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Pobreza y violencia contra las mujeres van de la mano

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Anayeli García Martínez

REPORTAJE
Pobreza y violencia contra las mujeres van de la mano
Sin ingresos y sin derechos, padecen más agresiones
 
Investigadoras y activistas coinciden en que el incremento de la miseria en México es el caldo de cultivo para que las mujeres sufran más violencia de género, tengan menor o nulo conocimiento de sus derechos y en consecuencia un escaso o inexistente acceso a la justicia.
 
Los bajos ingresos para adquirir la canasta alimentaria y solventar los gastos en salud, vestido, vivienda, transporte y educación son un detonante para la violencia contra las mexicanas, advierte la economista especializada en género, Carmen Ponce Meléndez.
 
La semana pasada el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que hasta 2010, ocho de cada 10 de las y los mexicanos viven en pobreza o tienen algún tipo de carencia social.
 
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, en México hay 112 millones 336 mil 538 habitantes, el 51.1 por ciento está integrado por mujeres (57 millones 481 mil 307). A partir de que más de la mitad de la población es femenina se infiere que la pobreza afecta más a las mujeres, afirma la académica del IPN.  
 
Coneval reportó que a nivel nacional el número de personas pobres aumentó de 48.8 millones en 2008 a 52 millones en 2010, lo que significa que en dos años (de 2008 a 2010) 3.2 millones de personas pasaron a engrosar las filas de la pobreza.
 
El consejo precisó que los rubros más afectados en la población son el acceso a la alimentación y el nivel de ingresos.
 
Carmen Ponce observa que ambos indicadores guardan una estrecha relación con las condiciones de pobreza que experimentan las mujeres y la posibilidad de sufrir mayor violencia.
 
PAUPERIZACIÓN GALOPANTE
 
Desde el 2006, año en que comenzó la actual administración federal del PAN, las cifras de pobreza han ido en aumento. En ese año, el número de mexicanos y mexicanas en condiciones de pobreza patrimonial llegó a 44.7 millones (42.6 por ciento del total de la población), de acuerdo con datos del Coneval (mecanismo creado en el 2005).
 
Entre 2006 y 2008, el porcentaje de personas en condición de pobreza alimentaria pasó de 13.8 a 18.2 por ciento, mientras que el de pobreza patrimonial se incrementó de 42.6 a 47.4 por ciento.
 
Ponce señala que entre 2008 y 2010 la pobreza aumentó 1.7 puntos porcentuales al pasar de 44.5 por ciento a 46.2 por ciento, lo que significa que hay más personas que no tienen un ingreso suficiente para solventar sus gastos de vivienda, vestido y alimentación, entre otros.
 
Otro referente de la actual pauperización es la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2010 (ENIGH-Inegi), según la cual el 60 por ciento de los ingresos de los hogares son los salarios pero el poder adquisitivo de éstos es muy limitado, lo que se traduce en mayor carencia social.
 
MENOS INGRESOS, MÁS AGRESIONES
 
“Una familia o una mujer que vive en una casa pequeña, en un espacio reducido es un factor que puede coadyuvar a que no goce de un nivel de vida adecuado y por tanto a generar otros problemas sociales”, apunta Jimena Maroto, coordinadora del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos de Incide Social.
 
La activista convoca a que el Estado contemple estrategias que satisfagan los derechos sociales (salud, educación, seguridad social, alimentación y vivienda) en particular de las mujeres.
 
La investigadora en temas de salud pública por la UAM Noemí Ehrenfeld Lenkiewicz señala que la pobreza es una condición que impacta de manera negativa todas las condiciones de vida de las mujeres y las afecta en el ejercicio de sus Derechos Humanos.
 
La académica afirma que la pobreza, que afecta a un gran número de mexicanas, las hace más vulnerables ante la violencia de género y la falta de acceso a la justicia. Precisa que las mujeres pobres son más susceptibles a sufrir abusos de todo tipo, ya que no cuentan con los recursos, herramientas e información para ejercer sus derechos.
 
ESTADOS POBRES Y VIOLENTOS
 
Con base en las cifras del Coneval, Carmen Ponce advierte una relación directa entre la pobreza que padecen las mujeres y la violencia de la que son víctimas.
 
Pone como ejemplo que en Chihuahua –uno de los estados más violentos para las mexicanas– el número de personas vulnerables por ingreso en 2008 era de 234 mil 600 y pasó a 431 mil 200 en 2010, una variación de 83.8 por ciento, casi el doble. La especialista en economía y género señala que en Chihuahua las cifras de desempleo femenino también son de las más altas del país.
 
La organización civil Justicia para Nuestras Hijas, pionera en la lucha contra el feminicidio en esa entidad, reporta que de 1993 al 2010 cerca de mil 100 mujeres han sido asesinadas en Chihuahua.
 
Según Coneval, entre los estados con mayor aumento en pobreza extrema están Veracruz y el Estado de México. Ambas entidades también ocupan los primeros lugares en violencia contra las mujeres.
 
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio reporta que de 2005 a 2010 en el Edomex se registraron 922 asesinatos dolosos de mujeres; mientras que en Veracruz, de enero 2005 a octubre de  2010 hubo 309 crímenes.

Alertan sobre tipificación “a modo” de feminicidio

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Gladis Torres Ruiz

REPORTAJE
Alertan sobre tipificación “a modo” de feminicidio
Gobiernos federal y estatales complican su acreditación

Especialistas afirman que desde el Estado hay un
“movimiento” para tipificar “a modo” ese delito,
a fin de dificultar su acreditación y mantener la impunidad.

Desde las oficinas de los gobiernos federal y de
los estados avanza un “movimiento” para
“tipificar de manera incorrecta el delito de
feminicidio”, que tendrá como consecuencia un
acceso inequitativo a la justicia para las
mujeres, advierten abogados y activistas contra la violencia de género.

A decir de la activista del Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Anayeli
Pérez, y el integrante de la Asociación Nacional
de Abogados Democráticos (ANAD)
David Peña, de los seis estados que han
tipificado el delito de feminicidio, en cuatro
(Guerrero, Estado de México, Guanajuato y
Tamaulipas) se estipuló un tipo penal cuya
acreditación será “sumamente complicada”.

“Hay todo un movimiento desde el Estado para
tipificar de manera incorrecta. Lo que hace es
invisibilizar la problemática del feminicidio, es
una simulación para aparentar que se está
atendiendo el problema cuando en realidad no se
atiende a fondo”, acusó Anayeli Pérez.

El abogado David Peña puso como ejemplo que en el
artículo 148 bis del capitulo VI del Código Penal
del Estado de México, el feminicidio se tipificó
como la “privación de la vida, asociada a la
exclusión, subordinación, discriminación o
explotación; cuando ocurra con una persona con
quien se haya tenido una relación sentimental,
afectiva o de confianza laboral o escolar; cuando
el agresor haya ejecutado conductas sexuales
crueles o degradantes o mutile a la víctima, o
cuando existan con antelación actos que
constituyan actos de violencia familiar del ofensor hacia el ofendido”.

El integrante de la ANAD acotó que esa
tipificación “deja a la interpretación de los
jueces si el asesinato fue por razones de género,
es decir si hubo subordinación o exclusión, las
cuales son condiciones difíciles de probar pues
no se tiene el testimonio de la víctima”.

Peña, quien litigó ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CoIDH) uno de los tres casos
de feminicidio del Campo Algodonero, en Ciudad
Juárez, recalcó que las legislaciones con una
tipificación inadecuada permitirán que se
minimice la ola de asesinatos de mujeres y se dé un uso político al fenómeno.

“Si un gobierno estatal señala que hay 900
asesinatos, pero sólo cinco son feminicidio le
servirá políticamente, ya que dirá que la mataron
pero no por ser mujer sino por otras razones, lo que reduce la carga política”.

JUSTICIA “SUBJETIVA”

La tipificación del feminicidio en Guerrero,
Estado de México, Guanajuato y Tamaulipas se
logró a partir de iniciativas presentadas por la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (Conavim),
dependiente de la Secretaría de Gobernación, y legisladoras locales del PRI.

En cambio en Morelos y el DF, la tipificación se
realizó con iniciativas del PT y el PRD, luego de
un trabajo con especialistas y la sociedad civil
para establecer protocolos de investigación
especializados que acrediten el delito.

La abogada Anayeli Pérez observó que en las
primeras cuatro entidades las Organizaciones de
la Sociedad Civil no tuvieron participación en la
elaboración de los dictámenes, lo que se refleja
en cómo quedó finalmente el tipo penal.

“Está basado en elementos que jamás se van
acreditar o que tiene que valorar el Ministerio
Público o los operadores de justicia, lo que abre
nuevamente la puerta a la impunidad, ya que están
cargados de estereotipos y criterios de
discriminación en los que se cuestiona la vida personal de la víctima”.

En el caso de Tamaulipas, por ejemplo, el
artículo 337 bis del Código Penal del estado
estipula en uno de sus numerales que una de las
“razones de género por parte del sujeto activo
(el agresor)” para acreditar el feminicidio es
“que existan antecedentes de violencia moral o
acoso (…) en contra de la mujer”.

De acuerdo con lo señalado por Pérez Garrido este
sería un elemento “subjetivo” que quedaría a la
consideración personal del MP y los jueces para acreditar el crimen.

Según datos del INEGI, en México la tasa de
homicidios por cada 100 mil mujeres se ha
incrementado en más de 40 por ciento, al pasar de
2.45 a 3.52 entre 2005 y 2009.

De 2007 a 2010 se cometieron al menos 2 mil
homicidios dolosos contra mujeres y niñas en 18
entidades del país, reporta por su parte el OCNF
en su informe 2010. De 2009 a 2010, 309 mujeres
fueron asesinadas en el Edomex, 125 en Sinaloa y 103 en Tamaulipas.

