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Columna Especial: Ayotzinapa: El Capitolio se enoja

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STAFF: Matrix Noticias/Canal Matrix HD/Por: Melissa Hernandez/Por: Redacción/Con información:  Por:  Reportaje Especial /PROCESO 

WASHINGTON (Proceso).-Por la crisis de derechos humanos y la falta de claridad en la investigación del caso Ayotzinapa, el Capitolio podría castigar al gobierno de Enrique Peña Nieto con la retención de fondos para financiar la lucha contra el narcotráfico, según adelantan asesores de alto nivel del Poder Legislativo estadunidense.

“Es inaudito lo que hizo el gobierno de México con el GIEI al presionar a la CIDH para que diera por terminado el mandato de participación de los expertos en la investigación de Ayotzinapa”, dice a Proceso uno de los asesores de un poderoso Comité de la Cámara de Senadores del Congreso federal de Estados Unidos.

Durante una reunión en una sala del Capitolio, tres asesores de dos influyentes comités senatoriales –quienes pidieron el anonimato– explican que entre los legisladores estadunidenses hay una creciente preocupación por el deterioro de los derechos humanos en México.
“Secuestros, torturas, desapariciones, ejecuciones (extrajudiciales), tráfico de personas y de menores de edad, son sólo algunas de las violaciones de los derechos humanos que cometen las policías federales y las Fuerzas Armadas de México”, comenta uno de los tres asesores legislativos.

“Lo más grave”, apunta el asesor en la plática a la que fue convocado este semanario, “es que el gobierno del presidente Peña Nieto rechaza cualquier señalamiento en este sentido, pese a las evidencias”.
Armados de los más recientes informes sobre la situación de los derechos humanos en México, el de la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el del Departamento de Estado, los tres machacan el tema del desconocimiento y rechazo total por parte del gobierno de Peña Nieto a las acusaciones que se hacen contra las fuerzas de seguridad del Estado.

“Son desconcertantes las acciones del gobierno mexicano, justo cuando la investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa ganaba un poco de credibilidad con la participación del GIEI, echan a andar una estrategia política para hacerlo a un lado y lo logran. Eso es reprochable”, matiza otro de los asesores.

Contra la Iniciativa Mérida

Como el caso de Ayotzinapa, los consejeros legislativos también mencionan como evidencia de la crisis de derechos humanos y la participación de las Fuerzas Armadas en estas violaciones a las garantías individuales las matanzas de Tlatlaya, Estado de México, y Tanhuato, Michoacán.
Uno de los tres asesores no tiene empacho en adelantar lo que le recomendarán en los próximos meses al gobierno de Barack Obama.

“Se le pedirá al Departamento de Estado que retenga nuevamente 15% de los fondos que se autoricen este año para la Iniciativa Mérida. Nuevamente el gobierno mexicano será descertificado en materia de derechos humanos”, asienta.

La descertificación en derechos humanos al gobierno de Peña Nieto implicaría la retención de unos 19.9 de los 133.5 millones de dólares que este año solicitó al Capitolio el presidente Obama como parte del financiamiento de la Iniciativa Mérida para la lucha bilateral contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Los consejeros enfatizan que en la Cámara de Senadores del Congreso estadunidense, varios legisladores incluso ya han hablado con John Kerry, el Secretario de Estado, para hacerle saber lo que le exigirán en septiembre de este año con respecto a la retención de ese 15%.
“El gobierno de México está perdiendo credibilidad internacional en términos de derechos humanos. La forma tan categórica como rechaza las conclusiones de informes tan importantes como el de la CIDH y de las Naciones Unidas no tiene cabida en una sociedad democrática como la mexicana”, matiza uno de los tres expertos.

Aunque menos vociferante que durante el sexenio de Felipe Calderón, el Congreso estadunidense toma nota de lo que ocurre en México en materia de derechos humanos, con el pretexto del gobierno mexicano de que las violaciones que cometen las fuerzas de seguridad del Estado se hacen en nombre de la lucha contra el crimen organizado.

