ContraColumna: EL FINANCIERO RELOADED

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/DIFUNET/Por: José Martínez M. (*)

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EL FINANCIERO RELOADED

México, D. F., a 6 de noviembre de 2012

Juan –llamémosle así– es uno de los casi dos mil empleados de El Financiero que hace unos días recibieron dos noticias: una buena y otra mala. Respecto a la primera, Juan como el resto de sus compañeros está feliz porque en el transcurso de esta semana va a cobrar los aguinaldos que le fueron retenidos los últimos cuatro años en el periódico.

Juan trabaja en El Financiero como obrero desde hace más de dos décadas. La mala: es que los trabajadores de este diario se enteraron por este espacio que la empresa ha sido vendida a Comtelsat, un consorcio que se anuncia como líder en el ramo de las telecomunicaciones fundada en 1993.

Pero a diferencia de Juan y sus cientos de compañeros, el que sí cobró su aguinaldo y su liquidación por adelantado fue el director Alejandro Ramos Esquivel, quien recibió la cantidad de 3 millones 600 mil pesos, ya deducidos los impuestos, y se marchó desde principios de octubre. Entonces en la redacción y otras áreas del periódico se comenzaron a hacer conjeturas al ver vacía la oficina del director. ¿Que nos digan qué pasa? Se animó más de uno. Y nada. Todos en la zozobra.

Lo peor, y eso sólo los todavía dueños –si se les puede llamar así– lo saben, es que de los casi dos mil empleados que están en la nómina de El Financiero muy pocos serán re-contratados una vez que los nuevos propietarios asuman el control y hagan pública la adquisición por parte de Comtelsat.

Desde principios de julio pasado las negociaciones entre El Financiero y Comtelsat se llevaron con el mayor sigilo hasta que estalló el escándalo hacia el interior del periódico, cuando la Contracolumna vía Difunet hizo pública la venta del diario.

Comtelsat se ha comprometido a renovar el concepto del diario, hasta ahora no se sabe si se va a renovar, porque los nuevos dueños crearon a Comtelsat como una empresa para proveer soluciones de alta tecnología acordes a las necesidades del mercado de Broadcast, cable, producción, audio, video, post producción, filme, telefonía, y servicios de seguridad.

Lo interesante es que Comtelsat es una mediana empresa que cuenta con un grupo de más de medio millar de profesionales altamente capacitados que respaldan sus operaciones, según reza su publicidad. De entrada han realizado un minucioso estudio hacia el interior de El Financiero para saber qué ajustes implementarán. Quiénes se quedan y quiénes se van. Así de sencillo.

En poder de la Contracolumna están varios documentos sobre las negociaciones entre El Financiero y Comtelsat.

Comencemos con una comunicación vía BlackBerry entre el joven Rogelio Cárdenas y Raúl Reyes, de la empresa Comtelsat. Cito textual:

RV: Estudio de sueldos Recibidos

Estimado Rogelio;
En atención a la solicitud de tu parte y de Manuel, hemos trabajado para contratar el servicio de estudio de sueldos con Expande (anexo presentación), que por si sola se explica y que nos ayudará a ubicar con mucha mayor certeza la situación de sueldos y puestos en El Financiero, que para efectos de confidencialidad le llamamos NOVO en esta presentación.
Consideramos tratar este estudio como parte de los trabajos de análisis que venimos realizando y que le demos el mismo tratamiento que otros trabajos (como Innovation).
Sugerimos ver este estudio con Pedro o quien tu nos señales y cuando consideres conveniente que puede ser desde el próximo lunes.
Gracias y saludos.

La venta de El Financiero ha provocado diferentes reacciones, pero es hacia el interior del mismo periódico donde mayor desinformación existe. Ese es un viejo y recurrente problema de los medios en México. La opacidad que permea a la prensa mexicana no es ninguna novedad.

Los medios deben ser objeto del escrutinio público, por ser éstos empresas de interés público. No hace mucho el periódico El Universal había anunciado falsamente que cotizaría en la Bolsa Mexicana de Valores. Televisa es una de las pocas empresas que cotizan en la BMV, es por lo tanto una empresa pública. Ya sabemos los manejos de TV Azteca que manipula la información y su propietario ha sido sancionado en Estados Unidos por manipular información de algunas de sus empresas en la Bolsa de Nueva York.

