El PND, sin indicadores para medir inequidad de género

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Anayeli García Martínez

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POLÍTICA

El PND, sin indicadores para medir inequidad de género
No se podrá evaluar cumplimiento de metas: Somede
 
México, DF, 29 jun 13 (Cimacnoticias).- Aunque el gobierno federal presumió que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) –la guía de política pública a seguir durante los próximos cinco años– incluye la perspectiva de género como una estrategia transversal, en realidad no contiene metas específicas para reducir la desigualdad entre los sexos.
 
El demógrafo y vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Demografía (Somede), Carlos Echarri, sostuvo que los indicadores permiten monitorear el esfuerzo que hace el Estado para conseguir una meta, y por tanto criticó que el PND 2013-2018 carezca de indicadores que midan la inequidad entre mujeres y hombres.
 
El PND publicado por el gobierno federal incluye tres estrategias transversales (“Democratizar la productividad”, “Gobierno cercano y moderno”, y “Perspectiva de género”) en todas las acciones de la presente administración. La visión de género fue anunciada como un “gran avance” del gobierno federal.
 
De acuerdo con un análisis del profesor-investigador de El Colegio de México (Colmex) sobre la información sociodemográfica como base para la planeación nacional, es necesario considerar que los indicadores también sirven para plantear una situación específica y platear objetivos para cambiar ese escenario.
 
En declaraciones a Cimacnoticias, Echarri consideró que los programas sectoriales derivados del PND deben tener indicadores que permitan medir las metas y reflejar qué tanto se ha avanzado para reducir la desigualdad de género en ámbitos como salud, educación o empleo.
 
El experto, también integrante del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colmex, explicó que las líneas de acción del Plan Nacional deben estar basadas en las normas oficiales mexicanas, ya que esto significaría que las entidades de la administración pública se comprometen a garantizar las leyes.
 
Por ejemplo citó que si existe una norma que dicta cómo se debe atender el embarazo o los casos de violación sexual, estos lineamientos deben estar incluidos en las estrategias a seguir durante los próximos cinco años, pues una vez que se revisen los indicadores habrá temas específicos que evaluar.
 
Según el PND, el gobierno de Enrique Pena Nieto promoverá acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación, pero para Echarri esto aún esta por verse en los planes sectoriales.
 
Criticó que actualmente se use sólo el Índice de Desigualdad de Género (IDG) como el indicador para medir la desventaja de las mujeres, toda vez que sólo refleja tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral.
 
Este índice se mide a través de cinco indicadores: Tasa de mortalidad materna, Tasa de fecundidad adolescente, Mujeres y hombres con al menos educación secundaria completa, Participación de mujeres y hombres en escaños parlamentarios, y Tasa de participación de mujeres y hombres en la fuerza laboral.
 
El IDG es un indicador bienal que se mide en una escala del “0” a “1”, siendo “0” el máximo alcance de la igualdad, y según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 2010 este indicador fue de 0.408 y para 2012 avanzó a 0.382, pero Echarri aclaró que en realidad “no mide la desigualdad entre mujeres y hombres”.
 
Por ello llamó a tomar en cuenta los datos estadísticos a la hora de planear las metas nacionales y otorgar presupuesto, pues sólo así se podrán atender temas como la salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos, la mortalidad materna, los embarazos no deseados o los delitos contra las mujeres.

Evade Segob aclarar fallas en Mecanismo de Protección

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Anayeli García Martínez

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DERECHOS HUMANOS
Evade Segob aclarar fallas en Mecanismo de Protección
Lía Limón destaca “logros”, pero evita críticas de activistas
 
México, DF, 29 jun 13 (Cimacnoticias).- La subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía Limón, destacó las bondades del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero evitó aclarar las deficiencias en su funcionamiento señaladas por grupos civiles.
 
Durante la presentación del “Informe sobre la situación de las y los defensores de Derechos Humanos en México: actualización 2012 y balance 2013”, la funcionaria fue cuestionada al respecto por los medios de comunicación, sin embargo se negó a dar declaraciones sobre la presunta falta de recursos y de personal capacitado en el mecanismo a su cargo.
 
En la conferencia de prensa, Lía Limón destacó los avances en materia de Derechos Humanos (DH), en los compromisos cumplidos por la nueva administración federal, y en las recomendaciones que en 2009 hizo la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH).
 
Afirmó que por instrucciones de Enrique Peña Nieto se creó la Dirección General de Políticas Públicas, adscrita a la subsecretaría que ella encabeza, a fin de contar con una institución que promueva la reforma constitucional en materia de DH.
 
