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Gobierno federal incumple medidas de protección de la CIDH a periodistas de Quintana Roo, denuncia Artículo 19

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STAFF: Matrix Noticias/Canal Matrix HD/Por: Arturo Cordova S/Por: Redacción/Con información:  Artículo 19 

CIUDAD DE MÉXICO.- A más de un mes de otorgadas medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de Norma Madero Jiménez, su equipo de colaboración en la revista Luces del Siglo, abogados y diversos periodistas del estado de Quintana Roo, para salvaguardar su vida e integridad personal, el Estado Mexicano ha sido omiso en implementarlas

El 7 de abril la CIDH, mediante la resolución 20/2016, otorgó las medidas cautelares número 451-14 en favor de Norma Madero Jiménez, su equipo de periodistas y sus abogados al considerar que los requisitos de gravedad, urgencia y daño irreparable por parte de las 17 personas beneficiarias se encontraban cubiertos. Para la CIDH, las medidas implementadas por el gobierno del Estado de Quintana Roo y CNDH, así como las denuncias penales interpuestas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado y la FEADLE (PGR), han carecido de efectividad para frenar constantes actos de hostigamiento y amenazas en contra de los beneficiarios.

Por el ello, el órgano interamericano solicitó al gobierno que:

Adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Norma Madero Jiménez y los miembros individualizados de su equipo;
Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; e
Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición, incluyendo la investigación de los alegados ataques cibernéticos a sus páginas web y la presunta clonación de sus ediciones digitales e impresas.
Asimismo, solicitó al Gobierno de México informar, dentro del plazo de 15 días contados a partir de la emisión de la resolución, la adopción de medidas cautelares. Hasta el día de hoy ningún mecanismo de protección ha sido concertado y mucho menos implementado. Peor aún, Norma Madero Jiménez ha informado a ARTICLE 19 que esta semana se ha creado una cuenta falsa de Luces de Siglo en Facebook con la finalidad de atacar a los candidatos de oposición a la gubernatura del estado.

Cabe recordar que en el Estado de Quintana Roo prevalece un clima de censura y amenazas que se han resentido con mayor intensidad desde el año 2011, año desde el cual Roberto Borge Angulo ha sido gobernador constitucional, mismo año en el que las y los periodistas con una línea cŕitica comenzaron a sufrir en mayor grado todo tipo de violencia, incluso atentados contra su vida, libertad e integridad personales, con el objetivo de coartar su libertad de expresión así como el derecho de acceso a la información de la sociedad.

Además, se ha caracterizado por el despliegue de una estrategia informática de ataques sistemáticos y selectivos hacia periodistas y toda persona con una postura crítica hacia el gobierno, la cual incluye la utilización de gran cantidad de recursos humanos y materiales, como cuentas falsas de Twitter, clonaciones, bots, trolls, retuiteos automáticos, entre otros. Hasta la fecha los ataques hacia esta población han sido constantes e invasivos, generando mayor vulnerabilidad, miedo y censura.

Tal es el caso de la Revista Luces del Siglo, diario y revista semanal que tiene como objetivo informar de manera amplia sobre el acontecer de Quintana Roo y que, de acuerdo con el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación, cuenta con un promedio de circulación de 7,873 ejemplares con especial impacto en Cancún, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Tulum y Othon Pompeyo Blanco. Aborda temas relacionados con diversos sectores académicos, sociales, políticos y empresariales, pero sobre todo se ha caracterizado por una línea crítica hacia el gobierno estatal, situación que se ha visto alterada por la difusión de versiones falsas de la revista, así como por atentados contra la integridad física y emocional de las personas que colaboran en ella y de su equipo jurídico.

Tan sólo en el año 2015, ARTICLE 19 publicó en su informe anual M.I.E.D.O. que la Revista Luces del Siglo fue el segundo medio más agredido a nivel nacional, entre las que destacan llamadas del propio gobernador a Norma Madero, presidente de la revista; falsificaciones y clonaciones impresas de la revista; presiones a distribuidores, como tiendas Oxxo, para dejar de vender la revista; entre otras agresiones a la integridad física y emocional del equipo de periodistas que colaboran en el medio y sus abogados, tales como amenazas de muerte, hostigamiento, robo de material, allanamiento de propiedades, ataques cibernéticos a su página web y difamaciones en medios oficialistas.

Por la anterior situación de riesgo, ARTICLE 19 demostró frente a la CIDH que las clonaciones y falsificaciones de la Revista, así como las amenazas referidas no han cesado y que son actos ligados directamente con el gobierno estatal con el único fin de intimidar al diario Luces del Siglo y a otros periodistas críticos de la zona para limitar su libertad de expresión de manera irreparable.

La CIDH destaca en su resolución que durante los últimos 10 años, México se ha convertido “en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo”. Arriba a tal conclusión a partir de la información recabada por su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión sobre la situación general del país en la materia durante los últimos 10 años.

Es evidente que en los últimos dos años el gobierno federal ha dado un viraje en su relación con los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, pasando de la cooperación a la confrontación. Por ello preocupa que en este contexto el desdén oficial hacia las medidas otorgadas por la CIDH sea parte del recrudecimiento de una política que pretenda obstaculizar el escrutinio internacional de la situación de derechos humanos en nuestro país. Ante ello, ARTICLE 19 exige que las medidas sean implementadas inmediatamente y que trasciendan a una efectiva seguridad de las y los beneficiarios con el fin de evitar que las instituciones del Estado de Quintana Roo continúen inhibiendo su ejercicio a la libertad de expresión.

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