Columna Invitada: ABC y el duelo prolongado

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Silvia Núñez Esquer

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OPINIÓN
ABC y el duelo prolongado
 
Las madres y padres de las niñas y niños fallecidos en la Guardería ABC ya no son los mismos jóvenes a quienes se obligó a salir a las calles a exigir justicia cuando les devolvieron a sus hijas e hijos en un ataúd.
 
Sus rostros han cambiado, están marcados con las líneas del dolor y el llanto. La sonrisa se niega a dibujarse y en su lugar sólo aparecen muecas que pretenden mostrar un gesto amable para quienes les ofrecen apoyo. Es la indignación, el enfado, la ansiedad, la depresión que se han apoderado de sus vidas.
 
El 5 de junio de 2009 su vida cambió abruptamente. De ser personas de la clase trabajadora usuaria del IMSS, pasaron a ser víctimas de la corrupción, tráfico de influencias, y de la ambición de las altas esferas políticas, que además de haber beneficiado a mercaderes del cuidado infantil, siguieron protegiéndolos después de su fechoría.
 
Dice Arthur Murphy, académico de Carolina del Norte y autor de un estudio antropológico entre las familias afectadas por la muerte o lesiones de alguno de las y los niños, que ellas se han agrupado en cinco sectores.
 
Al dar a conocer los primeros resultados de su investigación, que muestra una visión estadística, Murphy expone que las y los familiares se compactaron en cinco grupos, uno de los cuales destaca como el más sólido.
 
Es el que decidió cohesionarse no sólo con familiares, sino con otras personas solidarias, y tomar como su objetivo de vida la búsqueda de la justicia.
 
Hay otro que intersecta al anterior, pero no comparte todos los objetivos. Y hay otros dos grupos más, con menor participación, incluso uno de ellos se visualiza como el de los dispersos. Esta subdivisión es independiente de si estas personas están agrupadas voluntariamente como activistas después de la tragedia.
 
El estudio muestra las coincidencias que ante un hecho catastrófico unen a estas personas, sin definir todavía la parte cualitativa que habría de mostrar un poco más sus aspiraciones, su concepto de justicia, el impacto de la fe, si las razones del duelo prolongado tienen que ver con no haber encontrado la justicia, o son dos caminos paralelos.
 
Su objetivo fue documentar el nivel de duelo, depresión y estrés postraumático (EPT) entre familiares y cuidadores de niñas y niños víctimas que estuvieron en el momento del incendio de la Guardería ABC el 5 de junio de 2009, ocurrido en Hermosillo.
 
Se entrevistó a 91 mamás, 57 papás y 76 familiares más, entre tíos, abuelas, y toda aquella persona que estaba al cargo de cuidar a la niña o niño. El proceso se realizó en dos etapas. La primera a ocho meses de ocurrido el suceso, y el segundo tiempo a 20 meses de los hechos.
 
Con esta investigación también se buscaba establecer cómo se encuentra el tejido social en contextos críticos, como lo fue la crisis generada por la muerte repentina e inesperada de 49 niñas y niños, justo en el lugar en que los cuidaban.
 
Entre los participantes del estudio se identificaron grupos cerrados, extensos y abiertos. De acuerdo con la cohesión social identificada en los grupos, Arthur Murphy ha concluido que ésta se agrupa en cinco sectores.
 
En las primeras conclusiones se advierte que en la población estudiada el 38 por ciento padece o padeció depresión, 47 por ciento adolece de un duelo prolongado, y 54 por ciento de EPT. La diferencia es que la depresión produce incapacidad, no así el duelo prolongado, que permite seguir una vida relativamente normal aunque con mucha tristeza.
 
En el diagnóstico, el duelo prolongado se presenta en las personas participantes en diferentes magnitudes. El grupo uno presenta duelo prolongado en 2 por ciento de sus integrantes; 92 por ciento del grupo dos; 78 por ciento del grupo tres; 32 por ciento el grupo cuatro,  y el grupo cinco presenta duelo prolongado en 50 por ciento de sus integrantes.
 
En los primeros 14 meses se formaron cinco entidades, cuatro de ellas claramente agrupadas. El grupo dos es el que demuestra mayor cohesión, pues participa en marchas de exigencia de justicia, reuniones y otras actividades.
 
La mayoría ha demandado servicios de diversos tipos, como salud y atención psicológica, pero son los grupos uno y tres los que insistieron con más fuerza, dice Murphy.
 
La depresión ha sido uno de los padecimientos que atraviesa a todos los grupos, pues todas las personas la padecen o la han padecido. Aún así, son los grupos uno, dos y tres son los que más la sufrieron.
 
El dolor o duelo prolongado no aparece en el grupo uno, pero 40 por ciento y 41 por ciento de ese grupo sufre depresión y estrés postraumático. El EPT afecta a 54 por ciento de la población total, y los grupos dos y tres lo presentan en un nivel elevado.
 