Por otra parte, destacó la creación de la ley por la que se creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero evitó comentar sobre la carta que ayer enviaron organizaciones civiles a la Segob para denunciar las debilidades y deficiencias en la protección.
 
Ayer, activistas enviaron una carta abierta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para advertir sobre los graves obstáculos y fallas en el mecanismo, entre los que destacaron la falta de recursos y de personal capacitado.
 
Cerca de 89 organizaciones, entre ellas Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, el Centro Nacional de Comunicación Social, y la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, remarcaron las debilidades de esta herramienta.
 
Lía Limón dijo que desde la creación del mecanismo y hasta junio de este año se han recibido 81 solicitudes, para brindar protección y salvaguarda de la integridad física de 33 periodistas de diversas entidades del país y 48 de personas defensoras de DH.
 
Agregó que 47 casos han sido resueltos a través de procesos ordinarios, es decir cuando se detecta que no existe un riesgo inminente a la persona, y 27 casos a través del procedimiento extraordinario, es decir, cuando se considera que la situación es de alto riesgo.
 
Mencionó que se elaboraron las reglas para operar el Fideicomiso del Fondo, donde se encuentran los recursos económicos, y recalcó que estas reglas y toda la información referente al presupuesto del mecanismo se ha puesto a disposición de sus miembros para que haya “absoluta transparencia”.
 
De acuerdo con la subsecretaria, la Segob tiene la tarea de dar continuidad para que el mecanismo se perciba como una herramienta integral de prevención y protección, por lo que aseguró que trabajará en su fortalecimiento y en la implementación de las recomendaciones de Naciones Unidas.
 
Limón destacó que en febrero pasado la Segob firmó un convenio con el Comité Internacional de la Cruz Roja, para elaborar un marco normativo que regule el uso de la fuerza pública, y otro con la organización defensora de la libertad de expresión Freedom House, para hacer un diagnóstico y capacitar al personal.
 
Edgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, una de las organizaciones firmantes de la carta a la Segob, reiteró que el Mecanismo de Protección tiene asignados recursos económicos (129 millones 500 mil pesos), pero “no se puede disponer de ellos”.
 
Cortez, quien además es miembro del mecanismo, dijo que hay 47 casos en trámite ante la Unidad de Evaluación de Riesgos de la Segob, lo que muestra que hay un “rezago” en esta etapa.
 
Asimismo aprovechó para resaltar las deficiencias de esta herramienta: la falta de personal capacitado, la carencia de respaldo político, y la descoordinación entre las dependencias que participan en la protección a periodistas y defensores de DH.
 
Sobre las agresiones a las y los defensores, dijo que prevalece la impunidad porque continúa la deficiencia de instituciones como la Procuraduría General de la República y las fiscalías especiales, por lo que llamó a estas dependencias a dar resultados e informar qué van a hacer para acabar con estas agresiones.
 
Señaló que acabar con la impunidad no sólo es un buen deseo, sino un cambio de funcionamiento, prácticas y en la manera en cómo se hacen las cosas, pues advirtió que si esto no cambia, dentro de uno o dos años las organizaciones volverán a decir que la impunidad es un gran problema no resuelto.

Por qué la muerte materna constituye una violación a los Derechos Humanos de las mujeres

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Paola Sesia y Raffaela Schiavon Ermani 

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COLUMNA INVITADA
La Voz de la Coalición
Por qué la muerte materna constituye una violación a los Derechos Humanos de las mujeres
 
La articulación entre el enfoque de Derechos Humanos (DH) y la muerte materna como una violación fundamental a los derechos básicos de las mujeres, es un enfoque reciente, innovador y con un gran potencial para promover, defender y garantizar la salud materna y los derechos reproductivos de todas las mujeres en México.
 
Los argumentos que a continuación se presentan contribuyen a fortalecer las acciones para dar respuesta a un problema de salud pública, así como a un acto de justicia social que tiene una enorme relevancia para México.
 
–Primer argumento. La muerte materna es una violación a los DH de las mujeres porque es evitable en la gran mayoría de los casos. Son muertes innecesarias, por lo que, al ocurrir, se viola el derecho a la vida de las mujeres.
 
Las muertes evitables son aquellas defunciones que ocurrieron de manera “prematura” e innecesaria, de acuerdo con el nivel de tecnología médica disponible y el conocimiento clínico alcanzado.
 
