Inicio » Encontexto

Category Archives: Encontexto

Traducir a tu idioma

Construyamos PODEMOS Mexico YA ES TIEMPO de CAMBIAR

DESOBEDIENCIA CIVIL PACIFICA1/01/17
PODEMOS Mexico: Desoberiencia Civil Pacifica 2017-2018

Matrix Radio Mx

Es una emisora de radio comunitaria y social en la CDMX. HOY la CDMX ya cuenta con un proyecto alternativo DIFERENTE para los amantes de la RADIO. La primer radio comunitaria y social realizada por un STAFF de periodistas ENTIDADES BIOLOGICAS EXTRATERRESTRES. Alienigenas que por años han estudiado a la raza humana y que ahora seran quienes relaten y cuenten las noticias. PERIODISMO EXTRATERRESTRE y DIFERENTE. www.matrixradiomx.wordpress.com

PARO NACIONAL

2 de Octubre 2015 NO se OLVIDA

DEVOTOS a SAN EBE en la CDMX

Construyamos un México Sin PRI

CNTE en PIE de LUCHA

Sumate NO a la Reforma Educativa de Epn Fallido

YA son 16 meses de #Ayotzinapa y NO hay JUSTICIA

EVENTOS en la CDMX

YoSoy132 NADIA VERA

Usuarias de ILE se exponen al hostigamiento de Provida

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Anaiz Zamora Márquez

CIMAC Noticias

CIMAC Noticias

CONTEXTO
Usuarias de ILE se exponen al hostigamiento de Provida
Ss-DF no garantiza su seguridad ni privacidad en el servicio
 
Las Clínicas de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), dependientes de la Secretaría de Salud del Distrito Federal (Ss-DF), no garantizan plenamente la intimidad y privacidad de las usuarias –en su mayoría jóvenes–, dejándolas expuestas al acoso y hostigamiento constantes de los grupos Provida, que pretenden disuadirlas para que no interrumpan sus embarazos no deseados.
 
En un recorrido que realizó Cimacnoticias a diversas clínicas se pudo constatar cómo la Ley de Salud del DF no se cumple en su totalidad, toda vez que las instalaciones no permiten salvaguardar la privacidad de las usuarias en todo momento, por lo que son fácilmente identificadas por activistas ultraconservadores que atentan contra el derecho a decidir de las mexicanas.
 
La Ley de Salud del DF en su artículo 11 define los derechos de las y los usuarios de servicios de salud. Entre ellos define como primer punto que tienen derecho a “acceder libremente a los servicios de salud”.
 
Además deben “ser atendidos oportuna, eficaz y cálidamente por el personal de salud que corresponda con respeto a sus derechos, su dignidad, su vida privada, su cultura y sus valores en todo momento”, así como a “recibir información suficiente, clara, oportuna, veraz y apropiada”.
 
Las Clínicas de ILE han atendido en seis años a más de 97 mil mujeres que decidieron interrumpir su embarazo, pero hasta ahora no las protegen del acoso y señalamiento de estos grupos.
 
Y es que esas unidades de salud son independientes de las instalaciones principales, es decir, están a un costado y no dentro de las unidades de salud, por lo que las usuarias que acuden a los servicios son fácilmente identificables.
 
Aunque se protegen sus datos personales, no se resguarda su intimidad en la etapa inicial del procedimiento, por lo que los grupos Provida operan afuera de las clínicas y al identificar a las jóvenes que van a solicitar el servicio les entregan folletos. Incluso a algunas de ellas las abordan para convencerlas de que abortar “es un pecado” y de que “pone en riesgo su vida”.
 
 
Cabe destacar que el derecho a la intimidad, privacidad, así como a la información, son Derechos Humanos (DH) consagrados internacionalmente y que México está comprometido a garantizar para toda la población.
 
El Estado mexicano es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo cual es signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que fue adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1948.
 
El artículo 12 de la DUDH define el derecho a la privacidad del que gozan todas las personas y establece que “nadie será objeto de injerencia en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia”. Agrega que este derecho será protegido por la ley.
 
De acuerdo con los mecanismos internacionales que defienden los DH, este derecho puede ser violado, entre otras formas, cuando se interviene en la vida privada de una persona (lo que incluye su derecho a establecer relaciones y a disfrutar de su libertad sexual).
 
De igual forma el Artículo 19 de dicha declaración instituye que “nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones”.
 
En  junio de 2011 el Congreso mexicano realizó una reforma constitucional mediante la cual reconoció los DH como un eje central del marco jurídico y político del Estado mexicano, y otorgó a los tratados internacionales el mismo rango jurídico que la Constitución.

Anuncios

Fracasa política de Derechos Humanos de las mujeres

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Gladis Torres Ruiz

CONTEXTO
Fracasa política de Derechos Humanos de las mujeres
En el sexenio, más pobreza y violencia de género
 
El impacto favorable de las políticas en materia de Derechos Humanos (DH) de las mexicanas que Felipe Calderón ha anunciado en diferentes ocasiones no es tal, coinciden organizaciones humanitarias y de mujeres.
 
Las agrupaciones ciudadanas afirman que en seis años el balance en materia de igualdad de género es negativo: la pobreza crece de manera exponencial para las niñas y las mujeres, siguen muriendo por ser madres, la violencia continúa impune, y todo ello sin acciones concretas para poner fin a estas problemáticas.
 
A propósito del Sexto y último Informe de Gobierno de Calderón, Amnistía Internacional (AI) concluye en un reporte que en materia de justicia y seguridad pública, la saliente administración ha tolerado un grave deterioro a los DH.
 
Sostiene que Calderón ha hecho caso omiso a las miles de víctimas de violaciones que se han atrevido a denunciar los abusos y a reclamar justicia.
 
El pasado 1 de septiembre Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, entregó el Sexto Informe de Gobierno al Congreso de la Unión. Dos días después, en Palacio Nacional, Calderón aseguró que su gestión fue “humanista” y que las acciones realizadas por el gobierno y la sociedad, para acrecentar el desarrollo humano sustentable presentan resultados innegables en los ámbitos social, político y económico.
 