Las conclusiones forman parte de una primera etapa al procesar los datos cuantitativos de las entrevistas que arrojaron la información, cuyos instrumentos aplicados están guardados en una caja fuerte para respetar el anonimato, y para volver a verlos se requiere la autorización de un comité colegiado, explicó el académico.
 
El análisis cualitativo se dará a conocer posteriormente, pero dentro de las hipótesis se encuentra la relación con el concepto de justicia y el “cierre” de la situación, para conocer el impacto de ambos entre esta población.
 
El resumen y conclusiones se dieron a conocer en la conferencia “Reacciones de las madres y padres afectados ante la experiencia de la tragedia en la guardería ABC”, por Arthur Murphy, académico de la Universidad de Greensboro, Carolina del Norte, como parte del Foro de análisis permanente “De la ABC… a la Z, por una infancia segura”.
 
*Periodista sonorense, editora del sitio mujersonora.com, corresponsal de Cimacnoticias en Sonora, e integrante de la Red Nacional de Periodistas con Visión de Género.

ONU llama a proteger a niñas y jóvenes indígenas

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Anaiz Zamora Márquez

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INTERNACIONAL
ONU llama a proteger a niñas y jóvenes indígenas
Son más vulnerables ante explotación sexual y laboral
 
México, DF, 20 jun 13 (Cimacnoticias).- A nivel mundial las niñas y jóvenes indígenas sufren violencia dentro y fuera de sus comunidades, son las más vulnerables de ser explotadas laboral y sexualmente, así como de ser agredidas y violentadas durante los conflictos armados, pese a ello son “invisibles” para las leyes nacionales y los acuerdos y tratados internacionales a favor de las mujeres.
 
El informe “Rompiendo el silencio en la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes indígenas. Un llamado a la acción” da cuenta de las formas de violencia que enfrenta este grupo poblacional dentro de sus comunidades y fuera de ellas.
 
Elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ONU-Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otras instancias, en el informe se aborda la violencia que sufre la población femenina indígena en Asia, África y América Latina.
 
Se advierte que la violencia contra las jóvenes indígenas debe ser entendida desde un contexto más amplio, pues han sido víctimas de una continua e histórica marginación, por lo que las niñas y las adolescentes además de violaciones a sus derechos individuales, también ven transgredidos sus derechos colectivos.
 
Las jóvenes indígenas carecen de pleno acceso a la educación, tienen un estatus económico bajo, y no acceden a los servicios de anticoncepción, por lo que son vulnerables ante las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH/Sida.
 
También afrontan la violencia de género en sus relaciones sociales, de familia y de pareja, la cual está relacionada principalmente con agresiones sexuales, emocionales o físicas.
 
A lo anterior se suman los matrimonios tempranos, que en algunas comunidades llegan a ser permitidos desde los 15 años de edad, lo que arriesga la vida y el desarrollo de las niñas indígenas.
 
Por ejemplo, en Bolivia –donde 62 por ciento de la población es indígena– el rango de edad de las mujeres casadas pertenecientes a grupos étnicos oscila entre 15 y 49 años; de ellas el 29 por ciento reportó haber sido víctima de violencia sexual por parte de su pareja, mientras que en algunas provincias el 41 por ciento fue víctima de violencia psicológica.
 
Igualmente, las jóvenes indígenas son las principales víctimas del desplazamiento forzado a causa de la pobreza extrema que se vive en sus comunidades, y el limitado acceso a la cultura y a apropiados servicios de justicia.
 
Dentro de este escalón también se identifican los conflictos armados y la militarización ante los cuales las niñas y jóvenes indígenas son sumamente vulnerables de ser agredidas sexualmente, o de ser “puestas al servicio” de los grupos armados.
 
La explotación laboral es más común entre la población indígena. Por ejemplo, el 24 por ciento de las y los menores de edad entre 5 y 17 años insertos en el mercado laboral son mujeres de grupos autóctonos.
 
En Guatemala se estima que 65 por ciento de las trabajadoras del hogar son indígenas y que pertenecen a familias pobres que envían a sus hijas del campo a la ciudad, para generar ingresos y donde ellas trabajan más de 14 horas.
 
En el informe, la ONU llama a los países miembros a que elaboren políticas públicas para atender la violencia de género que sufren las jóvenes indígenas.
 
Recuerda que la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas especifica en su artículo 22, que “las mujeres y niñas indígenas gozarán de la total protección y garantía contra todas las formas de violencia y discriminación”.

“En lo oscurito”, buscan aprobar contrarreforma en DH

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Anayeli García Martínez

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DERECHOS HUMANOS
“En lo oscurito”, buscan aprobar contrarreforma en DH 
Sigue vigente iniciativa para relegar acuerdos internacionales
 
México, DF, 20 jun 13 (Cimacnoticias).- Organizaciones civiles advirtieron que sigue latente la posibilidad de que la Cámara de Diputados apruebe una contrarreforma al artículo primero constitucional en materia de Derechos Humanos (DH), que limitaría el uso e interpretación de los tratados internacionales que más favorecen a las personas.
 
