Rechazan posible imposición de nueva titular de Inmujeres

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CIMAC/por: Gladis Torres Ruiz

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POLÍTICA
Rechazan posible imposición de nueva titular de Inmujeres
Consejeras piden diálogo para analizar perfiles de candidatas
 
México, DF, 19 dic 12 (Cimacnoticias).- Ante el proceso de selección de la nueva presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), las integrantes de los consejos Consultivo y Social llamaron al Ejecutivo federal para que la nueva titular represente de manera real y efectiva los derechos de las mexicanas.
 
En entrevista con esta agencia de noticias, la integrante del Consejo Consultivo Claudia Cruz Santiago, dijo que el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto pretende iniciar el proceso de designación de la nueva titular este jueves, para lo cual las integrantes de ambos consejos  fueron citadas.
 
En la reunión de mañana se les presentará un listado de candidatas (propuestas por las Secretarias de Estado), para que eventualmente el próximo viernes la Junta de Gobierno del Inmujeres elabore una terna de candidatas que se enviará al presidente, quien definirá a la nueva titular.
 
De acuerdo con la Ley del Inmujeres, la terna deberá estar integrada por acuerdo de las tres quintas partes de la totalidad de las y los integrantes de la Junta de Gobierno del instituto.
 
La Junta de Gobierno es el máximo órgano de administración del instituto y se encarga de fijar, dirigir, supervisar, evaluar y controlar las actividades del Inmujeres. Se integra por las y los titulares de 13 secretarías de Estado; la Procuraduría General de la República; Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
 
También la conforman las 16 integrantes de los consejos Consultivo y Social; todos con derecho a voz y voto.
 
En el encuentro participarán como “invitados permanentes”, con derecho a voz pero no a voto, representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, la Cámara de Diputados y el Senado.
 
RIESGO DE ELECCIÓN “FAST TRACK”
 
La ex diputada federal del PRD Claudia Cruz explicó que a través de Marta Laura Carranza Aguayo, ex secretaria técnica del Inmujeres y cercana al gobierno federal, las consejeras que representan a las organizaciones civiles llamaron al Ejecutivo a dialogar y realizar un proceso que no sea “intempestivo o fast track”.
 
“Nosotras (las consejeras) necesitamos un acercamiento con las instituciones del gobierno federal, para analizar la trayectoria de las candidatas interesadas”, abundó.
 
Cruz Santiago indicó que las aspirantes deben cumplir con la normatividad que establece el Inmujeres, y cubrir el perfil necesario para presidir el instituto.
 
El artículo 15 de la Ley del Inmujeres señala que quien aspire a su presidencia deberá ser mexicana por nacimiento, haber desempeñado cargos de alto nivel y haber destacado a nivel nacional o estatal por su labor en favor de la equidad de género, o con la promoción de la igualdad de oportunidades para las mujeres, así como no haber sido condenada por delito alguno o inhabilitada por la Contraloría de la Federación.
 
La ex integrante del Consejo Social del Inmujeres de 2000 a 2003 advirtió: “Somos un grupo plural de mujeres que trabajamos por los derechos de las mujeres de este país y no queremos que nos vengan a imponer a nadie”.
 
LAS ASPIRANTES
 
Claudia Cruz aclaró que las consejeras no están en contra de alguna candidata que se proponga, sino que demandan una terna en la
que todas y todos los integrantes de la Junta de Gobierno estén de acuerdo.
 
Algunas feministas han expresado su apoyo a la priista Laura Cerna Lara, quien ha sido promotora de la igualdad de género en la política, asesora del PRI, así como vocera de María de los Ángeles Moreno y Beatriz Paredes Rangel.
 
Explicaron a Cimacnoticias que la trayectoria de Cerna es impecable y sería un buen enlace entre el Inmujeres y el movimiento por los derechos femeninos.
 
Por su parte, Claudia Cruz mencionó varios nombres de posibles aspirantes a dirigir el instituto –todas ellas con militancia en el PRI–: la ex diputada de la ALDF Alicia Téllez; la ex secretaria de Desarrollo Social de Coahuila, Martha Laura Carranza; la ex gobernadora de Yucatán Dulce María Sauri, y la ex comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres  Laura Carrera.
 
También como posible candidata se encuentra la ex titular del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México, Lorena Cruz, quien a decir de la consejera es la que “descabezó” al Instituto de las Mujeres del Edomex y lo convirtió en un Consejo de la Mujer y la Familia.
 
El Inmujeres es la instancia federal encargada de dirigir la política nacional a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en las acciones del Estado mexicano.
 
Antes de asumir la Presidencia, Peña Nieto –a través de las bancadas del PRI– envió una iniciativa de reforma al Congreso para sectorizar al Inmujeres a la Secretaría de Desarrollo Social –hoy encabezada por Rosario Robles–, lo que generó el descontento de feministas por considerar que se restaban autonomía y facultades a un instituto fundamental para lograr la equidad de género.
 
La protesta social obligó a Peña Nieto a dar marcha atrás a la iniciativa que convertía al Inmujeres en un “apéndice” de la Sedesol.

Argentina: escasos resultados en combate a trata de personas

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CIMAC/por: Milva Benitez, corresponsal

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INTERNACIONAL
Argentina: escasos resultados en combate a trata de personas
Pocos juicios, autoridades cómplices y mala atención a víctimas

Buenos Aires, 19 dic 12 (Cimacnoticias).- A cuatro años de que en Argentina se aprobó la Ley de Prevención y Sanción de Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, las redes delictivas que trafican mujeres con fines de explotación sexual comercial en este país sudamericano están prácticamente intactas.
 
Los juicios son escasos, los fiscales no embargan los bienes que permitirían desbaratar las redes criminales, y las mujeres y niñas rescatadas vuelven a quedar a merced de sus explotadores ante las fallas del sistema de asistencia social.
 
La cloaca de la ineficacia judicial para combatir el delito de trata mostró la semana pasada su lado más fétido, luego de que la Segunda Sala de la Cámara en lo Penal de la noroccidental provincia de Tucumán absolvió a los 13 acusados por el secuestro y explotación sexual de María de los Ángeles (Marita) Verón.
 