Yuridia Rodríguez, abogada del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), señala que el gobierno de Calderón deja grandes pendientes con las mujeres, tales como la aplicación cabal de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2007.
 
A lo largo del sexenio, el OCNF no se cansó de denunciar la imparable ola de violencia contra las mujeres y las niñas, así como la negativa del gobierno federal de implementar la Alerta de Violencia de Género en Guanajuato, Estado de México, Veracruz y Nuevo León.
 
A partir de 2007 diversas organizaciones comenzaron a denunciar las reformas constitucionales en 17 estados, para proteger al embrión por encima de los derechos reproductivos de las mujeres, y que derivaron en la criminalización de las mujeres por abortar.
 
Igualmente, grupos defensores de los derechos de las mexicanas, como Fundar Centro de Análisis e Investigación, han advertido que el Seguro Popular, así como los programas Arranque Parejo en la Vida y Oportunidades, no favorecen a las mujeres, en contraste a lo que asegura el gobierno federal.
 
Y es que no se logró reducir la muerte materna (MM) y por el contrario se les sobrecargó el trabajo con los programas sociales.
 
La MM en mujeres menores de 20 años es de 59.3 por cada 100 mil nacidos vivos, y en las mujeres de 45 a 49 años es de 190.3 muertes. Los estados con más altos índices de mortalidad son Guerrero, Oaxaca, Chihuahua y Morelos, según información del Inegi.
 
De igual manera las mexicanas son y seguirán siendo las más golpeadas por la pobreza. Carmen Ponce, economista especializada en género, advierte que en antes de que concluya el año se perderán alrededor de 100 mil fuentes de trabajo.
 
Los sectores de la producción nacional que serán “gravemente” afectados son el textil, calzado y juguete, cuya mano de obra es principalmente femenina. Tan sólo en la industria textil, ellas representan 70 por ciento de la mano de obra.

Política económica impacta más en mujeres

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Anayeli García Martínez

CONTEXTO
Política económica impacta más en mujeres
Originan desempleo, pobreza, exclusión y discriminación
 
Organizaciones civiles y sindicales afirmaron que las políticas económicas que generan desempleo, pobreza, exclusión, discriminación, explotación,  desigualdad, violencia y feminicidio impactan más en las mujeres.
 
Luego de realizar el foro internacional “G-20 desde una mirada feminista”, un grupo de más de 200 economistas, líderes sociales, sindicalistas y defensoras de derechos humanos, pidieron que los gobiernos del mundo propongan un cambio hacia una nueva arquitectura financiera.
 
En el marco de la semana de acción contra la séptima cumbre del G-20 que se realiza este 18 y 19 de junio, en los Cabos, Baja California Sur, las organizaciones de mujeres reclamaron que las decisiones económicas sean tomadas por el 1 por ciento de la población.
 
Ante la crisis económica en la que viven las mexicanas, exigieron políticas de desarrollo desde una perspectiva de género, con rostro humano y que incluya el respeto a los Derechos Humanos (DH) de los pueblos.
 
Aseguraron que los gobiernos no pueden seguir tomando las decisiones a espaldas de los pueblos y deben considerar los derechos de las comunidades.
 
Señalaron que una alternativa es que los jefes de Estado y los líderes mundiales, e incluso la sociedad civil, elaboraran un proyecto que tenga como eje la justicia social,  basada en los derechos económicos, sociales, ambientales y de equidad de género. 
 
Explicaron que lejos de privatizar los servicios básicos como el acceso a la energía, el agua, la vivienda o la salud, entre otros, se deben ver como derechos humanos, como lo explica la filosofía del “buen vivir” desarrollada en otros países latinoamericanos.
 
También demandaron que se reconozca que en los países de América Latina hay pluralidad y por tanto se debe impulsar una democracia participativa que permita la construcción de un nuevo modelo económico y social, que surja desde los pueblos y desde los aportes de las mujeres.
 
Para las organizaciones es imprescindible reconocer la aportación de las mujeres en el trabajo cotidiano que en su mayoría es no remunerado: a la economía del cuidado en los hogares, al trabajo doméstico y al trabajo comunitario, que contribuye a la generación de riqueza de los países en la economía global. 
 
Por ello exigieron que cada gobierno impulse la creación de empleos estables y salarios dignos para las mujeres, con acceso a la seguridad social y a los derechos laborales que marca la ley. 
 
Explicaron que en el caso de México se debe promover una ley laboral con transversalidad de género que elimine los obstáculos para la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo en condiciones de igualdad.
 
Dicha ley debería integrar lineamientos para erradicar la eliminación de toda forma de discriminación y violencia sexual y laboral hacia las mujeres; y con ello fortalecer la participación equilibrada en la esfera de toma de decisiones.
 
En el empleo las mujeres buscan que se establezca un compromiso bilateral entre naciones que les garantice acceder a la capacitación y a mejores puestos.

Escalada de denuncias contra mujeres por abortar

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Guadalupe Cruz Jaimes

CONTEXTO
Escalada de denuncias contra mujeres por abortar
Tan sólo en Guanajuato hay 160 acusaciones
 
México, DF, 28 may 12 (CIMAC).- En al menos 13 estados del país hay mujeres que enfrentan procesos judiciales por interrumpir su embarazo, o que son acusadas de homicidio en razón de parentesco tras sufrir un aborto espontáneo; algunas de ellas están en prisión.
 
De acuerdo con organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de las mujeres, esta problemática afecta sobre todo a las mexicanas de escasos recursos. La situación se agravó con la penalización del aborto en 17 entidades federativas entre 2008 y 2010, acusan.
 
Las modificaciones a las constituciones locales consistieron en establecer la “protección de la vida desde la concepción-fecundación” hasta la muerte natural, y fueron aprobadas por legisladoras y legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), principalmente.
 
Los estados afectados son Baja California, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Campeche.
 
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) da acompañamiento jurídico y tiene documentados más de 20 casos de mujeres procesadas por aborto o que reciben tratamiento médico integral fuera de prisión en Baja California, Chihuahua, Puebla, Estado de México, Hidalgo, Morelos y Michoacán.
 
