar Cerezo, investigador en
Ciencias Médicas del Instituto Nacional de
Cancerología, enfatizó que quienes se
especializan en la interpretación de mamografías
son médicos, cuya preparación requiere hasta
siete años, por lo que consideró, que una
capacitación de “tan poco tiempo” derivará en diagnósticos erróneos de CaMa.

Anticonceptivos, arma para salvar 140 mil vidas al año

STAFF:MTXnoticias/Agencia:CIMAC/Por Karin Ringheim/Tercera de tres partes

INTERNACIONAL

Anticonceptivos, arma para salvar 140 mil vidas al año

Previenen muertes por abortos y complicaciones de la maternidad

México, DF, 19 ene 11 (CIMAC).- A nivel mundial, se estima que cubrir la necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos podría prevenir 50 mil muertes por aborto y 90 mil por otras causas relacionadas con la maternidad cada año.

El 55 por ciento de las vidas que se salvarían serían las de mujeres en el África subsahariana.

Poner mayor espacio entre los partos (por lo
menos dos años) es una de las estrategias más
importantes y de mayor éxito para mejorar el
resultado de los partos y la supervivencia del
recién nacido. Los niños que nacen con menos de
dos años de separación del parto anterior tienen
aproximadamente el doble de probabilidades de
morir en el primer año de edad que los que nacen con tres años de separación.
Los que nacen de madres menores de 20 años de
edad también tienen muchas más probabilidades de
morir en los primeros días, meses, o años de
vida. En Senegal, por ejemplo, uno de cada 10
niños de mujeres menores de 20 años muere en el
primer año de vida, a diferencia de uno de cada
17 entre las mujeres que dan a luz en las edades de 20 a 29 años de edad.
El uso de planificación familiar puede evitar
estas muertes al permitir que las jóvenes eviten
los embarazos prematuros, los no deseados y los
que están demasiado cerca del embarazo anterior.
Sólo en Senegal, la planificación familiar podría
prevenir mil 300 millones de embarazos no
planeados, 400 mil abortos y 200 mil muertes de
menores de cinco años de edad en un período de 10 años.
Al cubrir la necesidad insatisfecha de métodos
anticonceptivos también se reduce
considerablemente el costo de la vacunación
universal y otras intervenciones sanitarias
infantiles, y se facilita la capacidad de los
gobiernos para mejorar la salud de la sociedad en general.
CLAVE CONTRA EL VIH
La importancia de la planificación familiar para
reducir la transmisión materno-infantil del VIH
no ha recibido suficiente atención. Cada año se
previenen más de 577 mil 200 embarazos no
planeados entre mujeres con VIH en el África
subsahariana, gracias al uso de la planificación
familiar, que evita más infecciones del VIH entre
lactantes que la terapia antiretroviral.
Si bien es esencial que todas las mujeres que
utilizan dicha terapia tengan acceso a
planificación familiar, más de medio millón
adicional de embarazos no deseados en mujeres
seropositivas podrían prevenirse anualmente si
todas las mujeres en la región que no desean
quedar embarazadas tuvieran acceso a métodos anticonceptivos modernos.
En Sudáfrica podrían prevenirse anualmente más de
400 mil embarazos no planeados entre mujeres
seropositivas, lo que evitaría más de 120 mil
nacimientos de niños seropositivos.
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
La inversión en planificación familiar no sólo
salva vidas sino que conlleva grandes ahorros en
los sectores de salud, educación y medio
ambiente. Al haber menos niños que educar, los
gobiernos pueden ampliar los servicios de agua
potable y saneamiento a mayor parte de la
población, lo que a su vez implica reducir las
enfermedades transmitidas por el agua y las muertes por diarrea.
Cuando se ralentiza el crecimiento demográfico
hay menos presión en los limitados recursos de la
tierra y el agua, y menor deterioro ambiental por
deforestación, salinización de la tierra y contaminación atmosférica.
En Kenya, por ejemplo, cubrir la necesidad
insatisfecha de planificación familiar, por un
costo de 71 millones de dólares, podría reducir
en 115 dólares el gasto en educación y en 37
dólares el de vacunación; en 36 dólares el de
agua y saneamiento; en 75 millones el de salud
materna y en 8 millones el combate de la malaria.
Por cada dólar de gasto en planificación
familiar, Kenya se ahorraría 3.79 dólares en estos sectores solamente.
SALUD Y DERECHOS HUMANOS
Existe casi el consenso universal entre los
gobiernos de que toda niña o niño tiene derecho a
ser querido, y que las mujeres y las parejas
tienen derecho a decidir libremente el número de
hijos que desean tener. En la mayor parte de las
sociedades las mujeres pobres son quienes tienen
menor probabilidad de ejercer su derecho a
utilizar métodos anticonceptivos, en parte porque
son las que menos pueden pagar por servicios de planificación familiar.
Hasta que las mujeres pobres tengan la misma
capacidad para ejercer ese derecho que las más
ricas, las zonas urbanas continuarán aumentando
no sólo en tamaño sino también en desigualdad. La
proporción de personas que viven en pobreza
continuará ascendiendo y la disparidad de ingreso
entre los ricos y los pobres será cada vez mayor.
Los gobiernos y los planificadores urbanos deben
asegurarse de que los pobres reciban fondos
públicos que subvencionen y mejoren la calidad de
los servicios de salud reproductiva. Sin ello los
subsidios e incentivos probablemente acabarán en
beneficio de poblaciones menos necesitadas, y la
inversión en salud reproductiva y planificación
familiar es una de las más costo-efectivas que los gobiernos pueden hacer.
En Kenya y Nigeria, por ejemplo, el costo de
proteger a una pareja urbana contra embarazos no
deseados por un año, mediante servicios en las
clínicas, es de tan sólo 4 mil 271 dólares. Esta
pequeña inversión redunda en beneficio de las
personas, las familias y la sociedad en general.
*Asesora de alto nivel en temas normativos en Population Reference Bureau

