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En el limbo, definición de candidatas

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Gladis Torres Ruiz y Anayeli García Martínez

REPORTAJE
En el limbo, definición de candidatas
Se agota el tiempo y partidos dudan cumplir cuota de género

A menos de un mes para que los partidos políticos registren ante el IFE sus postulaciones a la Cámara de Diputados y el Senado, sigue en el limbo el cumplimiento de al menos 40 por ciento de candidaturas femeninas para esos cargos de elección popular.
 
A paso lento y con poca transparencia, los institutos políticos comenzaron a definir a algunas de sus abanderadas, pero se mantiene la incertidumbre respecto a si se logrará la cuota de género 60-40, cuya obligatoriedad ordenó desde noviembre pasado el Tribunal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
 
Por ello, organizaciones civiles por los derechos políticos de las mexicanas y mujeres militantes de partidos no quitan el dedo del renglón para vigilar el proceso de definición de candidaturas, y denunciar la eventual exclusión de las mujeres.
 
FISCALIZACIÓN
 
Patricia Mercado, directora de Suma –iniciativa ciudadana a favor de los derechos político-electorales de las mujeres–, advierte que se vigilará con lupa que los partidos no evadan la cuota de género, ante la advertencia de algunos dirigentes que han argumentado que les “faltan mujeres” para cubrir el 40 por ciento de candidaturas.
 
Tienen tiempo para armar las postulaciones, apunta la ex candidata presidencial por el Partido Alternativa Socialdemócrata, y explica que aunque algunos institutos ya asignaron parte de sus candidaturas, tendrán que ajustarlas para alcanzar el porcentaje mínimo.
 
De acuerdo con el calendario electoral, del 15 al 22 de marzo próximo los partidos deben registrar a sus candidatas y candidatos que contenderán en las elecciones del próximo 1 de julio.
 
El pasado miércoles el Consejo General del IFE emitió un acuerdo para ratificar la sentencia del TEPJF de noviembre pasado, con la que se obliga a los institutos políticos a cumplir sin excusas con la cuota de género.
 
Por unanimidad, las y los consejeros electorales afirmaron que vigilarán el registro de las candidaturas a diputados y senadores, a fin de que el 40 por ciento de las fórmulas se integren por propietarios y suplentes de un mismo género, procurando llegar a la paridad (50-50).
 
La autoridad electoral estableció que –independientemente del método de elección– los partidos deberán presentar como mínimo 120 fórmulas de candidatas a diputadas federales y 26 de abanderadas al Senado, ambas por el principio de mayoría relativa.
 
A PASO LENTO
 
Esta semana el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una lista  de nueve candidatas de mayoría relativa al Senado, entre las que destacan los nombres de Xóchitl Gálvez, ex titular de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; la diputada federal Rosi Orozco, y Martha Elena García Gómez, quien fue militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
 
La Comisión Nacional de Elecciones del PAN informó que esas abanderadas se definieron a través de un proceso interno para elegir 19 postulaciones de mayoría relativa al Senado. Agregó que faltan otras nueve candidaturas de mujeres y hombres que serán determinadas por el Comité Ejecutivo Nacional.

Rosa María de la Garza Ramírez –mejor conocida como Rosi Orozco–, encabezará la primera fórmula al Senado por el Distrito Federal. La diputada con licencia es presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas y dirigente de la organización religiosa “La Casa sobre la Roca”.

Por Hidalgo la primera fórmula la abandera Xóchitl Gálvez, ex candidata al gobierno del estado y reconocida en el año 2000 como una de las 100 líderes mundiales del futuro en el Foro Económico de Davos. Fue integrante del gabinete del entonces presidente Vicente Fox.

En Nayarit la primera fórmula será encabezada por la también diputada federal Martha Elena García Gómez, quien el año pasado dejó su curul para buscar la gubernatura de Nayarit por el PRD.

ESTANCAMIENTO
 
Por su parte el PRD sigue atorado en las negociaciones para definir candidaturas, mientras continúan las protestas de la militancia por presuntas imposiciones de la dirigencia y el cobro de cuentas pendientes entre “las tribus”.
 
El Consejo Nacional Electivo del sol azteca aprobó que el reparto de candidaturas sea de acuerdo con el peso político de las corrientes internas. Sin embargo, hay un total hermetismo respecto a los nombres de las posibles candidatas.
 
Hasta ahora las únicas perredistas que tienen un lugar seguro para contender por el Senado son Angélica de la Peña, fundadora del Observatorio de Políticas de Niñez y Familia, y Dolores Padierna, secretaria general del PRD.
 
En el limbo están las eventuales candidaturas a la Cámara alta de la declarada feminista y ex gobernadora de Zacatecas, Amalia García. Igualmente está pendiente la posible postulación de Hortensia Aragón, quien como diputada federal peleó porque la cuota de género se estipulara en la ley electoral.
 
Trascendió que ambas podrían declinar su aspiración al Senado para contender por una diputación federal. En tanto, la Comisión Política Nacional del PRD mantiene en secreto los nombres de las candidatas.

Mujeres indígenas sufren violencia y las encarcelan

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Patricia Chandomí, corresponsal

REPORTAJE
Mujeres indígenas sufren violencia y las encarcelan
Autoridades las criminalizan y dejan impunes a los agresores
 
Chiapas, 10 feb 12 (CIMAC).- Debido a la presión social y ciudadana, este viernes a las 3:20 fue liberada del penal 5 de San Cristóbal de las Casas, Margarita López, luego de permanecer 7 años injustamente en prisión. Esta es su historia.
 
Violentadas y criminalizadas, las mujeres indígenas en el estado de Chiapas tienen que lidiar contra el machismo del que son víctimas todos los días, y además padecer un “sistema de justicia” que las excluye por ser pobres y no hablar español.
 
La historia de Margarita López Gómez, su hija Sonia, y de Juana Santiz Méndez, es el botón de muestra del calvario de violencia e impunidad que padecen cotidianamente las indígenas chiapanecas.
 
En octubre de 2004 Margarita denunció ante el Ministerio Público (MP) de Chiapa de Corzo a su esposo, Juan Velasco López, por violencia intrafamiliar.
 
El MP se limitó a tomarle su declaración con ayuda de un traductor; como la indígena era monolingüe con señas le dijeron que ya habían levantado el acta, y que si “pasaba cualquier cosa quedaría un antecedente”.
 
SIN INFANCIA
 
Margarita fue “apartada” por Juan a los 11 años de edad por 10 botellas de alcohol que éste entregó a su padre, para obligarla a casarse con él un año después en el paraje Tojchuctik, municipio de Mitontic, uno de los más pobres y marginados de Chiapas.
 
La pareja se fue a buscar trabajo al municipio de Venustiano Carranza; ahí rentaron un cuarto, y a los dos meses de vivir con su esposo, Margarita acudió a sus autoridades tradicionales en Mitontic, para denunciar los maltratos de Juan, quien la golpeaba a diario.
 
Sin el apoyo de las autoridades y de su familia, la cual le dice “que es su marido y se debe aguantar”, la niña de 12 años regresó a vivir con su esposo, quien consigue trabajo de capataz en un rancho.
 
POLIGAMIA
 
Al poco tiempo, Juan se consiguió otra mujer: Juana Santiz Méndez, originaria de Betania, municipio de Teopisca, a quien lleva a vivir al mismo domicilio de Margarita, en el rancho Chincuyal. Juan procrea con cada una seis hijos.
 
Margarita acudió de nuevo con el juez de paz de su comunidad en Mitontic, para denunciar los golpes de Juan un par de veces más sin tener mayor respuesta.
 
La situación de la familia se agravó luego de que Sonia, hija mayor de Margarita, fue violada a los ocho años de edad. A los 12 años tuvo una hija derivado de las constantes violaciones sexuales de su padre.
 
“Yo le preguntaba a mi hija ‘¿de quién es ese hijo?’, y ella me dijo: ‘un hombre me agarró en el monte cuando iba al río’, pero yo no estaba contenta con esa respuesta, porque Juan no la dejaba salir a ninguna parte”, narró la indígena a Cimacnoticias.
 
Margarita empezó a sospechar. Un día, platicando con una vecina en un incipiente español, le preguntó si sabía de algún hombre violador, a lo que ella respondió: ‘Aquí no tenemos esas costumbres, no será que a su hija la agarró su marido”.
 
“Desde ahí me entró la duda y una vez obligué a mi hija que me confesara de quien era el hijo y salió cierto que el hijo era de Juan, pero cuando intenté reclamarle casi me mata, ese día nos pegó a puras patadas a las tres”, relató Margarita.
 
A pesar de los reclamos, Juan siguió violando a Sonia al año y medio de haber tenido a su primera hija. Sonia volvió a quedar embarazada de su padre.
 
JUSTICIA POR PROPIA MANO
 
A los 15 años, Sonia llevaba siete de violaciones constantes de parte de su padre, dos hijos no deseados, vivía aislada y era golpeada con peor salvajismo, sobre todo cuando se negaba a tener relaciones sexuales con su padre.
 
“Un día yo bajé a lavar ropa al río, y vi a lo lejos cómo mi papá le quitaba la ropa a mi hermanita de cinco años y cómo la empezaba a manosear; sentí una cosa tan fea en todo el cuerpo, una impotencia, una rabia, un enojo, que me jure que mi hermanita no pasaría lo mismo que yo”, contó Sonia.
 
Ese mismo día por la noche, Juan llegó directamente a golpear a Juana y a Margarita –quien para ese entonces ya había sido orillada al alcoholismo por su marido–.
 