En el caso de El Financiero durante los últimos años se corrieron muchos rumores, lo mismo que en El Economista, los dos especializados en las finanzas del ámbito económico, sobre su posible venta.

Lo extraño es que en El Financiero los propios trabajadores no tienen acceso a la mínima información sobre la situación financiera de su empleador. La gran mayoría de los empleados de este diario soportaron durante los últimos años atrasos en sus pagos de nómina y hasta les esquilmaron el aguinaldo, ahora al parecer esa situación será corregida, toda vez que hay liquidez por la transferencia de la empresa. Sin embargo, persiste la inquietud. En medio de este caos el único que saltó del barco a medio pique fue el capitán, el ex director Alejandro Ramos quien lo hizo con una millonaria liquidación, en tanto miles de empleados están a la espera, entre la angustia y el reclamo sobre el futuro de su empresa.

La heredera y dueña de El Financiero María del Pilar Estandía González Luna ha negociado con Comtelsat la venta de sus acciones, el pago de las deudas fiscales y los juicios laborales, para dar paso a la nueva administración que se hará cargo de la compañía periodística.

Respecto a esto último basta puntualizar algunos aspectos de la negociación en la “Carta de Intención” por parte de la señora María del Pilar Estandía González Luna:

“A más tardar en la fecha de la celebración de la Operación, “Comtelsat” con recursos propios y adicionales a aquellos con los que se paguen los Adeudos Fiscales, se obligará a liquidar a costa de “Comtelsat” los gastos correspondientes a los litigios laborales, las cantidades de las obligaciones de “La Emisora” y “Las Subsidiarias” derivadas de su operación hasta la fecha de la celebración de la Operación, los gastos inherentes a “La Emisora” y la totalidad de los adeudos existentes a cargo de “La Emisora” y a favor de “La Accionista Original” derivados de salarios devengados y no pagados o bajo cualquier otro concepto, así como la totalidad de los pasivos de “La Emisora” y “Las Subsidiarias” con cualquier tercero, en el entendimiento de que en cualquier caso: (i) el monto total del pago de cualesquier adeudos distintos a los Adeudos Fiscales se limitará al monto total señalado en el Anexo 1 de la presente “Carta de Intención”, el cual está debidamente reflejado y coincide con los estados financieros dictaminados correspondientes y con los estados financieros internos al [31 de julio de 2012], según lo declaran en este acto “La “Accionista Original” y “La Emisora” a “Comtelsat”; y (ii) cualquier adeudo, obligación o responsabilidad de cualquier índole (la “Responsabilidad Adicional”) adicional a lo señalado en el inciso (i) anterior, a cargo de “La Emisora” y/o “Las Subsidiarias”, que no conste expresamente en dicho Anexo 1, será responsabilidad exclusiva de “La Accionista Original” frente a “Comtelsat”, y será liquidada mediante la compensación de cualquier deuda correspondiente a la Responsabilidad Adicional y cualquier deuda correspondiente al pago de cualquier cantidad a favor de “La Accionista Original” de conformidad con la presente “Carta de Intención”, aunque dichas deudas no sean igualmente líquidas y exigibles”

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*José Martínez M., es periodista y escritor. Es Consejero de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex). Es autor del libro Carlos Slim, Los secretos del hombre más rico del mundo, y otros títulos, como Las enseñanzas del profesor. Indagación de Carlos Hank González. Lecciones de Poder, impunidad y Corrupción y La Maestra, vida y hechos del Elba Esther Gordillo.

Contextos: NOTA COMPLEMENTARIA

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/DIFUNET

Puntos que estipula la Ley General de Contabilidad Gubernamental

* Que los niveles federal, estatal y municipal difundan la información financiera de sus administraciones

* Dar a conocer sobre la utilización de los fondos de aportaciones federales en rubros como la educación, seguridad pública, salud, etc.

