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DESOBEDIENCIA CIVIL PACIFICA1/01/17
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NUEVA CARA EN EL BILLETE DE 20 DÓLARES Harriet Tubman, una esclava y abolicionista de raza negra

STAFF: Matrix Noticias/Canal Matrix HD/Por: Arturo Cordova S/Por: Redacción/Con información:  Notimex

El esclavista presidente Jackson será sustituido por Harriet Tubman, una esclava y abolicionista de raza negra

Una esclava y abolicionista de raza negra se convertirá en la nueva cara de los billetes de 20 dólares, al sustituir la imagen de Andrew Jackson, el séptimo presidente de Estados Unidos, anunció hoy el Departamento del Tesoro.

Harriet Tubman se convertirá así en la primera mujer en más de un siglo en aparecer en un billete, aunque no en la denominación que originalmente estaba considerada para esta modificación.

Cuando el Departamento del Tesoro anunció el verano pasado su intención de cambiar la imagen frontal de billete de 10 dólares y sustituirla por el rostro de una mujer, el anuncio no fue bien recibido en algunos segmentos de la población estadounidense.

Ese billete presenta el rostro de Alexander Hamilton, un ayudante de George Washington durante la guerra de independencia, el primer secretario del Tesoro, y quien es acreditado como el responsable de haber sentado las bases del sistema financiero de la naciente nación.

Por otra parte, Jackson es recordado como una divisoria figura en su tiempo, quien como presidente ordenó el desalojo de varias naciones indígenas de sus tierras en el sur de lo que entonces era Estados Unidos, además de ser propietario de esclavos.

Con el cambio, el rostro de Hamilton continuará en el billete de 10 dólares, en tanto que el de Jackson será reemplazado por Tubman.

Otras candidatas consideradas además de Tubman fueron la exprimera dama Eleanor Roosvelt, la activista afroestadunidense de los derechos civiles, Rosa Parks, y Wilma Mankiller, la primera mujer en ser instaurada como jefa de la nación Cherokee.

Al final Tubman, quien nació como esclava en una plantación en Maryland y sirvió después como espía de la Unión durante la guerra civil, se impuso luego de que un movimiento a su favor reunió 600 mil firmas para apoyar su causa.

Tubman empero no será la primera mujer cuyo rostro adornará un billete o una moneda de curso legal en Estados Unidos.

Entre 1880 y 1890 el rostro de la primera dama Martha Washington apareció en los billetes de un dólar o certificados plata, como eran conocidos entonces, y en 1860 el rostro de la princesa indígena Pocahontas apareció en el dorso de los billetes de 20.

La más reciente fue Sacajawea, una indígena Lemhi Shoshone, quien acompañó a los exploradores Meriwether Lewis y William Clark a recorrer el territorio comprado por Estados Unidos a Francia en 1803, y que comprende 13 estados del centro, desde Canadá hasta México.

La moneda de un dólar en la que aparece Sacajawea con su hijo a cuestas, fue acuñada por primera vez en el año 2000, pero su producción cesó en 2012 debido a la baja popularidad y demanda generada.

 

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Los 3 pecados Capitales “Mujer, Indígena y Pobre”

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix HD/Por: Cecilia Cordova S/Redacción

El Tribunal Oral Criminal Nº 1 (TOC) de Quilmes, integrado por las Juezas Silvia Etchemendi, Marcela Viccio y Florencia Butierrez, condenó por unanimidad a Reina Maraz Bejarano, indígena quechua hablante de Bolivia.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) acompañó en el juicio a Reina y reclamó que su testimonio lo hiciera en su lengua materna, a través de una intérprete designada para su caso, debido a que en la justicia provincial no existe listado alguno de intérpretes en lenguas originarias. Reina testimonió con la intérprete sobre las situaciones de violencia ejercidas por su pareja y violaciones de su vecino. Por su parte, el fiscal, con una actitud despectiva y discriminatoria al dirigirse a Reina le reclamaba que presente las marcas de las violaciones. Una agresión a su condición de mujer. Pasaron tres años de éstas violaciones y agresiones que ella expuso ante el Tribunal, que en ningún momento  hizo ninguna pregunta a la acusada, ni tampoco trató de impedir la agresión del Fiscal.

Luego de ello, durante el transcurso de una de las audiencias, el Tribunal le prohibió a la hermana de Reina dar testimonio en su lengua materna, y tuvo que hacerlo con gran dificultad en castellano. Alegando el tribunal que “el juicio es en territorio argentino y el idioma es el castellano”; de esta manera se desconoció el derecho de los pueblos originarios a la autodeterminación lingüística. Fue así que se actuó con discriminación hacia otra cultura, violando la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de DDHH incorporados a ella y la Declaración Internacional de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU

La Dra. Margarita Jarque, Directora de Litigio Estratégico de la CPM, señaló “ésta es una sentencia que reprodujo la acusación del fiscal, sin fisura alguna”. A su vez, Sandra Raggio expresó que “el Tribunal no escuchó a Reina y el fallo nos resulta profundamente injusto”.  Estamos frente a un Tribunal que no consideró el sufrimiento, las vejaciones de una mujer indígenas y pobre, totalmente vulnerada en sus derechos.

Lo más grave de todo es la condena en sí misma: CADENA PERPETUA.

Es la misma que se le ha impuesto a los represores de la dictadura militar, Etchecolaz y Videla. De la misma manera nos llama la atención que a los policías acusados de haber cometido homicidios de gatillo fácil, muchos de ellos están en libertad, mientras que a Reina, sin habérsele comprobado fehacientemente el hecho que se le imputó, está condenada a cadena perpetua y en detención domiciliaria.

Esto es totalmente indigno, ultrajante y discriminatorio para la dignidad humana de una mujer indígena.

Adolfo Pérez Esquivel

Presidente del Servicio Paz y Justicia y la Comisión Provincial por la Memoria

Esperamos que el defensor oficial de Reina, Dr. José María Mastronardi, apele la sentencia.

Desecha Corte Suprema demanda contra ex Presidente por matanza de Acteal

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix HD/Por:Redacción/Con información: Proceso

PROTEGEN A ZEDILLO EN EU

WASHINGTON.- La Corte Suprema de Justicia puso fin a la demanda que 10 personas interpusieron en Hartford, Connecticut, contra el expresidente mexicano Ernesto Zedillo, a quien acusaron de encubrir los hechos sobre la masacre de 45 personas en Acteal, Chiapas.