Según el Centro de Derechos Humanos Las Libres, con sede en Guanajuato, en 11 estados hay mujeres encarceladas por abortar o acusadas de homicidio en razón de parentesco, luego de sufrir un aborto espontáneo.
 
Esas entidades son San Luis Potosí, Querétaro, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Aguascalientes, Sonora, Chiapas y Baja California.
 
Las Libres han documentado que 160 mujeres guanajuatenses fueron denunciadas por aborto entre 2000 y 2010.
 
De acuerdo con las resoluciones de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, y la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que se llevó a cabo en El Cairo en 1994, el aborto no puede considerarse un método de planificación familiar, pero sí forma parte de los derechos reproductivos de las mujeres ante un embarazo no deseado o la falla de los métodos anticonceptivos.
 
Los derechos reproductivos están garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La autonomía reproductiva está reconocida en el artículo 4º constitucional, el cual refiere que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”.
 
La Constitución es la ley suprema a la que deben ajustarse los demás ordenamientos, tales como leyes generales, constituciones estatales, y leyes federales y locales, advierte GIRE.

Letra muerta, leyes vigentes sobre infancia

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Gladis Torres Ruiz

CONTEXTO
Letra muerta, leyes vigentes sobre infancia
Jueces y abogados ignoran su existencia
 
Los avances legislativos para garantizar los derechos de la infancia en México se han convertido en letra muerta, aseguran organizaciones de la sociedad civil.
 
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), adoptada por la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1989, fue firmada por México ese mismo año y entró en vigor el 21 de septiembre de 1990.
 
Pero fue hasta abril del año 2000 cuando se aprobó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual entró en vigencia en mayo de 2001. Esta norma faculta a las autoridades federales y estatales para que, en el marco de su competencia, tomaran medidas a favor de la infancia.
 
El proceso ha sido lento, dice a Cimacnoticias Nashieli Ramírez, directora de la organización Ririki Intervención Social, ya que la ley implicaba que las 32 entidades federativas generaran sus propias normas, las cuales no eran acordes con la legislación federal. Hasta ahora el único estado que carece de ley de infancia es Chihuahua.
 
Se han creado leyes locales, modificado códigos, se adecuó la Ley de Justicia Juvenil en 2006, sin embargo las normas no han sido suficientes; lo que se necesita es una política de Estado que garantice los derechos de la infancia, subraya Ramírez.
 
Otras organizaciones, como la Red Incidencia Civil en la Educación, señalan que las leyes que contienen postulados de la CDN no garantizan avances a favor de las y los niños.
 
Esas leyes que surgieron por el impulso de la sociedad civil organizada han quedado en letra muerta porque no han sido difundidas ampliamente, de modo que abogados litigantes, jueces e incluso las personas beneficiarias ignoran que existen. Por tanto no son invocadas en casos en los que se vulneran los derechos de niñas y niños, aseguran activistas.
 
Agregan que la normativa no está complementada con medidas que las hagan válidas a través de instancias accesibles y organismos públicos competentes.
 
Las organizaciones citan como ejemplo los casos de violencia en contra de niñas y niños, quienes se enfrentan al “anquilosado y burocrático aparato oficial que impide acciones inmediatas y efectivas, para hacer cesar tal violencia e impedir que se repita, volviendo además casi imposible la reparación de los daños ocasionados”.
 
La semana pasada en la Cámara de Diputados quedó pendiente la aprobación de la Ley General de Protección Integral de los Derechos de la Niñez.
 
Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), considera que ese proyecto no garantiza los derechos de la infancia.
 
La iniciativa presentada por la diputada del PRI Yolanda de la Torre y avalada por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, carece de mecanismos para atender las problemáticas que afectan a las niñas y los niños, explica.
 
Nashieli Ramírez agrega que esa ley no cuenta con los elementos suficientes para operar, y señala que niñas y niños tienen derecho a la educación y la alimentación, pero no dice cómo se cumplirán esas garantías.
 
“El problema no es que no nos hayan convocado (a opinar sobre la ley); el problema es que no está bien hecha. En lugar de sacarla seis minutos antes de que acabe el periodo de sesiones, podemos darnos el tiempo de sacar una buena ley”, apunta la activista.

Refugios para mujeres: espacios vitales contra la violencia

STAFF:MTXNoticias.com/♥CanalMatrix♥/CIMAC/Por:Gladis Torres Ruiz

CONTEXTO
Refugios para mujeres: espacios vitales contra la violencia
Estipulados por la ley, apenas se dan abasto y operan sin fondos
 
Ante la escalada de violencia de género que azota al país, los refugios para mujeres víctimas de violencia –estipulados en la ley– se han convertido en espacios vitales para atender a las mexicanas que padecen ese flagelo, sobre todo por parte de sus parejas.
 
En México 67 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o por otras personas en los espacios comunitario, laboral, familiar o escolar.
 
La mayoría de casos de violencia ocurre en las relaciones de pareja, y por ende el principal agresor es o ha sido el esposo, novio o concubino, según el documento “Mujeres y hombres en México 2011”, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Instituto Nacional de las Mujeres.
 
El artículo 52 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que las víctimas de cualquier tipo de violencia deberán contar con un refugio, mientras lo necesite; y que las mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia familiar deberán contar con ese servicio.
 
ESCAPAR DEL INFIERNO
 
En los refugios se protege a mujeres y sus hijas e hijos de manera temporal de las consecuencias de la violencia, tales como discapacidad, mutilación, pérdida de la salud mental, suicidios y homicidios.
 
En su página web, la Red Nacional de Refugios (RNR), organismo civil sin fines de lucro, reporta que el cupo máximo de familias que pueden ser hospedadas y atendidas al mismo tiempo en tales instancias durante tres meses, es de 10, compuestas por una mujer con entre uno y tres hijas o hijos menores de edad.
 
El refugio les brinda atención médica, psicológica, orientación y acompañamiento legal, desde una perspectiva de equidad de género y defensa de los Derechos Humanos (DH).
 
Las mujeres que son atendidas en estas instancias –detalla la RNR– llegan con depresión, miedo, intentos de suicidio, dolor y sufrimiento. A lo anterior que se suma  la pérdida de oportunidades para lograr sus propias metas y la pérdida de autoestima.
 