*Se prevén penas de entre dos y siete años de prisión para los servidores públicos de los tres órganos de gobierno queomitan, alteren u oculten dolosamente esa información y provoquen algún daño patrimonial al erario.

* Se plantea es brindar asesoría técnica y apoyos financieros a las autoridades de las poblaciones con menos de 25 mil habitantes, a fin de auxiliarlos en el cumplimiento de sus nuevas obligaciones.

* El Consejo Nacional de Armonización Contable expedirá a más tardar el último día hábil de 2013 las normas y formatos para el cumplimiento de la ley, para que las entidades públicas presenten progresivamente su información financiera a más tardar en 2014.

APUNTE

A pesar de lo que diga el presidente Felipe Calderón, el nivel federal tampoco es un ejemplo de buen manejo de la deuda, pues éste ha incrementado sus pasivos en este sexenio hasta 36.9 por ciento del PIB.

Fobaproa para la deuda estatal

El legislador perredista Raúl Morón pidió al pleno del Senado que solicite al gobierno federal absorber el total de la deuda pública de todos los estados, además de que exigió castigo a todos los gobernadores y funcionarios estatales y municipales que se enriquecieron con estas deudas.

Desde la tribuna del Senado, el perredista argumentó que la Federación debe absorber estas deudas, que agobian las finanzas estatales y municipales, porque fueron adquiridas ante la escasez de recursos federales y el retraso con el cual fueron entregados, principalmente en este sexenio.

Según expertos en temas económicos, esta propuesta es injusta, porque se generaliza la deuda y, entidades que no tienen altos niveles de pasivos, terminarán pagando parte de aquellos que sí adquirieron los préstamos.

AVALANCHA DE DEUDAS EXPRÉS EN ENTIDADES

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/DIFUNET/Por: Enrique Huerta / Luces del Siglo

Se autoriza reproducción con crédito a la Revista y autor

AVALANCHA DE DEUDAS EXPRÉS EN ENTIDADES

El adeudo de los 32 estados de la República asciende a más de 400 mil millones de pesos, lo que equivale al 11 por ciento del presupuesto de egresos para este año que es de 3.7 billones de pesos

Cancún, Qna. Roo., a 5 de noviembre de 2012

Días antes de que el Congreso de la Unión aprobara la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que busca transparentar los recursos manejados por los tres niveles de gobierno, sobre todo, por el excesivo endeudamiento de estados y municipios, nueve entidades donde habrá elecciones en 2013 contrataron nuevas deudas públicas por un monto superior a los 11 mil millones de pesos.

Con esta anticipación, el sobreendeudamiento en estos estados pretende evadir la nueva disposición que obliga a las autoridades federales, estatales y municipales a difundir la información financiera de sus respectivas administraciones, así como de los fondos de aportaciones federales.

La autoridad competente en este caso sería la Contraloría Federal encargada de supervisar que los recursos se apliquen debidamente y se termine con la opacidad.

La deuda de los estados y municipios suma más de 400 mil millones de pesos, según cálculos de legisladores, basados en datos de la Secretaría de Hacienda federal, lo que equivale al 11 por ciento del presupuesto de egresos de este año, que es de 3.7 billones de pesos.

Sin embargo, organizaciones civiles estiman la posibilidad de que la deuda sea más grande de la que oficialmente se reconoce debido a la falta de transparencia en el manejo de los préstamos, solicitados en su mayoría a la banca privada.

Además, se han comprobado casos como el ocultamiento de deuda en el que han incurrido autoridades estatales, como es el caso de Colima, en el que los temores de los alcaldes se hicieron realidad y descubrieron un adeudo oculto, como en su momento se hizo con Coahuila.

Partidas secretas

Nadie sabe con certeza en qué se usan los empréstitos solicitados por gobiernos estatales y municipales porque éstos no han querido sujetarse a la Ley de Transparencia. Hay una resistencia sistemática de los funcionarios a rendir cuentas del manejo y destino final de los recursos públicos.