Las mujeres que fallecen por una muerte materna con frecuencia han sufrido una o múltiples formas de exclusión o discriminación social sobre la base del género, la clase, la condición de ruralidad y la etnicidad/raza; incluyendo el acceso, utilización y calidad de los servicios de salud disponibles. En México se calcula que hasta 84 por ciento de las muertes maternas son prevenibles o evitables.
 
–Segundo argumento. La muerte materna es una violación a los DH de las mujeres porque no ocurriría si los Estados-naciones garantizaran el pleno disfrute del derecho a la salud para las mujeres que viven la maternidad, con un acceso pleno a una atención al embarazo, parto y puerperio con personal calificado y un acceso oportuno e irrestricto a una atención obstétrica de emergencia (AOE) con calidad.
 
La muerte materna es una violación fragrante al derecho a la salud que tienen todas las mujeres. El problema no es sólo tener acceso a servicios de salud, sino acceder a servicios obstétricos de manera oportuna, que tengan calidad y presenten capacidad resolutiva en casos de emergencia.
 
En México, más del 80 por ciento de las muertes maternas en 2010 ocurrieron justamente en unidades de salud públicas o privadas, y más del 90 por ciento de las mujeres que fallecieron recibió atención médica antes de morir.
 
–Tercer argumento. La muerte materna es una violación a los DH de las mujeres porque afecta de manera desproporcionada a las mujeres pobres, de minorías étnicas o raciales, de clases sociales bajas, que viven en zonas rurales aisladas o en zonas urbanas marginadas.
 
Por lo tanto, la muerte materna de estos grupos sociales de mujeres es una flagrante violación al principio del derecho a la no discriminación y al principio de la universalidad y equidad en el derecho al acceso a servicios de salud oportunos y de calidad.
 
A este respecto, se constata que en México las mujeres hablantes de lenguas indígenas enfrentan una sobrecarga desproporcionada de muertes maternas con respecto a su tamaño poblacional.
 
En 2010, a nivel nacional, el riesgo de fallecer fue el doble de lo que tendría que haber sido si la muerte materna se hubiese distribuido de manera proporcional al porcentaje de población hablante de lengua indígena, con el caso extremo del estado de Chihuahua donde el riesgo para las mujeres indígenas fue 10 veces mayor a su proporción poblacional.
 
–Cuarto argumento. La muerte materna es una violación a los DH de las mujeres porque muchas veces está relacionada con situaciones de falta de respeto a la dignidad de las mujeres y a sus derechos por parte de las instituciones de salud, dándose situaciones comunes de maltrato, abusos, falta de sensibilidad, menosprecio o desprecio hacia lenguas y culturas distintas a la sociedad mayoritaria, un trato discriminatorio hacia las mujeres pobres, adolescentes, indígenas y/o de clase social baja, un manejo deshumanizado del parto hospitalario y/o situaciones de negligencia o incompetencia en la atención médica recibida.
 
Estos elementos apuntan a la violación al principio del derecho a la no discriminación y del acceso universal y equitativo a servicios de salud de calidad.
 
Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, el principal problema que percibieron las personas indígenas encuestadas fue la discriminación y 27 por ciento de las y los encuestados reportaron que no tienen las mismas oportunidades de atenderse en los servicios de salud en comparación con la población no indígena.
 
Aunque estos datos se relacionan sólo en parte con la atención que se recibe en el sistema de salud, son indicativos de las percepciones que la población indígena y/o de escasos recursos económicos tiene en sus relaciones con el entorno, incluyendo las instituciones que ofrecen servicios.
 
–Quinto argumento. La muerte materna es una violación a los DH de las mujeres por no haber tenido pleno acceso a la información adecuada y oportuna sobre anticoncepción, o acceso a la más amplia gama de métodos anticonceptivos y en especial, al aborto seguro y legal, para poder evitar embarazos no deseados.
 
Esto implica la violación a múltiples derechos reproductivos como son el derecho fundamental de las mujeres y sus parejas a decidir el número e intervalo de las y los hijos; el derecho a acceder a servicios de salud reproductiva integrales, y el derecho a la información en salud sexual y reproductiva.
 
En este punto, cabe recordar que con la excepción del Distrito Federal, el aborto está penado en México en la mayoría de sus causales.
 
Ha habido francos retrocesos en los últimos dos años, con la promoción a rango constitucional en más de la mitad de los estados del país del derecho a la defensa de la vida desde la concepción.
 
En 2010, casi una de cada 10 muertes maternas registradas fue por aborto, aun cuando es probable que esta causa sea particularmente subregistrada. Es previsible que estas muertes no hubieran ocurrido si el acceso a un aborto seguro y legal hubiese sido un derecho para todas las mexicanas.
 
