Insisten en que Corte se pronuncie sobre penalización del aborto

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INTERNACIONAL
Insisten en que Corte se pronuncie sobre penalización del aborto
Tras 7 años, organizaciones nicaragüenses exigen una resolución

Nelson Rodríguez, corresponsal
Nelson Rodríguez, corresponsal

La restitución del aborto terapéutico, presupuesto para prevenir la violencia, servicios de salud de calidad, verdadera participación ciudadana, educación sexual en los colegios, acceso a la justicia, crédito para las mujeres del campo y empleo digno, fueron algunas de las demandas que exigió el movimiento amplio de mujeres de Nicaragua al conmemorar el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer.

Activistas entregaron un documento a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en demanda de que se pronuncie sobre los recursos por inconstitucionalidad presentados hace siete años, en contra de la penalización del aborto terapéutico.

El abogado Gonzalo Carrión, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) e integrante del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico (GEDAT), dijo que no se cansarán en reclamar este derecho: “En cada oportunidad y en cualquier espacio se lo vamos a reclamar al Estado y especialmente a la Corte para que se pronuncien”.

El secretario de la CSJ, Rubén Montenegro, al recibir el documento del GEDAT justificó que los magistrados se están dando su tiempo por tratarse de un tema muy delicado.

Elia Palacios, del GEDAT, dijo que desde 2007 introdujeron un recurso ante el Poder Judicial, luego insistieron con otro en 2008 sin tener respuesta, pero van a continuar demandando una resolución. Al igual que el GEDAT, decenas de mujeres presentaron también sus recursos pero siguen esperando respuesta.

“Hay mujeres que han muerto por falta de practicarse un aborto terapéutico”, dijo Palacios, pero lamentablemente no existen datos estadísticos porque el Estado los esconde. “Lo que no le conviene lo maquilla o lo invisibiliza”, insistió la activista de Derechos Humanos.

Lamentablemente el Estado oculta la información sobre las muertes maternas o no las registran como tales, coincidió Ana Quiroz, del Centro de Información en Servicios de Salud (Cisas).

No hay seguimiento a los casos de las muertes maternas sobre las causas y las consecuencias, falta un modelo basado en la prevención, además de que el gasto real en salud pública se ha disminuido en los últimos años, expresó Quiroz.

Recientemente estuvo en Nicaragua la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quien elogió el modelo de salud comunitaria que aplica el gobierno y consideró que ha dado buenos resultados en materia de salud para las mujeres.

La apreciación de la OPS es sesgada, ya que sólo se entrevistó con funcionarios del Estado; en realidad ese modelo comunitario no existe realmente y la participación de las mujeres está limitada al partido político del gobierno, comentó Quiroz.

Este 8 de marzo las mujeres demandaron una verdadera participación ciudadana en todos los ámbitos, porque si bien se ha avanzado en el marco jurídico, en la práctica hace falta, señaló.

En esta misma línea se pronunció Virginia Meneses, de Cladem-Nicaragua: “Es lamentable que la OPS sólo viera una cara de la moneda, pero también es comprensible porque es un organismo regional ligado a los Estados”.

Meneses dijo que el 8 de marzo las mujeres organizadas demandaron un diálogo con el gobierno, y que les brinde la información oficial cuando la requieran.

Este año la CSJ abrió el Observatorio de Violencia, el cual está incluido como una de las acciones de la Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres (Ley 779).

También funcionarios del Estado anunciaron la creación de las Comisarías de la Mujer en los municipios donde no existen, y la Policía Nacional (PN) se ha encargado también de divulgar la Ley 779.

Sin embargo, la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) denunció que según el análisis de la información de la PN y el Instituto de Medicina Legal, entre 2006 y 2012 se registraron 34 mil 127 denuncias de todo tipo de violencia contra las mujeres, pero sólo hubo 9 mil detenidos. CDD cuestionó qué pasó con la justicia para las 25 mil 174 víctimas restantes.