El fallo provocó un escándalo en Argentina por el caso de esa joven desaparecida el 3 de abril de 2002, a la edad de 23 años, y que dio la pauta para que se aprobaran normas contra la trata de personas.
 
La infatigable búsqueda a la que se aferró su madre, Susana Trimarco, puso el tema en el candelero público y en abril de 2008 se aprobó la ley que tipificó la trata como un delito federal.
 
INOPERANCIA JUDICIAL
 
En cuatro años de vigencia de la Ley de Prevención y Sanción de Trata de Personas se iniciaron alrededor de 475 investigaciones relacionadas con explotación sexual, según datos de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE).
 
Pero hasta abril de 2011, los casos en los que se ha avanzado lo suficiente como para identificar a los responsables y dictar su procesamiento sólo son 95.
 
En el informe 2012 de la UFASE se establece “la necesidad de analizar los casos archivados o causas en trámite sin avances considerables, y recolectar información sobre los delitos conexos con la trata de personas”.
 
En 2011 la cantidad de juicios disminuyó considerablemente y en 2012 prácticamente se vino a pique. En cuanto a las sentencias, el panorama no resulta más alentador. Desde que se comenzaron a dictar, sólo 50 se tradujeron en condenas. Este año sólo 11. Y del total, 6 resultaron absolutorias.
 
Los condenados en todo el país son apenas 104. Muchos ni siquiera estuvieron en un juicio oral y público, porque las condenas previstas en la ley aprobada en 2008 son irrisorias: las más bajas pueden ser de apenas 2 años de prisión, y si reconocen los hechos pueden lograr un acuerdo que se conoce como juicio abreviado y la pena máxima puede redundar en 6 años de prisión.
 
GANANCIAS INTACTAS
 
Mientras, las ganancias por el delito de trata se multiplican en los lugares de explotación. En contraste, incorporar una mujer a las redes de la trata suele no costar nada, ya que son “enganchadas” con engaños o compradas “por 200 o 300 pesos argentinos (entre 500 y 800 pesos  mexicanos) a algún familiar o conocido”, explica Marcelo Colombo, titular de la UFASE.

Daniel Adler, fiscal federal en la ciudad de Mar del Plata lo cuantifica: “En una causa de 2010, en un lugar (prostíbulo) con 14 mujeres, cada una producía alrededor de 15 mil pesos mensuales (cerca de 39 mil pesos mexicanos), lo que multiplicado da una cifra que al año representa más de 2 millones y medio de pesos (cerca de 6 millones y medio de pesos mexicanos)”.

 
“El decomiso del producto o provecho del delito continúa presentándose en un número muy bajo de sentencias condenatorias. El ataque al eje económico de las investigaciones sigue siendo una tarea pendiente para jueces y fiscales”, dice el informe de este año de la UFASE.
 
Considerado el tercer delito más rentable del mundo, en Argentina las redes de trata han logrado establecer un sistema de protección que involucra principalmente a agentes municipales y policiales.
 
La actual Ley de Trata, que el Congreso modificaría hoy, prevé penas de entre 4 y 10 años de prisión para funcionaros públicos que estuvieran involucrados, y hasta 15 años si las víctimas son menores de edad.
 
VÍCTIMAS EN EL ABANDONO
 
Los números que ostenta el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también son significativos.
 
De 2008 a septiembre de 2012, 3 mil 700 personas sometidas a explotación sexual o laboral fueron rescatadas en el marco de más de mil 600 procedimientos.
 
En septiembre pasado, en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, celebró que estas acciones permitieron detener “a mil 227 presuntos tratantes”. Pero el repaso por condenas y sentencias baja las expectativas con las que el funcionario presentó las cifras.
 
Salvo contadas excepciones, los organismos estatales desconocen el destino y en qué situación se encuentra la mayoría de las mujeres y niñas, que tras ser rescatadas de las redes de trata corren el riesgo de volver a ser desaparecidas por proxenetas y abusadas por “clientes-prostituyentes”.
 
“A veces las devuelven al lugar de origen y las jóvenes después nos llaman. ‘¡Tenemos hambre, no tenemos para comer!’, nos dicen. Es necesario que nos coordinemos para que estas mujeres no queden a la deriva”, reclama Mercedes Assorati, coordinadora del Programa Esclavitud Cero.
 
Germán Díaz, abogado de la Fundación María de los Ángeles –creada por Susana Trimarco para asistir a víctimas de trata tras el secuestro de Marita–, advierte que aún faltan recursos y capacitación para asistir integralmente a mujeres y niñas rescatadas de las redes de explotación.
 
Díaz alerta sobre los riesgos de la revictimización: “Hay jóvenes que no pueden hablar ni cinco minutos y se quiebran, a la semana tiene que volver a intentarlo. Hay que estar en los detalles, si no corremos el riesgo de agravar el daño psicológico sobre el que es muy difícil reconstruir un proyecto de vida”.
 
El abogado incluso observa que en los operativos se encontraron víctimas que tras haber sido rescatadas vuelven a caer en manos de los tratantes.
 
SIN REFUGIOS

Tampoco hay lugares especializados para atender a las víctimas de este delito. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires no cuenta con espacios donde dar resguardo a las mujeres rescatadas en los prostíbulos, y debido a que los recursos públicos son limitados, muchas terminan alojadas en centros para víctimas de violencia o, en el caso de las niñas, en instituciones dedicadas a la atención a la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad social.

 
El pasado 22 de noviembre, la Legislatura de esa provincia aprobó la iniciativa presentada por la diputada Nancy Monzón que establece que cada departamento judicial “deberá contar con al menos un refugio que brinde alojamiento, protección y asistencia médica a las víctimas de explotación sexual”.
 
En las provincias de Córdoba y Misiones hay programas y casas-refugio estatales o mixtas (con gestión de organizaciones civiles) para la asistencia a las víctimas. En tanto, la mayoría de las provincias carece de estos recursos o depende exclusivamente de la acción de grupos ciudadanos.