África:Al año, 5 millones de abortos inseguros

STAFF:MTXnoticias/Agencia:CIMAC/Por:Karin Ringheim/Segunda de tres partes
INTERNACIONAL
África: Al año, 5 millones de abortos inseguros
Falta información sobre métodos anticonceptivos

México, DF, 19 ene 11 (CIMAC).- Los altos niveles
de fecundidad están impulsando una rápida
urbanización a nivel mundial, sobre todo en países africanos.

En el África subsahariana, por ejemplo, el número
de mujeres en edad de procrear crecerá en un 35
por ciento en los próximos 10 años. A menos que
las mujeres puedan limitar el tamaño de sus
familias al número de hijos que desean tener, los
nacimientos en el mismo período aumentarán 33 por
ciento, lo que impulsará aún más el rápido
crecimiento demográfico en áreas urbanas y
dificultará la oferta de servicios de sanidad y de otro tipo.

Las mujeres pobres que desean posponer el
embarazo o dejar de tener hijos, pero no están
usando un método anticonceptivo moderno, tienen
una “necesidad insatisfecha de planificación
familiar” especialmente alta. En Senegal y
Etiopía, por ejemplo, una de cada tres mujeres
entre las edades de 15 a 49 años que viven en
áreas urbanas está en esa situación.

Nigeria tiene uno de los menores niveles de
necesidad insatisfecha en el África subsahariana
(13 por ciento entre las mujeres urbanas y 17 por
ciento entre las más pobres); pero como Nigeria
es, con mucho, el país más grande de África, el
número de mujeres con necesidad insatisfecha es
grande (4 millones) y va en aumento porque la
demanda de planificación familiar continúa.

Los millones de mujeres con necesidad
insatisfecha de métodos anticonceptivos
contribuyen directamente al rápido crecimiento de
la población así como a las altas tasas de mortalidad infantil y materna.

PLANIFICACIÓN FAMILIAR EVITA ABORTO Y MUERTES MATERNAS

Una de cada 22 mujeres en el África subsahariana
corre riesgo de morir de causas relacionadas con
el embarazo y el parto. Si bien la mortalidad
materna ha disminuido a nivel mundial desde 1990
(26 por ciento en América Latina y 20 por ciento
en Asia), dicha reducción ha sido tan sólo 2 por
ciento en el África subsahariana.

Las mujeres que dan a luz antes de cumplir los 18
años o después de los 35, o que han tenido hijos
muy seguidos, corren mayor peligro de muerte. En
muchos países del África subsahariana el
matrimonio y el parto a edad temprana son comunes.

En Malí, Malawi, Mozambique y Níger, por ejemplo,
la mitad de las mujeres dan a luz antes de los 18
años. En general, las mujeres que son madres
antes de cumplir los 20 años tienen el doble de
probabilidades de morir de causas relacionadas
con el embarazo que las mujeres de mayor edad.

