La CMDPDH y Amnistía Internacional entregan a la SEGOB más de 10 mil firmas exigiendo protección para las personas defensoras de derechos humanos en México

STAFF: Matrix Noticias/Canal Matrix HD/Por: Cecilia Cordova S/Redacción/ Comunicado de Prensa

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y Amnistía Internacional México (AI México) entregan más de 10 mil firmas exigiendo que se tomen todas las medidas necesarias para que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México funcione de forma eficaz, haciendo un llamado para que se reconozca la importante labor de las personas defensoras y que ningún ataque en su contra quede impune.

En el marco de la campaña #HazQueSeVean, ambas organizaciones llamaron a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional a solidarizarse con las defensoras y los defensores que, en México, luchan para garantizar y proteger los derechos fundamentales de todas las personas. A la entrega de firmas, los defensores de derechos humanos Isabel Jiménez y Mariano López le manifestaron a la Mtra. Sara Irene Herrerías, Titular del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación las dificultades que han tenido en la implementación de sus medidas y los retos que aún tiene el Mecanismo.

En México, todos los días alguna persona es víctima de tortura, desaparición forzada, de la imposición de megaproyectos sin consentimiento previo, libre e informado, de los desastres ecológicos, de la discriminación o de la violencia de género. En este contexto, mujeres y hombres comunes, ciudadanos de a pie, se levantan contra la injusticia.

Como consecuencia de su trabajo de promoción y protección de los derechos humanos, las defensoras y defensores son objeto de represalias. Esto hace que la labor de protección y defensa de los derechos humanos sea difícil y, en muchos casos, riesgosa.

Desde 2012, existe una ley que establece un mecanismo para proteger a defensores, defensoras y periodistas en riesgo. Sin embargo, el mecanismo no se ha implementado de forma eficaz y hace falta que la voluntad política manifestada por las autoridades sea respaldada por acciones concretas.

La CMDPDH, con la colaboración de AI México, ha difundido desde hace un año la campaña #HazQueSeVean, con el objetivo de hacer visible la situación de riesgo de las personas defensoras. En este sentido, exigimos:

  • Informar con regularidad y transparencia acerca del desempeño y los resultados de las distintas dependencias del Mecanismo.

  • Cumplir los tiempos de respuesta establecidos por ley.

  • Asegurar un equipo constante y especializado en la elaboración de análisis de riesgo, que permita determinar medidas de protección adecuadas según el sexo, la etnia o el carácter individual o colectivo, o cualquier otra particularidad, de la potencial persona beneficiaria.

  • Brindar capacitación continua y sensibilización a los funcionarios, especialmente a los analistas, en la atención de las personas beneficiarias.

  • Garantizar el funcionamiento de la tercera unidad, de manera que cumpla con su objetivo de prevenir agresiones en contra de estos colectivos.

Asimismo, se requieren estrategias que garanticen de forma integral la defensa de los derechos humanos. Para esto, es fundamental que el Estado y sus instituciones visibilicen y respalden la legítima actividad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México, reconociendo públicamente su valor en un Estado democrático de Derecho.

Comunicado de prensa: Caravana De Madres Centroamericanas #NosHacenFaltaTodos

STAFF: Matrix Noticias/Canal Matrix HD/Por: Cecilia Cordova S/Redacción/Comunicado de Prensa

* 30 de noviembre a 19 de diciembre

* Nicaragua-El Salvador-Honduras-Guatemala-México

* Se unen: Italia-Túnez-España-Estados Unidos-Cono Sur

México, D.F., 25 de noviembre, 2015.- A punto de iniciar esta la XI Caravana de Madres Centroamericanas que Buscan a sus Hijos Desaparecidos en Transito por México, El próximo lunes saldremos de Tenosique, Tabasco y concluye con la celebración del Día Internacional del Migrante el 18 de Diciembre en Tapachula, Chiapas, conmemorando la “Jornada de Acción Global contra el racismo y por los derechos y la dignidad de las personas migrantes, refugiadas, y desplazadas”.

Las desapariciones forzadas, y el desplazamiento forzado cuya causa determinante es la violencia criminal que se despliega rampante por nuestros países, una violencia de tal magnitud que obliga a la gente a abandonar sus lugares de origen de manera forzada. Al huir de sus países, se topan con un México transformado en barrera contención insalvable que impide a los desplazados llegar a su destino. Es por ello que en la Ciudad de México, familiares de desaparecidos estarán presentando ante el Ministerio Publico de la fiscalía especializada en la materia, denuncias por desaparición forzada donde se presume que son protagonistas el crimen organizado y sus cómplices institucionales.

Como se indica en la agenda anexa, otras actividades programadas incluyen plantones y exposiciones en las plazas públicas; visitas y alojamiento en los albergues migrantes y convivios e intercambio de información con los migrantes que se encuentran en ruta; pesquisas y seguimiento de pistas de migrantes desaparecidos; visitas a hospitales, prostíbulos, reclusorios, albergues de indigentes y/o minusválidos y a cualquier lugar público en donde se pudiera esperar encontrar a algún migrante; ceremonias en las vías del tren, en las tumbas sin nombre de los cementerios; caminatas por los pueblos para solicitar la solidaridad de las comunidades de la ruta migrante; conferencias de prensa y entrevistas con los reporteros que cubren la caravana; entrevistas con funcionarios de los tres niveles de gobierno para reclamar su cooperación en la búsqueda; entrevistas con los organismos defensores de los derechos humanos y las comisiones estatales y nacional de los derechos humanos; entrevistas y testimonios con legisladores exigiendo acciones legislativas a favor de los derechos de los migrantes; entrevistas con funcionarios exigiendo que se respeten los derechos y el debido proceso de los migrantes y que paren los abusos y la complicidad de sus agentes con el crimen organizado.