Rajoy, género y ONU Mujeres

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CIMAC/por: Teresa Mollá Castells

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COLUMNA
Desde la Luna de Valencia
Rajoy, género y ONU Mujeres

Al parecer, el actual gobierno del Partido Popular (PP), encabezado por Mariano Rajoy, teme nombrar algunos temas por su nombre.

Así la ministra Ana Mato, responsable del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en su primera comparecencia pública por un tema relacionado con el terrorismo machista, evitó hablar de violencia de género y habló de “violencia intrafamiliar”.

Al parecer dicha ministra no ha leído la Ley Orgánica 1/2004 sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada por unanimidad en el Parlamento, y que en su nombre ya habla de violencia de género y en el primer párrafo de su exposición de motivos dice: “La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado.

“Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”.

Y esta expresión, violencia de género, la va repitiendo a lo largo de todo el articulado de la ley que, repito, fue aprobada por unanimidad por el Parlamento.

Otro de los ministros de Rajoy que también evita hablar de “género” en su reforma del Código Penal, es el actual responsable del Ministerio de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quien además usurpa competencias al Ministerio de Mato en la más que posible y temida reforma de la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Así las cosas y después de haber permitido que el Estado español retrocediera 14 puntos en el índice global de igualdad de género del Foro Económico Mundial, no es de extrañar que ahora sea el único gobierno del mundo que “invite” a ONU Mujeres a cerrar su oficina en el Estado español, pese a que no había ningún costo por su mantenimiento.

Por lo que he podido leer e investigar desde que se produjo esta noticia la pasada semana, nunca antes ningún Estado ha invitado a la ONU a cerrar ninguna de sus oficinas en sus territorios. Y cuando digo ninguna de sus oficinas, no me refiero a las de ONU Mujeres, me refiero a cualquiera de sus agencias en todo ámbito.

Pero Rajoy y su séquito de asesores llenos de misoginia quieren desterrar cualquier recuerdo de aquello en lo que en algún momento hemos sido referentes internacionales, como en los temas de violencia de género y los relacionados con políticas de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Ponen excusas para justificar ese cierre de la oficina de ONU Mujeres en España. Excusas que como diría mi madre son “de mal pagador” puesto que nada tienen que ver con la realidad.

La creación de una red de oficinas en los distintos países fue una de las prioridades de la directora ejecutiva de ONU Mujeres, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet (que cuenta entre sus asesoras con la única ministra de Igualdad en la historia de España, Bibiana Aído), desde que arrancó esta gran agencia de Naciones Unidas en 2010.

Estos centros permiten tener información de las políticas y prácticas de los distintos gobiernos –con vistas a su posible extensión a otros–, y favorecer la cooperación institucional.

También movilizan recursos económicos para proyectos y rinden  cuentas sobre sus resultados. En el caso de España, la oficina de enlace llevaba abierta desde 2007 cuando la igualdad tenía menor rango en Naciones Unidas y se repartía entre cuatro organismos –incluido UNIFEM–.

Este organismo internacional dependiente de la ONU trabaja por la erradicación de la violencia de género y por la participación igualitaria de las mujeres en la construcción de la paz, las decisiones políticas, la economía y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aplicando la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), ratificada por España en 1983, su protocolo adicional ratificado en 2000, y la Plataforma de Acción de Beijing de 1995.

Como explica Soledad Murillo: “Contar con una agencia como ONU Mujeres representa para cualquier gobierno una excelente oportunidad, primero porque permite estrechar lazos con las Naciones Unidas, uno de los organismos con enorme poder de influencia en el mundo. Y segundo, porque debido a los múltiples encuentros que convocan a líderes internacionales, se afianzan relaciones de mutua cooperación.

Que ONU Mujeres se elimine, aún sin representar gasto alguno en los presupuestos, es una severa torpeza por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y una grave incompetencia por parte del gobierno.”

Desde la Secretaría General de Cooperación del Ministerio de Exteriores, su responsable, Gonzalo Robles, justifica la medida de este modo: “ONU Mujeres tiene sentido en los países donde tiene que impulsar políticas que aquí ya existen. Nos parece más inteligente tener a alguien en el lugar donde se toman las decisiones”.

Así las cosas, nuestros actuales gobernantes que al parecer le tienen cierta alergia a todo lo relacionado con las políticas de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, tal y como han venido demostrando a lo largo de la presente Legislatura, van a ser pioneros en desmontar una oficina de la ONU que persigue la eliminación de desigualdades entre los sexos.

Pero al parecer, en su persistente lucha por recortar derechos de ciudadanía, esto no les importa nada puesto que pertenece al ámbito de las mujeres o, lo que es lo mismo, al ámbito privado.

Afortunadamente a muchas nos queda la conciencia de lucha por mantener los derechos conquistados e incluso continuar conquistando otros, y ya hay en marcha una campaña de recogida de firmas para evitar o, al menos denunciar públicamente, que el cierre de la oficina de ONU Mujeres en España se lleve a cabo, pese a Rajoy, Mato o Ruiz Gallardón.

Porque los derechos de las mujeres han de respetarse más allá de las siglas políticas que sustenten los distintos gobiernos y eso pasa por el mantenimiento de las estructuras políticas por la igualdad entre mujeres y hombres, así como por el cumplimiento integral de la Ley Orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en todos sus ámbitos.

Porque en la agenda política de nuestros gobernantes deben permanecer los problemas derivados de las desigualdades de género resultado de la histórica discriminación hacia las mujeres.

Porque no se puede ni se debe permitir que con la excusa de la crisis se recorten derechos de ciudadanía respecto a la igualdad de mujeres y hombres que ya están legislados.

Porque la crisis no ha de ser excusa para el incumplimiento de la legislación vigente en materia de igualdad de género.

Porque la “alergia” de ciertos ministros e incluso ministras del actual gobierno a hablar, e incluso a cumplir la legislación en materia de género, no debe frenar el avance en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Desde aquí invito a que todo el mundo firme esta propuesta para intentar frenar una tropelía más de este gobierno en este enlace: http://www.change.org/es/peticiones/gobierno-de-españa-que-den-marcha-atrás-en-su-invitación-a-onu-mujeres-a-cerrar-sede-en-españa .