La planificación familiar puede evitar estas
muertes, al permitir que las mujeres jóvenes con
vida sexual retrasen su primer embarazo hasta que
tengan mayor edad y estén más desarrolladas
física y emocionalmente. Lamentablemente el uso
de métodos anticonceptivos entre las mujeres con
vida sexual, ya sean casadas o solteras, es muy
bajo en la mayoría de los países del África subsahariana.

En Nigeria tan sólo el 3 por ciento de las
mujeres casadas y el 37 por ciento de las
solteras entre las edades de 15 a 19 años usan
métodos anticonceptivos modernos.

En ciertos países subsaharianos, Nigeria y Kenya
incluidos, entre el 25 y el 41 por ciento de
todos los embarazos no deseados acaban en
abortos, y en la totalidad de la región
subsahariana el 99 por ciento de los casi 5
millones de abortos que tienen lugar cada año los
realizan personas que carecen de los
conocimientos médicos necesarios, o se hacen en
condiciones peligrosas, o ambas cosas.

África subsahariana tiene la proporción mundial
más alta de abortos en mujeres de 15 a 19 años
(aproximadamente 1 de cada cuatro), por lo que el
aborto es la principal causa de muerte entre las jóvenes africanas.

En África oriental, Kenya incluida, el aborto en
condiciones peligrosas ocasiona el 17 por ciento
de las muertes maternas, por lo que garantizar
que los jóvenes tengan la información y los
servicios de planificación familiar que
necesitan, podría reducir considerablemente las
muertes por aborto y las debidas a otras causas relacionadas con el embarazo.
*Asesora de alto nivel en temas normativos en Population Reference Bureau

Viudas de la frontera

STAFF:MTXnoticias/Agencia:CIMAC/Por Samara Del Toro
REPORTAJE
Viudas de la frontera
Días, meses y años de incertidumbre

Para muchas mujeres, el destino de sus seres
queridos que emigraron a los Estados Unidos es un
misterio. Se despiden con una promesa en los
labios, ella imagina como será la vida con esa
ausencia, pero no hay marcha atrás.

Para sacar adelante a una familia se requiere
fortaleza, los días pasan y no hay noticias del
viajero, las semanas se convierten en meses, y
estos en años. La duda ahora es certeza, él no
volverá, esta historia la viven cientos de
mujeres que enfrentan el fenómeno de la migración
desde el seno de sus hogares y con ello, la pérdida de sus familiares.

“No sabemos si lo mataron, si está con otra mujer
o en la cárcel”, dice Delia Torres Landín, quien
desde hace 12 años no tiene comunicación con su
esposo Antonio Padrón Moctezuma, emigró a los
Estados Unidos en pos del “sueño americano”.

“Primero decidió irse a trabajar porque yo estaba
embarazada tenía casi 7 meses de gestación, y
quería juntar dinero para el parto ya que en los
dos primeros embarazos tuve complicaciones y
necesitábamos tener un ahorro”, recuerda Delia,
la meta se cumplió y su marido regresó pero sólo
de forma temporal, ya que volvió a la Unión
Americana para trabajar y juntar dinero para una casa.

La decisión implicó grandes cambios para la
familia, Delia empezó a trabajar como comerciante
en el tianguis, y asumir el papel de jefa de familia.

“Al principio sí mandaba dinero y venia cada año,
pero después para los 15 años de nuestra hija
mayor ya no volvió”, la última noticia que tuvo
de su esposo fue una llamada telefónica que
recibió su hijo, y en la cual le dijo que estaba
preso en Florida, después de ahí nada.

¿Dónde estará?…

Delia tuvo el apoyo de su familia y regresó a la
casa paterna, ahora a más de una década de
distancia reconoce que con la espera, llega la
resignación aunque la pregunta siempre sigue ahí,
¿dónde estará? “preso no creo, pero quien sabe,
en el último lugar que supimos que estuvo fue en
el estado de Florida, EU., después de eso ni sus
hermanos volvieron a tener comunicación con él”.

Al año, 500 mil inmigrantes indocumentados tratan
de llegar a Estados Unidos por territorio
mexicano, según datos de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), sin embargo muchos son
deportados por la Patrulla Fronteriza. Los menos
afortunados mueren en la travesía, ya sea
intentando cruzar el caudal del río Bravo, a
manos de asaltantes, o a consecuencia de las peligrosas rutas que eligen.

