Temen que quede en libertad asesino de Nadia Muciño

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/por: Guadalupe Cruz Jaimes

VIOLENCIA
Temen que quede en libertad asesino de Nadia Muciño
“Por falta de evidencia” su cómplice fue absuelto
 
México, DF, 16 oct 12 (Cimacnoticias).- A ocho años de pugnar por el esclarecimiento del asesinato de su hija Nadia Muciño, y a casi cuatro meses de la aprehensión de uno de los presuntos homicidas de la joven, María Antonia Márquez exigió justicia a las autoridades del Estado de México.
 
Márquez dijo que este llamado se debe al temor de que Bernardo López quede libre, como ocurrió con su hermano Isidro López, apodado “Matute”, quien luego de ser sentenciado a 40 años de cárcel por el homicidio doloso con agravantes de Nadia, fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia mexiquense (TSJEM).
 
Y es que luego de estar prófugo durante ocho años, Bernardo López fue detenido el pasado 14 de junio; tres días después le dictaron auto de formal prisión, y el 26 de ese mes solicitó un amparo, que será resuelto por la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla del TSJEM, la misma que absolvió a “Matute”.
 
Aunque el caso será revisado por otros magistrados, ya que no había garantías de imparcialidad por parte de quienes revisaron la apelación de Isidro López y lo dejaron en libertad, María Antonia Márquez pide a las autoridades de justicia que el homicidio de su hija no quede impune.
 
Cabe recordar que según los testimonios de los hijos de Nadia Muciño (como lo ha documentado Cimacnoticias), ella fue asesinada en febrero de 2004 por Bernardo López, quien era su pareja y padre de sus tres descendientes, en complicidad con el “Matute”.
 
Bernardo e Isidro golpearon a la mexiquense y después la colgaron en el baño, simulando un suicidio en la casa de la joven, en el municipio de Villa Nicolás Romero, de acuerdo con las declaraciones de los menores de edad.
 
Márquez indicó que a la par de la revisión del amparo, corre el proceso en contra de Bernardo por el homicidio doloso de Nadia, con la causa penal 187/12, y a la fecha se han realizado siete audiencias en las que la defensa presentó dictámenes periciales y sus testigos. En este periodo el acusado rindió y amplió su declaración.
 
La madre de la mexiquense, asesinada a los 24 años de edad, mencionó que López “negó todo, dijo que él amaba a mi hija, que nunca la golpeó y menos la secuestró”.
 
En mayo de 2003 denunció la desaparición de su hija ante el Centro de Apoyo para localización de Personas Extraviadas y Ausentes. Una semana después apareció con vida y en compañía de su mamá levantaron un acta en el Edomex por agresiones y secuestro en contra de Bernardo López.
 
JUICIO IRREGULAR
 
En la próxima audiencia, programada para este miércoles, se realizará el careo entre el acusado y la madre y padre de Nadia Muciño.
 
A diferencia del proceso penal en contra del “Matute”, Márquez refiere que hasta ahora el agente del Ministerio Público (MP) de la Procuraduría General de Justicia del Edomex (PGJEM) “me comunica cómo va el caso y mantiene un trato respetuoso”.
 
Cabe mencionar que durante la averiguación y el juicio contra Isidro López “hubo muchas irregularidades o ‘errores humanos’, desde que levantaron el cuerpo de mi hija”, recordó Márquez. 
 
Entre las “equivocaciones” de la PGJEM destaca que los peritos perdieron la soga y la agujeta que rodeaban el cuello de Nadia, y también “extraviaron” muestras de sangre halladas en una camisa que estaba en la casa, entre otras.
 
Pese a la “falta de evidencia” la autoridad concluyó que había sido un suicidio.
 
Por las irregularidades, en enero de 2009 María Antonia Márquez presentó una denuncia penal ante la Mesa de Responsabilidades de la PGJEM en Tlalnepantla, en contra de los funcionarios que resulten responsables de dichos “errores humanos”.
 
Sin embargo, a más de tres años la oficina de la Procuraduría en ese municipio “ni siquiera ha notificado a estos funcionarios que enfrentan un proceso penal”, acusó la madre de Muciño.
 