Esa noche del 23 de enero de 2005, a sus 15 años de edad, Sonia no tuvo duda: fue al fogón, tomó un leño y acabó a golpes a su violador y al torturador de su madre.
 
Margarita, Juana y Sonia se fueron con los 14 niños; Juana se fue a la cabecera municipal de Carranza con sus seis hijos; Margarita y Sonia regresaron a Mitontic.
 
Juana llegó con la familia de Juan para ver si el fallecido tenía alguna herencia. Así fue que los familiares se enteraron que Juan había muerto y llevaron a la mujer ante las autoridades locales. Juana terminó confesando la historia.
 
ACUSADAS
 
El juez de paz mandó a llamar a Margarita y a Sonia, quienes aceptaron los hechos. Las tres mujeres fueron apresadas. El magistrado de la Sala Regional Colegiada en materia penal zona 01, sentenció a Margarita como culpable del delito de homicidio calificado.
 
Juana fue encarcelada por encubrimiento y Sonia trasladada al Centro de Readaptación para Menores Villa Crisol. La adolescente pasó dos años y medio de su vida en este lugar y luego salió libre.
 
Margarita fue enviada a la cárcel preventiva de Carranza con una sentencia de 15 años; permaneció casi cuatro. En 2008 fue trasladada al penal 5 de San Cristóbal de las Casas.
 
Margarita se embarazó en la cárcel. En 2009, por intervención del Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), se apeló su sentencia y quedo por 11 años y 8 meses, pese a que nunca se acreditó su participación en la muerte de Juan.
 
La indígena ya cumplió más del 60 por ciento de su sentencia al  lleva siete años presa, sin poder ver a sus hijos que están bajo el cuidado de su anciana madre, quien también vive violencia.
 
“Me preocupan mis hijitos, me preocupa que ya no puedo recordar bien sus caritas, me preocupa que no tenemos tierras, que mis papás son viejos y pobres y no sé que vaya a ser de mis hijos”, dijo Margarita en un español que empieza a ser fluido.
 
Sonia vive en otro municipio y cuida de sus hijas, producto de la violación, de un hijo que tiene con su actual pareja, y de la niña que su mamá tuvo en la cárcel.
 
DISCRIMINACIÓN DEL ESTADO
 
Rosa López Santis, indígena tzotzil trilingüe, defensora popular de Derechos Humanos del CDMCH, lleva el caso de Margarita, asentado en la causa penal 30/2005 y radicada en el Juzgado Mixto de la Primera Instancia de Venustiano Carranza.
 
Por su gestión, a Margarita ya le concedieron la suspensión de la sentencia, pero para salir libre necesita pagar una fianza por 34 mil 799 pesos, dinero del que carece.
 
El caso de Margarita está en la mesa de reconciliación y revisión de expedientes del gobierno de Chiapas con el número 379/MR/2010, y la defensa, a cargo de López Santís, apela a que el gobierno del estado asuma el pago de la fianza.
 
“Este caso ilustra el nivel de discriminación y violencia hacia las mujeres de parte del Estado, hay una discriminación por ser indígenas, pobres, monolingües y analfabetas; existe un racismo de las autoridades, deficiencias en la impartición de justicia, la historia de estas tres mujeres no debe volver a repetirse nunca”, enfatizó la defensora.

Mujeres adolescentes, cada vez más vulnerables

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Rafael Maya Barradas

Con información:Brisa Gómez, Citlalli López, Adriana Mújica M. y Glenda Libier Madrigal

CAMPAÑA PERIODISTAS DE MESOAMÉRICA A FAVOR DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
REPORTAJE
Mujeres adolescentes, cada vez más vulnerables
Embarazo no deseado, problema fuera de control
 
Las adolescentes siguen sin contar con políticas públicas eficaces para prevenir embarazos no planeados y muertes maternas, así como apoyos para afrontar la pobreza.
 
Cuatro estados del país son ejemplo de la lacerante realidad para millones de mujeres adolescentes, quienes carecen de atención gubernamental para un acceso pleno de anticonceptivos, educación sexual de calidad y atención sanitaria a fin de evitar muertes ligadas con el embarazo, parto o puerperio.
 
En Veracruz, Morelos, Oaxaca y Colima, las adolescentes –sobre todo indígenas o en situación de pobreza– conforman uno de los grupos poblacionales más vulnerables, y las autoridades no pueden satisfacer sus necesidades en materia de salud, educación y empleo.
 
IMPARABLE, EL EMBARAZO NO PLANEADO
 
Salvo en Colima, de acuerdo con datos oficiales, en las otras tres entidades la cifra de embarazos en adolescentes se incrementa año con año, lo que refleja la ineficacia de las políticas de salud sexual y reproductiva, a decir de especialistas y activistas de la sociedad civil.
 
Según el Inegi, en 2010 el 19 por ciento de los embarazos totales registrados en Veracruz correspondió a menores de 19 años, mientras que en las zonas indígenas una de cada seis menores de 19 años es madre por vez primera a partir de los 15 años.
 
Veracruz es una de las entidades con mayor número de casos de muerte materna: por cada mil nacidos vivos, fallecen 74.8 mujeres, cuando la media nacional respecto a la Razón de Muerte Materna es de 62.8 por cada mil.
 
En Oaxaca, 20 por ciento del total de embarazos que se registran al año ocurre entre mujeres adolescentes, lo que se traduce en que ellas tienen menos posibilidades de encontrar un empleo o de continuar sus estudios, indica la coordinadora del área de Equidad y Género de la Universidad Autónoma Benito Juárez, Guadalupe Pieeg.
 
Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) reportan que el número de embarazos en mujeres menores de 18 años se duplicó entre 2005 y 2011 al pasar de 7 mil 137 a poco más de 13 mil. Mientras que las encuestas realizadas por los SSO establecen que más de la mitad de los embarazos en adolescentes son no deseados.
 
La tasa de fecundidad entre las adolescentes oaxaqueñas es de 62 nacimientos por cada mil, una de las más elevadas a escala nacional.
 
En Morelos, el 53 por ciento de las adolescentes de 12 años o más con vida sexual activa se han embarazado. En 2008 ocurrieron 38 mil 295 nacimientos en el estado, de los cuales 68.3 por ciento fueron de mujeres de 15 a 29 años de edad; 24.1 por ciento de esa cifra corresponde a adolescentes de 15 a 19 años.
 
La  coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem-México), Patricia Bedolla, advierte que el aumento de embarazos en adolescentes en la entidad es consecuencia de la falta de políticas públicas de prevención.
 
POLÍTICAS INEFICIENTES
 
En el caso de Veracruz, las propias autoridades reconocen que han sido rebasadas ante el incremento de los embarazos en adolescentes. En 2011 el gobierno del estado tuvo que duplicar los recursos destinados a becas para que las madres adolescentes no abandonaran sus estudios.
 
El delegado estatal de la SEP e integrante del Comité de Evaluación para la entrega de becas a madres adolescentes, Armando Alejandre, explica que el número de adolescentes embarazadas que requieren becas resultó ser mayor de lo que se pensaba.
 
Detalla que en 2010 la inversión federal para el programa Promajoven fue de 2 millones de pesos para becas de 500 pesos mensuales por adolescente embarazada o madre adolescente que lo solicitara. El monto tuvo que duplicarse en 2011 a 4 millones para una cobertura de 600 adolescentes en esa situación.
 
Patricia Bedolla considera que la política pública de otorgar becas a las adolescentes embarazadas es “asistencialista y sólo un paliativo que no resuelve de fondo la situación de hacerse cargo de un hijo o hija por al menos los siguientes 18 años”.
 
Califica como “urgente” que el Estado despliegue políticas públicas de prevención tanto en salud pública, como en el aspecto económico y de empleo para las adolescentes en esa situación. “Si la política pública es de becas, entonces deberían serlo hasta que las jóvenes terminen una carrera y, paralelamente, otorgarles becas de trabajo”, apunta.
 
En lo que respecta a Morelos, la coordinadora de Cladem-México acusa que la entidad carece de estrategias para brindar servicios de anticoncepción a las adolescentes, y en su lugar promueve la abstinencia sexual entre esa población.
 
En las escuelas públicas –abunda– “hay una negativa a hablar de sexo, relaciones sexuales y sus consecuencias. Esto parece ser una política de Estado, ya que instancias como el DIF o el Instituto de la Juventud estatales promueven la abstinencia para evitar enfermedades indeseables, pero no para evitar un embarazo porque persiste la mentalidad de que tener un hijo es una bendición”.
 
En Colima la cifra de embarazos en adolescentes apenas disminuyó tres puntos porcentuales, y las autoridades responsabilizan a las y los jóvenes de no acudir a los centros de salud para pedir “orientación” sobre métodos anticonceptivos.
 
La jefa del Departamento de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del estado, Mónica Gómez, presume que las y los adolescentes tienen “demasiada información sobre la existencia de métodos anticonceptivos”, pero por diversas razones “no los usan o los usan mal”, de tal forma que en muchas ocasiones sus relaciones sexuales terminan en un embarazo no planeado.

2012 regala a mujeres desempleo y pobreza

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Guadalupe Cruz Jaimes

REPORTAJE
2012 regala a mujeres desempleo y pobreza
Jóvenes y jefas de familia, con los peores pronósticos
 
Este 2012 que recién inició se caracterizará por la pérdida de fuentes de empleo y la insuficiencia salarial para adquirir lo mínimo para subsistir, de acuerdo con las proyecciones de especialistas.
 