De acuerdo con los Consulados de México en la
frontera norte, hasta julio de 2010 se tiene un
registro de 196 mexicanos muertos en la frontera
sur de la Unión Americana, mientras que en el
2009 fueron 369 las personas que murieron en su
intento por llegar al país vecino.

De esta cifra, según muestran las estadísticas
consulares, en el 2010, 95 personas no fueron
identificadas, mientras que durante el 2009,
fueron 135 las personas en dicho estatus, y es
que dadas las condiciones en que se aventuran a
cruzar la línea fronteriza, en caso de un
accidente la posibilidad de que la persona no sea identificada es alta.

Esto lo sabe Juana Reyes García, quien después de
un mes de búsqueda, supo el destino de su hijo
Pedro Durán, cuyo cuerpo fue rescatado del río
Bravo por autoridades de Brownsville, Texas.

Juana ni siquiera sabía que su hijo tenía
intenciones de cruzar la frontera hacia EU, pero
el 17 de mayo de este año se localizó su cuerpo
en dicho afluente, las autoridades consulares no
pudieron identificarlo por lo que fue sepultado
en calidad de desconocido hasta que su madre lo
reconoció a través de fotografías.

“Lo sacaron del río el 17 de mayo, pero fue hasta
finales de junio que supimos que había pasado con
él”, menciona la mujer de 53 años, quien reconoce
que la ausencia de los restos de su hijo hacen
aún más difícil superar la pérdida, ya que a tres
meses de su muerte aún no ha logrado recuperar sus restos.

Juana sigue esperando que el Consulado de México
en Brownsville, culmine el trámite para exhumar
los restos de Pedro y que una vez que sea
incinerado, le entreguen las cenizas de su hijo,
a fin de poder velarlo y sepultarlo en su tierra y cerca de su familia.

Además del peligro que se corre al intentar
cruzar la frontera norte de nuestro país, las
familias de los migrantes indocumentados
enfrentan otra problemática, la pérdida del amor.

Eso le sucedió a Maria Luisa Hernández, su pareja
se fue y después de un tiempo le perdió la pista,
“ya no supe de él, creo que la distancia mató el
amor, lo bueno es que no tuvimos hijos”, se
consuela María Luisa de 29 años, quien recuerda
que el hombre que fuera su pareja por casi cinco
años, un día se dejó seducir por la idea de ganar
“billetes verdes” como les llama ella, “aquí los
dos trabajábamos, la verdad no ganábamos mucho,
pero creo que éramos felices, o al menos yo”, indica.

Al principio las llamadas eran constantes, pero
poco a poco se fueron distanciando “me llamaba
cada quince días, después cada dos meses o tres
meses, habíamos quedado en que mandaría por mi
cuando tuviera trabajo y unos ahorros para rentar
una casa, y cuando se lo recordaba me decía que
esperara por que la situación no era fácil, hasta que de plano no llamó más”.
*Integrante de la Red Nacional de periodistas en Tamaulipas

Diabetes y males cardiacos, causas de muerte en mexicanas

STAFF:MTXnoticias/Agencia:CIMAC/Por Guadalupe Cruz Jaimes
REPORTAJE
Diabetes y males cardiacos, causas de muerte en mexicanas
Ritmo de vida y estrés cada vez más asociados con estas enfermedades

Las principales causas de muerte de las mexicanas
son la diabetes y las afectaciones cardiacas,
enfermedades determinadas por el rol social de
las mujeres, y su situación económica.

La muerte de mujeres por esos padecimientos
aumentó en la última década. La diabetes,
considerada la primera causa de defunciones en
mujeres y la segunda en hombres, pasó de 51.7 a
73.6 por cada 100 mil fallecimientos de
mexicanas, registrados de 2000 a 2008, según el
Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais).

Para Axela Romero, de la organización Salud
Integral para la Mujer (Sipam), no es casual que
esta enfermedad sea la primera causa de
mortalidad en mujeres, pues está relacionada con
la falta de tiempo libre para ellas y con la
falta de recursos para acceder a una alimentación balanceada.

Hace diez años, 25 mil 717 de los fallecimientos
de mujeres fueron por esa causa, en 2008 el
número de muertes por diabetes aumentó a 39 mil 913 mujeres.

Según información de la Secretaría de Salud, la
diabetes está relacionada con el sobrepeso y la
obesidad, problemáticas que deben atenderse con
acciones preventivas, pues de lo contrario para
2020, la mitad de la población será obesa y la
frecuencia de la enfermedad se habrá duplicado.