Nada que festejar este 8 de marzo: defensoras

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix HD/CimacNoticias/por: Anaiz Zamora Márquez

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DERECHOS HUMANOS
Nada que festejar este 8 de marzo: defensoras
Llaman a organizarse y defender derechos vulnerados

CIMACFoto: César Martínez López
CIMACFoto: César Martínez López

Con la conciencia clara de que este 8 de marzo Día Internacional de la Mujer no hubo nada que celebrar, ya que las mexicanas aún son vistas como objetos, criminalizadas por ejercer su derecho a decidir, y asesinadas por el sólo hecho de ser mujeres, activistas se reunieron para analizar retos pendientes en aras de la igualdad de género.
 
El Salón Esperanza del restaurante El Cardenal, en esta capital, fue sede del evento conmemorativo organizado el sábado 8 de marzo por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).
 
Defensoras de los derechos de las mujeres se reunieron con las y los integrantes de la asociación, que desde el ámbito legal ha acompañado y defendido los movimientos de resistencia y exigencia de justicia de las mexicanas.
 
Al inaugurar el acto, Karla Micheel Salas, presidenta de la ANAD, dijo que el movimiento que las mujeres sindicalistas iniciaron en defensa de sus derechos laborales en el siglo XIX aún no ha terminado, y por el contrario debe de ampliarse pues a las trabajadoras se les siguen negando sus garantías mínimas, como es el derecho a una vida libre de violencia o al empleo digno.  
 
Destacó que el movimiento feminista logró modificar o en su caso crear leyes a favor de las mujeres, pero con el paso del tiempo éstas se han quedado sólo en el papel, pues en los juzgados persiste una visión estereotipada y sin perspectiva de género, en la que “el dicho de las mujeres no tiene valor”, tal y como ocurrió en el reciente caso de la joven Yakiri Rubio Aupart, víctima de violación y acusada del homicidio de su agresor.
 
Tal situación, advirtió Salas, ayuda a incrementar las cifras de violencia contra las mujeres. También denunció en México una de cada cuatro mujeres es víctima de violencia sexual, y el 85 por ciento de ellas “fueron agredidas por personas que se suponía tendrían que cuidar de ellas, lo que demuestra que no existe un lugar donde puedan estar completamente seguras”.
 
Finalmente, aclaró, el 8 de marzo tampoco debe ser visto como un día de lamento, sino como recordatorio a los poderes, gobierno y el resto de la sociedad de que las mujeres somos humanas y seguiremos resistiendo y defendiendo nuestros derechos.
 
Teresa Ulloa, directora regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Contra la Trata de Mujeres y Niñas (CATWLAC, por sus siglas en inglés), recordó que desde hace varias décadas las feministas emprendieron una lucha para lograr que se reconocieran las agresiones y violaciones sexuales maritales como delitos, y para visibilizar que la trata de personas afecta en mayor medida a mujeres y niñas.
 
Edith Ramírez Ramírez, directora de Equidad y Género de la ANAD, criticó que las decisiones de las mujeres sobre sus cuerpos, sexualidad y maternidad sean criminalizadas, pues al mismo tiempo que se penaliza su derecho a interrumpir un embarazo, se castiga de manera menos notoria a quienes deciden ejercer su maternidad.
 
Explicó que en las mujeres recae la carga de trabajo doméstico, el cuidado de las y los hijos, y en muchos casos enfrentan discriminación laboral durante su embarazo. Igualmente, si deciden o se ven obligadas a seguir trabajando tampoco acceden a servicios como guarderías, horarios laborales adecuados o prestaciones.
 
María Juárez González, esposa de Armando Gerónimo Rafael, desaparecido en Cherán, Michoacan, en 2011, por intentar detener a los talamontes, dijo que ante la injusticia y el miedo las mujeres no pueden darse por vencidas, sino empezar movimientos de defensa para beneficiar a sus comunidades e inspirar a otras mexicanas.
 
Mariana Flores, joven que en 2010 con apenas 18 años decidió alzar la voz y denunciar la violencia en San Juan Copala, Oaxaca, invitó a las y los presentes a recordar que los cuerpos de las mujeres en muchas ocasiones “han pagado la factura”, por lo que la exigencia de justicia no se debe detener hasta que todos los crímenes y delitos sean aclarados.

