Plan B: Orgullo de niños trabajadores

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/por: Lydia Cacho/ @lydiacachosi

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Plan B Lydia Cacho
Orgullo de niños trabajadores
 
Vimos en un video que circuló en medios a un pequeño indígena tzotzil llorando mientras tiraba al piso los dulces de su vendimia.
 
Feliciano sollozaba con ese llanto de quien sabe que lo que le sucede es injusto, con ese lamento de un menor de edad que necesita que le defiendan de un funcionario público que, por la prohibición de que niños y adolescentes vendan cigarros, lo amenazó, lo humilló y le ordenó entregarle los productos que vendía en la plaza del centro de Villahermosa.
 
Lo que no vimos es que el funcionario arrastró físicamente al pequeño intentando quitarle la canasta de la cual se afianzaba como si en ello le fuera la vida.
 
El camarógrafo que filmó la agresión pertenece a un canal local de televisión y narra que vio la arrastrada y no encendió la cámara “porque no había decidido qué iba a filmar todavía”. Cuando vio al pequeño llorar comenzó a grabar.
 
Más allá de su mal cálculo periodístico, que podría haber documentado la saña, la crueldad y la prepotencia de Juan Diego López, inspector municipal de fiscalización, responsable de vigilar a vendedores ambulantes, lo más grave ha sido la discusión posterior a este hecho.
 
El inspector, al lado de su impávida colega Carmen Torres, asegura que el pequeño “no tiene por qué estar vendiendo esto”. Lo dice sosteniendo tres cajetillas de cigarros que confiscó mientras jala la canasta para que el pequeño la vacíe. Se la llevaba como “evidencia de la falta administrativa”.
 
Feliciano, a quien su tía llama Manuelito, vive en Chiapas, pero estaba de vacaciones con su tía, que tiene un puesto de ropa en la zona centro donde fue agredido. El chico decidió que quería juntar dinero para comprar sus útiles escolares; como millones de niños y niñas que en sus vacaciones venden dulces. Igual que lo hacíamos mis hermanas y yo en la colonia Mixcoac, donde crecimos.
 
Poníamos un puestito en la banqueta y ofrecíamos dulces a transeúntes y vecinos. A mamá y papá les parecía una buena idea que aprendiéramos a ganar y cuidar el dinero. Pero éramos niñas clasemedieras, no indígenas; hablamos castellano.
 
Así que nadie se cuestionaría si estábamos allí por la miseria y el abandono, nadie nos correría de la calle, ni nos robaría el producto de nuestras ventas. Ni antes ni ahora se lo hacen a mis sobrinas.
 
Feliciano y su madre hablan tzotzil; la madre trabaja desde que tiene 15 años, está convencida de enviar a su hijo y a la bebé a la escuela, quiere que sean bilingües y vayan a la universidad. Lo alimenta bien, lo ha educado para ser un niño responsable.
 
Su tía, que tiene un lindo hogar y es muy trabajadora, le dio permiso de vender dulces en la misma plaza en que estaba ella; pero el menor de edad se perdió de vista un momento justo cuando el inspector lo agredió.
 
Salieron entonces organizaciones civiles para regalarle sus libros y juguetes al niño, para “sacarlo de la tragedia del trabajo infantil”.
 
Cómo elaboramos historias, incluso periodísticas, desde el racismo y la presunción de que toda persona indígena vive en la miseria. Cómo nutrimos el discurso de lástima y menosprecio, un discurso construido desde la noción de la desigualdad “natural”. Cómo negamos la voz al pequeño. Ya todos hablaron por él, por su madre. Tienen voz sí, pero les ofende la lástima, están hartos de este escándalo.
 
Este es uno de los miles de ejemplos de nuestra ignorancia sobre el significado del trabajo infantil. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) deja muy claro que hay una confusión sobre la participación de niñas y niños en tareas remuneradas. Asegura que no todas las tareas realizadas por la infancia deben clasificarse como trabajo infantil que debamos eliminar.
 
Por lo general la participación de niñas, niños o adolescentes en trabajos que no atentan contra su salud y su desarrollo personal, ni interfieren con su escolarización, se consideran positivas.
 
El término “trabajo infantil” se define como “trabajo que les priva de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico; el que les pone en peligro, o les esclaviza”.
 
En el caso de Feliciano, como el de miles de niñas y niños, no estamos hablando de un trabajo que dañe su salud, su seguridad o su moralidad. Quien le hizo daño fue el inspector, ahora cesado. Y luego los medios, haciendo de él un falso mártir de la pobreza indígena.
 
Generalizar sobre la situación de niñas y niños que trabajan es siempre un error. No sólo los inspectores necesitan un curso sobre trato digno a menores de edad que trabajan.