Esperemos que su respuesta sea masiva y que ello obligue a nuestro reaccionario gobierno a replantearse esta decisión.

tmolla@teremolla.net

*Corresponsal en España. Periodista de Ontinyent.

8°Resumen de noticias Matrix Diciembre 2012

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CIMAC/por: Gabriela Mendoza Vázquez

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Sedesol dará prioridad a programas para mujeres. AI pide a Peña Nieto priorizar prevención de violencia de género. Defiende diario Avanzada su derecho a la libertad de expresión.
 
Sedesol dará prioridad a programas para mujeres
México.- Para crear un México más justo y más solidario, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, señaló que tendrá como prioridad en su administración programas como el Seguro de Vida para Madres Jefas de Familia a iniciar en 2013; el de Estancias Infantiles, y el “65 y Más” para proteger a personas adultos mayores.
  
Robles indicó que para lograr buenos resultados es obligación de la Sedesol dirigirse de acuerdo a los nuevos tiempos, basada en la legalidad, la transparencia y el respeto a las instituciones.
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AI pide a Peña Nieto priorizar prevención de violencia de género
México.- En una carta abierta al ex candidato presidencial priista, Enrique Peña Nieto, la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) lo exhortó a tomar medidas concretas e inmediatas para reforzar el respeto y protección de los Derechos Humanos (DH) en temas como violencia de género, personas defensoras de DH, justicia militar, desapariciones y tortura.
 
Javier Zúñiga, consejero especial de AI, recordó a Peña Nieto sus promesas de campaña para desarrollar un programa de DH elaborado en conjunto con la sociedad civil y autoridades, y el impulso de la Ley General de Víctimas.
 
En la misiva se le pidió al ex candidato presidencial priorizar temas referentes a migrantes, pueblos indígenas, y seguridad pública, y cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenaron a México durante la última administración.
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Defiende diario Avanzada su derecho a la libertad de expresión
México.- El director general del diario digital Avanzada, Juan Gabriel Moctezuma Castellanos, presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), contra el gobierno estatal por violación a su derecho a la libertad de expresión y por discriminación en la asignación de  
publicidad oficial.
 
Moctezuma Castellanos pidió a Roberto Chapula de la Mora, presidente de la CDHEC, su pronta intervención para que cese el boicot publicitario contra Avanzada, así como para que las autoridades establezcan de manera clara y transparente los criterios que deben seguir los medios de información para la contratación de publicidad.
 
Avanzada surgió en 2002 como revista semanal y en 2005 empezó a circular como diario vespertino y un portal de noticias. 
En 2011 la versión impresa desapareció debido a la suspensión por parte del gobierno estatal de su contrato de publicidad. A partir de octubre sólo permanece el diario digital.

Piden se elimine requisito de visa para migrantes en México

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CIMAC/por: Anayeli García Martínez

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MIGRACIÓN
Piden se elimine requisito de visa para migrantes en México
Activista Elvira Arellano se reúne con senadoras y funcionarios
 
México, DF, 18 dic 12 (Cimacnoticias).- La activista Elvira Arellano y un grupo de organizaciones defensoras de las personas migrantes exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto que garantice el derecho de tránsito por México a las y los centroamericanos, y elimine la visa como un documento necesario para que pasen por nuestro país en su camino hacia Estados Unidos.
 
A propósito del 18 de diciembre instituido por la ONU desde el año 2000 como Día Internacional del Migrante, cerca de 21 agrupaciones civiles demandaron al gobierno federal desvincular el fenómeno migratorio con la estrategia de seguridad nacional, así como políticas que garanticen las garantías de estas personas.
 
Una de las principales exigencias es que la visa no sea un documento necesario para las personas centroamericanas, dijo
Elvira Arellano, activista e integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano, que en 2007 en pleno centro de Los Ángeles, EU, fue detenida y deportada a México.
 
Elvira vivió durante 10 años en el país vecino. Allá tuvo un hijo que por nacer en aquel país es ciudadano estadounidense. Antes de ser deportada se refugió en una iglesia para que no la detuvieran, pero fue capturada y desde entonces se ha involucrado en este movimiento que brinda ayuda humanitaria a las y los migrantes.
 
Su lucha incluso alcanzó a su hijo, quien a sus siete años de edad y por su condición ciudadana tuvo que quedarse en EU, desde donde acompañó la labor de su madre al llevar una carta a la Casa Blanca para pedirle al entonces presidente George W. Bush que no los separara y dejara a su madre quedarse en ese país.
 
Como defensora de los derechos de las y los migrantes, Elvira encabezó marchas en EU, se ha subido al tren de carga que va del Estado de México a Guanajuato, participa en las caravanas humanitarias para dar alimentos a las personas en tránsito, y con esa experiencia afirmó que falta mucho por hacer.
 
De acuerdo con Elvira, el gobierno de Peña Nieto pretende implementar medidas de persecución contra las y los migrantes si avala la creación de una Policía Fronteriza y el despliegue militar en las fronteras norte y sur del país, como una forma de procurar justicia, algo que –sostuvo– no se puede permitir.
 
Explicó que ante estos riesgos las organizaciones siguen luchando para hacer entender que ningún ser humano es ilegal, por ello esta tarde se reunieron con la Comisión de Migración en el Senado que encabeza Ana Gabriela Guevara, a fin de pedirle que promueva una política de igualdad de derechos que elimine la visa o bien estipule una “visa transmigrante”.
 
De acuerdo con las organizaciones, cada año cerca de un millón de personas migrantes con origen, tránsito o destino en México atraviesan el país en busca de una vida digna, y lo hacen sin derechos, protección o reconocimiento legal.
 
En este contexto y con el objetivo de visibilizar a las personas migrantes, las organizaciones se reunieron en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, desde donde partieron en caminata hacia la Secretaría de Gobernación (Segob), donde está la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, entidad que coordina la protección a las y los migrantes.
 
Por su parte Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), afirmó que hoy más que nunca es necesario que la sociedad y el nuevo gobierno federal consideren que la migración afecta a familias y comunidades enteras y no sólo a las personas que van en busca de una vida mejor.
 
