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Quedan pendientes reformas a favor de las mujeres

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Anayeli García Martínez

REPORTAJE
Quedan pendientes reformas a favor de las mujeres
Poca productividad en iniciativas de género

Las legisladoras federales salientes culminan su labor parlamentaria con serios pendientes en materia de género y Derechos Humanos de las mexicanas.
 
La falta de liderazgos políticos, la nula capacidad de negociación y los enfrentamientos entre bancadas desembocaron en un pésimo desempeño de las salientes diputadas y senadoras en materia de género.
 
Aunque la 61 Legislatura del Congreso de la Unión –que concluye el próximo 31 de agosto– logró reformas cruciales en beneficio de las mexicanas, en los hechos brilló por su ausencia una agenda de género.
 
En 2009 grupos civiles y feministas firmaron un pacto con las entonces diputadas electas a fin de comprometerse a trabajar en cuatro áreas prioritarias: Estado laico, paridad de género en candidaturas, Derechos Humanos (DH) y transversalidad de la perspectiva de género.
 
A tres años de distancia, Martha Juárez, integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad –una de las organizaciones que promovió el acuerdo por la igualdad– afirma que si bien hubo avances, quedaron muchos pendientes.
 
Un reporte elaborado por el IFE destaca que desde el inicio de la actual Legislatura hasta el pasado mes de junio, se presentaron 41  iniciativas a favor de la equidad de género en diversos rubros.
 
De esas propuestas, 36 se presentaron en los tres años de la actual Cámara de Diputados y cinco en el Senado (aquí cabe acotar que la saliente Cámara alta entró en funciones en 2006). La mayoría de las iniciativas se refieren a reformas a las leyes contra la violencia de género y contra la discriminación.
 
Juárez enumera tres grandes reformas que logró la saliente Legislatura federal: la constitucional en materia de DH, la tipificación del feminicidio, y la ley contra la trata de personas.
 
También destaca las reformas a la Ley de Planeación para Promover el Acceso Equitativo a los Bienes, Recursos y Beneficios del Desarrollo, y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para garantizar que el presupuesto etiquetado para las mujeres no sea regresivo.
 
La activista observa que pese a estos logros, las legisladoras invirtieron mucho tiempo para frenar iniciativas conservadoras que atentaban contra los derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas.
 
Según el reporte del IFE, la bancada del PAN presentó el mayor número de iniciativas de género (14), la mayoría de ellas se enfocó al embarazo y la maternidad responsable.
 
Alejandra Rojas, asesora parlamentaria e integrante de la Red Mujeres en Plural, sostiene que la falta de liderazgo de las legisladoras, su poca capacidad de negociación, y la nula colaboración entre bancadas fueron factores claves para que la Legislatura no avanzara en temas de género.
 
En el reporte “Trabajo legislativo de las diputadas en la LXI Legislatura”, elaborado por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) de la Cámara baja, se enumeran 16 reformas trascendentes en beneficio de la población femenina.
 
Para Rojas, la mayoría de estas leyes y reformas no fueron fruto del trabajo de las mujeres, ya que muchas mostraron desinterés por la agenda de género y se distinguieron por buscar el botín económico o político.
 
Información parlamentaria señala que la única reforma de consenso a favor de las mujeres fue la tipificación del delito de feminicidio en el Código Penal Federal.
 
El resto de las iniciativas –agrega la asesora– no fue apoyado por todas las legisladoras. El Congreso se caracterizó por la desarticulación y la falta de convicción de sus integrantes femeninas, critica.
 
SIN LIDERAZGOS
 
A las mujeres que ocupan puestos de decisión les cuesta trabajo asumirse a sí mismas como líderes, lo que se refleja en su desempeño en el Congreso, advierte la analista política Solange Márquez.
 
En el análisis “Participación política de la mujer, una evaluación cualitativa de las diputadas en México”, la politóloga afirma que las mujeres tienen una participación aún escasa en los temas sustantivos de las agendas parlamentarias.
 
La presión social y política orilla a las legisladoras a participar en  temas “destinados a ellas” como la niñez, los adultos mayores y discapacitados, y las cuestiones de género, y las excluye de otros asuntos como los laborales, económicos, hacendarios o financieros.
 
Por tanto lo que se debe buscar es que las mujeres dejen de tener una presencia meramente testimonial, y se conviertan en representantes líderes, se afirma en el estudio.
 
Las expertas coinciden en que al nuevo Congreso, conformado por más de un tercio de mujeres, le quedan reformas pendientes en materia de presupuesto etiquetado, participación política, salud sexual y reproductiva, y fiscalización de los programas de género.

Panorama desolador en derechos reproductivos para indígenas

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Guadalupe Cruz, Patricia Chandomí, Citlalli López, Aída Suárez y Rosario García

CAMPAÑA PERIODISTAS POR EL RESPETO A LOS DSyR DE LA JUVENTUD
Panorama desolador en derechos reproductivos para indígenas
Carecen de información y son presa de embarazos e ITS
 
México, DF, 10 ago 12 (CIMAC).- Al desconocer su propio cuerpo, así como sus derechos sexuales y reproductivos, las mujeres de zonas rurales e indígenas inician a edades muy tempranas su primera relación sexual, y por tanto asumen la maternidad y la vida en pareja desde muy jóvenes.
 
A lo anterior se suma que las adolescentes y las jóvenes del medio rural ejercen su sexualidad con miedos y tabúes, coinciden especialistas.
 
Libni Iracema Dircio, experta en derechos sexuales y reproductivos del estado de Guerrero, explica que quienes viven en esas zonas desconocen sus derechos sexuales y reproductivos, por lo que las mujeres no tienen control sobre su cuerpo.
 
En consecuencia, abunda, son las parejas (esposos o novios) quienes deciden por ellas: “Muchas veces ni siquiera las dejan usar anticonceptivos, por lo que tampoco existe un cuidado en su salud reproductiva”.
 
En las comunidades indígenas donde incluso se dan matrimonios desde los 12 años de edad, persisten usos y costumbres que consideran pecado tocar el cuerpo o que las mujeres acudan a revisión médica.
 
La religión es otro factor profundamente arraigado en esas comunidades, donde la población es fiel a la doctrina de la Iglesia católica, representada por los curas que satanizan las relaciones sexuales fuera del matrimonio, el uso de anticonceptivos y el aborto.
 
Todo ello dificulta que adolescentes y jóvenes conozcan y ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos, lo que incide en altas tasas de embarazos en adolescentes, puntualiza Dircio.
 
DISCRIMINACIÓN EN EL DF
 
Aunque en el DF la mayoría de las adolescentes y jóvenes rurales e indígenas que están en el sistema escolar conocen los métodos para evitar un embarazo no planeado o una infección de transmisión sexual (ITS), muchas no los utilizan, pues saber que existen no es suficiente para usarlos, explica a Cimacnoticias Alexis Hernández, coordinador del Programa de Jóvenes de Ipas México.
 
Pese a que en la Ciudad de México hay una política pública favorable al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, estas jóvenes afrontan “barreras difíciles de superar”, como la falta de servicios en su lengua, la discriminación, una precaria situación económica, y una menor escolaridad que la población urbana.
 
Si bien los servicios de salud son gratuitos en la capital, “el factor económico sigue siendo un obstáculo” para las poblaciones más desfavorecidas, pues tienen que costear el traslado a las unidades médicas y los alimentos.
 
Si para las que se encuentran en el DF el panorama es difícil para quienes viven en los estados del sur del país es más desolador.
 
GUERRERO, SIN POLÍTICA DE SALUD SEXUAL
 
En el caso de Guerrero, de acuerdo con Libni Dircio, en las comunidades de Tlacoapa y Acatepec, en la región de la Montaña, su población es principalmente de madres adolescentes solteras, pues llevan sus embarazos a término por temor a interrumpirlos.
 
Actualmente no hay una política de salud sexual y reproductiva y en las escuelas de la entidad el tema no se aborda, ya que está pendiente la firma de un convenio entre las secretarías de Salud y Educación para impartir educación sexual a adolescentes y jóvenes.
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en esta entidad, hasta 2010, había 900 mil 690 habitantes entre 15 y 29 años de edad, lo que representa 26.6 por ciento de la población total.
 
HIDALGO: PARAÍSO DE EMBARAZOS TEMPRANOS
 
La juventud hidalguense, conformada en el 51.5 por ciento por mujeres de 12 a 29 años, desconoce en gran medida sus derechos sexuales y reproductivos, pero eso no significa que no ejerzan su sexualidad, apuntan Bertha Miranda, representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser-Hidalgo), y Guillermo Peredo, director del Instituto Hidalguense de la Juventud (IHJ).
 
Miranda señala que las instituciones de Salud siguen sin garantizar la salud sexual por entrega insuficiente de métodos anticonceptivos, falta de presupuesto, estigmas de servidores de salud y desconocimiento de las Normas Oficiales NOM 005-SSA2-1993, de los Servicios de Planificación Familiar, y la NOM-046-SSA2-2005, de atención a la violencia sexual e intrafamiliar.
 
Para el director del IHJ, las y los jóvenes viven su sexualidad con mucha apertura, tienen su primera experiencia sexual entre los 10 y 12 años, pero con desconocimiento de su cuerpo y las respectivas consecuencias.
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009 (Enadid), entre 2006 y 2008 el 15.7 por ciento de las madres jóvenes tenía entre 15 y 19 años, lo que puso en peligro su vida y la del producto.
 
