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Saldos de 2011:MM no cede y sigue rezago en anticonceptivos

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Guadalupe Cruz Jaimes

ESPECIAL SALUD

Saldos de 2011: MM no cede y sigue rezago en anticonceptivos
Mujeres indígenas y adolescentes, sin atención eficaz

México, DF, 23 dic 11 (CIMAC).- En materia de salud sexual y reproductiva para las mujeres, el año 2011 deja severos pendientes como la reducción de la muerte materna (MM), el abasto
suficiente de anticonceptivos y la batalla contra el aumento del VIH-Sida, siendo las indígenas y las adolescentes las más afectadas.

Raffaela Schiavon, directora de Ipas México, señaló que entre los grandes pendientes de la administración federal del Partido Acción
Nacional (PAN) en el rubro, se encuentran la promoción de los servicios de planificación familiar (PF), y la realización de abortos
seguros y su tratamiento en caso de complicaciones médicas.

Al participar en el reciente foro “La protección de la salud materna desde una perspectiva de Derechos Humanos: avances y desafíos”, la especialista advirtió que las políticas de salud sexual y reproductiva deben basarse en evidencia científica y “no en ideologías”.

Agregó que México debe atender las recomendaciones de diversos organismos internacionales, que han mostrado la eficacia de
la inversión en PF, la despenalización del aborto, así como la atención de la emergencia obstétrica y del parto por personal calificado para disminuir la razón de muerte materna (RMM).

BATALLA ESTÉRIL

Durante 2010 se registraron 992 defunciones
maternas; hasta julio de este año ocurrieron 498,
según la Dirección General de Información en
Salud de la Secretaría de Salud (Ss). En esa
fecha la dependencia proyectó que al cierre de
2011 el total de muertes ligadas al embarazo,
parto y puerperio será de mil 126, es decir un
incremento de casi 14 por ciento respecto al año pasado.

Schiavon indicó que el aumento de la afiliación
al Seguro Popular (SP) de mujeres embarazadas “no
ha redundado en una reducción de la MM, ni en una
mejora de la calidad de la atención en el embarazo, aborto, parto y puerperio”.

Muestra de ello es que 28 por ciento de los 992
casos de MM corresponde a mujeres sin seguridad
social, de las cuales el 39 por ciento estaba afiliado al SP.

En los últimos 20 años, la reducción de la RMM
–que hoy es de 51 decesos por cada 100 mil
nacidos vivos– fue de 42 por ciento, cuando
tendría que haber sido de 60 por ciento para
lograr el quinto Objetivo de Desarrollo del
Milenio para el 2015 y disminuir la RMM a 22
fallecimientos, según el Centro Nacional de
Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) de la Ss.

De acuerdo con Schiavon, es posible reducir entre
25 y 32 por ciento la MM con servicios de calidad
en PF y suficiente abasto en anticonceptivos. Sin
embargo la información oficial muestra que la
salud sexual y reproductiva de las mujeres no es prioritaria.

Por ejemplo, de acuerdo con datos oficiales, a
junio de 2011 el estado de Sinaloa tenía
desabasto o abasto insuficiente de
anticonceptivos orales, inyectables,
preservativos y de dispositivo intrauterino (DIU).

Jalisco, Nuevo León y Yucatán carecían de orales,
inyectables y preservativos. Coahuila no tenía
DIU, orales e inyectables. Tlaxcala presentó
desabasto de DIU, inyectables y preservativos.
Mientras que Veracruz y Guerrero carecían de DIU e inyectables.

Colima, Estado de México, Quintana Roo,
Chihuahua, Durango, Michoacán y San Luis Potosí
también tenían desabasto o abasto insuficiente de uno o más de estos métodos.

LAS MÁS VULNERABLES

Esa problemática redunda en una baja cobertura
anticonceptiva (uso o acceso a métodos de control
natal), que se agrava en las indígenas, pues
mientras el promedio nacional es de 73.5 por
ciento, en estas mujeres disminuye a 58.

Además de tener menor acceso a anticonceptivos,
las indígenas acceden menos a consultas
prenatales: en 2010 tuvieron seis mientras que la
media en el país fue de 7.8, señaló Lina Berrio,
directora de la organización Kinal Antzetik, especializada en salud materna.

En su intervención en el mismo foro, la activista
aseguró que por esa desigualdad los estados con
mayor presencia indígena son los que registran la mayor RMM.

Por ejemplo, en Oaxaca 55.9 por ciento de las
mujeres fallecidas por esa causa eran indígenas,
mientras que en Guerrero la proporción rebasó 47
por ciento, según el Observatorio de la Mortalidad Materna.

Este año la Ss presentó el Convenio
Interinstitucional para la Atención de la
Emergencia Obstétrica, para que las mujeres sean
atendidas en cualquier institución de salud,
independientemente de su afiliación. Este es un
paso adelante que ahora debe darse a conocer y
operar de manera efectiva, dijo Berrio.

Abundó que el principal reto para avanzar en la salud materna es la integración de un enfoque intercultural en los servicios de salud públicos, el cual implicaría la adecuación de los espacios,
la presencia de traductoras culturales en las unidades ubicadas en zonas indígenas, el acompañamiento de partera y familiares en el
parto, así como el uso de plantas medicinales y elementos rituales de protección.

ADOLESCENTES Y VIH

Es preciso que los servicios brinden atención especializada a las adolescentes, ya que esta población también es blanco de discriminación y desventaja, consideró Raffaela Schiavon.

Las adolescentes son quienes tienen la necesidad
anticonceptiva más alta (25 por ciento), más del
doble que el promedio nacional (10 por ciento).
Entre las consecuencias están los embarazos no
planeados. De acuerdo con un análisis de Ipas
México, con datos oficiales, en el país cada
minuto nacen cuatro niñas y niños, y en la Ss uno
de ellos es de madre adolescente.

Además del riesgo de un embarazo no planeado, las
y los adolescentes se exponen a adquirir una
infección de transmisión sexual (ITS), como el
VIH, sobre todo porque sólo 25.8 por ciento de
las menores de 20 años con actividad sexual utiliza condón.

Según datos del CNEGySR, mecanismo encargado del
programa de salud sexual y reproductiva en
adolescentes, de 2007 a 2010 el uso del condón en
las relaciones sexuales de esta población sólo aumentó 0.8 por ciento.

Eugenia López, directora de la organización civil Balance, señaló que promover la utilización del condón masculino y femenino es una tarea pendiente de las autoridades para prevenir la transmisión del VIH.

La activista consideró que es un avance que a partir de este año, la compra y distribución de la prueba de detección del virus para embarazadas estuvo a cargo del CNEGySR, pero aún queda
pendiente la atención sexual y reproductiva de las mujeres con la infección.

“Si no avanzamos de la mano en prevención,
tratamiento y atención, van a aumentar los casos”, apuntó.

La investigadora del área de Presupuesto y Políticas Públicas de Fundar, Daniela Díaz, calificó como un logro en 2011 la visibilización de las mujeres con VIH.

También dijo que es positiva la inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, de la publicación periódica del Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública
en los Estados (AFASPE), con el que se espera transparentar el ejercicio de los recursos para la salud de las mujeres en las entidades federativas.

Hilda Anderson,el sindicalismo en la sangre

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Guadalupe Cruz Jaimes

ENTREVISTA
Hilda Anderson, el sindicalismo en la sangre
Fallece secretaria de Acción Femenil de la CTM
 Primera parte
México DF, 7 jul 11 (CIMAC).- Hilda Anderson Nevárez, secretaria hasta ayer de Acción Femenil de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), murió la noche de este martes a los 84 años de edad, a consecuencia de un infarto.
 
La tarde de este miércoles recibió un homenaje de cuerpo presente en la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y mañana su cuerpo será sepultado.
 
En 2009, Cimacnoticias realizó una amplia y exclusiva entrevista con esta mujer, la única que ocupó un cargo importante en la CTM, en el cual se mantuvo y donde se enfrentó a un mundo en su totalidad masculino, y que además fue una representante histórica en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
 
Hilda Anderson junto con Griselda Álvarez, fueron las promotoras de las primeras guarderías en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en los años setenta y será recordada como una de las mujeres que ha contribuido a que los derechos de otras mujeres se hagan una realidad en la práctica.
 
En esa entrevista con Cimacnoticias, Anderson narró que a lo largo de la historia, las trabajadoras  han jugado un papel estratégico en el logro de los derechos, una lucha que no ha sido fácil y que ha cobrado muchas víctimas, como la huelga de Chicago (en 1856) donde ellas hicieron una huelga y las quemaron”, comentó.
 
La importancia de las mujeres combativas viene desde mucho tiempo atrás, dice: “En México, Venustiano Carranza llevó un ejército en la lucha revolucionaria y eran puras mujeres de las artes gráficas. La trabajadora es la que ha sembrado mucho a favor de las demás”, subrayó.
 
— Platíquenos su trayectoria
 
— Llegué aquí por casualidad y por el trabajo también. Estudié bastante, pero quise ser licenciada en derecho y sí me recibí, cuando era senadora de la República, hasta entonces pude lograrlo.
 
Sin embargo, me siento muy contenta de ser la compañera Hilda Anderson, digo, no presento el título, presento lo que yo hago. 
 
EL SINDICALISMO ME LLAMÓ DESDE LA NIÑEZ 
 
— Perdí a mi papá cuando tenía 10 años, soy producto de una madre que trabajó para su hija siempre. Fui hija única, dos hermanitos fallecieron antes que yo; fui la última.
 
A veces es bueno ser hijo único, es distinto, convives con adultos y aprendes desde muy pequeña, inclusive con mi papá, aprendí a leer y escribir entre los cuatro y cinco años de edad.
 
Cuando entré a la primaria, una maestra se molestó conmigo porque ya sabía leer. Y mi padre me cambió de escuela, a una particular, con una profesora de edad avanzada, que tenía cuatro grupos, de primero a cuarto grado. Y allí aprendí mucho, hasta bordar y tejer.
 
Cuando Hilda Anderson terminó el cuarto año de primaria, regresó a Mazatlán, Sinaloa, de donde es originaria, mismo lugar en el que pasó su infancia y juventud.
 
Ella describe cómo  se trabajaba en una estación de radio, primero en la discoteca, estación de discos y después en los programas.
 
— Por esos días me acordé de un tío que nunca conocí y del que mi padre siempre me platicó: Juan M. Anderson. Él era líder sindical, y formó la primera sección del sindicato de cinematografía, entonces yo tenía los papeles de mi tío.
 