El escenario se torna más sombrío para las mujeres jóvenes, aunque cuenten con bachillerato o licenciatura.
 
Carmen Ponce, economista especializada en género, advierte que en 2012 México afrontará “grandes desafíos” en generación de empleo, luego del acuerdo comercial que a partir de este año permite una amplia introducción de productos chinos a nuestro país.
 
Le experta prevé que se perderán alrededor de 100 mil fuentes de trabajo. Los sectores de la producción nacional que serán “gravemente” afectados son el textil, calzado y juguete, cuya mano de obra es principalmente femenina. Tan sólo en la industria textil ellas representan el 70 por ciento de la mano de obra.
 
La pérdida de empleos perjudica sobre todo a las jóvenes, quienes registran tasas de desocupación a la alza. Por ejemplo, el desempleo en mujeres de 14 a 19 años de edad pasó de 7.35 por ciento a 10.23 por ciento en el segundo trimestre de 2007 al mismo periodo de 2011.
 
El desempleo en esta población “nos habla de que los recursos en sus familias son tan insuficientes que tienen que salir a trabajar para contribuir al ingreso familiar, cuando deberían dedicarse a estudiar”.
 
PAUPERIZACIÓN
 
Las mexicanas de 20 a 29 años de edad con estudios de bachillerato o licenciatura también han sido perjudicadas con un aumento “preocupante” en las tasas de desocupación, ya que en 2007 era de 7.7 por ciento y para 2011 creció a 10.49 por ciento. El incremento refleja que “el problema del desempleo se está feminizando”, dice Ponce.
 
Hasta noviembre de 2011, el Inegi reportó 2.8 millones de personas sin empleo, de las cuales siete de cada 10 tenía un nivel de educación medio y medio superior. La falta de oportunidades ha orillado a esta población a migrar a Estados Unidos.
 
Carmen Ponce señala que la migración internacional ha crecido entre las y los jóvenes con más de nueve años de instrucción escolar, quienes ponen en riesgo su vida al intentar cruzar la frontera norte del país de manera irregular.
 
En 2011 se registraron 767 decesos de migrantes, de los cuales el 62 por ciento (476) eran mujeres jóvenes. La mayoría de ellas contaba con educación media y superior, según un informe de la Vicecoordinación Jurídica del PRI en la Cámara de Diputados.
 
De acuerdo con el Inegi, tres de cada 10 migrantes que sale de México rumbo a EU son mujeres.
 
En el documento del PRI, elaborado también por la Secretaría de Asuntos Migratorios de la CNOP, se señala que 75 por ciento de las personas fallecidas tenía instrucción escolar por encima del nivel básico.
 
De las 767 muertes, el 60 por ciento se debió a actos violentos como robo, violaciones, el abandono de polleros o traficantes en el desierto, o incluso por asesinatos del crimen organizado.
 
MUJERES PREPARADAS, SIN FUTURO
 
El PRI sostiene que las mujeres con alto grado de escolaridad son la población más afectada por la desocupación, y ante la falta de oportunidades laborales migran a EU o pasan a las filas del subempleo y el trabajo informal.
 
Carmen Ponce señala que el crítico escenario empeorará por la recesión económica en EU y Europa, y la “pobre” generación de empleos en México, donde se requieren entre 1.5 y 2 millones de fuentes de trabajo al año.
 
La tasa de desempleo –según proyecciones del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos de la UNAM– pasará de 5.7 en 2011 a 6.1 por ciento este año, por lo que la calidad de las fuentes de trabajo estará “en caída libre”, alerta Ponce.
 
Así, las mexicanas que logran emplearse lo hacen en condiciones de deterioro y con salarios insuficientes para costear la canasta básica.
 
Por ejemplo, en el comercio –donde se ocupan 4.4 millones de las 18.1 trabajadoras del país– las remuneraciones reales (sueldo, salarios y prestaciones) se desplomaron 24.3 por ciento de 2005 a 2011.
 
AFECTADAS, LAS JEFAS DE FAMILIA
 
El aumento salarial de 2.44 pesos, que aprobó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos resulta irrisorio, pues está “gravemente” rebasado por el costo de los productos básicos.
 
Muestra de ello es que de 2006 a 2011 el precio de la canasta básica pasó de 80 a 171.37 pesos diarios, 91 pesos más. Mientras que el salario mínimo sólo aumentó de 48.67 pesos en 2006 a 60.50 para 2012, sólo 11.23 pesos más, sostiene el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM.
 
El CAM advierte que con el aumento salarial cada persona trabajadora y su familia pueden comprar 244 gramos de tortilla o 139 gramos de huevo blanco, o en todo caso prescindir de lo anterior para acceder a 35 gramos de carne de res.
 
Para 27.1 por ciento de los hogares mexicanos que están encabezados por mujeres, la situación se agudiza debido a que ellas perciben sólo entre el 68.7 y 70.6 por ciento de lo que ganan los hombres por realizar la misma actividad con el mismo nivel de estudios, de acuerdo con la Cepal.

AL requiere estrategia regional para combatir trata de personas

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Milva Benitez y Josefina López Mac Kenzie, corresponsales

INTERNACIONAL 
AL requiere estrategia regional para combatir trata de personas 
Llegan a México víctimas desde Argentina y Uruguay
 
Buenos Aires, 8 dic 11 (CIMAC).- Así como la trata de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual comercial no respeta fronteras, los gobiernos de América Latina (AL) deben coordinar esfuerzos políticos, legales y judiciales para abatir un negocio que es un delito de lesa humanidad.
 
En entrevista, Luis Purtscher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual, Comercial y No Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes de Uruguay, destaca la importancia de que los países de la región cooperen entre sí para enfrentar una mafia que “surfea las fronteras”.
 
El funcionario advierte que Argentina y Uruguay son países de destino y de traslado de víctimas de trata hacia Italia, España, Estados Unidos y México.
 
Purtscher afirma que las naciones de AL combaten ese delito con instituciones “pensadas para el siglo XIX”, y que además están permeadas por la corrupción, la complicidad y factores culturales que naturalizan el crimen e invisibilizan a las víctimas.
 
“El capitalismo moderno está generando nuevos espacios de violencia y la trata es uno de ellos”, subraya. Explica que las divisiones políticas y administrativas “no son un freno para los tratantes ni para la explotación sexual en las peores condiciones”.
 
Por lo tanto ­convoca­ cualquier estrategia contra la trata de personas debe tener el componente internacional, porque si bien existen casos de trata interna en todos los países, llevar a las víctimas hacia otro país es “una fase de mayor explotación y violación de los Derechos Humanos”.
 
DESPROTECCIÓN ABSOLUTA
 
El presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual, Comercial y No Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes de Uruguay, apunta que cuando las víctimas son llevadas a otros países, además del maltrato que padecen, ellas pierden sus vínculos de protección y afectivos.
 
“Por eso es indispensable la integración, porque cualquier política de combate a la trata va a tener que tomar algunas de las características del fenómeno: la coordinación, la velocidad, la movilidad, el surfear por las fronteras”, abunda.
 
­¿Cuáles son las principales dificultades que detecta para que haya articulación internacional?
­Las conexiones son muy complejas. Los sistemas jurídicos (de los países de AL) son distintos. Muchas veces los responsables de la trata, “los pesados”, no caen nunca, y tampoco los mal llamados “clientes”, que aunque están más a mano desaparecen del proceso. Esto existe porque es un negocio.
 
“En trata, la legislación (en Uruguay) está acorde a todos los tratados internacionales. La prostitución es legal a partir de los 18 años, por lo que para quienes abordamos el tema sobre niñez y adolescencia eso nos constituye una traba porque existe una naturalización del proceso.”
 
“COMO ROBAR UNA VACA”
 
­¿Ha detectado mujeres y niñas llevadas de Uruguay a Argentina o viceversa?
­Uruguay es país de tránsito y destino, igual que Argentina, que es un destino para uruguayos víctimas y viceversa. Pero básicamente, en su expresión internacional, los destinos finales de estos casos son Italia, España, y últimamente Estados Unidos y México.
 
­Con relación a la trata de niñas y niños, ¿qué características se están viendo?
­A partir de la creación (en Uruguay) de juzgados especializados todas las denuncias se concentraron ahí. Entre 2007 y 2009 tuvimos 20 casos. En 2010 tuvimos 20 casos, y en lo que va de 2011 tenemos ya 40.
 
Luis Purtscher observa que en el fenómeno de la trata “siempre hay invisibilización, miedo (que juega un papel importante sobre todo en las localidades pequeñas, donde las relaciones son cara a cara), y componentes como el machismo y el patriarcado que naturalizan este tipo de prácticas aberrantes”.
 
Por ello, lamenta el funcionario, en Uruguay las condenas a proxenetas suelen ser “un poco más que lo que se da por robar una vaca”, a pesar de que están en juego “delitos de lesa humanidad”.
 
LEGISLACIÓN
 
­¿Hay alguna instancia internacional en la que se esté planteando la penalización del “cliente” de trata como se discute en Argentina?
­En el caso de las y los menores de edad está penalizado. En los adultos no. Pero tenemos que problematizar algunos temas. Por ejemplo, el hecho de que la prostitución esté reglamentada. En el caso de las menores de edad es increíble que el explotador-cliente siempre desaparezca del ámbito judicial.
 
­¿Hay condenas?
­Van de dos a 12 años.
 
