Exigen paridad de género “sin regateos”

STAFF:Matrix Noticias/CimacNoticias/CanalMatrix/por: Anayeli García Martínez

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POLÍTICA
Exigen paridad de género “sin regateos”
Primer paso, que partidos integren a mujeres en dirigencias
 
México, DF, 28 sep 13 (Cimacnoticias).- La consejera del Partido Acción Nacional (PAN) María Elena Álvarez Bernal afirmó que a 60 años de que se reconoció el derecho al voto femenino, ha llegado la hora de que las mexicanas exijan la paridad en las dirigencias de los partidos y en las candidaturas a diputaciones y senadurías, ya que no se puede esperar que pase una década más sin que se concrete este derecho.
 
La ex secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres dijo que no se puede ser condescendientes en este tema y aunque reconoció que muchos de los cambios históricos que beneficiaron a las ciudadanas fueron resultado de circunstancias determinadas,  explicó que el aumento de la participación política femenina necesita del impulso de todas y todos.
 
Al participar en un foro organizado por dependencias federales para conmemorar el 60 aniversario del sufragio femenino, que se celebra el próximo 17 de octubre, la ex diputada federal afirmó que para que las mujeres tengan espacios en la política el primer paso es que los partidos tengan disposiciones que faciliten la integración de las militantes en sus órganos de dirección.
 
Álvarez Bernal aseguró que como aún falta el aval de los estados y la reglamentación de las candidaturas ciudadanas –aprobadas el pasado 19 de septiembre por la Cámara de Diputados a través de una reforma constitucional–, los partidos son la única vía para que las mujeres lleguen al poder, por lo que –apuntó– los recursos para la capacitación juegan un papel importante porque a través de esta formación salen las líderes.
 
Mencionó que la capacitación junto con las cuotas de género facilitan la inclusión de las mujeres en la esfera política, y por tanto consideró que las militantes tienen una tarea fundamental para hacer que estos mecanismos sean eficaces, pues aunque a veces se cumple el porcentaje ellas son “ministras sin cartera”, porque no tienen ningún cargo significativo.
 
“Tenemos que estar luchando para que las mujeres ocupen realmente cargos eficaces, que tomen decisiones, que actúen dentro de los partidos porque es ahí donde se deciden las candidaturas; no podemos luchar por nuestra candidatura si el partido no nos apoya”, reclamó.
 
La doctora en Ciencias Políticas por la UNAM agregó que a 60 años de que se reconociera el voto femenino es un hecho que las mujeres salen a las urnas y que ellas son poco más de la mitad del electorado, sin embargo –sostuvo– ahora el punto trascendental es tener más mujeres candidatas y en los cargos públicos.
 
Por ello llamó a exigir la paridad en las candidaturas, es decir, que se postule 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de hombres a cargos de elección. “Vamos por la paridad absoluta sin regateos  porque el mismo trabajo que nos cuesta el 30 o el 40 (por ciento) nos va a costar la paridad, pero será una lucha definitiva”, recalcó.
 
La panista llamó a las legisladoras a asumir ese compromiso, pues aseguró que en la política los espacios se abrirán con la paridad sin excepciones, por lo que instó a hacer obligatorio este principio en los partidos políticos y en las alianzas partidistas, y no dejar posibilidad de que se simule o evada.

Premian Alemania y Francia a defensora Felícitas Martínez

STAFF:Matrix Noticias/CimacNoticias/CanalMatrix/por: María Huerta

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DERECHOS HUMANOS

Premian Alemania y Francia a defensora Felícitas Martínez
Le dan mención honorífica por su labor a favor de las mujeres

México, DF, 28 sep 13 (Cimacnoticias).- Defensoras de Derechos Humanos (DH) de Guerrero y Oaxaca recibieron mención honorífica en la primera edición del Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos Gilberto Bosques.

En una ceremonia anoche, la guerrerense Felícitas Martínez Solano, defensora indígena de los derechos reproductivos de las mujeres, y la organización oaxaqueña CódiceDH, que desde 2006 lucha por justicia para las víctimas de violaciones a los DH cometidas por el gobierno de Ulises Ruiz, recibieron la mención honorífica, en tanto que el Premio de Derechos Humanos Gilberto Bosques se otorgó a Tomás González Castillo, director de la casa del migrante “La 72”, ubicada en Tenosique, Tabasco.

En el marco de la conmemoración de los 65 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU y por el cincuentenario del Tratado del Elíseo, con el que se refrendó la amistad entre Alemania y Francia, las embajadas de ambos países en México crearon el Premio Gilberto Bosques.

Durante la ceremonia en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se reconoció el trabajo de las personas defensoras de DH en nuestro país.