En los refugios se brindan herramientas para fortalecer a las sobrevivientes y poner fin a la violencia que viven, de igual forma se les apoya para que desarrollen habilidades, destrezas y capacidades para que inicien una nueva vida “sin violencia”, acompañadas de sus hijas e hijos.
 
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
 
Las directoras de los refugios han señalado que en estas estancias se fomenta la dignificación de las mujeres, así como su autonomía y su seguridad en sí mismas.
 
La RNR destaca que por seguridad de las víctimas y del personal que las atiende, la información sobre la ubicación y el personal que labora en los refugios es confidencial.
 
En total en el país hay 68 refugios para mujeres, de los cuales 44 pertenecen a la RNR: 34 de organizaciones de la sociedad civil, nueve del gobierno y uno mixto. Entre 2010 y 2011 tan sólo la RNR atendió a 8 mil 372 personas en 42 refugios; 75 por ciento eran niñas y niños.
 
Es la mayoría de los casos, antes de llegar a un refugio las mujeres son atendidas en los Centros de Atención Externa de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia (CAER), los cuales este año se quedaron sin presupuesto luego de la Secretaría de Salud federal “desapareció” 50 millones de pesos (mdp) etiquetados para tales instancias, según denunciaron legisladoras y activistas.
 
La coordinadora de la RNR, Rosa María Salazar, precisó que los CAER operan de 9 de la mañana a 9 de la noche. “Son 12 horas de atención de dos turnos de psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales y médicos”, abundó.
 
Cada Centro de Atención Externa se mantiene con cerca de un millón y medio de pesos; mientras que un refugio con capacidad para 10 mujeres con sus hijas e hijos gasta entre 4 y 5 mdp al año.

Insuficiente,visa humanitaria para castigar agravios a migrantes

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Guadalupe Cruz Jaimes

CONTEXTO 
Insuficiente, visa humanitaria para castigar agravios a migrantes
Los obliga a quedarse en el país sin empleo y vivienda: activistas
 
De entrar en vigor, la visa humanitaria para migrantes víctimas de algún delito en México –estipulada en la recién aprobada Ley de Migración– sería insuficiente para garantizar que las y los centroamericanos denuncien crímenes en su contra por carecer de empleo, vivienda y condiciones de seguridad para permanecer en el país hasta que culmine el proceso penal.
 
Por ello es necesario crear un mecanismo regional de acceso a la justicia para mujeres y hombres migrantes en tránsito, que permita la continuación del procedimiento sin que las personas tengan que permanecer en México, señaló a Cimacnoticias Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
 
La activista, quien actualmente documenta la desaparición masiva de mujeres y hombres migrantes en el país, refirió que sin la garantía de condiciones de vida digna para quienes han sufrido algún delito, “la visa humanitaria no va a tener impacto en el aumento de denuncias”.
 
Se prevé que la llamada visa humanitaria para migrantes entre en vigor a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Reglamento de la Ley de Migración, proyectada a más tardar para el próximo 21 de noviembre.
 
MECANISMO ALTERNATIVO
 
La “gran dificultad” es que la visa humanitaria obliga a las y los migrantes a quedarse en México hasta que concluya el procedimiento penal, “sin que estas personas tengan lo mínimo para sobrevivir, además de los riesgos que les implicaría denunciar al crimen organizado coludido con las policías o autoridades migratorios”, explicó la directora de la Fundación para la Justicia.
 
“A pesar de que el gobierno mexicano da la visa humanitaria como una de las grandes opciones para incidir en el tema de acceso a la justicia de las personas migrantes, se tiene que buscar un mecanismo alternativo para que las víctimas puedan denunciar desde sus países”, recalcó Delgadillo.
 
Fundación para la Justicia lleva a cabo la elaboración de este mecanismo junto con comités de madres y familiares de migrantes de Honduras y El Salvador desaparecidos en México.
 
Al tiempo que esta organización delinea el mecanismo de acceso a la justicia, documenta la búsqueda de las y los migrantes mexicanos desaparecidos en el norte del país relacionados con la masacre y las fosas de cadáveres encontradas en el estado de Tamaulipas.
 
De acuerdo con Delgadillo, su labor busca dar herramientas para que las personas migrantes tengan acceso a la justicia en un escenario en el que la corrupción de las autoridades mexicanas posibilita que las violaciones a los Derechos Humanos de las y los migrantes continúe.
 
La activista acusó que la “anuencia, tolerancia y hasta participación del Estado” permiten la violencia contra las personas migrantes.
 
Por ejemplo señaló que el Instituto Federal de Defensoría Pública y la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentan que las y los migrantes víctimas de secuestro denuncian que fueron entregados a la delincuencia organizada por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración.

Una burla,operativo de búsqueda de desaparecidas

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Anayeli García Martínez

CONTEXTO
Una burla, operativo de búsqueda de desaparecidas
Protocolo Alba, ineficaz contra violencia en Chihuahua
 
México, DF, 31 oct 11 (CIMAC).- El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm) criticó la inoperancia del Protocolo Alba, un mecanismo de búsqueda rápida de niñas y mujeres desaparecidas, que de 2005 a 2010 sólo se activó en 31 ocasiones en ese estado.
 
En opinión de la feminista e integrante de Cedehm, Alma Gómez, este mecanismo tiene elementos discriminatorios que reproducen la cultura patriarcal y misógina de los operadores de justicia, por lo que afirmó que es urgente que sea reformado.
 
De acuerdo con datos de la organización, obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información, de 2005 a agosto de 2010 el Protocolo Alba se activó únicamente en 31 ocasiones, es decir cinco veces por año, cuando tan sólo en 2010 se registraron 110 casos de mujeres desaparecidas.
 
VIGILANCIA
 
Ante la desaparición  de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, y el incremento de casos de feminicidio, organismos internacionales de Naciones Unidas y del sistema interamericano de Derechos Humanos recomendaron a México adoptar mecanismos de prevención y protección.
 