­¿Ustedes intervienen en rescates y en el proceso de recuperación de niñas, niños y adolescentes?
­No tenemos el avance que tiene Argentina, con equipos especializados y oficinas de rescate. El tema es relativamente nuevo como política de Estado. Lo que sí tenemos son los juzgados especializados del crimen organizado, que tienen competencia sobre estos casos y cuya policía tiene una serie de herramientas que no tiene la policía común.
 
Purtscher explica que en su país las autoridades investigadoras del delito de trata pueden hacer seguimientos telefónicos, tienen régimen de testigos protegidos, y usan agentes encubiertos.

Ruptura entre OSC y gobierno incide en más casos de VIH en mujeres

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Chantal Martínez Díaz, corresponsal

CAMPAÑA PERIODISTAS DE MESOAMÉRICA A FAVOR DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Ruptura entre OSC y gobierno incide en más casos de VIH en mujeres
No hay trabajo en equipo, políticas eficaces, ni recursos

Ciudad Victoria, 5 dic 11 (CIMAC).- Mientras las autoridades sanitarias del estado de Tamaulipas no dan al clavo para abatir el ascenso de casos de VIH-Sida entre la población femenina, y las organizaciones civiles contra la pandemia actúan por su lado, sin recursos ni apoyo oficial, las mujeres de esta entidad federativa siguen contrayendo el virus.
 
De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud estatal, los nuevos casos de VIH se presentan en mujeres casadas y en jóvenes de 16 a 25 años de edad, y la prevalencia es de una mujer por cada tres hombres.
 
Sin embargo, en los municipios de Ciudad Victoria (capital del estado) y Tampico la incidencia está a la par. Reynosa es otra de las localidades con más casos.
 
Grupos ciudadanos de combate al VIH-Sida en la entidad denuncian que en los últimos cinco años las políticas oficiales han decaído en la atención y prevención de la enfermedad.
 
Contrastan que en 2006 el Centro Ambulatorio de Prevención y Atención en SIDA e ITS (CAPASITS) de la ciudad de Tampico ­el que más pacientes atiende en Tamaulipas­ obtuvo el primer lugar a nivel nacional en la certificación de esas unidades dependientes de la Secretaría de Salud federal (Ss).
 
“Hoy los CAPASITS del estado están prácticamente en la ruina y el abandono”, afirman las organizaciones civiles. “No hay condones, ni pruebas rápidas suficientes, menos el personal capacitado para atender los casos. La situación más grave ocurre en Tampico y Nuevo Laredo”, agregan.
 
INDOLENCIA
 
Asociaciones como Tamaulipas Diversidad Vihda Trans, Grupo Comvihviendo, Cepavih, y Concepto VIH-Sida, advierten que en este año la situación para las y los portadores de VIH-Sida en el estado “ha empeorado”, pero más para las mujeres ante una necesidad insatisfecha de condones femeninos que las autoridades se niegan a comprar, acusan.
 
“Los CAPASITS no pueden cumplir con los requerimientos de las y los usuarios ni de la población en general, incluidos los grupos de riesgo, como las y los trabajadores sexuales a quienes sólo les dan dos condones por semana”, abundan las organizaciones.

 
Renata Martínez, dirigente del Centro de Prevención y Apoyo en VIH (Cepavih), afirma que esta situación es alarmante: “El tiempo pasa y los meses se convierten en años; estamos batallando más en lo que es prevención, (las autoridades) nos dejaron solos y así estamos tratando de hacer el trabajo”.
 
Las y los activistas añaden que los recursos del Fondo Mundial de la Lucha contra el Sida no han aterrizado directamente en Tamaulipas, por lo que las mujeres con el virus siguen en espera de ayuda.
 
Tamaulipas Diversidad Vihda Trans lamenta que el apoyo a las mujeres con los recursos de ese fondo serían mínimos, aunque reconoció que ayudarían a paliar infecciones entre quienes son parejas de hombres que tienen sexo con hombres (HSH) o de usuarios de drogas inyectables.
 
RADIOGRAFÍA DE LA PANDEMIA
 
En Tamaulipas hay un acumulado de ocho mil casos de VIH-Sida; mil 480 personas son atendidas en los cinco CAPASITS del estado, y otras 800 en unidades del IMSS, ISSSTE o PEMEX; del total, unos 800 corresponden a mujeres (35 por ciento). Se estima que otras mil 500 personas tengan ­sin saberlo­ el virus.
 
El estado ocupa el lugar 18 en incidencia de VIH-Sida a nivel nacional, y se observa que los grupos de riesgo han cambiado debido a que antes la alta incidencia se detectaba en hombres, y la prevalencia era que por cada 17 varones con el virus había una mujer. Hoy la tendencia es desfavorable para el sexo femenino y más para las jóvenes.
 
La población femenina es la más vulnerable al contagio por VIH-Sida, toda vez que las relaciones sexuales con su pareja son la principal vía de transmisión.
 
Apenas dos por ciento de la población sexualmente activa utiliza preservativos femeninos y masculinos, cuando lo recomendado por la Ss es que al menos 60 por ciento de la población sexualmente activa recurra a los condones para evitar la transmisión.
 
DIVISIÓN
 
El pasado 1 de diciembre las autoridades sanitarias de Tamaulipas conmemoraron con “acarreados” el Día Mundial de Lucha contra el Sida, y sin haber convocado a la sociedad civil.
 
Encabezados por el secretario estatal de Salud, Norberto Treviño, y el encargado del programa contra el VIH, Alejandro Cortés, unos 50 empleados de la dependencia fueron obligados a marchar por la principal avenida de Ciudad Victoria, donde también se sumaron alumnos de bachillerato y universidades privadas.
 
Sin las características vestimentas blancas y los lazos rojos en solidaridad con las personas con VIH, Cortés aclaró que la conmemoración del 1 de diciembre “no fue para recordar muertos”.
 
Ante lo que consideran una ruptura entre las organizaciones civiles y el gobierno estatal en el combate al VIH, activistas explican que seguirán su labor con o sin el respaldo oficial.
 
Así por ejemplo el Grupo Renacer continúa la entrega cada mes de despensas para que las y los portadores tengan una dieta sana. Otras organizaciones como Cepavih, Concepto VIH, o Convihviendo, trabajan directamente con mujeres seropositivas al virus o construyen albergues para las y los enfermos terminales.
 
EDUCACIÓN SEXUAL
 
Para revertir la tendencia y la alta vulnerabilidad en las mujeres por VIH, Renata Martínez llama a que desde quinto año de primaria se imparta educación sexual “clara y responsable”.
 
Óscar Medina, líder del movimiento Lésbico-Gay en Ciudad Victoria, apunta que desde el kínder se les debe hablar de sexualidad a las niñas y los niños.
 
La dirigente de Cepavih propone que las autoridades permitan a las y los activistas ir a las escuelas de nivel básico para dialogar sobre el tema con niñas, niños y jóvenes, “ya que los tabúes e ignorancia hacen que el virus se siga propagando”.

Ante inacción oficial,VIH se feminiza

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Guadalupe Cruz Jaimes

REPORTAJE
Ante inacción oficial, VIH se feminiza
Más contagios en mujeres y políticas de salud no resuelven
 
La pobreza, la marginación y la violencia aumentan los casos de mexicanas con VIH, pero la educación sexual contribuye a enfrentar esta realidad.
 
Eva Díaz es integrante de Mujeres Fuertes con Esperanza y Vida (Mufev); contrajo el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) desde hace una década. El padre de sus hijos le transmitió la infección; fue el último golpe que él le dio antes de morir por Sida.
 
La ahora activista, de 53 años, era ama de casa y vivía en una colonia popular del DF, donde su esposo la golpeó muchas veces “hasta que mis hijos crecieron y se pusieron al ‘tú por tú’ con él”, relata.
 
Eva soportó golpes y humillaciones porque no tenía a donde ir, tampoco empleo ni educación, ya que no terminó la secundaria. A los 13 años de edad abandonó su casa al huir de la violencia familiar, y a los 15 años estaba embarazada de su agresor.
 
Díaz se enteró de que era seropositiva al VIH cinco años después de separarse de su pareja, cuando él fue diagnosticado en una fase terminal de Sida. “Él murió en noviembre y en diciembre comencé el tratamiento”, recuerda.
 
ENFERMEDAD Y DOLOR
 
Samantha Mino, coordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de las y los Jóvenes de la organización civil Salud Integral para la Mujer (Sipam), señala que las mexicanas con VIH, además de su estado serológico, llevan una vida sin oportunidades de desarrollo y llena de violencia, algunas de ellas desde la infancia.
 
En su investigación “Mujeres. La experiencia de vivir con VIH/Sida”, Mino asegura que la violencia estructural traducida en pobreza y marginalidad social, junto con la violencia de género, incrementa las posibilidades de que ellas adquieran el virus.
 
La mayoría de las mujeres entrevistadas se dedican al trabajo doméstico, al comercio informal o son amas de casa; ninguna tiene derechos laborales. Ellas tampoco accedieron a la escuela y menos a la educación sexual, advierte la también antropóloga como parte del Día Mundial de Lucha contra el Sida, que se conmemoró el pasado 1 de diciembre.
 
Un ejemplo de que la marginación aumenta la vulnerabilidad de las mujeres es que mientras en el país hay una mujer con VIH por cada cinco hombres, en Iztapalapa la relación es de “un hombre por una mujer” con el virus, dice Samantha Mino. Y la mayor parte de las nuevas infecciones son entre adolescentes y jóvenes.
 
La creciente propagación del VIH entre las mexicanas es preocupante, ya que durante la segunda mitad de la década de los 80 había 27 hombres con el virus por una mujer, y ahora la relación es mucho más cerrada, apunta la activista.
 