Cabe recordar que en el gobierno del mexiquense
Enrique Peña Nieto, del 2005 a la fecha han sido
asesinadas 922 mujeres, de acuerdo con datos de
la propia Procuraduría del estado.

En enero pasado el OCNF solicitó activar la
Alerta de Violencia de Género en la entidad, pero
la petición fue rechazada por el Sistema Nacional
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres, mecanismo integrado
por dependencias federales y los institutos estatales de las mujeres.

Dos meses después y luego de que el gobernador
presentó una iniciativa al respecto, el Congreso
local aprobó “al vapor” el pasado 17 de marzo la
tipificación del feminicidio en los códigos penal
y de procedimientos penales del estado.

Centroamericanas y mexicanas criminalizadas por abortar

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Guadalupe Cruz Jaimes

REPORTAJE
Centroamericanas y mexicanas criminalizadas por abortar
Comparten leyes restrictivas y carencia de políticas públicas
 
Con políticas públicas operadas de forma discrecional, la visión de de un enfoque “asistencialista” en la salud sexual y reproductiva de las mujeres y con leyes restrictivas que criminalizan a quienes abortan, los países de México, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, tienen mas similitudes que diferencias.
 
Reunidas durante la semana pasada en el taller “Por una maternidad libre y voluntaria”, que se realizó en la Ciudad de México, especialistas de estos cuatro países abordaron la temática en la región centroamericana con el fin de concretar una agenda común de defensa y protección de los derechos sexuales y reproductivos.
 
María Teresa Blandón, de la organización La Corriente, con sede en Nicaragua, señaló que en Centroamérica prevalece un enfoque sanitario “asistencialista” en la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, dirigidas al binomio “materno-infantil”y en el combate a su mortalidad.
 
“Las políticas públicas en Nicaragua, El Salvador y Guatemala coinciden en que parten de que todas las mujeres van a ser madres”, sostuvo la activista.
 
Durante reunión plenaria las activistas de estos países coincidieron en que las políticas públicas son omisas a la referencia del placer erótico como un derecho, principalmente en el caso de las y los adolescentes y en lugar de garantizar el acceso a anticonceptivos para que puedan ejercer una sexualidad sin riesgo, prevenir un embarazo no deseado o contraer alguna infección de transmisión sexual (ITS), los gobiernos de estas naciones promueven la “abstinencia sexual”.
 
Señalaron que las políticas públicas están fragmentadas y su aplicación es discrecional, ya que su operación depende de la voluntad del funcionario y detrás subyace la aplicación de la política pública desde una moral “religiosa” presente en todos los gobiernos.
 
En este sentido, las políticas dirigidas a la salud sexual y reproductiva de las mujeres las ven “como beneficiarias y no como sujetas de derechos, es por ello que no atienden sus necesidades específicas”, coincidieron.
 
A diferencia de El Salvador y Nicaragua, donde el aborto está penalizado bajo cualquier circunstancia, en Guatemala hay un programa que brinda atención médica en 36 hospitales a mujeres de ese país que hayan tenido un aborto incompleto, independientemente de si fue espontáneo o inducido.
 
En El Salvador se calcula que existen alrededor de 70 casos de mujeres presas “por aborto”, pero existe un subregistro, dijo Cimacnoticias Mariana Moisa, integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Ético, Terapéutico y Eugenésico.
 
Desde 1997, con la reforma constitucional que reconoce la vida desde la concepción “se penaliza absolutamente el aborto” y se establece la obligación del personal de las instituciones de salud pública de denunciar este hecho.
 
Las acusadas, dice Moisa, casi siempre jóvenes y pobres, “han perdido la presunción de inocencia, son consideradas culpables y van directamente del hospital a la cárcel”.
 
Desde hace casi un lustro, la Agrupación Ciudadana ha acompañado procesos jurídicos de mujeres en prisión acusadas inicialmente de aborto, pero que “en el camino” fueron sentenciadas de homicidio agravado, aumentando la pena de 7 a 30 años.
 
En Nicaragua las mujeres organizadas han sostenido un movimiento que exige la despenalización del aborto terapéutico (el cual consiste en la interrupción de un embarazo cuando pone en riesgo la vida de la mujer), “trabajamos juntas, solas no podemos porque es una problemática muy compleja”, abundó Teresa Blandón.
 
En ese país, como en El Salvador y Guatemala, los partidos políticos rechazan la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, “son indiferentes a la problemática”, las organizaciones no tienen interlocución, incluso los consideran “adversarios”.
 
En el caso de México con 18 constituciones locales reformadas para proteger la vida desde el momento de la “concepción-fecundación” y la Iglesia católica y grupos de derecha detrás de esta criminalización, las políticas públicas también son de carácter discrecional, consideró Leticia Burgos Ochoa, de la Red Feminista Sonorense.
 
La ex legisladora perredista refirió que en el Congreso de Sonora recién se aprobó una ley de paternidad responsable, la cual posibilita la intervención de los hombres de esa entidad para determinar si sus cónyuges continúan o no con un embarazo. Este hecho, dijo Burgos, “condiciona el cuerpo y la decisión de las mujeres, al dicho de sus parejas”.
 
Insistió en que en México, como en la región, el ejercicio de la política pública es discrecional, resultado de ello, es que “en Sonora el embarazo adolescente se disparó 30 por ciento en los últimos 5 años”, mencionó.
 
“Persiste una involución de los derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas” y de las mujeres de la región en general, refirió.
 
En el tema de criminalización, Guanajuato es un claro ejemplo. Las irregularidades en los procesos jurídicos que se llevan a cabo en contra de las mujeres acusadas de aborto o de homicidio en razón de parentesco, ha ocasionado que más de seis mujeres hayan sido encarceladas en esta entidad conservadora.
 
En entrevista con Cimacnoticias, Verónica Cruz, integrante de la organización Las Libres, la cual junto con el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), logró la liberación de 9 mujeres presas acusadas de homicidio en razón de parentesco, en septiembre de 2010, sostuvo que el encarcelamiento de mexicanas por aborto o acusadas de homicidio en razón de parentesco es una constante.
 
En Guerrero, dijo, tienen registro de dos mujeres acusadas de homicidio en razón de parentesco, una de ellas “ni siquiera tiene sentencia y ya lleva 3 años en prisión, y la otra está sentenciada por el mismo delito a 30 años de prisión. En su caso, dijo Cruz, apelamos la sentencia y “ya estamos agotando el recurso de amparo”.
 
Asimismo, Las Libres tienen conocimiento de otros casos en Querétaro, Veracruz, Michoacán, Guerrero, San Luís Potosí e Hidalgo, Puebla y Aguascalientes, de mujeres criminalizadas por aborto.

Caso Castaños a punto de ir ante la CIDH

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Sofía Noriega, corresponsal

REPORTAJE 
Caso Castaños a punto de ir ante la CIDH
17 militares violadores siguen sin castigo
 
Saltillo, 11 jul 11 (CIMAC).- A cinco años de ocurrido, el caso Castaños aún no concluye, los inculpados y las víctimas están en espera del fallo de un juez federal sobre el amparo interpuesto por quienes recibieron condenas por la violación tumultuaria contra mujeres en condición de explotación sexual comercial.
 
El 11 de julio del 2006, 14 mujeres que trabajaban en el bar El Golfo Pérsico en la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila, vivieron una pesadilla al ser atacadas sexualmente por al menos 20 militares.
 
Sandra de Luna, defensora de las ofendidas, espera a que se resuelva el amparo para continuar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que sólo tres de los violadores están en la cárcel mientras que el proceso estuvo plagado de irregularidades, una de las cuales permitió que el subteniente Norberto Carlos Francisco Vargas, el militar de mayor rango que participó en la violación, esté prófugo de la justicia.
 
“Ellas están conscientes de que hubo violación a sus garantías individuales, como lo refleja el caso de Ludivina Hernández, a quien al igual que a sus compañeras, no se le dio la píldora del día siguiente y como resultado del ataque quedó embarazada”, explicó la abogada.
 
Agregó que desde un inicio, en el trato de los agentes de la Fiscalía General del Estado hacia las víctimas, no hubo perspectiva de género, hicieron comentarios misóginos y sus actitudes fueron despectivas hacia los graves acontecimientos sufridos por las mujeres. “Por ejemplo, a una de las mujeres que denunció violación oral el ministerial le respondió que eso en lugar de un delito era un deleite”.
 
De Luna indicó que después del abuso, las circunstancias fueron muy ríspidas para las agredidas, no sólo por parte de las autoridades del fuero común, sino también de los medios de comunicación que hacían referencia a ellas en forma humillante y por las amenazas que recibieron de sus agresores.
 
Ante la CIDH, la defensora dijo que se pretende señalar los abusos, negligencia y omisiones de la Fiscalía General de Coahuila, del Tribunal Superior de Justicia estatal, la Sedena y del gobierno federal.
 
En lo referente a la Sedena, dijo, ha sido evidente la protección que la dependencia ha brindado a dos elementos que no han sido aprehendidos.
 
La presunción sobre la protección de la Sedena hacia los miembros que formaron parte de estos hechos, es que de los 20 militares que llegaron al centro nocturno El Golfo Pérsico, se logró la captura de ocho elementos, pero sólo cuatro recibieron condenas.
 
Sandra de Luna recordó que Omar Alejandro Fuentes Rangel, luego de recibir sentencia de 41 años, obtuvo en segunda instancia una pena de 15 años. Norberto González Estrada, Rosendo García Jiménez y Casimiro Ortega Hernández obtuvieron la absolución en segunda instancia.

El subteniente Norberto Carlos Francisco Vargas fue absuelto en primera instancia, debido a que Wendy, una de las mujeres atacadas, se retractó de sus declaraciones que lo implicaban en el asalto sexual, aunque la defensa de las víctimas hizo valer la primera declaración testimonial.
 