Padecimientos como la diabetes, tienen que ver
con que 46 por ciento de las trabajadoras en el
país, perciben de uno a dos salarios mínimos,
ingreso insuficiente para alimentarse sanamente,
de acuerdo con Centro de Análisis
Multidisciplinario, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Los ingresos que reciben las mujeres se destinan
principalmente para el cuidado de su familia,
“ellas posponen la atención a su salud, es común
que no se atiendan hasta que la enfermedad ya está avanzada”.

Otra barrera, es la falta de acceso a las
instituciones de salud, situación en la que se
encuentran 6 de cada 10 mujeres ocupadas en el
país, señala el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM.

A la inestabilidad económica, se suma la falta de
tiempo libre de las mexicanas para hacer
ejercicio de forma programada, ya que en promedio
dedican 29.2 horas semanales a las tareas del
hogar, mientras que los hombres sólo ocupan 7.8
horas de su tiempo a esta actividad, según datos
del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)
con base en la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2009.

Además, las mujeres en el país destinan 19.9
horas a labores de cuidado y los hombres 8.8
horas. Por cada hija o hijo menor de cinco años,
el trabajo en el hogar aumenta 5.92 por ciento,
señala el análisis del Inmujeres.

La falta de actividad física planeada, y su
acelerado ritmo de vida entre el empleo
remunerado, y el trabajo en el hogar, así como la
ingesta de alimentos altos en grasa, y de bajo
costo, propicia también las afectaciones
cardiacas, segunda causa de muerte entre las mexicanas.

En el 2000, fallecieron 19 mil 908 mexicanas por
afectaciones cardiacas (enfermedades isquémicas
del corazón), 10.3 por ciento de los 192 mil 593
fallecimientos de mujeres registrados ese año.

Ocho años después, la muerte de mujeres por esta
enfermedad se elevó a 25 mil 943 decesos, pasó de
40 a 47.9 fallecimientos debido a esta causa por
cada 100 mil, de 2000 a 2008, de acuerdo con el Sinais.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, los
padecimientos isquémicos del corazón son
considerados un problema de salud pública, cuyo
riesgo de muerte aumenta cuando las personas
sufren también enfermedades como diabetes, obesidad e hipertensión arterial.

La hipertensión hace una década ocupaba la
séptima causa de muerte en mujeres, ahora es
considerada la quinta causalidad de decesos entre
las mexicanas. En 2000, se suscitaron 11.9
decesos de mujeres por esa causa de cada 100 mil
registrados. Para 2008 aumentó a 16.4 por el mismo número de fallecimientos.

Las enfermedades cardiacas afectan principalmente
a las personas mayores de 50 años y están
directamente asociadas con conductas de riesgo
como dietas inadecuadas, sedentarismo y
tabaquismo, según la Secretaría de Salud.

Más de la mitad de las cardiopatías isquémicas se
deben a los altos niveles de colesterol en la
sangre, derivados del consumo de alimentos ricos
en grasas saturadas, una de las medidas de
prevención es la actividad física, señala la dependencia.

Entre los impedimentos que las mujeres afrontan
para hacer ejercicio también está la falta de
seguridad en los pocos espacios públicos y a que
culturalmente a las mujeres no se les estimula a
participar de deportes organizados, indicó Axela Romero.

Los factores mencionados muestran que “las causas
de muerte de las mujeres, están relacionadas por
su estilo de vida y las dinámicas económicas, que
a su vez, son determinadas por las diferencias
sexuales, que se convierten en diferencias sociales”.

En este escenario existen retos que deben
alcanzar no sólo cambios en los hábitos de las
mujeres, sino cambios en las políticas públicas
de salud, como el Programa Nacional de Salud, el
cual, además de estar “descapitalizado”, “fuera
de las leyendas de equidad de género, todavía
carece de una perspectiva que observe estas
desigualdades y trabaje para revertirlas”, concluyó Axela Romero.

En manos de la PGJDF limpiar la imagen de Digna Ochoa

STAFF:MTXnoticias/Agencia:Cimac/Por Anayeli García Martínez

REPORTAJE
En manos de la PGJDF limpiar la imagen de Digna Ochoa
Que admitan que la muerte de la reconocida abogada fue homicidio 

La Procuraduría de Justicia capitalina tiene la
oportunidad de terminar con 9 años de impunidad,
en el caso del asesinato de Digna Ochoa y reivindicar el nombre de la activista

Abogada de profesión, Digna Ochoa destacó por su
labor en favor de los derechos humanos, un
trabajo que le mereció reconocimientos como la
Medalla Roque Dalton, el premio de Amnistía
Internacional, pero también le costó amenazas.