Durante el sexenio de Calderón, comités del Congreso estadunidense –como el de Relaciones Exteriores del Senado– llegaron a calificar de “Estado fallido” a gran parte de la zona norte de México, porque estaba prácticamente dominada por los cárteles del narcotráfico que se peleaban las rutas de trasiego.
“No han cambiado mucho las cosas en México respecto a lo que ocurrió en el gobierno del presidente Calderón con el del presidente Peña Nieto. Pero por lo menos el presidente Calderón no era tan intolerante con los señalamientos u observaciones que se le hacían en relación a los derechos humanos”, apunta otro de los asesores del Capitolio.

Creada en 2007, la Iniciativa Mérida fue definida como una herramienta bilateral de cooperación para combatir al narcotráfico y al crimen organizado. Para financiarla, la Casa Blanca propuso al Congreso un presupuesto de unos mil 400 millones de dólares, los cuales se han venido aprobando y entregando por partes cada año.

La primera retención de fondos de la Iniciativa Mérida se hizo precisamente en agosto de 2013. Ese año el senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, retuvo varias semanas 95 millones de dólares de un paquete de 229 para financiar a la Iniciativa Mérida.
Leahy argumentó que la retención se debía a que los gobiernos de Obama y Peña Nieto no habían informado al Congreso estadunidense cómo se gastarían los 95 millones de dólares, ni cuáles serían los objetivos que se alcanzarían con el financiamiento.

En la presidencia de Calderón, 90% de los fondos que se le entregaron de la Iniciativa Mérida se utilizaron para la adquisición de equipo militar, de tecnología de punta y para proporcionar entrenamiento especializado a grupos de élite del Ejército, la Marina y la Policía Federal de México.
En el sexenio de Peña Nieto, los poco más de 400 millones de dólares desembolsados por Washington para combatir al narcotráfico se han destinado a financiar entrenamiento a ministerios públicos, asistencia técnica y para echar a andar programas de modernización del sistema judicial mexicano y de combate a la corrupción.

El pasado 19 de octubre el Departamento de Estado, después de recibir la recomendación del Congreso, anunció la primera descertificación del gobierno de Peña Nieto en materia de derechos humanos bajo la Iniciativa Mérida.
“El Departamento de Estado no pudo confirmar que México cumplió con las expectativas sobre garantías básicas de derechos humanos”, informó en ese entonces Mark Toner, portavoz de la Secretaría de Estado.

El incumplimiento del gobierno de Peña Nieto en protección de los derechos humanos implicó la retención de unos 5 millones de dólares de un presupuesto de 195.
Aunque simbólica, la retención de fondos de la Iniciativa Mérida representa mayor desprestigio internacional para México.

El GIEI

Lo que adelantan los tres asesores es una segunda descertificación consecutiva por el tema de derechos humanos al gobierno de Peña Nieto, justo cuando el desprestigio del país y de su administración se acrecentó por el caso Ayotzinapa y la exclusión del GIEI en las investigaciones, amén de los casos de corrupción en el gobierno federal, como el de la “Casa Blanca” del primer mandatario, o la de Malinalco, del secretario de Hacienda.

“Lo que no se entiende es por qué el gobierno mexicano se adelantó a informar que daba por concluida la participación del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) de la CIDH, cuando éste todavía ni siquiera entregaba su informe final”, destaca uno de los asesores.
“Cuando Juan Méndez (relator de la ONU para la tortura) denunció que la tortura en México era generalizada, el gobierno del presidente Peña Nieto lo descalificó y ahora ni siquiera lo deja regresar al país”, resalta uno de los asesores. “Lo mismo está haciendo con el GIEI, el cual ha desmentido la versión original del gobierno de la supuesta quema de los 43 normalistas en un basurero (Cocula)”, agrega.

Los tres asesores legislativos que convocaron a Proceso para hablar de la crisis de derechos humanos en México tienen una teoría de lo que ocurre en el gobierno de Peña Nieto cuando se le hacen críticas por las violaciones a las garantías individuales que cometen los militares y en general las fuerzas de seguridad del Estado.

“Pareciera que vive en un estado de negación. Pareciera que no le importa la realidad ni las evidencias; niega todo lo malo que pasa en México y con ello aprueba la impunidad a los que comenten las violaciones a los derechos humanos”, dice uno de ellos.

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