Felícitas Martínez Solano ha colaborado en varias organizaciones humanitarias, entre las que destacan la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), de Guerrero, y Kinal Antzetik, especializada en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

En su intervención, la embajadora de Francia en México, Elisabeth Beton Delengue, recordó la importancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues –dijo– con ella se busca frenar la tentación de minar los DH, derechos que le pertenecen a la humanidad entera y son indivisibles.

Reconoció que para defender tales garantías se necesita una sociedad civil vigorosa, así como mecanismos adecuados para garantizar el respeto de esos derechos. La embajadora francesa aseguró que se deben escuchar y atender las voces que exigen respeto para la dignidad humana y una mayor democracia.

En su turno, fray Tomas González Castillo, director de “La 72”, dedicó el premio al indígena chiapaneco Alberto Patishtán, preso desde hace 13 años acusado del asesinato de siete policías en el año 2000.

Al referirse a la población migrante que cruza por nuestro país, Tomas González aseguró que estas mujeres y hombres están siendo “despiadadamente eliminados”. Se trata –consideró– de un “pueblo insurrecto” que desafía las leyes y atraviesa fronteras en busca de  lo que en sus países no encuentran.

El embajador de Alemania en México, Edmund Duckwitz, explicó que el premio busca reconocer a las personas o grupos defensores de los DH, así como la paz, la solidaridad y la justicia que encarnó Gilberto Bosques, quien como cónsul general de nuestro país en Francia entre 1939 y 1944, ayudó a escapar a 40 mil personas de los regímenes nazis y fascistas de aquella época.

“Bosques mostró con su intervención en esos tiempos difíciles, y apostando su propia vida, gran valor y un gran sentido humanitario hacia aquellos que eran víctimas de la opresión y la persecución”, destacó Duckwitz.

OPINIÓN: A expensas del sistema

STAFF:Matrix Noticias/CimacNoticias/CanalMatrix/por: Irmalicia Velásquez Nimatuj

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OPINIÓN
 A expensas del sistema
 
Por mantener una infraestructura del poder en Guatemala, que sigue respondiendo en gran medida al Estado cafetalero de fines del siglo XIX, es difícil encontrar un informe que señale que la situación de vida de la mayoría de mujeres indígenas, población clave del país, ha mejorado colectivamente aunque sea de manera lenta en las últimas décadas.
 
En la realidad cotidiana ellas siguen siendo masas de trabajadoras con bajos niveles educativos, mínima formación, con desconocimiento de sus derechos y sin acceso a las garantías básicas, y terminan a expensas de lo que el sistema requiere porque sólo poseen sus brazos para laborar en fincas, maquilas o en casas particulares como servicio doméstico.
 
Los casos esporádicos de mujeres indígenas que han logrado romper los círculos de explotación –provenientes en su mayoría de áreas urbanas– son pocos y responden principalmente a proyectos personales y familiares de largo plazo, y además son excepciones por lo que, aunque trascendentes, no son la regla.
 
A lo anterior hay que agregar dos elementos para tener un retrato complejo de las exclusiones que han enfrentado las mujeres indígenas: la violencia sexual y doméstica que vivieron colectivos femeninos durante el conflicto armado interno.
 
Dos ejemplos son testimonio. El primero corresponde a las mujeres de Sepur Zarco, departamento de Izabal, que en septiembre de 2012 denunciaron que durante seis años vivieron esclavitud sexual y doméstica en los destacamentos militares en esa región.
 
El segundo se refiere al colectivo de mujeres ixil que declaró este año como parte del proceso contra los generales Efraín Ríos Montt y Mauricio Sánchez, sobre las atrocidades sexuales a las que fueron sometidas por miembros del Ejército durante los ataques y destrucción a sus comunidades.
 
Fuera de estos dos hechos históricos, la situación de exclusión de las mujeres indígenas rurales pobres que han tenido poco o nulo acceso a la educación formal es dramática.
 
Ellas no han sido atendidas por la institucionalidad –la Defensoría de la Mujer Indígena (Demi) y la Comisión contra la Discriminación y el Racismo (Codisra)– creada para atender las brechas de injusticia que las separa del resto de las mujeres del país.
 
Tales entidades no tienen el impacto esperado precisamente porque carecen de autonomía al quedar ligadas a la Presidencia, la cual decide la agenda que deben priorizar con un presupuesto que cada vez es más raquítico y que depende casi en su totalidad de la cooperación internacional.
 
En momentos en los que tenemos acceso a suficiente información sobre la realidad de las mujeres rurales, es claro que dos puntos son importantes para cambiar el estado de situación.
 
El primero: la transformación estructural del Estado, porque no se puede seguir pensando que pequeños cambios cosméticos o folclóricos serán la solución; eso sólo ha mantenido en la línea de la agonía a cada vez más mujeres indígenas de diferentes edades.
 