Francisco Vargas fue sentenciado finalmente a 18 años de cárcel aunque no ha sido localizado por las autoridades para cumplimentar la orden de aprehensión.
 
“En la segunda instancia, el tribunal de circuito determinó que Vargas era responsable del delito de violación y el beneficio que le había sido otorgado a través de una sentencia absolutoria en primera instancia por el juez Iradier Huerta Medrano fue revocado”, dijo la abogada.
 
Agregó: “Norberto estaba trabajando en el Ejército, y al momento que se entera de su nueva situación judicial se da a la fuga, por ahora se hace una búsqueda a través de todas las procuradurías en toda la República Mexicana”.
 
Para Sandra de Luna, a pesar de la supuesta disponibilidad de la Sedena para que sus elementos recibieran todo el peso de la ley, hubo protección hacia los inculpados, al menos en el caso del subteniente Vargas, quien al momento de la agresión en la zona de tolerancia de Castaños, era el de mayor rango.
 
En tanto, Juan José Gaitán Santiago, con sentencia de 41 años de prisión por haber participado en seis violaciones, espera ser beneficiado para reducir su condena a través de la resolución de un juez federal.
 
DESAPARECE ZONA DE TOLERANCIA
 
Debido a la presencia del crimen organizado, desde hace un año desaparecieron los dos salones de baile en la zona de tolerancia de Castaños, Las Playitas y El Golfo Pérsico.
 
Ahora las mujeres de Castaños han tomado diferentes rumbos: dos de ellas se autoemplearon, tres ya están casadas, otras dos fueron capacitadas en computación y dos más trabajan en bares de la ciudad de Monclova. El resto se fue a vivir a otras ciudades con el apoyo de sus familiares.
 
“De las 14 mujeres que sufrieron violación por parte de los militares, dos continúan en los bares, el resto se negó a seguir en el oficio en el que estaban”, comentó la defensora.
 
En el caso de Ludivina Hernández, quien tuvo a una hija producto de la violación, declinó iniciar cualquier trámite de pensión alimenticia porque no quiso que se generaran derechos y obligaciones por parte de su agresor.
 
El daño emocional no se les va a olvidar jamás, por eso la mayoría optaron por alejarse de su anterior vida; quizá lo que aprendieron fue su valía como mujeres y ciudadanas con derecho a la justicia.
 
“Ellas tenían la creencia que por ser sexo servidoras no las iban a tomar en cuenta, muchos actores sociales se movilizaron como instituciones de gobierno y de la sociedad civil”, destacó.
 
A su parecer, el de Castaños es el primer caso en América Latina donde se castigó a miembros del Ejército en tribunales civiles, lo cual sienta un precedente. Indicó que las afectadas no quedaron del todo satisfechas debido a que los inculpados no recibieron las penas máximas y no se tomaron en cuenta todas las agravantes.
 
RETROCESOS
 
El obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, lamentó que el caso Castaños haya sido la excepción, con respecto a aplicar la justicia civil a militares que cometen faltas y abusos contra la población.
 
El reclamo y la defensa que hicieran diversas organizaciones a nivel nacional, entre las que destaca la Diócesis de Saltillo, que encabeza Vera, puso en la palestra la necesidad de que los militares fueran juzgados por lo civil.
 
Para el obispo, a pesar de que el juicio de los militares fue un parteaguas en América Latina, hubo un retroceso en el sexenio de Felipe Calderón.
 
El ejemplo más evidente del repliegue en esta materia, dijo, es el caso de la indígena Ernestina Ascensión Rosario, de 73 años, que fue violada por militares en 2007, aunque su caso no llegó a los juzgados civiles. “Ese caso es paradigmático de cómo el señor presidente Calderón empezó a manejar al Ejército”, indicó el obispo.
 
Añadió: “Bajo el régimen político anterior hubo una respuesta bastante seria y positiva de que pusieran a los militares violadores y torturadores de estas mujeres en manos de la justicia civil”.
 
Pero en cuanto llega Calderón, señaló el obispo, todo se fue para atrás, el juez Hiradier Huerta “acabó haciendo una caricatura de juicio”.

Mujeres, las grandes perdedoras tras comicios

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Anayeli García Martínez

REPORTAJE
Mujeres, las grandes perdedoras tras comicios
No hubo 30 por ciento de candidatas en tres estados
 
Como en cada elección, ya sea federal o estatal, las mexicanas siempre salen perdiendo. Con legislaciones dispares en cuanto a la cuota de género en candidaturas de representación popular, ninguno de esos tres estados postuló, en conjunto, a un mínimo de 30 por ciento de mujeres.    
 
A decir de expertas y defensoras de los derechos de las mujeres, la situación seguirá igual en tanto no haya legislaciones electorales más severas que sancionen a los partidos por incumplir con las  cuotas.
 
NAYARIT: EL CASO MÁS GRAVE
 
Nayarit es la entidad con la legislación electoral más atrasada en todo el país en materia de cuotas de género, ya que únicamente menciona que los partidos están obligados a “procurar la igualdad”, es decir, no obliga un porcentaje de postulaciones femeninas.
 
En las pasadas elecciones, de las 101 candidaturas propietarias a diputaciones fueron abanderadas 42 mujeres (29.4 por ciento), ni siquiera el mínimo de 30 por ciento estipulado en otras legislaciones estatales.
 
De acuerdo con un análisis del cumplimiento de las cuotas de género en los estados, elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), las nayaritas fueron postuladas en su mayoría (40.7 por ciento) en candidaturas de representación proporcional o plurinominales. En contraste, sólo el 22.5 por ciento de las postulaciones de mayoría fueron para las mujeres.
 
En la actual Legislatura estatal únicamente hay dos mujeres del total de 30 curules, un ínfimo 6.6 por ciento de presencia femenina. Para colmo, ninguno de los 20 municipios en Nayarit tiene una alcaldesa.
 
En Hidalgo se renovaron alcaldías en 84 municipios. Antes de los comicios sólo cuatro eran gobernados por una mujer, lo que representa apenas 4.7 por ciento del total de ayuntamientos.
 
A pesar de existir una la ley que establece una cuota mínima de 30 por ciento de candidatos propietarios de un mismo sexo, tanto para diputaciones como para cargos municipales, los partidos en ese estado sólo postularon 8.8 por ciento de mujeres para las alcaldías.
 
Al igual que en otras entidades, los institutos políticos mandaron a un mayor número de mujeres como candidatas para las regidurías.
 
El Congreso local está integrado por ocho mujeres y 22 hombres, una representación femenina de 26.5 por ciento, de acuerdo con el mismo reporte del Inmujeres. 
 
PARIDAD, LETRA MUERTA EN COAHUILA
 
Coahuila es uno de los nueve estados del país que contemplan en sus legislaciones la paridad de género. Desde 2010, el Código electoral estatal estable en su artículo 17 que los partidos deberán impulsar la paridad de género en las candidaturas a diputados.
 
El Inmujeres informa que de las 155 candidaturas propietarias en ese estado, sólo el 33.3 por ciento fue para las mujeres, mientras que en las suplencias la cifra se elevó a 55 por ciento.
 
Los partidos también nominaron a más mujeres en candidaturas plurinominales (40 por ciento de un total de 60). Para las de mayoría la cifra fue únicamente de 29.2 por ciento de un total de 96 postulaciones.
 
El Congreso saliente tiene seis legisladoras y 31 diputados, es decir, sólo 19.3 por ciento de participación femenina.
 
La coordinadora de la Agenda Universitaria de Género de la Universidad Autónoma de Coahuila, Rosario Varela, califica como “grave” que ninguno de los 38 municipios del estado sea gobernado por una mujer.
 
El Inmujeres establece que, en mayor o menor medida, todos los partidos políticos contendientes en las elecciones locales para elegir congresos “violaron la normatividad electoral en materia de cuotas”.
 
El instituto recuerda que la ley de cuotas se viola al no cumplirse con el porcentaje, no respetar el orden en las listas plurinominales, o al evadir vía “elección interna” la postulación de mujeres, único rubro en donde legalmente no se aplica la cuota de género.
 
La especialista en participación política de las mujeres
Blanca Olivia Peña Molina, advierte que la decisión de aplicar las cuotas de género recae en quienes controlan los procesos de selección, es decir, en los partidos.
 
En su libro “Equidad de Género y Justicia Electoral”, la investigadora afirma que el incumplimiento de las cuotas se debe a la falta de voluntad de los partidos, al desconocimiento de los derechos reconocidos y a la escasez de procedimientos administrativos y medios de impugnación para denunciar la violación de los derechos políticos de las mujeres.
 
La coordinadora del Área Educativa del Centro de Estudios Políticos de Acción Afirmativa, Natividad Cárdenas, asegura que los partidos políticos no tienen prácticas de igualdad: incumplen con las cuotas y no ejercen los recursos destinados a la promoción de liderazgos femeninos como lo establece el artículo 78 del Cofipe.
 
Afirma que con las reformas al Reglamento de Fiscalización –aprobadas por el IFE el pasado 4 de julio– se obliga a los partidos a ejercer eficazmente y con transparencia el dos por ciento de su financiamiento para fomentar liderazgos femeninos, monto que este año alcanzó más de 62 millones de pesos para todos los institutos políticos.

Invisibles para el Estado,viudas por conflictos agrarios

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Patricia Briseño, corresponsal

REPORTAJE 
Invisibles para el Estado, viudas por conflictos agrarios
Unas 650 mujeres en Oaxaca carecen de justicia y ayuda
 
Los enfrentamientos armados por diferendos limítrofes en la sierra sur de Oaxaca –que datan de al menos hace 20 años– han dejado unas 650 viudas y cerca de dos mil niñas y niños huérfanos tan sólo en el municipio mixe de Santiago Amoltepec, el tercero más pobre del estado y el número 11 a nivel nacional.
 