Ayer, la Mesa Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara baja se reunió para analizar la propuesta del diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Francisco Agustín Arroyo Vieyra, de reformar el artículo primero constitucional para relegar las normas internacionales en materia de DH.
 
Sin embargo, de último minuto la Mesa Directiva decidió retirar el tema de la mesa por lo que la iniciativa no se discutió, es decir no fue rechazada ni aprobada pero sigue vigente, por lo que en cualquier momento las y los legisladores podrían retomarla, dictaminarla y eventualmente pasarla al Pleno de San Lázaro.
 
Al respecto, José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), destacó que este tema ha sido preocupante para la sociedad civil porque limita los derechos ganados con la reforma constitucional en la materia aprobada en 2011.
 
Con el argumento de “dar certeza a los jueces” sobre cuál ordenamiento jurídico aplicarían en caso de existir contradicción entre las leyes nacionales e internacionales, el diputado Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara baja, propuso dar supremacía a la Constitución mexicana pese a que ésta aún es restrictiva en materia de DH.
 
“No creo que con lo que se hizo ayer podamos estar seguros de que no se va a tratar de buscar un nuevo momento político”, dijo Marroquín al señalar que atrás del proceso legislativo hay un cálculo político para dictaminar y aprobar la propuesta sin que nadie se dé cuenta y por tanto no se genere un reclamo social.
 
Con la nueva redacción, el texto constitucional diría: “Las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de conformidad y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.
 
Pero además establece que “de existir una contradicción de principios entre esta Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte, deberá prevalecer el texto constitucional, conforme a lo previsto en su artículo 133”.
 
Así, de avanzar la contrarreforma, serían relegados acuerdos globales firmados por México a favor de las mujeres, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), o la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, entre otros.
 
RIESGO LATENTE
 
Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD), dijo que no es suficiente que la Comisión de Puntos Constitucionales retirara la iniciativa de su orden del día, por lo que llamó al diputado Arroyo Vieyra a retirarla por completo ante la Mesa Directiva de la Cámara baja.
 
La activista señaló que este tipo de propuestas buscan reducir los derechos consagrados en artículo primero constitucional, por tanto consideró que en vez de que el diputado busque “una salida elegante”, debe retirarla o bien, los legisladores deben dictaminar en contra y desecharla.
 
En medio de la discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales, el pasado martes la Secretaría de Gobernación (Segob) difundió un comunicado para destacar que este 11 de junio se cumplieron dos años de que entró en vigor la reforma constitucional en materia de DH.
 
A propósito de esta conmemoración, la Segob se comprometió a cumplir con los acuerdos de los partidos políticos derivados del Pacto por México, e impulsar la implementación integral de dicha reforma a través de la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos.

6°Resumen de noticias Junio 2013

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Mariana Montiel Sánchez

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Ciberacción para frenar reforma que “protege la vida desde la fecundación” en Aguascalientes. Crean en Venezuela red de jóvenes por los DSyR. AI exige la liberación de activistas en Túnez. Fallece Cecilia Cardinal de Martín, especialista y promotora de la SSyR en Colombia
 
Ciberacción para frenar reforma que “protege la vida desde la fecundación” en Aguascalientes
México.- Ante la iniciativa propuesta (desde el 27 de mayo de este año) por el diputado priista José Luis Alférez Hernández, de modificar la Constitución de Aguascalientes para “proteger la vida desde el momento de la fecundación”, activistas llaman a unirse a la acción “¡Decidir no es un delito, decidir es un derecho!”.
 
La ciberacción es una protesta virtual que recauda firmas en la dirección http://www.tupuedessalvartuvida.org/AGUASCALIENTES/
 
Es una misiva dirigida a las y los diputados de la entidad para que voten en contra de esta iniciativa que atenta y retrocede en derechos humanos de las mujeres.
 
Actualmente en México 17 estados  “protegen la vida desde el momento de la concepción-fecundación”.
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Crean en Venezuela red de jóvenes por los DSyR
Venezuela.- Mireydis Marcano, funcionaria de la Defensoría del Pueblo, anunció la creación de una red de jóvenes de entre 15 y 18 años que se prepararán para ser instructores de derechos sexuales y reproductivos.
 
La red tiene como propósito contribuir para que las y los jóvenes conozcan sus derechos y los ejerzan con información y responsabilidad y de esta forma puedan reducirse las tasas de mortalidad materno-infantil y los embarazos en adolescentes, explicó la funcionaria.
 
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, el porcentaje nacional de embarazo adolescente es de 17 por ciento. (Información de Prensa Latina).
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AI exige la liberación de activistas en Túnez
Washington.- El 29 de mayo Marguerite Stern, Pauline Hillier y Josephine Markmann, integrantes del movimiento FEMEN, fueron detenidas y sentenciadas a cuatro meses de prisión por protestar con el torso desnudo frente al edificio del Tribunal de Túnez para exigir la liberación de otra integrante del movimiento.
 