A pesar de que organizaciones civiles y organismos internacionales han llamado al gobierno de México a invertir en prevención y tratamiento para las mujeres, la estrategia sigue focalizada en el grupo con prevalencia más alta: los hombres que tienen sexo con hombres (HSH).
 
La Secretaría de Salud (Ss) reporta que de 1985 a 2011 han sido detectados 9 mil 742 casos de VIH en mujeres, y 25 mil 234 en varones.
 
De acuerdo con los datos se observa que las cifras durante el mismo periodo se disparan en lo que respecta a casos diagnosticados con Sida.
 
Es así que de 1983 a 2011 se registraron 26 mil 721 casos de Sida en mujeres, y 123 mil 162 en hombres. Esto se debe a que la detección del VIH sigue siendo tardía, y la mayoría de los casos se identifican cuando las personas ya desarrollaron la enfermedad.
 
Alejandrina García, coordinadora del Programa de Mujeres y VIH de Sipam, indica que el hecho de que las mujeres representen 28 por ciento de los casos de VIH, y 18 por ciento de las personas diagnosticadas con Sida, “es suficiente para llevar a cabo estrategias dirigidas a esta población, no necesitamos esperar a ser mayoría para que las autoridades nos miren”, recalca.
 
Un ejemplo de la exclusión de las políticas públicas es que las mexicanas están fuera del Plan de Prevención Nacional del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida), ya que se centra en los HSH.
 
Hasta ahora las mujeres sólo han sido integradas como “transmisoras” del virus, ya que las acciones se enfocan en las embarazadas y en “trabajadoras sexuales”.
 
Agrega que “urgen” programas estatales y federales que fortalezcan las acciones preventivas y de atención con una perspectiva de Derechos Humanos de las mujeres.
 
También que en el diseño de las políticas se integre la relación entre la violencia y el aumento de la vulnerabilidad de las mexicanas al VIH, ya que más de la mitad de las mujeres con el virus han sido víctimas de este delito.
 
VIOLENCIA
 
Mino cita el testimonio de Cristina –quien obtuvo el virus por parte de su pareja– para ejemplificar la situación de violencia: “Él era muy agresivo, me violaba; él quería relaciones sexuales por el ano, porque además fue judicial y me platicó que violaba a las personas a las que agarraba”.
 
A las agresiones vividas antes de la detección del virus, se suma la discriminación y estigma con la que tienen que lidiar las mujeres. “La semana pasada fui a hacer una cita a un servicio dental particular, y cuando les dije que tenía VIH no me quisieron atender”, cuenta Niza Picasso, de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH (ICW).
 
Ana Güezmes, directora de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, señala que la educación sexual con enfoque de género es una “deuda pendiente”, que de atenderse ayudaría a prevenir la transmisión de infecciones de transmisión sexual (ITS).

“Un espejismo” las Fiscalías especiales en México

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Anayeli García Martínez

REPORTAJE
“Un espejismo” las Fiscalías especiales en México
Carecen de autonomía y de resultados
 
En un acto de simulación, el Estado mexicano crea fiscalías especiales cuya misión es “investigar” y esclarecer hechos violentos pero en la práctica son instancias carentes de autonomía.
 
Tuvieron su auge en la década de los noventa cuando tras los asesinatos de los políticos priistas Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, y del cardenal  Juan Jesús Posadas Ocampo, se crearon como respuesta al reclamo social que exigía conocer la “verdad” de los hechos.
 
Lo mismo ocurrió para las violaciones graves a derechos humanos como las masacres de Acteal, en Chiapas, donde murieron 45 indígenas en diciembre de 1997, o la de 1995 en Aguas Blancas, Guerrero, donde 17 campesinos fueron asesinados.
 
En 2002, la Procuraduría General de Justicia capitalina anunció la creación de la Fiscalía Especial sobre el caso Digna Ochoa, abogada defensora de derechos humanos, asesinada en octubre de 2001.
 
En el tema Colosio, la Fiscalía determinó que Mario Aburto Martínez, presunto autor material del crimen, actuó solo para asesinar al entonces candidato presidencial; en el de Ruiz Massieu se acusó a la Fiscalía de fabricar pruebas; y en el del Cardenal Posadas Ocampo se concluyó que su asesinato “fue una confusión”, es decir, los sicarios se “equivocaron” de víctima.
 
Sobre Digna Ochoa, la Fiscalía desapareció en 2004, al concluir sus pesquisas y determinar que la abogada “se suicidó”.
 
Otras Fiscalías Especiales son las creadas para “investigar” la violencia contra las mujeres, surgidas ante el recrudecimiento del fenómeno, principalmente durante el sexenio de Vicente Fox en el cual fueron asesinadas 6 mil mujeres y niñas.
 
En respuesta a la demanda de organizaciones feministas que pidieron la creación de una institución especializada para investigar los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, el gobierno federal tomo acciones al respecto.
 
Fue así que en 2003 creó la Agencia Mixta del Ministerio Público en “materia de investigación de delitos de homicidios de mujeres relacionados con delitos federales y de delincuencia organizada”, como resultado del convenio de colaboración entre la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría de Justicia de Chihuahua.
 
Al paso de los años, esta agencia se transformó en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con actos violentos contra las mujeres (Fevim) y en 2008 en Fevimtra, cuya facultad se amplió para investigar el delito de trata de personas.

La Fevimtra, al igual que otras instituciones, nace como fiscalía especial, pero depende de la PGR, que de acuerdo con el reglamento de su Ley Orgánica dice a la letra: “Las fiscalías especiales creadas mediante Acuerdo del Procurador, antes de la entrada en vigor del presente Reglamento, continuarán realizando sus funciones hasta el momento en que concluyan el objeto para el que fueron establecidas”.
 
En el Acuerdo por el que se crea la Fevimtra –dependiente de la oficina del procurador– se establece que ésta tendrá facultades para investigar y perseguir los delitos en la materia, a excepción de aquellos que estén relacionados con la delincuencia organizada o que competan a la federación.
 
En el documento de su creación la Fevimtra tiene carácter de Ministerio Público de la Federación y con ello la obligación de informar de sus actividades al titular de la PGR, es decir, no tiene autonomía.
 
PARA MUESTRA UN BOTÓN
 
La falta de autonomía de las fiscales designadas en la Fevimtra ha quedado evidenciada en casos como los de la periodista Lydia Cacho quien denunció ante esta instancia haber sido víctima de tortura y violencia de género durante su traslado de Cancún a Puebla en su detención en 2005.
 
Pese a las declaraciones de la periodista y pruebas ofrecidas, y a que en ese entonces la Fiscal Alicia Elena Pérez Duarte sostuvo que la investigación tenía el 95 por ciento de “avance” finalmente la Fevimtra concluyó: “será el procurador Daniel Cabeza de Vaca el que definirá si se ejercita o no la acción penal, quién la ejercita y en qué lugar”
 
En el caso de las mujeres violadas por policías de los tres órdenes de gobierno durante los operativos de 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco- cuyo caso ya está en la CIDH- Pérez Duarte aseveró en una entrevista con Cimacnoticias.
 
“Faltaban dos peritajes, que sabía ya estaban listos “y sin haberlos leído son positivos, es decir, hubo tortura” y por tanto, sí se puede consignar en el ámbito federal o se le puede entregar al Estado de México la investigación ya integrada para que el consigne.
 
“Le dejo a Medina Mora todos los elementos para que él pueda, sepa, que está demostrada la tortura y que está listo para consignar”. El caso se cerró y la fiscalía declinó su competencia a la Procuraduría de Justicia del Estado de México.
 
Actualmente la Fevimtra tiene a su cargo la investigación y sanción de los militares responsables de la violación sexual cometida contra las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, ocurrido en 2002 en Guerrero, en acato a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Fevimtra: el reto de resolver caso Inés y Valentina

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Anayeli García Martínez

REPORTAJE 
Fevimtra: el reto de resolver caso Inés y Valentina
Fiscalía no ha garantizado justicia en hechos de violencia
 
En un aparente círculo perverso de injusticia, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), dependiente de la PGR, tiene ahora la obligación de investigar y castigar a los militares responsables de la violación en 2002 de las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, en el estado de Guerrero.
 
Y es que esa fiscalía, cuyos orígenes se remontan al 2003, no logró esclarecer en su momento casos emblemáticos de violencia de género, como la violación de 14 mujeres en San Salvador Atenco y Texcoco, en 2006; o el de las 14 bailarinas agredidas sexualmente, también por militares, en Castaños, Coahuila, en ese mismo año.
 
A la larga lista de investigaciones infructuosas por parte de la Fevimtra, se suman los casos de feminicidio en el predio conocido como Campo Algodonero, y el del cerro del Cristo Negro, ambos en Ciudad Juárez, Chihuahua.
 
BENEFICIO DE LA DUDA
 
Tras nueve años de litigio en México y ante el sistema de justicia interamericano, las indígenas Inés y Valentina lograron que su caso pasara del fuero militar al civil.
 
En octubre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en la agresión sexual contra las dos mujeres tlapanecas.
 
Al considerar que las indagaciones no fueron realizadas con la debida diligencia ni en el fuero adecuado, la Corte ordenó “conducir eficazmente la investigación penal” de ambos casos.
 
El pasado 7 de abril Inés y Valentina solicitaron formalmente a la Secretaría de Gobernación la instalación de una mesa de trabajo para abordar sus casos.
 