DESABASTO DE ANTICONCEPTIVOS EN CHIAPAS
 
La Red de Salud Latinoamericana, el Colectivo contra la Violencia Familiar, el Colectivo Feminista Mercedes Olivera y la Ddeser-Chiapas, explican que de acuerdo con sus investigaciones y con base en información de la Secretaría de Salud (Ss) del estado, existe un desabasto de métodos anticonceptivos del 80 por ciento.
 
En 2011 el Consejo Nacional de Población reportó que el estado figuraba entre las ocho entidades con mayor desabasto de anticonceptivos. La situación en materia de derechos sexuales y reproductivos en Chiapas es tan penosa, que ni siquiera funciona el Comité de Salud Sexual y Adolescente de la Ss.
 
Además el programa de servicios amigables para el adolescente funciona con deficiencias en los respectivos centros de salud. Por ello las organizaciones realizaron un diagnóstico de estos servicios con usuarios jóvenes que simulaban necesitar información sobre la prevención del VIH, embarazos adolescentes y anticonceptivos.
 
OAXACA: JÓVENES SUFREN VIOLENCIA SEXUAL
 
La falta de información y de métodos anticonceptivos en las comunidades indígenas de Oaxaca mantiene elevada la tasa de embarazos prematuros. Esta condición limita el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de los y las jóvenes, observa la abogada feminista y defensora de los Derechos Humanos en Oaxaca, Yésica Sánchez Maya.
 
Una de cada 10 adolescentes oaxaqueñas tiene al menos un hijo, según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El 10.7 por ciento de las y los adolescentes de 15 a 19 años están casados o unidos, proporción que se eleva a 41.5 por ciento en el grupo de 20 a 24 años, y a 64.6 por ciento en el de 25 a 29 años.
 
Libni Dircio indica que las adolescentes y jóvenes desconocen sus derechos para disfrutar de una vida sexual plena y satisfactoria, no se protegen contra las ITS porque desconocen la utilización correcta de los métodos anticonceptivos, además de que no hay o se les niega en las clínicas de salud.
 
Las ITS son ahora más comunes en el estado: el herpes estaba en los años 80 en el número 29 a nivel nacional de infecciones, pero ahora está en el octavo lugar, mientras que 2 de cada 3 adolescentes mujeres que ya iniciaron sus relaciones tienen el  Virus del Papiloma Humano.
 
En muchas comunidades las relaciones sexuales están permitidas sólo dentro del matrimonio y las mujeres tienen poca o nula capacidad para decidir si quieren o no tener sexo.
 
Incluso se les dice que no deben negarse porque es considerada como una “obligación” dentro del matrimonio, sin que se tome en cuenta su disfrute y placer, dando origen a los embarazos no deseados, a la violencia sexual y las ITS.

La CIA maneja el narcotráfico, dice funcionario mexicano

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/Por:Agencia Blog del Narco

“Son como las compañías de control de plagas, solo controlan”, dijo Guillermo Terrazas Villanueva, portavoz de Chihuahua

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y otras fuerzas de seguridad internacionales “no luchan contra los narcotraficantes”, sino que “intentan manejar el comercio de drogas”, dijo a Al Jazeera un portavoz del gobierno del norteño estado mexicano de Chihuahua.

Las denuncias por parte de activistas, académicos y exfuncionarios sobre la complicidad oficial en el negocio de la droga no son nuevas. Pero sí lo son cuando parten de un representante oficial de uno de los estados más violentos de México, fronterizo con el estadounidense de Texas.

“Son como las compañías de control de plagas, solo controlan”, dijo Guillermo Terrazas Villanueva, portavoz de Chihuahua, en conversación con Al Jazeera el mes pasado en su oficina de Ciudad Juárez. “Si acabas con las pestes, te quedas sin trabajo. Si acaban con el negocio de la droga, se quedan sin empleo”.

Un portavoz de la CIA en Washington no quiso comentar directamente estas acusaciones, y en cambio sugirió a Al Jazeera que consultara un sitio web oficial.

Acusaciones son “patrañas”

Terrazas Villanueva no es un funcionario de alto rango, y sus opiniones no representan a los responsables de la política exterior de México. Otros funcionarios del estado, incluyendo al alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía Lardizábal, rechazaron las afirmaciones y las calificaron de “patrañas”.

“Creo que la CIA y la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos) están del mismo lado que nosotros en la lucha contra las bandas de la droga”, dijo Murguía Lardizábal en una entrevista realizada en su automóvil todoterreno. “Tenemos una excelente colaboración con Estados Unidos”, aseguró.

Bajo la Iniciativa Mérida, el Congreso legislativo estadounidense aprobó más de 1.400 millones de dólares de ayuda a la guerra contra el narcotráfico en México, suministrando helicópteros de ataque, armas y capacitación para policías y jueces.

Más de 55.000 personas han muerto en México por la violencia relacionada con la droga desde diciembre de 2006.

En forma extraoficial, residentes y representantes de todo el espectro político mexicano atribuyen este estado de cosas al cóctel letal que forman la demanda de estupefacientes de Estados Unidos y el flujo de armas de gran poder a través de la frontera.

La “ilusión” de una guerra

“La guerra contra las drogas es una ilusión”, dijo Hugo Almada Mireles, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y autor de varios libros. “Es una razón para intervenir en América Latina”, dijo a Al Jazeera.

“La CIA quiere controlar a la población. No quiere detener el tráfico de armas a México. Mire (por ejemplo a la operación) Rápido y Furioso”, afirmó, en referencia a la fracasada iniciativa estadounidense por la cual se permitió durante 15 meses el tráfico de armas automáticas con la esperanza de poder rastrearlas y detener a los criminales.

Pero el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos perdió el rastro de 1.700 armas durante la operación, entre ellas un fusil de asalto AK-47 que se empleó en 2011 para asesinar al agente fronterizo Brian Terry.

Echar la culpa a Washington de los problemas mexicanos ha sido algo habitual en esta nación latinoamericana desde la guerra entre los dos países, entre 1846 y 1848, cuando Estados Unidos conquistó lo que hoy son los estados de California, Utah, Nevada, Arizona y Nuevo México.

Pero operaciones como Rápido y Furioso muestran que la realidad puede ser más extraña que la ficción cuando se trata de la guerra antidrogas y las relaciones entre México y Washington.

Si no estuviera demostrado, la idea de que agentes estadounidenses activamente colocaban armas en manos de criminales mexicanos sonaría absurda para muchos.

Teorías conspirativas

“Creo que es fácil ser cínico ante la intervención estadounidense y de otros países en América Latina en relación con la droga”, dijo Kevin Sabet, exasesor de la Casa Blanca en políticas de control antidrogas.

“Las declaraciones (que acusan a la CIA de manejar el narcotráfico) deben ser respaldadas con evidencia… Yo no les daría mucho crédito”, sostuvo.

Los dichos de Terrazas Villanueva “podrían ser una forma de recibir algo de atención para su región, lo cual es entendible, pero no productivo ni basado en la realidad”, dijo Sabet.

En 1996, el periódico Mercury News, de la occidental ciudad estadounidense de San José, publicó “Alianza oscura”, una serie de artículos de investigación que vinculaban misiones de la CIA en Nicaragua con el aumento del consumo de crack en Estados Unidos.

Para financiar a los “Contras”, milicias ilegales que luchaban contra el gobierno socialista en Nicaragua, la CIA se asoció con carteles colombianos para traficar droga a Los Ángeles, y emplear las ganancias para adquirir armamento y enviarlo a América Central, según esta investigación.

“No hay duda alguna de que personas relacionadas con la CIA o que formaban parte de su personal estuvieron involucradas en el tráfico de drogas”, dijo por entonces el senador John Kerry, que había encabezado en 1989 un comité parlamentario de investigación sobre esos hechos.

Otros periódicos, como The Washington Post y Los Angeles Times, criticaron duramente la serie de artículos, y el editor de Mercury News finalmente admitió que se habían exagerado algunos elementos y se habían cometido errores en el trabajo periodístico, pero subrayó que refrendaba muchas de sus conclusiones centrales.

Rumores propagados

“Es verdad, quieren controlarlo”, dijo en Ciudad Juárez un funcionario de rango medio de la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) de México, refiriéndose a la CIA y a la DEA.

El funcionario, quien habló a condición de mantener el anonimato, dijo que sabía que las denuncias eran correctas, según conversaciones que mantuvo con algunos de sus pares estadounidenses que trabajaban en Ciudad Juárez.

La aceptación de esas denuncias por parte de varios elementos del gobierno y de los servicios de seguridad de México muestra la dificultad de llevar a cabo una efectiva acción internacional contra el tráfico de drogas.

Jesús Vicente Zambada-Niebla, narcotraficante del cartel de Sinaloa que actualmente espera su juicio en Chicago, dijo haber trabajado para la DEA, y que esa agencia le había prometido inmunidad.

“Bajo ese acuerdo, el cartel de Sinaloa, liderado por su padre, Ismael Zambada, y ‘El Chapo’ Guzmán, obtuvo carta blanca para continuar traficando toneladas de drogas ilícitas… a Estados Unidos”, escribieron los abogados de Zambada como parte de su defensa.

“Y fueron protegidos por el gobierno estadounidense de ser arrestados y juzgados a cambio de que proveyeran información contra carteles rivales”, añadieron. “De hecho, agentes del gobierno de Estados Unidos ayudaron a los líderes del cartel de Sinaloa”.