Los comuneros de Amoltepec disputan más de 10 mil hectáreas de zonas limítrofes con los municipios vecinos de Santa María Zaniza, Santa Cruz Zenzontepec y Santa Mateo Yucutindoo.
 
Los asesinatos son cotidianos y ninguna autoridad investiga, pone orden o consigna a los homicidas. Entre 2003 y 2007, la Procuraduría estatal instaló en la región una agencia del MP y una cuadrilla de policías judiciales, pero fueron expulsados por los propios pobladores por cometer extorsiones y abusos de autoridad.
 
El coordinador de la organización civil Servicios del Pueblo Mixe (Ser), Hugo Aguilar Ortiz, advierte que las mujeres se han involucrado en la disputa por tierras y, en muchos casos, además de viudas también quedan huérfanas a raíz del conflicto.
 
Explica que las cifras de viudas y niñas y niños huérfanos se obtuvieron tras un censo (el primero y único hasta el momento) que la propia organización realizó en el 2008. Las mujeres censadas dijeron ser madres de tres hijos en promedio. 
 
En el sondeo se identificó que los niños a corta edad abandonan la escuela para asumir la responsabilidad como jefes de familia junto con la madre, además de participar en la labores del campo y tienen el permiso materno para portar una arma de fuego. A las niñas se les impone que releven a sus mamás en las tareas del hogar.
 
Aguilar Ortiz lamenta que ninguna autoridad, ni estatal ni federal, atienda “la fractura en el tejido social entre paisanos, dejando abiertas las heridas del encono y la venganza entre ellos”.
 
El activista detalló que las mujeres de la región hablan zapoteco y  escasamente dominan el castellano. Su alta marginación y pobreza les impide contar con recursos para migrar a las grandes ciudades, por lo que optan por contratarse por tiempos cortos en la cosecha de café en las fincas cercanas a la comunidad, limítrofe con la región de la Costa.
 
Hugo Aguilar lamenta que incluso para las organizaciones sociales con presencia en la sierra sur del estado, los conflictos agrarios, políticos y religiosos entre las comunidades son más importantes que el abandono en el que se encuentran las viudas y huérfanos.
 
“Ellas son invisibles para los programas de política pública y al interés de los líderes políticos de la región”, remarca. Agrega que a pesar de la elevada pobreza en el municipio de Amoltepec, los programas de beneficio social federales o estatales “no permean a toda su población”.
 
VIOLENCIA E IMPUNIDAD
 
A la indígena Senorina Hernández Santiago le mataron a su esposo el pasado 14 de enero. Luis Jiménez Mata era el alcalde de Santiago Amoltepec. La viuda insiste en su demanda de justicia al gobierno del estado y pide ayuda para la población “para evitar que se desate otro baño de sangre”.
 
Luis Jiménez se había pronunciado a favor de la paz en la región. Apenas llevaba 13 días en el cargo. “Quiso sentarse a platicar con los comuneros, ver el progreso para los pueblos y eso fue lo que rechazaba la contraparte”, platica Senorina.
 
Asegura que Luis ya había recibido amenazas de muerte por parte de los presuntos asesinos: “Lo amenazaron por medio de un altavoz, usando la radio comunitaria. Le advirtieron que ya no viviría, que no gobernaría y él se confió”.
 
La mujer ha acusado públicamente al secretario de Bienes Comunales, Jorge Velasco Velasco, y al ex presidente municipal de Amoltepec Teófilo Hernández Palacios, como los autores del crimen.
 
Ella y su familia no están satisfechas con la sola detención de Vitaliano Velasco Velasco, como uno de los probables responsables del asesinato. Senorina insiste en que a su marido lo mató más de una persona.
 
La madre del alcalde asesinado, María Mata Gómez, subraya: “Todos sabemos quién ordenó matarlo; el asesino está aquí entre nosotros (los habitantes del pueblo)”.
 
Hasta ahora, ningún servidor ni servidora pública del gobierno estatal se ha acercado a ofrecerle ayuda a la viuda del edil, a pesar de que fue una promesa del gobernador Gabino Cué.
 
OMISIÓN DEL ESTADO
 
Hugo Aguilar Ortiz señala que la ausencia del Ministerio Público en la región obliga a los alcaldes a levantar los cadáveres por los conflictos agrarios. “Rara vez se inicia la averiguación previa y, casi nunca se consigna a nadie por los homicidios registrados en la zona”, detalla.
 
De acuerdo con el defensor de Derechos Humanos, el Estado ha incurrido en omisión porque no ha sido capaz de atender la violencia ni resuelto “el encono social latente entre hermanos”.
 
Relata que en el año 2006, un grupo de mujeres viudas de Santiago Amoltepec intentó participar en los esfuerzos para lograr la paz con los pueblos colindantes, pero fracasó al tener como respuesta el aumento de agresiones de los comuneros y registrarse una ola de incendios forestales supuestamente provocados por las localidades rivales.

En Oaxaca se prohíbe gobernar a las mujeres

STAFF:MTXNoticias/CanalMatrix/CIMAC/Por:Patricia Briseño, corresponsal

REPORTAJE
En Oaxaca se prohíbe gobernar a las mujeres
Cuatro indígenas fueron agredidas y enfrentan conflictos legales
 
Las mujeres en Oaxaca tienen prohibido gobernar. Los varones de las comunidades, en contubernio con las autoridades electorales del estado, han impedido en meses recientes que cuatro oaxaqueñas ejerzan sus cargos municipales a pesar de haber ganado en sus respectivas asambleas.
 
Además de la anulación irregular de sus triunfos por parte del Instituto Estatal Electoral (IEE) y el Tribunal Estatal Electoral (TEE), las cuatro mujeres indígenas han sufrido calumnias, privación de su libertad y hasta intentos de linchamiento por parte de los hombres de sus poblaciones.    
 
El grito de guerra del profesor Melchor Guzmán Cruz contra las mujeres en Emiliano Zapata lo resume todo: “¡Esta vieja no ha aprendido que en este pueblo mandamos los hombres!”.
 
Las agredidas son Evitelia Pacheco Ramírez, tesorera de esa comunidad en el municipio mixe de San Juan Cotzocón; María Dolores Macías Guillén, agente de El Paraíso, localidad del mismo municipio; Thelma Adriana Chávez Pacheco, alcaldesa de La Pe Ejutla de Crespo, y Evic Julián Estrada, primera concejal del ayuntamiento de San Juan Lalana. 
 
INTENTO DE LINCHAMIENTO

 
El pasado 8 de mayo, azuzadas por el profesor Melchor Guzmán Cruz, decenas de personas desnudaron, golpearon e intentaron quemar viva a la tesorera de Emiliano Zapata, Evitelia Pacheco Ramírez. Tras el escarnio público, el maestro la encarceló durante dos días.
 
El odio contra Evitelia se recrudeció tras su elección en asamblea comunitaria en enero pasado. Luego de ser liberada, la indígena mixe, de 33 años, abandonó la comunidad junto con su esposo.
 
El caso retumbó en las organizaciones de Derechos Humanos y grupo civiles de mujeres de Oaxaca. Exigieron castigo para los responsables de la agresión y respeto al triunfo electoral de Evitelia.
 
Hoy, la mujer se considera “autoarraigada” en un refugio fuera de su comunidad. Se siente impotente ante la falta de justicia, ya que el MP le exige “pruebas” para sancionar la vejación en su contra. Mientras, sus agresores están libres.
 
ENCARCELADA Y VEJADA
 
El pasado mes de abril, la agente de El Paraíso, María Dolores Macías Guillén, fue golpeada y retenida por Eleazar Gildardo López y un par de sujetos identificados con el PRI, cuando ella pretendía conciliar una riña entre particulares por una deuda económica.
 
Los tres hombres la encerraron durante 24 horas en la agencia donde ella despachaba. María Dolores acudió a denunciar ante el MP, pero desestimó su demanda pese a las lesiones y las declaraciones de testigos.
 
El subsecretario de Desarrollo Municipal de la Secretaría General de Gobierno del estado, Fausto Díaz Montes, se negó a acreditarla en su función aunque fue electa por la mayoría de los pobladores. La indígena dejó el cargo. 
 
“TÚ NO SABES GOBERNAR”
 
El asesor de la Secretaría General de Gobierno del estado, Carlos Felguerez, fue fulminante. “Tú no estás preparada para gobernar, eres muy joven y tampoco éstas casada”, le dijo a la alcaldesa de La Pe Ejutla de Crespo, Thelma Adriana Chávez Pacheco.
 
Desde octubre pasado, la mujer de 26 años y pasante de Derecho ha sido obligada a participar en cuatro asambleas comunitarias para refrendar su triunfo por la alcaldía. En todas ha ganado, pero su contrincante, Florencio Ramos Cruz, se opone a que una mujer gobierne.
 
Thelma Adriana destaca que es la primera vez que La Pe tiene un ayuntamiento con cabeza femenina. Acusa que el PRI se opone a su gestión en su afán de mantener sus “cacicazgos”. Recuerda que el IEE le negó la constancia de mayoría con el pretexto de que podría haber violencia en la comunidad.
 
En otro momento, el director de Usos y Costumbre del IEE, Jorge Cruz, también negó la constancia de uno de los triunfos de Thelma con el argumento de que se falsificaron firmas. Para colmo, por “causas extrañas” –afirma– el IEE le entregó la constancia de mayoría a su adversario. Al final, el Congreso estatal favoreció a Chávez Pacheco.
 
Pero han pasado seis meses y la indígena sigue sin despachar en el Palacio Municipal porque los inconformes bloquean los accesos. Ella gobierna desde su casa. 
 
AUTORIDADES EN CONTRA
 
“Desde que mi pueblo me propuso como candidata me atacaron con calumnias y humillaciones por ser indígena y joven”, lamenta Evic Julián Estrada, primera concejal de San Juan Lalana.
 