Tres meses después, el 28 de julio, las indígenas acudieron ante la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) y la PGR para solicitar formalmente que sus expedientes se remitieran a una instancia civil, tal y como ordenó la CoIDH.
 
El pasado 12 de agosto la PGJM notificó formalmente que las averiguaciones fueron remitidas a la PGR, instancia que a su vez la remitió a la Fevimtra.
 
Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y quien da seguimiento a los casos, explica que hasta el 15 de septiembre pasado fue informado de que los expedientes se turnaron a la Fevimtra, cuya titular, Angélica Herrera Rivero, fue designada luego de que Sara Irene Herrerías pasó a encabezar recientemente la Procuraduría Social para Atención a Víctimas del Delito.
 
El defensor de Inés y Valentina señala que el coordinador general técnico de Fevimtra, José Antonio Pérez Bravo, dijo que la agente del MP Lourdes Palacios estará a cargo de los casos.
 
“Nosotros lo que estamos enfatizando es que los casos serán una prueba idónea para que la Fevimtra demuestre si es cierto que efectivamente incorporó estándares de investigación adecuados y una perspectiva de género en la investigación de delitos sexuales”, advierte Aguirre.
 
HISTORIA DE INCUMPLIMIENTOS
 
La Fevimtra fue creada para investigar y perseguir los delitos federales cometidos contra las mujeres. Surgió a raíz de la demanda de organizaciones civiles para que se esclarecieran los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
 
Aunque toma su nombre como tal en 2008, desde 2003 se creó la Fiscalía Especial Mixta para la Atención de Homicidios de Mujeres, que al año siguiente se transformó en la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.
 
En 2005 la institución amplio su campo de trabajo y se transformó en la Fiscalía Especial en la Atención de Delitos Violentos Contra las Mujeres, misma que en 2006 se nombraría como Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos relacionados con actos violentos contra las mujeres (Fevim).
 
El 31 de enero de 2008 la Fevim se convirtió en Fevimtra, y ahora tiene la facultad de investigar el delito de trata de personas.
 
Como Fevim, la instancia de PGR atrajo el caso de la violación sexual de 14 mujeres de Atenco que fueron agredidas durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006.
 
Sin embargo la fiscalía tuvo durante tres años el caso en la congeladora, y ya como Fevimtra en 2009 declinó su competencia a favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), con el argumento de que los probables responsables eran agentes estatales y por tanto correspondía a las autoridades locales investigar los hechos.
 
La Fevimtra consideró que las mujeres de Atenco sí fueron víctimas de tortura sexual, pero no consignó a los responsables a pesar de contar con todas las pruebas. El expediente está ahora en manos de la PGJEM y sin avance alguno. Este caso recientemente fue aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
Lo mismo pasó con el caso Castaños, referente a la violación por parte de militares de 14 bailarinas en condiciones de explotación sexual comercial, de los centros nocturnos El Pérsico y Las Playas, en esa localidad de Coahuila en 2006.
 
En ese asunto, la Sedena declinó su competencia en las investigaciones y la Fevimtra sólo ofreció terapias psicológicas y no atrajo el caso por considerar que era del ámbito estatal.
 
En los casos Campo Algodonero, donde fueron encontrados los cadáveres de ocho mujeres en 2001, y del Cristo Negro, donde seis mujeres fueron asesinadas entre 2002 y 2003, la Fevimtra declinó su competencia a la Procuraduría de Chihuahua porque –aseguró– no había delitos del ámbito federal que perseguir.

Estado impone maternidad a niñas víctimas de violación

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Guadalupe Cruz Jaimes

CAMPAÑA PERIODISTAS DE MESOAMÉRICA A FAVOR DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Estado impone maternidad a niñas víctimas de violación
Autoridades transgreden norma contra violencia sexual

México, DF, 20 nov 11 (CIMAC).- El Estado mexicano ha fallado en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes, y ejemplo de ello es la imposición de la maternidad en menores de edad víctimas de violación.
 
Así lo señaló Nashieli Ramírez, directora de Ririki Intervención Social, quien lamentó que este 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos de las Niñas y Niños, esta población tiene “poco que festejar”.
 
La especialista en infancia expresó su preocupación porque “autoritariamente” las autoridades imponen “sus valores y creencias” por encima del bienestar de las niñas y adolescentes.
 
Además de que no proporcionan la información y servicios para que las adolescentes ejerzan una sexualidad sin riesgos de tener un embarazo no deseado y contraer infecciones de transmisión sexual (ITS), “hace víctimas para toda su vida a las sobrevivientes de una violación sexual” al obligarlas a llevar a término un embarazo producto de esa violencia.
 
Debido al “conservadurismo” de servidores públicos, casos como el de Paulina, la niña agredida sexualmente en 1999 y a quien las autoridades de Baja California le negaron su derecho al aborto legal, se siguen repitiendo en el país.
 
En abril de 2010 autoridades de Quintana Roo impidieron el acceso a servicios de aborto legal a una niña de 9 años de edad, violada sexualmente por su padrastro, en Robirosa, una comunidad rural del sur de ese estado.
 
Elsa Conde, ex legisladora e integrante del Pacto nacional por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres, denunció que después de Paulina, “hay varios casos semejantes, en los que se observa que las autoridades que deberían velar por sus derechos como el DIF, secuestran a las niñas y adolescentes para que concluyan sus embarazos”, producto de una violación sexual.
 
Nashieli Ramírez indicó que en el país 5 por ciento de la gama de violencia en contra de las y los menores de 18 años de edad, corresponde a abuso sexual. El porcentaje es mínimo en comparación con la magnitud del problema, el cual poco se denuncia.
 
Ello se debe a que en 8 de cada 10 casos la violencia sexual contra niñas es cometida por miembros de la familia, “por padrastros, tíos” y “las familias se vuelven cómplices del delito y no lo denuncian”, éste es otro obstáculo para que las menores de edad tengan acceso a la justicia.
 
Cuando los casos son denunciados, además de sancionar penalmente al agresor, las niñas y adolescentes deben recibir la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE) y tratamiento de profilaxis para evitar el contagio de ITS.
 
Si las sobrevivientes de violación sexual están embarazadas el Ministerio Público está obligado a informarles que tiene acceso a servicios de aborto legal, que el personal de salud debe brindar conforme a la Norma Oficial Mexicana (NOM-046) Violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
 
Sin embargo, en los hechos la obligatoriedad de la norma no es asumida por los administradores de justicia y el personal de salud, debido a la falta de difusión de la 046 y a las “resistencias personales” de los funcionarios, acusó Elsa Conde.
 
La ex legisladora denunció que otra barrera para su aplicación es que las mujeres adultas y menores de edad también desconocen la obligatoriedad de la norma. Para remediar la situación, la Secretaría de Salud (Ss) debe iniciar una amplía difusión entre prestadores de servicios y las usuarias.
 
Al tiempo, deben establecer sanciones a quienes incumplan los lineamientos de la NOM-046, pues, dijo, ésta se creó para evitar que las sobrevivientes de violación sexual sufran una doble victimización, porque además de afrontar las consecuencias del delito enfrentan a las autoridades que por cuestiones ideológicas pretenden imponerles la maternidad, aunque se ponga en riesgo su salud y su vida.
 
Raffaela Schiavon, directora de Ipas México, informó que las niñas y adolescentes corren un 60 por ciento de riesgo adicional de sufrir una muerte materna (MM) que las embarazadas en edad adulta.
 
La interrupción legal del embarazo, sobre todo en las primeras 12 semanas, “es un procedimiento más seguro que permitir que niñas y adolescentes lleven a término un embarazo”, para salvaguardar su salud física y mental.
 
El embarazo a edades tempranas pone en peligro la vida de la niña o adolescente, ellas suelen sufrir trastornos hipertensivos: eclampsia y preeclampsia, principales causas de MM, independientemente de la calidad de la atención médica que reciban.
 
La información oficial da cuenta de esa realidad, ya que en el país 24 por ciento de todas las hospitalizaciones de niñas de 10 a 14 años de edad se debieron a causas relacionadas con embarazo, aborto, parto o puerperio, padecimientos por los que 88 por ciento de las adolescentes de entre 15 a 19 años de edad fueron hospitalizadas.
 
La mortalidad en las adolescentes por causas maternas representa el 5.6 por ciento de las defunciones registradas en este grupo de edad, “está después de las causas de muerte violentas y antes de cualquier enfermedad”.
 
Los datos, concluyó Schiavon, ponen en evidencia la magnitud de la responsabilidad que el Estado debe asumir para atender la salud sexual de niñas y adolescentes.

“Al Estado no le importan las mujeres”

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Anayeli García Martínez

ENTREVISTA
“Al Estado no le importan las mujeres”
Lo demuestran la impunidad y falta de justicia: Fiscal Castresana
 
El fiscal especial Anticorrupción de España, Carlos Castresana, advierte que desde 2003, cuando la ONU emitió diversas recomendaciones para investigar los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, la situación no ha cambiado y el problema persiste.
 
En entrevista, el abogado penalista sostiene que la tipificación del feminicidio y la creación de fiscalías especiales son insuficientes para abatir el flagelo: “Los resultados no terminan de llegar o no llegan con la celeridad y con la contundencia que se necesita. Algo está faltando”.
 
Castresana, quien en 2003 fue parte de la comisión nombrada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para diagnosticar por qué las investigaciones sobre feminicidio en Juárez no tenían resultados, lamenta que la impunidad prevalezca.
 
De visita en México para participar en un seminario sobre justicia y género, el experto asegura que en el combate al feminicidio faltan herramientas legales y operativas en el ámbito transnacional.
 