— Nos pagaban muy mal y dije: voy a hacer un sindicato y me aprendí muy bien la Ley Federal del Trabajo y la de Seguridad Social y convoqué a todos los de las estación e hicimos una huelga de 18 días, la XEJ, que ya desapareció. No había contrato no estaba organizada como  muchas estaciones en el país.
 
— Invité a los locutores, a los que conducían los programas, hasta a la señora que hacía el aseo y logramos la contratación colectiva. Por esos días, fui a ver al líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que estaba en Culiacán en ese tiempo, era un miembro de la industria azucarera, yo tenía 19 ó 18 años.
 
— El caso es que cuando me vio llegar me dijo: “¿tú niña quieres organizar esto?, a ver dime ¿cómo harías un sindicato?’. Y que le doy cátedra, porque ya había leído parte de los documentos de mi tío que había guardado mi papá y lo que yo había aprendido en la Ley Federal del Trabajo.
 
¡Ah! respondió ‘tú sí sabes, niña’. Entonces se comunicó al sindicato nacional en el Distrito Federal e inmediatamente me mandaron un delegado porque estaban organizando el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radio y Televisión (STIRT), el líder era don Rafael Camacho Guzmán, hombre extraordinario que después fue gobernador de Querétaro,  y él me mandó con Sergio Islas Morales y allí logramos la contratación colectiva y me nombraron a mí delegada del STIRT, cargo que desempeñé durante más de tres años.
 
Pero un día, quisieron quitar a dos locutores y me metí a defenderlos, bueno fue tal mi lucha, que la que salió de allí fui yo, porque a la fecha uno de ellos sigue trabajando.  
 
Me despidieron, me liquidaron con una paga raquítica, pero eso no fue lo grave, sino que me boletinaron en una lista como alborotadora y no me daban trabajo.
 
Entonces vine a México para que me dieran trabajo aquí, y que me dice el señor Camacho: ‘pues no la quieren en ninguna parte, mejor ayúdenos a organizar’. Y un día me mandaron a Sonora, con cuatro emplazamientos de huelga, de cuatro estaciones.
 
Luego me mandaron apoyo y salimos bien. Ya después empecé a trabajar en algunas estaciones aquí, en radio 620 y con don Francisco Aguirre, que fue un señor extraordinario de Radio Centro, varias estaciones.
 
-¿Y ahí que le tocaba hacer?
 
– Escribía programas, principalmente musicales, fue muy interesante inclusive don Pancho en una ocasión quería que fuera a Nueva York para estudiar televisión, él inclusive compró el Canal 13, en un principio, después ya lo vendieron. Nunca fui a Nueva York. 
 
NOS FALTABA ALGO: IGUALDAD DE DERECHOS 
 
Una vez me mandaron a un congreso femenil a la CTM, fue 1970, y había una mujer muy valiosa, Carmen María Araiza López (Carmelita), la líder de las mujeres porque quiero que sepan que la CTM siempre ha tenido un grupo femenil.
 
Entonces el líder ya no era Rafael Camacho, era el señor Jesús Flores, a mí me manda de suplente y a otra compañera de propietaria, pero como ella andaba de novia, a las dos nos dieron permiso en las estaciones donde estábamos trabajando, pero ella aprovechó para andar con el novio y me dejó todo el trabajo. Nunca se presentó.
 
Entonces yo salí con un pequeño puesto en el grupo femenil, secretaria de Fomento Económico, era un gran secretariado, como sigue siendo. De ahí admiré mucho a Carmelita, me enseñó muchísimas cosas. Luego conocí una mujer extraordinaria de Jalisco que fue Guadalupe Martínez de Hernández Loza, otra gran lideresa.
 
– ¿Qué le aprendió a Carmelita?
 
-Todo lo que hacían las mujeres, cómo se defendían, por ejemplo cómo invitaban a que participarán en las organizaciones sindicales. A veces somos discretas, pero en Matamoros, Tamaulipas, tienen muchas maquiladoras, tienen un líder que cree en las mujeres, que es don Juan Villafuerte, todos los delegados en las maquiladoras son mujeres, hasta la fecha.
 
Y ha habido muchas dirigentes en la CTM y diputadas valiosas. Me di cuenta de que la mujer necesitaba todavía mucho por hacer.
 
* Por la extensión de la entrevista, enviamos las ligas de las siguientes partes divididas
 
Segunda de cuatro partes
Gente en el poder valemos por las personas que tenemos atrás
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/09031309-Gente-en-el-poder-v.36963.0.html
 
Tercera de cuatro partes
Hilda Anderson: lideresa sindical y madre de familia
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/09031605-Hilda-Anderson-lid.36973.0.html
 
Cuarta de cuatro partes
“Fidel Velázquez era feminista, decía que trabajamos mejor”
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/09031711-Fidel-Velazquez-er.37000.0.html

Urge detener explosión demográfica

STAFF:MTXnoticias/Agencia:CIMAC/Por Karin Ringheim/Primera de tres partes
INTERNACIONAL
Urge detener explosión demográfica
Mujeres pobres de las urbes deben acceder a planificación familiar

México, DF, 18 ene 11 (CIMAC).- Algunas partes
del mundo se están urbanizando con tanta rapidez
que las ciudades no pueden satisfacer la
creciente demanda de servicios ambientales, de
salud y educativos, aparte del empleo, la
vivienda y el transporte de una población que
podría duplicar su tamaño en menos de 25 años.

Tres cuartas partes de los que viven en las
ciudades del mundo en desarrollo residen en
tugurios o condiciones similares, frecuentemente
sin acceso a saneamiento ni agua potable. Por
estas condiciones insalubres, el rápido
crecimiento demográfico en áreas urbanas está
particularmente ligado a mayores problemas de salud.

Los tugurios urbanos tienen índices muy
superiores de morbilidad que otras partes de las
mismas ciudades, y los problemas sociales y de
salud relacionados con el medio ambiente, la
violencia, las lesiones y enfermedades no
transmisibles son más comunes en su seno.

La planificación familiar, a pesar de ser una de
las intervenciones más costo-eficaces, menos
caras y con efectos sanitarios más duraderos, con
frecuencia no se considera una estrategia
esencial para mejorar la salud urbana.

Si bien no existe tanta disponibilidad de
servicios de planificación familiar en las
regiones remotas y rurales de los países menos
desarrollados, por una variedad de razones
culturales, financieras y sociales, los pobres en
zonas urbanas tienen mayor dificultad en obtener
dichos servicios que los residentes urbanos más afluentes.

Considerando que la mitad de la población mundial
vive actualmente en zonas urbanas, debería
considerarse como alta prioridad mejorar el
acceso de los pobres a la planificación familiar
en dichas zonas, especialmente considerando que
la mayoría de los residentes urbanos en muchos
países viven con menos de 2 dólares diarios.

RÁPIDO AUMENTO DE LOS NACIMIENTOS NO PLANEADOS

La mayoría de la población urbana (60 por ciento)
no se debe a la inmigración de personas
procedentes de áreas rurales, porque los
nacimientos entre los residentes urbanos superan las defunciones.

Al haberse reducido la mortalidad infantil y de
lactantes, ese índice de “incremento natural” se
ha vuelto especialmente alto en las zonas urbanas
del África subsahariana, algunas de las cuales
están creciendo a razón de 4 por ciento por año.
El fenomenal incremento en la población ha creado
dificultades para los gobiernos y el medio ambiente.

Por otra parte las familias urbanas se enfrentan
al mayor costo y complejidad que supone la vida
en la ciudad, y desean tener menos hijos que los residentes rurales.

Muchas mujeres urbanas acaban con más hijos de
los que dicen que pensaban tener y, si bien la
mayoría de las mujeres urbanas afluentes
disfrutan de acceso a métodos anticonceptivos,
tanto en términos financieros como físicos es
menor el acceso de las pobres a servicios
reproductivos de alta calidad y a una variedad
costeable de métodos anticonceptivos que satisfagan sus necesidades.

El crecimiento en zonas urbanas continúa, por lo
que no debe subestimarse la importancia de
permitir acceso equitativo a métodos
anticonceptivos, para reducir el número de
nacimientos no planeados ni deseados. Se trata de
una de las inversiones más sensatas y
costo-eficaces que los planificadores urbanos pueden hacer.
*Asesora de alto nivel en temas normativos en Population Reference Bureau

Podrían perseguir de oficio violencia familiar en Sonora

STAFF:MTXnoticias/Agencia:CIMAC/Por Silvia Núñez Esquer, corresponsal

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Podrían perseguir de oficio violencia familiar en Sonora
Iniciativa para aumentar penas de 6 meses a 6 años de prisión.

Hermosillo, Son., 26 nov. 10 (CIMAC).- La
violencia familiar podría perseguirse de oficio
en el estado de Sonora, si mañana jueves 25 de
noviembre el pleno del congreso local aprueba una
reforma al Código penal del estado.

La comisión dictaminadora de Justicia y Derechos
Humanos de la 59 legislatura, dio a conocer que
el delito que se perseguiría de
oficio, es en las modalidades de agresión física y sexual.

El diputado presidente de la comisión
dictaminadora, Damián Zepeda Vidales, informó que
enviaron la propuesta de reforma penal a la
Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE) y al Poder Judicial, para observaciones.

El legislador Natanael Guerrero López argumentó
que la violencia familiar se ha incrementado,
según cifras de la PGJE, por lo que es urgente
que en los casos de agresión sexual y física se persigan de oficio.

El diputado Moisés Ignacio Casal Díaz, opinó que
también podría analizarse la pertinencia de
incrementar la penalización a ese delito, que
actualmente es de tres días a cinco años, y en
casos graves, de seis meses a seis años de prisión.

En caso de que sea aprobado el dictamen de
reforma al código penal de Sonora, se eliminaría
el perdón para el victimario ya que sólo aplica
cuando la denuncia es a petición de la parte ofendida.

La Ley de Prevención y atención de la violencia
familiar para el estado de Sonora se creó el 20
de marzo del 2000. Actualmente el delito de
violencia familiar sólo se persigue de oficio
cuando la víctima es menor de edad, incapaz o mayor de 65 años.

El capítulo IV referente a la violencia
doméstica, define el delito de la siguiente
forma: Por violencia familiar se entiende todo
acto de poder u omisión intencional dirigido a
dominar, someter, controlar o agredir física,
verbal, psicoemocional sexual o patrimonialmente
a cualquier miembro de la familia.

Comete este delito el cónyuge, excónyuge
concubina o concubino; pariente consanguíneo en
línea recta ascendente o descendente sin
limitación de grado; pariente colateral
consanguíneo o afín hasta el cuarto grado,
adoptante o adoptado, tutor o curador que realice
cualquiera de los actos descritos en el párrafo anterior.