Ella está enfrascada en un conflicto legal con las autoridades electorales, toda vez que primero reconocieron su triunfo y luego se lo otorgaron a su rival, Celestino Pérez Cardoza. La también pasante de Derecho ganó en asamblea comunitaria el 27 de diciembre de 2010 y el IEE validó los resultados.
 
Pero ciudadanos impugnaron su triunfo y tanto el TEE como la Sala Xalapa del TEPJF anularon en enero pasado la elección y ordenaron la reposición del proceso. El pasado 17 de abril se realizó una nueva asamblea y Pérez Cardoza ganó por una diferencia de tan sólo 477 votos.
 
Evic Julián recurrió el 2 de mayo al TEE para impugnar el acuerdo que validó la elección por irregularidades antes y durante la votación. El TEE desechó el recurso y ahora la joven dice que recurrirá a la Sala Xalapa del TEPJF para revertir el fallo por considerar que “no se procedió conforme a Derecho”.

Padres jóvenes intentar romper modelo patriarcal

STAFF:MTXNoticias/CanalMatrix/CIMAC/Por Guadalupe Cruz Jaimes

CONTEXTO
Padres jóvenes intentar romper modelo patriarcal
Ciencia y cultura excluyen a varones de tareas reproductivas
  
La menor participación de los hombres en los procesos reproductivos es aceptada socialmente, toda vez que se considera que esa función biológica es exclusiva de las mujeres y por tanto ellas son las responsables de usar métodos anticonceptivos para controlar su fecundidad y hacerse cargo del cuidado de sus hijas e hijos, advierte el investigador de El Colegio de México Juan Guillermo Figueroa.
 
En el texto “Ser padres, esposos e hijos: prácticas y valoraciones de varones mexicanos”, el también académico de la UNAM indica que la presencia secundaria de los hombres en la reproducción se atribuye a que ellos no viven el embarazo en sus cuerpos.
 
Este hecho también está vinculado con que a los varones se les reconozca culturalmente una menor responsabilidad respecto al ejercicio de su sexualidad.
 
De ese modo, los métodos anticonceptivos están más desarrollados para las mujeres y existen más opciones para que ellas controlen su fecundidad. Además, los servicios de salud y de educación vinculados a la reproducción están dirigidos en menor medida a los hombres, agrega Figueroa en su investigación.
 
Esta circunstancia deriva en que la medición de la fecundidad a través de encuestas y censos se realice con base en la experiencia de las mujeres y no la de los varones.
 
A ellos no se les cuestiona sobre cuántas hijas e hijos tuvieron a lo largo de su vida, pues se considera que intencionalmente podrían ocultar el número real de descendientes, si los tuvieron fuera del matrimonio o de su actual relación, entre otros aspectos.
 
Los hombres tampoco son cuestionados en torno al cuidado de las y los hijos, pues se cree que dicha información les resulta menos importante que a las mujeres, debido a que históricamente ellas han estado a cargo de la infancia. 
 
Esta construcción social contribuye a legitimar las diferentes asignaciones de responsabilidades reproductivas para los sexos con base en sus roles de género: las mujeres son madres dedicadas al cuidado de las hijas e hijos y los hombres son sólo padres proveedores.
 
De acuerdo con Juan Guillermo Figueroa, ciencias como la medicina, la demografía y la psicología infantil reproducen tales estereotipos de género y no cuestionan estas formas impuestas de ser mujeres y hombres. Incluso utilizan esos patrones como parámetro para realizar sus investigaciones, critica el académico.
 
Así, los estudios al respecto sostienen que el ejercicio de la paternidad está limitado a proveer recursos y a ejercer la autoridad en la familia.
 
Sin embargo, acota Figueroa, cuando se entrevista a padres jóvenes afirman que quieren ejercer la paternidad de modo diferente, pues tratan de no repetir el ejemplo de sus progenitores.
 
En el ejercicio de una nueva paternidad los jóvenes carecen de modelos alternativos de ser padre que puedan tomar como apoyo. Esta situación les genera ansiedad, ya que no están seguros de la legitimidad de esos modelos y están expuestos a presiones sociales por cuestionar los estereotipos del “buen padre” vigentes en la sociedad, concluye el especialista.

Ser padre en México:¿autoritario o afectivo?

STAFF:MTXNoticias/CanalMatrix/CIMAC/Por Guadalupe Cruz Jaimes

REPORTAJE
Ser padre en México: ¿autoritario o afectivo?
Roles culturales encasillan a varones en meros proveedores 
 
Cuando los hombres se convierten en padres se confirma su masculinidad y son reconocidos socialmente. Esa demostración se repite con el nacimiento de cada hija e hijo que tenga con su cónyuge o con otras mujeres, señala el investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, Daniel Cazés.
 
En su libro “El feminismo y los hombres”, el antropólogo indica que el embarazo “es muestra pública de la virilidad, valor supremo de la hombría”. El alumbramiento confirma ante los varones y sus pares que cumplieron con el “mandato”: ser padres.
 
El hecho se traduce en un “encuentro afectivo de gran fuerza con los demás hombres” que en general es más “profundo” cuando el recién nacido es niño, sin importar cómo será la relación que establezca el padre con su descendencia.
 
En México se desconoce el número de hombres que son padres. La fecundidad masculina se mide a partir del dicho de las mujeres y se desconfía de la información que dan los varones, ya que se considera que pueden alardear u ocultar el número de hijas e hijos, refiere el académico de El Colegio de México (Colmex) Juan Guillermo Figueroa.
 
Explica que en nuestro país la paternidad se ejerce desde los mandatos sociales de cómo debe ser un hombre, los cuales indican que le corresponde ser “duro”, no debe demostrar afecto como hacen las mujeres y tiene el privilegio de ser el principal sostén económico de la familia.
 
Figueroa indica que el panorama no cambia porque ellos no están dispuestos a renunciar a ese modelo tradicional de ser padre y varón, debido a que consideran que pueden perder autoridad.
 
“Los hombres somos padres, tal y como la sociedad espera que lo seamos”, observa. Hasta ahora los cambios en la paternidad “son mínimos” y sólo consisten en una mayor participación en tareas domésticas y cuidado de la infancia. Pero “ningún padre considera que tiene una obligación igual a la de las mujeres para contribuir a esas tareas”, advierte.
 
Francisco Cervantes, coordinador de Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias (Cohriac), indica que el ejercicio de la paternidad cambia cuando los hombres tienen que adaptarse a nuevos contextos, como por ejemplo el aumento de la inserción laboral femenina.
 
También incide la nueva integración de las familias: “Aparentemente los padres jóvenes son más flexibles, llevan a los hijos a la escuela, al parque, participan más de las tareas domésticas, pero se siguen sintiendo buenos padres al resolver sólo la parte económica”, acota.
 
Los hombres también son forzados a ejercer una paternidad distinta cuando “los hijos frenan la parte violenta del padre y lo agreden cuando golpea a la madre”.
 
Así, los hombres deben renunciar a una “paternidad autoritaria”, despojarse de lo aprendido (si fueron víctimas de abandono y violencia) y asimilar una nueva cultura en la que las relaciones con la descendencia y su pareja se basen en el diálogo, la corresponsabilidad y el afecto.
 
Este cambio es necesario porque –recalca Cervantes– “a mayor rigidez del varón en su labor paternal, hay más probabilidad de que sea violento y sus familias se desintegren”.
 
Para consolidar nuevas formas de ser padre, el coordinador de Cohriac afirma que las autoridades deben conciliar el trabajo remunerado con las labores domésticas y de cuidado infantil a través de licencias de paternidad.
 
Insiste en que mientras no haya políticas públicas que promuevan una mayor participación de los varones en los cuidados familiares “se refuerza el hombre proveedor”.
 
Rene López, coordinador de Procuración de Fondos de la organización Genders, Género y Desarrollo, se suma a que haya políticas de gobierno que concilien la vida laboral y familiar para que los hombres participen del cuidado infantil, como ocurre en países como España, donde se flexibilizan los horarios de trabajo y se otorgan licencias de paternidad con ese fin.
 
El también psicoterapeuta de hombres que trabajan su violencia recalca que estos esfuerzos son necesarios para impulsar el cambio cultural, pues pese a que las mujeres también ya son proveedoras, ellos realizan poca actividad en el hogar y consideran que cumplen su rol cuando son buenos proveedores de recursos.
 
López indica que se deben superar los papeles socialmente impuestos a mujeres y hombres para que los padres puedan reconocer sus emociones, y de este modo dialogar y establecer comunicación con sus hijas e hijos.
 
En tanto, Juan Guillermo Figueroa dice que cuando se habla de paternidad la descripción se centra en las responsabilidades y rara vez se abordan los disfrutes que conlleva la experiencia pues se teme la pérdida de autoridad.
 
En el diplomado “Población y Equidad en un Mundo Cambiante”, impartido en el Colmex, el especialista indicó la relevancia de que la paternidad se disfrute. “¿Ser proveedor de alguien que nunca puedo ver? No tiene sentido”, expuso.
 
Francisco Cervantes concluye que “se gana más con paternidades democráticas y afectivas; basta con dejar de querer ser el centro de la familia para gozar de la convivencia”.

Villas de Salvárcar:herida que no cierra

STAFF:MTXNoticias/CanalMatrix/CIMAC/Por:Anayeli García Martínez, enviada

REPORTAJE 
Villas de Salvárcar: herida que no cierra
Ante Estado omiso, familias buscan esclarecer la masacre
 
El epicentro de la realidad lacerante está aquí, en Ciudad Juárez, donde cada día crece el número de mujeres indignadas, dolidas y hartas de las autoridades de esta urbe maquiladora, la más importante del país.
 
La noche del sábado 30 de enero de 2010, fueron asesinados 14 jóvenes que celebraban el cumpleaños de uno de sus amigos en la colonia Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez.
 
A año y medio de distancia de la tragedia, madres y padres de estos jóvenes no han encontrado el consuelo y mucho menos la justicia.
 