Hace ocho años el gobierno federal solicitó a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que enviara un equipo de expertos para diagnosticar por qué fracasaban las indagaciones sobre los asesinatos de mujeres.
 
En ese entonces, Edgardo Buscaglia, Stanley Pimentel y Carlos Castresana, entrevistaron a policías, fiscales, jueces y secretarios de Estado. Analizaron averiguaciones previas, sentencias y juicios sobre casos de crímenes por razones de género.
 
Tras la investigación los expertos realizaron un informe que –a decir del especialista en Derechos Humanos– reveló que los funcionarios no estaban investigando, no sabían cómo hacerlo o solapaban los crímenes. “Reflejaba que lo estaban haciendo muy mal”, critica.
 
Estos hallazgos no sorprendieron porque era algo que ellos ya sabían antes de llegar a México, porque “si no hay condenas a las personas responsables y no se consigue reducir el fenómeno de la violencia quiere decir que algo se está haciendo mal”, apunta el fiscal español.
 
Luego de comprobar la falta de especialización, los expertos de la ONU hicieron recomendaciones en las áreas de investigación policial, técnica forense, y procuración y administración de justicia.
 
Más tarde, en 2009, Castresana participó como perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para analizar el feminicidio de Laura Berenice, Claudia Ivette y Esmeralda, tres jóvenes asesinadas en 2001 en Ciudad Juárez.
 
El fiscal anticorrupción recuerda: “En 2003 la primera mirada fue más amplia porque vi todos los casos; en 2009 solo vi el Campo Algodonero y, desgraciadamente, no hubo ningún progreso (en materia de justicia)”.
 
Explica que en este caso los victimarios eran parte de las autoridades o estaban protegidos por las autoridades, y señaló que sólo así se entiende que los cuerpos fueran arrojados en un predio rodeado por avenidas principales, centros comerciales y maquilas. 
 
En noviembre de 2009 estos casos de feminicidio le valieron al Estado mexicano una sentencia de la CoIDH, por su responsabilidad en la deficiente actuación de las autoridades judiciales.
 
“Parece que no hay grandes progresos. Algunas cosas sí se han mejorado, pero el problema es la falta de resultados”, abunda Castresana.
 
De acuerdo con una investigación del Colegio de la Frontera Norte, de 1993 a 2007 el promedio anual de mujeres asesinadas en la ciudad fronteriza era de 33, pero de 2008 a 2010 se incrementó a 212 asesinatos por año.
 
El fiscal advierte: “Las organizaciones de mujeres tienen que ser capaces de crear, primero, la conciencia social y, luego, generar la voluntad política que ahora está ausente”.
 
“Aprobar las leyes es muy fácil, es más o menos fácil, lo que es muy difícil es implementarlas porque la implementación cuesta mucho dinero”, abunda.
 
El también impulsor de juicios contra militares argentinos y contra el dictador chileno Augusto Pinochet, agrega que los gobiernos siempre tienen prioridades, pero nunca tienen que ver con los derechos de las mujeres.
 
“Son otras (prioridades) las que en gran política importan más. El deber de los grupos de Derechos Humanos es ponerlos en la agenda y, de alguna manera, obligar a que los DH importen”.
 
Castresana cuenta que en 2003 la impunidad era una mezcla de factores: “No sólo una causa, pero todas ellas puestas juntas eran las que causan decenas o centenas de muertes de mujeres, y no había sentencias condenatorias, y las dos o tres sentencias que había eran claramente con pruebas prefabricadas”.
 
Para el experto, el feminicidio se debe comparar con el narcotráfico y sostiene que la falta de resultados que se vive en México también ocurre en otros  países.
 
“El problema no es sólo de México, es epidémico, es en toda la región, en toda América Latina, y desde luego en ese corredor que va desde Colombia hasta Estados Unidos”.
 
Concluye: “El problema es transnacional y en ese sentido hay que leer la sentencia (de la CoIDH). La sentencia impone obligaciones concretas a México porque en este caso el debate era de una situación que se había producido en México, pero las políticas criminales que hay que implementar son para toda la región”.

Hacedoras de la Historia:Olga Sánchez Cordero

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Erika Cervantes

COLUMNA 
Hacedoras de la Historia
Olga Sánchez Cordero
 
En el reciente debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las acciones de inconstitucionalidad contra las reformas en Baja California (BC) y San Luis Potosí (SLP) que “protegen la vida desde la concepción”, la ministra Olga Sánchez Cordero fue la voz femenina que defendió –una vez más– los derechos de las mujeres.
 
Con argumentos jurídicos contundentes, la ministra advirtió que las reformas a las constituciones en esos estados podrían restringir el acceso a métodos anticonceptivos que las autoridades sanitarias consideren abortivos, y con ello limitar la garantía individual estipulada en el artículo cuarto de la Carta Magna que protege el derecho de las mexicanas a decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijas e hijos.
 
Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de  México UNAM, Sánchez Cordero se ha desempeñado en diversos cargos de la administración pública, entre los que destacan ser la primera mujer notaria pública del Distrito Federal y la novena mujer en ocupar un lugar en el pleno de la SCJN.
 
Su formación de jurista la ha llevado a participar como magistrada numeraria en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de marzo de 1993 a enero de 1995. Como notaria pública en 1995, fue designada ministra de la Suprema Corte.
 
Ha contribuido a la formación de las nuevas generaciones de profesionistas mexicanos en diversas instituciones como la UNAM, el Colegio Francés y el Colegio Alemán.
 
Autora de alrededor de 40 libros, Olga ha dedicado al menos seis de sus obras al estudio de los derechos de las mexicanas.
 
Reconocida por su trabajo, la ministra Sánchez Cordero ha recibido dos doctorados Honoris Causa por las universidades autónomas de Morelos y Nuevo León; y galardones como el Clara Zetkin, Mujeres que hacen la diferencia, Mujeres contribuyendo por México, presea Flama, Vida y Mujer, y la Mujer del año 2004, entre otros.
 
Olga Sánchez Cordero también abogó por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo en 2007, cuando la SCJN desechó la controversia constitucional promovida por la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, contra la reforma que despenaliza el aborto en la Ciudad de México.
 
En el caso del debate sobre las reformas en BC y SLP, la ministra señaló que si bien los estados de la República pueden ampliar los derechos fundamentales, no pueden restringirlos, como es el caso de los derechos sexuales y reproductivos de la población femenina.
 
Olga consideró que esas legislaciones provocan incertidumbre a las mujeres que recurren a métodos anticonceptivos, porque habrá ocasiones en el que el dispositivo intrauterino (DIU) y la anticoncepción de emergencia (PAE) inhiban la fecundación, y habrá otras en que sean inhibitorias de la implantación y en consecuencia pudiera considerarse que privan la vida de otro.

Sánchez Cordero nace en la Ciudad de México y nos hereda a las mexicanas su trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres y el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. 

*Periodista y fotógrafa mexicana. Integrante de la Red Nacional de Periodistas.

Descuentos millonarios para la salud de las mujeres

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Guadalupe Cruz Jaimes

REPORTAJE
Descuentos millonarios para la salud de las mujeres
Ante recortes de Calderón, OSC llevan propuesta a diputadas

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2012, que presentó el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, disminuye en 64 por ciento los recursos etiquetados para atender la salud sexual y reproductiva de las adolescentes.
 
Felipe Calderón también pasó la tijera a programas para combatir la muerte materna (MM) y hacer frente al incremento de los casos de VIH-Sida entre las mexicanas.
 
De aprobarse esos recortes en próximos días, cuando la Cámara de Diputados comience la discusión del Presupuesto 2012, se afectaría “gravemente” a la población femenina, alertan organizaciones de la sociedad civil (OSC).
 
SITUACIÓN CRÍTICA
 
En materia de salud de las mujeres se mantienen pendientes que requieren de recursos suficientes para afrontarlos de manera adecuada, advierten activistas.
 
Ponen como ejemplo que mientras el promedio nacional de cobertura anticonceptiva en mujeres unidas es de 72.5, para las menores de 20 años de edad es de sólo 44.7 por ciento.
 
La necesidad insatisfecha de anticonceptivos (NIA) en adolescentes es de 24.6 por ciento, superior a la media en el país, que se sitúa en 9.8 por ciento. Este indicador sólo se redujo 2.1 por ciento de 1997 a 2009, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica.
 
La baja cobertura anticonceptiva se traduce en el aumento de embarazos en las adolescentes mexicanas.
 
La proporción de nacimientos en menores de 20 años de edad registrados en el sistema nacional de salud creció de 17.2 por ciento en 2006 a 18.4 por ciento en 2009.
 
Mientras que sólo en la Secretaría de Salud (Ss) los alumbramientos reportados en ese grupo de edad aumentaron de 25.6 por ciento a 27.7, de acuerdo con Ipas-México.
 
El hecho es preocupante porque embarazarse a edades tempranas, además de limitar las oportunidades de desarrollo de las mujeres, aumenta 60 por ciento el riesgo de que mueran por causas relacionadas al embarazo, parto o puerperio, apunta Esperanza Delgado, responsable de la Unidad de Evaluación e Incidencia Política en Mexfam.
 
En tanto, la razón de muerte materna (RMM) es de 53.5 decesos de mujeres por cada 100 mil nacidos vivos, muy por arriba de la meta planteada en los Objetivos del Desarrollo del Milenio, según los cuales para el 2015 la cifra de fallecimientos tendría que reducirse a 22 por cada 100 mil nacidos vivos. Una meta que no se va alcanzar, según ha reconocido la propia Ss.
 