El código civil para el Estado de Sonora,
establece que la violencia familiar es causal de
divorcio y ante la iniciativa para que ésta se
persiga de oficio, las y los legisladores se
comprometieron a modificar primero el código
penal, y posteriormente, en aspectos de sanción y
de ser posible evitar que exista perdón para los victimarios.

Cierran simbólicamente Hospital regional de Ometepec

STAFF:MTXnoticias/Agencia:CIMAC/Por Jorge Vargas Sandoval, corresponsal

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
CRÓNICA

Cierran simbólicamente Hospital regional de Ometepec
Denuncian muertes maternas por negligencia médica, malos tratos y corrupción

Ometepec, Gro. 26 nov 10 (CIMAC).- Cerca del
medio día, cuando el sol se ubica en el zenit en
el punto conocido como campo aéreo de la ciudad
de Ometepec, ubicada en el suroeste de Guerrero,
en la región de la costa chica- a unos 200
kilómetros del puerto de Acapulco- organizaciones
sociales, mujeres y hombres indígenas, realizaron
un cierre simbólico del hospital regional de
Ometepec, en protesta por el alto número de
mortalidad materna que se ha registrado aquí.

En ese lugar, alrededor de 200 personas
integrantes de la organización civil Kinal
Antzetik, que significa “tierra de mujeres”,
junto con miembros del Frente Comunitario de
Xochistlahuaca (FCX), realizaron una marcha-
mitin, acompañados por jóvenes ataviados con
huipiles multicolores, calzones de manta,
huaraches y sombrero a la usanza de esta zona
del estado, que aglutina a mixtecos y amuzgos.

Caminaron alrededor de un kilómetro sobre el
bulevar Juan N. Álvarez, hasta llegar a las
instalaciones del hospital regional de Ometepec,
que se encuentra a orillas de la carretera, en la entrada del municipio.

Con pancartas con todo tipo de consignas,
gritaban su repudio a la discriminación y malos
tratos que han padecido las mujeres indígenas en
centros de salud dispersos en la región costa
chica, pero principalmente en el hospital
regional de Ometepec, que da cobertura a los
municipios aledaños como Cuajinicuilapa,
Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, habitados por
etnias afromestiza, amuzga y mixteca
respectivamente, y con altos índices de pobreza y marginación.

Durante la protesta masiva, elementos de
seguridad del nosocomio impidieron el acceso de
los manifestantes al área de estacionamiento y a
algunas áreas del hospital público, por lo que
los manifestantes decidieron intensificar sus
acciones e implementaron un bloqueo intermitente
en la carretera frente al hospital donde
comenzaron un boteo con los automovilistas que circulaban por la carretera.

Mujeres y hombres ayudados con un equipo de
perifoneo narraron su testimonio del calvario que
habían sufrido en el hospital por alguna
enfermedad, la pérdida de algún hijo o familiar,
y hasta actos de corrupción, pues de acuerdo a
varios testimonios, los pacientes que tienen
Seguro Popular pagan una cuota de recuperación de
hasta mil pesos, sin recibir comprobante alguno para justificar el pago.

A unos 50 metros de la puerta principal
del nosocomio regional, el líder del Frente
Comunitario de Xochistlahuaca, David Valtierra
Arango, exigió a los médicos -que solo atinaban a
asomarse por las puertas del hospital- “que se
respeten los derechos de los pueblos indígenas.

A pesar de que ustedes se están burlando de las
mujeres, se les va a llegar el momento en que la
justicia, la libertad, la democracia, el derecho,
se tendrá que respetar, por eso nosotros estamos
aquí, para venir a decirles que ustedes como
servidores públicos, como gente que está ganando
de nuestros impuestos, deben de mejorar su
trabajo, deben de cambiar su forma de tratar a la
gente, ¡ya no mas discriminación!”.

Aunque David Valtierra solicitó una entrevista
con la directora del hospital María de Jesús
Domínguez Ramírez, le fue negado el acceso al
igual que a los medios de comunicación que
buscaban obtener la información de viva voz de la directora.

Afuera del hospital de Ometepec, Hermelinda
Tiburcio Cayetano, presidenta de la organización
Kinal Antzetik, una de las organizadoras de esta
jornada de protesta, ejemplificó algunos casos de
muertes que se han registrado y documentado, como
el de Marina García Santiago, que falleció en
2005, por negligencia médica en el hospital regional.

Otro caso en la comunidad de Huixtepec, es el de
Divina Sonia Nolasco, quien en 2008, después de
17 horas de trabajo de parto perdió a su bebé, o
el de Silvia Tovar, originaria de Huajintepec,
quien en este año dio a luz a su bebé en el
hospital regional de Ometepec, Los médicos le
mostraron a su bebé durante el día, por la noche le avisaron que había muerto.

La activista aseguró que ningún médico ha sido
sentenciado por negligencia médica, aunque hay
casos evidentes de que incurrieron en este delito.

Criticó la indiferencia de las autoridades
hospitalarias para siquiera recibirlos, o
dialogar. “Esto confirma la discriminación de que
somos objeto, las muertes maternas se han
registrado en centros de salud de toda la Costa
chica, la montaña, pero principalmente en este hospital regional”.

De 2006 a 2010 se han registrado en la Costa
chica, 60 muertes maternas de mujeres entre 14 y
43 años de edad, y las cifras van en aumento.

A 42 años de la masacre de Tlatelolco,el balance de la realidad sigue siendo desalentador:Comité68

STAFF:MTXnoticias/comunicado prensa:Comite 68

A 42 años de la masacre de Tlatelolco, el balance de la realidad sigue siendo desalentador: Comité 68

Manifiesto Nacional Comité 68

Las referencias más dramáticas de la situación que vive el país en 2010, a 42 años de los acontecimientos del 2 de Octubre de 1968 en Tlatelolco son: más de 28 mil muertos en los últimos tres años de la llamada “Guerra contra el narco”, ahora renombrada como “Lucha por la seguridad pública”; los cientos de miles de jóvenes rechazados de los sistemas de enseñanza media y superior, y los 7 millones de jóvenes sin empleo –cerca del 30 por ciento de la población en edad de trabajar—.A esta visión fotográfica de lo que sucede en México, debe añadirse la perspectiva agobiante de la crisis económica mundial en sus múltiples manifestaciones, y los anuncios ominosos de las políticas públicas antipopulares, represivas, violentas y de control opresivo con las que se pretende sofocar el descontento social.

Las actividades y marchas conmemorativas de los sucesos de Tlatelolco que se han venido realizando año con año, con la divisa de “2 de Octubre No se Olvida” han sido verdaderas jornadas de lucha popular en las que no sólo se refrendan las reclamaciones históricas y los asuntos pendientes, sino también los temas y casos de actualidad referidos a las prácticas de violencia política ejercida por el sistema en sus modalidades de fuerza militar o policíaca con sus complementos judiciales y mediáticos. Se trata de las mismas situaciones vividas con especial gravedad en el movimiento estudiantil de 1968, ahora restablecidas en sus contenidos, aunque con nuevas maneras o disfraces en la situación actual, obligando al pueblo a responder puntualmente y en cada ocasión a las formas violentas que se ejercen en su contra, con la notable y ejemplar característica de que se trata de movimientos de resistencia pacífica que hacen uso de los recursos legales de los que se puede disponer.

Esto ha conducido a una creciente conciencia popular de las políticas, procedimientos de gobernabilidad, control de los movimientos sociales y de oposición diseñados y aplicados por el sistema político prevaleciente, a partir de la estructura institucional de los poderes de la República, pero también de los llamados poderes fácticos, consistente en una práctica de violencia sistemática e incluso extrema que no ha dudado en transgredir su propia legalidad para hacer prevalecer sus privilegios económicos y políticos.

La contraparte de la práctica abusiva y desviada de ejercicio del poder ha sido la conciencia creciente de que los movimientos sociales se han venido constituyendo también en un poder fáctico, que dentro de la legalidad puede determinar también decisiones trascendentes. Desde el movimiento social hemos reclamado reformas legislativas para abrir mecanismos legales y democráticos de revocación de mandatos para todos los niveles de gobierno, medios eficaces para recurrir a juicio político de funcionarios coludidos con los criminales de todo tipo, incluyendo jueces cómplices de narcotraficantes, de secuestradores, etc.

Por esta razón se hace necesario ejercer organizadamente el poder fáctico que potencialmente se ha constituido con una participación sistemática y organizada programáticamente con las demandas que hemos enarbolado desde la perspectiva de los intereses de los movimientos sociales. Para ello habremos de acrecentar la disposición a ejercer nuestra capacidad de orientación del voto ciudadano en campañas de diverso tipo, que pueden ir desde la abstención generalizada hasta campañas de veto y objeción a partidos y candidatos que actúen como cómplices o encubridores de ex gobernantes genocidas y de políticas represivas potencialmente semejantes.

En los planteamientos y declaraciones del Comité 68 hemos tenido especial cuidado en no partidizar nuestras reclamaciones específicas de castigo a los ex gobernantes responsables de los crímenes de genocidio y a sus cómplices actuales, y en esta línea de actuación seguiremos en consonancia con la caracterización como “Crimen de Estado” que hemos sostenido respecto a esos hechos. Ahora que nuestros litigios se han empezado a dirimir en tribunales internacionales y que ya se cuenta con sentencias condenatorias al Estado Mexicano (la primera fue la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Rosendo Radilla de noviembre de 2009), se han establecido de manera puntual resoluciones que obligan a corregir la denegación de justicia y la impunidad, con el valor adicional de que en las sentencias mismas se obliga al gobierno a hacer público el proceso de corrección requerido, lo que en consecuencia resalta el deslinde de las responsabilidades personales y de cada uno de los poderes.

En el caso del legislativo, al que le corresponden prácticamente todas las acciones de remediación, se deben registrar con todo detalle, las posiciones, iniciativas y el comportamiento de cada legislador y de su partido, porque hoy en México no se vive un régimen de partido único, sino que se encuentra una distribución del poder entre diversos partidos con intereses y propósitos formalmente diferentes, pero que operan con turbias prácticas de negociación entre ellos y al margen de los intereses populares, incluso cuando han sido explícitamente advertidos de las implicaciones negativas de decisiones que están en curso, como ocurrió en el Senado con la aprobación de la minuta de la Ley de Seguridad. En la agenda de temas de seguridad y justicia destacan numerosas cuestiones que han sido expuestas por el movimiento social, ante los cuales los legisladores y los funcionarios gubernamentales aparentan no conocer los diagnósticos y reclamos de solución reivindicados por el pueblo. Hace apenas unos años se recolectaron y entregaron a la Cámara de Diputados más de dos millones de firmas de ciudadanos opuestos a la privatización de la industria eléctrica que fueron ignoradas. Lo mismo ocurrió con los cientos de miles de amparos solicitados a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los trabajadores del Estado en contra de las modificaciones regresivas de la ley del ISSSTE.