Identificada con las causas sociales, Digna Ochoa
trabajó en medio de levantamientos de grupos
armados, como el del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional, o el de El Charco, Guerrero, en 1988.

En ese contexto de “subversión” -como lo
calificaría el entonces presidente Vicente Fox-
la defensora litigó casos emblemáticos como la
masacre de 17 campesinos en Aguas Blancas,
municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, el 28
de junio de 1995; y la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, en 1997.

Defendió los casos de ofensivas contra los
municipios autónomos zapatistas en 1998; ese
mismo año se hizo cargo de los casos de violación
sexual de dos mujeres por militares, en Barrio Nuevo San José, Guerrero.

También trabajó en el Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez, donde llevó el caso de
tortura y detención arbitraria de los campesinos
ecologistas, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, a
manos del Ejército mexicano, caso que recién
llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Fue hostigada en reiteradas ocasiones. En octubre
de 1999 tres sujetos entraron a su casa, le
vendaron los ojos, la interrogaron por varias
horas, la ataron a una cama y la encerraron en un
cuarto con un tanque de gas abierto, pero logró escapar.

Denunció sin éxito las agresiones y amenazas por
lo que ante la falta de garantías para
salvaguardar su integridad, en noviembre de 1999,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) y la CoIDH, le otorgaron medidas
cautelares y provisionales, respectivamente.

Pese a ello, el 19 de octubre de 2001, fue
encontrada sin vida en su despacho en la Ciudad
de México. Tenía un disparo en el muslo izquierdo
y otro en la cabeza, y una nota que decía “…si
siguen así, a ustedes también les va a tocar”.

Durante dos años, la línea de investigación de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal (PGJDF), fue “suicidio por depresión”,
hipótesis que mantuvo hasta el final de la
investigación, el 18 de julio de 2003, cuando la
fiscal del caso, Margarita Guerra, determinó el
no ejercicio de la acción “porque se trató de un suicidio”.

La versión fue ampliamente cuestionada. El
informe especial de 2004, publicado por la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, señala que cuando menos en 6 diferentes
dictámenes de la averiguación previa, los
peritajes carecieron de metodología y se basaron
en información incompleta e inexacta.

El abogado de la Asociación Nacional de Abogados
Democráticos y quien lleva el caso, David Peña,
explicó que de acuerdo con la fiscal no hubo
violencia, aunque el arma fue disparada en tres
ocasiones, dos de ellas hirieron a la víctima,
quien “se disparó” con la mano izquierda pese a que era diestra.

Jesús Ochoa, hermano de la activista, relató que
durante las indagatorias, la PGJDF desestimó las
denuncias de hostigamiento y archivó la
investigación sobre las amenazas y agresiones en
contra de la abogada, denunciadas desde 1999, y
que señalaban a elementos del Centro de
Investigación para la Seguridad Nacional, de la
Policía Judicial Federal y de la Policía Federal
Preventiva, como responsables del asedio.

Al observar las irregularidades, y debido a que
no se permitió que la familia coadyuvara con el
Ministerio Público, ésta interpuso un amparo en
2003 luego de que se cerró el caso. Con este
recurso, que llevó casi cuatro años en juicio,
lograron que en el expediente se integraran los
peritajes que ellos habían realizado, informó Jesús Ochoa.

El amparo fue ganado en febrero de 2007; la
investigación se reabrió y se logró que se
integraran las pruebas periciales en materia de
medicina forense, criminalística y química
forense, así como las pruebas derivadas de la
exhumación del cuerpo en junio de 2005.

Aunque el 9 de marzo de 2007, el Segundo
Tribunal Colegiado en materia penal del Primer
Circuito, quien concedió este recurso, pidió a la
PGJDF que concluyera el caso en 24 horas, esta
última argumentó que necesitaba más tiempo para
valorar las más de 90 mil fojas del caso, precisó David Peña.

En la reciente reunión con funcionarios de la
PGJDF, el 13 de octubre pasado, les informaron la
posibilidad de que en noviembre concluya el
análisis del expediente. La familia sólo espera
que el caso se resuelva de manera jurídica y no
política y “que sea una decisión imparcial, clara y transparente”.

Jesús Ochoa dijo que lo único que busca es que se
limpie la imagen de su hermana y que la PGJDF
admita que su muerte fue un homicidio y no un
suicidio por problemas psicológicos, pese a que
esto no signifique que se encuentre a los culpables.