Señaló que los nuevos actores políticos deben abordar el tema desde una perspectiva de desarrollo, de derechos políticos y de Derechos Humanos (DH), y sobre todo deben poner especial atención en las necesidades de las mujeres que se ven obligadas a abandonar su lugar de origen, toda vez que prevalece la feminización de la migración.
 
Información del Instituto Nacional de Geografía y Estadística indica que en 2006, por cada 10 personas migrantes, 3 eran mujeres; para 2007 y 2008 esta relación fue de dos por cada 10.
 
Kuhner mencionó que tras la publicación de la Ley de Migración y su reglamento, ahora una de las demandas es que la Segob regule las estaciones migratorias, la atención a víctimas y la estancia temporal de las y los centroamericanos en México.
 
A estas exigencias se sumó Atala Chávez, integrante de la Asamblea Popular de Familias Migrantes, una organización que se dedica a apoyar a las familias de personas migrantes para tramitar visas, promover proyectos productivos, y crear lazos de comunicación.
 
A decir de esta activista, a través de su trabajo han visto que uno de los principales problemas de la migración es la separación de las familias porque los varones se van a EU y las mujeres se quedan en casa a cuidar a las y los hijos y hasta a los suegros.
 
Señaló que durante los últimos años también se ha visto que las mujeres tienen que buscar un trabajo informal para la manutención de los hogares, toda vez que las remesas no son suficientes para esos gastos, o bien hay otras que deciden migrar como sus compañeros.
 
Esta organización, que trabaja con familias de Tlaxcala, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, y Estado de México, ha detectado que cuando las mujeres migran las consecuencias son para los hijos, quienes se quedan al cuidado de los abuelos.
 
Para Atala el que las mujeres tengan que salir de su lugar de residencia implica que las niñas y los niños abandonen la escuela o el trabajo y se queden desprotegidos, por ello advirtió que es urgente que se generen condiciones económicas para las familias que se quedan.
 
La declaración pública fue firmada por organizaciones como la Casa del Migrante de Saltillo, Sin Fronteras, Sipam y Serapaz, entre otras.
 
Denunciaron que cuando llegan a su destino las y los migrantes enfrentan trabajos mal remunerados, con pésimas condiciones laborales, y sin acceso a derechos por su condición migratoria irregular.
 
Las organizaciones y familias que llegaron hasta la Segob también exigieron que no se criminalice la asistencia humanitaria que ofrecen los albergues de migrantes en distintas regiones del país, y que se garantice la labor de las personas defensoras de esa población.

Represión a mujeres jóvenes tuvo “connotación sexual”

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CIMAC/por: Gabriela Flores

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VIOLENCIA
Represión a mujeres jóvenes tuvo “connotación sexual”
Cladem-México denuncia “criminalización” de protesta social
 
Colima, 18 dic 12 (Cimacnoticias/Avanzada).- El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), sección México, acusó que en los pasados hechos violentos del 1 de diciembre la policía incurrió en violencia de género al detener a decenas de mujeres, que protestaban contra la llegada a la “Presidencia” de Enrique Peña Nieto.
 
“La represión hacia los movimientos sociales está teniendo ya un marcado énfasis en violencia de género, como (ocurrió) a las compañeras que han sido detenidas; se les está violentando por el simple hecho de ser mujeres y con toda una connotación de violencia sexual”, denunció la vicecoordinadora nacional de Cladem-México, Julia Escalante.
 
“El contexto generalizado (de violencia) impacta negativamente en el ejercicio de los derechos de las mujeres y específicamente en el tema de la criminalización de la protesta social”, abundó la activista en rueda de prensa al presentar el “Llamado de acción urgente por Estados democráticos en América Latina (AL) y el Caribe que cumplan con los Derechos Humanos (DH) de las mujeres”.
 
Escalante alertó también sobre el incremento del feminicidio en todo el país y la falta de protocolos para investigar este delito, en particular en las entidades donde ya se ha tipificado, como es el caso del estado de Colima.
 
La activista exigió a la procuradora de Justicia local, Yolanda Verduzco, que elabore e implemente el protocolo de investigación de los casos de feminicidio desde una perspectiva de género, y que además capacite al personal judicial para su aplicación.
 
El “Llamado de acción urgente” se presentó al concluir la asamblea nacional de Cladem-México, que se llevó a cabo en esta capital estatal.
 
Nadia Marlene Rosas, coordinadora de Cladem-Colima, leyó los 10 puntos del documento, entre los que destaca que los Estados de AL y el Caribe deben “promover un contexto social, político, económico y cultural sin violencia y discriminación, remuevan los obstáculos estructurales para el acceso a la justicia, investiguen con la debida diligencia todos los casos de violencia contra las mujeres, en especial el feminicidio, violencia sexual, trata, acoso sexual y toda forma de discriminación contra las mujeres”.
 
Asimismo, las integrantes de Cladem-México se pronunciaron porque los gobiernos legalicen y despenalicen el aborto; brinden atención de salud gratuita para mujeres en edad reproductiva y gestantes, y garanticen la debida protección de las defensoras de DH en AL y el Caribe que hoy son amenazadas, criminalizadas, perseguidas y asesinadas por su labor.

Poca capacidad del Sector Salud para atender CaMa

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CIMAC/por: Redacción

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SALUD
Poca capacidad del Sector Salud para atender CaMa
Apenas cubre a 25 por ciento de población con ese mal
 
México, DF, 18 dic 12 (Cimacnoticias).- A pesar de que el cáncer de mama (CaMa) es un problema de salud pública que va en aumento, la Encuesta Nacional de Salud Pública 2012 (Ensanut) indica que los servicios públicos de salud sólo tienen capacidad para atender al 24.7 por ciento de la población de un total de 14 millones de mujeres que deberían ser atendidas por ese mal.
 
En 2010 se registraron 5 mil 62 muertes por CaMa. Desde 2006 las cifras de muerte por este flagelo rebasaron las de fallecimientos por cáncer cérvico uterino (CaCu), y se han ido incrementando.
 