Hoy, en un comunicado, Hassiba Hadj Sahraoui, diputada de Medio Oriente y directora para el Programa para África de Amnistía Internacional, exigió la liberación de las mujeres tras argumentar que es desproporcionado encarcelar a las personas por ejercer su libertad de expresión.
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Fallece Cecilia Cardinal de Martín, especialista y promotora de la SSyR en Colombia
Colombia.- El día de ayer, en Bogotá, feneció Cecila Cardinal de Martín, fundadora y directora del Comité Regional de Educación Sexual de América Latina y el Caribe (CRESALC).
 
Cardinal se desempeñó como consultora de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
 
En Colombia, su país natal, diseñó el Primer Programa de Educación Sexual y en 1999 recibió la Medalla de Oro de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS, por sus siglas en inglés) así como el reconocimiento de la Federación Latinoamericana de Educación Sexual.

Detenciones arbitrarias de mujeres inmigrantes en España

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Gloria López

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INTERNACIONAL
Detenciones arbitrarias de mujeres inmigrantes en España
Autoridad les achaca delitos para expulsarlas del país
 
Madrid, 20 jun 13 (Cimacnoticias/AmecoPress).- Más del 90 por ciento de las mujeres inmigrantes que están en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en la capital española, fueron internadas sin haber cometido algún delito.
 
Así se desprende del informe “Mujeres en el CIE. Género, inmigración e internamiento”, divulgado en mayo pasado y elaborado por investigadoras de las Universidades Autónoma, Complutense y Rey Juan Carlos, de Madrid.
 
Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y directora del estudio, explica que “el objetivo de realizar el trabajo era indagar sobre las razones por las que las mujeres se encuentran en los CIE”.
 
Un aspecto “difícil de investigar”, ya que a los tres meses de comenzar las entrevistas con las mujeres, el Centro de Internamiento de Aluche les denegó el permiso. La conclusión es bien clara: a la mayoría de las mujeres se les encierra sin cometer delito, sino por causas administrativas.
 
Las investigadoras hicieron 24 entrevistas, a lo que sumó información proveniente de otras fuentes para llegar a las conclusiones en un informe que acusa al Ministerio del Interior de “inflar artificialmente” el porcentaje de “expulsiones cualificadas” (inmigrantes que han delinquido) en sus balances anuales de lucha contra la inmigración sin documentos, al excluir de forma “injustificada” aquellas motivadas por vulnerar la prohibición de entrada en el país o por entrar de forma irregular.
 
Si se incluyeran las expulsiones por infracciones administrativas, el porcentaje de “expulsiones cualificadas” se reduciría de 87 a 49 por ciento. Es decir, 49 por ciento de las expulsiones estaría relacionada con hechos delictivos y no 87 por ciento como apunta el Ministerio del Interior.
 
El informe enfatiza en que la estancia en los CIE por infracciones administrativas tiene una “enorme incidencia” cuando según la ley de extranjería estos hechos conllevan una multa, y sólo “en casos excepcionales” el internamiento y posterior expulsión de la persona inmigrante. “Con la ley en la mano se están incumpliendo las garantías”, sentencia Margarita.
 
MALTRATOS
 
Respecto a las mujeres, según datos brindados por la policía, 153 de las 195 detenidas (78.41 por ciento) en el CIE de Madrid fueron internadas para ejecutar su expulsión por estancia irregular.
 
Además, 14.87 por ciento estaba en el centro para ejecutar sus devoluciones tras intentar entrar irregularmente al país o por haber infringido una prohibición administrativa de retorno.
 
Según el informe, sólo en 6.66 por ciento de los casos el internamiento de las mujeres en el CIE de Madrid estaría relacionado con comportamientos delictivos.
 
Para las investigadoras, esta información sólo admite dos interpretaciones: o es “falso el discurso oficial” según el cual la mayoría de las personas en el CIE fueron recluidas por haber cometido algún delito o, en comparación con los hombres, las mujeres serían tratadas “con mucha mayor dureza” en cuanto a que la mayoría es privada de la libertad por “simples infracciones administrativas”.
 
VÍCTIMAS DE TRATA
 
La investigación revela que entre las internas en el CIE de Aluche hay víctimas de trata y muestra la vulnerabilidad de la migración femenina subsahariana, población mayoritaria entre las internas.
 
De las conversaciones con las mujeres en el CIE y de otros indicios, las investigadoras advirtieron una “sobrerrepresentación de mujeres que ejercían la prostitución”.
 
Si bien las expertas aseguran que “es un aspecto que debería ser objeto de mayor estudio”, interpretan que dicha sobrerrepresentación “probablemente se deba a su mayor exposición pública y propensión a verse sometidas a más controles de identificación”.
 
También se apunta como posible causa que, “bajo el paraguas de la lucha contra la trata, se estarían llevando a cabo operaciones poco selectivas que recaen sobre prostitutas en general, que se saldan con un elevado número de mujeres detenidas por no tener papeles que terminan ingresadas en los CIE”.
 