Invitamos a las comunidades, a las organizaciones sociales, a los defensores de los derechos humanos, a los jóvenes a que acompañen el caminar de las madres centroamericanas que buscan a sus hijos vivos o muertos, y solicitamos muy atentamente a las agencias de noticias, corresponsales, reporteros de medios nacionales e internacionales y comunicadores en general a que cubran ampliamente las acciones que las madres realizan en esta caravana de denuncia y de búsqueda de sus hijos y familiares de quienes tuvieron noticias por última vez, desde algún lugar del territorio mexicano. Su presencia es una garantía para difundir los trabajos de la caravana y las causas que la motivan. También le da visibilidad, ejerce presión hacia la autoridad, y evita que el olvido desdibuje la magnitud de la tragedia humanitaria que ocurre a la vista de todos. Son además, de gran apoyo en la localización de las personas buscadas.

#noshacenfaltatodos!!!

Chong negoció clasificación de contenidos que violan DH de niños a cambio de que televisoras aceptaran apagón, denuncian

STAFF: Matrix Noticias/Canal Matrix HD/Por: Cecilia Cordova S/Redacción/Con información:  Revolución TRESPUNTOCERO

(26 de noviembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- La vicecoordinadora del PRD en el Senado de la República, Dolores Padierna Luna, acusó a la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, de negociar con las televisoras la modificación de los lineamientos de clasificación de contenidos dirigidos al público infantil, a cambio de que estas aceptaran el apagón analógico que, de acuerdo a la Constitución, tendrá que realizarse antes del 31 de diciembre de este año.

La legisladora sostuvo que las modificaciones a los lineamientos –realizadas desde la Segob y emitidas el pasado cuatro de noviembre- representan “regresiones sumamente graves” pues; por ejemplo, implican ampliar la franja para que las televisoras puedan transmitir contenido no apto para menores de edad desde las 16:00 horas, lo que implica una violación a los derechos humanos de los niños y adolescentes al reducir su protección, por lo que exigirán que sean derogados.

“¿Qué es lo que está en el fondo de estos lineamientos?: ganancias, dinero para las televisoras. Toda empresa está hecha para ganar lo más que se pueda, esa es su naturaleza, lo que no se vale es que el Estado desproteja a la niñez, que desproteja con estos lineamientos los derechos humanos de la niñez mexicana”, argumentó Padierna.

La senadora explicó que permitir este tipo de contenidos desde las 16:00 horas, abre la puerta a que los concesionarios incluyan publicidad de alimentos y bebidas de bajo valor nutricional; es decir, que se expongan productos chatarra.

Anteriormente estaba prohibida la transmisión de programas para adolescentes y adultos antes de las 20:00 horas; sin embargo, tras las modificaciones, se posibilita que este tipo de contenidos puedan ser difundidos desde las 16:00 horas y que se extienda hasta las seis de la mañana; es decir, una hora más que lo contemplado en la regulación anterior.

Los programas aptos para mayores de 15 años, ahora podrán ser transmitidos desde las 19:00 horas, cuando la regulación anterior tenía previsto que fuera a partir de las 21:00 horas. En esta clasificación, también se extiende la hora en que debe salir del aire: las 6:00 horas.

Aunque en la regulación anterior se tenía previsto que la programación para adultos debería empezar a las 22:00 horas, la nueva contempla que puede ser desde las 21:00 y también extiende el tiempo de exposición hasta las seis de la mañana; nuevamente, una hora más que la que se contemplaba en la regulación derogada.

Nueva categorización

La nueva reglamentación fraguada desde Bucareli contempla la creación de una categoría denominada “AA”, en la que se detallan las especificaciones para los contenidos de la audiencia infantil.

Para la Segob, la clasificación “A” representa que el programa es apto para todo público, pero dejó de considerar la prohibición sobre la difusión de consumo de alcohol y tabaco en dibujos animados o en programas dirigidos únicamente al público infantil y la obligación de mostrar las consecuencias negativas del consumo de este tipo de productos, únicamente se prevé “en caso de que sea abusivo”.

Con la nueva reglamentación, las televisoras podrán presentar –en contenidos dirigidos a la población infantil- desnudos, excepto si “es de manera erótica”.

En contenidos con clasificación B –para adolescentes y adultos- se tenía prohibido mostrar escenas violentas, con las nuevas reglas, se omite la obligación de que sean presentadas las consecuencias del uso de violencia y el impacto que esto genera entre las víctimas. En esta misma categoría, se posibilita la inclusión de desnudos, incluso velada, “cuanto esté justificado en el contexto”.

De acuerdo con la legisladora, para los contenidos dirigidos al público mayor de 15 años, se omite el límite de presentar alusiones humillantes o degradantes de la sexualidad y se permite hacer uso de ellos siempre que estén “justificados por la trama o el contexto”; sin embargo, subrayó que “no se entiende bien qué quieren decir, si no se explicita claramente, puede dar lugar a homofobia, xenofobia, o a acciones que van contra la sexualidad del publico adolecente”.

Aunado a esto, en la reglamentación se especifica que será aplicada a “materiales grabados”; es decir, no aplicará a programas en vivo.

Se tiene previsto que la nueva reglamentación entre en vigor a partir del 17 de diciembre próximo.

El plano internacional

En un rápido comparativo sobre la materia en el plano internacional, nos encontramos que; por ejemplo, en España se prohíbe la difusión de contenidos que no sean aptos para menores de 13 años, entre las 17 y las 20 horas. En Estados Unidos, se reconoce el potencial de riesgo y la negativa influencia que puede tener entre la niñez  la transmisión de “programas inapropiados” entre las 18 y 22 horas.

Datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), apuntan a que los niños consumen diariamente cuatro horas con 35 minutos de contenidos televisivos y que han crecido viendo televisión entre las 13 y 17 horas. Del total del consumo que los infantes hacen, 42% no fue producido pensando en ellos. Entre este tipo de programas encontramos: telenovelas, reality shows, dramatizaciones, entre otras.

La mayor audiencia que se tiene registrada, se da entre las 20 y las 22 horas.

Narco contrata a jóvenes como “halcones” en Puebla, alerta cura

STAFF: Matrix Noticias/Canal Matrix HD/Por: Arturo Cordova S/Redacción/Con información: GABRIELA HERNÁNDEZ /PROCESO

EPN FALLIDO: GUERRA CONTRA LOS JÓVENES y MUJERES en México 

Gustavo Rodríguez, director del albergue de migrantes “La Asunción”. Foto: Octavio Gómez
Gustavo Rodríguez, director del albergue de migrantes “La Asunción”. Foto: Octavio Gómez

PUEBLA, Pue. (apro).- En su paso por México los migrantes centroamericanos son obligados por los cárteles a trabajar para ellos en el transporte de drogas, trata de personas, robo de autopartes y hasta en tráfico de órganos, denunció el sacerdote Gustavo Rodríguez.

El director del albergue de migrantes “La Asunción” dijo además que muchos jóvenes habitantes de localidades rurales de Puebla que antes migraban para buscar trabajo en Estados Unidos ahora se quedan en sus comunidades pero la razón es que son contratados por grupos del crimen organizado como “halcones”, cuidadores o proveedores de casas de seguridad.

Al participar en un foro ciudadano en el que se hizo un análisis de los cinco años de gobierno de Rafael Moreno Valle el sacerdote dejó en claro que la presencia y operación del crimen organizado en esta entidad es “innegable”.

De hecho consideró que el reciente crimen del párroco de Cuyoaco, Erasto Pliego, que fue torturado y calcinado, tiene todo el estilo de haber sido perpetrado por el narcotráfico.

“Hasta que no tengamos los datos concretos, (pero) los párrocos que han sido desaparecidos o descuartizados pues es el estilo del narco”, comentó.

Además afirmó que no es la primera vez que en esas zonas de Puebla se dan este tipo de crímenes que se relacionan con la operación de grupos delictivos.

El sacerdote dijo que en la zona de Cuyoaco aterrizan avionetas que trafican con “fayuca” o droga y que las personas que critican o exigen algo a las autoridades se enfrentan a represalias. “Son territorios narcos”, subrayó.

El paso de migrantes por Puebla, dijo, ahora se contamina con la operación de grupos delictivos que están presentes en todos los municipios, incluida la capital del estado.

Lo más alarmante, destacó, es que los grupos delictivos han puesto como cuota a los coyotes que les entreguen al menos a una de las personas que trasladan a los Estados Unidos para sacarles los órganos.

“Las experiencias que nos cuentan es que van los primos, van en grupito y que de pronto alguno de ellos desaparece en el desierto. Olvídense no lo van a encontrar y si encuentran su cadáver es sin órganos.

“Es la cuota que les piden a los coyotes para pasar libremente, tienen que entregar un cuerpo o un ser humano para quitarle los órganos, eso es lo que nos han platicado los que ya están de retorno” ”, relató el cura.

También denunció que los Zetas son usados en Puebla para amedrentar a los grupos que trabajan en defensa de la tierra contra las mineras, hidroeléctricas u otros megaproyectos que se pretenden llevar a cabo en distintas regiones.

“Nos preocupa la gente que ha sido formada en las parroquias que ahora están en la lucha por la defensa de la tierra contra las mineras, contra las hidroeléctricas, que no va a ser la policía estatal (la que los frene), sino que los ejecutores son los de Antorcha Campesina o el crimen organizado, en concreto los Zetas”, alertó Rodríguez.

Otro fenómeno reciente, mencionó el sacerdote, es que muchos habitantes de Honduras, El Salvador y Guatemala que antes estaban de paso por México ahora se quedan en el país en lugar de seguir su paso a Estados Unidos.

“Hay salvadoreños, hondureños y guatemaltecos en distintos estados. Se están quedando. Ya no son transmigrantes, son inmigrantes. Ya no quieren llegar a Estados Unidos, se están esparciendo por Puebla, Morelos, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca”, dijo.

Algunos, detalló, son obligados a trabajar para el crimen organizado, pero igual se concentran en las zonas de Puebla, Guerrero y Oaxaca, donde están abriendo mineras y grandes empresas que quieren esa mano de obra barata centroamericana.

“A ellos les van a pagar menos, esa es la visión que tenemos y nos preocupa”, apuntó Rodríguez.

Agregó que todo este entorno dificulta aún más la labor de los grupos que trabajan en favor de los grupos de migrantes y hace más peligrosa la labor de los defensores de derechos humanos.

Rescata la Policía Federal a supuesta víctima de secuestro en el AICM

STAFF: Matrix Noticias/Canal Matrix HD/Por: Arturo Cordova S/Redacción/Con información: PROCESO

Los presuntos secuestradores detenidos en el AICM.  Foto: CNS
Los presuntos secuestradores detenidos en el AICM. Foto: CNS

MÉXICO, DF (apro).- Elementos de la Policía Federal (PF) capturaron a cuatro presuntos secuestradores y rescataron a una supuesta víctima en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En un comunicado, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) precisó que durante un operativo instrumentado en la terminal aérea, los agentes identificaron a los supuestos secuestradores, quienes operaban en los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.

Precisó que la víctima viajó a la Ciudad de México, procedente de Jalisco, al parecer para la compra-venta de una camioneta, para lo cual se trasladó al municipio de Chimalhuacán, donde fue privada de la libertad y sus captores exigieron el pago del rescate.