En 2010 se registraron mil 30 muertes de mexicanas por padecimientos vinculados al embarazo, parto y puerperio, sólo 136 fallecimientos menos que los reportados en 2006, según datos oficiales.
 
En materia de VIH-Sida hay un incremento “paulatino y continuo” de mujeres con el padecimiento, observa Tamil Kendall, asesora de VIH en la organización Balance. Según cálculos de la ONU en México hay 60 mil mujeres con el virus y la mayoría de ellas desconoce su diagnóstico.
 
MENOS DINERO
 
Ante la disminución de recursos para programas de salud sexual y reproductiva, la Coalición por la Salud de las Mujeres demanda una ampliación presupuestal y propone montos mínimos que deben sumarse a los propuestos por Calderón en el PPEF 2012.
 
En el caso de MM, el Ejecutivo federal restó 21.5 por ciento de los recursos aprobados para 2011 en el rubro Reducción de la muerte materna, a pesar de que persisten “serias dificultades” para abatir la problemática, denunció Lina Rosa Berrio, directora de Kinal Antzetik.
 
Al programa Prevención y atención de VIH-Sida y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) en mujeres se le disminuyó el presupuesto en 32.61 por ciento.
 
Daniela Díaz, investigadora del área de Presupuestos y políticas públicas de Fundar Centro de Análisis e Investigación, señala que para el rubro Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud (reducido en 64.47 por ciento) deben sumarse al menos 200 millones de pesos (mdp).
 
Esa partida pasó de mil 401 mdp aprobados por la Cámara de Diputados en 2010 a tan sólo 497 mdp. La disminución afecta los programas de planificación familiar (PF) y de atención a la salud sexual y reproductiva de adolescentes.
 
Esperanza Delgado detalla que de los 200 mdp solicitados, proponen que 150 mdp se destinen a PF y 50 mdp al fortalecimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva.
 
Con el recorte al combate de la MM el recurso pasaría de 308 mdp a 242 mdp, los cuales son insuficientes para atender el problema, sobre todo porque para 2012 la estrategia de disminución de decesos de mujeres por esa causa se ampliará de los 10 estados donde se concentra el fenómeno a las 32 entidades federativas.
 
Las OSC proponen como mínimo 150 mdp adicionales para ese fin, aclara Lina Berrio.
 
Para subsanar la reducción de fondos en la atención de VIH en mujeres las activistas dicen que se requiere un aumento mínimo de 19.2 mdp, toda vez que los programas para atender y prevenir la propagación del virus se concentran en poblaciones con prevalencia más alta, como los hombres que tienen sexo con hombres.
 
La propuesta de ampliación presupuestal fue acogida por la Comisión de Equidad y Género de la Cámara, la cual a su vez ya la entregó a la Comisión de Presupuesto para su análisis en la definición del PEF 2012, informa la diputada del PRD Teresa Incháustegui.

Cejil exige que Estado mexicano reabra el caso

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:la Redacción

ESPECIAL DIGNA OCHOA
Cejil exige que Estado mexicano reabra el caso
Asesinato de Digna dio pie a más agresiones contra activistas
 
México, DF, 19 oct 11 (CIMAC).- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) lamentó hoy que a 10 años de distancia, el Estado mexicano mantenga en la impunidad el asesinato de la defensora de Derechos Humanos (DH) Digna Ochoa y Plácido.
 
En un comunicado, Cejil advirtió que este caso refleja la desprotección en la que se encuentran las y los defensores de DH en el país, toda vez que decenas de activistas han sufrido amenazas, agresiones y asesinatos a consecuencia de su labor.
 
“Expresamos nuevamente nuestra condolencias a la familia de Digna; ella fue una abogada que asumió con valentía causas de Derechos Humanos que la pusieron en riesgo; con su asesinato se perdió una voz de apoyo a muchas personas que sufrieron violaciones a sus derechos”, dijo Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de Cejil.
 
Desde hace 10 años, el caso se encuentra en trámite en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y aún no se ha decidido sobre su admisibilidad a pesar de múltiples peticiones de organizaciones civiles para tratar el caso en una audiencia de la CIDH.
 
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), después de un largo proceso y con una investigación poco diligente del hecho, archivó finalmente el caso el pasado 9 de septiembre.
 
Krsticevic refirió que la impunidad derivada de la falta de investigación diligente de este crimen ha alentado un clima de hostigamiento en México.
 
“El Estado debe comprometerse firmemente en la búsqueda de justicia con respecto del homicidio de Digna Ochoa, así como en la implementación de una política que permita que otras personas que defienden los Derechos Humanos no sean intimidadas o silenciadas en su trabajo”, argumentó.
 
Cejil exhortó al Estado mexicano para que independientemente del proceso ante la CIDH, reabra el caso y lo investigue seriamente,  para que se dé con los responsables del hecho. Asimismo instó a la CIDH a que avance rápido en el trámite respectivo.
 
También insistió en la importancia de que México adopte de forma efectiva –en consenso con organizaciones de la sociedad civil– un mecanismo institucional adecuado para la protección de las y los defensores de DH, que contemple además la investigación de los ataques que sufren.
 
Cejil recordó que Digna Ochoa fue víctima de amenazas, hostigamiento y agresiones físicas, por lo que la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) le otorgaron medidas cautelares.
 
La abogada fue asesinada el 19 de octubre del 2001 en su oficina en la Ciudad de México, dos meses después de que le fueran levantadas las medidas cautelares por parte de la CoIDH.

SRE pretende que la CIDH entierre caso Digna Ochoa

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Anayeli García Martínez

ESPECIAL DIGNA OCHOA
SRE pretende que la CIDH entierre caso Digna Ochoa
Defensora acusa que la cancillería avala tesis de “suicidio”
 
México, DF, 19 oct 11(CIMAC).- Defensoras y defensores de las garantías humanitarias lanzaron hoy una campaña para solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que admita para su revisión el caso Digna Ochoa y Plácido –quien fue encontrada sin vida hace 10 años–, y condene al Estado mexicano por supuestas irregularidades en las indagaciones de lo que consideran fue un asesinato.
 
El abogado de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), David Peña Rodríguez, afirmó que aunque la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) cerró y archivó el caso al concluir que la defensora de Derechos Humanos “se suicidó”, el asunto sigue impune, por lo que se solicitará la intervención de la CIDH, mecanismo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
 
Durante el foro “Digna Ochoa: En su memoria, por la justicia, con la verdad”, que se realizó en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Peña invitó a la sociedad civil a sumarse a esta petición para que se esclarezca la verdad de los hechos.
 
El integrante de la ANAD explicó que la familia de Digna seguirá exigiendo justicia, y recordó que la CIDH abrió una investigación de oficio en 2002 cuando envió a peritos expertos a México para dar seguimiento a las investigaciones, pero hasta así se limitó la intervención del organismo interamericano.
 
David Peña recalcó que se exigirá ante la justicia internacional que el homicidio de Ochoa no quede impune, pues este es un ejemplo más de la violencia que viven las y los defensores de Derechos Humanos (DH) en todo el país. Adelantó que en breve se abrirá una página web para recopilar firmas de apoyo a una misiva que se enviará a la CIDH.
 
La abogada de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y de otras organizaciones feministas, Karla Michel Salas dijo que las y los defensores de DH saben que luego de que el pasado 9 de septiembre la PGJDF reiteró que el caso Digna Ochoa está cerrado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una comunicación a la CIDH para pedirle que también archive el caso.
 
Michel Salas abundó que la SRE exhortó al organismo internacional a dejar de conocer el caso al considerar que las instancias mexicanas de justicia concluyeron que no se cometió un crimen, por lo que no hubo violaciones a los DH.
 
Pese a ello, la abogada remarcó que las y los activistas insistirán para que la CIDH admita este caso que consideró “emblemático”, porque podría mostrar la vulnerabilidad de las y los defensores y obligar al Estado mexicano a implementar un mecanismo eficaz de protección.
 
“Digna nació para cambiar el mundo, para cambiar este sistema”, señaló, y agregó que este cambio vendrá cuando se garantice que defensoras y defensores podrán realizar su trabajo con la certidumbre de que sus vidas no correrán peligro.
 
Los hermanos de Digna, Jesús Ochoa y Elia Ochoa, y su amigo Lamberto González, aseguraron que el recuerdo de la defensora, la abogada, la mujer, la amiga y la hermana sigue vivo y presente.
 
Jesús Ochoa, quien fue coadyuvante en el caso, dijo estar decepcionado por las resoluciones de la PGJDF. “Pudo más el poder político que aplicar la justicia”, criticó.
 
Expresó que Digna quiso conseguir justicia y el respeto a los DH sin medir las consecuencias. “Tocó intereses muy fuertes”, sin embargo explicó que para él y su familia ella está presente y es la inspiración para seguir adelante.
 
Elia Ochoa y el también abogado Lamberto González señalaron que hasta ahora “se está ocultando la verdad sobre su muerte”. Para el colega de Digna, aún siguen las dudas sobre quién la mató, por qué lo hizo y por qué las autoridades quieren esconder la verdad. “Reclamamos y exigimos que se aclaren las condiciones del asesinato, porque consideramos que tenemos el derecho a ello”, demandó.
 
Previo al foro se proyectó un video en homenaje a Digna Ochoa, producido por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), en el cual la familia Ochoa y Plácido da cuenta de la lucha por la justicia que ha llevado durante estos 10 años.