La Caravana del Consuelo dejó ver que ante un Estado omiso, las muertes deben ser investigadas por las familias. Como ejemplo está Luz María Dávila –madre de Marcos y José Luis, dos jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar–. Ella es una mujer que al igual que el poeta Javier Sicilia no ha vivido su duelo.
 
Ellos no tienen tiempo de asimilar sus pérdidas porque antes de ello deben buscar la verdad. La razón es simple. “Parece que aquí no hay gobierno”, afirma Luz María y con timidez continúa: “Estoy esperando. Estamos esperando que todo mejore”. Mientras eso pasa mantienen la esperanza.
 
En Villas de Salvárcar se construyó un parque deportivo y en la casa donde ocurrió la masacre ahora se dan clases de catecismo. En tanto, la vida continúa en las pequeñas casas de los fraccionamientos ubicados en medio del mar de arena donde se erige Ciudad Juárez.
 
Las madres caminan lento y con mirada esquiva afirman que están mutiladas. Les falta un hijo y aunque pasen años siempre recordarán esa tragedia.
 
LAS VÍCTIMAS
 
Entre las víctimas no se cuentan a los familiares pero son ellos quienes piden apoyo y se enfrentan a las fallas del sistema de justicia. “No es como la autoridad dice. Dicen que es la guerra del narcotráfico y nosotros no sentimos que sea así”, observa Luis Eduardo Rodríguez, padre de Brisa, una joven de 15 años que resultó con tres heridas de bala.
 
Él vive a unas cuantas casas de donde ocurrieron los hechos. Ese día su hija fue a la fiesta. Luis Eduardo se quedó en casa. En la noche escuchó los disparos, se asustó y se cubrió. Después se acordó de su hija y corrió a buscarla. Ella estaba herida, tenía tres balazos.
 
“Ahora, con la llegada del Ejército y de los federales… la cosa sigue igual si no es que va en aumento”, lamenta el padre de Brisa. Desde que se implementó el Operativo Conjunto Chihuahua en 2008 es común el miedo hacia los soldados y los policías federales, afirma.
 
Las familias de Villas de Salvárcar no lo sabían pero desde hace años ya era común acudir al MP para preguntar “cómo va mi investigación” y no encontrar nada. Las madres de las desaparecidas y de las víctimas de feminicidio lo saben muy bien. Ellas lo recordaron a cada momento durante los actos de la Caravana del Consuelo.
 
Las mujeres mantienen viva la lucha en Ciudad Juárez, aún con el miedo que les provocó el homicidio de las activistas Marisela Escobedo y Susana Chávez. Ellas no paran y eso lo saben las familias de los 14 estudiantes acribillados en la calle Villa del Portal, pero no todos están seguros de aguantar la misma batalla.
 
Por las tardes, después del trabajo y de las actividades del hogar, las mujeres se reúnen a la sombra de un árbol. Lo hacen como todos los sábados cuando sus hijos salían a jugar.
 
Hoy continúan las reuniones para no sentirse solas, para preguntarse “¿por qué fueron acribillados si eran estudiantes y no pandilleros?”, como lo afirmó Felipe Calderón en su momento.
 
Muchas de ellas hablan de no hacer movilizaciones sin sentido, otras quieren organizarse e impulsar acciones a favor de la juventud. La mayoría tiene miedo.
 
Reyna Alicia Hernández, madre de Alán, un joven asesinado, es de la idea de que las investigaciones no tendrán resultados y que las movilizaciones masivas tienen una buena intención pero no cambiarán nada.
 
“Yo ya los perdoné”, afirma al recalcar que organizarse es la forma menos segura de exigir justicia. “A lo mejor si no me hubieran quedado más hijos estuviera ahí al 100, pero aún me quedan dos hijos. De hecho no nos van a regresar a los muchachos”. Al final, lamenta, “nosotros no podemos contra el gobierno”.
 
SIN RESPONSABLES 
 
Reyna Alicia prefiere mantenerse al margen y cuenta con el apoyo de Maricruz Camargo, madre de José Luis Aguilar y tía de Horacio Alberto Soto, ambos ultimados durante la fatídica fiesta.
 
Con fortaleza, recuerda cómo llevó herido a su hijo a un hospital que está a cinco minutos de su casa. “Nos tocó la mala suerte de que era sábado y sólo había un médico”, relata.
 
Las madres coinciden en que el caso está rodeado de impunidad. Al otro día de los hechos se detuvieron a unas personas y se supieron nombres de presuntos implicados. No saben cómo, pero las autoridades encuentran a nueve personas, de las cuales sólo cinco siguen siendo investigadas.
 
Uno de ellos, Israel Arzate Meléndez, no tiene nada que ver, aclara Guadalupe Meléndez Villegas, su madre, quien exige que se aclare el caso. Ella afirma que su hijo es inocente y que fue torturado por soldados para inculparse.

Guarderías para todas y todos, derecho pendiente

STAFF:MTXNoticias/CanalMatrix/por:CIMAC/Por Guadalupe Cruz Jaimes

ESPECIAL MATERNIDADES
Guarderías para todas y todos, derecho pendiente

Cambios legales para reducir la carga laboral a las mujeres

Si todos los varones con seguridad social
tuvieran derecho a guarderías, se contribuiría a
que sus parejas trabajadoras, por lo general en
la informalidad, se descarguen del cuidado de los hijos.

En México, 60 por ciento de los 12.8 millones de
personas con empleos informales está integrado
por mujeres, afirma Manuel Fuentes, presidente de
la Asociación Nacional de Abogados Democráticos
(ANAD). El experto en derecho laboral explica que
esas mujeres carecen de seguridad social, por lo
que sería fundamental que su pareja tuviera el derecho a guardería.

En entrevista, Fuentes abunda que la restricción
legal para que sólo los trabajadores viudos o con
la custodia de sus hijos tengan acceso a
guarderías, margina a aquellos cuyas parejas
laboran en la informalidad y por tanto carecen de la prestación.

El especialista detalla que esa limitante
suscrita en la Ley del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) provoca que las mujeres
agreguen a su jornada laboral el cuidado infantil
o que su pareja pague por este servicio al que
deberían tener derecho por su calidad de trabajadores.

“El patrón aporta la misma cantidad al IMSS por
cada persona empleada, independientemente de su
sexo, ambos deben tener acceso a la prestación de guardería”, advierte.

La Ley del IMSS garantiza esa prestación a todas
las madres con empleo formal y sólo para los
hombres viudos o divorciados que tengan la
guardia y custodia de sus hijos, siempre y cuando
“no contraigan nuevamente matrimonio o se unan en concubinato”.

Fuentes aclara que esa legislación se elaboró
“como si todos los trabajadores tuvieran en casa
a una mujer que atienda de forma exclusiva a su
descendencia y se ocupe de las tareas del hogar.
Esa realidad ha sido rebasada”, observa.

“Sólo mientras los trabajadores están solos
acceden a guarderías, pues no está la esposa o
concubina en quien recaigan las responsabilidades del hogar”, precisa.

SOBRECARGA LABORAL

En nuestro país, el 97 por ciento de los 16.9
millones de mujeres ocupadas realiza trabajo
doméstico (en promedio 29.2 horas semanales).
Esta labor aumenta 5.92 por ciento por cada hija
o hijo menor de cinco años edad, según el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT)
2009 reporta que las mexicanas destinan 19.9
horas semanales al cuidado infantil y de otras
personas, mientras que los hombres dedican sólo ocho horas a esa tarea.

La ex diputada federal y sindicalista Rosario
Ortiz señala que la negación de la prestación de
guarderías a todos los varones con empleo formal
“deprime todavía más” el panorama para las
mujeres trabajadoras: “Ellas llevan la peor
parte, pues a su empleo precario de bajo salario,
suman el trabajo doméstico y el cuidado infantil”.

La también integrante de la Red de Mujeres
Sindicalistas (RMS) indica que ampliar esa
prestación a los hombres con pareja y a las
mujeres con empleo informal, aligeraría la
“sobrecarga de tareas para las trabajadoras”.

Rosario Ortiz destaca que la propuesta de reforma
a la Ley Federal del Trabajo (LFT) del Partido de
la Revolución Democrática (PRD), contiene en el
apartado de derechos reproductivos la prestación
de guarderías sin restricción para los hombres
con el fin de abatir la inequidad.

Observa que el sector patronal rechaza este
planteamiento a pesar de que no implicaría un
mayor gasto. “Su mentalidad le impide concebir a
sus trabajadores llevando y recogiendo a sus hijos en la guardería”.

MENOS DERECHOS

Ortiz apunta que a lo anterior se suma que el
servicio público de guarderías cada vez es menor,
debido a la reducción en el número de cotizantes
“pues los patrones se niegan a inscribirlos en el IMSS”.

Según cifras oficiales, en 2008 el instituto
tenía mil 718 estancias de bienestar y desarrollo
infantil; 134 operadas directamente por el IMSS y
el resto con participación social o subrogadas.

En diciembre de 2010 la cifra de guarderías se
redujo a mil 459, las cuales atendían a 239 mil
815 niñas y niños de hasta cuatro años de edad.

Durante el primer trimestre de 2009, la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a
través del programa de guarderías y estancias
infantiles, atendió a 221 mil 277 menores de
edad, de acuerdo con el Centro de Estudios e
Investigación en Desarrollo y Asistencia Social.

Flérida Guzmán, académica de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso),
explica que ante la demanda de guarderías el
gobierno de Felipe Calderón optó por la
subrogación de este derecho, una política “que
traslada el costo del servicio de guarderías al
ámbito reproductivo” o familiar, pues la madre
trabajadora o la pareja debe pagar por él.

Mediante la subrogación de guarderías, ahora
estancias infantiles, el Estado incumple su
responsabilidad de otorgar esta prestación a las
trabajadoras y trabajadores, acusa Guzmán.

