Columna Invitada: LeyTelecom un arcón de regalos para Televisa por Javier Corral‏

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix HD/Redacción

El gobierno y sus aliados en el Senado de la República han decidido convocar a periodo extraordinario para aprobar la legislación secundaria en Telecomunicaciones, esta primera semana de julio. El proyecto es, presumiblemente, reglamentario de la reforma constitucional que se promulgó hace un año, pero en realidad en muchos aspectos es contrario a ésta. Se trata de una contrarreforma en su sentido más literal y jurídico: traiciona en sus objetivos más importantes el espíritu y la letra de la reforma constitucional que se presentó ante el mundo como el fin de los monopolios mediáticos, pero terminará fortaleciéndolos; es regresiva porque reduce varios de los principios constitucionales y otros francamente los ignora. Lo que viene es un golpe a la Constitución, se le vacían sus mandatos en la legislación.

La más reciente versión de ese proyecto confirma el fracaso del Estado para imponerse sobre los poderes fácticos. Es un estado fallido el que se descubre al leer las disposiciones que vuelven a otorgar a Televisa un arcón de regalos. La debilidad de una clase política que intentó enfrentar los monopolios mediáticos a través del consenso partidista en el Pacto por México, pero se dobló a la mitad de la jornada y no pudo consumar su valor en las leyes que concretan la voluntad. Son varias las razones que explican el sometimiento al poder de las televisoras.

Es increíble el desdén y la arrogancia de la clase política frente a la protesta y la exigencia sociales. Se insiste en mantener los aspectos más nocivos de esa contrarreforma presentada formalmente por Peña Nieto y diseñada por el monopolio televisivo.

El Frente por la Comunicación Democrática enlistó las regresiones y ausencias. Los derechos de las audiencias son muy limitados y deja a la autorregulación de los medios su cumplimiento. Vuelven a estar ausentes derechos básicos como el de réplica. En un absurdo legislativo se pretende que el IFT elabore lineamientos para su incorporación en los códigos de ética de los medios y propone sancionar a los defensores de las audiencias. El Estado no puede imponer a nadie una ética, y en todo caso las sanciones deben establecerse a los concesionarios de los medios, no a los defensores. Se violenta el artículo 28 de la Constitución al devolverle a la Secretaría de Gobernación la vigilancia y sanción en materia de transmisión de contenidos en radio y televisión, lo que de manera exclusiva y directa se le otorgó al órgano regulador autónomo y para lo cual la Constitución creó un consejo consultivo, previsto en el artículo 6°.

Contrastante con la forma en que se desconoce el legítimo derecho de los medios públicos y sociales para vender espacios publicitarios, así sea en mínima proporción de su programación, a la radiodifusión comercial se le incrementan a nivel de desvergüenza los tiempos de comercialización, un auténtico atentado contra las audiencias. Podrán pasar, particularmente la televisión, del actual 18% que tienen como límite, hasta un 38% o más del tiempo total de la programación, así como les dejan a su discrecionalidad la distribución de estos porcentajes en los horarios que a éstos más convengan. Y obviamente sin sanción alguna la propaganda presentada como información.

A la Secretaría de Gobernación deja el proyecto la administración de los Tiempos de Estado, cuando habíamos avanzado en una distribución proporcional y descentralizada, tanto por los Poderes de la Unión, como por los órganos constitucionales autónomos.

La gran ausencia del proyecto gubernamental, es la falta de un capítulo específico para los medios públicos que desarrolle de manera amplia y precisa los principios constitucionales establecidos en el artículo décimo transitorio del decreto, en cuanto a que deben contar con independencia editorial, autonomíaa de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales.

Y lo que fue pensado en el artículo sexto de la Constitución para ser un Sistema Público de Radiodifusión – para desplegar y operar al menos una cadena pública de televisión y una de radio, ambas con cobertura en todo el territorio nacional,- a la par de países del mundo democrático, está a punto de convertirse en un nuevo instrumento oficial del gobierno para desplegar sus afanes propagandísticos y de control informativo. Se le pone bajo el control del gobierno federal la dirección, gestión y operación de este importante organismo.