En el presente, los casos más graves son la represión anti obrera (destacadamente contra electricistas y mineros) encaminada a imponer un nuevo marco de relaciones laborales; las medidas de violencia tanto abierta como encubierta con la que se pretende contener el flujo migratorio de la población, ahora complejizadas por acciones coordinadas en ambos lados de la frontera, y la ominosa amenaza que se cierne sobre los jóvenes estigmatizados con el nada gracioso y sí peyorativo apelativo de “Ninis”, que conlleva la intención, de señalarlos como una de las fuentes principales de delincuencia, o sea criminalizar su condición social de la que no son responsables, sino en todo caso víctimas de las políticas neoliberales instrumentadas en los últimos 30 años.

No podemos dejar de mencionar una serie de asuntos pendientes y de acciones políticas y legislativas en curso que si se abren y se dan las bases para que se empiecen a resolver positivamente pueden ser indicativas de una disposición a abrir las vías de una verdadera procuración e impartición de justicia en el país.

1.- En el caso de los procesos penales en contra de Luis Echeverría y las cincuenta y dos averiguaciones previas concluidas en 2005 que no se han consignado, se requiere que se suspenda el estado de inacción de la PGR y se reactive con toda intensidad la disposición punitiva del Estado respecto a crímenes que se le imputan. Esta nueva disposición debe iniciarse con la aclaración pública de la situación de “libertad bajo las reservas de ley” con la que se le suspendió la prisión domiciliaria a que Echeverría estuvo sujeto durante 2 años por el delito de genocidio. Aunque la libertad bajo reservas de ley, no significa que Luis Echeverría haya sido exonerado, es evidente que se trata de otorgarle impunidad. La complicidad de la propia PGR en esa maniobra, está acreditada por la inacción del Ministerio Publico para presentar como agravios ante el Tribunal de amparo, la supuesta falta de pruebas que incriminaran directamente a Echeverría.

En la lógica particular del litigio han tomado relevancia y actualidad los elementos y pruebas supervinientes de la responsabilidad de Luis Echeverría en delitos contra la salud, en la modalidad de promoción de las drogas para modelar y controlar el comportamiento de los jóvenes, con las evidencias registradas en el llamado “Festival de Avándaro” de septiembre de 1971, apenas tres meses después de la masacre de estudiantes del 10 de junio.

Desde el punto de vista metodológico y doctrinal, resaltan dos promociones judiciales que no han tenido respuesta explícita: El embargo precautorio de todos los bienes de Luis Echeverría para cubrir las indemnizaciones correspondientes a las víctimas de sus acciones criminales, en concordancia con las medidas de la nueva estrategia de combate al crimen organizado, mediante acciones de extinción de dominio y la reapertura del juicio al expresidente, incluyendo en la nueva consignación los cargos por delitos contra la salud, con el reconocimiento del hecho de que si bien es cierto que el narco ha infiltrado las estructuras del Estado, también es cierto que antes el gobierno promovió al narco con el interés político de desmovilizar a la juventud para controlarla.

2.- Desde noviembre del año pasado, conocimos y celebramos la resolución categórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado Mexicano por el caso del desaparecido Rosendo Radilla la cual, incluye una serie de puntos de amplia trascendencia e interés jurídico para los siguientes casos que se están examinando en las mismas instancias internacionales: 10 de Junio de 1971, 2 de Octubre de 1968. Sin embargo, como conocedores de las malas artes de las autoridades mexicanas, antes que festejar anticipadamente y relajarnos por lo logrado en las resoluciones, constituimos junto con otras ocho organizaciones de familiares y víctimas de crímenes de lesa humanidad, el Comité de Seguimiento y Vigilancia de las Resoluciones de la Corte. Nos alienta la advertencia contenida en la resolución de que el Estado Mexicano cuenta con el plazo de un año para informar puntualmente a la Corte los alcances logrados en todos y cada uno de los puntos de la resolución. Pero lamentamos que a tres meses de que se cumpla el plazo establecido, prácticamente no hay nada sustancial de las medidas requeridas para remediar el estado de denegación de justicia prevaleciente. En los tres meses restantes antes de que se cumpla el plazo señalado, la carga de los asuntos pendientes se deberá centrar en el poder legislativo, como espacio idóneo para abordar todo lo conducente, y romper de tajo, hipotéticamente, con el perverso juego de cada uno de los poderes de no asumir las responsabilidades propias.

3.- Leyes de exoneración. De especial significación es el trámite legislativo de la nueva Ley de Seguridad Nacional congelada en la Cámara de Diputados por las numerosas objeciones levantadas en el mismo momento en que en la Cámara de Senadores aprobaban el dictamen correspondiente. La maniobra política de hacer prácticamente una exoneración del ejército por los sucesos del 68 y años posteriores, también se explica por el interés de buscar una exoneración del poder ejecutivo actual, por la utilización del ejército con graves violaciones a la Constitución, –sin marco jurídico explícito en la guerra contra las drogas. Violaciones tales como el dotar de capacidad de decisión y de mando a civiles para la utilización discrecional del ejército y de la Policía Federal por encima del Ejército mismo han estallado haciendo prácticamente imposible restablecer las condiciones para la aprobación de ésta Ley, pero no por ello vamos a dejar de estar atentos del curso de esos propósitos legislativos.

4.- Los puntos anteriores ilustran la enorme complejidad que se tiene para reordenar la vida política del país en un ambiente civilizado, sin la utilización de la violencia como elemento abierto o encubierto para dirimir las diferencias y dar cauce a las demandas populares. En numerosos asuntos de la vida nacional la violencia física, jurídica y procesal, e incluso mediática, está adquiriendo niveles alarmantes. La responsabilidad política general recae en las más altas autoridades. Hoy se mantiene la apariencia de una supuesta vida institucional que sólo se usa para encubrir los crímenes del pasado y preparar las mejores condiciones para favorecerse de los mecanismos de fuerza en las coyunturas presentes y en las luchas políticas que se están librando con especial ferocidad en la perspectiva de las elecciones federales del 2012.

En fin, es enorme la lista de los nuevos agravios de la autoridad y los poderes en contra de la población y sus organizaciones. Habrá que hacer el balance de los casos de las represiones en contra de los pueblos movilizados en torno de la APPO; los agravios en contra del pueblo de Atenco; las familias afectadas en Pasta de Conchos; los niños de la Guardería ABC del IMSS en Hermosillo, Sonora; la agresión y persecución perpetua en contra de las Comunidades Zapatistas; la represión en contra de los Triquis en Copala, Oaxaca; la infinidad de mexicanos inocentes afectados por las acciones militares y de las diversas policías en el transcurso de este fenómeno conocido con el eufemismo “Lucha por la seguridad pública y contra la delincuencia”, donde hay que destacar a los pobladores de Reynosa; los jóvenes acribillados en Ciudad Juárez y en el Tecnológico de Monterrey; niños y familias enteras asesinadas en los retenes militares, etc., ante cuyos casos y los reclamos de justicia de sus familiares y de la población, los poderes de la unión permanecen impávidos, cínicos e irresponsables.

Por todo lo anterior, explicitamos estas consideraciones de balance de la situación política general en los temas que nos conciernen; anunciamos nuestra disposición a ejercer los derechos y obligaciones políticas y morales que tenemos ante la sociedad y nuestro pueblo, y llamamos a todos nuestros compañeros y amigos, a los movimientos sociales actuales a redoblar todos los esfuerzos necesarios para sentar un precedente imperecedero de que los crímenes contra el pueblo se deben castigar con todo rigor para alejar en definitiva el riesgo y la tentación de que esos métodos de gobierno se repitan.

Alto a las políticas económicas genocidas neoliberales

Educación y empleo para los jóvenes

¡2 de Octubre No se Olvida!

Exigirán en la marcha del 2 de octubre desmilitarizar el país y justicia en Copala

STAFF:MTXnoticias/Colaboracion:Comite 68/Emir Olivares Alonso

Exigirán en la marcha del 2 de octubre desmilitarizar el país y justicia en Copala

Este año, la marcha conmemorativa del 2 de octubre reivindicará  la desmilitarización del país, la salida de los grupos armados de San Juan Copala

Este año, la marcha conmemorativa del 2 de octubre reivindicará –además de la petición de justicia por la matanza de estudiantes de 1968 en Tlatelolco– la desmilitarización del país, la salida de los grupos armados de San Juan Copala, Oaxaca, la solución a las demandas de electricistas y mineros, así como la modificación del modelo económico.

Parte del grupo organizador –integrado por el Comité 68, estudiantes de las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana, Pedagógica Nacional y del Instituto Politécnico Nacional, así como de otras organizaciones– responsabilizó al gobierno del Distrito Federal de todo acto de hostigamiento y represión durante la marcha, y advirtieron que si la policía encapsula, persigue, agrede o detiene a los manifestantes, el contingente detendrá la marcha.

Este sábado 2 de octubre, la movilización estudiantil avanzará desde la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco hasta el Zócalo capitalino, donde se realizará un mitin.

Se informó que además de colectivos estudiantiles y el Comité 68 participarán pobladores del municipio autónomo de San Juan Copala y de San Salvador Atenco, contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y del Sindicato Mexicano de Electricistas. A diferencia de otros años, a dos días de la movilización, en muchas de las instituciones de educación superior no se observan carteles que convoquen al estudiantado a participar.

Lista de demandas

En la conmemoración del 42 aniversario de la masacre estudiantil de Tlatelolco, los contingentes reivindicarán diez puntos.

Entre los primeros, castigo a los responsables de las matanzas del 2 de octubre de 1968, del 10 de junio de 1971 y de la guerra sucia. La disolución de los cuerpos represivos y desmilitarización del país: no queremos esta guerra contra el pueblo.

También demandarán la no criminalización de la protesta social, la libertad inmediata de Víctor Herrera –detenido durante la movilización del año pasado– y todos los presos políticos; la erradicación de los conjuntos porriles de las escuelas y justicia para San Juan Copala, donde grupos paramilitares agreden a los simpatizantes del municipio autónomo.