Por ello, demandó que este servicio sea
“universal” para los cotizantes o no del IMSS:
“Todas las personas pagamos impuestos, que nos
los regresen con servicios de calidad”.

El abogado Manuel Fuentes insiste en que es
necesaria una “respuesta social a un modelo
inconstitucional”, y considera que incluso los
trabajadores pueden ampararse ante la restricción
del derecho de guardería en la Ley del IMSS.

“Es posible agotar los recursos legales para que
se obligue al Estado a cumplir con su responsabilidad”, remarca.

Presión social y familiar, lastre para mujeres sin hijos

STAFF:MTXNoticias/CanalMatrix/por:CIMAC/Por Guadalupe Cruz Jaimes

ESPECIAL MATERNIDADES
Presión social y familiar, lastre para mujeres sin hijos
“Cuestionan mi fertilidad”, acusa Iris

México, DF, 18 may 11 (CIMAC).- La presión social y familiar para que las mujeres sean madres es “muy fuerte”; el mensaje es claro: “no te pierdas esa experiencia, ten un hijo”, “te vas a arrepentir, aún estás a tiempo”, señala Iris, de 36 años, originaria de Xalapa, Veracruz. 

“¿Cómo puede ser que no quieras tener hijos?’, me pregunta la gente cuando les digo que no deseo ser madre; algunas veces no me creen y piensan que físicamente no puedo ser mamá y cuando se dan cuenta de que de veras descarto la maternidad me acusan de ‘no querer sentar cabeza’”, refiere.

Los cuestionamientos “vienen sobre todo de las mujeres que me rodean, dicen que soy cobarde e irresponsable por no asumir una vida completa, en familia con hijos”, indica Iris, socióloga de profesión.  

“El discurso que ensalza la figura de madre abnegada y sataniza a quienes no tenemos hijos” está también en los medios de comunicación, donde “las no madres aparecemos como frívolas, libertinas, casi deshumanizadas”.

“Esa agresión fue muy clara en una reunión con amigas de la infancia, todas me insistieron que fuera mamá. No respetaron mi postura, hicieron una especie de alianza y me sentí violentada”, lamenta Iris.

La mujer, quien desde hace siete años trabaja en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), relata que ha tenido fuertes discusiones por defender su punto de vista. 

Mientras más te acercas a los 40 años de edad, “la presión aumenta, creen que se ‘va el último tren del embarazo’ y mis compañeras de trabajo, las mujeres de mi familia, de pronto llegan con información de tratamientos de fertilidad o me hablan de sus maravillosas experiencias como madres, para hacerme cambiar de opinión”.

“Eso no me pasaba a los veintitantos, en ese entonces sólo me decían que estaba loca, en mi casa estaban convencidos de que cambiaría de opinión”. Para Iris su deseo por permanecer sin hijos sigue firme. 

“Para muchas mujeres, casi todas, la maternidad se espera como algo que dará sentido a sus vidas y reconocimiento social, pero a mí me parece que pierden su vida propia y eso me asusta”, observa. 

“Mis amigas y conocidas con hijos creen que mi elección es egoísta, yo pienso que es más egoísta tener un hijo por tenerlo y no darle lo que necesita, porque tengo claro que mi prioridad son otras cosas”, menciona Iris, quien vive en pareja desde hace cinco años. 

Su esposo también ha sufrido la presión por no tener hijos: “Sus amigos le dicen, ‘en juego’, ‘¿qué no puedes hermano? Te ayudo si quieres. ¿Te enseño?’. Él sólo les sigue la broma para no discutir, pero me doy cuenta de que no le hace mucha gracia”. 

De todas las formas de presión por procrear, “la que más me pesa es la de mi mamá, siempre nos dice que quiere tener un nieto y que ella lo cuida; la veo tan ilusionada que me cuesta decirle que no”. 

La familia de mi esposo me ataca sutilmente por no tener hijos, añade Iris. “Ahí ponen en duda mi fertilidad, la de él nunca, y creen que no lo acepto, al principio eran muy hirientes, me juzgaban por cambiar algo tan sagrado como los hijos por mis libros y el trabajo”.

Después de varios disgustos “parece que van asimilando la idea de que somos una pareja diferente”, concluye.

La primera de la familia en no querer ser mamá

STAFF:MTXNoticias/CanalMatrix/por:CIMAC/Por Guadalupe Cruz Jaimes

ESPECIAL MATERNIDADES
La primera de la familia en no querer ser mamá
Laura decidió con su pareja no tener hijos

México, DF, 17 may 11 (CIMAC).- “Cuando me casé, sentía que era muy violento decir que no quería tener hijos, al principio mi esposo y yo decidimos que esperaríamos un tiempo. Y después acordamos que sería definitivo (no tenerlos). Fue una decisión difícil”, relata Laura, de 35 años de edad.  

“Los primeros dos o tres años de mi matrimonio sufrí mucha presión de mi familia y social: me decían que estaba a buen tiempo de embarazarme. Llegué a pensar que era inevitable, que en cualquier momento iba a estar con un bebé y eso me iba a privar de las cosas que me gustaban de mi vida”, confía la mujer, dedicada a la venta de automóviles.  

Originaria de Lerma, Estado de México, Laura argumenta: “lo que ha pasado conmigo es que no he tenido ganas de tener hijos, o por lo menos es lo que me explico a nivel consciente”. 

Ella y su pareja han hablado “poco” al respecto. “Cuando comenzamos a vivir juntos, nuestros empleos apenas nos permitían subsistir y decidimos esperar, luego comenzamos a subir de puesto y a tener más comodidades, pero surgieron otras aspiraciones. Hasta que me di cuenta de que nunca me iban a dar ganas”.

Pasó el tiempo y tomaron la decisión de no tener hijos, la cual se reafirmó “al ver lo que se espera en un futuro para los niños. Entonces decidí que no, que no iba a tener hijos y él también”.

Laura es la primera mujer de su familia que tomó esa decisión. Dice sentirse contenta con su determinación.  

Para ella, “la maternidad no me parece atractiva, creo que es una gran responsabilidad y al mismo tiempo una atadura”.

Por su experiencia de vida, ya que como hija mayor cuidó de sus hermanas, “sé que la preocupación por la vida de otro ser humano no es algo con lo que cargas siempre”. Y esa situación “te limita, eliges un camino pensando en otras personas y no en ti”. 

Cuando Laura tenía 11 años de edad sus padres se separaron y ella y sus dos hermanas se quedaron con su madre. Desde entonces se hizo cargo de Fabiola y Alejandra, de cuatro y seis años de edad, pues su mamá comenzó a trabajar.

“Las cuide hasta que ellas cumplieron 15 y 17 años, yo tenía 22”, pero “mientras estuve las ayudé en sus tareas, iba a las juntas de padres, les preparaba de comer, las llevaba a la escuela, jugaba con ellas, las regañaba, todo”. 

“Creo que esa experiencia me marcó; siento que viví una especie de maternidad temprana y forzada”, señala.

Laura tiene gratos y duros recuerdos de la crianza de sus hermanas. “Estar a cargo de las niñas me permitió disfrutarlas mucho, pero también sufrí cosas que no me tocaban. Viví momentos de mucha angustia; recuerdo una vez que se me perdieron en un mercado y cuando la más chiquita se me cayó de las escaleras fue terrible, porque yo apenas tenía 14 ó 15 años de edad, era demasiado para mí”, relata. 

“Tal vez mi historia tenga que ver con que no se me antoje tener hijos y prefiera una vida distinta, no porque sea mejor o peor a la que viven las mamás, sino porque es la que yo quiero”, concluye.

Mujeres sin hijos: otra visión de la maternidad

STAFF:MTXNoticias/CanalMatrix/por:CIMAC/Por Guadalupe Cruz Jaimes

REPORTAJE ESPECIAL MATERNIDADES
Mujeres sin hijos: otra visión de la maternidad 
Deciden no ser madres y sufren la descalificación

Las mexicanas que eligen no ser madres desobedecen el mandato social que asocia ser mujer con ser madre y “define la maternidad como el núcleo natural y fundante de la identidad femenina”, señala la antropóloga Yanina Ávila en su artículo “Mujeres frente a los espejos de la maternidad: las que eligen no ser madres”.

Refiere que las mujeres que descartan la maternidad tienen diversas razones para ello: desde el simple deseo de no ser madres, hasta considerar que su situación personal o el contexto social es inadecuado para criar a sus hijas o hijos.

PANORAMA DEPRIMENTE 

Sara, una joven de 30 años, considera: “no tengo eso que dicen que es natural, no siento la necesidad de ser mamá, y cuando analizó las condiciones en las que traería a un hijo al mundo, reafirmo mi decisión de no ser madre”.

La investigadora de la ENAH Yanina Ávila explica que algunas mujeres optan por no ser madres debido a que carecen de una pareja que demuestre apoyo real en las labores y cuidados familiares. Otras –añade– desisten de la maternidad “al percibir un panorama económico, social y mundial incierto y deprimente”.

“Para mí no hay marcha atrás, lo tengo claro desde hace unos años, incluso cuando mi pareja me llega a decir lo bonito que sería tener un hijo, le respondo que no está en mi proyecto de vida y que si ese es su deseo debe buscarse una mujer que piense distinto”, recalca Sara.

Pasante de Comunicación, Sara es becaria de El Colegio de México (Colmex). “Creo que mi camino sería otro si no hubiera conocido del derecho de las mujeres a elegir el tipo de persona que desean ser, eso me ha dado valor para enfrentar las críticas de mi entorno –aún en el profesional– para decir abiertamente que no quiero ser mamá”.

Egresada de la UNAM, Sara advierte que a pesar de la presión social “pienso que la maternidad no es esencial para sentirme realizada”.