El titulo más regresivo del proyecto gubernamental es la ausencia de medidas efectivas para generar una mayor competencia, pluralidad y diversidad de medios; están ausentes los criterios y procedimientos para la desconcentración de frecuencias y reglas a la propiedad cruzada de medios, en sentido totalmente contrario a lo establecido en el artículo 28 de la Constitución. El proyecto es claramente protector de Televisa. La clave esencial se encuentra en la tramposa definición del concepto de preponderancia (el tamaño de la concentración que un agente económico tiene en un determinado mercado) para que sea definido por servicios y no por sectores, y a partir de ello se le puedan imponer las medidas necesarias para partirlo en su caso, o someterlo a una competencia efectiva.

El gobierno y Televisa quieren que sólo haya un preponderante por sector: uno para telecomunicaciones y uno para radiodifusión. El sector de las telecomunicaciones es en realidad un conjunto de servicios que son operados por distintos agentes: telefonía fija, móvil, internet y TV de paga. En radiodifusión: radio y televisión abierta. Esta pretensión tiene el propósito de proteger claramente a Televisa para dejarla libre de regulación en la televisión de paga donde tiene más del 60% de suscriptores, sumada la televisión satelital y por cable.

Bajo el concepto de “sector” Televisa no podría ser declarada preponderante ni en Televisión abierta, porque el criterio con el que se le mediría su tamaño es el de audiencia, y no tiene más del 50% de ese conjunto de servicios. Pero la protección es tan descarada que en el caso de que se le declarara preponderante en radiodifusión, las medidas que se le imponen no resisten la prueba de la risa, entre ellas la gravosa obligación de “acatar las disposiciones de la presente ley”. El proyecto es absolutamente desigual de la manera en que regula al preponderante en telecomunicaciones, a quien le impone las medidas necesarias, pero no así a los agentes preponderantes en radio y televisión.

En el arcón de regalos para Televisa con el que Peña Nieto quiere reforzar su hipoteca mercantil, se omiten criterios específicos para el establecimiento de reglas a la propiedad cruzada de medios, esto es, límites al acaparamiento de las distintas plataformas de transmisión de contenidos; en el capítulo de multiprogramación, que se refiere a la eventual autorización de señales adicionales a los mismos concesionarios, se les exenta del cobro obligatorio de una contraprestación, y no se desarrollan criterios para atender las condiciones de concentración en la zona geográfica de cobertura que corresponda, el derecho a la información de la ciudadanía en términos de la diversidad y pluralidad de medios, conforme lo dispone el artículo Tercero transitorio de la reforma constitucional.

La botella de Champagne en el Arcón, es el artículo noveno transitorio del proyecto, y es un “Taste of Diamons”. Cuando era un artículo sustantivo de la iniciativa lo bauticé como la “Cláusula Cablecom”, porque estaba dedicada la disposición a autorizarle a Televisa terminar de ejercer la compra de la empresa de Televisión de Cable así llamada. Ahora le hemos llamado “Cláusula Cablecom Reforzada”, porque le permitiría concentrar en ese mercado hasta el 100%. Constituye una inadmisible excepción al régimen de competencia económica, y se trata de uno de los frutos de la negociación entre un grupo de senadores del PRD y el Gobierno, aunque todavía no se logra saber quién fue específicamente el autor, ni quien puso la propuesta en la mesa.

Pero es inadmisible porque no puede haber regímenes de excepción en el tema de concentración de mercados, siempre debe existir autorización previa del Instituto. Es incongruente señalar que un requisito “para irse por la libre” es que no tenga por efecto disminuir, dañar o impedir la libre competencia y concurrencia. Cualquier concentración tiene un efecto negativo en la libre competencia.