Al CIE van a parar también víctimas de trata. Ello, según las autoras del informe, evidencia que, a pesar de avances a nivel normativo en su protección, “existe una profunda brecha entre los derechos reconocidos en las normas y su aplicación en la práctica”.
 
Como expresa Victoria García del Blanco, profesora de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos: “El problema básico que hay en los CIE es humanitario”.
 
Explica que las 24 entrevistas con mujeres indican “que las personas que llegan lo hacen con mucho sufrimiento”. Muchas de estas mujeres habían atravesado un “recorrido difícil, a merced de las mafias, de matrimonios concertados, violaciones, etcétera”.
 
Las académicas insisten en obtener permiso para continuar con las entrevistas a mujeres encerradas en los CIE y tener acceso al espacio habitual en el que se desarrolla la vida de estas inmigrantes.
 
“Probablemente no tuvimos acceso a las mujeres más vulnerables”, lamenta Margarita. Su compañera Victoria se queja del miedo que sentían estas mujeres, por la manipulación a la que estaban sometidas: “Hasta el cuarto día no se mostraban, creían que les íbamos a hacer cualquier cosa”, comparte.
 
EL CASO DE SAMBA MARTINE
 
Durante la presentación del texto se homenajeó a Samba Martínez, inmigrante que murió en diciembre de 2011 tras ser trasladada al CIE de Aluche.
 
El informe acredita que durante los 38 días que estuvo encerrada en el CIE de Aluche, Samba solicitó asistencia a los servicios médicos del CIE al menos en 10 ocasiones, sin que se le prescribiera ni un análisis de sangre.
 
En el CETI de Melilla, de donde procedía, sabían que Samba Martine estaba gravemente enferma. Un año y medio después de su muerte ni siquiera se ha averiguado qué pasó con su historia clínica, si se quedó en el CETI de Melilla o si llegó al CIE de Aluche.
 
“Los medios de comunicación tienen que dar a conocer el problema, transmitirlo para que podamos cambiar”, advierte García del Blanco.
 
“La trágica historia de Samba Martine nos obliga a recordar que cuando el Estado priva de libertad a una persona encerrándola en un CIE, se convierte en el garante de sus derechos fundamentales, de forma muy destacada de su vida y de su salud. Si el Estado no garantiza los derechos básicos de estas personas, la consecuencia, jurídicamente exigible, es que los CIE deberían cerrarse.”

Síndrome de Indefensión Aprendida: el monstruo de la violencia

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Alejandra Buggs Lomelí

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COLUMNA INVITADA
Mujeres y Salud Mental
Síndrome de Indefensión Aprendida: el monstruo de la violencia
 
Una de las historias más escalofriantes que conocimos en México en 2011 fue la protagonizada por Jorge Antonio Iniestra, el llamado “Monstruo de Iztapalapa”, y Clara Herrera, quien después de denunciar las atrocidades cometidas por Jorge, su ex pareja, de víctima ha sido considerada como victimaria por las autoridades capitalinas.
 
En 2004 Clara se enamora de Jorge, quien es 10 años menor que ella, y quien muestra un visible trastorno severo de personalidad claramente identificable para las y los profesionales de la salud mental.
 
Establece con Jorge una relación codependiente de pareja, entregándole prácticamente su vida y la de sus hijas e hijo, a quien en un principio ella consideraba una buena persona.
 
Clara, quien desde sus 10 años sufrió vejaciones, replica el patrón de violencia en una primera relación basada en el maltrato y el abandono de su pareja.
 
Para entonces ya tenía a su hija Gabriela, su primogénita, después se casa y tiene a Rebeca y a Ricardo. Durante los años que estuvo casada sufrió toda clase de insultos, humillaciones y golpes por parte de su pareja alcohólica, quien también la abandona.
 
En 2004 conoce a Jorge Iniestra, quien la invita a salir y comienza a cortejarla; la lleva a lugares que ella consideraba “lujosos” y que a Clara deslumbraban por no estar acostumbrada a visitarlos.
 
Después de siete años de una “relación” en la que Clara fue obligada por Jorge a darle su dinero, y amenazada con matar a sus hijas e hijo si no le permitía abusar de ellas, violándolas y abusando física y psicológicamente de ellas, alejada de su familia y amistades, Clara ya no pudo más y en 2011 se arma de valor para pedir ayuda a una de sus hermanas y denunciar para rescatar a sus hijas de su secuestrador y violador.
 
Quizás después de conocer la historia de Clara habrá quien le cuestione el hecho de por qué tardó tanto tiempo para tomar cartas en el asunto y denunciar; habrá otras y otros más quienes pudieran tacharla de cómplice en el abuso de sus hijas y maltrato de su hijo.
 
Revisemos la historia desde una visión psicológica con perspectiva de género: El tema de la violencia es sumamente delicado y lo es aún más si no tomamos en cuenta que las personas expuestas a situaciones de violencia continua construyen un mecanismo inconsciente de defensa, que les lleva a aguantar todo tipo de situaciones.
 