El ejemplo más claro es el ocurrido en el estado de Coahuila donde de plano se emplearon documentos apócrifos para contratar deuda pública con entidades financieras, hechos por los cuales se iniciaron averiguaciones públicas y se liberaron diversas órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables, entre los cuales figura el propio ex gobernador Humberto Moreira.

La responsabilidad de este enorme boquete financiero se trasladará a partir del próximo 1 de diciembre al nuevo presidente Enrique Peña Nieto, en cuyo equipo cercano se ha manejado la posibilidad de crear un Fobaproa para rescatar a los estados lo que implicaría además castigos ejemplares contra los responsables, independientemente del partido político al que pertenezcan,

Las evidencias hasta ahora registradas indican que en los estados endeudados abundan las irregularidades en los procesos de solicitudes del crédito. Y como principales responsables, figuran los propios mandatarios (ya sean gobernadores o presidentes municipales) y sus secretarios de Hacienda.

Tampoco está exenta de culpa la Secretaría de Hacienda federal, la cual carece de eficiente control sobre este tipo de irregularidades para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos que pueden tener un destino comprometedor del desarrollo de las poblaciones durante las próximas generaciones.

Tampoco es descabellada la versión de que gran parte de la deuda que enfrentan los estados de la república sirvió para financiar campañas políticas, como lo ha venido señalando la organización Claridad y Transparencia Ciudadana, surgida a partir de la escandalosa deuda de más de 35 mil millones de pesos del gobierno de Coahuila, a cargo del ex gobernador Humberto Moreira.

Pidieron y les dieron.

Seis gobernadores pidieron a sus respectivos congresos locales que les permitiera contratar deuda pública y ésta se aprobó.

Una de las entidades a las que sí les fue aprobado un crédito fue Quintana Roo, en donde el Congreso estatal avaló por mayoría de votos la solicitud del gobierno de Roberto Borge para abrir un crédito con Banobras por más de 302 millones de pesos, a pagar en 20 años.

Dichos recursos son para infraestructura educativa, al mejoramiento de las cárceles de Cancún y Chetumal, y la construcción de un nuevo rastro en la capital.

Este nuevo empréstito se da a menos de un año de que el gobierno de Quintana Roo haya reestructurado su deuda, la cual cifras oficiales la ubican en más de 13 mil 600 millones de pesos, según estimaciones de la Secretaría de Hacienda federal, aunque Claridad Ciudadana reporta una deuda oculta superior a los 25 mil millones de pesos.

El estado es uno de los más endeudados del país con más de 13 mil 600 millones de pesos, es decir un aumento del 337 por ciento respecto del 2011, lo que consideraron como grave los legisladores de oposición, toda vez que Roberto Borge asume su responsabilidad como mandatario con una deuda de 11 mil millones de pesos y se prevé que ésta pueda incrementar a 16 mil millones de pesos. Actualmente la deuda estatal representa el 62 por ciento del presupuesto anual de la entidad, informaron los miembros del Congreso estatal.

Además, los diputados también aprobaron que el Ayuntamiento de Cozumel contrate uno o varios financiamientos hasta por 130 millones de pesos, con un plazo de hasta 20 años, que serán utilizados para refinanciar su deuda a corto plazo.

En Quintana Roo, con destinos turísticos de nivel mundial como Cancún o Playa del Carmen, se disputarán 25 diputaciones locales y las presidencias de los 10 ayuntamientos que conforman esta entidad.

En el caso de Chihuahua –donde se disputarán 33 diputaciones locales y 67 ayuntamientos–, una hora después de que Fitch Ratings México bajara la calificación de la deuda de ese estado y anticipara que nuevos pasivos degradarían su economía aún más, el Congreso local aprobó en septiembre pasado la solicitud del gobierno del priísta César Duarte Jáquez para contraer un nuevo crédito por mil 775 millones de pesos.

Con el dinero conseguido se pretende construir el edificio que albergará al Poder Judicial estatal y nuevas inversiones como en obras y mantenimiento de centros de salud a lo largo del estado, en obras y servicios públicos en municipios de alta marginación, inversión en el C3 (para la evaluación de los cuerpos policíacos) y en el Cereso Productivo de Juárez.