Es así que el 22 de julio de 2003 se puso en marcha el Operativo Alba en el estado fronterizo con el objetivo de vigilar minuciosamente las zonas clasificadas como “de alto riesgo” para mujeres, y aquellos lugares donde se encontraron víctimas de homicidio.
 
Dos años después, el 12 de mayo de 2005, se creó el Protocolo Alba, una serie de procedimientos para la reacción y coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales en caso de desaparición de mujeres y niñas en el municipio de Ciudad Juárez.
 
De acuerdo con la activista, este protocolo coordina a la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría estatal; a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y municipal; y a la Dirección General de Tránsito Municipal.
 
También participan la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y la
Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
 
LA RUTA DE ACCIÓN
 
Cuando una mujer desaparece se puede poner un “reporte de extravío” ante cualquiera de las autoridades integrantes del protocolo, y éstas a su vez deben atender a la familia afectada o a quien denuncia y de inmediato avisar a las demás autoridades.
 
Esto significa que en las primeras 48 horas del hecho, cada institución buscará a la niña o mujer desaparecida en el servicio médico forense, las cárceles, los refugios, albergues, en las oficinas de migración, el consulado, y en cualquier lugar donde tengan acceso.
 
Con esta ruta de acción –que también prevé la búsqueda en hoteles, centros comerciales y rastreos aéreos y terrestres–, se pretende localizar a la persona lo más pronto posible, sin embargo en promedio el protocolo se activa cinco veces al año, aunque en 2010 se reportaron 110 mujeres desaparecidas.
 
En opinión de Alma Gómez, este protocolo es discriminatorio porque sólo se activa en casos de alto riesgo, es decir, cuando la víctima tenía una rutina estable, si se extravió en el centro de la ciudad y si no tuvo motivo para abandonar el hogar.
 
Al final, advierte la defensora de Derechos Humanos, depende del criterio de quien toma la denuncia considerar que la desaparición es o no de alto riesgo, y es inoperante toda vez que de 2005 a 2010 sólo fueron localizadas 23 personas, y las autoridades no han aclarado si fueron encontradas con vida o no.
 
MECANISMO BUROCRÁTICO
 
De acuerdo con datos de la Conavim, de 2008 a 2011 el protocolo se activó en 24 ocasiones: tres en 2008, cinco en 2009, siete en 2010, y nueve en lo que va de 2011. En total se han localizado a nueve personas con vida y una muerta en estos cuatro años.
 
Información presentada por la Conavim revela que cuando una niña o mujer desparece, en un lapso de una hora esta institución investiga en 75 albergues y hospitales; además envía el reporte del caso a 40 organizaciones de la sociedad civil que pueden colaborar en su difusión.
 
Sin embargo, Alma Gómez asegura que no se toma en cuenta a las organizaciones y que en realidad estas actividades de búsqueda no se realizan, no participan los medios de comunicación y las autoridades no están coordinadas, lo que resulta en un mecanismo burocrático nada rápido para localizar a personas desaparecidas.
 
Ante este panorama, la activista demanda que se cumpla con la sentencia de Campo Algodonero –que se refiere a tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, en 2001–, que mandata a estandarizar los protocolos de actuación con normas internacionales en la materia.

En riesgo,presupuesto etiquetado para las mujeres

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Guadalupe Cruz Jaimes

CONTEXTO
En riesgo, presupuesto etiquetado para las mujeres
Pendiente obligación del Ejecutivo para rendir cuentas
 
La presión social y la organización de grupos civiles por los derechos de las mujeres, en conjunto con la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, permitió que en 2008 se estipulara en la ley la obligación del Ejecutivo federal de etiquetar recursos para mejorar la situación de las mexicanas.
 
Así, con la finalidad de alcanzar la equidad de género en materia presupuestal, en ese año se creó el Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el cual en 2009 se llamó Anexo 9 A y para 2010 adoptó su nombre vigente: Anexo 10 “Erogaciones para la igualdad entre Mujeres y Hombres”.
 
Tal partida presupuestal se asigna para que diversas instituciones lleven a cabo programas desde una perspectiva de género.
 
Desde su aprobación los recursos para atender a la población femenina han ido en aumento, pero en los hechos hay una disminución de programas y acciones encaminadas a lograr la igualdad entre mujeres y hombres.
 
Mientras que en 2009 hubo 73 programas operados por 27 dependencias, para 2010 hubo 67 programas instrumentados por 23 instituciones públicas, refiere un análisis del Anexo 10 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, correspondiente al 2010, elaborado por la organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia.
 
En 2009, la Cámara de Diputados aprobó 8 mil 981.6 millones de pesos (mdp) para ese anexo, y en 2010 etiquetó 10 mil 920.7 mdp. Para 2011 se etiquetaron 14 mil 917 mdp.
 
Actualmente el Anexo 10 carece de “candados” que protejan  los montos para mujeres, por lo que su ampliación queda a  voluntad de las y los legisladores.
 
Ello se debe a que el Senado no ha aprobado la reforma que avaló la Cámara de Diputados el pasado 31 de marzo, con la que se incluyó el Anexo 10 al PEF, junto con seis anexos más, para etiquetar montos irreductibles y permanentes a los programas destinados a las mexicanas.
 
Además de que la asignación de recursos está todavía a voluntad de la Cámara baja, el uso de los montos sigue siendo “discrecional” debido a que las autoridades no están obligadas a rendir cuentas públicamente sobre el ejercicio de este presupuesto, advierten organizaciones por los derechos de las mujeres.
 
De aprobarse en el Senado la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual garantiza que los recursos destinados a la igualdad entre mujeres y hombres sean permanentes e irreductibles, las instituciones deberán rendir cuentas acerca de cómo ejercieron el dinero destinado al Anexo 10.

Escasa presencia de mujeres en el Poder Legislativo

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Anayeli García Martínez

CONTEXTO
Escasa presencia de mujeres en el Poder Legislativo
No llegan al 30 por ciento y pocas presiden comisiones
 
La participación política de las mujeres en el Poder Legislativo no llega ni al 30 por ciento pese a que la ley electoral federal estipula que las candidaturas a diputados y senadores sea de al menos el 40 por ciento de un mismo sexo.
 