El cartel de Sinaloa es la organización narcotraficante más antigua y poderosa de México, y algunos analistas creen que las fuerzas de seguridad mexicanas y estadounidenses la han favorecido respecto de los carteles rivales.

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, billonario líder del cartel y uno de los hombres más buscados del mundo, escapó en 2001 de una prisión mexicana probablemente con ayuda de personal y jefes de seguridad. Eso fortaleció los rumores de que los narcotraficantes tenían colaboradores en las altas esferas del poder.

“Sería fácil para el ejército mexicano detener a El Chapo”, dijo Mireles, “pero ese no es el objetivo”.

Las autoridades a ambos lados de la frontera quieren tener suelto a El Chapo, cree, ya que su cartel es más fácil de controlar y el dinero de la droga se recicla en la economía.

Otros analistas consideran esta idea parte de una teoría conspirativa, y señalan que El Chapo pudo escapar debido a la ineptitud y la corrupción de algunas autoridades de rango bajo, más que por un plan de las agencias de gobierno.

En la escena política

Después de unas polémicas elecciones, con denuncias de irregularidades, Enrique Peña, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), asumirá como nuevo presidente de México el 1 de diciembre.

Peña quiere abrir un diálogo con Estados Unidos sobre la guerra contra el narcotráfico, pero ha dicho que legalizar algunas drogas no es la solución.

Algunos políticos en Estados Unidos, incluso de línea dura, temen que Peña haga acuerdos con algunos carteles para reducir la violencia en el país.

“Espero que no regrese al PRI del pasado, que era corrupto y cerraba los ojos ante los carteles de la droga”, dijo el congresista estadounidense Michael McCaul, del opositor Partido Republicano y representante del meridional estado de Texas.

Más allá de la posición que tome la nueva administración para calmar la violencia y restaurar el orden, es probable que muchos mexicanos, incluyendo funcionarios de gobierno como Terrazas Villanueva, sigan convencidos de que fuerzas en el exterior quieren que continúe el negocio de las drogas.

Las sospechas de los vínculos entre la CIA y el narcotráfico, sean verdaderas o no, hablan a las claras de la mutua desconfianza entre las autoridades, en medio de la mortandad y la destrucción de la vida cívica de México.

“Tenemos buenos soldados y policías”, dijo Terrazas Villanueva. “Pero no resolveremos este problema con balas. Necesitamos educación y empleos”.

CEDAW, mecanismo jurídico pilar del sistema de DH

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Gladis Torres Ruiz

CONTEXTO
CEDAW, mecanismo jurídico pilar del sistema de DH
Desde hace 31 años México está obligado a acatarlo
 
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), es uno de los mecanismos jurídicos más importantes en la lucha contra la discriminación de género.
 
La Convención, adoptada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, es uno de los seis instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes para los Estados miembros, que conforman la llamada “Carta Universal de Derechos Humanos”, y constituyen la estructura jurídica del sistema internacional de promoción y protección de los Derechos Humanos (DH).
 
La CEDAW detalla en qué consiste la discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los Estados miembros se comprometen a consumarla a través de medidas a nivel interno para eliminar las violaciones a los DH de las mujeres.
 
México firmó la Convención el 17 de julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981; con ello se comprometió a nivel internacional y nacional a cumplir con las obligaciones que especifica.
 
Aída González, abogada mexicana ex integrante del Comité de la CEDAW, señala que la aplicación de la Convención está sujeta al análisis internacional, es decir, no le corresponde sólo al Estado miembro decidir si ha cumplido o no con esas obligaciones.
 
En los artículos 17 al 20 de la Convención se establece el sistema de control y supervisión sobre su aplicación. El artículo 17 indica la creación de un Comité integrado por 23 personas elegidas por la Conferencia de Estados miembros cada dos años.
 
González explica que no se trata de representantes de los gobiernos, sino de personas expertas y conocedoras de la Convención, en particular sobre las condiciones de las mujeres.
 
Una función primordial del Comité es supervisar la debida aplicación de la CEDAW y los progresos que los Estados firmantes logren en ese propósito.
 
El artículo 18 de la CEDAW indica que los Estados deben presentar al secretario general de la ONU informes iniciales y periódicos sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de cualquier otra índole que hubieran adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la Convención y sobre los progresos que hubieran alcanzado para tal fin. Tales logros serán examinados por el Comité de Expertas.
 
Según información de la Cátedra UNESCO de la UNAM, el Estado mexicano tiene la obligación de presentar informes periódicos cada cuatro años.
 
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil pueden realizar informes “sombra” para contrapuntear el reporte del Estado mexicano.
 
Desde que ratificó la CEDAW, México ha entregado ocho informes. Apenas en septiembre de 2010 se presentaron los reportes 7 y 8.
 
La delegación oficial presentó los argumentos de esos informes en la 52 sesión del Comité de la CEDAW en la sede de la ONU, el pasado 17 de julio. De esa sesión saldrán nuevas recomendaciones al Estado mexicano, que se darán a conocer próximamente.
 
En la sesión del Comité de la CEDAW, 113 organizaciones defensoras de los DH presentaron 18 informes “sombra” o alternos.
 
Entre las expertas que analizaron los informes oficial y ciudadano, y que cuestionaron a la delegación mexicana sobre la situación de las mujeres, están Zou Xiaoqiao, directora de la Federación de Mujeres Chinas, y Zohra Rasekh, líder de Asuntos de la Mujer de la Oficina de Derechos Humanos Internacionales en el Ministerio de Asuntos Extranjeros de Afganistán.
 
También participaron Silvia Pimentel, jurista brasileña, profesora de la Universidad Pontificia de Sao Paulo, y activista histórica del movimiento feminista; así como la española Soledad Murillo de la Vega, investigadora y profesora de Sociología e Investigación Cualitativa en la Universidad de Salamanca. De Cuba, estuvo Magalys Arocha Domínguez, feminista y asesora de organizaciones civiles y de agencias de la ONU.

México sale mal librado ante la ONU

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Lucía Lagunes Huerta, enviada a Nueva York

REPORTAJE
México sale mal librado ante la ONU
No responde a CEDAW sobre discriminación a mujeres

El Estado mexicano recibió una tunda del Comité de la CEDAW, al no informar claramente sobre sus acciones contra la discriminación de género.

Al comparecer ante el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la delegación del Estado mexicano fue duramente cuestionada por las constantes violaciones a los Derechos Humanos (DH) de las mujeres en nuestro país.
 
Lo anterior ocurrió durante la 52 sesión del Comité de Expertas de la CEDAW, en Nueva York, para evaluar el cumplimiento de la Convención aprobada en 1979 por la ONU, y ratificada por México en 1981.
 
Las expertas que integran el Comité demandaron respuestas puntuales a la representación mexicana sobre sus acciones para prevenir y castigar la trata de personas y la violencia de género, abatir la impunidad, y garantizar el derecho al aborto legal, entre otros temas.
 
Dubravka Šimonovi criticó a las y los funcionarios por sólo enumerar leyes aprobadas a favor de las mujeres: “¿Cuál es la reducción de la violencia contra las mujeres para pensar que se ha garantizado que vivan seguras? ¿Cuál es el objetivo trazado? ¿Cuántos asesinatos menos hay? ¿Cuántas desapariciones menos hay para decir que se ha logrado el objetivo?”.

La francesa Nicole Ameline arremetió contra la jefa alterna de la delegación mexicana, la directora del Inmujeres, Rocío García Gaytán:
 
“¿No es acaso justo hacer de la violencia contra las mujeres una causa de prioridad nacional? Usted ha reconocido la violencia e impunidad que viven las mujeres y que llega a niveles insostenibles. ¿Tienen en cuenta esta urgencia? ¿Tienen como prioridad acelerar la coordinación?”.

La también experta Soledad Murillo manifestó su indignación por la impunidad en las violaciones sexuales contra 26 mujeres en San Salvador Atenco, en mayo de 2006.

“¿Cómo es posible que cuando las mujeres fueron violadas en el traslado realizado por la policía, aún no haya un solo detenido?”, inquirió previo a que la delegación mexicana informara al Comité que ya había dos personas arrestadas por los hechos.

El anuncio fue calificado por organizaciones de DH como una “simulación” del Estado mexicano, y criticaron que no se avisara de esas aprehensiones a las sobrevivientes de tortura sexual y a sus familias.
 
Murillo cuestionó la incongruencia del Estado al tener una Fiscalía para investigar la trata de personas, pero sin facultades contra el crimen organizado. Pidió que se le explicara cómo a un tratante se le aplican sólo cinco años de prisión y a una mujer por abortar 35 años de cárcel.
 
Entre las respuestas ambiguas de la delegación oficial, la responsable de la Comisión Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, Dylcia García, dijo que hay “acciones de impacto” para enfrentar la violencia contra las mexicanas, y se limitó a presumir los bancos de datos de mujeres desaparecidas y la aplicación de protocolos y alertas contra ese delito.
 
El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Bucio, y el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de Seguridad Pública federal, Facundo Rosas, sólo enlistaron leyes, programas, cursos de capacitación y hasta informes de trabajo de sus dependencias.
 
PANORAMA DESOLADOR
 
En un hecho histórico, 113 organizaciones civiles presentaron 18 informes alternos al reporte oficial entregado por México a la instancia de la ONU, para demostrar el incumplimiento de 20 recomendaciones emitidas por las expertas desde 2006.
 