Agreden a defensora de los derechos políticos de las oaxaqueñas

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix HD/CimacNoticias/por: Citlalli López Velázquez, corresponsal

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POLÍTICA
Agreden a defensora de los derechos políticos de las oaxaqueñas
Abigaíl Vasconcelos destacaba fallo favorable del TEPJF

CIMACFoto: Citlalli López Velázquez
CIMACFoto: Citlalli López Velázquez

Abigaíl Vasconcelos Castellanos, defensora de los derechos políticos de las oaxaqueñas, fue agredida por un grupo de mujeres cercanas al síndico municipal de San Bartolo Coyotepec, Máximo Martínez.

Vasconcelos Castellanos fue atacada física y verbalmente durante la conferencia de prensa a la que convocó, para dar a conocer el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) realizar comicios extraordinarios en Coyotepec a fin de que las mujeres puedan aspirar a todos los cargos de elección popular.

La vocera del grupo de Mujeres en Defensa del Voto 20 de Octubre calificó el fallo como histórico, al ser la primera vez en la que hay un posicionamiento por el derecho político de las mujeres de comunidades indígenas.

En octubre de 2013, mujeres de Coyotepec interpusieron un juicio de protección de derechos políticos, luego de que en una asamblea comunitaria, entre gritos e insultos de los líderes comunitarios, se les impidió participar como candidatas. El fallo del TEPJF anula la elección de concejales del ayuntamiento.

En la rueda de prensa, Abigaíl Vasconcelos denunció que el pasado jueves 6 de marzo, durante una asamblea comunitaria, un grupo de personas acordó iniciar una campaña de hostigamiento en contra de quienes a través del juicio de protección de derechos políticos lograron la anulación de los comicios.

“No es un capricho del Tribunal Electoral, es el respeto a la Constitución luego de que fue vulnerado el derecho de las mujeres. No sólo el derecho constitucional sino el derecho internacional”, explicó.

La indígena señaló que tras ganar el fallo “es lógico que las mujeres busquemos cargos, aunque será decisión del pueblo. En San Bartolo Coyotepec hay mujeres muy brillantes e inteligentes con capacidad de dirigir el pueblo”, destacó.

Fue en ese momento que un grupo de mujeres lideradas por Mayora Andrés Calderón y Rocío Nieto Andrés, cuñada y sobrina del revocado síndico Maximo Martínez, irrumpieron con violencia en un restaurante ubicado en el zócalo de la ciudad de Oaxaca.

Primero con consignas y luego entre empujones y manotazos, las mujeres hicieron que Vasconcelos Castellanos dejara la mesa en la que se encontraba.

Al levantarse de su lugar, acompañada por el abogado que acompañó el recurso, fue agredida físicamente por una de las manifestantes así como por una de las familiares del síndico.

Institutos de la Mujer, alfiles del gobernador

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix HD/CimacNoticias/por:Anayeli García Martínez y Anaiz Zamora Márquez

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REPORTAJE
Institutos de la Mujer, alfiles del gobernador
Por vacíos legales son designadas por “dedazo”

CIMACFoto: César Martínez López
CIMACFoto: César Martínez López

El desprecio de los gobiernos hacia los mecanismos para el adelanto de la población femenina es tal, que ni siquiera establecen garantías para que sean encabezados por mujeres capaces.

Las titulares de los mecanismos para el adelanto de las mujeres son designadas por los ejecutivos estatales, y por tanto son afines al gobierno local o familiares de algún político, y carecen de habilidades administrativas o conocimientos de los derechos femeninos, lo que denota un desinterés de las autoridades hacia las instituciones promotoras de las políticas de género.

Lo grave de que las funcionarias sean elegidas por “dedazo” (imposición) –coinciden investigadoras y activistas–, es que cuando la directora de la instancia no cubre el perfil, su posición será apegada al gobierno en turno y carecerá de una agenda propia.

El papel de las directoras es importante, ya que a decir de la investigadora del Centro de Estudios Sociológicos del Colmex María Luisa Tarrés, las acciones de los mecanismos dependen de la calidad de los vínculos que sus responsables tengan con el gobierno y la sociedad civil locales.