Otras ausencias y achicamientos dan ventaja también a la Televisora en la que Peña Nieto inventó su imagen, construyó su candidatura y se hizo de la Presidencia. Contrario a lo que dispuso la Constitución de garantizar en la ley medidas para fomentar de manera efectiva la producción nacional independiente, el proyecto le da la vuelta con una definición de productor independiente que sirve para que las filiales o subsidiarias del duopolio se beneficien de la regla que les incrementa el tiempo de comercialización a quienes contraten al menos el 20% de la programación total a productores independientes.

Está pues planteada la batalla que viene, y el duro golpe que se anticipa a la Constitución. Por supuesto que el gobierno aprovechó la profunda división que las bancadas del PAN y el PRD tienen en el Senado con sus respectivas dirigencias nacionales y entre sí, para abrir flancos de negociación con algunos senadores, y no con los partidos. Buscó donde conseguir las negociaciones más baratas, y las obtuvo.

Cuando el PAN y el PRD quisieron retomar la negociación, reinstalando una mesa central, ya el gobierno había ganado la partida, porque no sólo tenía ya la mayoría con la oferta de votos de varios senadores del PAN que le ha hecho el Senador Javier Lozano – defensor a ultranza de Televisa -, sino habían conseguido algo mucho más importante, enviar el mensaje de que ya tenían al PRD – vía Miguel Barbosa – dándole el añorado toque de pluralidad al proyecto. De hecho, ese flanco de negociación perredista, sirvió de pretexto para afianzar la postura del grupo de Lozano y apresurar las cosas.

La mesa central, participando directamente los Presidentes nacionales de PAN y PRD, ya no pudieron mayor cosa, ni siquiera rescatarle al IFETEL sus facultades exclusivas y directas. Con las manos vacías, y arreciada la presión de las televisoras sobre ellos, Gustavo Madero se echó para atrás, mientras que Jesús Zambrano sacó la casta. Madero emitió un engañoso comunicado sobre el tema de la preponderancia, en donde ahora resulta que para él, estamos ante “un grave dilema”, “un intrincado tema técnico”, cuando la Constitución claramente señala servicios. A partir de la existencia de un “dilema”, en la que él se inclina por servicios, no hizo ninguna recomendación a los legisladores, aceptando que ambas partes tienen razón. Una pueril autorización para que algunos senadores panistas le den mayoría al gobierno en su contrarreforma.

Las televisoras están ganando nuevamente la batalla. Lo han logrado a través de senadores que son sus empleados y de otros que quieren la protección de su pantalla en relación con sus aspiraciones políticas futuras, el gobierno obtiene lo planeado: hacer cambios cosméticos al proyecto y dejar intocados los temas esenciales del acuerdo con Televisa. Saldrá un proyecto reforzado en regalos para Televisa, no importa que Enrique Peña Nieto haga el ridículo del sexenio como “salvador de México”, el que ofreció combatirlos y a menos de dos años de gobierno los vuelve a fortalecer. Frente a este panorama lo reitero: el regreso del PRI al poder confirma la regresión autoritaria tan temida, pero la mayor tragedia es la falta de una verdadera oposición frente a ello.

“Vivimos entre la inconsciencia de los pobres, la insensibilidad de los ricos y la frivolidad de la clase media. “Pedro Miguel, Navegaciones

” La Ignorancia y la Indiferencia eternizan nuestra esclavitud”
– Ricardo Flores Magón –

Panamá: Militarismo, democracia y derechos humanos

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix HD/Redacción/Marco A. Gandásegui h/ARGENPRESS

Hace pocos días un soldado norteamericano en ‘misión’ de entrenamiento de policías según los medios locales asesinó, en la provincia de Los Santos, a una joven panameña. Hay indicios que el soldado intentó esconder su acto criminal enterrando a la mujer. Estados Unidos invocó uno de los tantos acuerdos militares con Panamá para declarar al soldado un ‘agente diplomático’. Las autoridades panameñas entregaron el soldado a Estados Unidos y todo indica que no será juzgado por su supuesto crimen.