Los presuntos responsables, subrayó, amenazaron con privar de la vida al agraviado en caso de no cumplir con sus exigencias económicas. Posteriormente uno de los integrantes del grupo delictivo renegoció el pago y además exigió dos boletos de avión con destino a Guadalajara, Jalisco, donde se haría el intercambio del efectivo por la víctima.

Los policías federales rescataron a la víctima en el AICM y detuvieron a cuatro sujetos, uno de ellos identificado como segundo al mando de la organización delictiva, quien supuestamente se dedicaba a interceptar a las personas que serían secuestradas y participaba en el cobro del rescate.

Los otros tres detenidos, dos hombres y una mujer, presuntamente colaboraban en las llamadas de negociación, logística de los secuestros, así como en la custodia y liberación de las víctimas tras el cobro por su rescate.

Acusados de los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y delincuencia organizada, los cuatro quedaron a disposición del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República.

Ejecución extrajudicial y fuerza excesiva en matanza de Apatzingán: CNDH

STAFF: Matrix Noticias/Canal Matrix HD/Por: Cecilia Cordova S/Redacción/Con información:  GLORIA LETICIA DÍAZ Y PATRICIA DÁVILA/ PROCESO 

El memorial de la masacre en Apatzingán.  Foto: Francisco Castellanos El memorial de la masacre en Apatzingán. Foto: Francisco Castellanos

MÉXICO, DF (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló a elementos de la Policía Federal (PF) como responsables de “violaciones graves” a los derechos humanos en los hechos ocurridos en Apatzingán, Michoacán, el pasado 6 de enero, cuando 10 personas murieron y 21 resultaron lesionadas.

Aun cuando en ese evento participaron miembros del Ejército Mexicano, en su recomendación 3VG/2015 el ombudsman Luis Raúl González Pérez sólo identificó como responsables a miembros de la corporación.

De acuerdo con el documento dado a conocer este miércoles en conferencia de prensa, en la ejecución extrajudicial los policías federales hicieron “uso excesivo de la fuerza” y provocaron la muerte de cinco personas, además de que hubo “dilación en la solicitud de auxilio para la atención médica pre hospitalaria que derivó en cuatro fallecimientos, en tanto que habría indicios de la responsabilidad de policías federales en una muerte más por atropellamiento”.

Según la CNDH, los agentes federales y miembros del Ejército que participaron en el operativo policiaco-militar del 6 de enero para contener a autodefensas y civiles indefensos también habrían realizado 30 detenciones arbitrarias y en al menos nueve casos provocaron lesiones e incurrieron en malos tratos, tratos crueles y degradantes.

De esas quejas, a miembros del Ejército se les atribuyen 12 detenciones arbitrarias, dos “lesiones innecesarias” y un caso de malos tratos contra un civil que fue obligado a arrodillarse y tirarse al suelo mientras era fotografiado por personal militar.

En su investigación, el organismo de derechos humanos encontró que la PF y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Michoacán incurrieron en violaciones “a la legalidad y seguridad jurídica por la indebida procuración de justicia”, al no preservar la escena de lo que consideró un “enfrentamiento” entre las fuerzas federales y los autodefensas.

A la dependencia estatal en particular, la CNDH le hizo señalamientos por omisiones en el resguardo de indicios o medios probatorios y en las 10 necropsias practicadas por los peritos.

De acuerdo con González Pérez, no se acreditaron tiros de gracia, y la única ejecución extrajudicial se detectó porque existe “la certeza de que (la víctima) estaba en el piso cuando recibió dos impactos. Había intencionalidad de ejecutar”, apuntó.

En los otros cinco casos, una de las personas falleció por un impacto mientras se resguardaba en un restaurante, y las otras junto a un vehículo. El primer visitador Ismael Eslava acotó que la CNDH no pudo comprobar “la intencionalidad” de los agentes federales para ejecutarlas, pese a que las necropsias demostraron que las últimas cuatro “presentaron 27, siete, siete y ocho lesiones por proyectil de arma de fuego, respectivamente”, según la misma recomendación.

La CNDH dividió la investigación en dos eventos: en el primero de ellos 44 policías federales y 287 elementos del Ejército Mexicano irrumpieron en las inmediaciones de la presidencia municipal de Apatzingán, donde había una concentración ciudadana “en protesta por el excesivo costo del suministro de energía eléctrica, la inseguridad prevaleciente en esa localidad del grupo G-250 y la omisión en el pago de los salarios de sus integrantes”.

En esa acción, en la que se detuvo a 44 personas, hubo 38 detenidos y 18 lesionados, y una persona fue privada de la vida “por un golpe de un objeto contundente en movimiento, muy probablemente un vehículo (atropellamiento)”. La víctima “se encontraba en el estacionamiento ubicado a un costado del palacio municipal de Apatzingán, y de acuerdo con las evidencias se acreditó indiciariamente que la Policía Federal lo privó de la vida”.

También en ese evento se reportó el aseguramiento de 19 armas de fuego –cuatro cortas y 15 largas–, una granada de fragmentación, 71 cargadores y mil 762 cartuchos útiles.

En una segunda acción, en la que se enfrentaron autodefensas y fuerzas federales, la CNDH precisó que ocurrieron cinco muertes por “exceso de uso de la fuerza” y la ejecución extrajudicial, en tanto que otras cuatro personas que estaban heridas no recibieron la atención prehospitalaria a tiempo por parte de la PF.

En ese evento se aseguraron cuatro armas largas, 40 cartuchos útiles, 298 casquillos, 14 fragmentos de proyectil de arma de fuego, 28 eslabones de carrillera y cuarto cargadores desbastecidos.

Al ser cuestionado por los reporteros, González Pérez sostuvo que el organismo no está deslindando de responsabilidades a los integrantes de las fuerzas federales y que “quien tiene que acreditar la responsabilidad administrativa y federal penal son las autoridades de contralorías y de la Procuraduría General de la República, tratándose de los elementos federales. Se tendrá que investigar el grado de responsabilidad de los participantes en ese operativo”, sostuvo.