La agencia noticiosa estadunidense Associated Press (AP) reportó este lunes que un juez federal en Connecticut y la Corte Federal de Apelaciones del Segundo Distrito en Nueva York, desecharon la demanda contra Zedillo bajo el argumento de que el expresidente tiene inmunidad diplomática.

“La Corte Suprema de Justicia no dio ninguna razón por la cual declinó escuchar el caso” de los demandantes, sostiene el despacho de AP.

Los demandantes, cuya identidad no ha sido revelada, son presuntamente sobrevivientes de la masacre en Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en el sureño estado de Chiapas, durante el mandato de Zedillo.

“La Corte Suprema finalmente puso fin a esta frívola demanda”, escribió Jonathan M. Freiman, abogado de Zedillo, en un correo electrónico que envió a AP.

“El señor Zedillo sirvió a su nación con tremenda visión y valor, como lo dijera una vez el expresidente Bill Clinton”, añadió Freiman en el correo electrónico.

La SCJN declara válidos la eliminación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y el incremento del 35% del ISR

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix HD/Redacción/Por: Notimex

México, 25 Ago. (Notimex).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró válido constitucionalmente la eliminación del Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos) y el incremento de hasta 35 por ciento del Impuesto sobre la Renta (ISR), aunque en el último tema sigue la discusión de diversos puntos.

En la sesión pública de este día y de manera unánime, con 10 votos, el pleno de la SCJN, resolvió que la desaparición del Repecos y el establecimiento de 35 por ciento para el ISR no violentan los principios de equidad tributaria y de proporcionalidad.

Ello, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 40/2013 y su acumulada 5/2014, que presentaron integrantes de la 62 Legislatura contra el decreto que instauró el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 16 por ciento en las fronteras. Asimismo, modificó la Ley del ISR y derogó el Repecos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013. Al presentar la ponencia del ministro Sergio Valls, Margarita Luna Ramos sostuvo que son inválidas dichas acciones de inconstitucionalidad, ya que el Legislativo tiene la competencia de fijar la política fiscal y su monto. Rechazó que la eliminación del Repecos viole el principio de equidad tributaria, ya que la normatividad que la sustituyó no cambia la categoría, se respetan los mismos principios y sigue optativa para las personas físicas que en el anterior ejercicio acreditaron menos de dos millones de pesos.

En los recursos presentados, los senadores y diputados inconformes señalaron que en 2014 aumentó la tasa del ISR conforme se incrementa el monto de los ingresos de las personas físicas, lo que hace que sea no equitativa. A su vez, los ministros aún no llegan a una decisión si es válido constitucionalmente el establecimiento de un tope a las deducciones en el caso del ISR, discusión que continuarán en la sesión de este martes 26 de agosto.

Un juez francés “interroga” a un perro como testigo de un homicidio

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix HD/por: Redacción/Con informacion: Uno/RT/ Sott.net

es.sott.net

es.sott.net

Un juez decidió hacer la reconstrucción de un asesinato con un perro de la víctima, que estaba con su dueño en el momento del homicidio, para tratar de probar la culpabilidad del acusado.

Un juez decidió hacer la reconstrucción de un asesinato con un perro de la víctima, que estaba con su dueño en el momento del homicidio, para tratar de probar la culpabilidad del acusado.

Inusual para el caso de litigio se produjo en la ciudad francesa de Tours. Según comunica el diario Itar-Tass, a lo largo del experimento el perro labrador llamado Tango no pudo reconocer al presunto culpable.

El tribunal pidió a un experto veterinario, que prevea una “declaración de reconciliación” entre el perro de la víctima y el del victimario.

Condenan a 2 años de prisión al rapero comunista Pablo Hasél

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix HD/por: Redacción/Con informacion: LibreRed

Agencias

Agencias

El rapero comunista Pablo Hasél ha sido condenado por la Audiencia Nacional española a dos años de prisión por los contenidos de sus temas musicales, siempre críticos con el sistema capitalista.

Hásel, con 45.000 seguidores en Twitter y 16.000 en Facebook, tiene un indudable peso en las redes sociales, por las cuales difunde sus canciones.

Tras conocer la sentencia, Hasél ha publicado una carta para responder a la sentencia: “Están nerviosos porque cada vez más pueblo toma conciencia”, afirma.

“Estaba cantado, querían dar un castigo ejemplar y me han condenado a 2 años de prisión por hacer canciones, lo que pedía la fiscalía”, escribe el cantante.

Asimismo, el músico lamenta haberse “enterado por la prensa” y que no hayan comunicado antes la sentencia a su abogado. “Tengo que enterarme por la prensa burguesa y manipuladora de la condena”.

“Sólo me hubiera librado de una condena así, dejarme llevar por el camino al que me quería llevar la fiscal, el de la condena de la autodefensa armada. Pero antes muerto, ya le recordé que como comunista hablo en mis canciones de la lucha armada de la que tanto hablaron los clásicos del marxismo, el Che, etc. ¿Acaso dejan otro camino para acabar con las injusticias, con el genocidio diario de inocentes que supone el capitalismo?”, plantea.

Hásel prosigue su defensa afirmando que contrariamente a lo que afirma el juez, sus canciones no incitan al odio, sino “al amor a los oprimidos, es decir, a la inmensa mayoría de la humanidad”.

“Agradezco las muestras de solidaridad y vuelvo a recordar que los juicios no pueden aniquilar la lucha por la dignidad. Seguramente acaben encerrándome en prisión como a tantas luchadoras más, pero jamás acabarán con estas justas ideas y no me cabe duda de que tarde o temprano venceremos y ya nadie volverá a ser condenado por gritar la cruda realidad”, sentencia.

Víctimas de esterilización forzada aún pueden lograr justicia

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix HD/CimacNoticias/Por: Milagros Salazar

CIMAC Noticias

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INTERNACIONAL
 Víctimas de esterilización forzada aún pueden lograr justicia 
Activistas peruanas advierten que indagación no está agotada

Micaela Flores, a la izquierda, y Sabina Huillca, fueron esterilizadas contra su voluntad, como la hermana de Alfonso Ramos, Celia, que murió a consecuencia de la intervención. Foto: Milagros Salazar/IPS

Micaela Flores, a la izquierda, y Sabina Huillca, fueron esterilizadas contra su voluntad, como la hermana de Alfonso Ramos, Celia, que murió a consecuencia de la intervención. Foto: Milagros Salazar/IPS

El carpetazo del caso sobre la esterilización forzada de más de 2 mil mujeres en Perú durante el régimen del presidente Alberto Fujimori representó un sorpresivo cambio del fiscal encargado.