El segundo: la resistencia que ellas deben seguir demandando, cultivando y fortaleciendo, que nace del uso y el manejo del conocimiento crítico que se les ha negado, pero que es necesario retomar; aquí se trata de usar las mismas reglas que han servido para oprimirlas para que usadas por ellas mismas puedan servirles para preparar defensas de vida dignas, justas y humanas para ellas y sus descendientes.
 
*Texto retomado de la revista feminista La Cuerda de Guatemala.
**Periodista y antropóloga quiché.

Aguardan reforma que dé seguridad social a parejas del mismo sexo

STAFF:Matrix Noticias/CimacNoticias/CanalMatrix/por: Nadia Altamirano Díaz, corresponsal

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DERECHOS HUMANOS
Aguardan reforma que dé seguridad social a parejas del mismo sexo
Se deben modificar leyes de IMSS e ISSSTE: De la Peña
 
Oaxaca, 28 sep 13 (Cimacnoticias).- Su decisión de amar a una mujer ha llevado a Karina a enfrentar diversos obstáculos, desde la discriminación de sus familiares hasta las limitaciones que las instituciones le han puesto en el ejercicio pleno de sus derechos.
 
Aunque en diciembre pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le otorgó a Karina y a su pareja un amparo que mandata a las autoridades oaxaqueñas a permitirles contraer matrimonio, todavía le falta iniciar otra batalla legal si quiere inscribir a su cónyuge como beneficiaria en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
 
Las adecuaciones legales que en 2009 hizo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al igual que los juicios de amparo otorgados por la SCJN en Oaxaca, Colima, Yucatán y Chihuahua, permitieron que parejas del mismo sexo contrajeran matrimonio, pero el IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) les niegan su derecho a solicitar la inclusión de sus familias, ya que ninguno reconoce los matrimonios o concubinatos que no sean entre heterosexuales.
 
La falta de adecuación en las leyes de ambos institutos, pero sobre todo la contradicción con los principios de la Constitución y de diversos tratados internacionales que enuncian el derecho a la igualdad, dieron pie a que la senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Angélica de la Peña Gómez presentara ante la Cámara alta una iniciativa que reforma y adiciona las leyes del IMSS y el ISSSTE. El fin es brindar seguridad social a parejas del mismo sexo.
 
“Es absurdo, todas las personas pagamos impuestos por igual, al momento del cobro no nos preguntan si somos heterosexuales o no. Si para las obligaciones somos iguales, para el ejercicio de los derechos también debemos serlo”, consideró la legisladora, quien sólo encuentra explicación a la discriminación por orientación sexual en la doble moral que aún prevalece en el país.
 
Sostuvo además que en el caso particular del IMSS prevalece el prejuicio de que las parejas del mismo sexo, sobre todo mujeres, pueden “trampear” argumentando que viven en concubinato cuando en realidad una amiga quiere ayudar a otra, lo que a su parecer es “un prejuicio que crea un perjuicio”, ya que este tipo de datos falsos los pueden presentar también parejas heterosexuales o independientemente a la orientación sexual.

Para quien preside la Comisión de Derechos Humanos en el Senado y es secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género, la iniciativa que presentó al Pleno el pasado 10 de septiembre acoge las demandas del movimiento de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersex (LGBTTTI).

 
La propuesta retoma también los amparos con los que el Poder Judicial ha favorecido a parejas del mismo sexo casadas en el Distrito Federal, a quienes se les negó la inscripción de las y los respectivos cónyuges porque la concepción de “familia” no se refiere o limita a la familia nuclear, sino que la protección de ésta debe cubrir todas sus formas y manifestaciones, incluyendo a aquellas que se constituyan con el matrimonio entre personas del mismo sexo.
 
“Sé que se han resuelto alrededor de cuatro amparos en el ISSSTE y que en el caso del IMSS hay resistencias, por eso es importante que se determine explícitamente en las leyes de ambos institutos y que las autoridades simplemente acaten estas adecuaciones”, expresó en entrevista la senadora perredista.
 
La aspiración es que estas reformas, que podrían ser aprobadas en el actual periodo ordinario, impidan discriminación alguna para personas del mismo sexo que decidan inscribir como beneficiarias a sus parejas, sin que les exijan algún otro requisito distinto al que solicitan a las parejas heterosexuales.
 
En concreto la iniciativa propone reformar las fracciones II, III, IV, V y VI del artículo 64 de la Ley del IMSS; así como los artículos 65, 66, 84, 93, 127, 130, 134, 135, 138, 144, 171, 201 y 205 y derogar el segundo párrafo del artículo 130 de la misma ley, para que las familias de las parejas del mismo sexo no sean excluidas de ejercer su derecho a contar con asistencia médica y tener garantizado la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de la familia.