Lo anterior no justifica ciertas acciones, sin embargo nos permite comprender por qué a veces la víctima no es capaz de moverse de su encierro o de la situación violenta por terrible que ésta sea.
 
Es importante aclarar que cuando me refiero a este tipo de mecanismos no hablo de una persona que sufrió aisladamente un hecho de violencia.
 
Sino al contrario: me refiero a cuando la agresión y la mentira han sido parte de toda su vida; si somos conscientes de la humillación que esto implica entenderemos por qué les creen a sus victimarios y siguen a su lado.
 
Este mecanismo tiene nombre, se llama “Síndrome de Indefensión Aprendida o Desesperanza Inducida”, y es una condición psicológica en la que la víctima de violencia aprende a creer que está indefensa, que no tiene ningún control sobre la situación en la que se encuentra y que cualquier cosa que haga es inútil.
 
Como resultado de un proceso sistemático de violencia, la víctima permanece pasiva frente a una situación dañina, incluso cuando dispone de la posibilidad real de cambiar estas circunstancias.
 
Los síntomas depresivos que padecen estas mujeres se manifiestan fundamentalmente en apatía, pérdida de esperanza y sensación de culpabilidad.
 
Este síndrome es una “adaptación psicológica”, una salida que encuentran las víctimas para procesar tanto dolor a lo largo de toda su historia.
 
Cuando se ha sufrido violencia de cualquier tipo, ciertas situaciones se presentan ante las víctimas como “sin salida”, y antes de intentar cualquier acción para revertirla se asumen en pleno convencimiento de que nada se puede hacer para mejorar dicha realidad, que no hay otra salida, más que la que han optado.
 
Tras fracasar en su intento por contener las agresiones, prevenirlas, evitarlas o alejarse de ellas, y en un contexto de baja autoestima  que se refuerza cotidianamente ante la incapacidad por acabar con esa situación, las víctimas asumen lo que les pasa como un castigo merecido.
 
Nadie podrá ayudarlas a salir, ni a cambiar sus vidas…
 
Y cuando lo hacen ayudadas como Clara por su hermana, se enfrentan a un sistema judicial que no toma en cuenta las subjetividades del caso y se deja llevar sólo por las capas más superficiales.
 
El silencio es uno de los principales obstáculos a los que una mujer víctima de violencia se enfrenta, el silencio hacia sí misma y hacia las y los demás.
 
Reconocerse como víctima y “traicionar” al que ha sido su compañero, asumir el juicio social, sentirse responsable de las agresiones, la falta de perspectivas  personales  y económicas, son factores psicológicos y sociales nada fáciles de encarar, que mantienen en la mujer el efecto de la terrible lacra que es la violencia.
 
Será importante en el caso de Clara y de todas las mujeres víctimas de violencia que han logrado salir de esa situación y denunciar, que las autoridades encargadas del caso tomen en cuenta las particularidades de su historia de vida, el género al que pertenece  viviendo en una sociedad patriarcal y los delgados hilos de los efectos subjetivos tan devastadores que las situaciones de maltrato y violencia pueden generar.
 
Se debe evitar que las mujeres víctimas se conviertan en victimarias, para que a lo largo del caso se les proporcione el apoyo psicológico y psiquiátrico necesario y principalmente se respeten sus Derechos Humanos en un afán por no repetir patrones de violencia en nombre de la justicia.
 
www.saludmentalygenero.com.mx
 

*Psicóloga clínica, psicoterapeuta humanista existencial, especialista en Estudios de Género, y directora del Centro de Salud Mental y Género.

Trabajo doméstico impide a mujeres inserción al mercado laboral

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Carmen R. Ponce Meléndez/ @ramonaponce

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COLUMNA INVITADA
Monedero
Trabajo doméstico impide a mujeres inserción al mercado laboral
 
La enorme desigualdad de género que persiste en el trabajo doméstico no remunerado de los hogares (TDNRH) tiene graves implicaciones socioeconómicas para las mujeres, la niñez y toda la sociedad en su conjunto.
 
Conforme a la información generada por Inegi (2007-2011), las mujeres dedican 68.3 por ciento de horas a la semana a este tipo de trabajo, convirtiéndose en una importante limitante para su inserción en el mercado laboral, y para todos los aspectos de su vida, ya que únicamente ocupan 30.3 por ciento de horas semanales al trabajo de mercado remunerado. Al trabajo de mercado sólo destinan 3 de cada 10 horas.
 
En contraparte, y como se aprecia en la gráfica, los hombres dedican a este trabajo (remunerado) 74.5 por ciento de horas semanales, mientras que para las labores domésticas y de cuidado sólo destinan 22.6 por ciento.
 
VER GRÁFICA AQUÍ
 
En suma, son 2 mil 410 millones de horas de trabajo femenino, respecto a mil 932 masculinas, un plus de 478 millones de horas de trabajo realizado por las mujeres, considerando trabajo remunerado y no remunerado; en detrimento de su economía, su salud y la de todos los miembros de una familia.
 