El fiscal Marco Guzmán Baca emitió el pasado 22 de enero la resolución que puso fin en esa instancia a la investigación de las esterilizaciones forzadas que se practicaron en Perú entre 1996 y 2000.

En ella dispone no denunciar penalmente a Fujimori (1990-2000), ni a tres ex ministros de Salud y otros funcionarios acusados de responsabilidad en el delito.

“Nos llevaron en camiones. Entramos inocentes y contentas. Pero escuchamos gritos y corrí (…). Las puertas estaban cerradas con candado. Me llevaron en camilla, me ataron los pies y ahí me cortaron”, contó a IPS/Cimacnoticias la víctima Micaela Flores Bañares, de la provincia de Anta, en la sureña región de Cusco, que entonces tenía siete hijos.

Eran unas 30 mujeres que fueron al centro de salud bajo el engaño de una campaña para un chequeo general, recordó.

El dictamen fiscal sólo determina procesar a personal de salud del norteño departamento de Cajamarca. Las esterilizaciones formaron parte del Programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) que crearon Fujimori y su equipo para reducir drásticamente la natalidad en las zonas más pobres del país y que afectó sobre todo a mujeres rurales y hablantes de quechua.

Como titular de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, Guzmán tomó el caso en julio de 2013, luego de que las investigaciones se reabrieran en noviembre de 2012.

El proceso, actualmente con 142 tomos, es de larga data. En mayo de 2009 la Fiscalía ya había archivado la investigación contra los ex ministros y otros funcionarios, pese a los reiterados exhortos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En 2003, el Estado peruano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suscribieron un Acuerdo de Solución Amistosa, por el que Perú aceptó indemnizar a la familia de María Mamérita Mestanza, quien murió tras ser esterilizada en Cajamarca. También se comprometió a investigar y enjuiciar a las autoridades que diseñaron y ejecutaron las esterilizaciones forzadas.

Tras años de idas y vueltas, las organizaciones de Derechos Humanos (DH) vieron una luz en el interés de Guzmán en investigar a Fujimori como autor mediato de esta práctica generalizada y sistemática.

A fines de noviembre de 2013, el fiscal advirtió que existían “indicios reveladores de la presunta participación en los hechos de Alberto Fujimori”, por lo que amplió la investigación sobre el caso Mestanza y otros.

La abogada Rossy Salazar, de la organización Demus y defensora de las víctimas, informó a IPS/Cimacnoticias que esta advertencia del fiscal figura en la foja 60277, parte de un reporte del caso dirigido al fiscal Víctor Cubas, coordinador de las fiscalías de DH.

Guzmán admitió en entrevista con IPS/Cimacnoticias haber señalado que “había indicios de la participación de Fujimori”. Para entonces, el fiscal ya había entrevistado a más de 500 víctimas, principalmente de los departamentos de Piura (noroeste) y Cusco (sur), detalló, aunque en su resolución de 131 páginas dice que sólo pudo interrogar a más de un centenar.

Además, Guzmán tenía evidencias de que se trató de un plan con metas, incentivos y hasta sanciones para el personal que incumplía las cuotas de esterilización, según documentos obtenidos por organismos gubernamentales que investigaron los hechos.

Demus invocó esos documentos oficiales en el recurso de queja que presentó el pasado 28 de enero contra la decisión del fiscal, ante el propio organismo de acusación pública.

El recurso menciona cuatro cartas que el ex ministro de Salud Marino Costa Bauer dirigió a Fujimori en 1997. En el oficio SA-DM-0722/97 el ahora ex culpado en el proceso reporta al entonces mandatario del incremento de la producción de servicios de AQV “y que debemos estar cerrando el año 1997 con una producción total bastante cercana a la meta”.

IPS/Cimacnoticias preguntó al fiscal: “¿Por qué después de determinar en noviembre que había indicios de la participación de Fujimori, usted termina excluyéndolo de esta responsabilidad poco tiempo después?”.

“Para poder examinar había que interrogarlo. Yo fui a interrogar a Fujimori y él ha respondido algunas preguntas, otras no. En algunas ha invocado el silencio. Luego su defensor adjuntó los documentos. Eso era importante porque nunca antes se le ha entrevistado a Fujimori por este caso”, respondió Guzmán.

El interrogatorio a Fujimori, el pasado 15 de enero en el penal Barbadillo donde purga condena de 25 años por delitos de DH, duró entre dos y tres horas. Una semana después, el fiscal archivó la investigación contra el ex presidente.

“¿Fue determinante la entrevista con Fujimori para resolver si él tuvo participación en el caso?”, insistió IPS/Cimacnoticias. “Es algo que se ha considerado pero no es determinante. Lo determinante es el paquete normativo que tengo que aplicar. No hay un soporte normativo que refuerce la imputación”, dijo.

El fiscal argumenta que la legislación peruana no tipifica como delito la esterilización forzada, así que no representa un soporte legal. En su resolución señala que los hechos denunciados no constituirían delitos de lesa humanidad, que se aplican para un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y que no prescriben.

En el plano internacional, el Estatuto de Roma, constitutivo de la Corte Penal Internacional, sí contempla el delito de esterilización forzada.

El Estatuto solo entró en vigor en julio de 2002 para Perú, después de que se consumaran los hechos y se iniciaran las denuncias, pero “desde inicios de los 90 la comunidad internacional ya consideraba la esterilización forzada como un crimen”, recalcó Salazar.

En su recurso, Demus argumenta que la resolución del fiscal “no agota la investigación penal”. Es sólo “el paso inicial en la búsqueda de la verdad” y no cierra la fase probatoria. Por eso, pide que una instancia fiscal superior acuse para que el caso siga. Otra vía para reabrirlo sería la introducción de una nueva denuncia de una víctima.

Demus, además, proyecta presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación en marzo próximo.

El pasado 31 de enero Guzmán publicó un artículo en el diario El Comercio, en el que señaló que “la única manera de responsabilizar a Fujimori es con la autoría mediata y, según el Tribunal Constitucional, no concurren los requisitos de ésta, dado que en el caso no hay estructura rígida vertical, pues no es posible obligar a un médico a operar contra su voluntad”. “Son casos aislados”, explicó a IPS/Cimacnoticias.