Los grupos ciudadanos acusaron el aumento de la discriminación y violencia contra las mujeres debido al combate de la delincuencia organizada y la militarización.
 
Criticaron que en las cuatro ocasiones que se solicitó la Alerta de Violencia de Género (AVG), el gobierno federal se negó a otorgarla. Sobre el feminicidio, advirtieron que entre 2007 y 2009 se incrementó 68 por ciento en todo el país y continúa impune.
 
En derechos reproductivos, calificaron como “alarmantes” los altos índices de muerte materna, en especial entre las indígenas que no tienen fácil acceso a los centros de salud.
 
Respecto al aborto, las activistas observaron que aunque la interrupción del embarazo por violación es legal, su acceso es casi nulo sobre todo en 17 estados que reformaron sus constituciones para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”.
 
A Rocío García Gaytán no le quedó más que reconocer que en México privan la desigualdad y la discriminación de género. Pero se defendió: “Nunca habíamos avanzado tanto en Derechos Humanos de las mujeres gracias a la alianza con los tres poderes, los tres niveles de gobierno, y el apoyo de la mayoría de la sociedad civil”.

Atenco, “piedrita en el zapato” para Peña Nieto

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Anayeli García Martínez

REPORTAJE
Atenco, “piedrita en el zapato” para Peña Nieto
Llega a CEDAW denuncia por la represión
 
Aún no asume la Presidencia como eventual ganador de los pasados comicios, pero Enrique Peña Nieto ya es cuestionado ante instancias internacionales por la represión de Atenco en 2006.
 
Al priista Enrique Peña Nieto lo persigue la sombra de las múltiples violaciones a Derechos Humanos (DH) cometidas durante el operativo policial en Texcoco y Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006.
 
Los hechos violentos dejaron como saldo 47 mujeres detenidas; de las cuales 26 fueron víctimas de violación sexual. Ésta es “la piedrita en el zapato” para Peña Nieto, advierten activistas.
 
Las denuncias por el operativo avalado por el ex gobernador del Estado de México están ya ante Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
Organizaciones civiles presentan este 17 de julio en Nueva York un informe sobre Atenco ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
 
El documento fue elaborado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
 
Ahí se evidencia la impunidad en las torturas sexuales contra las  mujeres, durante un operativo caracterizado por el “uso excesivo e indiscriminado de la fuerza”.
 
NINGÚN RESPONSABLE DETENIDO
 
Araceli Olivos Portugal, abogada del Centro Prodh –organización que acompaña a las mujeres de Atenco–, explica que a seis años de distancia de los hechos no hay ningún policía federal o estatal, o funcionario consignado por actos de tortura.
 
En 2006, el Comité de la CEDAW ya había recomendado al Estado mexicano que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), dependiente de la PGR, tuviera jurisdicción en el caso para investigar y sancionar a los culpables.
 
Sin embargo, en 2009 la Fevimtra declinó el caso a favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) con el argumento de “falta de competencia”.
 
El informe de la OMCT y el Centro Prodh destaca el incumplimiento de México de la recomendación de la CEDAW, ya que a más de seis años de los hechos ni un solo elemento policiaco ha sido sancionado penalmente.
 
También advierte que la PGJEM no ha garantizado el acceso de las mujeres a la justicia, y que la Fevimtra sí era competente para continuar con las investigaciones y consignar a los responsables.
 
La abogada del Centro Prodh señala que sin importar quien llegue a Los Pinos, el tema será todo un reto para la nueva administración porque tendrá que responder a las recomendaciones que emita el Comité de la CEDAW.
 
Apunta que la represión en Atenco ya es un caso contra el Estado mexicano, luego de que en noviembre de 2011 la CIDH lo admitió para su análisis.
 
En 2008, y ante la falta de justicia en México, 11 de las 26 mujeres sobrevivientes de tortura sexual llevaron su denuncia ante la CIDH, organismo que eventualmente podría enviar la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
 
Aunque el Comité de la CEDAW y la CoIDH buscan evidenciar la responsabilidad del Estado mexicano sin hacer alusiones a personas en específico, las organizaciones civiles han señalado que uno de los principales responsables es Peña Nieto.
 
“MANCHADO DE SANGRE”
 
El pasado 11 de mayo, durante su visita a la Universidad Iberoamericana, el candidato presidencial del PRI-PVEM dijo que en Atenco reestableció el orden y afirmó: “Fue una acción determinada personalmente que asumo personalmente”.
 
“Está manchado con sangre de Atenco, está condenado por todo lo que ordenó contra nuestro pueblo”, advierte indignada América del Valle, perseguida política tras los hechos de mayo de 2006, al hacer un balance del significado de este movimiento en la actual coyuntura política.
 
Tras reconocer que aún hay un clima de miedo por lo que representa el virtual candidato electo –cuestionado por presuntas irregularidades electorales– Del Valle afirma que las demandas de San Salvador Atenco todavía persisten.
 
“El temor más grande que tengo es que nos quedemos callados, que a este pueblo mexicano se le olvide y le dé la bienvenida como si nada hubiera pasado a un represor que apenas hace seis años cometió lo que cometió”, sostiene.
 
Sobre este tema, Trinidad Ramírez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y que participó activamente en el movimiento, asegura desafiante: “Estamos y seguiremos siendo la piedrita en el zapato”.
 
Y advirtió que las violaciones a los Derechos Humanos cometidas contra la gente de Atenco, entre encarcelamientos, persecuciones injustas y tortura sexual, reflejan al “hombre represor” que es Peña Nieto y a quien no le importaría repetir un conflicto similar.

G-20 debe reconocer aporte económico de las mujeres

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Anayeli García Martínez

REPORTAJE
G-20 debe reconocer aporte económico de las mujeres
Urge compensar trabajo doméstico no remunerado
 
A las mexicanas sólo se les ve como madres y esposas pese a que su trabajo, asalariado y no remunerado, contribuye al desarrollo y sostén del sistema económico.
 
Hartas de ser consideradas sólo como responsables del cuidado del hogar y la familia –y por tanto relegadas de las actividades económicas–, las mujeres quieren estar presentes en la toma de decisiones y ser reconocidas como agentes de desarrollo.
 
Así lo expresan feministas y expertas en economía al hacer una reflexión a propósito de la séptima cumbre del G-20, a realizarse este 18 y 19 de junio en Los Cabos, Baja California Sur, reunión en la que exigen se incluya la perspectiva de género.
 
La socióloga y feminista Leonor Aida Concha explica que a las mujeres se les relega de los temas económicos porque se cree que en su mayoría son inactivas, y que las tareas que realizan en el hogar no tienen valor y por ende no se pagan.
 
Sin embargo la también antropóloga sostiene que esta idea es falsa porque a través del trabajo no remunerado y del cuidado y crianza de los hijos las mujeres forman personas, y les generan capacidades y cualidades que después serán aprovechadas en el mercado laboral.
 
Es decir, las mujeres que limpian la casa, alimentan, educan y cuidan a los hijos, los enfermos y los abuelos, aportan al desarrollo, crecimiento y sostén de la economía porque aunque ese trabajo no es asalariado tiene un valor importante en la sociedad.
 
Pero no sólo eso, estas actividades se traducen en un valor monetario. El Inegi reporta que para 2010 las mujeres realizaban 79.4 de cada 100 horas de trabajo doméstico no remunerado, lo que equivale a 76 de cada 100 pesos generados.
 
Esa labor representa 21.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) –casi la cuarta parte del total–, mientras que la aportación de los hombres es de únicamente 5.3 por ciento. Tan sólo “proporcionar cuidados y apoyo a los integrantes del hogar” –función que recae esencialmente en las mujeres– aporta 6.9 por ciento del PIB, precisa el Inegi.
 
En 2010, el PIB de México ascendió a casi 8.9 billones de pesos. El trabajo doméstico no remunerado de las mujeres en ese año representó casi 2 billones de pesos. 
 
El PIB es el volumen total (en dinero) de los bienes y servicios que produce un país al año en los sectores agropecuario, industrial y de servicios.
 
PAUPERIZACIÓN
 
Además de sus tareas domésticas, millones de mujeres también trabajan en empleos formales en empresas, fábricas e instituciones de gobierno, o informales, como negocios propios o pequeños comercios.
 
El Inegi reporta que al primer trimestre de 2012 (enero-marzo) de los 47.1 millones de personas ocupadas que generaron algún bien o servicio, 17.8 millones eran mujeres, es decir más de un tercio de las personas ocupadas laboralmente.
 
Rocío Mejía, integrante de la Red Género y Economía, sostiene que esto comprueba que la población femenina participa activamente en los ciclos económicos y que la crisis económico-financiera mundial les impacta de manera particular.
 
Aclara que las políticas neoliberales avaladas en foros internacionales como el G-20 repercuten en los bolsillos de las madres y jefas de familia, ya que para evitar una nueva crisis económica los líderes mundiales recortan subsidios a servicios como educación y salud.  
 
Mejía señala que los gobiernos no son concientes de que los recortes en el gasto social afectan en particular a las jefas de familia y a las madres, quienes, según Inegi, representan a siete de cada 10 mujeres ocupadas laboralmente.
 
Agrega que cuando se deja de subsidiar ciertos servicios se cree que las madres o abuelas están obligadas a garantizar educación, dar alimento, conseguir vestido y cuidar la salud de los hijos, y que el Estado por su parte no tiene responsabilidad en ello.
 