El ombudsman resaltó que la “inadecuada preservación de los hechos” afectó la investigación de la CNDH y que por ello está demandando una investigación ministerial a la PGJ de Michoacán.

Sobre el papel que jugó el excomisionado Alfredo Castillo, insistió que no deslinda a nadie de responsabilidades.

“Se tiene que investigar qué pasó en ese operativo”, dijo, y recordó que en el informe sobre las autodefensas de Michoacán presentado el jueves 12 sugirió que se esclarezca “cómo surgen éstas, cómo se financiaron y en función de eso qué responsabilidades de autoridades hay por ello”.

González Pérez puntualizó que en la investigación realizada por el organismo que encabeza “no hay ningún elemento del que se desprenda que se pudieran haber sembrado las armas. Las armas existían y se pusieron a disposición del juez que acreditó el cuerpo de delito”, subrayó.

La recomendación está dirigida al titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), al secretario de la Defensa Nacional (Sedena), al gobernador de Michoacán y al alcalde de Apatzingán.

La CNDH insta a las autoridades federales a colaborar con ese organismo para realizar las investigaciones correspondientes en la PGR y en los órganos de control por las muertes, detenciones arbitrarias y lesiones causadas, así como para proceder a la reparación del daño por las muertes ocasionadas en el operativo policiaco-militar y por las lesiones infligidas.

También recomienda “actualizar el marco normativo que regula el Uso de la Fuerza Pública” en el caso de la PF, y a la Sedena que disponga del “empleo de cámaras fotográficas, de videograbación y de grabación de audio en sus operativos”.

Al gobernador de Michoacán le pide colaborar con la CNDH para investigar las omisiones de la Procuraduría estatal en el envío de fotografías del cuerpo con indicios de atropellamiento, y por las fallas en las necropsias realizadas, así como en la preservación de las evidencias y la cadena de custodia.

Y a la alcaldía de Apatzingán le pide su colaboración para esclarecer la “inadecuada atención médica prehospitalaria que se brindó a un adolescente, así como instruir que las ambulancias de protección civil cuenten con equipo y material médico”.

Acepta la CNS recomendación de la CNDH

El comisionado nacional de Seguridad Renato Sales Heredia aceptó en sus términos las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en torno a los hechos ocurridos en Apatzingán, Michoacán.

Según testimonios, ese día policías federales a bordo de decenas de vehículos irrumpieron en el centro de la ciudad y abrieron fuego contra civiles; al menos 16 personas murieron y decenas quedaron heridas.

No obstante, Alfredo Castillo, entonces comisionado federal de Seguridad en Michoacán y actual director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), sostuvo que tales hechos fueron producto de un “fuego cruzado”.

Por su parte, Sales Heredia explicó que el texto de la Recomendación 03/2015 –de 411 fojas– se encuentra en proceso de análisis, para que “en su caso y en su momento” se realicen las precisiones pertinentes.

“Los hechos son resultado de la detención de personas armadas en un primer evento y otro en un evento entre civiles armados y elementos de la Policía Federal”, declaró.

Acerca de los policías federales que participaron en los hechos de Apatzingán, el funcionario aseguró que todos están ubicados y que colaborarán con la Procuraduría General de la República (PGR) para la integración del procedimiento administrativo.

Comentó que giró instrucciones a las áreas correspondientes para que den cumplimiento a los señalamientos del ombudsman nacional.

Agregó que colaborarán con las instancias investigadoras y que se acatará su determinación para lograr el esclarecimiento de cualquier abuso de la fuerza por parte de algún servidor público.

Condena el Frayba allanamiento a casa de la periodista Gloria Muñoz

STAFF: Matrix Noticias/Canal Matrix HD/Por: Arturo Cordova S/Redacción/Con información:  ISAÍN MANDUJANO /PROCESO 

El allanamiento a la casa de Gloria Muñoz.  Foto: Desinformémonos
El allanamiento a la casa de Gloria Muñoz. Foto: Desinformémonos

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) condenó el allanamiento a la casa de la periodista Gloria Muñoz y exigió una investigación que lleve a juicio a los responsables.

También pidió que se garantice el derecho a la libertad de expresión y el libre ejercicio de periodismo pero sobre todo la vida, seguridad e integridad personal de quienes se dedican ejercerlo.

Desinformémonos acompaña, documenta y visibiliza procesos comunitarios, campesinos y colectivos de luchas populares y de movimientos sociales en México y crea puentes con luchas sociales en el mundo.

El pasado 20 de noviembre fue allanado en la Ciudad de México el domicilio de la periodista Gloria Muñoz Ramírez, directora de Desinformémonos, columnista de La Jornada y coeditora del suplemento Ojarasca del mismo periódico.

La agresión, señaló el Frayba, se dio en un contexto de graves ataques a periodistas en el país que vulneran el derecho a la información y ponen en riesgo la vida, integridad y seguridad personal de quienes se dedican a difundirla.

Según información de la periodista el pasado 20 de noviembre al regresar a su domicilio, alrededor de las 20:30 horas, encontró la puerta abierta y la cerradura no estaba forzada.

Su ropa estaba sobre la cama y los perpetradores dejaron objetos de valor que se encontraban a la vista. Se trató, denunció la periodista, de un registro extensivo y minucioso entre sus objetos personales y documentos ya que los cajones de su escritorio se encontraban abiertos y revueltos. Sobre un tapete pudo distinguir pisadas de botas.

El Frayba destacó que es el segundo allanamiento a la casa de Gloria Muñoz. Además recordó que el pasado 8 de septiembre fue allanada la casa de Flor Groche, colaboradora del mismo medio, a quien le robaron documentos de trabajo y equipos de cómputo.

Además el jueves 19 de noviembre la redacción de Desinformémonos, ubicada en la Colonia Roma en la Ciudad de México, sufrió un ataque cibernético y el robo de información del servidor de las computadoras y los celulares que se encontraban en la oficina.

La periodista Anabel Hernández quien también enunció el allanamiento de su domicilio en la Ciudad de México. Según dicha denuncia el pasado 4 de noviembre tres hombres y una mujer ingresaron a su casa sin preocuparse de que estaban siendo videograbados por las cámaras de seguridad.

El 21 y 22 de noviembre durante la cobertura de las movilizaciones magisteriales contra la evaluación educativa en Xalapa, Veracruz, las periodistas Melissa Díaz y Carol Suárez fueron agredidas físicamente por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública bajo el mando de Arturo Bermúdez Zurita. A la primera le robaron su celular donde tenía información derivada de su trabajo periodístico.

Embate a maestros “desnuda naturaleza autoritaria” de Peña: CNTE

STAFF: Matrix Noticias/Canal Matrix HD/Por: Cecilia Cordova S/Redacción/Con información:  SANTIAGO IGARTÚA / PROCESO

Policías y maestros se enfrentan en Veracruz.  Foto: Miguel Ángel Carmona
Policías y maestros se enfrentan en Veracruz. Foto: Miguel Ángel Carmona

MÉXICO, DF (apro).- Los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguraron que la política federal de enfrentar a la disidencia magisterial con la fuerza pública “desnuda la naturaleza autoritaria del gobierno”.

En rueda de prensa, los dirigentes de la Coordinadora en Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y el Distrito Federal rechazaron la “lógica de guerra” con la que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha decidido enfrentar la “estrategia” magisterial para boicotear la evaluación del desempeño en sus estados.

“Manifestamos nuestro repudio a la represión que la Coordinadora está sufriendo en distintos estados y elevamos esta protesta para decirle al gobierno que México no está en guerra, y que por lo tanto los militares, los gendarmes y la fuerza pública deben estar encuartelados”, dijo Rubén Núñez Ginés, líder de la sección 22 de Oaxaca.

Y a unos días de que se aplique la prueba precisamente en su estado, el próximo fin de semana, el representante de los 82 mil docentes que integran la CNTE en Oaxaca declaró a sus agremiados en “alerta máxima”, “preparados” para enfrentar la “persecución” en su contra que, arguyeron, se compone de ataques mediáticos, confrontación física y embates judiciales.

“La presencia de la fuerza pública no nos intimida. Vamos a continuar la ruta, en resistencia. Seguimos en boicotear la aplicación de los exámenes y seguiremos saliendo a las calles y a las plazas a protestar contra esta reforma administrativa, punitiva y laboral, mal llamada educativa.

“No se puede hablar de una reforma educativa sin fundamentos pedagógicos, simplemente aplicando pruebas estandarizadas que no corresponden con la realidad del país. Nosotros, los maestros del país, somos los responsables de la educación en nuestro pueblo. El gobierno sólo responde a intereses empresariales y de organizaciones económicas internacionales”, lanzó el oaxaqueño.

Y concluyó: “Nosotros no estamos en contra de la evaluación ni de una reforma educativa. Lo que estamos exigiendo es que se escuche nuestra propuesta y debatir”.

Juan José Ortega Madrigal, secretario general de la CNTE en Michoacán, dijo ver con tristeza la “satanización” del gobierno federal a los trabajadores de la educación con un solo objetivo: “Denigrar el trabajo que hemos venido realizando y que tiene sustento de carácter educativo y social”.

Explicó: “Rechazamos el terrorismo de Estado, la condición político militar que han empleado como estrategia única del gobierno federal para imponer este proceso de evaluación. La CNTE no es un movimiento terrorista, armado, que requiera de la fuerza pública. Somos un movimiento gremial, social, político, de masas que ha tomado una posición firme en contra de una reforma educativa equivocada”.

Ortega Madrigal afirmó que la aplicación de la evaluación del desempeño en su estado fue un fracaso, con la participación de apenas mil 600 de los maestros convocados, a pesar de las medidas “desesperadas” de las autoridades.

“La evaluación en Michoacán fue un fracaso. Ni el uso de la fuerza ni el hostigamiento ni el miedo fue suficiente. El boicot es un trabajo de convencimiento que hemos trabajado durante meses. No fue suficiente la operación de carácter militar, impropia de una Secretaría de Educación, con maestros acosados, recluidos en hoteles y transportados en helicópteros de la Policía Federal y autobuses resguardados para presentar la prueba”, relató.

La propia SEP, recordó el michoacano, reconoce que la prueba apenas la presentaron 35% de 6 mil trabajadores convocados. Y aun así desconfía de las cifras.

“La SEP ha hecho un circo de cifras. Hubo personas que no eran ni maestros. Por primera vez y aunque nos cuesta decirlo, coincidimos con organizaciones como Mexicanos Primero, que exige que se clarifique el proceso de evaluación en Michoacán, toda vez que no permitieron la presencia de observadores en la aplicación de la evaluación. Hasta la misma clase empresarial duda en estos momentos de la veracidad de los datos que presenta la SEP”, dijo el sindicalista, asegurando que la SEP no tendría capacidad de sustituir a los miles de docentes que no presentarán la evaluación.

Sobre las declaraciones del secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, quien advirtió a quienes “pretendan” impedir la evaluación que “enfrentarán a la fuerza pública”, el dirigente de la CNTE en la capital del país, Enrique Enríquez, fue contundente:

“Nuño es un policía que está como secretario de Educación Pública. Hoy está utilizando toda la fuerza pública para presionar y hostigar a los maestros a que se presenten a la evaluación: desde correos electrónicos, llamadas a las casas y visitas a las escuelas hasta usar helicópteros de la Policía Federal. Parece más un secretario de Gobernación que de Educación Pública.

“Ha sido capaz de reunir a todos los gobernadores y a las fuerzas federales para determinar la política militar para las evaluaciones. Esto ni siquiera (Osorio) Chong lo había hecho. Eso quiere decir que (Osorio) Chong ahora es empleado de Nuño, que está usurpando ese puesto. Es un soberbio que no escucha a nadie. Nada más cuando va a las escuelas (de gira de promoción) juega al maestro y se toma la foto”, remató Enríquez.

Analiza MVS participar en licitación de TV abierta y red compartida

STAFF: Matrix Noticias/Canal Matrix HD/Por: Arturo Cordova S/Redacción/Con información: PROCESO

Joaquín Vargas, presidente de MVS.  Foto: Octavio Gómez
Joaquín Vargas, presidente de MVS. Foto: Octavio Gómez

MÉXICO, DF (apro).- La empresa MVS de Joaquín Vargas analiza participar en la licitación de canales de televisión digital abierta y en la llamada red compartida.

Así lo informó el propio Vargas en entrevista realizada durante la 57 Semana de Radio y Televisión de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT).

Dijo:

“Vamos a evaluar otra vez, como lo hemos evaluado. Nuestra apuesta fue a la televisión de paga (donde) seguimos creciendo a un ritmo muy interesante y sentimos que hay mucho por dar. Un 50% de los hogares mexicanos tiene televisión de paga pero hay otro 50% que no la tienen entonces queremos concentrarnos en la televisión de paga”.

Asimismo, dijo, MVS analiza la posibilidad de participar en la Asociación público-privada con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para operar la Red Compartida que busca llevar servicios de telefonía e internet móviles a todo el país.

“Lo estamos analizando con mucha conciencia, lo estamos viendo con muy buenos ojos y estamos en ese proceso”, apuntó Vargas.

El empresario también se refirió a la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en el sentido de que no tiene elementos para declarar que Televisa tiene poder sustancial de mercado en televisión de paga. Al respecto sólo dijo que esperan que el Poder Judicial resuelva en favor de la industria.

Y en cuanto a la banda de 2.5 GHz, que es óptima para servicios de internet, comentó que tras la aprobación de la Ley de Derechos por parte del Congreso, el siguiente paso será solicitar la concesión única al regulador.

Renuncia Escobar a la Segob; PGR lo acusa de violar ley electoral

STAFF: Matrix Noticias/Canal Matrix HD/Por: Cecilia Cordova S/Redacción/Con información:  ÁLVARO DELGADO Y PATRICIA DÁVILA / PROCESO 

Arturo Escobar, excoordinador de la campaña del Partido Verde.  Foto: Octavio Gómez
Arturo Escobar, excoordinador de la campaña del Partido Verde. Foto: Octavio Gómez

MÉXICO, DF (apro).- Acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de ser un presunto delincuente electoral, Arturo Escobar renunció esta noche a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Lo anterior, con el objetivo de facilitar el adecuado curso de las investigaciones y de contribuir a que el proceso se conduzca con absoluta transparencia”, justificó Escobar en una carta que hizo pública a través de su cuenta de Twitter, a las 22:30 horas de este miércoles.

Momentos después de que Escobar y Vega formalizara su renuncia a través de la red social, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), en un acto sin precedente, confirmó que consignó la averiguación previa relacionada con presuntos delitos electorales cometidos por Escobar.

En términos de lo dispuesto por el artículo 142, párrafo segundo del Código Federal de Procedimientos Penales, el juez tiene 10 días, contados a partir de la radicación del expediente, para ordenar o negar la orden de aprehensión.

La Fepade, a cargo de Santiago Nieto, señala a Escobar y Vega como presunto responsable de cometer delitos electorales mientras fue vocero y secretario de procesos electorales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Además del dirigente este partido político, la denuncia va en contra de empresarios –de quienes la Procuraduría omitió los nombres– por las aportaciones en dinero y en especie a pesar de que existe una prohibición legal para ello.

Los delitos que se les imputan están contemplados en el artículo 15 de la LGMDE, así como por el diverso contemplado en el artículo 7 Fracción XXI, relativo a proveedores no autorizados por la autoridad administrativa (Instituto Nacional Electoral).

La Procuraduría General de la República giró instrucciones de que se actúe con absoluta imparcialidad.

“Mi ejercicio no es contra el partido político sino contra las personas físicas que han incurrido en una conducta delictiva; buscamos mandar un mensaje, con independencia de quienes son los sujetos activos”, expresó Santiago Nieto.

Escobar aseguró en su cuenta de Twitter que hasta el momento no ha sido requerido por alguna autoridad judicial sobre las acusaciones en su contra.

“Rechazo las imputaciones en mi contra y expreso mi plena confianza en que se esclarecerán los hechos y se confirmará mi inocencia”, expresó Escobar, a quien la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR acusa de violar la ley electoral como presidente del PVEM.

Aficionado a las ilegalidades como dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por las que acumuló multas por más de 600 millones de pesos, Escobar fue designado por Peña Nieto subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Y lo que generó, en vez de adhesión, fue el repudio de un amplio número de organizaciones sociales que cuestionan la impunidad de Escobar y el riesgo de que, desde su cargo, desvíe recursos públicos para favorecer al PVEM, muchos de cuyos operadores son funcionarios de esa subsecretaría que dispondrá, el próximo año, de más de 2 mil millones de pesos para prevenir el delito.

“El mensaje es que los 2 mil millones de pesos que van a destinarse al programa de prevención, en 2016, se van a ir a la construcción de clientelas y a comprar votos, porque esto es lo que saben hacer estos dos personajes”, advirtió Clara Jusidman, presidenta honoraria de Incide Social, en entrevista con Proceso.

Y es que, además de Escobar, se incorporó a la Subsecretaría como su mano derecha Ruth Zavaleta, experredista y militante del PVEM, quien ha instalado en las direcciones clave a personajes de esa misma militancia que trabajaron con ella en la delegación Venustiano Carranza.

Un caso es el del nuevo titular de la Dirección General Adjunta de Participación Ciudadana para la Prevención Social, el tercero en la jerarquía de la subsecretaría, Jorge Reséndiz Dorantes.

Otros son Estela Patricia Rodríguez, exfuncionaria de la misma delegación, quien ocupa la Dirección de Vinculación con el Sector Privado y Académico; Félix Calderón Radilla, director de Vinculación con el Sector Social y Cultural, quien ha ocupado varios cargos en Venustiano Carranza, y Laura Cerna Lara, exdirectora del Instituto de las Mujeres en Naucalpan, quien ahora es directora general adjunta de Vinculación Social y Participación Ciudadana.

Sin embargo, y en contra de esta información, Escobar ha asegurado que él apenas está revisando los perfiles de quienes serán parte de su equipo.

“Puedo decir que en ninguna de las direcciones generales, incluida la que está acéfala (la de Planeación) habrá militantes del Partido Verde. Yo me vine con mi secretaria, una jefa de oficina y mi secretario particular. Es todo lo que he integrado hasta ahorita.

“Pueden estar tranquilos, voy a buscar a los mejores perfiles posibles porque este es un programa fundamental para el país (…) Tengo un reto enorme, lo entiendo, y además tengo que construir confianza con algunos actores que por algunas razones, muchas o pocas, desconfían en el trabajo que voy a hacer”.

–¿Va a renunciar a su cargo o al Verde?

–No, estoy aquí asumiendo mi responsabilidad, entiendo que es un enorme reto y puedo dar resultados.

Más aún, apenas el 20 de octubre aseguró que todos los recursos del Programa Nacional de Prevención al Delito (Pronapred) no se usarán con fines electorales.

–¿Qué garantías hay de que no utilizará el puesto para comprar el voto a favor del Verde si está integrando su equipo con miembros de ese partido?

–Las garantías son absolutas. ¿Cómo te lo garantizo? Te lo garantizo de forma absoluta, te lo garantizo porque cada centavo que es parte del presupuesto estará absolutamente documentado, no sólo en la parte de anexos, sino cómo se gastó, qué resultados dio, cómo estuvo el proveedor en cuanto a precios comerciales, por qué se ganó esa licitación. Habrá transparencia absoluta e inédita.

Añadió: “La gran ventaja que tiene este programa es que trabajamos en los tres niveles de gobierno, entonces trabajas desde el gobierno federal y trabajas con todos los gobiernos estatales y con todos los municipios que tienen polígonos integrados”.

Tampoco, dijo, puede haber manipulación electoral: “Entonces en la parte partidista, que para mí hoy ya no tiene relevancia, hay presidentes municipales de todos los partidos políticos, entonces la verdad es que en este programa no hay cabida para eso”.

Y añadió: “Quisiera invitar a todos ustedes y a aquellos que crean que hay lugar para utilizar este recurso de forma político-electoral que conozcan los lineamientos. Es imposible hacerlo, jamás lo permitiría yo y es imposible hacerlo por la forma en que está hecho el lineamiento”.

Escobar se ufanó de que los recursos del programa son completamente verificables: “Va haber transparencia absoluta, te diría yo, inédita. Esta subsecretaría en donde sí no tiene opacidad es en el manejo de recursos, están absolutamente transparentes, están diagnosticados, no lo digo yo, lo han dicho organizaciones externas”.

Pero ahora, a cuatro meses de asumir el cargo de subsecretario, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR) ya consignó el expediente a un juez, al que solicitó librar una orden de aprehensión en su contra.

El caso tiene que ver con la controvertida tarjeta “Premia Platino” que recibieron miles de personas en todo el país para tener descuentos en establecimientos y que, según Escobar, era sólo para los afiliados al PVEM, lo cual se probó que fue falso.

Por haber firmado como dirigente del PVEM para regalar miles de tarjetas de descuento, que solía llegar al domicilio de personas que nada tenían que ver con el PVEM, la Fepade consideró que cometió un delito electoral cuya sanción es de entre 5 y 15 años de cárcel.

El PVEM compró estas tarjetas a proveedores no autorizados por el INE, destacó la Fepade.

Precisó que Escobar y Vega, como representante legal del PVEM, firmó contratos que violaron la ley electoral.

Arturo Escobar es el político del PVEM que en 2009, previo a las elecciones federales para renovar el Congreso de la Unión, fue detenido en el aeropuerto de Chiapas por llevar en efectivo un millón cien mil pesos en su maleta marca Louis Vuitton. Primero dijo que no era de él, luego que era producto de una renta, después que era de la venta de algunos autos y finalmente que eran recursos para pagar a quienes participarían el día de los comicios.

Investiga la Fepade a exfuncionario en Colima

En un comunicado, la Fepade también informó que en el marco del proceso electoral 2015, consignó otras dos averiguaciones previas.

Con relación a la elección para gobernador de Colima, la Fiscalía ejerció la acción penal en contra de un secretario del gobierno estatal de la anterior administración, por ejercer supuesta coacción del voto hacia sus subordinados, en favor de un partido político.

Dicha acción constituye un ilícito electoral en términos de la  Ley General en Materia de Delitos Electorales, en su artículo 11 fracciones I y II, así lo establece  la “Fracción I. Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición.

En el contexto de la misma elección, sobre la indagatoria relacionada con la alteración del listado nominal en el estado de Colima, previsto en el ordinal 13 Fracción II de la citada ley, también se ejerció acción penal en contra de los abogados de quien fuera candidato a gobernador en los pasados comicios.