Esta es una de las tantas consecuencias negativas de la creciente militarización de Panamá, que se suma a la corrupción y a los radares perdidos. Me imagino que la primera pregunta del presidente Juan C. Varela, quien asumió el poder el martes, a sus asesores en ‘seguridad nacional’ fue ¿dónde están los radares que el gobierno del expresidente Martinelli le compró a una empresa cercana a Silvio Berlusconi en Italia? Los radares se han convertido en un escándalo que puede acabar con las carreras de muchos políticos en Italia y, a la vez, puede poner a Martinelli en el banquillo de acusados en ese país europeo.

Detrás de las historias de mal uso de fondos públicos, sexo y otros abusos se encuentra un verdadero peligro para Panamá. Se trata del creciente militarismo que los sectores gobernantes abanican sin considerar los resultados catastróficos que representa. En menos de cinco años, Washington estableció 12 bases aeronavales sobre las costas panameñas. Los militares norteamericanos también crearon un Ministerio de Seguridad Pública en Panamá con un presupuesto anual que se acerca a los mil millones dólares. Gran parte del presupuesto es invertido en la compra de armas, el entrenamiento de oficiales y soldados y otras actividades.

La formación de militares no puede ser objeto de un rechazo si es realizado para enfrentar a un enemigo que amenaza a Panamá. Pero el país no tiene enemigos, tenemos relaciones normales con nuestros vecinos y, lo más importante, no existen grupos insurgentes en el país. Entonces ¿al servició de quién están los militares que guardan nuestras fronteras y nuestras costas? La respuesta es sencilla: Es parte de la política exterior de Estados Unidos de construir una red de bases a escala mundial para resguardar lo que llama su seguridad nacional.

En 1946 cuando terminó la II Guerra Mundial, Estados Unidos le pidió a Panamá que nombrara a un militar como jefe de la Policía Nacional. Así llegó el entonces capitán José A. Remón a la cima del poder militar como peón de lo que sería el Comando Sur norteamericano acantonado en el Istmo. Remón después fue Presidente de la República y creó la Guardia Nacional que en 1968 dio el golpe militar.

¿Será casualidad que entre las primeras medidas del presidente Varela fue encumbrar a un militar como jefe de la Policía Nacional? Más bien parece que fue producto de una solicitud de Estados Unidos que dio un paso en firme en la militarización de la Policía Nacional. Otro elemento que tampoco es casualidad es mantener en sus cargos a los jefes del Servicio de Fronteras (SENAFRONT) y del Servicio Aeronaval (SENAN), instituciones militares.

Las contradicciones afloraron inmediatamente. El presidente Varela anunció que trasladaría 1000 efectivos del SENAFRONT a fortalecer a la Policía comunitaria de las ciudades de Panamá y Colón. Medida que es urgente ante el estado de abandono en que el gobierno pasado tenía a las ciudades terminales. Pero, su ministro de Seguridad Pública dijo pocos días después que trasladaría un fuerte contingente de soldados a la frontera con Colombia. Incluso, insinuó que su misión sería colaborar con el Ejército de Colombia (y de paso con Estados Unidos). Para saber cuáles son los planes del nuevo gobierno en materia de lo que llaman ‘seguridad nacional’, los panameños tenemos que consultar al Comando Sur de Estados Unidos.

La relación con Estados Unidos es asimétrica. En los últimos quince años nos han tapado con ‘acuerdos’ que nos imponen como si fueran parte de nuestro orden jurídico. Washington interpreta estos documentos que salen de su Embajada en Panamá de acuerdo con cada coyuntura. Obliga a Panamá a ceder su soberanía y pone a nuestros ‘soldados’ al servicio de sus intereses, abandonando los objetivos que señala claramente la Constitución de la República.

Hemos planteado que en Panamá no habrá democracia si seguimos sometidos a los intereses de un Ejército extranjero. También hemos señalado que un gobierno militar es por definición contrario a la democracia.