CONGRUENCIA JURÍDICA

 
En opinión del abogado Alex Alí Méndez Díaz, quien ha promovido amparos en siete entidades del país para que parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, los casos en los que la SCJN ha ordenado al IMSS y al ISSSTE la inscripción de beneficiarias o beneficiarios cuando son parejas no heterosexuales deben influir para que las y los senadores aprueben la iniciativa promovida por De la Peña.

La decisión que tienen en sus manos no es de carácter político, ya que se busca lograr una congruencia en el sistema jurídico mexicano con relación a los últimos cambios jurisprudenciales en lo que hace al Derecho familiar, dijo el también integrante del Frente Oaxaqueño por el Respeto y el Reconocimiento de la Diversidad Sexual.
 
Desde la experiencia que tiene en la lucha por la no discriminación, estas reformas no van a reconocerle nuevos derechos a las parejas del mismo sexo que contraigan matrimonio en el DF o tras promover un amparo, sino que les ahorrará el tener que tramitar un juicio de amparo para acceder a los beneficios de la seguridad social.
 
Mientras no haya el cambio a la ley y voluntad de las autoridades administrativas de interpretar las normas en atención al principio de igualdad y no discriminación, será necesario el trámite del juicio de amparo para hacer efectivos esos derechos.
 
Por ahora Karina no sabe si destinará esfuerzo y dinero a promover un juicio de amparo que en su momento le permita inscribir como beneficiaria a su pareja, con quien se casará en diciembre próximo.
 
El trabajo semiformal como diseñadora de muebles para una empresa de nueva creación no le otorga toda las prestaciones de ley a Karina, quien no ha cesado en la exigencia de que su patrón la inscriba en el IMSS, algo que quizá ocurra en octubre, antes de su matrimonio.
 
Que Karina pueda otorgarle a su pareja el beneficio de la seguridad social una vez que tenga IMSS es algo que les inquieta. Ambas saben que quizá tengan que recurrir a un segundo amparo, pero aún no sabe el costo ni el desgaste que ello conlleve. Toda su lucha ha sido “de clóset”, de bajo perfil. Sin embargo está dispuesta a intentarlo primero en el IMSS.
 
“Definitivamente no creo que en el IMSS me permitan darla de alta ni que la ley haya cambiado para entonces, pero no espero una respuesta tan agresiva, ni un rechazo tan exagerado”, expresó Karina, una mujer que como muchas personas no heterosexuales constata que la discriminación por orientación sexual limita el ejercicio pleno de sus derechos.

Entrampado dictamen para reformar fuero militar

STAFF:Matrix Noticias/CimacNoticias/CanalMatrix/por: Anayeli García Martínez

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DERECHOS HUMANOS
Entrampado dictamen para reformar fuero militar
Polémica por no incluir término “Derechos Humanos”
 
México, DF, 28 sep 13 (Cimacnoticias).- El dictamen para reformar el Código de Justicia Militar a fin de que las violaciones a Derechos Humanos (DH) cometidas por las fuerzas armadas se castiguen en el fuero civil, se encuentra atorado en el Senado de la República.
 
Durante un foro hoy en la Cámara alta para debatir la reforma al fuero castrense, especialistas advirtieron el riesgo de que no se incluya de manera explícita el concepto de DH en el dictamen que prepara la Comisión de Justicia.  
 
El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, manifestó su preocupación de que en la propuesta de dictamen para reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, no se incluyera el término “Derechos Humanos”.
 
Explicó que en la modificación legal no se puede excluir ese concepto con argumentos de “técnica jurídica”, toda vez que la idea es afianzar una visión de respeto a las garantías fundamentales.
 
Hernández Valencia advirtió que la propuesta del articulado no expresa los elementos centrales del debate, ni del consenso logrado en encuentros previos con las y los senadores, toda vez que además se excluye el término “víctimas civiles”.
 
A decir del experto, las y los legisladores afirman que en la propuesta se entiende que no subsistirá hipótesis legal que haga referencia a que un delito contra un civil se juzgará en tribunales militares, sin embargo explicó que no hay razón jurídica o política para no incluir estas palabras en el dictamen. 
 
En el foro al que asisten juristas, mandos militares y defensores de DH, el académico Miguel Sarre dijo –al contrario del representante de la ONU– que la redacción del documento abarca todos los supuestos y zanja todos los problemas, por lo que no es necesario incluir el término DH.
 
Por ello aseguró que la reforma al fuero castrense garantizará a la sociedad y a las partes involucradas en una acusación penal que los impartidores de justicia serán imparciales, y por tanto no habrá el temor de tener un juez enemigo.
 
Edgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, aclaró que no se busca eliminar el fuero de guerra, sino poner límites claros para evitar que los civiles agraviados por soldados sean juzgados en tribunales militares.
 
En contraste, el académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Juan Velázquez, sostuvo que no hay necesidad de reformar el Código de Justicia Militar, toda vez que –remarcó– es una norma que garantiza castigos inmediatos a quienes cometen una falta o delito. Consideró que eliminar el fuero castrense es una concepción “errónea”.
 
DESACUERDOS
 
En agosto pasado, la Comisión de Justicia de la Cámara Alta elaboró un dictamen que retomó ocho iniciativas anteriores, con el objetivo de acotar el fuero militar en casos de violaciones a DH de civiles cometidas por soldados.
 
En el documento se propone restringir la jurisdicción castrense sólo a aquellos delitos que efectivamente atenten contra la disciplina de los efectivos militares, y para ello se modificará el artículo 57 del Código de Justicia Militar.
 
Con la reforma se establecerá que los órganos castrenses conocerán sólo los delitos que se cometan contra la disciplina y no podrán juzgar delitos si hay civiles involucrados.
 
Sin embargo, el dictamen establece: “Vale la pena destacar que la redacción propuesta supone que ninguna violación a Derechos Humanos sea conocida en el fuero militar, sin tener que incorporar en el texto normativo una alusión específica a los Derechos Humanos, que podría resultar en exceso abierta”.
 
De aprobarse esta reforma se acataría lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en noviembre de 2009, cuando dictó la primera condena internacional contra México –por la desaparición forzada del líder social Rosendo Radilla a manos del Ejército–, y en la que exhortó a las autoridades a reformular su legislación en materia de jurisdicción militar.
 
Después, en agosto de 2010, la CoIDH dictó dos condenas más en el mismo sentido por la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo por parte de militares.
 
Durante el foro hoy, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Roberto Gil Zuarth (PAN), la senadora Arely Gómez (PRI) y el legislador Alejandro Encinas (PRD) dijeron que esta semana continuarán las audiencias públicas para abundar en el debate sobre la propuesta de reforma, cuyo dictamen se presentaría ante el Pleno de la Cámara alta el próximo martes.

Panorama de persecución contra las mujeres por abortar

STAFF:Matrix Noticias/CimacNoticias/CanalMatrix/por: Anaiz Zamora Márquez

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SALUD
Panorama de persecución contra las mujeres por abortar
En AL se les niegan causales legales y se les criminaliza
 
México, DF, 28 sep 13 (Cimacnoticias).- En América Latina (AL) y el Caribe existen casos emblemáticos de mujeres que fueron criminalizadas, pusieron en riesgo su salud, e incluso perdieron la vida por defender su derecho a decidir sobre la maternidad y lograr así la despenalización del aborto, pero hasta ahora este objetivo no se ha conseguido.

En los hechos, las autoridades federales de cada país se niegan a garantizar el acceso no sólo al aborto seguro, sino a métodos anticonceptivos y a la planificación familiar. Por el contrario, los gobiernos restringen aún más ese derecho y persiguen a las mujeres.

Reunidas en el seminario internacional “El derecho a decidir de las mujeres en contextos restrictivos, perspectivas y retos” –celebrado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)–, activistas de la región coincidieron en que los casos emblemáticos de los que se ha tenido conocimiento en diferentes países no son únicos, y reflejan la reiterada y grave situación de violación a las garantías humanitarias que viven las mujeres en AL.

Como parte de la conmemoración este 28 de septiembre del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, el seminario reunió a defensoras de República Dominicana (RD), Costa Rica (CR), Nicaragua, Honduras, El Salvador y México, quienes denunciaron las graves violaciones a los Derechos Humanos (DH) que se cometen contra las mujeres en sus respectivos países, especialmente contra los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la salud.

Expusieron los casos de “Esperancita” (Dominicana); Aurora (Costa Rica); Beatriz (El Salvador); Amalia (Nicaragua), e Hilda (México), a quienes se les negó el acceso al aborto pese a cumplir con las causales legales para ello, o aunque el embarazo pusiera en grave riesgo sus vidas.
 
A decir de las activistas esta negación, además de exponer a las mujeres a riesgos de salud, refleja que el desconocimiento de las leyes por parte del personal médico y que muchas de las valoraciones morales y culturales en relación al aborto, siguen permeando las decisiones y prácticas médicas.

Advirtieron que RD, Nicaragua, CR, Honduras, El Salvador y México incumplen los convenios, tratados y recomendaciones internacionales que han signado y ratificado para proteger y asegurar los DH de las mujeres. En contraste, han penalizado e incluso encarcelado a mujeres que decidieron o se vieron obligadas a abortar.

Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), señaló que en los últimos cinco años, tras la despenalización del aborto en el DF, se ha dado una persecución contra las mujeres que deciden interrumpir su embarazo por parte de autoridades locales, prestadores de servicios de salud, medios de comunicación, sectores religiosos y en algunos estados hasta de la misma sociedad.
 
Sostuvo que a partir de 2008, luego de que varios congresos locales modificaron sus constituciones para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”, las denuncias por aborto han ido en incremento, ya que entre 2009 y 2012 cada año se registraron 160 denuncias más que las realizadas en años previos.
 
La costarricense Margarita Salas, presidenta de La Colectiva por el Derecho a Decidir, denunció que en su país en la mayoría de los casos las mujeres no pueden acceder a las causales de aborto y comúnmente son sometidas a una aguda tensión emocional e incluso tortura, pues se les obliga a llevar a término el embarazo.
 
Martha María Blandón, directora de Ipas-Centroamérica, dijo que en Nicaragua a partir de 2006 (cuando se prohibió el aborto bajo cualquier circunstancia) la información oficial en la materia se ha limitado por lo que no se conoce la magnitud de las violaciones a DH que padecen las mujeres.
 
No obstante, reportó que de 2006 a 2013, a través de un monitoreo a medios de comunicación, se sabe que 155 mujeres tuvieron embarazos como consecuencia de una violación sexual; de ellas, 6 de cada 10 tenían menos de 13 años. A todas se les negó el aborto.
 
En el caso de Honduras, Gabriela Díaz, integrante del Centro de Derechos de Mujeres, denunció que en la nación se juzga el aborto como un homicidio doloso, y que incluso se prohíbe la anticoncepción de emergencia al considerarse abortiva y no como un último recurso para prevenir un embarazo no deseado, aun en los casos de violación.
 
Morena Herrera, presidenta de la salvadoreña Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto, lamentó que las mujeres se vean obligadas a acudir ante instancias internacionales (como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), para acceder no sólo a su derecho a decidir, sino el acceso a gozar de plena salud.

12°Resumen de Noticias Septiembre 2013

STAFF:Matrix Noticias/CimacNoticias/CanalMatrix/por: Juan Carlos Uribe Fuentes

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Rusia prohíbe a trabajadoras agrícolas conducir camiones. México, primer lugar en América en trata de personas. UE anuncia apoyos a niñas y niños sirios.
 
Rusia prohíbe a trabajadoras agrícolas conducir camiones
Washington.- El Banco Mundial (BM) advirtió que a pesar de avances legales, las mujeres en diversos países aún enfrentan obstáculos para ingresar al mercado laboral.
Al divulgar su informe “Mujer, empresa y el Derecho”, el BM puso como ejemplo que en Rusia las mujeres no pueden conducir camiones para el sector agrícola, mientras que en Bielorrusia se les impide trabajar como carpinteras y en Kazajistán no pueden ser soldadoras.
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México, primer lugar en América en trata de personas
México.- En el marco del 23 de septiembre Día Internacional contra la Trata de Personas, la ex diputada federal por el PAN Rosi Orozco dijo que el estado de Hidalgo está entre las 12 entidades con mayor flujo de migrantes, por lo que niñas, niños y adolescentes son más vulnerables a caer en las redes de tráfico de personas.
La presidenta de la organización civil Unidos contra la Trata precisó que México ocupa el primer lugar en América en trata de personas, y que 35 por ciento de las víctimas son niñas y niños.
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 UE anuncia apoyos a niñas y niños sirios

Nueva York.- La Unión Europea (UE) se comprometió a donar 45 millones de dólares (mdd) adicionales al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), destinados a programas de protección y educación a las niñas y niños más afectados por el conflicto en Siria.

UNICEF señaló que con este donativo la UE se convierte en el mayor donante de las operaciones del Fondo en la región, y para finales de 2013 habrá desembolsado más de 100 mdd para la causa.

La ayuda servirá para atender a más de 2.5 millones de menores de edad en Siria, Jordania y Líbano.

Falta reforma a medios que incluya derechos de audiencias

STAFF:Matrix Noticias/CimacNoticias/CanalMatrix/por: Anayeli García Martínez

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MEDIOS
 Falta reforma a medios que incluya derechos de audiencias
Nuevo órgano regulador debe evitar contenidos discriminatorios
 
México, DF, 28 sep 13 (Cimacnoticias).- En junio pasado el Ejecutivo federal promulgó una reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión, pero expertos en la materia aclaran que esto no significa que ahora la radio y la TV transmitan contenidos de mayor calidad, por lo que llamaron a la ciudadanía a exigir una reforma secundaria que incluya los derechos de las audiencias.
 