De acuerdo con información del Instituto Federal Electoral (IFE) hasta septiembre pasado, la Cámara baja estaba conformada por 64 mujeres que llegaron al cargo por el principio de mayoría relativa (uninominales) y 78 por el de representación proporcional (plurinominales o pluris).
 
En total había 142 diputadas en el órgano legislativo. Es decir, del total de diputados sólo el 28.4 por ciento eran mujeres.
 
La Cámara baja se integra por 500 diputados, 300 de ellos llegan por el voto directo (mayoría relativa) y los otros 200 de manera indirecta a través de las listas de representación proporcional.
 
El Partido Acción Nacional (PAN) tiene 52 legisladoras, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 51, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 23 diputadas.
 
Al interior de la Cámara hay 44 comisiones encargadas de elaborar y dictaminar iniciativas de ley. De estas comisiones el 80 por ciento (35) están presididas por hombres y el 20 por ciento por mujeres (9).
 
Las y los diputados ejercen su encargo por tres años y no se pueden reelegir de manera inmediata; de acuerdo con el IFE a lo largo de la historia de las Legislaturas (a la fecha 61), la Cámara baja se ha constituido en su gran mayoría por hombres.
 
Lo mismo sucede con el Senado, el cual se integra por 128 senadores, 64 de mayoría, 32 de primera minoría y 32 plurinominales.
 
Datos del IFE indican que hasta septiembre pasado, en la Cámara alta había 29 senadoras y 99 senadores, lo que significa el 22.7 por ciento son mujeres y el 77.3 por ciento, hombres.
 
El PAN tiene 11 legisladoras, el PRI 8, y el PRD 6 senadoras.
 
Al igual que en la Cámara de Diputados, el Senado se integra por comisiones. Hay 59 comisiones, de las cuales el 85 por ciento (50) están presididas por varones y el 15 por ciento por mujeres (9).

Leyes en América no garantizan a plenitud derecho a decidir

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Guadalupe Cruz Jaimes

CONTEXTO
Leyes en América no garantizan a plenitud derecho a decidir
3 países prohíben el aborto; en sólo 5 no se restringe

En América y el Caribe las legislaciones de
aborto son diversas y no garantizan por igual los
derechos reproductivos de la población femenina:
mientras en tres países está totalmente
prohibido, en 28 está restringido a cuatro
causales no punibles y sólo en cinco naciones
está permitido a solicitud de las mujeres, señala
el análisis “Leyes de aborto en el mundo”,
elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

Así, el aborto está totalmente prohibido en
Chile, El Salvador y Nicaragua. Se admite el
aborto por “estado de necesidad” pero es muy
difícil de obtener, refiere el estudio.

Hay 12 países de la región donde el aborto es
legal cuando peligre la vida de las mujeres:
Antigua y Barbuda, Brasil, Dominica, Guatemala,
Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay,
República Dominicana, Surinam y Venezuela.

Brasil además permite el aborto legal en caso de
violación sexual, al igual que México y Panamá.
En estos dos últimos países la interrupción del
embarazo también es legal cuando el producto
padece alguna malformación congénita.

La legislación panameña apunta que en caso de las
menores de edad se requiere la autorización de sus padres.

Las naciones que permiten el aborto cuando esté
en riesgo la salud física de las mujeres son:
Argentina, Bahamas, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Granada, Perú y Uruguay.

Cabe señalar que Argentina y Ecuador también
garantizan ese derecho en caso de violación
sexual cuando las gestantes son mujeres con
discapacidad mental. Bolivia permite la
interrupción cuando el embarazo es producto de
violación sexual y en caso de incesto.

En Colombia, Jamaica, San Cristóbal y Nevis,
Santa Lucía y Trinidad y Tobago el aborto es
legal cuando peligra la salud mental de las mujeres.

Además, en Colombia la interrupción del embarazo
es permisible por violencia sexual, en caso de
incesto y de malformación fetal. En Santa Lucía
el aborto también es legal por violencia sexual y en caso de incesto.

La legislación jamaiquina señala que cuando las
gestantes sean menores de edad se requiere la autorización de sus padres.

En Barbados, Belice y San Vicente y las
Granadinas el aborto es legal por razones
económicas. Barbados y San Vicente y las
Granadinas además permiten la interrupción del
embarazo por violación sexual, incesto y por
malformación del producto. Al igual que otros
países de la región, en Barbados las menores de
edad requieren la autorización de sus padres.

Belice también permite el aborto cuando el
producto tiene alguna malformación genética o congénita.

En la región, Canadá, Cuba, Estados Unidos,
Guyana y Puerto Rico permiten el aborto sin
restricciones a solicitud de las mujeres. En
Canadá la ley no contempla límite gestacional. En
Puerto Rico el aborto es legal hasta antes de la
viabilidad del producto. Mientras que en Guyana
la legislación indica que la interrupción es
permitida antes de los 90 días de gestación.

La legislación estadounidense plantea que para
las menores de edad el aborto es permitido con la autorización de sus padres.

Médicos y psicólogos refuerzan binomio mujer-madre

STAFF:MTXNoticias/CanalMatrix/por:CIMAC/Por Guadalupe Cruz Jaimes

CONTEXTO ESPECIAL MATERNIDADES 
Médicos y psicólogos refuerzan binomio mujer-madre
Fortalecen estigmas contra las que no quisieron hijos

Ciencias como la medicina y la psicología, que deberían ser “objetivas”, contribuyen a construir “la figura del eterno femenino expresado en el binomio mujer-madre”, y no respetan la voluntad de la población femenina sobre el ejercicio o no de la maternidad, acusa la antropóloga Yanina Ávila.

En su investigación “Mujeres frente a los espejos de la maternidad: las que eligen no ser madres”, la académica de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) afirma que la comunidad médica promueve el embarazo y el amamantamiento como curas para múltiples malestares de las mujeres, como los trastornos menstruales, varios tipos de cáncer (sobre todo de mama y cérvico uterino), incluso derrames cerebrales y padecimientos cardiacos. 