En 2006 hubo 4 mil 200 muertes y en 2008, 4 mil 446. El CaMa es la cuarta causa de muerte en mujeres de entre 15 y 64 años de edad.
 
La cobertura de mastografías en los últimos dos años es mayor en el grupo de mujeres de 50 a 69 años que entre el grupo de 40 a 49 años, y es el IMSS el que registra mayor número de reportes por derechohabiente: 39.1 por ciento del total de exámenes.
 
En tanto, el CaCu es una enfermedad curable si se atiende en las primeras etapas, sin embargo las muertes contabilizadas por este padecimiento en 2010 ascienden a 3 mil 959.
 
Un mal diagnóstico contribuye en gran medida a ello, puesto que existe una elevada proporción de resultados falsos negativos (significa que las células malignas están presentes en el cérvix, pero la muestra fue clasificada como normal), y cerca de 60 por ciento de los casos positivos no tiene un seguimiento adecuado.
 
La prevalencia de la prueba de papanicolau se ha incrementado con respecto a 2008 en mujeres de 25 a 64 años. La encuesta indica que hace cuatro años se registró un 7.9 por ciento menos que en 2012.
 
El examen de papanicolau muestra una menor cobertura en el grupo de mujeres que va de los 25 a 64 años. Un 49 por ciento de ellas no cuenta con seguridad social.
 
Según la Ensanut, otras pruebas también pueden contribuir efectivamente a la oportuna detección del cáncer. La prueba del virus de papiloma humano (VPH) ha demostrado disminuir las causas de muerte por CaCu en 48 por cierto y la auto toma vaginal podría incrementar la participación de mujeres en la detección del cáncer hasta 3.4 veces más que en la prueba de papanicolau.
 
Entre las recomendaciones de la encuesta están hacer la auditoría de las mujeres que mueren por CaCu para corregir las fallas del sistema; así como fortalecer las Unidades de Especialidades Médicas, y “pasar de esquemas de tamizaje oportunista a esquemas de tamizaje organizado”, es decir; que se realicen pruebas tempranas de detección y prevención del cáncer no sólo cuando se encuentre en una etapa avanzada.
 
Igualmente, se deben mejorar las estrategias de acción para constituir proyectos organizados para la prevención y oportuna detección, impulsando la calidad y la universalización de los servicios médicos, sin dejar de lado a los sectores más desprotegidos.

Salario mínimo y empleo informal

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CIMAC/por: Clara Jusidman

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OPINIÓN
Salario mínimo y empleo informal
 
Estas últimas semanas han sido muy intensas en acontecimientos y en información: las tomas de posesión de Enrique Peña Nieto y Miguel Mancera; la presentación de su respectivos gabinetes; lo ocurrido en las calles del Centro de la ciudad el 1 de diciembre donde las protestas de jóvenes fueron contaminadas por un vandalismo financiado por distintas fuerzas políticas; la firma de un Pacto por México que intenta mostrar una unidad en torno a una agenda de puntos de esas mismas fuerzas políticas, y la propuesta de reforma constitucional en materia de educación.
 
Todo esto después de al menos un mes de activismo mediático de Felipe Calderón en un cierre de gobierno en el que además de un incontable número de obras inauguradas o reinauguradas, hizo anuncios de yacimientos petroleros, repartió Águilas Aztecas a diestra y siniestra, nombró embajadores sin antecedentes suficientes, y dejó a dos nuevas embajadoras eméritas con gran disgusto de los miembros del servicio exterior de carrera.
 
En mi ya larga historia en la vida pública, no recuerdo Ejecutivo alguno que hubiera querido lavarse la cara antes de irse como quiso hacerlo Calderón.
 
Calderón incluso obligó a su obscura y desconocida secretaria del Trabajo, Rosalinda Vélez Juárez, a utilizar el teatro llamado Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para generar un velado aumento del salario mínimo legal promedio a fin de que su sexenio no concluyera con una caída del salario mínimo real.
 
Más o menos desde 1996 las fijaciones anuales del salario mínimo legal habían conseguido mantener el valor real de dicho salario al mismo bajísimo nivel.
 
Ello debido a que finalmente han sido el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los que iluminan a la Comisión Nacional sobre cuál es la expectativa de inflación para el año siguiente y, por lo tanto, qué aumento “autorizan” para el salario mínimo.
 
La Comisión entonces realiza la ceremonia en su Consejo, donde participan representantes obreros y patronales, y llevan a cabo el rito anual de fijación de los salarios mínimos legales que estarán vigentes para el siguiente año.
 
Esta ceremonia se repite desde 1977 cuando la Comisión perdió su autonomía y se convirtió en títere de las autoridades hacendarias del país.
 
Ahora bien, en 1996 el salario mínimo legal real alcanzó su nivel más bajo representando tan sólo la cuarta parte de lo que era en 1976. Ese bajísimo nivel se había mantenido con ligeras fluctuaciones hasta mediados de 2012.
 
Pues bien resulta que el sexenio calderonista estaba en riesgo de quedar registrado en la historia como aquel donde el minisalario había tenido una nueva caída en su valor real, debido a los espectaculares incrementos en los precios internacionales de los alimentos en los últimos meses.
 
Entonces don Felipe, llamó a la señora Vélez Juárez y le dijo que hiciera todo lo que estuviera en sus manos para evitar que su sexenio quedara en la historia como aquel donde el salario mínimo tuvo una nueva baja, rompiendo la tendencia mantenida ya por más de 15 años.
 
Ése es realmente el origen de esa rara noticia donde nos enteramos que el 27 de noviembre, tres días antes de que terminara el sexenio de Calderón, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos había decidido integrar la Zona B de salarios a la A provocando un aumento de 1.76 pesos al salario de esa zona B y convertir la anterior zona C en B.
 
Ese aumento de 1.76 pesos para algunas regiones del país como las áreas metropolitanas de Monterrey y Guadalajara resultó suficiente para que el promedio general del salario mínimo, en términos de su valor real, no mostrara una caída al final del periodo calderonista.
 