El cuarto punto es la defensa de la educación pública, gratuita y crítica para todos, porque ningún joven debe permanecer sin educación ni empleo.

Otras dos demandas son la permanencia de las normales rurales y el cese de los ataques de porros contra los estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo.

La solidaridad con las luchas obreras, estudiantiles, campesinas y populares, así como la solución a las demandas de electricistas y mineros; la exigencia de respetar los derechos de los migrantes, también serán parte de la agenda de la marcha.

La lucha contra el sistema neoliberal y de producción que ha perjudicado el cambio climático, según la consigna de cambiemos el sistema y no el clima, es otro de los puntos que los manifestantes defenderán este sábado.

Asimismo, los estudiantes que marcharán el sábado exhortarán a los asistentes a solidarizarse con las luchas estudiantiles en América Latina.

FALTA VISION DE ESTADO PARA GARANTIZAR DERECHOS A MEXICANAS

STAFF:MATRIX
TRIBUNA PROLETARIA
AGENCIA:CIMAC
Por Gladis Torres Ruiz
Twitter:@grupomatrix
 
Falta visión de Estado para garantizar derechos a mexicanas
Foro a 30 años de la CEDAW
 
México, DF, 4 feb 10 (CIMAC).- A 30 años del
surgimiento de la Convención para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la falta
de una política de Estado integral en México,
obstaculiza el respeto a los derechos humanos de
las mujeres, y su acceso a la justicia,
coincidieron representantes de la academia,
instituciones, y organizaciones de la sociedad civil (OSC).

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) durante el foro "Retos y Perspectivas en
México" a propósito de los 30 años de la creación
de la CEDAW, las y los participantes coincidieron
en que en materia de derechos humanos de las
mexicanas ha habido avances en la creación de
leyes, institutos e instancias que los
resguardan, sin embargo en su vida diaria las mujeres no los viven.

Para Mercedes Barquet, investigadora de El
Colegio de México, una de las principales razones
es el retraso de la ciudadanía de las mujeres,
"en pleno siglo XXI, las mujeres no tienen
conciencia de que tienen derechos, por lo que no
pueden tener acceso a la justicia".

A este desconocimiento, se suma una falta de
visión de Estado que mire de manera integral los
derechos humanos de las mexicanas, lo que permite
una triangulación viciosa entre colusión,
violencia e impunidad, agregó ante un auditorio
totalmente lleno, entre quienes se encontraban
las ex diputadas federales Marcela Lagarde y de
los Ríos y Angélica de la Peña Gómez.

Ricardo Bucio, Presidente del Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación (Conapred),
refirió que la falta de una perspectiva integral
deja a las mujeres sin garantías, si bien es
cierto se legisla pero no se sanciona, aunado a
ello, se encuentra la falta de integración de todas las instituciones.

Se crearon instancias como la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional
de las Mujeres (Inmujeres), la Fiscalía Especial
para Delitos de Violencia contra las Mujeres y
Trata de Personas (Fevimtra), sin embargo, no
se articulan, coincidieron las y los
ponentes. "Solamente se abren espacios poco a
poco, pero no hay una integración de todas las
instituciones" precisó Ricardo Bucio.

En este punto coincidió con Rocío García Gaytán,
titular del Inmujeres, quien afirmó que como
resultado de esto es que los transitorios de la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
libre de Violencia (Ley General), a tres años de
su creación están siendo violentados, y hasta el
momento, "No hay banco de datos, ni tampoco un
diagnóstico", pero "hay que seguir empujando".

La también Secretaria Técnica del Sistema
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres que
establece la Ley General, se deslindó de la falta
de cumplimiento cabal de los puntos transitorios
y responsabilizó a la Secretaria de Gobernación
(Segob) de esa situación ya que han recibido
presupuesto para ello, sin que hasta el momento tenga resultados.

MUJERES DOBLEMENTE RESPONSABLES

Por su parte Imelda Marrufo Nava, Directora de la
Red mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, afirmó que
en México se sigue creyendo que el acceso a la
justicia es igual para todas y todos, sin embargo
no es así, y esto ha provocado la
re-victimización. Antes a las mujeres asesinadas
de Juárez, se les culpaba de llevar una "doble
vida y ahora, se les acusa de pertenecer al crimen organizado".

Gobierno tras gobierno, han recibido
recomendaciones para acabar con la impunidad, y a
pesar de ello se sigue asesinado a las mujeres,
sin que estas tengan acceso a la justicia, ya que
dichas recomendaciones "hechas al Estado", son
confinadas en las instancias de las mujeres tanto
estatales como en la nacional.

Para Ricardo Bucio, "las políticas públicas deben
responder a las recomendaciones hechas por las
instancias que trabajan por los derechos humanos
de las mujeres. Trabajar en forma conjunta para que progresen", abundó.

En el mismo sentido, y en referencia a la
sentencia emitida por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CoIDH) , en el caso conocido
como "Campo Algodonero", Rocío García Gaytán,
señaló que esta sentencia es una oportunidad para
cambios importantes en esta materia, "si se aplica".

México firmó la Convención el 17 de julio de 1980
y fue ratificada por el Senado de la República el
23 de marzo de 1981. Entró en vigor en septiembre de ese mismo año.

En 2002, el gobierno mexicano publicó en el
Diario Oficial de la Federación el decreto sobre
el Protocolo Facultativo de la CEDAW, que permite
a las mexicanas presentar quejas ante las 23
expertas que integran dicho comité, en lo
individual o lo colectivo, una vez agotadas las instancias nacionales.

El primer caso recibido por el comité de expertas
de la CEDAW fue el feminicidio en Ciudad Juárez,
Chihuahua, presentado en 2005 por las
organizaciones civiles Casa Amiga, de Ciudad
Juárez, y Equality Now de Estados Unidos, y que
le valió la primera recomendación al Estado mexicano por la CEDAW.

ESTADO LAICO

Mercedes Barquet, señaló que aunado a lo anterior
se encuentran los retrocesos que están viviendo
las mexicanas actualmente en sus derechos. Es el
caso de las reformas Constitucionales aprobadas
en los estados del país que criminalizan el
aborto y por ello es fundamental la defensa del estado Laico.

Mientras que la presidenta del Inmujeres, señaló
que es vital que en México se garantice el
respeto a la religiosidad de cada persona, así
como el respeto a los derechos de cada una, "no
podemos colocar por encima de los derechos de las
personas las creencias de nadie".

Este día la Comisión de Puntos Constitucionales
de la Cámara de Diputados aprobó una adición al
artículo 40 constitucional, para que se agregue
que es "laico". Se espera que en la sesión de
este jueves, sea presentada ante el pleno en
primera lectura la reforma constitucional.

PACTO POR LA VIDA,LA LIBERTAD Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

STAFF:FERNANDA RODRIGUEZ
TRIBUNA PROLETARIA
AGENCIA:CIMAC
Por Anayeli García Martínez
Twitter:@grupomatrix
 
Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres
Concentración nacional 4 de febrero
En diciembre de 2009 cerca de 170 mujeres de la
política, la academia y feministas, junto con 35
organizaciones de 19 estados del país y 55
organizaciones del Distrito Federal, se reunieron
en el Foro Nacional por el Derecho a Decidir de
las Mujeres, para acordar estrategias en defensa
de los derechos humanos de las mujeres.

En ese encuentro, las participantes suscribieron
el "Pacto por la vida, la libertad y los derechos
de las mujeres" con el objetivo de defender su
derecho a decidir la interrupción legal del
embarazo, y liberar de las cárceles del país a
las mujeres presas o en proceso judicial por el delito de aborto.

Una práctica criminalizada desde octubre de 2008,
a la fecha, periodo en el que en 17 estados se
aprobaron reformas a sus Constituciones locales
que otorgan "carácter de persona" al producto
desde el momento de la concepción, lo que para
las feministas, marca un gran retroceso para la
vigencia de los derechos humanos, en concreto
para el ejercicio de una maternidad libre y voluntaria.

En entrevista con Cimacnoticias, Elsa Conde
señaló que el "Pacto por la vida, la libertad y
los derechos de las mujeres" tiene el objetivo de
defender el derecho a decidir de las mujeres y su
derecho a la salud sexual y reproductiva". Además
indicó, es una defensa del Estado laico y una
denuncia pública de las y los políticos que
votaron a favor de las reformas que protegen la vida desde la concepción.

La ex legisladora por el partido Social Demócrata
en la anterior legislatura, señaló que perseguir
a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo
no deseado y ofrecerles tratamiento psicológico
es una forma de discriminación, por lo cual,
informó, las integrantes del Pacto buscarán una
reunión con la Junta de Coordinación Política y
la Comisión de Puntos Constitucionales de la
Cámara de Diputados para fijar su postura.

La reunión está programada para este 4 de
febrero, mismo día en que se realizará la
concentración nacional convocada por las
feministas, frente a la Cámara de Diputados.

Por otra parte Elsa Conde hizo énfasis en que la
criminalización del aborto propicia la
clandestinidad de esta práctica y el incremento
en el número de mujeres que mueren por abortos
mal practicados o que sufren daños irreversibles a su salud.

Las firmantes del Pacto lamentaron que PAN
y PRI, legisladoras y legisladores locales
incluidos algunos de izquierda, "en aras de sus
propios intereses, buscan legitimarlos haciendo
concesiones a autoridades religiosas,
anteponiendo, incluso, sus creencias personales al interés público".

Por ello la feminista afirmó que la obligación
del Estado mexicano es otorgar servicios de salud
sexual y reproductiva, además de atender la
decisión de las mujeres a interrumpir un
embarazo, derecho consagrado en los artículos
primero y cuarto constitucional, que establece el
derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos.

Además dijo que la Norma Oficial Mexicana sobre
Violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
(NOM-046) -aprobada por la Secretaría de Salud
(SS) en enero de 2009- no garantiza atención a
las mujeres violentadas, por lo que se
manifestarán para que el Estado asuma sus responsabilidades.

ODSERVATORIO POR UNA CULTURA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

STAFF:ANDREA MARTINEZ
TRIBUNA PROLETARIA
AGENCIA:CIMAC
De la Redacción
Twitter:@grupomatrix
 
Observatorio por una cultura libre de violencia contra las mujeres
Foro de análisis y canalización de denuncias del IJM

México, D.F. 23 ene 10 (CIMAC).- Como una forma
de evitar la violencia hacia las mujeres en los
medios de comunicación, desde noviembre de 2009,
la página Web del Instituto Jalisciense de las
Mujeres (IJM) implementó el "Observatorio por una
cultura libre de violencia contra las mujeres
escucha, observa, opina y fortalece a los medios de comunicación".