“El expediente estuvo lleno de contradicciones y
omisiones, por eso confiamos en que se
reconozcan, de lo contrario recurriremos a la CIDH”, afirmó.

Aunque el gobierno reconoce responsabilidad,protege a militares

STAFF:MTXnoticias/Agencia:Cimac/Por Carolina Velázquez, enviada
DERECHOS HUMANOS
Aunque el gobierno reconoce responsabilidad, protege a militares
Respuesta a demanda de justicia para indígenas violadas en 1994

San Salvador, El Salvador, 20 oct 10 (CIMAC).- En
agosto pasado, por primera vez, el Estado
mexicano dio respuesta al caso de las indígenas
tzeltales, violadas el 4 de junio de 1994, por
elementos del ejército en un retén del municipio
de Altamirano, Chiapas, poco después de la insurrección zapatista.

La respuesta llega nueve años después de que la
petición la recibió la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y tiene que ver con las
dos recomendaciones contenidas en el Informe de
Fondo número 53/01 caso 11.565 de la CIDH.

En dicho informe, se requiere que el Estado
mexicano investigue, y en su caso sancione,
diversas violaciones a derechos humanos
denunciadas por tres jóvenes indígenas tzeltales
y su madre, y repare integralmente el daño causado a sus personas.

El caso fue llevado a la CIDH por el Centro por
la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil),
el Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas
(Colem) y la Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Martha Figueroa, integrante del Colem y abogada
defensora de las cuatro indígenas señala, en
exclusiva para Cimacnoticias, que esta respuesta
–aún cuando llega casi al cumplirse una década–
es importante, ya que es “la primera vez que el
Estado Mexicano ofrece una propuesta de
reparación del daño, por lo tanto reconoce su
responsabilidad”, tratándose de un caso que
involucra directamente al ejército mexicano.

— ¿Qué propone el gobierno en su respuesta con
relación a la participación de elementos del ejército en estos hechos?

“Nada, la respuesta sólo se va a la cuestión
económica. No indica ningún punto de investigación a los militares.

“Este tema se discutió en una mesa de trabajo con
el presidente de la CIDH, en la que participaron
representantes del gobierno mexicano y del
ejército. Desde entonces, la Comisión les señaló
que este caso era la única resolución que México
tenía como incumplida, pues las otras estaban en
trámite o ya se habían ido a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

“Tramposamente, el gobierno mexicano explicó que
había cerrado la investigación respecto al fuero
militar, pues no encontró desde su jurisdicción
responsabilidad alguna. Es decir, se lavaron las
manos. Y ‘nos aconsejaron’ que podíamos
interponer un amparo contra esta resolución y
así, el caso pasaría del fuero militar al civil”.

“Es tramposa esta propuesta porque ellos saben
muy bien que esto no es ninguna solución, ni hay
cambio real de jurisdicción, como ya lo señaló la
CoIDH en el caso de Rosendo Radilla y de Inés y
Valentina. En estas tres sentencias el gobierno
mexicano está obligado a cambiar la investigación del fuero militar al civil”

— ¿Qué significa en términos de derechos humanos
para las mujeres tzeltales esta respuesta?

“Abre una pequeña oportunidad de acción de la
justicia para ellas y su familia, por varios motivos.

“Para las González es muy importante que por
primera vez el Estado reconozca que las violentó
y violó sus derechos. Y esperan que, como parte
de la reparación del daño, la investigación pase
a las autoridades civiles, el ejército deje de
molestarlas y señalarlas de algo que no fue su
culpa. De esta manera, en su comunidad dejarán de
verlas como mujeres ‘marcadas’ que fueron usadas
por elementos del ejército en contra de su comunidad.

“Esto les causó un enorme daño en la relación con
su familia, el pueblo y, sobre todo, frente a una
situación de conflicto armado interno, en donde
fueron igual que otras indígenas tratadas como
botín de guerra y un medio para golpear a ‘los
transgresores’, como le llama el ejército al
movimiento zapatista que aún sostiene bases de apoyo en Chiapas.

“Estas indígenas tzeltales viven en una zona
donde el conflicto armado sigue. Hay presencia
del ejército zapatista y de elementos del
ejército mexicano. Comparten el territorio. Las
instituciones han buscado por todas las maneras
integrar a las comunidades indígenas a sus
proyectos, provocando división y enfrentamientos.