En un foro en la UNAM, los especialistas Aleida Calleja, Beatriz Solís, Aimée Vega, Agustín Ramírez y Raúl Trejo Delarbre, dijeron que no se puede prohibir la difusión de ciertos contenidos, ya que se atentaría contra la libertad de expresión, aunque apuntaron que el nuevo órgano regulador debe vigilar que la programación no sea discriminatoria ni afecte los derechos de las personas.
 
Por estas razones, las y los expertos invitaron a la población a presionar al Legislativo para que recoja y adopte las consideraciones de la propuesta ciudadana para crear la Ley Convergente de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una iniciativa impulsada por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) y suscrita por otras 300 organizaciones civiles.
 
La Amedi, junto con la Coalición Ciudadana Democracia y Medios, elaboró un proyecto de ley, compuesta de 391 artículos y 45 transitorios, que recoge diversas propuestas sobre libertad de expresión, derecho a la información, acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, y que buscan reforzar la reciente reforma constitucional.
 
Al respecto Aleida Calleja, ex presidenta de la Amedi, señaló que en la propuesta ciudadana se ponen sobre la mesa los contenidos y los derechos de la niñez, las mujeres y las personas con discapacidad; se detallan las condiciones de los medios de uso social; se nombran los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, y se hacen especificaciones sobre la banda ancha, entre otros temas.
 
Sin embargo, la especialista dijo que en la propuesta de ley no se prohíbe ningún tipo de contenido, porque esto atentaría contra la libertad de expresión. Indicó que esta propuesta no pretende censurar, pero sí busca proteger a grupos como la niñez y por ello se propone que el único tema donde se pueda hacer una vigilancia sea en los contenidos dirigidos a esta población.
 
Además Agustín Ramírez, abogado y nuevo presidente de la Amedi, subrayó que el tema de los contenidos genera controversia, y por ello en esta redacción se optó por incluir derechos esenciales de las audiencias como el de la libertad de expresión, de información, el derecho de acceso a las tecnologías de información y el derecho de réplica.
 
Agregó que a fin de vigilar los contenidos se propone que los medios tengan sus propios códigos de ética y se cree un consejo ciudadano con expertos que puedan hacer recomendaciones al nuevo órgano regulador (el Instituto Federal de Telecomunicaciones), a fin de que no haya contenidos discriminatorios o denigrantes.
 
En tanto Beatriz Solís, investigadora de la UAM  Xochimilco, observó que si la ciudadanía no exige contenidos de calidad, los concesionarios no se preocuparan por el tipo de programación que difunden, por ello aseguró que una forma de expresar estas demandas puede ser la figura de “defensor de la audiencia” que sería un intermediario entre ciudadanía y medios.
 
“Ni la reforma constitucional ni la ley secundaria, las mejores que hayan, van a resolver un problema. Habrá nuevas reglas, pero no sé si nuevos medios. Todo va a depender de que nosotros exijamos, de que estemos atentos, de que sepamos cumplir los tres pasos mínimos del ciudadano convertido en audiencia: conocer, evaluar y denunciar o reforzar”, dijo la académica. 
 
La investigadora de la UNAM y experta en género y comunicación Aimée Vega precisó que si bien la propuesta de la Amedi no incluye mayores especificaciones sobre el papel de los medios de comunicación en la erradicación de la violencia contra las mujeres, es un buen principio para exigir que la próxima ley secundaria incluya mandatos claros con perspectiva de género.
 
La actual iniciativa ciudadana menciona en un artículo que los concesionarios de medios deberán “garantizar el acceso a contenidos plurales que atiendan las necesidades de comunicación de grupos en situación de vulnerabilidad como es el caso de mujeres, niñez, inmigrantes, personas con capacidades especiales, refugiados, así como comunidades lingüísticas y culturales”.
 
Asimismo dice que los concesionarios deberán garantizar la transmisión de contenidos no discriminatorios, y fomentar los derechos de la niñez y la juventud, entre otras especificaciones relacionadas con los derechos de las audiencias.
 
Vega mencionó que el movimiento feminista, las académicas y las activistas hicieron una presión importante en esta propuesta ciudadana y si bien algunos puntos fueron incluidos no lograron que el tema fuera transversal, por lo que apuntó que aún falta convencer a actores que no están sensibilizados con la perspectiva de género y los derechos de las mujeres.
 
Raúl Trejo Delarbre, investigador de la UNAM y miembro de la Amedi, agregó que nuevas reglas significan más opciones pero no necesariamente más calidad.
 