Columna Invitada: México: El bueno, el malo y el peor

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix HD/Redacción/Gerardo Fernández Casanova/ARGENPRESS.info

En plena era de la información lo que predomina es la confusión. El avance tecnológico permite el conocimiento casi instantáneo de lo que sucede en casi cualquier parte del mundo, aunque siempre determinado por el interés del proveedor de dicha información. El derecho a la información queda satisfecho en gran medida: todo mundo tiene acceso al conocimiento de la noticia. Lo que queda pendiente y con mucho es el derecho y la capacidad de informar. Este, que debería ser la preocupación central de la legislación en materia de telecomunicaciones, es soslayado e ignorado en la actual discusión legislativa en la materia.

El afán por destruir el poder mediático quedó en calidad de quimera, mientras que la terca realidad se impone sobre el intento democratizador para confirmarle a la derecha el monopolio de la información masiva. Al común de la gente sólo nos queda el derecho de descreer o de creer lo contrario de lo que se divulga por los medios, aunque la mayoría se concreta a dar por bueno lo que aparece en la televisión. La realidad absoluta no existe; todo depende del cristal con que se mire y la derecha tiene el monopolio del cristal, sólo el suyo cuenta para generar la información. Todos los recursos tecnológicos para informar se prostituyen para desinformar. La confusión cunde.

Michoacán es el mejor ejemplo del imperio de la confusión. Desde luego que hay buenos y hay malos, pero nadie sabe, a ciencia cierta, quiénes son lo uno o lo otro. El caso del Dr. Mireles es emblemático: en muy breve plazo ha pasado de una frontera a la otra en ambos sentidos; hoy le toca ser el malo y está recluido en un penal de alta seguridad como el peor de los malhechores; hace unos meses era el campeón de la lucha por la seguridad. El único elemento de que dispongo para creer que es de los buenos es el hecho de que el gobierno lo coloca entre los malos. Igual me pasa con el famoso cabecilla apodado “la Tuta”, cuya transformación ha seguido el paso de ser un delincuente a perseguir a convertirse en un enemigo a eliminar, peor que el famoso Chapo Guzmán o los Zetas. Mireles se afana por acabar con la Tuta, es encarcelado y se genera una reacción popular demandando su libertad. La Tuta es perseguido por todos y no logran su captura o su eliminación, seguramente por que cuenta con algún respaldo de la población. Cuál es el bueno y cuál el malo, la verdad “quién sabe”.

Lo que me queda claro es quién es el peor. El gobierno federal y su comisionado, el virrey Castillo, que disponen del monopolio de la violencia legítima, tendrían que ser los primeros en respetar el estado de derecho y ser transparentes en su actuación. Nada más lejos de lo que en realidad acontece. El Sr. Castillo, frustrado técnico penalista, recibe la encomienda política de restablecer la paz y la seguridad en Michoacán, sin contar con la más mínima experiencia para hacerlo. Como mal técnico supone que la política es el arte de saber engañar a los demás y en tal suerte actúa, en absoluta violación al derecho y a la ética. Manipula la ley y la información a su antojo y sin responsabilidad. El resultado es obvio: Michoacán es un desastre y va por más.

Cambio de tema, aunque no de materia. Los pasados lunes y martes se realizó en México la reunión del Consejo de la Internacional Socialista (IS), evento que sería inaugurado por Peña Nieto según había anunciado el PRI, miembro junto con el PRD del organismo mundial. Parece que no fue así y digo “parece” porque el evento pasó casi desapercibido por la prensa mexicana. El asunto es que, para abundar en el manejo de la confusión, el gobierno mexicano, y por ende su partido, es campeón del capitalismo neoliberal, miembro acucioso de la OCDE que es, por decirlo de algún modo, la internacional capitalista, diametralmente opuesta a la socialista, pero el PRI es formalmente miembro de la IS. El que lo entienda que lo explique, por favor.

Malo pudiera ser el tal Robben que, haciendo honor a su apellido, nos robó la posibilidad de triunfo sobre la escuadra holandesa en el mundial de fútbol; con un clavado simuló un inexistente foul que el árbitro decretó en tiro penal que ni Memo Ochoa, el bueno, pudo parar. Ni modo.