Por ese motivo, Márquez dirigió una carta al entonces titular de la PGJEM, Alfredo Castillo –ahora en el equipo de transición de Enrique Peña Nieto–, para que el personal de la Procuraduría sea juzgado “conforme a derecho”.
 
En respuesta a su petición, la Procuraduría en Toluca atrajo la demanda el pasado 20 de julio, “pero todavía no hay avances”.
 
En este escenario, la mamá de Nadia, preocupada por el acoso que sufre su familia por parte de personas cercanas a los agresores de su hija, ya que con frecuencia rondan por su casa, llamó a las autoridades mexiquenses a cumplir con su labor de impartición de justicia, “que no hagan oídos sordos”, reclamó.

Apenas la mitad de mujeres indígenas usa anticonceptivos

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/por: Guadalupe Cruz Jaimes

CAMPAÑA PERIODISTAS POR EL RESPETO DE LOS DSyR DE LA JUVENTUD
Apenas la mitad de mujeres indígenas usa anticonceptivos
Chiapas, Guerrero y Oaxaca, focos rojos
 
Las mujeres rurales enfrentan mayor rezago en el cuidado de su salud sexual y reproductiva. Ejemplo de ello es que tienen más hijas e hijos que las habitantes de zonas urbanas, y más probabilidades de sufrir una muerte materna (MM).
 
Lo anterior se debe a su menor acceso a servicios de salud reproductiva y planificación familiar, y al inicio temprano de su unión conyugal, refiere el documento “Mujeres y Hombres 2011- 2012”, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
 
El texto señala que también influyen la formación de estas mujeres y su condición económica, las cuales determinan “la apreciación que se tenga sobre las ventajas o desventajas de tener un cierto número de hijos”.
 
El análisis del Inegi indica que las diferencias en la fecundidad son evidentes cuando se compara a la población femenina según las características de su comunidad, ya que “conforme mayor sea el tamaño de localidad de residencia menor es la fecundidad”.
 
Así, en aquellas localidades con menos de 2 mil 500 habitantes (rurales), las mujeres tienen en promedio 2.9 hijos. En contraste, en las localidades de más de 100 mil habitantes (urbanas), la fecundidad se reduce a 2 descendientes por mujer.
 
La elevada tasa de fecundidad está relacionada con su menor acceso a anticonceptivos, ya que mientras las mujeres urbanas tienen una prevalencia del uso de métodos anticonceptivos de 75.1 por ciento, las habitantes de zonas rurales apenas alcanzan 63.7.
 
Según estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), la prevalencia anticonceptiva en las habitantes del campo es semejante a la registrada por las mexicanas de las urbes en 1987, por lo que tienen un rezago de 22 años el uso de estos métodos.
 
La situación empeora si estas mujeres hablan alguna lengua indígena, ya que sólo 58.3 por ciento de ellas utiliza algún método de control natal.
 
Entidades federativas con alta población rural e indígena como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, registraron en 2009 una necesidad insatisfecha de anticonceptivos (NIA) de 22.6, 17.5 y 15.6 por ciento, respectivamente, tasas muy por encima de la media nacional, ubicada en 9.8 por ciento.
 
Estos estados también destacan entre los que concentran un mayor número de decesos ligados al embarazo, parto y puerperio.
 
Mientras en 2010 se registró una razón de muerte materna (RMM) de 51.5 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos, Oaxaca superó el promedio en el país con 89 defunciones de este tipo, de acuerdo con el Observatorio de Mortalidad Materna en México.
 
Según estimaciones del sector salud, cuando las mujeres tienen más de cuatro hijos, como aún ocurre en comunidades rurales, aumenta 2.5 veces el riesgo de sufrir una MM.

Condenan a las niñas a vivir como adultas

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/por: Guadalupe Cruz Jaimes

REPORTAJE
CAMPAÑA PERIODISTAS POR EL RESPETO DE LOS DSyR DE LA JUVENTUD
Condenan a las niñas a vivir como adultas
Se quintuplican embarazos tempranos en zonas rurales
 
Desatendidas por el sector salud y sometidas por prácticas machistas, las adolescentes indígenas no tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos.
 
Sin información en salud sexual y reproductiva, sin acceso a anticonceptivos, y carentes de oportunidades educativas, además de padecer “usos y costumbres” que las tratan como objetos, las niñas de las comunidades rurales son obligadas a “asumir una vida adulta, siendo menores de edad”.
 