El gobernador señaló que la deuda de Chihuahua es perfectamente manejable y no excede el equivalente al 4 por ciento del PIB estatal. Unos días antes, el diputado plurinominal del PAN Héctor Ortiz Orpinel alertó que los pasivos llegan a más de 22 mil millones de pesos.

En Sinaloa, el gobernador Mario López Valdez, “Malova”, anunció una nueva deuda por 470 millones de pesos, los cuales serán destinados para un programa denominado Cupón Cero y para mantenimiento de carreteras.

En esta entidad se elegirán a 40 diputados locales y a presidentes municipales de los 18 ayuntamientos que conforman a Sinaloa.

En Puebla, donde en 2003 se habrá de elegir a los 41 diputados locales y los 217 presientes municipales, el Congreso estatal aprobó por unanimidad una línea de crédito de 7 mil 250 millones de pesos solicitada por el gobernador Rafael Moreno Valle.

Hasta entonces, la deuda que arrastraba ese estado era de 13 mil millones de pesos. Para justificarse, el panista aseguró que no endeudará al estado más de lo que hizo su antecesor, el priísta Mario Marín.

Otro caso es Aguascalientes, donde se elegirán a 27 diputados locales y a 11 ediles. En mayo pasado el gobierno solicitó al Congreso local una contratación de deuda con Banobras por 255 millones, la cual quedaría dentro del Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad de los Estados (Profise).

Bajo este esquema, la entidad se obliga a cubrir durante los próximos 20 años el interés que genere ese crédito. Además de que se dejó abierta la posibilidad de una petición más de contratar adicionalmente deuda por 800 millones, sea con el mismo Banobras o con alguna institución privada.

Por si esto fuera poco, el gobierno encabezado por el priísta Carlos Lozano de la Torre buscó un empréstito para poder cumplir con la instalación de la segunda Planta Nissan en el estado, para lo cual se calcula una inversión de mil 700 millones de pesos cuyo costo que acumulará al ya de por sí deteriorado bolsillo popular.

En Hidalgo, el Congreso del estado autorizó un crédito de mil 57 millones de pesos que fueron empleados para la reconstrucción de infraestructura dañada por el paso del huracán “Arlene” a finales de junio de 2011.

También los municipios

En sólo dos estados con actividad electoral local no fueron los mandatarios quienes solicitaron préstamos, sino los presidentes municipales.

En Veracruz, donde se escogerá a 50 diputados locales y ediles de 212 ayuntamientos, el gobernador tricolor, Javier Duarte de Ochoa, negó que su gobierno haya efectuado la solicitud de un nuevo crédito y recordó que son 30 mil millones de pesos el pasivo que arrastra la entidad, la cual ya se reestructuró por medio de una busatilización.

Sin embargo, 12 de los 212 municipios –equivalentes al 10 por ciento de los ayuntamientos– ya han solicitado al Congreso del Estado autorización para contratar créditos o recibir anticipo de participaciones federales, muchos argumentando que era para saldar los pagos de aguinaldos y salarios.

El diputado local Óscar Agustín Lara declaró que “ya no se puede endeudarles más para gasto corriente, porque si no pueden enfrentar éstos se debe únicamente a su falta de previsión”. Además, advirtió que la contratación de deuda sólo debería autorizárseles en caso de la realización de obra pública.

En Tlaxcala, este año 21 de los 60 municipios contrajeron deuda pública por 81 millones 425 mil 587 pesos para realizar acciones de urbanización y construcción de infraestructura básica de salud y educativa. Estos recursos deberán ser liquidados un mes antes de que concluya la presente administración municipal, pues los créditos no deben ser heredados.

En ese estado, donde se buscará elegir a 32 diputados locales y a los 60 presidentes municipales, un municipio se puede endeudar financieramente hasta un 15 por ciento y a nivel estatal hasta un 20 por ciento.

Los que no pidieron. De los 13 estados que tendrán elecciones locales el siguiente año, solamente cuatro no solicitaron créditos: Oaxaca, Zacatecas, Baja California y Durango.