De acuerdo con la Coordinación de difusión del
IJM, en este sitio se pueden hacer comentarios y
denuncias de los contenidos temáticos en los
medios de comunicación, por lo cual el organismo
se suma al esfuerzo internacional para que
empresas y agencias de publicidad eviten generar
mensajes sexistas y así alentarlos a que
contribuyan a construir una cultura de equidad entre mujeres y hombres.

Este Observatorio de medios es un foro de
observación, análisis y canalización de las
denuncias formuladas por la población mexicana
respecto a imágenes y contenidos sexistas,
discriminatorios y con estereotipos de género,
femeninos y masculinos, que aparezcan en
cualquier medio de comunicación, tanto
electrónico como impreso, dice el comunicado.

Para ello se creó un Comité Evaluador, que se
reúne dos veces al año, para analizar y dar
seguimiento a las opiniones vertidas por las y
los ciudadanos, a fin de emitir un dictamen.

El Comité Evaluador está integrado por titulares
y representantes de los medios de comunicación de
TV Azteca, Televisa de Occidente, Grupo Radiorama
DK, Periódico 8 Columnas, Radio Mujer, Nueva Era Radio y Público Milenio.

Las instituciones académicas que participan son
la Universidad de Guadalajara (UdeG), Universidad
Panamericana y del gobierno de la entidad el DIF
Jalisco, la Secretaría de Educación, de Seguridad
Pública y Readaptación Social además del IJM y de
organismos de la sociedad civil como Valora.

DENUNCIAR MENSAJES OFENSIVOS

Algunos de los criterios para dictaminar son los
temas que marginen a las mujeres en la toma de
decisiones en el ámbito económico, familiar,
laboral y social; difundir esquemas de roles
establecidos para cada género; exhibir la figura
femenina como imperfecta y que se debe corregir
para lograr el éxito; estereotipar a la mujer en
las actividades del hogar y minimizar su proyección en el ámbito profesional.

Se puede participar desde la página Web del Instituto
http://institutodelasmujeres.jalisco.gob.mx -,
para denunciar todo mensaje que resulte ofensivo
o que se identifique como discriminatorio,
sexista o reforzador de los estereotipos de
género, o bien, expresar aprobación hacia
aquellos que contribuyan a dignificar la imagen de las mujeres.

Otra función del Observatorio de Medios es
establecer reuniones periódicas con el personal
directivo y el responsable de las empresas e
instituciones involucradas, a fin de plantear y
diseñar estrategias encaminadas a la eliminación
del sexismo y los estereotipos de género en sus
programaciones y publicidad, así como hacer
conciencia entre las y los usuarias sobre la
importancia de la denuncia, y sobre las
implicaciones sociales de la publicidad sexista.

HISTORIAS DE CRIMEN E IMPUNIDAD DE LAS MISIONES DE LA ONU

STAFF:ANDREA MARTINEZ
TRIBUNA PROLETARIA
AGENCIA:CIMAC
Por Andrea D’Atri
Twitter:@grupomatrix
 
Historia de crimen e impunidad de las misiones de la ONU
Denuncia ONG peligro que corren mujeres y niñas en Haití
Buenos Aires, Argentina, 23 ene 10 (CIMAC).- En
julio de 2005, las tropas de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) en Haití dispararon
contra la comunidad de Cité Soleil, y más tarde
impidieron la entrada de la Cruz Roja al lugar,
en flagrante violación a las normas internacionales.

En la página electrónica de la organización "Pan
y Rosas", la activista Andrea D’Atri denunció que
también en Cité Soleil el 22 de diciembre de
2006, las fuerzas de la ONU dispararon desde
helicópteros a la población civil desarmada que
se movilizaba. En esa ocasión, asesinaron a 30
personas, entre las que había mujeres y niños.

Esos son sólo dos ejemplos de los muchos que se
han vivido bajo el régimen impuesto por la misión
de la ONU en Haití, donde las tropas
internacionales y la Policía Nacional Haitiana,
han sido acusadas de cometer ejecuciones sumarias
y encarcelamientos arbitrarios.

¿Cuántos serán los atropellos y crímenes que
cometerán estos mismos soldados durante los
próximos meses, ahora cuando Haití se encuentra más devastado que antes?

El gobierno de Lula ha enviado, recientemente,
machetes, bombas de gas lacrimógeno y armas con
balas de goma para "colaborar" con la "misión
humanitaria" que ocupa todas las portadas de los
diarios del mundo, desde el terremoto.

Pero estas tropas no están sólo en Haití. Sus
"misiones de paz" y su "ayuda humanitaria" se
extienden por todo el planeta, donde actúan como
verdaderas "fuerzas de ocupación" imperialista. Y
en todos lados se levantan acusaciones contra las
tropas que la ONU ha vestido con cascos azules, en señal de paz y amistad.

En el año 2006, el 63 por ciento de las
acusaciones contra las fuerzas multinacionales de
los cascos azules de la ONU estaban relacionadas
con delitos sexuales, abusos y violaciones, entre
otros delitos y un tercio de las mismas se referían a la prostitución.

En Haití, los casos de niñas, niños y mujeres
prostituidas, a cambio de alimentos o dinero,
violadas y abusadas por las tropas eran comunes,
aún antes de esta terrible tragedia que sólo debe
haber empeorado la trágica situación a la que
están sometidas las personas desamparadas,
huérfanas y que perdieron todo durante el terremoto.

En Liberia, la "misión de paz" de la ONU fue
acusada de aprovechar su posición para ofrecer
beneficios a cambio de sexo a los más pobres,
especialmente niñas y niños. En la República del
Congo, los soldados de la ONU fueron acusados de
estar vinculados a una red de pederastas y se
habla de 140 casos de explotación sexual. En
Kosovo, el escándalo provocado por el
descubrimiento de que las tropas de la ONU
participaban en redes de trata de mujeres sólo
duró lo que duran las noticias en las primeras planas de los diarios.

En Costa de Marfil, se denunció que las tropas
"humanitarias" no sólo sometían sexualmente a
niños y niñas a cambio de alimento, sino que
también producían "pornografía infantil con niños
que están especialmente desprotegidos como
refugiados, huérfanos o niños de la calle", según
denunciaron algunos funcionarios.

Son conocidas, también, acusaciones de
violaciones y pedofilia en Paquistán, Uruguay,
Marruecos, Túnez, Sudáfrica y Nepal.

Como sucede en la Iglesia, en los ejércitos de
todo el mundo, entre los círculos de altos
funcionarios, magistrados y políticos que gozan
de la mayor impunidad, todos los acusados que
pertenecen a los cascos azules o misiones de la
ONU son repatriados a sus países de origen, donde
gozan de un retiro silencioso y sin juicio.

La ONU tan sólo recomienda congelar los salarios
de sus miembros acusados de crímenes sexuales,
mientras que promueve la "creación de un fondo
para ayudar a las mujeres y niñas que pudieran haber dejado embarazadas."

Un cinismo inaudito y repugnante. Es que, según
un informe de la ONU sobre el comportamiento de
los cascos azules, sus militares están llenos de
"disfunciones" y "las medidas adoptadas durante
los últimos años para erradicar esta cultura
sexual permisiva no han sido suficientes".

Mientras tanto, miles de niñas, niños y mujeres
violadas, abusadas, golpeadas y reprimidas,
siguen sobreviviendo en sus pobres tierras
diezmadas y expoliadas por el imperialismo, las
guerras y la destrucción que imponen las clases
dominantes. Y deben hacerlo bajo las peores
condiciones y arrastrando en sus cuerpos y sus
almas las heridas que las "misiones de paz"
dejarán marcadas a fuego con sus crímenes de lesa humanidad.
*Andrea D’Atri: es dirigente nacional del
Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y
una de las impulsoras de la agrupación de mujeres "Pan y Rosas".

HAITI:LAS DIMENSIONES DEL DOLOR

STAFF:ANDREA MARTINEZ
TRIBUNA PROLETARIA
AGENCIA:CIMAC
Por Mirta Rodríguez Calderón
Twitter:@grupomatrix
 
Haití:Las dimensiones del dolor
Fuerte presencia de las organizaciones de mujeres
 
Santo Domingo, 22 ene 10 (SEMlac/CIMAC).- Con una
muy buena intuición, los haitianos no quieren
entrar a las edificaciones que permanecen en pie.
Hasta el mediodía del sábado se habían reportado
9 réplicas de diversa intensidad y en las últimas
24 horas un movimiento de 6.0 grados en la escala
de Ritcher provocó la zozobra nuevamente entre la población.

Existe la percepción de que la prensa
internacional se ha concentrado en Puerto
Príncipe, y la hecatombe tiene otros puntos que
ni siquiera han sido tomados en cuenta. Tal es el
caso de Jacmel, una población costera al sur de
Puerto Príncipe, a donde solo se puede llegar
ahora por mar: estaría destruida en un 70 u 80
por ciento, según informó un cooperante
internacional que logró comunicarse con alguien de ahí por el sistema Skype.

La cooperación internacional y las agencias del
sistema de Naciones Unidas también enfrentan
grandes pérdidas. Tres sedes institucionales
destruidas: MINUSTAH (los cascos azules), PNUD y
UNICEF. Los sobrevivientes tampoco tienen alimentos ni líquidos.

Si en Santo Domingo y otras provincias
dominicanas mucha gente sintió que se mareaba,
que las mesas o las aceras se movían, cualquiera
puede hacer el ejercicio triste de calcular las
dimensiones de este dolor en las áreas más
cercanas a la capital haitiana: en Henry y
Kencoff hacia el oeste, o en Pic, en el centro sur.

En las cercanías de los ríos Artibonico y
Masacre, que conforman la frontera entre las dos
islas de La Española, hay mucho miedo. Lo hay
también en toda República Dominicana. Algunos
vaticinios adelantaban que habría actividad
sísmica captada en el subsuelo de la Ciudad
Colonial, el epicentro geográfico de la capital.
Pero todavía la gente aquí está muy ocupada con
sus propios problemas, sobre todo económicos,
mientras que el peor nacionalismo repite que se
trata de un castigo de Dios para una nación maldecida.

LA SOLIDARIDAD FEMENINA

Se sabe que las mujeres son las más vulnerables
ante los desastres. Así ha ocurrido. Por la hora
del terremoto y de sus réplicas puede especularse
que la mayoría de las personas que estaban en el
interior de sus casas desplomadas eran mujeres.

Ellas abundan entre los cadáveres. Las imágenes y
gráficas muestran a las sobrevivientes prestando
auxilio en los improvisados campamentos.