Según el Ministerio de Salud, entre 1993 y 2000 se practicaron 346 mil 219 esterilizaciones femeninas y 24 mil 535 masculinas, 55.2 por ciento de las cuales fueron realizadas en el bienio 1996-1997. En ese lapso se efectuaron 262 ligaduras de trompas por día en promedio.

Del total, se ha establecido que algo más de 2 mil personas fueron esterilizadas con engaños y amenazas. Las mujeres de Cusco figuran entre las más afectadas, porque hubo allí casi cinco operaciones al día, según cifras del Ministerio de Salud y testimonios de las víctimas.

Sabina Huillca Cóndor, de la comunidad cusqueña de Huayapacha, narró a IPS/Cimacnoticias que ella acudió al centro de salud de Anta para dar a luz a su hija Soledad, pero terminó pariendo en el camino.

Las enfermeras le dijeron que debía quedarse para limpiarla y evitar una infección. Al día siguiente, Sabina se despertó llorando, con un dolor punzante, un corte cercano al ombligo y amarrada en la camilla. Después huyó a su pueblo, se limpió la herida con jabón para lavar ropa, se sacó los puntos como pudo, y fue donde su madre para que la tratase con hierbas.

“Ahora tengo cáncer, se me juntó sangre seca en el ovario”, contó mientras mostraba su corte oscuro en el vientre.

*Este artículo fue originalmente publicado por la agencia internacional de noticias IPS.

Juicio a Ríos Montt se retrasa por “abusos” de su defensa legal

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/por: Randy Saborit Mora

CIMAC Noticias

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INTERNACIONAL
Juicio a Ríos Montt se retrasa por “abusos” de su defensa legal 
Fiscal Claudia Paz confía en que ex dictador no quede impune

Imagen retomada del portal 1325mujerestejiendolapaz.org

Imagen retomada del portal 1325mujerestejiendolapaz.org

Humildad y ternura transpira la fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, una mujer que tiene sobre sus hombros una peligrosa responsabilidad: enviar a la cárcel a quienes infrinjan la ley, ya sean narcotraficantes, ex militares o delincuentes comunes.

Durante casi 25 minutos, Prensa Latina/Cimacnoticias conversó con una de las candidatas al Nobel de la Paz 2013, quien ríe con frecuencia y a veces está al borde del llanto cuando se le pregunta, por ejemplo, qué le salva el día tras una sobrecargada jornada.

Mi hijo, respondió. Aseguró, casi en un suspiro, que sintió muchísimo cariño de la gente cuando su Joaquín fue intervenido quirúrgicamente del cerebro en enero de 2012. Indagué cómo estaba. “Bien, gracias a Dios”, dijo ella.

Para esta mujer, la primera en Guatemala en asumir para un periodo de cuatro años al frente del Ministerio Público, la justicia se define en su diccionario personal como la que actúa respetando la igualdad, independientemente de quien sea.

Después de pensar un instante, definió a la valentía como la capacidad de sobreponerse al temor, mientras que consideró al poder como algo que debe ser controlado. Para ella el trabajo es “uff, esfuerzo diario”. En ese instante rompió en risas, aunque aludía a lo más serio del mundo.

Reveló, también risueña, que se esfuerza por ser una soñadora como su padre y perseverante al estilo de la madre. Consultada sobre los resultados de su gestión desde diciembre de 2010 hasta la fecha, aseveró que en estos tres años se ha avanzado en el combate al crimen organizado, en especial el narcotráfico.

“Hemos logrado detener, para extradición, a varios de los más grandes capos y también hemos juzgado acá en Guatemala”, subrayó.

–Prensa Latina/Cimacnoticias (PLC): Específicamente en el enfrentamiento de la violencia contra las mujeres ¿cómo han avanzado?

–Claudia Paz y Paz (CPP): En este tema hemos creado modelos de atención integral, que en 2010 solo existían en la ciudad de Guatemala. En 2011 llegamos hasta Villa Nueva (municipio colindante con esta capital), en 2012 hasta Huehuetenango, Alta Verapaz y Escuintla, y este año hasta Quetzaltenango, Chimaltenango y Chiquimula.

“Ya contamos con agencias especializadas en Petén, Jalapa y Jutiapa. Los lugares que he mencionado son donde existe un alto índice de violencia contra las mujeres. Es una prioridad poderles atender porque ese delito es el más denunciado a nivel nacional”.

–PLC: ¿Qué tendría que decirles a quienes afirman que pese a la disminución en las cifras de asesinatos y femicidio/feminicidio, la percepción de inseguridad aún persiste en la población guatemalteca?

–CPP: En realidad creo que ha aumentado la confianza en la justicia. Hay mayores índices de denuncia en ciertos delitos, por ejemplo en violencia contra las mujeres. Hay mucho camino por recorrer en materia de seguridad, pero sí se ha avanzado en el esclarecimiento de hechos violentos.

–PLC: ¿Qué porcentaje de los crímenes cometidos hoy en Guatemala quedan sin resolver?

–CPP: Hemos pasado de un 95 por ciento de delitos contra la vida sin esclarecer a un 70, es decir, hemos transitado de un 5 a un 30 por ciento de casos resueltos.

–PLC: ¿Cómo valora el trabajo desempeñado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)?

–CPP: La colaboración de la CICIG ha sido fundamental. En 2007, cuando se estableció, había mucha desconfianza y descrédito del sistema de administración de justicia. Estaba esa cifra del 95 por ciento de impunidad.

“Desde entonces para acá se ha avanzado en tener procesos transparentes para la elección de funcionarios en puestos claves, como en el esclarecimiento de crímenes complejos y ha trasladado al Ministerio Público metodologías importantes para combatir el crimen organizado y ha ayudado en el fortalecimiento de nuestra Dirección de Análisis”.

–PLC: ¿Considera que Guatemala estará en condiciones en septiembre de 2015 para enfrentar la impunidad sin la presencia de la CICIG?

–CPP: Creo que Guatemala ha avanzado mucho. Estos años han sido cruciales para el fortalecimiento del sistema de justicia. Pero no podría evaluar de aquí al 2015 cuáles serían las condiciones.

“Lo que sí puedo sostener es que hay que trabajar para que el sistema de justicia sea capaz cada vez más de caminar en el sendero de la lucha contra la impunidad”.

–PLC: En el almanaque de Claudia Paz y Paz, ¿qué relevancia tiene el 10 de mayo de 2013?