–Sexto argumento. La muerte materna es una violación a los derechos de las mujeres por ser a veces consecuencia de relaciones sexuales no deseadas; porque no fue respetada su autonomía de decisión en cuanto a sus vidas sexuales y reproductivas; porque no estaban empoderadas en sus familias, con sus maridos, en sus trabajos, en sus comunidades; porque estaban desprotegidas de la violencia; porque enfrentan desigualdades en las esferas políticas y sociales; porque fueron educadas para interiorizar su subordinación, obediencia y minusvalía.
 
En este último argumento, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 reporta que 35 por ciento de las mujeres en México reportaron sufrir violencia por su actual pareja; 38 por ciento opinó que una buena esposa debe de obedecer a su esposo en todo lo que él ordene, y 19 por ciento consideró que no goza de las mismas libertades que sus esposos.
 
Así, los DH fundamentales de las mujeres son a menudo vulnerados debido a la inequidad y violencia de género que todavía prevalece en amplios sectores de la sociedad mexicana.
 
*Integrante del Consejo Directivo del Comité Promotor por una Maternidad Segura en México (CPMSM).
 
*Secretaria Técnica del CPMSM.
 
*El CPMSM es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Muchos pendientes para abatir la tortura en México

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Redacción

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DERECHOS HUMANOS
Muchos pendientes para abatir la tortura en México
Lejos de erradicarse, hay más impunidad: Red TDTT
 
México, DF, 29 jun 13 (Cimacnoticias).- Organizaciones civiles demandaron al Estado mexicano erradicar y castigar la práctica de la tortura, toda vez que atenta contra la dignidad humana.
 
Como parte del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, que hoy se conmemora, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDTT) advirtió “un aumento” en la práctica de la tortura en México, así como de la impunidad en los casos que han sido denunciados ante las autoridades correspondientes.
 
En un comunicado, observó que sigue pendiente la reforma en materia de fuero militar que permita llevar ante la justicia civil a elementos de las fuerzas armadas que hayan cometido violaciones a los Derechos Humanos (DH), entre ellas actos de tortura.
 
La Red TDTT criticó que el Estado mexicano no haya atendido las recomendaciones emitidas por mecanismos internacionales de DH en materia de tortura, así como la falta de una política integral en la materia.
 
“A pesar de que las reformas constitucionales promulgadas en los últimos años han significado una oportunidad para implementar acciones de erradicación de la práctica de la tortura, México dista de contar con un marco normativo armónico a los estándares internacionales en materia de tortura en todos los estados”, agregó la Red conformada por 73 organizaciones en 20 estados del país.
 
Ya desde noviembre de 2012 el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas había manifestado su preocupación por la desaparición y asesinatos de mujeres en México, y llamó a las autoridades a no dejar impunes el feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, y la tortura sexual cometida contra 26 mujeres en San Salvador Atenco, Estado de México, en 2006.
 
Ante la falta de castigo a los culpables, 11 mujeres sobrevivientes de la violencia en Atenco siguen hasta ahora en la búsqueda de justicia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
 
En sus observaciones finales sobre nuestro país, el Comité contra la Tortura de la ONU alertó sobre la violencia que se comete contra las mujeres, y expresó su preocupación por la continúa desaparición y asesinatos por motivos de género en los estados de Chihuahua, Jalisco, México y Nuevo León.
 
La Red TDTT convocó al Estado mexicano a que en su próximo informe sobre la situación de los DH en México, como parte del Examen Periódico Universal ante el Consejo de Naciones Unidas, presente un “plan de ruta” para combatir la impunidad que reina en los casos de tortura y crear medidas de prevención.

Registran 26 agresiones a mujeres defensoras de los DH

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Anayeli García Martínez

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Registran 26 agresiones a mujeres defensoras de los DH
Se hostiga más a quienes defienden a las y los migrantes
 
México, DF, 29 jun 13 (Cimacnoticias).- La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH), reveló que las mujeres activistas siguen en la línea de fuego, ya que de noviembre de 2010 a diciembre de 2012 documentaron 26 agresiones contra mujeres defensoras de las garantías fundamentales.
 
Al presentar el “Informe sobre la situación de las y los defensores de Derechos Humanos en México: actualización 2012 y balance 2013”, Javier Hernández Valencia, representante de la OACNUDH, dijo que en este periodo se registraron 89 agresiones contra activistas, siendo las y los defensores de migrantes los más hostigados.
 
Hernández Valencia expuso que los ataques documentados fueron perpetrados en contra de 26 mujeres, 35 hombres, cuatro familiares y 11 instalaciones de organizaciones civiles, y destacó que en al menos 23 casos las y los defensores amenazados u hostigados contaban con medidas de protección antes de las agresiones.
 