El caso de Tamaulipas, donde la población irá a las urnas para elegir a 36 diputados y 43 ediles, la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública del Congreso del Estado desechó la solicitud que hicieran 18 municipios para aumentar sus Tablas de Valores Catastrales hasta en un 25 por ciento, al considerar que no había motivos para ello.

En Coahuila –uno de los estados más endeudados y donde se elegirán a 38 ediles–, el gobernador priísta Rubén Moreira solicitó un crédito de 950 millones de pesos para amortiguar la deuda de más de 35 mil millones que le heredó su hermano Humberto Moreira.

Ante lo escandaloso de esta deuda y lo delicado de la nueva contratación, la Cámara de Senadores exhortó al mandatario que antes de solicitar un crédito, mejor debería transparentar toda la información referente a la deuda actual de la entidad.

Mecanismo para proteger a defensoras, sin fecha de instalación

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/por: Anayeli García Martínez

DERECHOS HUMANOS
Mecanismo para proteger a defensoras, sin fecha de instalación
Faltan recursos y que opere la Junta de Gobierno
 
México, DF, 6 nov 12 (Cimacnoticias).- La implementación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos (DH) y Periodistas contribuye a la seguridad de este grupo de personas, pero a largo plazo pretende ser una herramienta que ayude a romper el círculo de la impunidad.
 
En opinión del defensor Edgar Cortez, si bien este mecanismo derivado de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas aún no se instala formalmente, la sociedad civil buscará que sea un espacio diligente y sin trabas burocráticas.
 
La ley publicada en junio pasado establece la creación de este mecanismo, el cual estará integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional, y será operado por la Secretaría de Gobernación (Segob).
 
La Junta de Gobierno estará integrada a su vez por un representante de la Segob, de la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y las secretarías de Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.
 
Además de los funcionarios, en la Junta Gobierno participarán cuatro representantes de la sociedad civil: la reportera Jade Ramírez, el activista Edgar Cortez, y los defensores de DH Jorge Israel Hernández y Michael Chamberlín.
 
De acuerdo con Cortez, aún no hay fecha para que se instale la Junta de Gobierno, pero precisó que las primeras tareas serán la revisión y publicación del reglamento de la ley, aprobar los protocolos de trabajo y designar a los titulares de cada unidad.
 
El mecanismo cuenta con una Coordinación Ejecutiva Nacional y tres dependencias: la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida; la Unidad de Evaluación de Riesgos, y la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis.
 
La idea de esta organización  –explicó el también investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia– es que cuando llegue un caso de una persona en riesgo, la Unidad de Recepción le brinde protección inmediata en menos de tres horas.
 
Las medidas de protección pueden ir desde garantizar la comunicación con las autoridades, un sistema de vigilancia, seguridad personal, cámaras en la oficina, arcos detectores de metal y chalecos antibalas o vehículos blindados.
 
Si bien Cortez reconoce que todavía deben aprender de la experiencia de otros países, se prevé que con este Mecanismo de Protección se pueda garantizar la seguridad de un activista o periodista en riesgo, aún si esto implica refugio en otra entidad o en otro país.
 
Una vez que la persona cuenta con las medidas urgentes de protección entra en función la Unidad de Evaluación, cuya tarea es hacer un estudio de la situación y de la persona, y revisar si las medidas ya implementadas deben mejorarse o cambiar.
 
La última área es la Unidad de Prevención que debe proponer mecanismos para prevenir amenazas, monitorear las agresiones contra el gremio periodístico o los activistas, identificar patrones de amenazas y evaluar las medidas otorgadas.
 
Sin embargo, para que este mecanismo sea una realidad primero debe quedar establecida la Junta de Gobierno y después se debe garantizar que haya recursos suficientes para que cuando una persona llegue en busca de ayuda se pueda desplegar el mecanismo.
 
Es de precisar que para este año la Segob recibió 26 millones de pesos para el diseño y la instrumentación de un mecanismo de protección para periodistas, y 2 millones 500 mil pesos para otro que además de periodistas incluye a defensoras de DH.
 