Ni la señora Vélez, ni el presidente de la Comisión tuvieron el cuidado de “planchar” –como se dice en la jerga política– ese aumento con los representantes empresariales en el Consejo y eso originó una gran protesta pública por parte de éstos.
 
El resultado de este enredo es que hubo una fijación extraordinaria de salarios que nos pasó como bola rápida, bajo engaños y simulaciones y no como un acto de justicia social, sino para evitar una mancha más en la roja capa de fin de sexenio.
 
Pero para cerrar este comentario, el Inegi nos acaba de regalar con un nuevo cálculo de lo que ahora llama empleo informal de acuerdo a nuevas definiciones aprobadas en octubre pasado por la Oficina Internacional del Trabajo.
 
Con esta nueva definición, resulta que 29.3 millones de personas, el 60.1 por ciento de la población ocupada el país, tiene un empleo informal, es decir 6 de cada 10.
 
Finalmente se reconoce ahora que de esos 29 millones, 6.7 millones trabajan en empresas, gobiernos e instituciones sin protecciones de seguridad social y seguramente sin prestación alguna, violando la Ley Federal del Trabajo.
 
Sería el equivalente a lo que en otros países se llama el empleo subterráneo o de la economía sumergida. Son los trabajadores eventuales, a lista de raya o con contratos de honorarios que existen por miles en los gobiernos y en las empresas para evitar generar derechos y pagos por prestaciones.
 
La pregunta es ¿dónde ha estado la Secretaría del Trabajo? ¿No es a ella a quién tocaría velar y proteger los Derechos Humanos laborales de las personas? Un dato más para evidenciar la cortedad de la recientemente aprobada reforma laboral y la inutilidad de algunas instituciones de gobierno.
 
*Analista del Cambio Social y presidenta de INCIDE Social A.C.

Alertan por eventual reforma antiaborto en Zacatecas

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CIMAC/por: Gladis Torres Ruiz

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SALUD
Alertan por eventual reforma antiaborto en Zacatecas
Activistas denuncian alianza PRI-PAN “en defensa de la vida”
 
México, DF, 18 dic 12 (Cimacnoticias).- Feministas y organizaciones civiles exigieron a los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) que no utilicen los derechos de las mujeres como “moneda de cambio” durante la negociación  del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2013, a fin de que se avale una reforma que penaliza el aborto legal en Zacatecas.
 
Rita Román Ríos, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en  Zacatecas (Ddeser-Zacatecas), dijo a Cimacnoticias que se corre el riesgo de que las bancadas locales de esos partidos se alíen para aprobar dos iniciativas que reforman los artículos 21 y 26 de la Constitución estatal a fin de “proteger la vida desde el momento de la fecundación”.
 
La activista adelantó que mañana organizaciones civiles por los derechos femeninos publicarán un desplegado, para alertar sobre la posibilidad de que en la discusión del PEF 2013 PRI y PAN negocien mayores recursos para Zacatecas a cambio de que se apruebe la reforma local que atenta contra las mujeres.
 
Los derechos sexuales y reproductivos de las zacatecanas no deben ser utilizados como “moneda de cambio”, advirtió Rita Román.
 
Recordó que los pasados 21 y 29 de noviembre Noemí Luna y Ángel Gerardo Hernández Vázquez, ambos diputados locales del PAN, presentaron respectivamente sus iniciativas de reforma a la Constitución de Zacatecas, las cuales cuentan con el respaldo del PRI, afirmó Román Ríos.
 
Desde 2008, 17 estados de la República han reformado sus constituciones locales para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”, lo que ha derivado en que se criminalice a las mujeres que se practican un aborto legal.
 
En ese año, el PAN en el Congreso zacatecano presentó una iniciativa de Ley de Protección a la Maternidad que no prosperó y quedó “congelada” en las comisiones de Trabajo y Prevención Social, Salud y Asistencia Social, y Equidad y Género.
 
ANDANADA DE LA IGLESIA
 
La coordinadora de Ddeser-Zacatecas acusó que las iniciativas de reforma presentadas por el PAN tienen el pleno respaldo de grupos ligados a la Iglesia católica, como Provida, quienes el pasado 13 de noviembre entregaron más de 9 mil firmas al Congreso local para pedir que “se proteja la vida desde el momento de la concepción”.
 
Actualmente las zacatecanas pueden interrumpir legalmente su embarazo en los servicios públicos de salud cuando hayan sido víctimas de violación sexual; además no son sujetas de penalización cuando el aborto es imprudencial, ponga en peligro su vida o provoque grave daño a su salud. Son las cuatro causales vigentes en el Código Penal del estado.
 
Rita Román precisó que las dos iniciativas de reforma fueron turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso zacatecano para su eventual dictaminación.
 
En el desplegado que se publicará mañana en un diario de circulación nacional, agrupaciones defensoras de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres solicitan que los artículos 21 y 26 de la Constitución del estado se mantengan en su estado actual.
 
También demandan “congruencia” a las y los legisladores locales respecto a su reciente respaldo a la reforma constitucional que  garantiza el carácter laico del Estado mexicano, y que apoyen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de la entidad.
 
En tanto en el portal de internet “Tú puedes salvar tu vida”, organizaciones feministas publicaron una carta dirigida a la Cámara de Diputados de Zacatecas, en la que advierten que de ser aprobadas las iniciativas panistas se daría marcha atrás a los avances de los derechos de las mujeres estipulados en tratados internacionales firmados por México.
 
En esa página web se recaudan firmas que serán enviadas a las y los diputados zacatecanos.

Cruzada de Benedicto XVI contra el aborto legal

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CIMAC/por: Glenda Libier Madrigal, corresponsal

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DERECHOS HUMANOS
Cruzada de Benedicto XVI contra el aborto legal
Mensaje que dará el 1 de enero es “discriminatorio”, acusan

Colima, 18 dic 12 (Cimacnoticias/MUPAC).- El fraile de la Orden de los Predicadores (Dominicos), Julián Cruzalta, afirmó que el mensaje que pronunciará el papa Benedicto XVI el próximo 1 de enero, con motivo del la Jornada por la Paz 2013, es “discriminatorio” por calificar como “enemigos de la paz” el derecho al aborto legal, los matrimonios gay y la eutanasia.