Marcela Orozco, economista y académica de la UNAM, califica como alarmante que la y los candidatos presidenciales no tengan propuestas con perspectiva de género, para generar empleos bien remunerados y con prestaciones; ni para promover el crecimiento económico.
 
La experta critica que se siga viendo a las mujeres como jefas de familia o madres solteras que necesitan políticas asistencialistas, y no como ciudadanas activas que pueden ser agentes económicos y de desarrollo. Por ello considera urgente que además de guarderías y becas escolares, el Estado debe incentivar la participación de la población femenina en la producción y venta de bienes y servicios.
 
La también integrante de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio advierte del riesgo de que en la cumbre del G-20 se abran aún más los mercados a las empresas trasnacionales y los servicios públicos se sigan privatizando, lo que aumentaría la carga de trabajo de las mujeres porque ellas asumirán los gastos de los servicios que no brinda el Estado.

Campaña contra candidatos Provida

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Guadalupe Cruz Jaimes

REPORTAJE
Campaña contra candidatos Provida
Divulgan lista de legisladores que criminalizaron aborto
 
Defensoras del derecho a decidir llaman a no votar por las y los candidatos que como legisladores locales aprobaron reformas que penalizan el aborto en 17 estados.
 
En una contraofensiva ante la andanada de legisladores –respaldados por la Iglesia católica– que reformaron 17 constituciones locales para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”, mujeres de la sociedad civil iniciaron una campaña para evitar que los ahora candidatos ocupen cargos federales o en sus estados de origen.
 
El Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres –que agrupa a activistas de 35 organizaciones civiles de 19 estados del país– llamó a no votar en las elecciones federales y locales de este año, por quienes como legisladores aprobaron las modificaciones constitucionales que criminalizan a las mexicanas por interrumpir un embarazo no deseado.
 
La campaña forma parte de las conmemoraciones este lunes por el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se festeja desde 1987 cada 28 de mayo.
 
Entre 2008 y 2010, diputadas y diputados de 17 entidades avalaron reformas que además de representar una violación a los derechos reproductivos de las mujeres, ponen en riesgo la salud y la vida de las mexicanas, acusó el Pacto Nacional.
 
Las activistas dieron a conocer los nombres de 15 aspirantes a la Cámara de Diputados, al Senado y a diversos cargos de elección popular a nivel estatal y municipal, que en su momento avalaron la criminalización de las mujeres. Se trata de 12 candidatos y candidatas del PAN, dos del PRI y uno del PT.
 
Por el estado de Colima, las panistas Gabriela de la Paz Sevilla y Brenda del Carmen Gutiérrez, aspiran a una diputación federal y una senaduría de mayoría relativa (voto directo), respectivamente.
 
En la misma entidad, el también miembro del PAN, Humberto Cabrera, contenderá por una sindicatura en el municipio de Villa de Álvarez.
 
Otro panista, Pedro Peralta, aspira a la alcaldía de la ciudad de Colima, capital del estado. De acuerdo con información del Pacto Nacional, en su momento Peralta no votó a favor de las contrarreformas, pero el día que se aprobó el dictamen tuvo una ausencia justificada en el Congreso que repercutió en la votación sobre la modificación constitucional.
 
Por San Luis Potosí, los panistas Felipe de Jesús Almaguer y Luis Manuel Calzada compiten por una diputación federal, mientras que Sonia Mendoza busca una senaduría. El también blanquiazul Raúl Paulin aspira a una alcaldía potosina, pero no se precisó a cuál. Otro panista es Fernando Ramírez, quien contiende por una diputación local.
 
Juan Pablo Escobar y Socorro Herrera, ambos panistas, son candidatos a diputados locales por representación proporcional en SLP.
 
Patricia Hidalgo es suplente de la candidata de mayoría relativa del PAN al Senado por Puebla, Augusta Díaz de Rivera.
 
Por el PRI, la sonorense y ex diputada local Claudia Pavlovich contenderá por una curul en el Senado. Otro priista es Magdaleno Muñoz, quien contenderá por una diputación local de representación proporcional en Querétaro.
 
Finalmente, el petista José Belmares competirá por una diputación local plurinominal en San Luis Potosí.
 
Los anteriores son los nombres de una primera lista de diputadas y diputados locales (hoy candidatos) que aprobaron las 17 reformas que atentan contra la salud y libertad de las mujeres que interrumpen un embarazo no deseado, pero también de quienes sufren un aborto espontáneo.
 
QUE NO QUEDEN IMPUNES
 
Ximena Andión, directora de Desarrollo Estratégico del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), dijo que tales modificaciones constitucionales recrudecieron la persecución contra las mexicanas.
 
Ellas son denunciadas por el personal de salud cuando llegan a hospitales públicos por alguna hemorragia o complicación por aborto. Incluso, dijo, hay médicos que les condicionan la atención, “primero tienen que declararse culpables y después la revisan, poniendo en riesgo su salud”, abundó.
 
GIRE documenta y brinda acompañamiento jurídico a más de 20 mujeres que fueron procesadas por abortar o que reciben tratamiento médico integral fuera de prisión en Baja California, Chihuahua, Puebla, Estado de México, Hidalgo, Morelos y Michoacán.
 
Este lunes, el Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, dirigirá una carta a los aspirantes presidenciales Josefina Vázquez Mota, Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto y Gabriel Quadri, para que se pronuncien a favor de la despenalización del aborto.

Las activistas también marcharon del Monumento a la Madre al Monumento a la Revolución, para reclamar que cese la criminalización de las mujeres por abortar.

Mujeres esperan ayuda tras matanza en Chihuahua

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Patricia Mayorga, corresponsal

REPORTAJE
Mujeres esperan ayuda tras matanza en Chihuahua
Son esposas e hijas de músicos asesinados en un bar
 
Esposas e hijas de hombres asesinados en la capital del estado narran cómo sobreviven a la tragedia, y cómo afrontan la falta de justicia por parte de las autoridades.
 
La noche del pasado 20 de abril, María Guadalupe Berrueto no quería que su esposo, José Luis Herrera Pichardo, fuera a tocar con su grupo de rock –como cada viernes desde hacía tres años– al bar “Colorado”, en la colonia Granjas, al norte de la ciudad de Chihuahua.
 
Sería un mal presentimiento de su esposa, pero José Luis –a quien le decían “Pepillo”– estaba más entusiasmado que nunca porque esa noche iba a estrenar su nuevo bajo eléctrico color azul.
 
“Pepillo” y otras 15 personas fueron asesinadas por sujetos que entraron al bar y dispararon indiscriminadamente contra las y los presentes. Catorce personas murieron de inmediato. Otras dos –entre ellas el baterista Jaime Manuel Ramos Hernández– fallecieron en el hospital.
 
En el “Colorado” también fueron ultimados los periodistas Héctor Javier Salinas y Francisco Javier Moya Muñoz.

Jaime Manuel y “Pepillo” formaban parte del grupo “Franky y sus amigos”, en el que interpretaban temas rockeros de los años 60. A la banda también pertenecían el vocalista Francisco Bonilla Márquez, “Remache”, y el requintista José Luis Vázquez García, “Cheliz”. Ambos fueron asesinados en el bar. Al grupo apenas le pagaban 200 pesos por tocar cada viernes de 8 a 11 de la noche.

La matanza en el “Colorado” se suma a la ola de homicidios múltiples que al menos desde hace cuatro años se han vuelto comunes en el estado de Chihuahua. Entre los crímenes que han conmocionado a la entidad y al país está la masacre de Villas de Salvárcar el 31 de enero de 2010, en la que murieron 16 adolescentes.
 
Frente a esta violencia destructora del tejido social y la falta de castigo para los responsables, las familias de las víctimas han aprendido o se han resignado a vivir o sobrevivir ante la adversidad.

FAMILIAS DESTROZADAS
 
María Guadalupe Berrueto, esposa de “Pepillo”, recuerda que desde tiempo atrás ella y la familia temían que le pasara algo a José Luis por andar de noche en la ciudad. Incluso ya le habían pedido al músico que dejara de tocar.
 
“Él decía que era su música, su pasión, su pasatiempo, que ahí se desestresaba”, relata la ahora viuda. Ese 20 de abril ella le dijo a su marido que no fuera a tocar porque “lo veía fastidiado del día”.
 
“Pepillo” era carpintero. Tenía 58 años de edad. “Él me arreglaba pequeñas cosas de la casa, hizo cómodas de la recámara, muebles, repisas, adornos que le pedía. Era mi compañero”, dice María Guadalupe con la voz entrecortada. Tres hijos quedaron huérfanos de su padre.
 
La familia de José Luis Vázquez –el guitarrista del grupo– cuenta  que desde el miércoles anterior a la tragedia, “Cheliz” había comentado que “por primera vez en su vida tenía miedo de ir a tocar al bar”.
 
Y es que el viernes anterior al “Colorado” llegó gente que no era asidua al bar. “Despilfarraron dinero y contrataron banda y mariachis. El grupo de rock casi no tocó aquella noche”, narran los familiares del músico.

Las familias de Francisco Bonilla, José Luis Herrera y José Luis Vázquez recuerdan a las víctimas como hombres de trabajo que cimentaron la unidad de padres e hijos. “Ellos envejecieron con sus esposas, iban a bailar con ellas”, relatan.
 