En tanto, abunda, las disciplinas en el campo de la salud mental imponen el prejuicio de que la maternidad para las mujeres significa un “deseo natural y universal”.

Por ello, algunos psicoterapeutas consideran la vida de las mujeres sin hijos, ya sea por elección o por problemas de fertilidad, como “vacía, carente de la satisfacción y el calor que trae consigo la maternidad”, explica Ávila. 

A las mujeres sin hijos se les califica como incapaces de comprometerse en relaciones cercanas e íntimas. En este sentido, detalla la especialista, las teorías psicológicas tradicionales refieren que las mujeres tienen mayor oportunidad de lograr su madurez psíquica y emocional cuando aceptan la maternidad que cuando la rechazan. 

En México, el artículo cuarto constitucional estipula el derecho de las mujeres a elegir si procrean o no, pero cultural y socialmente las mujeres que eligen no tener hijos son estigmatizadas y rechazadas, critica Yanina Ávila. 

La maternidad es considerada “un tópico mayúsculo, adherido culturalmente a la subjetividad y a la vida de las mujeres de manera casi epidérmica: una segunda piel”, escribe la investigadora en la revista Desacatos, editada por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

La pregunta “¿por qué tienes hijos?” raramente se realiza, pues existe la suposición de que la maternidad es un proceso inevitable y natural en la vida de las mujeres y como tal no se pone en duda, indica la autora.

Y añade que cuestionamientos comunes como “¿eres casada?” o “¿cuántos hijos tienes?” resultan incómodos cuando la respuesta es que no se tuvo ningún hijo. Desde cualquier espacio las mujeres que no quieren ser madres son consideradas “raras”.

Ávila sostiene que la transformación social incluye cambios en la conducta reproductiva de las personas por lo que ahora “las mujeres, ya no son simplemente mujeres, sino que tienen que decidir qué quieren ser, evidenciando el hecho de que ya la identidad de género no es algo que se asume como dado, como prescrito, sino algo que debemos y podemos definir”. 

Los discursos que definen a las mujeres sin hijos como inferiores a las madres o como mujeres inacabadas “tienen una función política, en tanto cumplen el rol de influir en la decisión de las mujeres para tener descendencia, ya que construyen una visión negativa de quienes no son madres”, concluye la experta en temas de género.

“Buena vista” bastará para detectar patrones anormales para CaMa

STAFF:MTXnoticias/Agencia:CIMAC/Por Guadalupe Cruz Jaimes
CONTEXTO
“Buena vista” bastará para detectar patrones anormales para CaMa
No es necesario ser radiólogo

Además de postergar diez años la mastografía para
la detección de Cáncer de Mama (CaMa), la
Secretaría de Salud ahora pretende que este
estudio lo realicen jóvenes de preparatoria que
recibirán capacitación por seis meses.

La Norma Oficial Mexicana (NOM-041) para la
prevención, diagnóstico, tratamiento, control y
vigilancia epidemiológica del cáncer de mama,
vigente desde 2002, refiere que la toma de
mamografía debe realizarse cada año o cada dos
años, a las mujeres de 40 a 49 años, con dos o más factores de riesgo.

La normatividad actual refiere que el acceso a la
mastografía de tamizaje debe ser a partir de los
40 años de edad, plantea la importancia de la
capacitación del personal que realiza el estudio
y establece que éste debe practicarse anualmente
a las mayores de 50 años de edad, por indicación
médica y con autorización de la paciente.

Contrario a lo establecido en la normatividad
actual, el Proyecto de Norma Oficial Mexicana 041
(NOM-041) Para la prevención, diagnóstico,
tratamiento, control y vigilancia del cáncer de
mama -que aún está en revisión- sólo indica que
la cobertura de detección de la enfermedad será
“en mujeres de 50 a 69 años de edad”.

De igual modo, fuera de los lineamientos
establecidos en la normatividad de 2002 y en el
Proyecto de NOM-041, Mauricio Hernández Ávila,
subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud, de la Ss, declaró en entrevista que para
aumentar la detección de CaMa capacitaran a al
menos 200 jóvenes para que realicen mastografías.

El funcionario indicó que “los técnicos
radiólogos son muchachos que tienen preparatoria,
que tienen muy buena vista para reconocer
patrones anormales y pueden interpretar
radiografías y se las pasan entonces al
radiólogo, entonces el radiólogo hace la interpretación final”.

Añadió que el entrenamiento de un radiólogo tarda
más o menos ocho años, porque tienen que estudiar
medicina y luego hacer la especialidad, “no vamos
a poder tenerlos a tiempo” para detectar la
enfermedad, por la que en el país muere una mexicana dos horas.

De acuerdo con el secretario de Prevención y
Promoción de la Salud, la capacitación de jóvenes
de preparatoria, se llevaría a cabo en “tres
meses, seis meses”, mientras que la normatividad
exige una especialización amplía y rigurosa.

El Proyecto de NOM-041 especifica que el técnico
en rayos X especialista en mama deben tener
cédula profesional que lo certifique como técnico
radiólogo general, diploma de técnico radiólogo
expedido por una institución médica reconocida.

También establece que todos los estudios de
mastografía deben realizarse por técnicos
radiólogos titulados, quienes deben acreditar la
capacitación específica en mastografía o curso
tutorial o demostrativo (teórico-práctico).

Además, para poder estar certificado en técnica
mamaria es preciso que las y los técnicos
radiólogos realicen 150 mamografías de calidad,
también el personal debe ser capaz de crear un
ambiente de confianza y respeto, informando la
técnica del estudio a la paciente.

En tanto, la NOM-041 vigente indica que el
sistema de salud público debe desarrollar planes
de capacitación y actualización para médicos,
patólogos radiólogos, técnicos radiólogos y todo
aquel personal de salud que se encuentre
involucrado en el programa de prevención y control de cáncer mamario.

Leyes mexiquenses se quedan en el papel

STAFF:MTXnoticias/Agencia:CIMAC/Por la Redacción
CONTEXTO
Leyes mexiquenses se quedan en el papel
Feminicidio aumenta pese a normas contra violencia

Aunque la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del Estado de México reconoce
la violencia feminicida y establece la obligación
de implementar acciones gubernamentales de
emergencia para erradicar esta violencia, de 2005
a 2010 se han cometido 922 asesinatos dolosos de mujeres y niñas.