Lamentó que a través de este documento –difundido por El Vaticano– la máxima autoridad de la Iglesia católica emprenda una “cruzada terrible”, y constituya una “apología del delito” que pudiera tener graves consecuencias.

El teólogo indicó que este tipo de mensajes no son acordes al Concilio Vaticano II, cuyos principios fundamentales son el respeto, la libertad, el amor, la justicia y la paz, y a 50 años de su creación es el documento que rige las normas del catolicismo, pero no es atendido por la jerarquía católica.

“El Concilio es una apertura, una mirada que crea conciencia y armonía”, pero en los hechos, la jerarquía católica hace todo lo contrario. “La iglesia se perdió” y, como cualquier gobernante, viola sus propias leyes, dijo.

Para Cruzalta no es una buena señal que el Papa señale el derecho al aborto legal, la eutanasia y los matrimonios gay como los grandes enemigos de la paz, cuando la humanidad está inmersa en la miseria, en guerras, en injusticias y en una terrible inseguridad.

Por separado, el presidente del Comité de Derechos Humanos No Gubernamental, Efraín Naranjo Cortés, indicó que el pronunciamiento papal atenta contra los Derechos Humanos y la dignidad de las personas, además de faltar a los documentos básicos de la Iglesia católica, pues criminaliza a las mujeres y la población homosexual.

“Es una mala noticia lo que vendrá el primero de enero, porque en vez de tratar temas tan importantes como el combate a la pobreza, no lo asume la Iglesia. Como tampoco asume la inseguridad que ha dejado miles de muertos, desaparecidos y desplazados, que al parecer, esto, para la Iglesia católica no es un problema”, sentenció.

En tanto, la integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Martha Figueroa, consideró que el mensaje de Benedicto XVI llama a la discriminación y al linchamiento público hacia sectores de la sociedad, “y eso es un delito”.

Además, argumentó, en cierta manera están adelantando lo que será la línea de la Iglesia católica en los próximos meses en todos los países donde tiene ascendencia importante, como es el caso de México y toda América Latina.

Julián Cruzalta estuvo en Colima para participar en las actividades por el fin de la segunda temporada de la serie animada “Catolicadas”, cuyo fin es construir una mejor Iglesia y una mejor sociedad.

En el último capítulo, Sor Juana imagina que existe el papa Juan XXIV (en honor a Juan XXIII), que dará continuidad a la reforma de la Iglesia propuesta en el Concilio Vaticano II.

Más mujeres indígenas migran del campo a la ciudad

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CIMAC/por: Gladis Torres Ruiz

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MIGRACIÓN
Más mujeres indígenas migran del campo a la ciudad
Su destino: el trabajo del hogar o el comercio ambulante

México, DF, 18 dic 12 (Cimacnoticias).- En la búsqueda de una vida mejor, mujeres de bajos recursos de la provincia mexicana migran a las grandes ciudades aunque para ello tengan que dejar a sus hijas e hijos y vender todo lo que tienen para viajar.

De acuerdo con especialistas en migración, este fenómeno va en aumento, sin embargo no hay datos oficiales que registren los motivos por lo que las mujeres abandonan sus lugares de origen para dedicarse al comercio informal y al trabajo del hogar.

En el libro “Mujeres indígenas migrantes: cambios y redefiniciones genéricas y étnicas en diferentes contextos de migración”, se indica que debido a sus bajos niveles de escolaridad, problemas relacionados con el idioma, la nula capacitación laboral para los oficios o empleos que ofrecen las ciudades, en ocasiones el comercio ambulante constituye su única opción para obtener ingresos.

Con ello la calle se convierte en “prolongación” del espacio doméstico, toda vez que en las vías públicas realizan todas las actividades de cuidado y atención de las y los hijos.

“En la calle no sólo trabajan y permanecen la mayor parte del tiempo: también crían y educan a sus hijos; platican y conviven; comen”, indica el texto de las investigadoras Martha Judith Sánchez Gómez y Raquel Barceló Quintal, editado por el Instituto de Investigaciones Sociales (IISS) de la UNAM.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ante la celebración hoy del Día Internacional del Migrante, la mayor parte de la población que cambió su residencia entre 2005 y 2010 son jóvenes de 15 a 29 años (39 por ciento), de los cuales la mayoría son mujeres (20.4 por ciento).

Seis entidades concentran 45.2 por ciento de la población migrante interna del país: Estado de México, Veracruz, Jalisco, Baja California, Quintana Roo y el DF.

De esas entidades destaca el Estado de México con 583 mil 607 migrantes, provenientes principalmente del DF, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Morelos; es decir 18 de cada 100 personas que cambiaron su lugar de residencia en 2010 eligieron el Edomex como su destino.

El Inegi aclara que el predominio de los flujos de población entre el Edomex y el DF tiene que ver con la dinámica migratoria interna de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Sánchez Gómez y Barceló Quintal indican en su texto que en los pocos estudios disponibles sobre trabajo del hogar se encuentra que el perfil de las trabajadoras del hogar es de mujeres jóvenes que provienen de los estados más pobres del país.

“A diferencia de otros ámbitos laborales, la facilidad para ingresar a este trabajo lo vuelve la primera opción y en ocasiones resulta la única”, agregan las investigadoras.

Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 se observa que 3 de cada 10 hablantes de lengua indígena, es decir 32.8 por ciento, de 5 años de edad y más migró hacia una localidad de tamaño medio, y uno de cada 10 (11.3 por ciento) hacia ciudades mayores de un millón o más de habitantes. De esta población 53.8 por ciento tiene de 15 a 29 años, y 47.2 por ciento son mujeres.

En el año 2000 la ONU proclamó el Día Internacional del Migrante. El 4 de diciembre de 1990 la Asamblea General adoptó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

La proclamación del Día Internacional del Migrante se debe entre otras cosas al creciente número de esa población en el mundo, y a la preocupación internacional por asegurar su protección y respeto de sus derechos y libertades fundamentales.