El grupo “Franky y sus amigos” hasta era famoso: Fueron invitados a tocar en el legendario y ya desaparecido programa de TV “Siempre en Domingo”; acompañaron en eventos a comediantes como El Piporro y Los Polivoces, y tocaron en las “bodas de plata” de los padres de la cantante Lucha Villa.

DESAMPARO

”No es fácil enfrentar esto sobre todo por como fue, es lo mas difícil. Cuando uno escucha: cuatro muertos allá, 13 allá, desgraciadamente se acostumbra uno, aunque te toque, es feo, pero te acostumbras. Ahora nos preguntamos ‘¿por qué a ellos?’. Eran trabajadores, honestos, personas mayores”, expresan Hilda y José Luis, hijos de José Luis Vázquez “Cheliz”.
 
Denuncian que ninguna autoridad estatal les ayudó en los gastos de velación y funerales de sus seres queridos; cada familia corrió con los pagos e incluso quedaron endeudadas.
 
Con la muerte de Francisco Bonilla, sus cuatro nietas (Wendy, de 13 años, Alondra de 9, Otilia de 7, y Samantha de 2), quedaron desamparadas, toda vez que en vida el músico les pagaba su alimentación y la escuela, explica Norma Bonilla, hija de quien fuera el vocalista del grupo.

Norma está a la espera de que la Unidad de Víctimas del Delito de la Fiscalía General de Chihuahua cumpla su promesa de brindar apoyo psicológico para sus cuatro hijas. También el DIF estatal se comprometió a darles becas escolares. Aún no hay nada del apoyo anunciado.

Aumentan violencia y abuso sexual contra las niñas

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Gladis Torres Ruiz

REPORTAJE
Aumentan violencia y abuso sexual contra las niñas
Faltan acciones y normas para garantizar sus derechos
 
Explotación sexual, trata, pobreza y falta de derechos forman parte de la cruel realidad para millones de niñas y niños en México.
 
Este 30 de abril, Día de la Niñez, no hay nada que celebrar, coinciden activistas por los derechos de la infancia, quienes advierten que el Estado mexicano ha sido omiso ante problemáticas emergentes que agobian a las y los menores de edad, tales como violencia, abuso sexual y trata de personas.
 
En México hay 39 millones 226 mil 744 personas de entre 0 y 17 años de edad, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010. La cifra representa el 34.91 por ciento de la población nacional. Del total de menores de edad, 19 millones 351 mil 565 son niñas y adolescentes, es decir el 50 por ciento.
 
Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en nuestro país 3.3 millones de niñas y niños no asisten a la escuela. La mayoría proviene de familias en situación de pobreza y de comunidades indígenas.
 
En 2011 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que 21.4 millones de la población de 0 a 17 años de edad están en situación de pobreza. Un aumento respecto a 2010 cundo la cifra era de 20.8 millones.
 
“En general en México la infancia se encuentra desprotegida, no es sujeta de derechos; seguimos viendo a las niñas y los niños como objetos de protección o de perversión… es terrible, es una cotidianidad el maltrato a la infancia”, denuncia Mayra Rojas, directora de la organización civil Infancia Común.
 
Nashieli Ramírez, coordinadora de la agrupación Ririki Intervención Social, apunta que a la pobreza y exclusión que padecen millones de niñas y niños se suma la violencia desatada por el narcotráfico. Es uno de los problemas emergentes que no ha sido atendido por las autoridades, recalca.
 
“NATURALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA”
 
Ramírez sostiene que como consecuencia de la “guerra contra el narco” declarada por Felipe Calderón, la infancia es una de las poblaciones más afectadas por las agresiones tanto de las bandas criminales como de las fuerzas del Estado, sobre todo en entidades como Chihuahua, Nuevo León, Michoacán o Veracruz.
 
La directora de Ririki explica que otra arista de esta violencia es que ante la pérdida de espacios públicos, niñas y niños terminan “secuestrados en sus casas”, además de que las y los menores de edad comienzan a ver esos fenómenos como “normales”, es decir “naturalizan la violencia”.
 
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) registra que los homicidios dolosos de niñas, niños y adolescentes en el país se incrementaron en 30 por ciento en un año. Tan sólo de enero a abril de 2010 hubo 60 muertes, mientras que de enero a abril de 2011 se registraron 84 asesinatos.
 
Mayra Rojas agrega también se agudiza la explotación sexual infantil. “Ahora los criminales se llevan a las niñas, niños y adolescentes para utilizarlas como servidumbre o para servicios sexuales y trata. Las niñas no tienen ninguna posibilidad de salir de esos espacios”, observa.
 
La organización civil Justicia para Nuestras Hijas reporta que en Chihuahua más de la mitad de las mujeres desaparecidas en 2010 son niñas, y recalca que el mayor riesgo de desaparecer lo corren las adolescentes de entre 13 y 17 años de edad.
 
Al respecto, Rojas señala que hay reportes de que en Chihuahua y Nuevo León la delincuencia secuestra a niñas y adolescentes de entre 12 y 18 años para explotarlas sexualmente. “Tenemos conocimiento de niñas en Chihuahua que, yendo con sus familias en sus carros, son detenidas por sicarios, quienes las bajan del vehículo y les disparan a los demás”, relata.
 
ANIQUILACIÓN SOCIAL
 
La activista considera que esa violencia contra las niñas contribuye a que cada vez más se destruya el tejido social: “Es una especie de aniquilación frente a las ya de por sí pocas oportunidades de escuela y trabajo”.
 
Por ello demanda que se legisle a partir de los derechos de las niñas, “que se les vea como sujetas de derecho y no sólo de protección”.
 
En el año 2000 se aprobó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Desde 2010 el Congreso discute –a partir de una serie de iniciativas para reformar la normatividad vigente– una Ley General de Protección Integral de los Derechos de la Niñez.
 
Expertos en infancia y hasta la UNICEF alertan que el nuevo proyecto carece de los “mínimos necesarios” para garantizar los derechos infantiles.
 
Juan Martín Pérez, director de la Redim, abunda que la iniciativa tiene “graves deficiencias”, ya que plantea resolver problemas de la infancia pero no dice cómo.
 
Un ejemplo es que no contempla abatir la explotación sexual infantil y se limita a una lógica “proteccionista”, cuando debiera ser una ley con énfasis en la promoción y garantía de los derechos de las y los niños. “Es sólo un decálogo de buenas intenciones”, afirmó.

Tumor de ovario: problema mundial de salud pública

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Anaiz Zamora Márquez

CONTEXTO
Tumor de ovario: problema mundial de salud pública
No hay manera de prevenir casi 400 mil muertes al año
 
El cáncer de ovario representa un problema de salud pública a nivel mundial. Al año cobra la vida de más de 300 mil mujeres, y sin embargo la investigación de la enfermedad es mínima por lo que sus causas aún son inidentificables al igual que los métodos de prevención.
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los tumores de ovario representan el 5 por ciento de las muertes ocasionadas por algún tipo de cáncer, lo que se traduce en 395 mil defunciones cada año.
 
La mayoría de los decesos ocurre en países industrializados, donde la población femenina es en su mayoría de raza blanca.
 
Pese a las altas tasas de incidencia en el mundo, la investigación en México sobre el padecimiento es escasa. Según el doctor fundador de la Clínica de Tumores de Ovario –adscrita al Hospital de la Mujer–, Arturo Zarate Santamaría, el cáncer de ovario mata a 2 mil 500 mexicanas al año.
 
La Asociación Americana de Cáncer estima que Estados Unidos, Nueva Zelanda y España tienen las tasas de incidencia más altas en este tipo de males. Durante 2010 en EU ocurrieron 14 mil 600 defunciones a causa de esta enfermedad, mientras que en España cada año se registran 3 mil casos nuevos.
 
En México “no hay dinero para investigar” y prevenir las muertes por este tipo de cáncer, subraya el ginecólogo Zárate.
 
Lo único que se sabe hasta ahora es que ser de piel blanca, no tener hijos y rebasar los 60 años de edad, pueden constituir factores de riesgo para desarrollar estos tumores, dice el especialista, aunque aclara: “Este tipo de cáncer no respeta condición social, edad o color de piel”.
 
El pasado 14 de marzo durante el Tercer Congreso Internacional MD Anderson sobre Cáncer Ginecológico, en Madrid, España, las y los médicos asistentes alertaron que por la falta de métodos de detección temprana el 85 por ciento de los casos de tumor de ovario se detecta en etapas avanzadas.
 
La empresa farmacéutica brasileña Recepta Biopharma desarrolló una medicina que demostró ser eficaz en las primeras pruebas con humanos para el tratamiento de este tipo de tumores, aunque aún debe demostrar su efectividad en estudios posteriores.
 
En España la farmacéutica PharmaMar investiga un compuesto que podría servir como tratamiento para el cáncer de ovario, aunque éste no ha comprobado su efectividad.

Sin recursos contra el cáncer de ovario

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Anaiz Zamora Márquez

REPORTAJE
Sin recursos contra el cáncer de ovario
Mata a 7 mujeres al día y no se indagan sus causas
 
Silencioso y mortal, el cáncer de ovario mata a siete mexicanas al día, y sin embargo no hay presupuesto para su investigación y adecuada prevención.
 
No se sabe qué lo provoca y tampoco cómo prevenirlo. El tumor de ovario es la cuarta causa de muerte entre las mexicanas por cánceres ginecológicos después del cáncer de mama, cervicouterino y de endometrio.
 