En su artículo “Reflexiones sobre el feminismo y los institutos de las mujeres”, Tarrés explica que además de la trayectoria de las dirigentes, también entra en juego su postura partidaria, sus interpretaciones sobre el género y la estructura administrativa, ya que tendrán que trabajar conforme lo dicte la instancia de quien dependan.

Si bien en el Inmujeres por ley hay un método de elección y un perfil definido para su presidenta, en los estados no hay lineamientos que garanticen a la titular más capaz.

En el caso del Instituto de la Mujer Guanajuatense (Imug), el gobernador elige a la directora que de entrada debe ser panista (por ser el PAN el partido hegemónico en la entidad).

En opinión de Maribel Arellanes, feminista e impulsora del Imug en 2001, pareciera que la titular debe dedicarse al tema de “la belleza”.

Y es que la actual directora del instituto es Adriana Rodríguez Vizcarra, quien fundó un grupo de promotoras de una marca de cosméticos. Según Arellanes, si bien esto es una fuente de trabajo para muchas mujeres, en la realidad no responde a una agenda de género.

SIN CUMPLIR PERFILES

Para las activistas, estar al frente de estas instancias no es menor, pues la presidenta debe atender tareas como administrar y representar legalmente al instituto, instrumentar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos, formular programas y presupuestos, y si bien tiene todo un equipo, la titular es la cara visible de todo el proceso.

Otro caso donde no importa el perfil es el de la vocal ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (Cemybs) del Estado de México. En este caso, la instancia no es exclusiva para impulsar políticas de género, pues también atiende a otros grupos de la población y no está sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, por lo que depende del Ejecutivo estatal.

La actual titular del Cemybs, la priísta María Mercedes Colín Guadarrama, es contadora pública y fue alcaldesa de Amanalco y diputada local, cargo en el que trabajó temas como fiscalización, planeación, recursos naturales y migración.

Aunque debería sobresalir por su desempeño en las áreas de igualdad, una de sus funciones más relevantes fue como subsecretaria del Medio Ambiente estatal de 2009 a 2011.

A decir de Gabriela Delgado Ballesteros, feminista e investigadora  de la UNAM, los institutos de la Mujer son usados como herramienta de proselitismo político, y por ello la persona a quien se le asigna la dirección depende de “acuerdos políticos o de las necesidades de los gobernadores”.

Otra designación por “dedazo” fue la de Sasil Dora de León Villard, titular de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres de Chiapas (Sedem), en mayo de 2013. Antes de este cargo, De León fue diputada local por el PVEM.

Martha Figueroa Mier, directora del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, dice que a la titular no le interesa colocar en la agenda las problemáticas de las mujeres.

Como ejemplo, menciona que ante las denuncias de violencia de género –que cobró la vida de 90 mujeres en 2013 y 97 en 2012–, De León se limitó a regalar flores y bolsas del mandado a las chiapanecas, para “felicitarlas” por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, celebrado el pasado 25 de noviembre.

En Chihuahua, las organizaciones civiles acusan que las titulares del Instituto Chihuahuense de la Mujer están apartadas de las demandas femeninas, y se mantienen ajenas a problemas como el feminicidio.

Por ello solicitaron la renuncia de Luisa Fernanda Camberos Revilla, directora de 2006 a 2010, por considerar que sólo seguía la línea de los gobiernos federal y estatal de intentar ocultar la violencia de género en la entidad.

Camberos Revilla fue testigo del Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, durante el juicio por el caso Campo Algodonero, y en lugar de admitir la negligencia del gobierno de Ciudad Juárez, aseguró que desde su instituto se implementaban programas a favor de las mujeres.

Asimismo omitió mencionar que en 2008 se cortaron las becas que entregaba a hijas e hijos de madres víctimas de violencia.

La ex funcionaria, identificada por promover los valores familiares, ahora forma parte del Consejo Consultivo del instituto actualmente dirigido por Emma Saldaña Lobera.

En este contexto, Delgado Ballesteros destaca que se debe transitar a una nueva concepción de lo que es una política pública a favor de las mexicanas, pues los mecanismos actualmente son asistenciales y no consolidan programas o políticas para el desarrollo de las mujeres.