–CPP: Ese día se dictó sentencia en el caso de genocidio (contra el ex general Efraín Ríos Montt), aunque lamentablemente fue anulada días después por la Corte de Constitucionalidad.

–PLC: ¿Cómo valora la anulación del juicio contra Ríos Montt por parte de la Corte de Constitucionalidad?

–CPP: Como fiscales no la compartimos. Consideramos que utilizamos todos los recursos en nuestras manos para impugnarla, pero la respetamos.

–PLC: ¿Qué perspectivas ve en la resolución del caso Ríos Montt, cuando aún está pendiente un pronunciamiento de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones?

–CPP: Hay un número elevado de otros recursos que están dando vueltas sobre ese tema, además del que permanece por resolverse en la Sala Primera. El juicio lo programaron para enero de 2015.

–PLC: ¿Cómo valoraría que se resolviera este caso?

–CPP: Para nosotros, como Ministerio Público, es muy importante resolverlo. Pero también es un buen ejemplo para saber cómo se hace abuso de los recursos de defensa a fin de retardar los procesos.

–PLC: ¿Tomar decisiones como fiscal general le ha ganado enemigos?

–CPP: Sin dudas, el ejercicio de la acción y persecución penal, que es nuestro trabajo, traerá simpatías para las personas que han sido víctimas, si se esclarecen sus casos.

“Probablemente las que sufran el poder penal, a veces no lo comprenderán como un puro ejercicio de la ley y del Estado de Derecho. Son temas que van con el cargo”.

–PLC: ¿Qué le quita el sueño a Claudia Paz y Paz?

–CPP: Creo que hay una gran responsabilidad sobre mis hombros de cumplir a cabalidad con lo que me exige la ley: cumplir como institución con nuestro mandato de defender adecuadamente a las víctimas, y que mis compañeros fiscales hagan su trabajo, que sin dudas tiene riesgos, con los necesarios niveles de seguridad.

–PLC: ¿Qué precio tiene que pagar cada día por estar en un puesto como éste?

–CPP: Siempre son opciones personales. Es una decisión de asumir un desafío y de ejercer una función pública, que conlleva, como otras, ciertos riesgos. Hay que tener paciencia con los riesgos que conlleva y tomar ciertas medidas de seguridad necesarias.

–PLC: Usted ha ejercido la docencia. ¿Es de las profesoras que aprende de los estudiantes?

–CPP: Siempre, siempre se aprende.

–PLC: ¿Qué enseñanzas recuerda de sus alumnos?

­–CPP: Siempre las preguntas obligan a estudiar, hacen pensar que las cosas se pueden ver desde varios puntos de vista, sin que exista sólo una forma de comprenderlas.

“Si se logra que la clase no sea un monólogo, sino un diálogo con los alumnos, se puede construir entre todos una manera de entender las cosas”.

–PLC: ¿Cómo describiría un día normal en la vida de Claudia Paz y Paz?

–CPP: Desayuno con la familia. Vengo muy temprano al Ministerio Público. Muchas reuniones internas y externas. Y (se ríe) termino en la noche muchas veces cansada.

–PLC: ¿Le alcanza el tiempo a la fiscal general para leer un libro de temáticas diferentes a su contenido de trabajo?

–CPP: No como quisiera.

–PLC: ¿Cuáles son sus libros de cabecera?

–CPP: Hay uno que me dio a leer mi papá, cuando era niña, que se llama “Matar a un ruiseñor”, de la escritora estadounidense Harper Lee. La historia versa sobre una niña que tiene un papá abogado. Ese texto me encanta.

Paz y Paz confesó que la mayor sorpresa recibida al ocupar el cargo fue conocer la existencia de funcionarias y funcionarios honorables, de carrera, con muchísimos años de trabajar en la institución.

“La mayoría de ellos merecerían una estatua y confiaría en que se lo han ganado. Muchas veces hacen su trabajo de forma anónima. Quien recibe los méritos por el buen hacer de la institución soy yo, pero detrás está la labor de muchas mujeres y hombres”.

Coherente con esta respuesta, sostuvo que la nominación al Nobel de la Paz fue un gran honor, que apoya su desempeño, pero también el de sus compañeras y compañeros.

*Corresponsal de Prensa Latina en Guatemala.

Exigen se esclarezca muerte de líder indígena chilena

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/por: Redacción

CIMAC Noticias

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INTERNACIONAL
 Exigen se esclarezca muerte de líder indígena chilena
Nicolasa Quintreman encabezaba lucha contra hidroeléctrica

Imagen retomada de redes sociales

Imagen retomada de redes sociales

Autoridades chilenas descartaron que la muerte de la dirigente indígena pehuenche, Nicolasa Quintreman Calpán –cuyo cuerpo sin vida fue encontrado sobre el lago artificial Ralco el pasado martes– se trate de un asesinato.

Carlos Díaz, fiscal chileno, informó hoy a la prensa local que las pruebas periciales determinaron que la muerte de Quintreman se trató de un accidente debido a que a sus 74 años de edad la dirigente indígena tenía problemas de visión y cayó imprevistamente al lago.

El cuerpo de la dirigente pehuenche que encabezó el movimiento de resistencia indígena en contra de la construcción de la Central hidroeléctrica Ralco, ubicada en el Alto Biobío, fue encontrado la mañana del pasado martes flotando sobre las aguas del lago artificial que forma parte de la represa construida por la empresa española Endesa, y contra la que ella y su hermana Berta Quintreman lucharon.

Cabe destacar que el hallazgo ocurrió casi 24 horas después de que la ñaña (como se conoce a las mujeres ancestrales en la cultura pewenche) abandonara su casa en Ralco Lepoy, región de la Cordillera Andina, y a donde se vio obligada a vivir sus últimos años de vida luego de que con la construcción de la represa fueran inundadas sus tierras.

El cuerpo de la también representante del pueblo mapuche que asegurara durante su lucha “sólo muerta me sacaran de mis tierras”, será velado hoy con una ceremonia ancestral ante la presencia masiva de comuneros, dirigentes y demás representantes indígenas de todo el país.

Ante la información dada a conocer sobre las causas del deceso, el ex director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Domingo Namuncura, señaló que espera que el fiscal agote todas las diligencias necesarias para aclarar la muerte de Nicolasa, para que así “la comunidad mapuche pueda estar tranquila”.

Por su parte, Richard Curinao, vocero de la comunidad mapuche en Santiago, condenó el actuar de Endesa, empresa constructora de la represa y que se enfrentó en múltiples ocasiones con la dirigente.