De acuerdo con datos de la Clínica de Tumores de Ovario –adscrita al Hospital de la Mujer de la Secretaría de Salud federal–, desde 2006 el cáncer de ovario causa la muerte de 2 mil 500 mujeres al año, es decir alrededor de siete cada día.
 
La Asociación de Médicos del Hospital de la Mujer estima que cada año hay unos 20 mil casos de este tipo de cáncer.
 
A pesar de que la cifra mortal se mantiene constante, ninguna autoridad ha destinado los recursos necesarios para investigar qué es lo que origina la enfermedad, denuncia Arturo Zárate Santamaría, médico fundador de la Clínica de Tumores de Ovario.
 
Este cáncer es un padecimiento que puede presentarse en todas las etapas de vida de la mujer, incluso desde que está en el vientre materno. Hay tres clases de tumores que lo producen y que se forman en las células del ovario, detalla el experto.
 
RESPUESTA TARDÍA
 
El pasado 7 de febrero el secretario de Salud federal, Salomón Chertorivski, informó que el Seguro Popular (SP) incluirá en su cobertura a partir del próximo verano la atención y tratamiento del cáncer de ovario, con lo que se espera detener la mortalidad.
 
Zárate reconoce que la inclusión de la enfermedad en la cobertura de atención del SP, garantiza que más mujeres puedan acceder a un tratamiento que les permita superarla, aunque advierte que es urgente inyectar recursos públicos a la investigación de este mal.
 
El médico ginecólogo insiste en que, al menos en México, aún se está lejos de conocer sus causas y sus posibles métodos de prevención.
 
En muchos casos la enfermedad es silenciosa. Se detecta cuando ha provocado un crecimiento exagerado del abdomen que puede generar distensión estomacal. Para este momento el cáncer ya ha avanzado y podría haberse expandido a otros órganos (metástasis).
 
Zárate, con más de 40 años de experiencia en el tema, explica que en algunas ocasiones el tumor crece sin ser detectado hasta afectar órganos como el colon o el apéndice, por lo que los síntomas pueden confundirse con gastritis, colitis o malestares intestinales.
 
Según las investigaciones realizadas en el Hospital de la Mujer, los índices de sobrevivencia dependen en todos los casos de la etapa en la que se haya detectado el cáncer. Entre más temprano se realice el diagnóstico más probabilidades de recuperación tiene la paciente, indican.
 
Sin embargo, las estadísticas de la Clínica de Tumores de Ovario reflejan que alrededor de 70 por ciento de los casos llegan en la etapa 3 de cáncer, cuando ya se ha propagado a otras partes del cuerpo, y de éstos sólo la mitad de mujeres logra sobrevivir.
 
PELIGRO LATENTE
 
Arturo Zárate recomienda que toda mujer, aunque no tenga síntomas, debe revisarse los ovarios. Propone un examen ginecológico una vez al año desde la infancia hasta después de la menopausia, ya que “aunque el ovario no tenga la función de crear óvulos jamás pierde la capacidad de generar cáncer”.
 
No hay métodos de detección sencillos o que se puedan realizar en casa, como en el caso del cáncer de mama, por lo que se debe acudir al médico y realizarse pruebas como el papanicolaou y la colposcopia. También se debe solicitar un ultrasonido pélvico al año.
 
Aún se desconoce si existe alguna forma de prevenir el padecimiento, pero el especialista señala que ha detectado que las mujeres que tienen hijos corren menos riesgo de desarrollarlo.
 
“Esto podría deberse a que cuando la mujer se embaraza el ovario cumple con sus funciones y se mantiene ocupado”, abunda, pero aclara que tener hijos tampoco es garantía de no desarrollarlo en alguna etapa de la vida.
 
Una vez que se ha detectado la presencia de algún tumor en los ovarios, el tratamiento indicado e inmediato es la cirugía –llamada laparotomia protocolizada– en la que se deben extirpar el tumor y sus posibles depósitos.
 
En etapas avanzadas de la enfermedad es necesario retirar en su totalidad la matriz y los dos ovarios (salpingooforectomía bilateral o histerectomía radical). El procedimiento se realiza como método de prevención para evitar futuras regresiones del cáncer.
 
Cuando la mujer es joven y no ha tenido hijos, se realiza un protocolo de conservación que consiste en eliminar sólo el ovario afectado y conservar los órganos restantes. En este caso el cáncer debe ser detectado en su etapa temprana y no presentar ningún síntoma de metástasis.

Partidos, a la caza del voto femenino

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Guadalupe Cruz, Anayeli García y Gladis Torres

REPORTAJE
Partidos, a la caza del voto femenino
PAN, con todo contra el aborto; el PRI, sin propuestas 
 
Al arrancar las campañas, las propuestas de PRI, PAN y PRD para las mujeres van desde la defensa o no del aborto, hasta el discurso ambiguo sin acciones concretas a favor de ellas.
 
Este viernes iniciaron las campañas electorales para renovar la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, y los tres principales partidos políticos (PAN, PRI y PRD) van a la caza del botín político que representa el voto de las mujeres.
  
Para tratar de conquistar el sufragio del 51.84 por ciento del listado nominal de electores –el cual corresponde a las mexicanas–, tales institutos políticos plantean diversas propuestas referentes a los derechos sexuales, reproductivos, laborales y sociales de la población femenina.
 
En uno de los temas que más polariza a la sociedad mexicana –el de la interrupción legal del embarazo (ILE)–, y en un contexto nacional en el que 17 estados de la República (más de la mitad del país) penalizan en sus constituciones locales el derecho al aborto, PAN y PRD nuevamente se confrontan en la defensa del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, mientras que el PRI mantiene una indefinición al respecto.
 
LA LÍNEA PROVIDA COMO POLÍTICA PÚBLICA
 
En un análisis de las plataformas electorales que los tres principales partidos registraron ante el Instituto Federal Electoral (IFE), se observa que el Partido Acción Nacional plantea instaurar como política pública la creación de clínicas que disuadan a las mujeres de recurrir al aborto.
 
En su plataforma, el blanquiazul busca “promover” instituciones públicas y apoyar a las privadas que atiendan psicológica, social y económicamente a las mujeres embarazadas que deseen abortar, con el fin de que “tengan otras opciones”.
 
El PAN agrega que “fortalecerá” los sistemas de adopción, para que los bebés y las y los niños puedan encontrar más fácilmente un hogar.
 
Este objetivo electoral del panismo, cuya candidata presidencial es Josefina Vázquez Mota, coincide con las actividades que desde hace por lo menos 10 años lleva a cabo el antiabortista Comité Nacional Provida a través de los llamados Centros de Ayuda para la Mujer (CAM).
 
En esas clínicas se brinda justamente la “ayuda” que el PAN pretende instituir como política pública. Cabe recordar que en el sexenio pasado se desató un escándalo luego de que en 2003 la Cámara de Diputados aprobó la asignación de 30 millones de pesos para los CAM.
 
Grupos de mujeres denunciaron el patrocinio gubernamental a instituciones que –acusaron entonces– atentan contra los derechos reproductivos de las mexicanas.
 
PRD: AMPLIAR LA ILE A TODO EL PAÍS
 
En contraste, el PRD se compromete en su plataforma electoral a impulsar una política que garantice el derecho constitucional de las mujeres y sus parejas a “decidir libremente el número y espaciamiento de los hijos”.
 
También plantea difundir la legislación vigente para promover el ejercicio de sus derechos, para denunciar y acceder a servicios de alta calidad para la ILE.
 
El sol azteca propone una revisión a la legislación sobre interrupción del embarazo, para proteger a las mujeres de los abortos inseguros y evitar miles de muertes cada año.
 
De nuevo el PAN confronta al PRD en este tema y en su plataforma electoral “Un México con futuro 2012-2018” propone  una reforma constitucional, para proteger “la vida humana desde la concepción y hasta la muerte natural”.
 
Asimismo plantea que en la Ley de Reproducción Asistida se establezca “la prohibición expresa” de la criogenia (congelación de células), así como de la congelación o manipulación de embriones con fines de investigación.
 
EL PRI, EN EL LIMBO
 
A pesar de que Enrique Peña Nieto, candidato del PRI a la Presidencia, ha insistido en que cifra su “anhelo de triunfo” en el voto de las mexicanas, las mujeres fueron excluidas de los cinco grandes compromisos que estableció para cambiar al país.

Ellas, consideradas por el mexiquense como “el voto duro” del tricolor, tampoco figuran entre los seis principales ejes de la Plataforma Electoral Federal y Programa de Gobierno 2012-2018 del PRI, entre los que destacan los temas de seguridad y crecimiento económico.
 
De las 104 hojas del documento, el PRI dedica sólo una página a las mujeres en la que hace un listado de buenas intenciones para resolver problemáticas como la muerte materna y el embarazo en adolescentes.
 
Las mexicanas ni siquiera son citadas en temas como seguridad y justicia, rubro en el que ellas son las principales víctimas debido a la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón, y la ola de feminicidio que tan sólo durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México dejó 922 mujeres asesinadas.

Por falta de recursos, en riesgo centros contra violencia

STAFF:MTXNoticias.com/♥CanalMatrix♥/CIMAC/Por:Gladis Torres Ruiz

REPORTAJE
Por falta de recursos, en riesgo centros contra violencia
Apenas sobreviven 34 CAER en todo el país
 
Al menos una vez en su vida, 13 mil mexicanas han sido agredidas por sus parejas; por falta de recursos 34 estancias que atienden este problema podrían cerrar.
 