Las labores domésticas y de cuidado comprenden: cuidados, apoyos y alimentación, que en conjunto representan más de la mitad de estas actividades (54.7 por ciento); también están la limpieza y el mantenimiento de la casa, compras y administración, y limpieza y cuidado de la ropa y calzado.
 
Su aportación a la economía nacional es muy importante en 2011, de acuerdo con las cifras de la cuenta satélite del TDNRH Inegi,  representó 21.6 del Producto Interno Bruto (PIB), un valor económico de 3 mil 95 billones de pesos, cifra superior a la aportación de la industria manufacturera (17.5) y a la del sector  comercio (15.9 por ciento).
 
Por cada 100 pesos de este valor económico, las mujeres aportan 79.1 y los hombres 23.9 pesos. En los rubros de “alimentación y, limpieza cuidados de la ropa y calzado” la responsabilidad de las mujeres es de 86 por ciento en promedio, frente a un 14.05 de los hombres.
 
Con relación al PIB, las tres actividades con aportación más altas son: proporcionar cuidados y apoyos a los miembros del hogar, en segundo término alimentación, y por último “limpieza y mantenimiento de la vivienda”.
 
Medido por el ingreso monetario que obtendrían las personas que realizan el TDNRH, las mujeres generaron el equivalente a 39 mil 900 pesos anuales, mientras que la aportación masculina fue de 12 mil 700 pesos, menos de la mitad de la contribución femenina.
 
Las cifras son contundentes; es más que evidente la forma en que las mujeres generan riqueza a la sociedad a costa de su pobreza y una baja calidad de vida, cargando con el estereotipo social “femenino” de que las labores domésticas y de cuidado son “naturalmente” exclusiva responsabilidad de las mujeres.
 
El hecho de que solamente puedan dedicar 3 de cada 10 horas al trabajo remunerado implica que su vida laboral se vea seriamente afectada. Tienen que aceptar trabajos temporales y de tiempo parcial, con salarios bajos y sin seguridad social.
 
Se ven obligadas a interrumpir su vida laboral, lo que les impide acceder a una pensión por jubilación; por tanto cancelan su expectativa de una vejez digna y con calidad de vida. Por cada 100 mujeres de 65 años 80 no cuentan con pensión de jubilación; en los hombres este porcentaje disminuye a 60 por ciento.
 
Crear infraestructura de apoyo para las y los trabajadoras con responsabilidades familiares es una parte de la solución; también es necesario que en los medios masivos de comunicación se promueva la activa participación masculina en estas tareas, sin  menoscabo de su masculinidad, como falsamente lo difunde la cultura machista.
 
En el trabajo no remunerado de los hogares cerrar la brecha de género genera más desarrollo social y económico.
 
*Economista especializada en temas de género.

Cada vez más niñas y adolescentes son violentadas en España

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Gloria López

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Cada vez más niñas y adolescentes son violentadas en España
Aumenta el acoso sexual vía las redes sociales
 
Madrid, 20 jun 13 (Cimacnoticias/AmecoPress).- En lo que va de 2013, 26 mujeres y dos niños han perdido la vida por la violencia machista. Una violencia que afecta a edades cada vez más tempranas.
 
La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres analiza hoy el impacto de la violencia de género en la infancia y la adolescencia. Lo hace desde distintos ámbitos y puntos de vista (jurídico, social, institucional, político, instrumental), a fin de visibilizar las repercusiones de esta situación en la que las víctimas son especialmente vulnerables.
 
“Siguen existiendo unos sectores conservadores que pretenden que las cosas no cambien y responden de forma violenta ante los logros de la lucha contra esa violencia”, denunció Susana Martínez, presidenta de la Comisión, durante la inauguración de una jornada de debate.
 
La experta puso como ejemplo las “mentiras” –como el inexistente Síndrome de Alineación Parental o las también ficticias denuncias falsas–, utilizadas para “intentar crear conciencia social de un pretendido abuso por parte de las víctimas de violencia de género de su condición de víctimas”. Estas estrategias se combaten desde “la razón, la lógica y las estadísticas”.
 
VIEJAS ACTITUDES, NUEVOS INSTRUMENTOS
 
Martínez alertó sobre la reproducción de conductas machistas por parte de la población joven, y la aparición de “nuevos instrumentos de dominio mediante el uso de nuevas tecnologías y redes sociales”.
 
La delegada del gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández Oliver, insistió en la necesidad de “romper el silencio” para salir de la cadena del maltrato y de “radiografiar” la situación de manera que se pueda estudiar la realidad con el mayor número de datos.
 
Anunció diversos estudios en curso sobre el “ciberacoso”, otro respecto al ámbito educativo y la violencia de género, o una encuesta sobre violencia y juventud.
 
En cuanto a la adolescencia, la especialista señaló que 21 por ciento de las llamadas al número de emergencia 016 las realizan mujeres jóvenes de menos de 30 años; que la mayor parte de las mujeres asesinadas tenía entre 20 y 40 años, o que una décima parte de las universitarias españolas han sido obligadas a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento.
 