“Ellos despojaron de su territorio a nuestra gente y lamentablemente estas son las consecuencias que rechazamos categóricamente”, sentenció.

Cabe destacar que el río Biobío se encuentra al sur de Chile y desemboca en el Océano Pacífico; se estima que más de un millón de personas utilizan los recursos del Biobío como agua potable y de riego, recreación y pesca.

En la década de 1990 la corporación española Endesa comenzó a implementar su plan de construir seis hidroeléctricas a lo largo del Biobío.

Nicolasa Quintreman Calpán, junto con su hermana Berta y un sinnúmero de organizaciones y personas, logró paralizar la construcción del emblemático proyecto hidroeléctrico de Endesa un par de veces: en agosto de 1997 y septiembre de 1998.

Pese a los años de resistencia, en 2002 se consolidó la construcción de la represa en la zona de Ralco que derivó en que muchos indígenas abandonaran sus territorios.

Piden a Segob sesionar de nuevo para declarar AVG en Edomex

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/por: Anaiz Zamora Márquez

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VIOLENCIA
Piden a Segob sesionar de nuevo para declarar AVG en Edomex
Urgen se acate fallo que revira la negativa a decretar la alerta

CIMAC Foto: César Martínez López

CIMAC Foto: César Martínez López

El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) mantiene incumplida la sentencia del juez noveno de distrito en materia administrativa en el DF, quien mandató desde noviembre de 2012 votar de manera “fundada y motivada” la procedencia  de una Alerta de Violencia de Género (AVG) en el Estado de México.

En breve entrevista, Gabriela Rivero, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), informó que hoy se entregó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, una carta para exponerle los puntos del incumplimiento de la sentencia y recordarle que la AVG busca “hacer frente a la desoladora realidad que vive nuestro país en términos de violencia contra las mujeres”.

Mediante la misiva que cuenta con el respaldo de Amnistía Internacional y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, se solicita al funcionario que instruya a las autoridades competentes a que se “desistan del recurso de queja interpuesto ante el juez”, para no acatar el fallo judicial.

Y es que el pasado 5 de noviembre, en lugar de que el Sistema llamara a una nueva sesión para dar cumplimiento al fallo, la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación (Segob) –dependencia que encabeza al SNPASEVM– interpuso un recurso de queja contra la resolución.

En la carta, las y los activistas le recuerdan a Osorio Chong que en las sesiones ordinarias del SNPASEVM, que él ha presidido, “manifestó su compromiso por hacer funcionar los mecanismos de previstos en la ley para proteger a las mujeres”, pero en la práctica esto no es cierto.

HISTORIA DEL INCUMPLIMIENTO

Al conocer la segunda negativa de AVG, dada por el Sistema en julio pasado, el juez de amparo José Eduardo Alvarado Ramírez consideró en octubre que las y los integrantes del SNPASEVM continúan sin argumentar de manera clara la decisión de no declarar la alerta en la entidad mexiquense y deben volver a sesionar, lo que hasta ahora no ha ocurrido.

Ante el incumplimiento y la intención del Sistema (integrado por dependencias federales y los institutos estatales de las Mujeres) de dilatar aún más el proceso al presentar una queja por la decisión del juez, el OCNF emprendió una campaña para exhortar a Miguel Ángel Osorio Chong, a instruir a las y los funcionarios competentes a que acaten la resolución de manera inmediata.

En enero de 2011 el SNPASEVM negó la solicitud presentada en diciembre de 2010 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el OCNF, ante lo cual las organizaciones civiles presentaron un amparo, que al ser resuelto por un juez de distrito, obligó al Sistema a invalidar la decisión anterior y a votar de nuevo si se inicia o no una indagación sobre feminicidio en el Edomex, para eventualmente declarar la AVG.

El Sistema sesionó dos veces: una para invalidar la negativa y posteriormente el pasado 19 de julio para negar nuevamente la AVG, bajo el argumento de que las organizaciones “no habían acreditado la existencia de violencia feminicida”, y que al haber tipificado el feminicidio hasta 2011, los 922 asesinatos de mujeres cometidos de 2005 a 2010 “no podían ser considerados como feminicidio”.

El pasado 3 de octubre, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en su carácter de secretaría ejecutiva del SNPASEVM, hizo del conocimiento del juez la nueva negativa de la alerta.

El 28 de octubre el juez Alvarado Ramírez resolvió que las “autoridades responsables aún no habían dado cumplimiento a la sentencia”, y ordenó llevar a cabo una nueva sesión y cumplir con el fallo que señala “resolver de manera fundada y motivada (…) explicando los motivos para declarar la improcedencia o procedencia de la solicitud y citando los artículos que sustenten su decisión”.

De acuerdo con el OCNF, la queja de Segob presentada el 5 de noviembre es improcedente y tiene como objetivo “postergar el cumplimiento de la sentencia de amparo”.

Era directora del ISM y notaria pública al mismo tiempo

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal

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NACIONAL
Era directora del ISM y notaria pública al mismo tiempo
Dolores Galindo Delgado incurre en presunta irregularidad

Lo que durante meses corrió como un fuerte rumor, hoy es un hecho: la ex directora del Instituto Sonorense de la Mujer (ISM), Dolores Alicia Galindo Delgado, fue beneficiada con una notaría en la ciudad de Nogales, Sonora.

Lo anterior quedó asentado en el Boletín Oficial número 44, sección I, publicado el pasado jueves 28 de noviembre. En el documento Dolores Alicia Galindo dirige una solicitud de publicación a Eduardo Villarreal Ortiz, director general del Boletín Oficial y Archivo del estado de Sonora.

La petición se hizo el pasado 21 de noviembre y en ella se hace del conocimiento que a partir del 18 de septiembre de 2013, “en virtud de la patente de notario público titular de la Notaría Pública número 70 otorgada a Dolores Alicia Galindo Delgado, por el gobernador del estado, Guillermo Padrés Elías, ha quedado establecida la oficina y residencia de la Notaría Pública a su cargo en calle Antonio Campillo número 86 interior 204, colonia Fundo Legal, en Nogales, Sonora, con un horario de atención de 9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes”.

El pasado 24 de octubre la encargada de despacho del ISM, Yolanda Yeomans, explicó que desde “hacía casi dos semanas” Dolores Galindo había renunciado a la dirección general del instituto, sin que el hecho se difundiera públicamente.