CAMBIO “HISTÓRICO”

De acuerdo con el académico de El Colmex y especialista en salud reproductiva, Carlos Welti, en México alrededor de 8 por ciento de las mujeres no tiene hijas o hijos en toda su vida, mientras que el restante 92 por ciento son o han sido madres. Es decir, 9 de cada 10 mexicanas optan por procrear.

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2009, indica que sólo 4 por ciento de las más de 30 millones de mujeres de 15 a 49 años de edad, dijo no aspirar a la maternidad. En contraste, la mayoría de las entrevistadas refirió que su ideal es tener dos hijos.

Quienes eligen no procrear “sin prestar atención a los mandatos o creencias externas forman parte del cambio histórico que se vive en sociedades contemporáneas” como en Italia, España, Alemania y Rusia, menciona Yanina Ávila. 

Karen, de 29 años, forma parte de las mujeres con una visión alterna sobre la maternidad.

Afirma: “hasta ahora he decidido no ser madre porque mi situación económica no me lo permite, además no deseo de serlo, ni siquiera puedo estar mucho tiempo cerca de niñas y niños. Me parecen lindos, pero no me veo atendiendo a un ser humano, no me siento capaz ni económica, ni físicamente. Y ahora que tengo una pareja y una casa tampoco me ha surgido ese sentimiento”.

Karen explica que ha decidido no procrear porque “interferiría en mi trabajo, mi carrera, mi vida social y personal, invadiría todo mi mundo y para mí sería complicado”. Lamenta que persista la presión social para que las mujeres sean madres y el señalamiento para quienes no lo son. 

“Mis papás me dicen que quieren conocer a sus nietos, que me apure a tenerlos. Y me siento mal por tener que darles explicaciones a ellos y a todo mi entorno que constantemente me cuestiona”, agrega. 

CASTIGO SOCIAL 

Yanina Ávila señala que si la maternidad fuera una vocación natural e instintiva, no harían falta los mecanismos de presión para “meter en cintura” a quienes no quieren ser madres.

Después de un año de estar unida, los padres de Karen “empiezan a entender que no está en mis planes, y ya han bajado la presión, pero socialmente percibo la descalificación; es como si no sirvieras”.  

“Las mujeres sin hijos no tienen un nombre y un lugar propio, existen desde lo que no son o no tienen, son por tanto algo incompleto, ambiguo o raro. Se dice que una mujer que no quiere tener hijos es egoísta, inmadura, fría, que se está perdiendo del amor más grande de la vida”, detalla la antropóloga de la ENAH.

Para Isela, de 58 años, la presión social por no ser madre ha sido “muy lastimosa”. A ella le quitaron la matriz a los 30 años y desde ese momento comenzaron los comentarios hirientes, incluso de su familia.

“Pobrecita no tiene hijos, te vas a quedar sola, quién te va a ayudar cuando estés vieja y no puedas trabajar”, son algunos de los que recuerda. 

“La gente me compadece y eso me deprime más; es un tema que siempre me ha lastimado, siento que no cumplí con mi función. Comienza a preocuparme eso que me dicen: quedarme sin nadie que vea por mí, aunque conozco mujeres que han tenido muchos hijos y de todas formas llegan solas a la vejez”, advierte.

Víctimas de violación en Atenco se resisten a quedar en el olvido

STAFF:MTXNoticias/CanalMatrix/por:CIMAC/Por Anayeli García Martínez

REPORTAJE
Víctimas de violación en Atenco se resisten a quedar en el olvido 
Sin reflectores, 11 mujeres aguardan la justicia internacional

“Ya nadie se acuerda de Atenco”, lamenta Claudia, una de las 47 mujeres que fueron violadas y abusadas sexualmente por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y agentes del Estado de México en mayo de 2006, en San Salvador Atenco y Texcoco. 

Así como ella, Bárbara Italia, Georgina Edith y otras ocho mujeres continúan –a cinco años de distancia y sin las grandes movilizaciones ni la atención mediática de ese entonces– con su exigencia de que se castigue a los responsables de las agresiones de las que fueron víctimas.    

Son las que se quedaron en el camino… resistiendo, en espera de justicia. Saben que en México no la van a tener y por eso insisten en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dé entrada a su demanda presentada el 29 de abril de 2008.

Tras cinco años hay cierto cansancio, dice Bárbara Italia. “Recuerdo mucho la convicción con que dijimos ‘esto va a ser un camino muy doloroso, muy duro y muy largo’. Finalmente sabemos que el Estado le apuesta al desgaste y estamos preparadas para eso”, advierte con firmeza.

Recuerda: “El primer año realizábamos una actividad cada mes y teníamos no sé si más ganas, pero sí la necesidad de hacer algo”.

IR Y VENIR

El operativo policiaco implementado en el Estado de México en el 2006 para desarticular al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en su lucha contra la construcción de un aeropuerto en Texcoco, dejó un saldo de dos jóvenes asesinados y 207 detenidos, de los cuales 47 eran mujeres.

De las 47 mujeres agredidas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) constató la violación sexual en 26 casos.

Para acreditar la violación y tortura sexual, las mujeres fueron sometidas a peritajes del Protocolo de Estambul de la CNDH, de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (entonces Fevim), del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad y de investigadores particulares. Todos confirmaron los abusos. 

Desde el 2006 el caso de las mujeres agredidas sexualmente se ha turnado en dos instancias: la Fevim (ahora Fevimtra), la cual inició una averiguación previa por violación que no prosperó y que declinó ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) en julio de 2009, donde permanece estancada.

Los hechos violentos desataron una ola de protestas sociales para exigir castigo a los agresores y por la libertad de los 12 presos políticos del FPDT condenados a purgar penas de hasta 112 años de prisión. 

Las mujeres torturadas sexualmente acompañaron todas y cada una de las marchas, mítines y plantones apoyando las demandas y haciéndose visibles.

LUCHA SILENCIOSA

El 30 de junio de 2010, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la inmediata liberación de los 12 presos políticos, el movimiento social en torno a Atenco bajó de perfil.

Atrás quedaron las grandes marchas, mítines y plantones y la exigencia de juicio político para uno de los orquestadores de los operativos, el gobernador mexiquense y ahora aspirante a la Presidencia, Enrique Peña Nieto. 

Hoy, a las mujeres agredidas, golpeadas y torturadas sexualmente sólo se les recuerda en cada aniversario de los violentos operativos con plantones que apenas congregan a una veintena de personas, ya sea en la PGR o en las instalaciones de la Fevimtra. 

La “investigación” lleva cinco años y aún no hay culpables, pero no es por falta de pruebas o evidencias sino por falta de voluntad política, asegura Jaqueline Sáenz, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro), organización que junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), litiga el caso de 11 mujeres ante la CIDH.

“(Las autoridades) tienen la lista de quienes custodiaban a los detenidos. Nos parece muy claro que deberían conocer quiénes fueron, sin que ellas (las víctimas) los tengan que reconocer”, advierte Sáenz al tiempo que critica que aunque se acreditó la tortura sexual, las instancias continúan hablando de actos libidinosos y abuso de autoridad. 

NI PERDÓN… ¿NI OLVIDO?

En entrevistas por separado con Cimacnoticias, Bárbara Italia, Georgina Edith y Claudia reconocen que ya no hay campañas mediáticas en torno a su demanda de justicia, pero, afirman, cuentan con el apoyo del FPDT, La Otra Campaña, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y Amnistía Internacional (AI), entre otras organizaciones humanitarias.

Éstas, las otras mujeres de Atenco, las que no son madres, esposas o hermanas de los presos políticos, las que vivieron los excesos de las fuerzas del orden, son las que ahora mantienen viva la consigna “Ni perdón, ni olvido”.

Bárbara Italia se sincera y apunta que conforme pasa el tiempo los hechos de mayo de 2006 se ven de forma distinta. Considera que la represión fue de tal magnitud que consiguió romper la estructura de un movimiento que logró echar atrás el decreto presidencial que pretendía despojar a los campesinos de Atenco de sus tierras.

Con todo, Claudia –quien aún enfrenta un proceso en libertad acusada de ataques a las vías de comunicación– no quiere dejarse vencer por el pesimismo y destaca que cuentan con la solidaridad de varios compañeros y organizaciones, entre ellas AI, la cual mantiene una campaña mundial en apoyo a las mujeres de Atenco.

Claudia manifiesta que ante la cerrazón de las autoridades estatales y federales es hora de buscar nuevas trincheras de lucha: “En México no vamos a obtener justicia. Queremos que quede claro que hubo violaciones a Derechos Humanos y que se reconozca que fuimos torturadas, violadas y encarceladas injustamente”. 

A su vez, Georgina Edith, trabajadora del IMSS que pasó un año y diez meses en la cárcel luego de acudir con una brigada de salud al lugar de los disturbios, reprocha que la PGJEM no hiciera algo por esclarecer las violaciones de las que fueron víctimas.

“No han consignado a los responsables pese a que tienen el expediente desde julio de 2009. Y no lo van a hacer porque ellos fueron los represores. El gobierno es represor en todo momento, no sólo en Atenco, en una infinidad de movimientos donde han matado, violado y torturado”, recalca. 

“EN MÉXICO NO HAY JUSTICIA”

Estas mujeres aseguran que en México su voz no se escucha, por ello, se han acercado también al Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus sigla en inglés), el cual en agosto de 2006 exigió al gobierno mexicano procesar y castigar a los culpables de los hechos en Atenco. 

También llevaron su caso al Comité Contra la Tortura (CAT), que en noviembre del mismo año reconoció que durante los operativos existió tortura, por lo cual afirmó que el Estado mexicano tenía la “obligación” de reparar el daño a las víctimas y a sus familias. 

Bárbara Italia, Claudia y Georgina Edith insisten en que su demanda de justicia ante la CIDH no cesará hasta no obtener una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, quien ha hecho todo lo posible por impedir que el caso sea admitido por la Comisión, porque, reiteran, al menos para ellas la lucha de Atenco aún no termina.