A esto se añade que 70 por ciento de las víctimas tienen hijas o hijos, y que 61 por ciento de ellas reconoce que sus descendientes han padecido directamente la violencia. “Hay muchos huérfanos por culpa de la violencia de género y también menores de edad muertos, como consecuencia de su instrumentalización en la violencia contra las madres por parte de los agresores”.
 
La delegada defendió la estrategia nacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres presentada por el gobierno a finales de mayo pasado, compuesta por siete ejes de actuación.
 
Entre ellos, atender personalizadamente a las mujeres; coordinación y puesta en red de los diferentes agentes que trabajan contra la violencia de género; formar y sensibilizar a los distintos agentes que participan en el proceso; radiografiar el fenómeno; atender a los grupos más vulnerables, y visibilizar otras formas de violencia contra las mujeres como la trata, la mutilación genital o los matrimonios forzados, que son “consecuencia de la desigualdad entre mujeres y hombres”.
 
En el foro también se advirtió que las y los niños expuestos a la violencia de género sufren efectos similares a los que padecen sus madres, como daños a la salud y que además suelen reproducir patrones de conducta relacionados con el maltrato.
 
Según la fundación ANAR, casi 60 por ciento de las llamadas que recibieron en 2012 correspondían a menores de 17 años de edad y 12 por ciento eran de niñas de 13 y 14 años.

Por amenazas, personal de “La 72” deja de laborar

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Cecilia Vargas, corresponsal

CIMAC Noticias
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MIGRACIÓN
Por amenazas, personal de “La 72” deja de laborar
Se incumplen medidas de protección ordenadas por la CIDH
 
Villahermosa, 19 jun 13 (Cimacnoticias).- Ante el incumplimiento de las medidas cautelares que ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el pasado 19 de abril y nuevas amenazas de muerte, personal del albergue para migrantes “La 72”, en Tenosique, Tabasco, anunció que abandonará su labor.
 
La CIDH, se explica en un comunicado, otorgó medidas cautelares a favor de fray Tomás González, Rubén Figueroa y demás personal de “La 72”, y el Estado disponía de 15 días para informar al organismo internacional del cumplimiento de las mismas para garantizar la seguridad del albergue.
 
Antes, en marzo pasado, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dictó medidas a favor de  “La 72”, pero éstas tampoco se cumplieron cabalmente.
 
Al término del plazo que fijó la CIDH, las autoridades ni siquiera se pusieron en contacto con los activistas, por lo que fray Tomás González envió una carta a la Secretaria de Gobernación para instar al Estado a cumplir con las medidas.
 
En una nueva reunión entre autoridades y miembros del albergue el pasado 17 de mayo se ratificó el compromiso del Estado de implementar diversas medidas de protección, incluyendo “acompañamientos a fray Tomás González Castillo, para garantizar su integridad tanto en el albergue como en sus traslados”, por parte de la Policía Federal (PF).
 
La actitud de la PF fue contraria al acuerdo, ya que sin explicación alguna retiró sus patrullas, por lo que fray González Castillo y otras organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de las personas migrantes enviaron cartas de extrañamiento.
 
Se logró que el pasado martes regresara la patrulla de traslados, pero no lo hizo la de presencia permanente y reacción inmediata con la que contaba el albergue desde marzo.
 
Los compromisos asumidos por el Estado en la reunión del 17 de mayo quedaron asentados por escrito e incluía: luminarias, “botón de pánico”, alarma, cuarto de control del circuito cerrado de televisión, y nuevo sistema de cerraduras.
 
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Tabasco aceptaron entregar la lista de averiguaciones previas especificando el estado que guarda cada una de ellas, tanto de agresiones contra defensores como de delitos cometidos contra migrantes.
 
Ninguno de esos compromisos se cumplió, y en contraste, el pasado 8 de junio el personal de “La 72” recibió una nueva amenaza de muerte de parte de una persona que se acercó al albergue diciendo que “venía por alguien”.
 
La misma persona advirtió a Rubén Figueroa que dejara de obstaculizar al crimen organizado y que si no, el defensor sería encontrado “embalsamado”.
 
A raíz de la denuncia, el implicado fue detenido junto con otros tres hombres, todos ellos liberados el pasado 10 de junio, pese a que la PGJE cuenta con información que los vincula a delitos cometidos contra migrantes.
 
Ante tal situación, parte del equipo del albergue decidió retirarse indefinidamente del lugar al temer por su vida e integridad física tras las nuevas amenazas.
 
Las organizaciones firmantes del comunicado, entre ellas Casa del Migrante de Saltillo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Movimiento Migrante Mesoamericano, deploraron el incumplimiento de las medidas y la persistencia de la impunidad.
 
Dicha situación, advirtieron, deja aún más vulnerables a las personas migrantes, quienes ya son objeto de brutales actos de violencia que permanecen en la impunidad.
 
Las y los activistas reiteraron que es imprescindible que el Estado garantice la seguridad del personal y de las y los migrantes albergados en “La 72”.