Señaló que la calidad no depende de regular los medios privados porque en todo caso se tendrán los mismos contenidos, sólo que ahora en alta definición y con la opción de llegar a más lugares, por lo que llamó a la ciudadanía a prestar atención al tema.
 
Cabe decir que la propuesta ciudadana de ley ya fue presentada a los partidos políticos firmantes del Pacto por México y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, ahora la Amedi y las agrupaciones han iniciado una campaña para dar a conocer su iniciativa y esperan en breve llevar el proyecto al Senado a fin de que sea retomado. 
 
Además hay que mencionar que hasta ahora ni el Ejecutivo federal ni el Legislativo han presentado sus proyectos de leyes secundarias, sin embargo tienen hasta diciembre próximo para discutir y aprobar la nueva normatividad en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

EXIGEN CAMPESINOS CERTEZA JURÍDICA DE LEY AGRARIA PARA EVITAR ENGAÑOS SI VAN POR EXPROPIACIÓN

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/por:Redacción

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Boletín de prensa


EXIGEN CAMPESINOS CERTEZA JURÍDICA DE LEY AGRARIA PARA EVITAR ENGAÑOS SI VAN POR EXPROPIACIÓN


* Denuncian que de mil 70 acciones expropiatorias desde 1950, 535 de las cuales corresponden a la SCT, sólo tres han “cumplido” los requisitos de decreto expropiatorio y se ignora si realmente fueron pagadas


Mazatlán, Sin., a 27 de septiembre de 2013


Los campesinos de los 29 ejidos de Sinaloa, Durango y Nayarit determinaron hoy en Asamblea General celebrada en este puerto, que el lunes 30 aceptarían iniciar el proceso de indemnización por la ocupación de sus tierras –para la construcción de la autopista Durango-Mazatlán– bajo el esquema de expropiación, sólo si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se apega a la Ley Agraria reformada en enero de 2012.

Ernesto Pérez Virgen, representante de los campesinos que conforman el Movimiento por la Justicia Agraria, afirmó que esta mañana, después de realizar un análisis de la Ley de Expropiación, de la Ley Agraria y de las normas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), los campesinos llegaron a ese acuerdo y que, en caso contrario, el martes determinarán las acciones a seguir para hacer cumplir el amparo que impide continuar con las obras, porque la autopista está sin concluir.

En su demanda de pago, los ejidatarios insisten en que se les pague bajo la modalidad de dominio pleno para hacer una transacción de carácter privado, como lo afirma la propia Procuraduría Agraria: “Los ejidatarios pueden también adoptar el dominio pleno de sus parcelas, es decir, podrán adquirir la propiedad sobre sus parcelas, las cuales ya no estarán sujetas al régimen ejidal sino al régimen de la propiedad privada, regida por el derecho común”.

El caso es que la SCT a través del Subsecretario de Infraestructura Raúl Murrieta Cummings insiste en que la operación debe realizarse mediante el procedimiento de expropiación, por lo que, a decir de Pérez Virgen, los campesinos se manifestaron por aceptar sólo si se cumple lo siguiente, como dice la Ley Agraria:

a) Que una vez pactado el precio se tiene que pagar en 45 días; b) Que los avalúos los pueden hacer el Indaabin (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales), los bancos, corredores inmobiliarios y/o profesionales con posgrado, autorizados para ello; c) Que se abran periodos de discusión del precio de 15 hasta 30 días; y d) Que en los avalúos se integren no sólo el valor de la tierra, sino también los daños y perjuicios ocasionados.

Durante el análisis de esta mañana, los campesinos recordaron el rescate carretero: “Ernesto Zedillo y Vicente Fox destinaron 146 mil millones de pesos para rescatar la quiebra de las carreteras concesionadas en nuestro país; carreteras que fueron construidas en terrenos ejidales y comunales distribuidos en 535 comunidades agrarias y, que al día de hoy no se han pagado sus daños y derechos agrarios”.

Los campesinos se niegan a someterse a la expropiación si no se cumplen los cuatro puntos anteriores debido a los antecedentes como consta en la “Memoria Documental Expropiación de Bienes Ejidales y Comunales 2006-2012”, de la ex secretaria de la Reforma Agraria donde existen mil 70 acciones expropiatorias desde 1950 y de esa cantidad, el 50% le corresponden a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

De estos 535 expedientes sólo tres han “cumplido” con los requisitos de decreto expropiatorio, publicándose, “pero no sabemos si a los tres expedientes ya resueltos les pagaron sus derechos agrarios. Nosotros lo que sí sabemos es que al ejido Las Lumbres del municipio de Acaponeta, Nayarit, le fueron expropiadas 45 hectáreas en noviembre de 2004 a favor de la SCT y, el gobierno aún no les ha pagado sus tierras y derechos dañados”.