Maquinaria judicial mantiene en la cárcel a Clara Tapia

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/por: Anayeli García Martínez

CIMAC Noticias
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REPORTAJE
Maquinaria judicial mantiene en la cárcel a Clara Tapia
Presa injustamente, espera condena por “corrupción de menores”
 
La semana pasada parecía decisiva para la libertad de Clara Tapia Herrera, presa injustamente por corrupción de menores, pero un fallo del TSJDF la mantendrá en prisión.
 
Desde hace dos años, Clara Tapia Herrera es acusada de violencia intrafamiliar y corrupción de menores contra sus dos hijas e hijo, y de ser cómplice de Jorge Antonio Iniestra Salas, conocido como el “Monstruo de Iztapalapa”.
 
El 6 de septiembre de 2011 la PGJDF detuvo a Iniestra Salas tras la denuncia de Clara, en la que lo acusó de violar y secuestrar a sus dos hijas, y de golpear y obligar a trabajar a su hijo.
 
Ese mismo día las autoridades llamaron a Clara para pedirle que fuera a reconocer a los detenidos. Cuando ella se presentó fue arrestada como cómplice de Iniestra Salas. Desde entonces está recluida acusada de corrupción de menores, primero en el penal de Santa Martha Acatitla y actualmente en el Centro de Readaptación Femenil de Tepepan, al sur del DF.
 
Durante la detención no se informó de qué se le acusaba y los funcionarios judiciales la expusieron ante los medios de comunicación afirmando que “Clara vendía a sus hijas a su secuestrador a cambio de que él no la dejara”.
 
Ante estas irregularidades, los abogados Karla Micheel Salas y David Peña, integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) tomaron el caso.
 
Durante el proceso, los abogados encontraron que las únicas pruebas para inculpar a Clara eran las primeras declaraciones de sus dos hijos (su hija menor fue asesinada por Iniestra Salas en 2009), y un peritaje psicológico en el que se decía que ella era “mala madre” porque conocía los hechos, y no hizo nada para evitarlos.
 
Sin embargo más tarde, y después de terapia psicológica, los hijos de Clara ampliaron su declaración y señalaron que su madre siempre los cuidó y que no estaba enterada de los abusos. Incluso relataron que ella debía aportar todo su dinero porque Iniestra amenazó con matarlos.
 
El agresor hizo creer a las niñas que la relación era “normal” y las obligó a no decir nada a su madre; además –según declaraciones de todas las víctimas, contenidas en el expediente– las niñas y su madre vivían amenazadas, ya que el agresor les tenía prohibido cualquier tipo de comunicación.
 
Con estos indicios, en febrero de 2013 los abogados de la ANAD presentaron un “incidente de desvanecimiento de datos” ante el Juzgado 64 Penal. A través de este recurso, la defensa de Clara argumentó que durante el proceso se encontró que las pruebas que sirvieron para acusarla ya no existían.
 
A finales de febrero pasado, el juez Casiano Carlos Morales García notificó que era improcedente la libertad por desvanecimiento de datos, porque las consideraciones presentadas por la defensa serían analizadas cuando se emitiera la sentencia.
 
Ante la negativa, los abogados se inconformaron ante la Sala Octava del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), instancia que se mostró interesada en resolver el caso porque era de “trascendencia y alto impacto social”.
 
Sin embargo, el pasado 7 de agosto las magistradas Irma Guadalupe García Mendoza y Rosalinda Sánchez Campos, y el magistrado José Guadalupe Carrera Domínguez, confirmaron la decisión del Juzgado 64 Penal, por lo que Clara deberá continuar el proceso en prisión hasta que se le dicte sentencia.
 
No obstante, Karla Micheel Salas y David Peña recordaron que la naturaleza del incidente por desvanecimiento de datos es evitar que una persona acusada de un delito permanezca en la cárcel de manera injusta. El Código de Procedimientos Penales del DF explica que es una figura para obtener la libertad sin llegar a la sentencia.
 
Con la resolución de la Sala Octava del TSJDF, Clara deberá continuar el proceso en prisión y esperar hasta que el juez haya recogido todas las pruebas para que analice su fallo, y decidir si queda en libertad o es condenada a prisión.
 
El fallo del TSJDF se dio pese a que un grupo de feministas pidió en una misiva a los magistrados que emitieran una decisión con enfoque de género, y consideraran que Clara es una mujer que ha sido víctima de violencia extrema junto a sus hijas e hijo.
 
Entre las firmantes de la carta están la española y experta en violencia de género Soledad Murillo; la consultora de Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuencia, Roxana Arroyo, y la jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, María Eugenia Solís García.
 
Según las feministas, era importante valorar la situación de Clara como víctima sobreviviente y no como cómplice de su agresor, pues en el proceso se demostró su inocencia, toda vez que “se desvanecieron las pruebas” que justificaron su encierro.