“Es el caso reciente del desalojo de la población
indígena en la Lacandona apenas en agosto pasado,
la comunidad en donde ellas viven está en la
puerta de entrada a la selva, a hora y media del
lugar donde se hicieron los desalojos”.

— ¿Cómo vivió la familia González este proceso de tantos años?

“Con miedo, sin dinero, desplazándose de un lado
a otro, agravando los problemas que ya vivían
como indígenas, producto de una vieja
marginación, en un medio donde persisten
enfermedades endémicas relacionadas con la
pobreza: desnutrición, tuberculosis, sarna, tifoidea, incluso, lepra.

“El proceso que ellas han pasado en todo este
tiempo, ha sido muy difícil en varios sentidos. A
16 años de los hechos. Dos de ellas eran niñas de 12 y 16 años.

“Vivieron una investigación muy violenta que las
revictimizó por parte de la Procuraduría Militar,
instancia que atendió el caso únicamente para
tratar de desacreditarlas, afirmando que no
habían tenido ningún ataque y que la denuncia era
parte de una estrategia de los zapatistas (les
llamaban transgresores de la ley) para calumniar
y manchar la imagen del ejército.

“La Secretaría de la Defensa (Sedena) llegó a
intimidarlas en sus comunidades. También
allanaron mi domicilio particular y presentaron
una denuncia de difamación y calumnia contra el
periodista de La Jornada, José Gil Olmos, el
primer reportero que difundió la noticia de la
violación y la agresión contra ellas y la abogada del Colem.

“Ante esta situación, las hermanas González y su
madre, tuvieron que salir huyendo. Los elementos
del ejército llegaron a mi casa, me presionaron
para que asistiera a las instalaciones militares
de su Ministerio Público y declarar sobre el
caso. Querían obligarme a llevar a declarar a las
indígenas agredidas sexualmente por ellos.

“Una de ellas fue repudiada por su pareja, y otra
perdió un bebé de dos meses de edad. La mayor
abortó después de ir a una de las diligencias del
Ministerio Público Militar, en diciembre de 2004,
cuando colaboraba con la Sedena el gobierno de
Chiapas, con Pablo Salazar al frente”.

— ¿Qué sigue ahora?

“Al conocer la propuesta del gobierno, hoy las
hermanas González y su madre están por responder
si aceptan esta propuesta y en qué condiciones.
Una de sus peticiones será que su mamá debe ser
incluida en la reparación del daño, pues el gobierno sólo cita a las hermanas.

“También rechazan las ‘prestaciones sociales’ que
ofrece el gobierno. No tienen la pertinencia cultural de ellas ni de su pueblo.

“Ellas consideran que se trata de programas y
proyectos que las autoridades ofrecen y otorgan
en general a la población en extrema pobreza, no
es nada especial para un caso de violencia y
tortura como el que han padecido. Además, es
parte de las políticas que desde sus comunidades
han denunciado como la causa de conflictos,
coptación y control para neutralizar la fuerza de los zapatistas.

“Hay varias de estas ‘prestaciones’ que incluso
son imposibles de realizar. Hablan de
otorgamiento de becas de estudio y en su comunidad no hay escuela”.

“De atención para la salud en el Programa de
Seguro Popular (que impulsa el gobierno federal)
y no existe ninguna instalación de Salud cercana
a su pueblo, las que hay están lejísimos y no
tienen la capacidad para brindarles el
tratamiento médico y psicológico que se requiere
para las mujeres que han vivido una agresión sexual”.

“Hay una propuesta de incorporación de las
víctimas a programas de proyectos productivos que
las González no aceptan, en razón de que están
condicionados al pago de contribuciones en
determinado plazo, lo que generaría situaciones
de deudas que no podrían solventar”.

— Ante este rechazo, ¿qué tendría que hacer el gobierno?

“Dos cosas. Una cumplir con la reparación del
daño como lo marca la resolución de la CIDH, en
el marco de los estándares internacionales de
derechos humanos. La otra hacer justicia y
reiniciar la investigación de estos graves
delitos desde el fuero civil y no militar.

“Las condiciones jurídicas y documentales
existen, no hay vuelta de hoja, lo difícil aquí
es cambiar la voluntad del gobierno mexicano para
dejar de proteger a los elementos del ejército
que han violado a las mujeres, en éste y otros
casos, y que esta situación de violencia y agresión no se repita.

“Si no lo hace, la impunidad seguirá siendo la
prebenda del gobierno mexicano al ejército para sostenerse en el poder”.