Por parte de la sociedad civil hay una fuerte
presencia de las organizaciones de mujeres en la
Coordinadora de la Solidaridad.

Lideran este empeño la Colectiva Mujer y Salud,
el Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la
Mujer (Ce-Mujer), la Confederación de Mujeres del
Campo (Conamuca), del lado de Santo Domingo,
mientras, en la misma frontera, las vendedoras de
ropa usada de Asomuneda están socorriendo a sus
congéneres. Del lado haitiano, instituciones,
particularmente las de religión católica, están
haciendo mucho, tanto cuanto pueden. Una parte son monjas.

Sergia Galván, directora ejecutiva de la
Colectiva, quien preside la Comisión de Salud,
estuvo en Haití el miércoles y el jueves. Con
enorme desolación, ha descrito y circulado las
expresiones de su tristeza por las redes de periodistas.

Sergia subrayó que además de sangre y
medicamentos, se necesita suero y hace falta
preparar a la población para nuevas
contingencias. Ya su organización ha editado una hoja de instrucciones.

El grupo que viajó a Haití estuvo integrado,
además, por Mario Serrano, ejecutivo del Centro
Jesuita para refugiados y migrantes, Bonó, que
está concentrando la recepción de contribuciones;
Rita Ceballos, del Centro Poveda. A este equipo
se sumaron otros representantes del Poveda y de
FLACSO que participaban de un encuentro en Puerto Príncipe.

UNA TREMENDA EXPLOSIÓN

Briggite Wooding estaba en ese grupo, en Puerto
Príncipe, impartiendo una conferencia como parte
de una actividad de FLACSO. Demacrada y ojerosa,
con la voz rasgada, contó a SEMlac de la tremenda
explosión que sintió en el momento del sismo y le
hizo pensar en una bomba de gran potencia.

"Pero recapacité que no éramos tan importantes
como para tal atentado. El hotel se desplomó.
Pudimos alcanzar un balcón y desde allí,
deslizarnos a la calle. Todo estaba bloqueado.
Muchos obstáculos, la gente vagando sin rumbo.
Como no había comunicación, la gente buscaba a
familiares. Fueron los primeros momentos de
desolación, de pánico y de desconcierto, hasta
que pudimos entender lo que ocurría".

"Caminé como 10 kilómetros rumbo a Petion Ville,
que es la parte más alta de la ciudad, y todo el
trecho era como ir andando rumbo al Pico Duarte
(la elevación más alta de República Dominicana),
pero lleno de muchos más obstáculos.

"Esa misma noche comenzaron las réplicas que
todavía continúan: todo era ruinas, árboles
caídos, cables en el suelo, vehículos varados y
la gente desesperada, todos los que vivían
estaban en la calle, buscando a sus gentes…"
Infortunadamente, esta desgracia incalculable
seguirá produciendo noticias. De las más tristes.

NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES,LOS MAS VUNERABLES EN TRATA DE PERSONAS

STAFF:ANDREA MARTINEZ
TRIBUNA PROLETARIA
AGENCIA:CIMAC
Por Gladis Torres Ruiz
Siguenos:twitter.com/grupomatrix
 
Niñas y niños migrantes, los más vulnerables para delito de trata
Fueron repatriados 21 mil 220 mexicanos de 0 a 17 años, en 2009
 
México, DF 14 ene 10 (CIMAC).- Aunque son los
adultos quienes generalmente emigran en busca del
llamado "sueño americano", paulatinamente niñas y
niños se suman al éxodo para encontrar a sus
familiares, o para escapar de la pobreza, pero su
vulnerable situación los convierte en víctimas de
violaciones a sus Derechos Humanos.

En el estudio "La migración infantil: un problema
acuciante", del centro de de Documentación,
Información y Análisis (CEDIA) de la Cámara de
Diputados, se precisa que de enero a octubre de
2009, fueron devueltos por autoridades
migratorias un total de 4 mil 10 menores de 18
años de diversas nacionalidades (3 mil 14 niños y
996 niñas); 696 menores de 11 años, de los cuales
633 viajaban acompañados y 63 lo hacían solos.

El documento subraya que debido a la inmadurez
física y mental de niñas y niños, así como el
desconocimiento del idioma y las leyes del lugar
donde arriban, son factores que los convierten en
víctimas de maltrato, explotación sexual, trabajo
forzado, abusos por parte de las autoridades y deportación o encarcelamiento.

"Las y los migrantes menores de edad se han
convertido en el punto más vulnerable de la
defensa de los derechos humanos en el mundo. De
manera particular, los dirigidos hacia Estados
Unidos desde México y los países de Centroamérica", abunda.

La mayoría de estas niñas y niños migran para
trabajar y se exponen al riesgo de ser engañados
y explotados. "Lo que comienza como migración puede convertirse en trata".

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración
(INM), de enero a septiembre de 2009, fueron
repatriados desde Estados Unidos un total de 21
mil 220 migrantes mexicanos, de 0 a 17 años de
edad, de los cuales 4 mil 668 eran mujeres, y 16 mil 552 hombres.

Del total de repatriados, 13 mil 110 regresaron a
México sin compañía, 8 mil 110 con algún familiar, (mil 782 eran menores de
11 años, mientras que 19 mil 438 tenía entre12 y 17 años de edad).

El rostro de la migración

Del total de 4 mil 10 menores de 18 años de edad
repatriados durante 2009 por nacionalidades, el
documento precisa que 35 eran de Estados Unidos;
2 de Belice; 549 de El Salvador; mil 765 de
Guatemala; mil 601 de Honduras; 5 de Nicaragua;
18 de Cuba; 3 de República Dominicana; 2 de
Haití; 1 de Argentina; 11 de Ecuador; 4 de Chile;
2 de Colombia; 1 de Perú; 6 de Uruguay; 1 de
Rusia; 1 de República Popular China, y 3 de Irán.

El investigador parlamentario, Gabriel Mario
Santos Villarreal, autor del documento señala que
los desajustes macroeconómicos, como factor
detonante de la migración, provocaron el
ensanchamiento de la brecha entre naciones
pobres, emergentes y desarrolladas y la infancia
representa el hilo más delgado de la madeja.

"Este fenómeno está provocando impactos
económicos y sociales, tanto a los países de origen como a los de destino".

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
ha destacado que si bien es legítimo que las y
los niños, en edad de trabajar, quieran migrar,
es necesario prevenir la trata de personas, ya
que en la actualidad entre 980 mil y un millón
250 mil niñas y niños se encuentran sometidos a la trata infantil.

La OIT clasifica la trata como una forma de
esclavitud o práctica análoga, la cual debe ser
eliminada, independientemente del nivel de
desarrollo del país, advierte que niñas y niños
víctimas de trata se encuentran a merced de sus
empleadores o de las personas que tienen el
control de sus vidas, lo que los expone a abusos
sexuales, hambre, pérdida de libertad y violencia física.

"La trata infantil, sea ésta dentro de un país,
entre países o entre continentes, está
estrechamente relacionada con la demanda de mano
de obra barata, dócil y maleable en algunos
sectores y de algunos empleadores", resalta el CEDIA.

Destaca que la vulnerabilidad de la que son
sujetas miles de niñas y niños migrantes en
condiciones irregulares y, sobre todo, los no
acompañados, es uno de los temas pendientes a
resolver como parte de la problemática de los
flujos migratorios a nivel mundial.

Toda vez que la trata de migrantes actualmente
se equipara al narcotráfico como una de las
fuentes más importantes de ingresos para el
crimen organizado, por lo que se ha vuelto una
preocupación importante a nivel mundial.

CASTAÑOS, PROCESO INSUFICIENTE Y AMAÑADO

STAFF:LUCIA LOPEZ
TRIBUNA PROLETARIA
AGENCIA:CIMAC
Por: Sofía Noriega/corresponsal Saltillo, Coahuila
Siguenos:twitter.com/grupomatrix
 
Castaños, proceso insuficiente y amañado
 
A tres años y medio de la violenta agresión de
militares en contra de 13 trabajadoras de la zona
de tolerancia de Castaños, la justicia de
Coahuila determinó una reducción de condenas.

Lo que para muchos fue un logro, el que
integrantes de la milicia hayan sido juzgados por
primera vez a través del fuero común, para el
Obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera
López, se trató de un proceso insuficiente y amañado.

El prelado no disimuló su molestia ante la
reducción de penas dictada por el Juzgado Segundo
de Distrito con sede en la ciudad de Monclova,
Coahuila y es que ha sido un persistente defensor
de las víctimas desde que fueron atacadas el pasado 11 de julio del 2006.

Dijo que se distanció de ellas, luego de que
fueran presionadas para desistir de sus
acusaciones, "hubo obstáculos durante el juicio,
y luego dejaron de recibir nuestras llamadas. La
última vez que las vimos fue cuando las obligaron
a volver a la escena del crimen, en el 2007".

Luego de un año y dos meses, de permanecer en el
Penal Varonil de Monclova, en octubre del 2007,
fueron liberados por el Juez Hiradier Huerta, el
subteniente Norberto Carlos Francisco Vargas y el
cabo Norberto González Estrada, pertenecientes al
14 Regimiento Motorizado de Caballería, de la Sexta Zona Militar.

Vera López denunció en todo momento que el juicio
estaba lleno de irregularidades, por lo que el
Juez Hiradier Huerta interpuso una denuncia ante
las autoridades eclesiásticas por considerar que
el jerarca católico, incurrió en Abuso de
Potestad Eclesiástica. El juicio no procedió ante el Vaticano.

Los dos soldados fueron liberados el 24 de
octubre del 2007, ese mismo día se llevó a cabo
un juicio de guerra en la Ciudad de Saltillo,
Coahuila en contra de 9 soldados agresores,
aunque el Consejo de Guerra emitió sentencias por
abandono de sus puestos como custodios de papelería electoral.

JUSTICIA A MEDIAS

Aunque la postura del ministerio público del
estado fue siempre la pena máxima para los
militares porque además de agresión sexual, hubo
delitos como la privación ilegal de la libertad,
entre otros, hubo factores como la retractación
de dos trabajadoras que podrían haber servido para atenuar la condena.

Las mujeres dieron a conocer en su momento que
recibieron llamadas intimidatorias, se
enfrentaron a careos humillantes con sus
agresores, trato sospechoso durante las terapias,
además de que las hicieron firmar papeles en blanco.

Para el Obispo Raúl Vera, la flexibilidad con que
tomó el caso la Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA) fue evidente cuando el presidente Felipe
Calderón llegó a la presidencia, y fue cuando los
inculpados recibieron privilegios y protección.