De ser así, Galindo Delgado habría dejado la dirección del ISM el 11 o 12 de octubre, fecha en la que ya tenía instalada la Notaría número 70 en Nogales. Por lo tanto, desempeñó ambas funciones al mismo tiempo.

Toda vez que su gestión se caracterizó por una política de puerta cerrada a la ciudadanía, después de varios intentos de acercamiento con la funcionaria, mujeres de la sociedad civil dieron por muerto al ISM el pasado 3 de septiembre, extendiendo “un acta de defunción ciudadana”.

Ese mismo día, las organizaciones civiles realizaron una procesión fúnebre hasta las oficinas del ISM, donde colocaron una corona de muerto para enfatizar su acción.

En el “acta de defunción” se exponían los argumentos por los que se consideraba que el instituto ya no contaba con “signos vitales”. La falta de apoyo de la ex directora ante cualquier petición, proyecto, o solicitud de las ciudadanas se veía reflejada en todos los puntos.

Igualmente la carencia de transparencia en las acciones del ISM durante la gestión de la panista Dolores Galindo, era otra de las características, pues además de la negativa constante a responder solicitudes de información, fue en su periodo cuando se canceló la página web que durante años reportó las actividades del instituto.

No obstante lo anterior, el pasado 8 de noviembre la ex directora del ISM acudió a la Ciudad de México a recibir el Premio Tlatoani como la “Mejor directora del instituto de la mujer de la República Mexicana”, otorgado por el Instituto Mexicano de Evaluación (IMDE).

El premio, ampliamente cuestionado por la falta de rigor con que escoge a las y los galardonados, todas ellas funcionarias y funcionarios de los tres niveles de gobierno, solicita una “cuota de recuperación” de 17 mil 800 pesos, por lo que aparenta más ser una compra-venta de premios fraudulentos que una evaluación seria.

Dolores Alicia Galindo Delgado es licenciada en Derecho, su carrera la ejerció en Nogales en el ámbito aduanero. Fue directora del Boletín Oficial y Archivo del estado de Sonora. Coordinó los festejos del Bicentenario en la entidad. Es hermana del diputado federal David Cuauhtémoc Galindo, de quien fue promotora del voto, y fue nombrada como directora general del ISM en enero de 2012, cargo que habría dejado a mediados de octubre de 2013.

¿En qué te afecta la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP)?‏

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/Redacción

Sin instrumentos y reglas claras, te podrán monitorear en tiempo real donde estas, te podrán intervenir comunicaciones privadas de tus equipos de comunicación móvil. Afectando tu privacidad y el debido proceso.

¿Qué tendría que incluir el CNPP para estar de acuerdo con los derechos humanos y los estándares internacionales?

-Contar con la autorización de un Juez Federal y ponderar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de intervenir tus comunicaciones privadas, la retención de datos, y tu localización geográfica en tiempo real en tus equipos de comunicación móvil.

-Que se establezca que es necesario y proporcional que intervengan tus comunicaciones privadas.

-Que te digan si estás siendo vigilado.

-Un mecanismo que supervise de forma independiente para que haya transparencia y regulación. Vigilando al vigilante.

-No debe obligarse a proveedores de servicio (Ej. Telmex) a construir la capacidad de vigilancia o de control en sus sistemas, ni a recoger o retener determinada información exclusivamente para fines de vigilancia.

-Que se garatice tu debido proceso. Es un principio legal por el cual el Estado debe respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley.

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Presentan protocolo para que las migrantes accedan a la justicia

STAFF:Matrix Noticias/CimacNoticias/CanalMatrix/por: Lizbeth Ortiz Acevedo

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MIGRACIÓN 
Presentan protocolo para que las migrantes accedan a la justicia
Corte da lineamientos contra la discriminación
 
México, DF, 30 sep 13 (Cimacnoticias).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó hoy el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional”.
 
El ministro presidente de la SCJN, Juan Silva Meza, enfatizó que en el protocolo se incluyeron principios de igualdad y no discriminación; no devolución, unidad familiar, no revictimización, interés superior de niñas, niños y adolescentes; gratuidad de los servicios, y la presunción de inocencia.
 
El documento que consta de 135 cuartillas cuenta con el apartado “No discriminación e igualdad”, en el que se asienta que las mujeres representan el 49 por ciento del total de las personas migrantes en el mundo, en su mayoría jóvenes y que algunas de ellas huyen de la discriminación o la violencia.
 
El protocolo establece que las mujeres migrantes que cruzan el territorio nacional están expuestas a violencia sexual, física y verbal, malas condiciones de empleo y a la trata de personas.
 
Se estima que 6 de cada 10 mujeres migrantes sufren violencia sexual durante su trayecto por nuestro país hacia Estados Unidos. 
 
En el protocolo se recomienda a las y los jueces analizar los asuntos judiciales y las políticas migratorias con perspectiva de género, para garantizar el derecho a la igualdad para las mujeres.
 
La SCJN estableció que se debe reconocer que aunque una persona haya ingresado al país de forma irregular, pudo haber creado lazos familiares o laborales que le permitan permanecer en territorio nacional, por lo que es importante garantizar los derechos adquiridos.
 
Sobre la separación de niñas, niños y adolescentes de su núcleo familiar, el protocolo indica que sólo debe realizarse bajo una justificación clara, con una duración temporal y que deberán ser devueltos a su entorno familiar en cuanto las circunstancias lo permitan.
 
En caso de las familias de migrantes que lleguen al país con niñas, niños y adolescentes, se estipula que se debe aplicar el principio de unidad familiar fuera de la estación migratoria, es decir, que llevarán su proceso en libertad respetando así el interés superior de las y los menores de edad.
 
Para aquellas personas migrantes que estén huyendo de su país de origen porque su vida, seguridad o libertad se encuentren en peligro o que hayan sido víctimas de algún delito como la trata de personas, debe evitarse la solicitud reiterada de declaraciones, interrogatorios inquisitivos, procesos largos y diligencias innecesarias.
 
El protocolo convoca a que se garanticen servicios de un traductor o traductora cuando la persona migrante no conozca la lengua y tenga que ser interrogada, dar una declaración o conocer el contenido de una resolución que le afecte.
 
Asimismo se da especial importancia al respeto de la confidencialidad para las y los migrantes, por lo que informan que puede resultar conveniente que se prohíba la toma y difusión de fotografías o videos a los medios de comunicación, si esto afecta su dignidad, situación emocional o seguridad.
 