En medio de la ola de violencia del narcotráfico que azota al país, y que tiene una de sus principales aristas en el recrudecimiento de las agresiones contra las mujeres, al menos 34 Centros de Atención Externa de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia (CAER) están en riesgo de cerrar sus puertas, luego de la “desaparición” de 50 millones de pesos (mdp) aprobados por la Cámara de Diputados para la operación de esas instancias.
 
En México 46.6 por ciento de las 30 mil mujeres casadas o unidas es sobreviviente de violencia física, sexual, económica o emocional ejercida por sus parejas, reportan el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Instituto Nacional de las Mujeres en el estudio “Mujeres y hombres en México 2011”.
 
Muchas de esas miles de mujeres violentadas acuden, junto con sus hijas e hijos, a los CAER para ser atendidas y canalizadas a los refugios para víctimas de violencia. En estos centros se brinda atención sicológica, médica, pedagógica y de trabajo social, así como asesoría y acompañamiento jurídico.
 
Aurora del Río Zolezzi, directora general adjunta del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), precisa que el número de mujeres atendidas en los refugios se incrementó en los últimos dos años: en 2010 se atendieron mil 740 mujeres en 35 estancias, y en 2011 fueron atendidas 2 mil 118 en 41 refugios.
 
Y es que los refugios están funcionando “al tope”, sobre todo en el norte del país, debido al hervidero de la delincuencia organizada y la violencia contra las mujeres.
 
Rosa María Salazar, coordinadora de la Red Nacional de Refugios (RNR) –instancia civil que agrupa a instancias de todo el país–, advierte que los hombres aprovechan la ola criminal para someter a las mujeres.
 
“Llegan mujeres que son parejas de delincuentes, de zetas, de personas que están metidas en la delincuencia organizada. Hemos tenido casos de mujeres que llegan con tanto miedo que tienen que ser trasladadas a lugares lejanos, donde se sientan seguras”, explica.
 
En ese contexto, los CAER (que son el primer contacto de apoyo a las sobrevivientes de violencia antes de ser llevadas a los refugios confidenciales) se quedaron sin dinero para operar, luego de que la Secretaría de Salud federal negó recientemente la existencia de los 50 mdp etiquetados con ese fin por la Comisión de Equidad y Género de la Cámara baja.
 
Ante este “faltante”, las directoras de los 34 refugios integrantes de la RNR se reunieron en febrero pasado para determinar el futuro de los CAER. Acordaron que de no contar con los 50 mdp podrían cerrar los Centros de Atención Externa de Coahuila, Chihuahua, Morelos y Veracruz.
 
ESCENARIO DE VIOLENCIA
 
Según datos oficiales y de grupos civiles, en 2010 en Coahuila 51 mujeres fueron asesinadas violentamente. En Chihuahua en lo que va del año han sido ultimadas 60 mujeres, mientras que en el mismo año en Morelos fueron asesinadas 48. En Veracruz, de agosto de 2011 a febrero de 2012, hubo 30 casos de feminicidio.
 
Al Centro de Crisis Casa Amiga, que opera como un CAER en Ciudad Juárez, Chihuahua, llegan mujeres que han sufrido varios intentos de asesinato por parte de sus parejas. “Son mujeres que ya tocaron muchas puertas pidiendo ayuda y ninguna se abrió”, relata su directora, Irma Casas.
 
Casa Amiga labora de 9 de la mañana a 5 de la tarde. A diario realiza de 25 a 30 entrevistas iniciales y hace el seguimiento de siete casos. Ahí trabajan cuatro psicólogas y tres abogadas que atienden en promedio a más de 40 personas. Cuenta también con una línea telefónica de atención las 24 horas. Se trabaja día y noche en una ciudad “donde no se nos da ninguna garantía”, critica Casas.
 
La vulnerabilidad de los CAER es similar a la de los refugios. Por ejemplo, el 9 de junio de 2010 14 policías –seis de ellos con armas de alto poder– ingresaron al refugio “Sin violencia”, en la misma urbe fronteriza, para buscar a una menor de edad.
 
Hasta la fecha, ni las autoridades municipales ni las estatales han reubicado el refugio, tal y como lo solicitaron desde hace casi dos años su directora y coordinadora administrativa Almendra Robles Rosales y Elia Orrantia Cárdenas, respectivamente.
 
Rosa María Salazar recalca que la crisis económica y la “desaparición” de los 50 mdp para los CAER afectarán los servicios que se prestan para las mujeres víctimas de violencia. También se pone en riesgo la vida de las mexicanas, alerta.

Salud “desaparece” 50 mdp para refugios

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Gladis Torres Ruiz

REPORTAJE
Salud “desaparece” 50 mdp para refugios
Fueron aprobados para atender violencia de género
 
En clara violación al presupuesto de género, la Secretaría de Salud no destinó 50 mdp aprobados para los refugios de víctimas de violencia.
 
Sin mayor explicación, la Secretaría de Salud federal (Ss) “desapareció” de su presupuesto aprobado para 2012, 50 millones de pesos (mdp) etiquetados por la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, para los Centros de Atención Externa de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia (CAER).

Este año la Cámara baja aprobó 100 mdp para el funcionamiento de refugios para mujeres agredidas y 50 mdp para los CAER, como parte del Anexo 10 “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”.

 
La presidenta de la Comisión de Equidad, Ángeles Nazares, informó que se dictaminaron esas cantidades ante la creciente demanda de mujeres que solicitan ayuda a los refugios.
 
La legisladora del PRD denunció que la Ss informó a la Comisión de Equidad que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2012, sólo hay 100 mdp para la operación de los refugios y los CAER.

“Hemos tenido una dificultad, no en el decreto sino en la interpretación que hacen las dependencias. De acuerdo con las necesidades es como acomodan los recursos que van en el Anexo 10, y no de acuerdo a lo que nosotras les señalamos”, acusó.
 
“USO ELECTORAL”
 
Nazares señaló que en su interpretación del presupuesto, la Ss asegura que no existen los 50 mdp aprobados para los CAER. “Como estamos en año electoral, por ahí podría ir el asunto y a mí me parece lamentable que el recurso de las mujeres se utilice para esto”.
 
La diputada insistió en que el Anexo 10 ya fue analizado y “es correcto, no falta y no sobra dinero; el problema es con la Ss”.
 
La “desaparición” de recursos ocurre en un momento en que la violencia contra las mexicanas se ha recrudecido. De acuerdo con cifras oficiales y de grupos civiles, de enero de 2010 a junio de 2011 mil 235 mujeres fueron asesinadas de manera dolosa en sólo ocho estados.
 
En 2006 más de medio millón de mexicanas de áreas urbanas reportaron amenazas de muerte por parte de sus parejas, según el Inegi.
 
La directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), María Salazar, advirtió que la atención que se brinda a las mujeres en los refugios refleja que “la intensidad de la violencia con que son atacadas va en aumento, por lo que la ausencia de los 50 mdp pone en riesgo el funcionamiento de los CAER”, criticó.
 
Precisó que los CAER son la cara pública de los refugios, ya que éstos deben tener domicilios confidenciales: “Las mujeres primero llegan a los Centros y de ahí se canalizan al refugio; también se atiende a las que no lo requieren”.
 
Los refugios son instancias que brindan protección y atención interdisciplinaria a mujeres y sus hijas e hijos en situación de riesgo por violencia familiar, sexual o trata. Los subsidios para ellos se otorgan con base en lo estipulado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General).
 
En México hay 88 refugios en las 32 entidades federativas, de los cuales 44 pertenecen a la RNR; 34 a grupos civiles, 9 al gobierno y uno mixto. Entre 2010 y 2011 se atendieron 8 mil 372 personas en 42 refugios, de las cuales 75 por ciento eran niñas y niños.
 
NADIE SABE NADIE SUPO
 
El reglamento de la Ley General señala que el Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres) tiene que proponer las normas técnicas para atender la violencia de género, y la operación de los refugios y centros para víctimas. María Salazar aclaró que en 2011 el Inmujeres se retiró de la mesa interinstitucional para atender la violencia de género.
 
Los recursos para los refugios se asignan a la Ss y ésta a su vez los destina al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), instancia que emite la convocatoria para que los refugios presenten sus planes de trabajo y el subsidio solicitado para operar.
 
No obstante, la directora general adjunta del CNEGSR, Aurora del Río Zolezzi, aseguró que los 50 mdp para los CAER no fueron asignados a este mecanismo, y que para el programa de refugios sólo hay 100 mdp.
 
La funcionaria mostró un oficio de la Ss en el que la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto únicamente les destinó al Centro 100 mdp y no los 150 aprobados.
 
Ángeles Nazares dijo que la Comisión de Equidad se ha reunido con funcionarios de la Ss para aclarar la situación, pero –apuntó– “no hemos tenido ninguna respuesta, sobre todo de Carlos Gracia Nava, director general de Programación, Organización y Presupuesto de la secretaría”.
 
Adelantó que se llamará a cuentas ante el Congreso a los encargados de finanzas de la Ss, dependencia que –acotó– le echa la bolita a la Secretaría de Hacienda y ésta a su vez “nos dice que la responsable es Salud, y nosotras vemos que así es”.
 
Hasta el cierre de esta edición buscamos una entrevista con Carlos Gracia Nava, director general de financiamiento de la Ss, no obstante la respuesta fue que se esta familiarizando con el tema pues acaba de ingresar al cargo.