Explicó que las personas agredidas se dedican a promover los derechos de la población migrante, los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales, y de las mujeres y los pueblos indígenas.
 
Además el representante de la ONU acotó que hay mujeres que defienden diversas causas, por lo que hay que poner atención a la perspectiva de género.
 
Entre los casos que recoge la investigación para ilustrar las agresiones contra mujeres y defensoras de los derechos femeninos, se menciona el de Marisela Escobedo, asesinada el 6 de diciembre de 2010 cuando se manifestaba afuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua, para exigir justicia por su hija asesinada.
 
De los casos de Chihuahua también se documentan las agresiones contra Marisela Ortiz y María Luisa García Andrade, fundadoras de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, dedicada a combatir la impunidad en los casos de desapariciones y feminicidio en Ciudad Juárez.
 
Otra defensora que comparte la misma lucha es Norma Andrade, presidenta de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, quien en diciembre de 2011 sufrió un atentado con arma de fuego en Ciudad Juárez y de nuevo en febrero de 2012 otra agresión con un arma punzocortante en la Ciudad de México.
 
A estos casos ocurridos en el norte del país se suman el intento de secuestro de Flor Karina Cuevas Vásquez, visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Ciudad Juárez, ocurrido en diciembre de 2011, y el asesinato de Manuela Martha Solís, integrante de El Barzón y asesinada en octubre de 2012.
 
Asimismo se cuenta el hostigamiento contra Diana Esther Morales Rincón, abogada del Centro de Derechos Humanos Paso del
Norte; las amenazas de muerte contra Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco en Guerrero, y la desaparición de Eva Alarcón Ortiz, coordinadora de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, también en Guerrero.
 
Igual de preocupantes son los allanamientos de agrupaciones que trabajan temas relacionados con los derechos de las mujeres, como Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad-Oaxaca, en noviembre de 2011, y de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), ocurrido en mayo de 2011.
 
Otros casos que se citan en el informe de la OACNUDH son las amenazas contra la periodista y activista por los derechos femeninos Lydia Cacho; la cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, Bettina Cruz Velázquez, entre otros.
 
Según el informe de los 89 casos, el 38 por ciento fueron amenazas; 13 por ciento injerencias arbitrarias; 12 por ciento actos de hostigamiento; 11 por ciento asesinatos; 11 por ciento detenciones arbitrarias; 6 por ciento atentados; 7 por ciento uso arbitrario del sistema penal, y 2 por ciento casos de desaparición forzada.
 
Respecto a los presuntos responsables de las agresiones, Hernández Valencia dijo que 37 casos se investigaron, lo que indica que apenas el 40 por ciento de los casos monitoreados tienen respuesta institucional.
 
No obstante, el representante de este organismo internacional precisó que una investigación penal no siempre garantiza justicia, porque de los casos que recoge el informe sólo en tres hubo detenido, pero hasta ahora no hay una sentencia condenatoria firme, lo que indica que el Estado tiene retos pendientes.
 
En este tema mencionó que en 2009 la OACNUDH presentó su primer informe sobre agresiones a personas defensoras de DH y en ese entonces hizo 10 recomendaciones a México a fin de ayudar a mejorar la respuesta institucional sobre el tema, pero no todas las recomendaciones fueron atendidas.
 
En el actual reporte de Naciones Unidas se hizo un balance sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas hace cuatro años, las cuales no son de carácter obligatorio, y destacó que éstas se deberían retomar, ya que la nueva administración ya se ha pronunciado a favor de los Derechos Humanos (DH) en el Pacto por México y el Plan Nacional de Desarrollo.
 
Hernández Valencia destacó que falta que se regule el uso de la fuerza para garantizar el derecho a la protesta social, que se reconozca y garantice la radiodifusión comunitaria, y que las entidades y los municipios refuercen el reconocimiento a la labor de las y los activistas, pues no basta con el reconocimiento de las instituciones federales.
 
Entre los avances, la OACNUDH reconoció que el 10 de junio de 2011 se publicó el decreto de reforma constitucional en materia de DH, mediante el cual se modificaron 11 artículos de la Constitución. Otro logro, resaltó, fueron las reformas a la Ley de Amparo.
 
Destacó también la publicación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que dio origen a la creación de un Mecanismo de Protección, pero afirmó que esta herramienta no es la panacea y detalló que su creación se concibió alrededor de las deficiencias institucionales, por lo que aún debe mejorar.