La SCJN encargó la coordinación del protocolo a Nancy Pérez García, directora de la organización civil Sin Fronteras, y la elaboración a Mónica Oehler Toca, responsable del Área de Defensoría, con la finalidad de orientar a las y los jueces en materia de Derechos Humanos y se facilite el acceso a la justicia a las y los migrantes.

Impunes, violaciones sexuales cometidas por el Estado

STAFF:Matrix Noticias/Cimacnoticias/CanalMatrix/Por: Anaiz Zamora Márquez

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DERECHOS HUMANOS
Impunes, violaciones sexuales cometidas por el Estado
Saldos pendientes en México, Argentina y Guatemala
 
México, DF, 31 ago 13 (Cimacnoticias).- La violación sexual –utilizada como instrumento de tortura por parte de fuerzas del Estado– es uno de los crímenes de lesa humanidad que más denigran y degradan el tejido social, pues deja secuelas no sólo a las víctimas, sino también a sus familias y seres queridos, dijeron defensoras de los Derechos Humanos (DH).
 
En medio de los conflictos armados y en las dictaduras que se han vivido en países de América Latina, la violación sexual a mujeres y niñas es una de las formas utilizadas para intimidar o torturar a la población, las cuales deben ser investigadas y correctamente sancionadas, resaltaron.
 
En ello coincidieron Yassmín Barrios, jueza del Tribunal A de Mayor Riesgo de Guatemala, quien enjuició y sentenció al ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt; Daiana Fusca, colaboradora del Centro de Estudios Legales y Sociales en Argentina (CELS), y Florencia Ruiz, investigadora de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
 
Entrevistadas durante el Foro Nacional sobre Delitos del Pasado, realizado en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, las expertas apuntaron que en México, Argentina y Guatemala se cometieron violaciones sexuales en forma sistemática con el objetivo de aniquilar y degradar la subjetividad de las personas, por lo que corresponden a crímenes de lesa humanidad.
 
Esa característica los “vuelve imprescriptibles”, es decir, no existe un límite de tiempo para que los delitos sean investigados y sancionados.
 
Cabe recordar que las tres naciones, además de ratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, han ratificado el Estatuto de Roma –perteneciente a la Corte Penal Internacional–, que en su artículo 7 enlista los crímenes de lesa humanidad entre los que se encuentran la “violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable”.
 
Yassmín Barrios, quien dictó el pasado 10 de mayo la sentencia histórica de 80 años de prisión contra el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, dio a conocer que una de las pruebas materiales con las que se contó dentro del juicio fue la declaración de las indígenas ixiles sobrevivientes de violaciones sexuales.
 
“Estas mujeres en un acto de valentía acudieron a dar su testimonio”, y además de escuchar sus crueles historias –dijo– se presentaron peritajes que dieron cuenta tanto de las agresiones como del “estrés postraumático de tipo generacional que hasta ahora padecen estas mujeres, y las repercusiones para su salud mental”.
 
Por su parte, Daiana Fusca resaltó que uno de los desafíos que se vive en Argentina dentro del proceso de reconciliación, verdad y justicia (por el cual se ha logrado condenar a 405 personas) es el esclarecimiento de los casos de violación sexual que se cometieron durante las dictaduras militares y los periodos de represión.
 
Dio a conocer que dentro de la “Causa ESMA” –serie de juicios por delitos de lesa humanidad, entre los que se investigan los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención Escuela Mecánica de la Armada–, uno de los procesos orales en curso se refiere a las violaciones sexuales contra mujeres durante las detenciones arbitrarias.  
 
Florencia Ruiz afirmó que en México también se cometieron este tipo de agresiones como forma de tortura durante la década de los 70 y 80, y que se han dado a conocer, pues “tenemos casos perfectamente documentados en el informe que elaboró la Femospp”.
 
Explicó que en ese informe, divulgado de manera parcial en 2007 por el gobierno federal, están las declaraciones de mujeres que fueron agredidas sexualmente, pues con “cualquier excusa, durante el periodo analizado, soldados asignados en zonas rurales, tomaron a mujeres como detenidas o como rehenes, y abusaron de ellas mientras los hombres de la casa eran torturados o mantenidos bajo vigilancia de otros”, de acuerdo con el documento.

Piden a Corte resolver recursos contra penalización del aborto

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Nelson Rodríguez, corresponsal

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INTERNACIONAL
Piden a Corte resolver recursos contra penalización del aborto
Reforma prohíbe a las nicaragüenses interrumpir sus embarazos
 
Managua, 23 jul 13 (Cimacnoticias).- El Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico (GEDAT) demandó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, que resuelva los recursos por inconstitucionalidad presentados hace seis años y que demandan que se les permita a las mujeres interrumpir un embarazo cuando sus vidas estén en riesgo.
 
En un escrito, la organización exigió respuesta porque los plazos “están sobrepasados”. Entre 12 y 15 mujeres mueren al año en Nicaragua por la negativa de los médicos a practicarles un aborto terapéutico, aunque la cantidad podría ser mayor, según GEDAT.
 
Martha María Blandón, integrante del GEDAT, dijo que no hay datos oficiales sobre la cantidad de mujeres que pierden la vida por esta razón, pero las estimaciones ciudadanas se basan en la información que reciben de las familias de las víctimas.
 
Ayer 15 de julio se cumplieron seis años de que organizaciones de mujeres interpusieron los primeros recursos legales contra la penalización del aborto terapéutico, pero a la fecha no hay respuesta de la CSJ.
 
Elia Palacios, de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), acusó que el Estado nicaragüense se niega a legislar a favor de más del 50 por ciento de la población (Nicaragua tiene una población de casi 7 millones de habitantes), quienes no pueden decidir sobre la interrupción del embarazo aunque su vida esté en peligro.
 
En Nicaragua las mujeres están frente a un Estado al que no le interesa la vida de ellas; muchas que tienen cáncer o cualquier otra enfermedad y que resultan embarazadas tienen que continuar el proceso, aunque finalmente de manera natural lo pierdan, pero su salud resulta muy deteriorada innecesariamente, advirtió Gonzalo Carrión, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
 
Abundó que las organizaciones que defienden la vida de las mujeres no se cansarán ni van a renunciar a la reivindicación de un derecho.
 
En 2006, en plena campaña política, las iglesias y los grupos conservadores presionaron a los diputados, quienes finalmente para ganar votos, reformaron el Código Penal y criminalizaron el aborto terapéutico que estuvo permitido por más de 100 años en el país centroamericano.

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