Esta ley que se publicó en noviembre de 2008
establece en su artículo16 que los gobiernos
estatal y municipales, en el ámbito de sus
competencias, deben garantizar a las mujeres y a
las niñas la erradicación de la violencia en la comunidad.

Así, señala acciones como “la reeducación libre
de estereotipos y la información de alerta sobre
el estado de riesgo que enfrentan las mujeres en
una sociedad desigual y discriminatoria; y el
diseño de un sistema de monitoreo del
comportamiento violento de las personas y de la sociedad contra las mujeres”.

Además plantea el establecimiento de un banco de
datos a nivel estatal sobre las órdenes de
protección que se establezcan y de las personas
sujetas a ellas con el fin de realizar las
acciones de política criminal y de prevención que
correspondan y faciliten el intercambio de información entre las instancias.

Pese a que existen estas acciones, el
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
documentó que de 2005 a 2010 en Ecatepec se
cometieron 118 asesinatos de mujeres, en
Nezahualcóyotl, 71; Tlalnepantla, 53; Toluca, 45;
Chimalhuacán, 42; Naucalpan, 40, y en Tultitlán, 35.

El 18 de febrero de 2009 el Estado de México
decretó el Reglamento de la Ley de Acceso a las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que
contiene los principios específicos aplicables a
la protección de la integridad de las mujeres.

En el artículo 17 del reglamento se estipula que
el estado contará con un “Modelo de Atención” que
buscará incluir programas eficaces de
rehabilitación y capacitación que permitan a las
mujeres participar plenamente en la vida pública, privada y social.

Los programas deberán diseñarse en atención a las
necesidades a los derechos en materia de salud,
educación, trabajo y acceso a la justicia de las
mujeres. Así por ejemplo, cuenta con el programa
“Mexiquense por una Vida sin Violencia”, el cual
debe brindar atención jurídica, psicológica y
preventiva y cuya principal herramienta es un
número telefónico conocido como “La línea sin violencia”.

De acuerdo con el Consejo Estatal de la Mujer y
Bienestar Social, otro mecanismo para atender la
violencia de género son las 17 “Unidades de
Atención”, en las cuales hay un abogado y un
psicólogo encargados de “brindar orientación y
servicios especializados con perspectiva de género”.

Pese a la existencia de estos instrumentos, la
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares 2006 señala que en el
Estado de México 54 de cada 100 mujeres son
víctimas de algún tipo de violencia.

Legalizar prostitución no terminará con la violencia hacia mujeres

STAFF:MTXnoticias/Agencia:CIMAC/Por la Redacción
VIOLENCIA
Legalizar prostitución no terminará con la violencia hacia mujeres
Continuará maltrato y estigma hacia ellas: Martha Torres Falcón

México, DF, 27 ene 11 (CIMAC).- En lugares donde
se ha legalizado el comercio sexual los
empresarios han multiplicado sus ganancias, pero
la situación de las mujeres no cambia, ya que
siguen viviendo en condiciones de explotación y
violencia. El estigma social sigue depositándose
en ellas y esta nueva forma de violencia empieza a naturalizarse.

Lo anterior lo concluye la doctora en ciencias
sociales y especialista en violencia de género
Martha Torres Falcón, en su artículo titulado
“Prostitución y violencia de género”, publicado
en la revista DFensor de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

En éste, la autora señala que las tareas de
denuncia social y activismo político a favor de
las víctimas de prostitución, enfrentan nuevos
obstáculos, entre ellos, la dicotomía entre prostitución voluntaria y forzada.

En su opinión, dicha dicotomía resulta falsa toda
vez que las mujeres no eligen dedicarse al
comercio sexual porque no se sienten orgullosas
ni satisfechas al ejercer esta actividad que
implica violencia física, sexual y emocional.

En los “bien articulados” sistemas de
prostitución donde intervienen enganchadores,
traficantes, dueños de hoteles o bares y
autoridades que realizan sus actividades en un
clima de impunidad, las mujeres son sólo un
instrumento, ellas no deciden las tarifas y en
muchas ocasiones sólo reciben una mínima parte de
lo que paga el cliente, otras no reciben nada.

La desigualdad social, las hace particularmente
vulnerables a cualquier promesa. Son engañadas,
privadas de su libertad, humilladas,
extorsionadas, obligadas a ejercer una actividad
que en sí misma constituye violencia, dice la ex
investigadora de El Colegio de México.

En su mayoría jóvenes de entornos con alta
marginación social y económica son engañadas con
falsas promesas de empleo, matrimonio o mejoría
de su situación. Son mujeres pobres, sin
educación y con una salud precaria, que desean
mejorar sus condiciones de vida y la de su familia.

Este tipo de engaños muestran que las mujeres no
accederían por voluntad propia a dedicarse a la
prostitución. Las mujeres son sometidas con
violencia física, psicológica y sexual, afirmó la investigadora.

Acerca del debate sobre el reconocimiento del
derecho de las mujeres a prostituirse, la autora
destaca que éste implicaría que ellas elijan, en
un marco de libertad, dedicarse al comercio
sexual de sus cuerpos, y que hay una voluntad reconocida y respetada.

Recalca que en la segunda mitad del siglo XX se
intensificó la denuncia social y el activismo
político en defensa de todas las víctimas, no
sólo aquellas que demostraran haber sido forzadas
para ingresar en el mundo del comercio sexual.

Existe también otra postura que define la
prostitución como trabajo sexual y aboga por los
derechos de quienes la ejercen. En 1998, en el
Grupo de Trabajo sobre las Formas Contemporáneas
de Esclavitud de Naciones Unidas, se enfrentaron
las dos posiciones. Triunfó la postura que busca
combatir y erradicar todas las formas de explotación sexual.

Torres Falcón concluye que quitar el estigma a
las mujeres que ejercen la prostitución y
sancionar a los clientes, son factores
fundamentales para avanzar en la cultura de respeto a los derechos humanos.

A %d blogueros les gusta esto: