Comunicado: “Desapariciones generalizadas” en México: Comité de la ONU

STAFF:Canal Digital Matrix Noticias HD de Agencia de Noticias Matrix

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila

Comunicado

“Desapariciones generalizadas” en México: Comité de la ONU

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2015

  • Caso Ayotzinapa, representativo de situación más amplia
  • Obligación de castigar a superiores jerárquicos que toleran contextos de abusos
  • Se insta a investigar a todos los agentes u órganos posiblemente involucrados en desapariciones, así como a agotar todas las líneas de investigación

 

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (Comité CED) declaró hoy que se practican “desapariciones generalizadas” en “gran parte” del país y que el caso Ayotzinapa “ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas.”

Al emitir sus recomendaciones finales, producto de su primera evaluación del cumplimiento de México con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, el Comité criticó al Estado por la…

Ver la entrada original 737 palabras más

Banxico, responsable de la recesión

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix HD/Por:Jimena Garcia/Por: Redacción/Con informacion: Contralinea

La economía mexicana sigue en picada. Ningún compromiso real tiene el Banco de México con el crecimiento y el empleo, es decir, con la gente. La “autonomía” sólo ha profundizado su autoritarismo. Su supuesta lucha contra la inflación y la defensa de la estabilidad de la moneda sólo es un pretexto para perpetuar una misma política

Delia M Boylan

A  la Reserva Federal estadunidense o a los bancos centrales como el argentino y el chileno postautoritarios, por ejemplo, sus respectivas leyes orgánicas les exigen un manejo monetario fino, en coordinación con otras autoridades encargadas del manejo económico global, en especial con las del área fiscal. Ello con el objeto de tratar de alcanzar una sincronía en el desempeño de las variables clave (tasas de interés, tipo de cambio, salarios, entre otras) y las metas generales de la política económica (estabilidad de precios y macroeconómica, equilibrio de las cuentas externas, finanzas públicas, el crecimiento, empleo).

El Banco de México (Banxico), que encabeza Agustín Carstens, en cambio, por razones políticas y técnicas, funciona de manera distinta a raíz de la reforma constitucional de 1993, modelada durante el salinismo bajo la lógica de las contrarreformas neoliberales impulsadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Consenso de Washington, y ante el riesgo de un eventual triunfo electoral del entonces partido progresista más importante (ahora convertido en social neoliberal).

Su autonomía no sólo lo convirtió en un enclave autoritario, en un santuario hermético de la ortodoxia monetarista, alejado del control democrático en el manejo de uno de los elementos clave en la toma de decisiones económicas.

Esa situación no es novedosa. Sólo repite la historia observada en diversos países, en especial de América Latina, que con las reformas autonómicas neoliberales determinan que sus bancos centrales se dediquen exclusivamente a la preservación del valor de la moneda, es decir, el control de la inflación con la manipulación de los réditos y otros instrumentos monetarios; se divorcien con las hacendarias; y se nieguen a otorgar financiamiento al sector público, por considerar, como buenos monetaristas, que su gasto desmedido es el responsable de los procesos hiperinflacionarios ocurridos en América Latina en las décadas de 1980 y 1990, después de la crisis de la deuda externa. Para preservar inmaculada su independencia, se excluye a estos organismos de todo tipo de escrutinio legal, medida que los vuelve intocables. Como se observa, esas características son reproducidas por el Banxico.

Los casos típicos de las autonomías concedidas a los bancos centrales son las experiencias de los militares golpistas y la de los regímenes autoritarios neoliberales que les siguieron. Uno de ellos es la del sanguinario golpista Augusto Pinochet que, de la mano de los Chicago Boys locales, aprobó la independencia del banco central chileno.

Pero detrás de la máscara independentista de la lucha en contra de la inflación, la defensa de la estabilidad de la moneda, la emisión del dinero en circulación y de las normas monetarias, crediticias, financieras y cambiarias, y el desenvolvimiento de los pagos internos y externos, se oculta un hecho perverso: lo que en su momento se calificó en Chile como la imposición de una “dictadura económica” –como se decía en 1988 en ese país, según el analista Manuel Délano–, que debería sobrevivir a la dictadura militar con un fin supremo: mantener la vigencia de las directrices neoliberales bajo los gobiernos postmilitares. La autonomía del banco central fue uno de los eslabones de una cadena política –que incluía a legisladores inamovibles afines a los militares para que, junto con la derecha surgida de las entrañas de la dictadura, asegurara la mayoría requerida que vetara cualquier intento de cambio– y económica diseñada por el régimen para perpetuar su institucionalidad y la influencia pinochetista en la futura democracia surgida entre las ruinas golpistas (http://elpais.com/diario/1988/12/05/economia/597279607_850215.html).

Pinochet aplicó auténticos cerrojos que obstaculizaron el trabajo de los gobiernos de la “concertación” al menos hasta principios de este siglo. Uno de ellos fue el nombramiento que realizó de los directivos del banco central, promilitaristas y neoliberales convencidos, que sólo podían ser removidos por ellos mismos. ¿Quién podía oponerse en el baño de sangre? Con el autonomismo impidieron que sus medidas monetarias pudieran ser vetadas por el Ejecutivo, aun cuando obstaculizaran sus propósitos de crecimiento y empleo. Al ministro de Hacienda, que tradicionalmente es el jefe del equipo económico gubernamental, sólo se le permitió asistir a las reuniones del Consejo del banco central con derecho de voz, pero sin voto, por lo que los funcionarios del organismo pudieron imponer tranquilamente sus decisiones monetarias sin obstáculos.

Otro caso ilustrativo es el del gobierno neoliberal-autoritario argentino de Carlos Menem y su Chicago Boy ministro de economía, el Merlín Domingo Cavallo, banquero central de la golpista junta militar y artífice del famoso y desastrado “corralito” (la congelación de los ahorros de la población, un verdadero robo), impuesto por Fernando de la Rúa, en un intento desesperado por tratar de evadir el inatajable colapso del experimento neoliberal criollo, que detona la revuelta social en diciembre de 2001 y provoca el derrumbe de ese gobierno.

Menem y Cavallo otorgaron la autonomía al banco central en 1993, con objetivos similares al del chileno. Ambos son las almas gemelas de Carlos Salinas de Gortari y Pedro Aspe, que hicieron lo mismo con el Banxico. Actualmente aquellos, agobiados, enfrentan juicios penales por sus tropelías cometidas por su paso en el gobierno.

Salinas de Gortari y Aspe viven tranquilamente, participan en el saqueo neoliberal de los recurso de la nación que ellos mismos instrumentaron y se preparan para ampliar su agenda de negocios con la profundización de la depredación energética que legislan los peñistas-priístas-panistas y sus socios menores.

En una nación como México, los gobiernos neoliberales priísta-panistas no han necesitado del estruendo de los sables para controlar al autónomo banco central.

En 1988, 2006 y 2012 retuvieron y se alternaron en la Presidencia de nuestra civilizada nación con métodos que, de alguna manera, rememoran a los militares latinoamericanos. Es cierto que, técnicamente, usurparon el poder “higiénicamente”, sin mayores sobresaltos, más allá del escándalo temporal de la impotencia callejera de la oposición. Pero sí replicaron límpidamente la técnica jurídica republicana de las formas autoritarias de la imposición.

Al menos dos vías aseguran la fidelidad del Banxico ante el Ejecutivo, más allá de algunas reyertas escenográficas.

Una está embozada con el formulismo legal. Salinas-Aspe se encargaron de ponerle el dogal de la sumisión al determinar que, por ley, el jefe del Ejecutivo es quien designará a la junta de gobierno, al gobernador y los cuatro subgobernadores, con la venia del Senado o, cuando éste se encuentre en receso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Así, la junta le deberá el puesto al igual que los senadores, que también están sometidos al presidente. Y le deben la vida en el puesto (el gobernador 6 años y los subgobernadores 8 años), ya que están sujetos a las normas de responsabilidad de los servidores públicos y son susceptibles de ser sometidos a juicio político.

¿Qué impío se arriesgaría a sufrir la cólera de un Huitzilopochtli sediento de sangre? Quizá el único caso conocido sea el del itamita (del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM) Miguel Mancera, director del Banxico e idolatrado por el partido del orden en virtud de su rancio conservadurismo, quien, en septiembre de 1982, fue expulsado del templo por José López Portillo, acusado de deslealtad (esconder información sobre la situación de un país al borde del desastre) y por oponerse a la nacionalización bancaria y el control del mercado cambiario. Su lugar fue ocupado por Carlos Tello, que representaba el nacionalismo estatista y quien aplicó aquellas medidas. Pero Miguel de la Madrid inmediatamente corrigió la anomalía. Restableció el orden. Despidió a Tello, reinstaló a Mancera en el trono, eliminó la regulación cambiaria y preparó la reprivatización financiera.

Otra forma de subordinación es más sutil. La selección cuidadosa de los elegidos por el dedo divino para ocupar la junta de gobierno, con el objeto de garantizar la homogeneidad ideológica en torno al proyecto neoliberal y la fidelidad al sistema. Todos fueron forjados en los hornos académicos de los creyentes a ultranza de los mitos monetaristas. Todos se refinaron doctrinariamente por tránsito en los pasillos del propio Banxico, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del FMI y de los laberintos de la especulación financiera.

Carstens en el ITAM, Chicago y el FMI. Los subgobernadores: Roberto del Cueto, en la derechista escuela libre del derecho, como Javier Lozano, en Scotiabank-Inverlat y el ITAM; Javier E Guzmán, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y el FMI; Manuel Ramos, en el ITAM y la neofranquista opusdeista Universidad Panamericana; Manuel Sánchez, en Bancomer-BBVA y el ITAM.

Todos son intachables Chicago Boys. Aunque no sean los mejores. Ni sus resultados cosechados sean sus mejores credenciales.

Joseph E Stiglitz, Premio Nóbel de Economía 2001, los conoce de buena tinta. Los conoce y los ha padecido en los pasillos del FMI, el Banco Mundial y las atalayas de los bancos centrales de diferentes partes del mundo, pues, como se sabe, los talleres taylorianos-fordistas de las escuelas de Chicago los produce en masa y luego los arroja al mundo para que propaguen el virus de la peste neoliberal.

Dice Stiglitz en su nota: “No dejemos la economía en manos de los tecnócratas. Hay que tener en cuenta algo bastante desafortunado: que los directores de los bancos centrales tienen infinidad de competencias pero que, en realidad, las mismas no existen. En la mayor parte de los países no son necesariamente los mejores economistas los que ocupan los mejores lugares para emitir opinión en materia de macroeconomía.

 “El resultado de todo eso es que muchos bancos centrales no producen estabilidad ni crecimiento.”

Luego agrega: “La mayor parte de las veces, los bancos centrales independientes que hacen hincapié en la inflación lograron una cosa: reducir la inflación (de no haberlo conseguido, la situación sería aterradora). La cuestión, sin embargo, es saber si se aceleró el crecimiento. ¿Aumentaron los sueldos? ¿Bajó el desempleo? ¿El desempeño real es mejor?”

En México, las políticas monetaristas de estabilización, fondomonetaristas y heterodoxas necesitaron 17 años para reducir la hiperinflación (tasa de tres dígitos) a una tasa de un dígito: de 81 por ciento, en 1983, a 9 por ciento en 2000. En 2013 fue de 4 por ciento. Pero antes se les escapó la fiera y en 1987 llegó a 159 por ciento. El resultado deslumbra a más de uno.

Pero, para responder las preguntas de Stiglitz, el balance es una desequilibrante estabilidad precaria. Inútil para las mayorías. Algunos de los costos pagados por tratar de controlar y desinflar al tigre de los precios ha sido la desinflación salarial, cuyo poder de compra se despeñó poco más de 70 por ciento, y del crecimiento, que se convirtió en una tasa media anual de estancamiento crónico: 2.3 por ciento, de 1983 a 2014. Las recesiones son inolvidables: 1983, 1985, 1995-1996, 2001, 2008-2009, 2013-2014. Tampoco se olvida la inflación recurrente de otros desequilibrios, como la sobrevaluación cambiaria, la especulación financiera o el desequilibrio externo, que estallaron en 1987 o 1994, y no precisamente como pompas de jabón.

Jabonoso ha sido el legado de Chicago en la Presidencia, en el banco central, en Hacienda.

Los barones del banco central dicen a quienes quieren escucharlos y creerles que la cantidad de dinero en circulación explica el nivel del aumento de los precios, por lo que la inflación es un fenómeno monetario, el cual suponen puede controlarse con las tasas de interés reales altas, junto con otros instrumentos monetarios, para regular la cantidad de dinero en circulación; medida que, curiosamente, premia a los especuladores financieros que, además, se benefician con otras creencias que privan en la casa de juego central: hasta 2014, la exención de impuestos en las operaciones bursátiles, la libertad de los capitales para salir y entrar del país cuando se les pega, sin controles cambiarios. Y si el peso mexicano se mantiene estable frente al dólar, o les da algunos centavos más por cada uno, qué mejor. Porque los inversionistas que han apostado al llamado “casino México” quieren que se les trate con guantes de seda o de lino, ya que podrían espantarse y salir en manada descontrolada. Si se afecta o no el crecimiento y el empleo, para complacerlos, ya no es problema del banco central. No es competencia de él. La chusma no importa. Carece de abolengo. Es “plebe”, como dijo, mohína, la delicada nena de Enrique Peña.

Ellos han responsabilizado al gasto público como el causante de la inflación, ya que, al ampliar la demanda de bienes y servicios sobre la capacidad de oferta para cubrirla, provoca el alza de precios. Suponen que, racionalmente, los “agentes económicos” siempre elevarán sus cotizaciones (salarios, de bienes, etcétera) ante cualquier expectativita de un aumento en el gasto estatal que aumentará los precios.

No se sabe si realmente los funcionarios del banco central y sus pares doctrinarios se creen esas historias. Pero es evidente que les han sido útiles para doblegar la testuz fiscal del Estado (restringir el gasto público). Para que los refinados nenes de Chicago puedan realizar su tarea de escolapios monetarios, la única. Aunque el tigre inflacionario se pasee orondo por las calles y se burle de su meta de precios: 3 por ciento anual +/-1 punto porcentual, variación irrelevante para las necesidades nacionales. Han servido para emascular las funciones contracíclicas del gasto público y promotoras del crecimiento, el empleo y el desarrollo. Para que el bloque dominante se deleite devorando el despojo de las empresas públicas y sectores estratégicos del Estado. Y de la economía. Y Peña Nieto nutrirá su insaciable voracidad con el sector energético y de las telecomunicaciones.

La única forma de intervención estatal que están dispuestos a tolerar es la de policía de la seguridad interna y de guardián de la acumulación privada de capital.

Ellos comparten el mismo lenguaje de los titulares de Hacienda: Aspe, Carstens, Guillermo Ortiz, Ernesto Cordero, José Antonio Meade, Luis Videgaray. Forman una santa hermandad.

La incomodidad de Videgaray con Carstens y Eduardo Sojo, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), no es por los pobres resultados arrojados por la gestión peñista, sino porque, ante los inevitables reflectores, no se aplicaron en maquillar decentemente el rostro cadavérico de la economía.

Pero alguien tenía que cargar con el muerto. Y eso es incómodo para cualquiera.

Desde la perspectiva política, la autonomía a los bancos centrales no sólo los convirtió en un “enclave autoritario… Perdurable”, según Delia M Boylan, que en 1998 era profesora en The Irving B Harris Graduate School of Public Policy Studies, de la Universidad de Chicago, sino que, añade la analista, las elites autoritarias “pueden prever el efecto que tendrá la democracia sobre sus intereses [y] actúan estratégicamente para asegurarse de que no corren un riesgo excesivo. ¿Cómo lo hacen? Crean instituciones que protegen sus intereses de la amenaza de la democracia”. Así, “se aseguran que el tipo de políticas que favorecen sigan siendo aplicadas mucho tiempo después de haber dejado sus cargos. Una característica de?nitoria de esos enclaves de autoridad de facto es su potencial para limitar el poder y las políticas de los gobiernos que han de sucederlos”. Esto “consiste en aumentar la autonomía de instituciones que, de otra manera, podrían verse sujetas a las vicisitudes del proceso político democrático.

 “En la esfera de la economía, una institución que se presta para ese tipo de protección es la banca central. La autonomía de la banca central no sólo arrebata al control democrático un aspecto clave de la toma de decisiones económicas, sino que también obliga a los nuevos gobiernos a perseguir un conjunto de resultados económicos neoliberales asociados con la estabilidad macroeconómica” (“La democracia como rehén: la autonomía de la banca central en la transición del autoritarismo a la democracia”. Política y Gobierno, volumen V, número 1, primer semestre de 1998, página 47. Las cursivas son mías).

La posición de Boylan es compartida por Roberto Zahler, quien fue responsable del banco central chileno postpinochetista, a principios de la década de 1990.

Zahler señala que la autonomía deja al banco central “fuera del control democrático del gobierno, parlamento y de otras instituciones generadas democráticamente”, que contribuyen a “compatibilizar la necesaria libertad de acción de los programas económicos del Poder Ejecutivo con cierta separación (y control) de poderes entre las autoridades encargadas de gastar dinero y las encargadas de crearlo”.

El exbanquero central añade que un banco central independiente no sólo contribuye a dispersar la responsabilidad en el manejo de la política económica y a darle un peso desproporcionado a los objetivos característicos de dichas instituciones y, debido a los mercados a través de los cuales opera, del sector financiero. También fractura la coordinación y la unidad de mando entre los responsables de la conducción económica y afecta el diseño, la aplicación y los resultados de las políticas públicas (la política monetaria, la fiscal, de balanza de pagos, de salarios, de empleo, etcétera).

En apariencia, la reducción de la importancia de la política monetaria a la defensa del valor de la moneda y del control de la inflación pareciera debilitar, por añadidura, la posición del banco central dentro del sistema económico.

Desde otro ángulo, sin embargo, agrega Zahler, el banco central aglutina una enorme cantidad de atribuciones, además del manejo de la política monetaria y crediticia y de los instrumentos de control monetario: la facultad de dictar normas obligatorias en las áreas cambiaria y del sector externo, que comprenden el manejo del tipo de cambio, las normas sobre exportaciones e importaciones, los controles a los movimientos de capitales y a los préstamos internacionales y los niveles de reservas internacionales; la actuación de prestamista de última instancia (http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/45/capitulo_02_p2.pdf).

En ese sentido, dispone una cuota de poder excesivamente grande, que puede atentar sobre las bases de una sociedad políticamente abierta y democrática. Por esa razón, afirma Zahler, más que la independencia o su tecnificación, lo que urge es limitar las atribuciones del banco central y dispersar su poder. Sin dejar de reconocer su relevancia en la formulación e instrumentación de la política macroeconómica de corto y mediano plazo, tiene que entregársele mayores facultades al Parlamento, de modo que sólo a través de la ley pudieran definirse ciertas directrices económicas que en la actualidad las ejerce el Poder Ejecutivo a través del banco central.

Una verdadera reforma de la constitucionalidad del banco central, producto de un consenso nacional y no de una conspiración tecnocrática como la salinistas-aspista, tiene que obligarlo a que contribuya decisivamente a reducir la inflación y al control de los equilibrios macroeconómicos básicos, sin afectar tóxicamente a otros determinantes de la mantención y legitimación de un sistema políticamente democrático: la satisfacción de las necesidades básicas, la reducción de la desigualdad social, la percepción de amenaza de intereses vitales de las mayorías.

En los regímenes despóticos la política monetaria define sus objetivos autoritariamente. Únicamente es consensuada en un conciliábulo. En un sistema democrático tiene que fundamentarse en un contexto y en entorno libre y respetuoso, a través de la persuasión y del convencimiento, y no de la imposición. Lo anterior le otorgará su legitimidad que redundará en la estabilidad económica y política-democrática.

Los neoliberales han vendido la idea de que la autonomía del banco central es una conditio sine qua non para aspirar el crecimiento con estabilidad de precios. Sin embargo, Stiglitz señala que “existen pocos testimonios de que los bancos centrales independientes que se centran exclusivamente en la estabilidad de los precios obtengan mejores resultados en cuanto a esos aspectos decisivos. En cambio, agrega que otros bancos centrales, sin ser autónomos, han registrado mejores resultados.

China, por ejemplo, proteccionista y con un banco central más juicioso, registró un crecimiento y una inflación media anual de 9.9 por ciento y 4.6 por ciento, respectivamente, entre 1980 y 2013.

La insolencia argentina

Afortunadamente, las ciudadelas de los bancos centrales neoliberalmente autónomos no son eternas e inexpugnables.

En 2012 el gobierno democrático argentino modificó la ley del banco central con el objeto de liberarlo de la camisa de fuerza que representaba el mandato único de preservar el valor de la moneda y para que recuperara “su rol histórico en la promoción del crédito productivo, que constituye una función estratégica, tanto para garantizar la estabilidad monetaria, como para sostener el crecimiento económico y propender al desarrollo y la plena ocupación de los recursos de la economía”, en una relación de coordinación y no independencia de las directrices de las políticas del gobierno nacional.

Asimismo, le otorgó poderes legales para que asumiera las funciones de superintendencia bancaria y regulara las condiciones del crédito en términos de plazos, tasas de interés, comisiones y cargos de cualquier naturaleza, así como orientar su destino por medio de exigencias de reserva, encajes diferenciales u otros medios apropiados.

También restableció la capacidad del banco central para que pueda emitir títulos para financiar el déficit, para dar crédito dirigido, que pueda obligar al sistema financiero a prestar a quienes quiera el gobierno y, en las condiciones que él disponga, usar las reservas de la forma que más le convenga.

Esas y otras medidas escandalizaron a los usureros bancarios y financieros, así como a los Chicago Boys gauchos.

En el colmo de la herejía, en tierra de machos económicos y en abierta guerra con su banquero central, el Chicago Boy Martín Redrado, la presidenta Cristina Fernández llevó al organismo a una mujer, Mercedes Marcó del Pont, quien se presume desarrollista o estructuralista, y la mantuvo en el mando entre 2008 y 2010.

Con los gobiernos postneoliberales y con un banco central no ortodoxo, Argentina creció 7 por ciento en promedio anual entre 2003-2013, con una mejoría significativa en el empleo, una reducción importante de la miseria, y con un nivel de inflación socialmente tolerable (9 por ciento en promedio anual).

En cambio, el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se jalan los pelos ante una economía que no resucita, ante la mirada impasible de Carstens. Y ya consumieron un tercio del sexenio.

Por otro lado, no deja de llamar la atención que los principales líderes de lo que alguna vez se consideró como el progresismo del sistema de partidos, declaren su respeto por la autonomía del banco central. Si algún día llegan a la Presidencia y se mantiene intacto al Banxico, tendrán que pagar las consecuencias.

Tendrán clavado un “enclave autoritario” en su recto corazón.

*Economista

Columna Invitada: La angustia de EPN: “YA SE QUE NO APLAUDEN”‏

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix HD/Por:Jimena Garcia/Por: Redacción/TEXTO: Ricardo V. Santes Álvarez/ @RicSantes

¿Aplausos al presidente de México?

Durante muchos años, los mexicanos estuvimos acostumbrados a padecer el llamado “Día del Presidente”, o el día en que el primer mandatario rendía su informe a la nación, una vez cada año. Era todo un acontecimiento: un momento en que, con algarabía, confeti, serpentinas, música estridente y rabiosos aplausos, el primer mandatario se daba un baño de pueblo; una fecha en que recorría calles principales de la capital mexicana en ruta hacia el Congreso de la Unión, donde una multitud de incondicionales legisladores le aguardaba para proceder al besamanos y la zalamería inherentes a su quehacer. Eran los años dorados del tricolor, el partido hegemónico, el del carro completo.

Con el aplauso fácil quedaba soterrada la interpretación seria, solemne, de que El Informe constituía un acto republicano en que el mandatario en turno rendía cuentas a la sociedad sobre el estado de la nación y el desempeño gubernamental. Claro, en aquellos ayeres de despotismo en jauja, “todo estaba bien”, de manera que en la Casa del Pueblo solamente brotaban complacientes elogios.

La época maravillosa languideció durante la administración zedillista. Hoy, pasada la innombrable docena azul y una vez reinstaurado el régimen de tres colores, desde el gobierno federal se convoca a superar tragos amargos de olvido y soslayo a la investidura presidencial. Se invita a retornar al redil a quienes en algún momento pensaron que la vida democrática era posible en el país, y reconocer que el mando vigente hace todo por México y los mexicanos; por tanto, no hay necesidad que existan espacios alternativos para la expresión social.

¡Faltaba más! Si para eso están las vías institucionales. Para eso están los diputados y los senadores, los ministerios públicos, los jueces y los tribunales; para eso están las numerosas dependencias de la administración pública; para eso están los alcaldes y los gobernadores. Y a últimas, para eso está el mismísimo presidente de la República. Todas son instancias preocupadas por el bienestar de los ciudadanos a las que puede recurrirse y presentar demandas y necesidades… ¡Ajá!

Parece que desde el poder se cree que ese escenario promisorio es tan asequible con tan sólo reconocer el trabajo gubernamental. Basta con re-posicionar al comandante supremo en el pedestal donde siempre debió estar para lograr una nación que supere las adversidades y se encamine en la ruta del desarrollo. ¿Es tan difícil para el pueblo asimilar algo tan simple?

También, parece pensarse que oscuras fuerzas desestabilizadoras pretenden dañar la imagen del México de las reformas estructurales. Por ello, durante el nombramiento del titular de Secretaría de la Función Pública (SFP), el martes 3 de febrero, Enrique Peña Nieto no soportó una muestra más de desafección a sus decisiones, al grado de espetar cuando se alejaba del micrófono: “Ya sé que no aplauden”.

Pero… ¿aplaudirle qué?

¿Que resucitó un cadáver como la SFP?; ¿que nombró a quien se dice es un incondicional en la titularidad de esa dependencia?; ¿que ordenó al nuevo secretario investigar sus haberes personales y de sus amigos?; o solamente ¿que apareció ante los medios?

El reproche presidencial ¿es acaso añoranza del aplauso fácil de otros tiempos?

Cabe preguntar razones para negar el aplauso al mandatario mexicano, y razones para aplaudir, nacional e internacionalmente, a un personaje como, digamos, José Mujica, saliente jefe de Estado uruguayo.

Es evidente que el asunto no puede constreñirse a la figura del gobernante, sino a su desempeño y el de sus colaboradores. Es decir, no solamente se aplaude, o no, al mandatario sino a su gobierno. A José Mujica se le aplaude porque a los ojos de los gobernados realizó una buena gestión. Pero eso es precisamente lo que no está sucediendo en el caso mexicano. Todo lo contrario, la administración de Peña Nieto está siendo cuestionada, dentro y fuera del país.

Qué bueno que el presidente ya sabe que no le aplauden más que los beneficiarios de sus decisiones, que lamentablemente son los menos. Qué bueno que ya sabe que no se le aplaude y ojalá actúe en consecuencia para reorientar el rumbo de descrédito tan penoso que repercute en todos los ámbitos de la vida nacional. Si comprende que hay muchos ciudadanos insatisfechos, lo que debe hacer es reformar el desempeño gubernamental.

Sanear la gestión pública separando del cargo a íntimos y aliados, como los titulares de Hacienda, de Comunicaciones y Transportes, de la Procuraduría General de la República, o de Desarrollo Social, sería apenas una carta de intención. La sociedad mexicana demanda medidas contundentes que vayan al fondo de los problemas; en ese tenor, lo esperado es que tome la decisión de combatir la corrupción, la rampante impunidad, los conflictos de interés y demás flagelos; y que lo haga ahí donde todos sabemos que debe empezar: en la casa propia.

*Analista político

http://www.losangelespress.org/aplausos-al-presidente-de-mexico/#sthash.cKqmafDG.dpuf

Observaciones finales sobre el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix HD/Por:Jimena Garcia/Por: Redacción

Comité contra la Desaparición Forzada

Observaciones finales sobre el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención

1. El Comité contra la Desaparición Forzada examinó el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención (CED/C/MEX/1) en sus sesiones 119.ª, 120.ª y 121.ª (CED/C/SR.1119, 120 y 121), celebradas los días 2 y 3 de febrero de 2015. En su 133.ª sesión, celebrada el 11 de febrero de 2015, el Comité aprobó las siguientes observaciones finales.

A. Introducción

2. El Comité acoge con satisfacción el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, elaborado de conformidad con las directrices para la presentación de informes, y la información en él expuesta. Asimismo, el Comité expresa su reconocimiento por el diálogo constructivo mantenido con la delegación de alto nivel del Estado parte sobre las medidas adoptadas para aplicar las disposiciones de la Convención.

3. El Comité agradece además al Estado parte sus respuestas por escrito (CED/C/MEX/Q/1/Add.1) a la lista de cuestiones (CED/C/MEX/Q/1).

B. Aspectos positivos

4. El Comité celebra que el Estado parte haya ratificado la totalidad de los instrumentos fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas y la casi totalidad de sus protocolos facultativos, así como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

5. El Comité también saluda las medidas adoptadas por el Estado parte sobre aspectos que guardan relación con la Convención, incluyendo: a) Que se haya otorgado rango constitucional a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales en los que México es parte, incluyendo la Convención; b) Que se haya reconocido en el artículo 29 de la Constitución que en ningún caso podrá restringirse ni suspenderse la prohibición de la desaparición forzada; c) La adopción de la Ley General de Víctimas en 2013; d) La adopción de una nueva Ley de Amparo en 2013.

6. El Comité saluda la puesta en marcha de una página web conteniendo información sistematizada sobre las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos realizadas al Estado parte y lo alienta a fortalecer su conocimiento y difusión.

7. El Comité observa con reconocimiento la existencia de una sociedad civil y una Comisión Nacional de Derechos Humanos dinámicas que contribuyen significativamente a la vigilancia de la aplicación de la Convención en el Estado parte. 8. El Comité observa con satisfacción que el Estado parte haya cursado una invitación permanente a todos los titulares de mandatos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos para que visiten el país. Al respecto, el Comité saluda la visita a México del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias en 2011 y alienta al Estado parte a asegurarse de que todas sus recomendaciones sean aplicadas (A/HRC/19/58/Add.2, párrafos 79 a 113).

9. El Comité recuerda el intercambio de correspondencia con el Estado parte en relación con el mecanismo previsto en el artículo 33 de la Convención y espera el consentimiento del Estado parte para que la visita se realice en un plazo razonable. C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones

10. El Comité considera que el marco normativo en vigor así como su aplicación y el desempeño de algunas autoridades competentes no se conforman plenamente con las obligaciones de la Convención. La información recibida por el Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas, incluso iniciadas a partir de la entrada en vigor de la Convención. El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el Estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas. El Comité alienta al Estado parte a aplicar sus recomendaciones, formuladas con un espíritu constructivo y de cooperación, con el fin de asegurar que el marco jurídico existente y su aplicación por las autoridades federales, estatales y municipales sean plenamente compatibles con los derechos y las obligaciones que establece la Convención. El Estado parte podría valerse de la oportunidad que ofrece el hecho de que actualmente se están discutiendo diversas iniciativas a nivel legislativo, en particular la posibilidad de adoptar una ley general en materia de desaparición forzada, para implementar las recomendaciones de las presentes observaciones finales.

Información general

Procedimiento de acción urgente

11. El Comité saluda la cooperación del Estado parte en el marco de su procedimiento de acción urgente y toma nota de la información brindada en relación con los organismos involucrados en el tratamiento de peticiones de acción urgente y en la implementación de medidas cautelares otorgadas por el Comité (art. 30).

12. El Comité insta al Estado parte a continuar cooperando con el Comité en el marco de su procedimiento de acción urgente y a garantizar el tratamiento inmediato y el seguimiento regular de todas las acciones urgentes y solicitudes de medidas cautelares y de protección remitidas por el Comité.

Comunicaciones individuales e interestatales

13. El Comité observa que el Estado parte aún no ha reconocido la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales en virtud de los artículos 31 y 32 de la Convención. Al respecto, toma nota de la información proporcionada por la delegación de que se continúa evaluando el reconocimiento de la competencia del Comité en virtud del artículo 31 de la Convención (arts. 31 y 32).

14. El Comité alienta enérgicamente al Estado parte a reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales en virtud de los artículos 31 y 32 de la Convención con miras a reforzar el régimen de protección contra las desapariciones forzadas previsto en la misma. Estructura federal del Estado parte

15. El Comité, mientras es consciente de los desafíos que plantea la estructura federal del Estado parte, observa con preocupación que, tanto a nivel legislativo como en la práctica, las distintas jurisdicciones presentan desiguales niveles de cumplimiento de las obligaciones que establece la Convención. Al respecto, el Comité toma nota de las iniciativas presentadas con miras a reformar la Constitución Política a fin de facultar al Congreso de la Unión para, inter alia, expedir una ley general en materia de desaparición forzada.

16. El Comité, recordando el artículo 41 de la Convención, recomienda que el Estado parte adopte las medidas necesarias para asegurar que, tanto a nivel federal como estatal, la legislación y la práctica se ajusten plenamente a las obligaciones consagradas en la Convención. Al respecto, lo alienta a aprobar a la mayor brevedad posible una ley general que regule de manera integral los aspectos de la desaparición forzada contenidos en la Convención, en particular aquellos relativos a la prevención, investigación, juzgamiento y sanción de las desapariciones forzadas así como a la búsqueda y situación legal de las personas desaparecidas. Asimismo, el Comité recomienda que se garantice la participación de las víctimas de desaparición forzada, las organizaciones de la sociedad civil y la CNDH en todo el proceso encaminado a la adopción de esta ley.

Definición y tipificación como delito de la desaparición forzada (arts. 1 a 7) Registro de personas sometidas a desaparición forzada

17. El Comité nota con preocupación la falta de información estadística precisa sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada. lo que impide conocer la verdadera magnitud de este flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad. Al respecto, mientras toma nota de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNDPED), al Comité le preocupa su falta de reglamentación así como el hecho de que el registro no incluye información que permita determinar si la persona pudo haber sido sometida a desaparición forzada (arts. 1, 3, 12 y 24).

18. El Estado parte debería adoptar las medidas necesarias a fin de contar con un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que permita establecer estadísticas confiables con miras a desarrollar políticas públicas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito aberrante. Dicho registro debería, como mínimo:

a) reflejar de manera exhaustiva y adecuada todos los casos de personas desaparecidas, incluyendo información acerca del sexo, edad y nacionalidad de la persona desaparecida y lugar y fecha de desaparición; b) incluir información que permita determinar si se trata de una desaparición forzada o de una desaparición cometida sin ninguna participación de agentes estales; c) permitir generar datos estadísticos respecto de casos de desaparición forzada aun cuando hayan sido esclarecidos; y d) ser completado con base en criterios claros y homogéneos y actualizado de manera permanente.

En este contexto, el Estado parte debería valerse de la oportunidad que ofrece el hecho de que la reglamentación de la ley del RNDPED aún esté pendiente para asegurar que cumpla con los criterios antes expuestos. Asimismo, debería adoptar las medidas necesarias para garantizar que las autoridades encargadas de ingresar los datos pertinentes lo hagan de manera uniforme, exhaustiva e inmediata luego de que se tenga conocimiento de una desaparición.

Delito de desaparición forzada

19. El Comité observa con preocupación que algunas legislaciones del Estado parte no tipifican la desaparición forzada y que aquellas que la tipifican prevén penas disímiles y definiciones que no se ajustan a la definición de la Convención en todos los casos (arts. 2, 4, 6, 7 y 8).

20. El Estado parte debería adoptar las medidas legislativas necesarias a fin de asegurar que a la mayor brevedad posible la desaparición forzada sea tipificada, tanto a nivel federal como estatal, como delito autónomo que se ajuste a la definición contenida en el artículo 2 de la Convención y que prevea penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad. A la luz del artículo 8 de la Convención, debería también garantizar que, en caso de que se aplique un régimen de prescripción al delito de desaparición forzada, el plazo del mismo sea prolongado y proporcionado a su extrema gravedad y que, teniendo en cuenta el carácter continuo de la desaparición forzada, se cuente a partir del momento en que cesa el delito. Responsabilidad penal del superior jerárquico

21. El Comité, mientras toma nota de las iniciativas existentes en el Congreso de la Unión en las que se prevé la responsabilidad penal del superior jerárquico, observa que la legislación vigente en la materia no se ajusta plenamente a la obligación que surge del artículo 6, párrafo 1(b), de la Convención (art. 6).

22. El Comité recomienda que el Estado parte adopte las medidas legislativas necesarias con miras a que, tanto en la legislación federal como en la estatal, se prevea específicamente la responsabilidad penal de los superiores jerárquicos en los términos establecidos en el artículo 6, párrafo 1(b), de la Convención. Desapariciones de migrantes

23. El Comité observa con preocupación la información que da cuenta de que habría numerosos casos de desaparición de migrantes, incluyendo niños, entre los cuales habría casos de desaparición forzada, así como los desafíos que esta situación dramática plantea en relación con la plena observancia de los derechos a la justicia y a la verdad consagrados en la Convención, en particular dado que los allegados de las personas desaparecidas normalmente no residen en el Estado parte. Al respecto, el Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado parte en relación con la investigación de las desapariciones de migrantes y la búsqueda, atención y protección de los mismos, y de que está trabajando en el diseño de un mecanismo transnacional de búsqueda y acceso a la justicia (arts. 1, 3, 12, 15 y 24).

24. El Estado parte debería, en cooperación con los países de origen y destino y con la participación de las víctimas y la sociedad civil, redoblar sus esfuerzos con miras a prevenir e investigar las desapariciones de migrantes; perseguir penalmente a los responsables; y proteger adecuadamente a los denunciantes, peritos, testigos y defensores.

Asimismo, el mecanismo transnacional de búsqueda y acceso a la justicia debería garantizar: a) la búsqueda de las personas migrantes desaparecidas y, en caso de hallarse restos, su identificación y restitución; b) el relevamiento de información ante mortem y su integración a la Base de Datos Ante Mortem – Post Mortem; y c) que los allegados de las personas desaparecidas, independientemente del lugar en el que residan, tengan la posibilidad efectiva de obtener información y participar de las investigaciones y búsqueda de las personas desaparecidas

Responsabilidad penal y cooperación judicial en materia de desaparición forzada (arts. 8 a 15) Jurisdicción militar

25. El Comité, mientras acoge con beneplácito la reforma del Código de Justicia Militar de 2014 que excluyó la jurisdicción militar en relación con los delitos del orden común o federal cometidos por militares en contra de civiles, observa con preocupación que el mencionado Código aún conserva la jurisdicción militar en relación con los delitos del orden común o federal, incluyendo las desapariciones forzadas, que fuesen cometidos por un militar en contra de otro militar. El Comité considera que, por principio, los tribunales militares no ofrecen la independencia e imparcialidad requeridas por la Convención para abordar violaciones de derechos humanos como las desapariciones forzadas (art. 11).

26. El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas legislativas necesarias a fin de asegurar que las desapariciones forzadas cometidas por un militar en contra de otro militar queden expresamente excluidas de la jurisdicción militar y solamente puedan ser investigadas y juzgadas por las autoridades civiles competentes.

Investigaciones de casos de desaparición forzada.

27. El Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado parte acerca de las autoridades encargadas de llevar adelante las investigaciones cuando se produce una desaparición así como las acciones desplegadas al respecto. Asimismo, observa con beneplácito que la PGR se encuentra trabajando en la elaboración de un protocolo de investigación en materia de desaparición forzada, como fuera solicitado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, el Comité se muestra preocupado por la impunidad respecto de los numerosos casos denunciados por desaparición forzada, que se expresa en la casi inexistencia de condenas por este delito

Al Comité le preocupan también los informes que dan cuenta de una serie de obstáculos que no permitirían que las investigaciones de las desapariciones forzadas se realicen de manera eficaz, incluyendo: a) el hecho de que en varios casos las autoridades competentes no habrían iniciado las investigaciones con la debida celeridad inmediatamente luego de haber recibido información acerca de una posible desaparición forzada; y b) la calificación de los hechos con base a otros delitos en numerosos casos en los que habrían existido indicios para suponer que se podría haber cometido una desaparición forzada (art. 12).

28. El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos con miras a asegurar que, cuando haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, se proceda a realizar sin demora una investigación exhaustiva e imparcial, aun cuando no se haya presentado una denuncia formal, y que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos. Asimismo, el Estado parte debería:

a) Garantizar que, cuando haya indicios para suponer que se pudiera haber cometido una desaparición forzada, se proceda, sin dilación, a  investigar de manera efectiva a todos los agentes u órganos estatales que pudieran haber estado involucrados, así como a agotar todas las líneas de investigación;

b) Fomentar y facilitar la participación de los allegados de la persona desaparecida en las investigaciones, sin que esto les confiera la responsabilidad de producir las pruebas necesarias para la investigación;

c) Garantizar la efectiva coordinación y cooperación entre todos los órganos encargados de la investigación y asegurar que cuenten con las estructuras y los recursos técnicos, periciales, financieros y de personal adecuados a fin de que puedan desempeñar sus funciones con celeridad y de manera eficaz;

d) Tomar las medidas necesarias para garantizar que las fuerzas del orden o de seguridad, sean civiles o militares, cuyos miembros se encuentren bajo sospecha de haber cometido una desaparición forzada no participen en la investigación. 29.

El Comité alienta al Estado parte a que considere establecer en el ámbito de la PGR una unidad fiscal especializada en la investigación de las desapariciones forzadas que cuente con recursos adecuados, en particular personal específicamente capacitado en la materia; con una perspectiva estratégica a nivel nacional y trasnacional sobre este fenómeno delictivo; que nutra las tareas de búsqueda; y trabaje de manera coordinada con otras agencias relevantes, en particular la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Protección de las personas que denuncian y/o participan en la investigación de una desaparición forzada

30. El Comité toma nota de la legislación y mecanismos existentes para asegurar la protección de víctimas, testigos y denunciantes, así como del mecanismo de protección específico para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. No obstante, le preocupan los informes que dan cuenta de la persecución y amenazas de las que habrían sido objeto los familiares de personas sometidas a desaparición forzada y los defensores de derechos humanos que trabajan para asistir a las víctimas, así como la carencia de información oficial sobre estos hechos. Asimismo, le preocupan los informes que dan cuenta de que agentes estatales habrían descalificado públicamente a algunas de estas personas y organizaciones (arts. 12 y 24).

31. El Estado parte debería:

a) Redoblar sus esfuerzos para asegurar la implementación rápida y eficaz de las medidas de protección previstas en la legislación con miras a garantizar la efectiva protección de todas las personas a las que se refiere el artículo 12, párrafo 1, de la Convención contra todo maltrato o intimidación de los que pudieran ser objeto;

b) Incrementar sus esfuerzos con miras a prevenir y sancionar los actos de intimidación y/o malos tratos de los que pudieran ser objeto los defensores de derechos humanos que trabajan para combatir las desapariciones forzadas y asistir a las víctimas;

c) Documentar hechos de agresiones, amenazas e intimidaciones a fin de elaborar políticas de prevención y protección y facilitar una investigación eficaz de los hechos;

d) Asegurar muy especialmente que todos los agentes estatales se abstengan de realizar declaraciones públicas que pudieran descalificar, estigmatizar o poner en riesgo a los allegados de personas desaparecidas o a los defensores de derechos humanos que trabajan para combatir las desapariciones forzadas y asistir a las víctimas.

Desapariciones forzadas durante el período conocido como “guerra sucia”

32. Al Comité le preocupa que, a pesar del tiempo transcurrido, no ha habido avances significativos en la investigación y sanción de los responsables de las desapariciones forzadas que habrían sido perpetradas durante el período conocido como “guerra sucia” ni en relación con la búsqueda de las personas desaparecidas. Asimismo, y mientras toma nota de las dificultades que enfrenta el Estado parte para localizar a los familiares de todas las personas cuyas desapariciones forzadas fueron corroboradas por la CNDH en el marco de su recomendación 26/2001, al Comité le preocupa el lento progreso en materia de reparación. Por otro lado, el Comité toma nota del reciente informe final de la Comisión de la Verdad de Guerrero y de lo expresado por la delegación de que se continuará trabajando con relación al mismo (arts. 12 y 24).

33. El Estado parte debería intensificar sus esfuerzos con miras a:

a) Asegurar que todos los casos de desaparición forzada que hubiesen sido perpetrados durante el período conocido como “guerra sucia” sean investigados sin demora y los presuntos autores enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos;

b) Localizar, y en caso de fallecimiento identificar, a la mayor brevedad posible a todas las personas que hubiesen sido sometidas a desaparición forzada durante ese período;

c) Garantizar el derecho a la verdad respecto de lo ocurrido;

d) Garantizar que todas las víctimas, se relacionen o no con los casos corroborados por la CNDH, reciban reparación adecuada, que incluya los medios para su rehabilitación y sea sensible a cuestiones de género.

Medidas para prevenir las desapariciones forzadas (arts. 16 a 23)

Registros de personas privadas de libertad

34. El Comité toma nota de la información brindada por el Estado parte acerca de los datos que deben ingresarse en el Sistema de Registro de Detenidos y en el Registro Administrativo de Detenciones. Sin embargo, lamenta no haber recibido información detallada acerca de los registros que se llevan en todos los lugares donde pueda haber personas privadas de libertad, como las estaciones migratorias o los centros de detención militar (arts. 17 y 22).

35. El Estado parte debería adoptar las medidas necesarias para garantizar que:

a) Se proceda a la inscripción de todas las privaciones de libertad en registros y/o expedientes uniformes que incluyan, como mínimo, la información requerida en virtud del artículo 17, párrafo 3, de la Convención;

b) Todos los registros y/o expedientes de personas privadas de libertad sean completados y actualizados con precisión y prontitud

; c) Todos los registros y/o expedientes de personas privadas de libertad sean objeto de verificaciones periódicas y, en caso de irregularidades, se sancione a los funcionarios responsables.

Formación sobre la Convención

36. El Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado parte en relación con la formación en derechos humanos brindada a servidores públicos y observa con beneplácito que, en algunos casos, se ha brindado formación específica en materia de desaparición forzada. Sin embargo, el Comité observa que no se imparte capacitación específica y regular a todos los agentes federales, estatales y municipales sobre las disposiciones pertinentes de la Convención conforme a su artículo 23 (art. 23).

37. El Comité recomienda que el Estado parte adopte las medidas necesarias para asegurar que, tanto a nivel federal como estatal y municipal, todo el personal militar o civil encargado de la aplicación de la ley, el personal médico, los funcionarios y otras personas que puedan intervenir en la custodia o el tratamiento de personas privadas de libertad, incluyendo los jueces, los fiscales y otros funcionarios encargados de la administración de justicia, reciban formación adecuada y regular acerca de las disposiciones de la Convención, de conformidad con el artículo 23 de la misma.

Medidas de reparación y de protección de niños contra las desapariciones forzadas (arts. 24 y 25)

Derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada

38. El Comité acoge con beneplácito la adopción de la Ley General de Víctimas que, inter alia, contempla la reparación integral para las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos y establece que podrá considerarse víctima a una persona con independencia de que se identifique, aprehenda o condene al responsable del daño o de que participe en algún procedimiento judicial o administrativo. Asimismo, saluda la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para poner en práctica los amplios derechos de las víctimas garantizados en la ley. Sin embargo, al Comité le preocupa que la ley todavía no haya sido plenamente implementada, en particular a nivel estatal (art. 24).

39. A fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada de todas las personas que hubieran sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada, el Comité recomienda que el Estado parte:

a) Intensifique sus esfuerzos con miras a asegurar que la Ley General de Víctimas sea plenamente implementada en todo el Estado parte a la mayor brevedad posible;

b) Garantice que el acceso a la reparación y a una indemnización no se vea obstaculizado por cuestiones formales tales como la falta de implementación de la ley a nivel estatal;

c) Tome medidas para asegurar que todas las instancias que tengan información de una víctima en el sentido de la ley procuren la inscripción de esta persona en el registro de víctimas de la CEAV.

Búsqueda de personas desaparecidas

40. El Comité toma nota de la información acerca de las medidas adoptadas con miras a buscar y localizar a las personas desaparecidas e identificar sus restos cuando hubieran fallecido, así como sobre el marco normativo aplicable en la materia, en particular el artículo 21 de la Ley General de Víctimas. Asimismo, observa con beneplácito el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata que se puso en marcha en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León. Sin embargo, observa con preocupación los numerosos informes que dan cuenta de las serias dificultades que existen en la práctica en materia de búsqueda de personas desaparecidas e identificación de restos.

Al Comité le preocupan en particular los informes de que la búsqueda de las personas desaparecidas no siempre se inicia de forma inmediata (art. 24). 41. A la luz del artículo 24, párrafo 3, de la Convención, el Estado parte debería redoblar sus esfuerzos con miras a la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, respeto y restitución de sus restos.

En particular, debería:

a) Garantizar en la práctica que cuando se tenga noticia de una desaparición se inicie la búsqueda de oficio y sin dilaciones de modo de acrecentar las posibilidades de encontrar a la persona con vida;

b) Asegurar que la búsqueda sea llevada adelante por las autoridades competentes con la participación de los allegados de la persona desaparecida;

c) Fortalecer la Base de Datos Ante Mortem – Post Mortem, asegurar que esté plenamente operativa en todas las entidades federativas a la mayor brevedad posible, y garantizar que sea completada con la información pertinente de todos los casos de personas desaparecidas, sin excepción, en estricta conformidad con los protocolos relevantes ;

d) Fortalecer la Base de Datos Genéticos de la PGR con miras a garantizar que incorpore información relativa a todas las personas que hubieran desaparecido en el Estado parte;

e) Garantizar la efectiva coordinación, cooperación y cruce de datos entre los órganos con competencia para la búsqueda de personas desaparecidas e identificación de sus restos cuando hubieran fallecido y asegurar que cuenten con los recursos económicos, técnicos y de personal necesarios.

Situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido esclarecida y de sus allegados

42. Al Comité le preocupa que la mayoría de las legislaciones vigentes en el Estado parte relativas a la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido esclarecida y de sus allegados no refleja con precisión la especificidad del fenómeno de la desaparición forzada. Al respecto, y mientras nota con interés que en la Conferencia Nacional de Gobernadores surgió el compromiso de promover las reformas legislativas necesarias en la materia, el Comité observa que hasta el momento solo dos estados, Coahuila y Querétaro, han regulado la figura de ausencia por desaparición (art. 24).

43. El Comité recomienda que el Estado parte adopte las medidas necesarias para asegurar que la legislación en todo el Estado parte establezca un procedimiento para obtener una declaración de ausencia por desaparición forzada con el fin de regular de manera apropiada la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido esclarecida y la de sus allegados.

Legislación relativa a la apropiación de niños

44. El Comité observa con preocupación que en la legislación vigente, tanto a nivel federal como estatal, no se prevén disposiciones que específicamente sancionen las conductas relativas a la apropiación de niños contempladas en el artículo 25, párrafo 1, de la Convención (art. 25).

45. El Comité recomienda que el Estado parte adopte las medidas legislativas necesarias con miras a incorporar como delitos específicos, tanto a nivel federal como estatal, las conductas descritas en el artículo 25, párrafo 1, de la Convención, que prevean penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad.

 D. Difusión y seguimiento

46. El Comité desea recordar las obligaciones contraídas por los Estados al ratificar la Convención y, en ese sentido, insta al Estado parte a asegurarse de que todas las medidas que adopte, sean de la naturaleza que sean y emanen del poder que emanen, se conformen plenamente a las obligaciones que asumió al ratificar la Convención y otros instrumentos internacionales pertinentes. Al respecto, el Comité insta particularmente al Estado parte a garantizar la investigación eficaz de todas las desapariciones forzadas y la satisfacción plena de los derechos de las víctimas tal y como están consagrados en la Convención

. 47. Asimismo, el Comité desea enfatizar la singular crueldad con la que las desapariciones forzadas afectan a los derechos humanos de las mujeres y los niños. Las mujeres que son sometidas a desaparición forzada son particularmente vulnerables a actos de violencia sexual y otras formas de violencia de género. Las mujeres que son miembros de la familia de una persona desaparecida son particularmente vulnerables a sufrir serios efectos sociales y económicos adversos, así como a padecer violencia, persecución y represalias como resultado de sus esfuerzos para localizar a sus seres queridos. Por su parte, los niños víctimas de desaparición forzada, ya sea porque ellos mismos son sometidos a desaparición o porque sufren las consecuencias de la desaparición de sus familiares, son particularmente vulnerables a múltiples violaciones de los derechos humanos, incluida la sustitución de su identidad. En este contexto, el Comité hace especial hincapié en la necesidad de que el Estado parte integre perspectivas de género y enfoques adaptados a la sensibilidad de los niños y niñas en la implementación de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones derivados de la Convención. 48. Se alienta al Estado parte a que difunda ampliamente la Convención, su informe presentado en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, las respuestas escritas que ha facilitado en relación con la lista de cuestiones preparada por el Comité y las presentes observaciones finales para sensibilizar a las autoridades judiciales, legislativas y administrativas, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales que actúan en el Estado parte, así como a la población en general. Asimismo, el Comité alienta al Estado parte a que favorezca la participación de la sociedad civil, en particular las organizaciones de familiares de víctimas, en el proceso de implementación de las presentes observaciones finales.

49. De conformidad con su reglamento, el Comité solicita al Estado parte que facilite, a más tardar el 13 de febrero de 2016, información pertinente sobre la aplicación de las recomendaciones que figuran en los párrafos 18, 24 y 41.

50. En virtud del artículo 29, párrafo 4, de la Convención, el Comité solicita asimismo al Estado parte que presente, a más tardar el 13 de febrero de 2018, información concreta y actualizada acerca de la aplicación de todas sus recomendaciones, así como cualquier otra información nueva relativa al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención, en un documento elaborado con arreglo al párrafo 39 de las Directrices relativas a la forma y el contenido de los informes que deben presentar los Estados partes en virtud del artículo 29 de la Convención (CED/C/2). El Comité alienta al Estado parte a que, en el proceso de elaboración de esa información, fomente y facilite la participación de la sociedad civil, en particular de las organizaciones de familiares de víctimas.