En México, según denuncias de defensoras de los derechos reproductivos, hay localidades indígenas donde los embarazos en adolescentes se han quintuplicado en tan solo un año.
 
Griselda Arroyo, líder de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en el Valle del Mezquital, Hidalgo, alerta que en la comunidad otomí de Capula los embarazos prematuros se dispararon cinco veces en menos de un año, al pasar de 8 gestaciones entre adolescentes de 12 a 18 años en 2011, a 40 casos hasta septiembre pasado.
 
Advierte que ante la ausencia de servicios de salud que informen sobre derechos sexuales y reproductivos en las zonas rurales, organizaciones civiles han asumido la misión de orientar a las niñas y jóvenes para evitar embarazos no planeados.
 
Por ello, promotoras de Ddeser imparten talleres en Capula, localidad de apenas 300 habitantes, en el municipio de Ixmiquilpan.
 
Cada año a nivel nacional hay más de 300 mil partos entre mujeres de 12 a 19 años, según el Inegi. La tasa se eleva en las comunidades rurales, donde 8.9 por ciento de las adolescentes tiene al menos un hijo vivo, mientras que en áreas urbanas el porcentaje es de 7.2, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010.
 
Tal situación se debe a que las adolescentes de poblaciones rurales e indígenas tienen menos acceso a información y disponibilidad de métodos de control natal, así como a oportunidades educativas y laborales que impacten en las decisiones sobre su vida sexual.
 
NEGLIGENCIA INSTITUCIONAL
 
Este 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Ante ello, activistas denuncian que la falta de educación sexual y los escasos servicios de salud “amigables” –es decir, con atención adecuada– para adolescentes en el sector rural, limitan el acceso de esta población al ejercicio de sus derechos.
 
Arroyoexplicaque, de manera paradójica, ante el agravamiento de los embarazos tempranosen Capula, dejó de funcionar de manera adecuada el Centro de Atención Rural al Adolescente, dependiente del IMSS, en esa localidad.
 
Acusa que el personal de esa instancia ahora exige a las y los adolescentes estar afiliados al IMSS o a la Secretaría de Salud para recibir atención. Además “cuando van a pedir informes o anticonceptivos, se les dice que para atenderlos deben tener un expediente clínico”.
 
Mayra Peña, promotora de derechos sexuales y reproductivos en Capula, explica que con base en un sondeo a servicios de salud en cuatro estados, persiste en las clínicas el maltrato hacia la población adolescente.
 
La investigación, realizada en 2011 por Ddeser y Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, detalla que en Guerrero hay 42 servicios “amigables” para adolescentes, y en Hidalgo 24, mientras que en Chiapas y Oaxaca hay menos de 10.
 
En 32 clínicas de las cuatro entidades se encontró que para brindar atención a las y los adolescentes se les piden “requisitos innecesarios”, como que vayan acompañadas de una persona adulta, o que sean beneficiarias del programa Oportunidades.
 
En algunas unidades, las jóvenes deben esperar hasta tres horas para ser atendidas. Además carecen de un espacio en el que se respete la privacidad durante las consultas. “Las atienden en la sala de espera frente a otras personas, o en un consultorio con la puerta abierta”, señala Peña.

A lo anterior se suma lafalta de capacitación del personal de salud, ya que la mitad de los directivos de las clínicas opina que las madres y padres deben ser informados cuando sus hijas e hijos soliciten anticonceptivos.

 
El personal sanitario también es incapaz de dar información completa sobre infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazo en adolescentes. Además dan orientación errónea sobre métodos como la pastilla de anticoncepción de emergencia, útil para prevenir embarazos en casos de violación sexual.
 
La situación empeora con los “usos y costumbres” que obstaculizan los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes rurales, advierte Mayra Peña.
 
En Capula –dice la activista– “todavía se acostumbra vender a las niñas. Cuando una familia es de escasos recursos y hay un adulto interesado en una adolescente, de hasta 12 años, los papás hacen que se junten”.
 
A cambio la familia recibe apoyo económico para poder sembrar. Así, se violan los derechos sexuales de las jóvenes “pues ni siquiera pueden elegir a su pareja”. El hecho se repite en Guerrero y Oaxaca.