Cortez explicó que en la actualidad hay defensores o reporteros que son amenazados y cuando acuden a denunciar y pedir ayuda, se ven obligados a regresar sin nada porque no hay dinero para guardaespaldas o cámaras de vigilancia. Esto pese a que hay decenas de personas agredidas.
 
De acuerdo con un reporte de Comunicación e Información de la Mujer, de 2002 a 2011, se documentaron 94 casos de violencia contra periodistas, de los cuales el 85.4 por ciento estaba ligado directamente con su ejercicio periodístico.
 
En la misma situación de hostigamiento viven las defensoras. Incluso un informe de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos reveló que entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011, 11 defensoras fueron asesinadas.
 
Cortez confió en que una vez superadas las diligencias de los recursos y la instalación formal de la Junta de Gobierno, se hará una evaluación sobre el trabajo de las dependencias encargadas de garantizar la vida y la seguridad personal de este grupo de la población.
 
La finalidad –señaló– es saber cómo se han ejercido los recursos en estos rubros y contar con información suficiente y clara para que en el horizonte se fortalezca este mecanismo.

Movilización en Argentina por aprobación de IVE

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/por: Norma Loto

INTERNACIONAL
Movilización en Argentina por aprobación de IVE
Urge acabar con abortos inseguros y muertes maternas
 
Buenos Aires, 6 nov 12 (Cimacnoticias/SEMlac).- Muy pocos fueron los avances desde que las activistas empezaron a pedir el derecho al aborto. Los escasos logros no fueron por desacierto de ellas, sino por frenos de sectores conservadores, como en el resto de los países de la región.
 
En Argentina, este grito por la legalización del aborto se organizó en 2005, a través de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
 
Pese al clamor militante, la gran deuda de las casi tres décadas de democracia argentina es la masacre a goteo de las mujeres que anualmente mueren en el país por abortos inseguros.
 
Un año atrás, el Congreso argentino iniciaba la discusión de una ley sobre el aborto legal, seguro y gratuito. Pero el proyecto se durmió en el silencio de casi la totalidad de quienes integran el poder público. Una mudez que poco tiene de ingenua, pero sí mucho de molestia urticante.
 
En respuesta a esta situación, el 1 de noviembre organizaciones sociales se movilizaron en una marcha para reclamar al Congreso de la Nación que se debata el proyecto presentado por una Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito.
 
Horas antes de marchar y por iniciativa de una legisladora, en el interior del Congreso Nacional se realizó una reunión de trabajo en la que se consensuó un plan de trabajo para avanzar en el tratamiento y la posterior aprobación del proyecto de ley presentado.
 
La reunión fue convocada por la diputada Victoria Donda, del Frente Amplio y Progresista, y participaron en representación de Amnistía Internacional, Marianne Mollman y Mariela Belski, junto a un grupo de legisladores y legisladoras de la Nación e integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito.
 
Al término del encuentro, la diputada Donda estimó que es necesario retomar el impulso y debatir la ley de IVE porque “la democracia Argentina le debe a las mujeres este derecho y nuestro país ha asumido, desde hace casi una década, compromisos internacionales que obligan a moverse hacia una legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. En clave de Derechos Humanos, ésta es una deuda que debemos saldar de modo urgente”, subrayó.
 
En Argentina hay 500 mil interrupciones voluntarias del embarazo por año, lo que significa un aborto por minuto, según datos oficiales.
 
Se estima que en el negocio de los abortos inseguros se mueven al año alrededor de 270 mil dólares aproximadamente (más de 3 millones 520 mil pesos mexicanos), mientras que una mujer muere cada dos días por complicaciones derivadas de esa intervención y 80 mil ingresan a hospitales públicos por igual causa.
 
El tratamiento de esta ley es urgente, más perentorio aún en un país que acaba de aprobar una ley que brinda la valiosa posibilidad de votar a jóvenes de 16 años (hasta el momento este ejercicio de ciudadanía lo podían ejercer a partir de los 18 años).
 
Sin embargo, no brinda a las jóvenes –ni a ninguna mujer– la plena posibilidad de decidir sobre sus cuerpos.