No obstante que la justicia de Coahuila pasó a
ser pionera en juzgar a militares por delitos
civiles, para Vera el logro hubiera sido que se
les hubiera puesto la sentencia que merecían.

"Fueron reduciendo los cargos, porque no solo fue
la violación, fue lo equivalente al secuestro, la
intimidación, los golpes. A los tres días las
víctimas estaban declarando como ocurrieron los
hechos, yo estaba ahí, ellas creían que no salían
vivas de la zona de tolerancia de Castaños".

Información reciente del caso es la reducción de
penas para tres de los inculpados, y la
absolución de otros tres soldados que
participaron en la violación. No obstante, para
el presidente del Tribunal Superior de Justicia
de Coahuila, Gregorio Pérez Mata, el juicio se
hizo apegado al derecho, y contó con un trabajo serio de los jueces.

En segunda instancia y a unos días de concluir el
2009, se confirmó la absolución de los soldados
Norberto González Estrada, Rosendo García Jiménez y Casimiro Ortega Hernández.

El ex sargento, Juan José Gaitán Santiago,
purgará 24 años de condena, luego de que en
primera instancia se le dictaron 21 años de
prisión, en tanto que Omar Alejandro Rangel
Fuentes, pasará 15 años en la cárcel y no 41 años como se determinó al inicio.

Fernando Adrián Madrid Guardiola, también fue
condenado a 15 años, al igual que su compañero
resultó favorecido al no tener que permanecer por 32 años en el penal.

Ángel Antonio Hernández Niño, podrá obtener el
beneficio de la fianza al ser acusado solo de propinar lesiones a las víctimas.

A pesar de que se señaló que fueron 20 o 21
soldados en estado de ebriedad y bajo la
influencia de otras sustancias tóxicas, sólo se
juzgó a 9 por el fuero común, del resto nunca se supo nada.

Aún no han sido detenidos ni procesados los
militares, Ricardo Hernández, Baldomeano
Hernández García y José Raúl Ramírez Martínez,
quienes pertenecían al 14 Regimiento de
Caballería Motorizada de Múzquiz, Coahuila.

La madrugada del 11 de julio del 2006, los
militares tenían la encomienda de proteger las
boletas de la elección presidencial que se
concentraron en el distrito 03, con sede en
Monclova. De las 13 trabajadoras de la zona de
tolerancia, se sabe que la mayoría se dedica a la
misma actividad porque su condición
socioeconómica no les permite integrarse de otra forma a la vida productiva.

PIDEN REPLANTEAR POLITICAS PARA COMBATIR EL ANALFABETISMO

STAFF:LUCIA LOPEZ
TRIBUNA PROLETARIA
AGENCIA:CIMAC
Por Narce Santibáñez Alejandre
Siguenos:twitter.com/grupomatrix
 
Piden replantear políticas para combatir el analfabetismo
Niñas y niños jornaleros de 6 a 14 años no acceden a la educación

 
México DF, 30 dic 09 (CIMAC).- La jornada laboral
comienza cuado se inicia el alba y termina cuando
se pone el sol; es la infancia interrumpida de
las niñas y los niños jornaleros, rostros
morenos, rostros que al rayo del sol podemos ver
tanto en el sur como en el centro del país.

Un ejemplo de ello, es Silvia Salgado, hermana
del fallecido David Salgado, el cual fue
atropellado por un tractor en enero de 2007.
Silvia fue jornalera agrícola desde los siete
años, a la vez cuidaba de sus hermanos y ayudaba
a su mamá en las labores domésticas.

Silvia, es indígena de la comunidad de
Ayotzinapa en Guerrero, actualmente tiene 15
años, tenía 13 años cuando su hermano David fue
arrollado en Culiacán, Sinaloa. Ella, durante
seis años trabajó cortando verduras, su jornada
laboral empezaba a las seis de la mañana y
terminaba las cuatro de la tarde, para seguir los
quehaceres de casa, recuerda la joven.

Silvia relata a Cimacnoticias: "Mis papás decían
que me fuera a la guardería, pero no quise,
siempre trabajaba para ayudarlos, pero ya no me
puedo ir pa Culiacán", no responde porqué, ni
desde cuándo ya no trabaja como jornalera
agrícola, sin embargo, desde el accidente de David ya no ha vuelto a la pizca.

La adolescente nunca ha asistido a la escuela,
sin embargo, le gustaría estudiar y aprender a
leer, "mis papás si saben leer, pero nunca me han
enseñado, nunca les he dicho que quiero aprender", comentó Silvia.

Actualmente, Silvia colabora con el Centro de
Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", en
los comedores de los jornaleros agrícolas. El
proyecto provee de alimentos a los jornaleros que emigran a Culiacán.

De acuerdo con el informe anual del Programa de
Jornaleros Agrícolas y Migrantes Internacionales
del Centro de Derechos Humanos de La Montaña
"Tlachinollan", la temporada de migración se da entre septiembre y diciembre.

Al respecto, Nashieli Ramírez, directora de
Ririki Intervención Social, señaló que es común
que niñas y niños sean contratados en las
hortalizas porque "tienen las manos más pequeñas,
y por tal, funcionan mejor para la recolección
más delicada, como fresas, tomates, jitomates."

NIÑAS, DOBLE Y TRIPLE JORNADA

De acuerdo con las cifras oficiales, en México
hay más varones jornaleros, aunque las niñas
realizan labores domésticas en su hogar, además
del trabajo en el campo, y se encargan del
cuidado de sus hermanas y hermanos pequeños.

Sobre el número de niñas y niños que se
encuentran en esta situación no hay datos
precisos, pero de acuerdo con los cálculos de la
Encuesta Nacional de Empleo del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 80
por ciento son adolescentes hombres, y el 20 por
ciento son adolescentes mujeres. Este patrón se
ha mantenido prácticamente sin cambio entre 1998 y 2004.

De acuerdo con Margarita Nemesio, integrante de
Tlachinollan, "Es evidente la doble y triple
jornada que cumplirán las niñas el resto de su
vida, pues más de la mitad, además de estar
ocupadas, realizan quehaceres domésticos y
estudian; la situación de las niñas trabajadoras
es condenable y representa un daño irreversible".

REZAGO EDUCATIVO

La Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoce
que menos del 10 por ciento de estas niñas y
niños asiste a la escuela, pues generalmente
suspenden sus estudios debido a complicaciones
administrativas por cambiar de lugar de residencia.

El "Programa Nacional de Educación Primaria para
Niñas y Niños Migrantes (PRONIM) a cargo de la
SEP, solo cubre al 4.1 por ciento de la niñez
jornalera. Además del Consejo Nacional de Fomento
Educativo (CONAFE), institución gubernamental
para las escuelas multi-grado en las comunidades
más pequeñas, cubren un 3.9 por ciento adicional.
Esto significa que el 92 por ciento de las y los
menores de 6 a 14 años de edad que trabajan en el
campo no tienen acceso a la educación.

Por ello, la Secretaría de Desarrollo Social
implementó el Proyecto Monarca, el cual busca
contribuir a la inclusión y cumplimiento de los
derechos a la educación, salud y alimentación de
las niñas y los niños, de 6 a 14 años, hijos de
jornaleros agrícolas, mediante apoyos que
coadyuven al desarrollo de sus capacidades.

El proyecto busca inducir que los padres
jornaleros envíen a las niñas y los niños a la
escuela. Se les entrega un estímulo económico de
300 pesos mensuales y útiles escolares, uniformes y despensas.

Nashieli Ramírez, especialista en derechos de la
infancia, señaló que la estrategia del gobierno
federal para combatir los problemas de educación
y analfabetismo entre las hijas y los hijos de
migrantes, no funciona, a pesar de que se
flexibilizó el horario escolar, así que se deben
replantear las políticas de gobierno.

CONSECUENCIAS

El trabajo rudo en la pizca y el contacto con los
pesticidas, hace que las niñas y niños padezcan
dermatitis, intoxicaciones, mutilaciones,
quemaduras, anemias, insolaciones y
deshidratación y además, pueden fallecer por accidentes de trabajo.

De acuerdo con el informe Programa de Jornaleros
Agrícolas y Migrantes Internacionales del Centro
de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan,
la población más afectada al dejar sus
comunidades es la materno – infantil y los
principales problemas de salud que presenta la
niñez son afectaciones en las vías respiratorias y desnutrición.

En el caso de las mujeres embarazadas el riesgo
de muerte se eleva, toda vez que emigran sin
recibir un diagnóstico de control prenatal.

Las consecuencias a largo plazo en el caso de las
niñas, es que si llegan a ser madres, el producto
podría nacer con algún tipo de malformación
genética debido al contacto con los venenos de
los plaguicidas, y en el caso de los niños,
pueden sufrir trastornos reproductivos, como esterilidad.

LEGISLACIÓN

La Ley Federal del Trabajo establece que para
emplear adolescentes de 14 a 17 años de edad, se
requiere del consentimiento por escrito de los
padres o tutores, y acreditar con un certificado
médico que es apto; lo cual generalmente no se cumple.

También, la Ley fija sanciones económicas que van
de tres a 155 veces el salario mínimo, sin
importar el número de niñas que tengan empleadas
en los campos, por lo que a los propietarios no
les inquieta cubrir la multa que puede llegar a 7 mil 400 pesos.

El Convenio 138 de la Organización Internacional
de Trabajo (OIT), precisa que la edad mínima para
trabajar recomendada es de 14 años en los países
en desarrollo y de 15 años para países industrializados.

Por otro lado, México cumplió nueve años de haber
adoptado el Convenio 182 de la OIT, que responde
a la necesidad de erradicar las peores formas de
trabajo infantil, sin que se haya adoptado, como
se comprometió, un Plan Nacional de Acción y la
determinación de los trabajos peligrosos para la
infancia y su identificación geográfica

Los estados con mayores índices de expulsión de
niñas y niños jornaleros son Guerrero, Oaxaca,
Chiapas, Veracruz e Hidalgo. Del total de niñas y
niños que trabajan como jornaleros, 50 por ciento
son indígenas, 45 por ciento registra algún grado
de desnutrición y el 90 por ciento no asiste a la
escuela, de acuerdo con cifras del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia.

A niñas y niños mexicanos, se les puede ver
laborando en los campos de Baja California, Baja
California Sur, Durango, Jalisco, Michoacán,
Morelos, Nayarit, Puebla, Tamaulipas, San Luis
Potosí, Sonora y, principalmente en Sinaloa.