Indígenas que abortan: entre el estigma social y rechazo de sus comunidades

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/por:Guadalupe Cruz Jaimes

CAMPAÑA PERIODISTAS POR EL RESPETO DE LOS DSyR DE LA JUVENTUD
Indígenas que abortan: entre el estigma social y rechazo de sus comunidades
El aborto es mal visto, aún cuando la vida de la mujer peligre
 
México, DF, 4 oct 12 (CIMAC).- Por temor a que su papá la reprendiera, Reina López, indígena mixteca originaria de Oaxaca, se practicó un aborto con ayuda de la partera de su pueblo, ubicado en el municipio de Santiago Juxtlahuaca.
 
La joven -que ahora tiene 26 años de edad- recuerda que no fue sencillo tomar esa decisión, pero “me tenía que bajar la regla, si no él (su padre) me iba a matar a golpes”, indicó en entrevista.
 
A una década de este hecho, Reina López, quien vive en el Distrito Federal (DF) con su pareja y sus dos hijas, reconoce que aunque fue “difícil” interrumpir su primer embarazo “fue lo mejor” por que no tenía alternativas, “no tenía a dónde irme y mi papá era malo con nosotras”.
 
La mujer, dedicada al comercio en la zona centro de la capital, relató a Cimacnoticias que a los 16 años de edad tuvo un novio que conoció en la cabecera municipal de Santiago Juxtlahuaca, donde ella laboraba desde los 13 años como trabajadora del hogar.
 
Ella salió de su pueblo llamado San Miguel Cuevas por la situación de pobreza que había en su casa, “no teníamos ni para comer, la íbamos pasando con chile y tortilla, y mis papás no nos podían dar nada, ni para zapatos porque éramos muchos hijos”.
 
Reina López indicó que cuando conoció a su novio éste le prometió que se casarían, “pero cuando le dije que estaba embarazada, que teníamos que juntarnos y que tenía que decirle a mí familia; no lo volví a ver”.
 
Entonces la joven indígena sintió temor de enfrentar a su padre, pensó en no regresar a su pueblo para que no se enteraran, pero no sabía a dónde ir y tampoco tenía dinero para marcharse.
 
Ante la falta de alternativas decidió pedirle ayuda a una partera de su comunidad. “La señora me dijo que tenía que quedarme en su casa tres días para que me cuidara. Pedí un permiso para faltar a mi trabajo, y durante esas tres mañanas me dio un ‘te dulce’ en ayunas”.
 
Ella recuerda que por los sangrados se sintió débil unos días, pero el malestar pasó pronto. Sin embargo “estuve triste, porque allá es muy mal visto que una haga eso”. Poco a poco, se recuperó y conoció a otra persona con la que se unió y migró al DF hace 7 años.
 
“Ahora todo fue diferente, yo quería a mis hijas y estaba con su papá, no estaba sola como esa vez”, indicó la mujer, quien vive en la delegación Coyoacán.
 
HILDA
 
La purépecha Hilda Casillas, originaria del municipio de Pénjamo, Guanajuato, también tuvo un aborto, pero en esta ciudad y en circunstancias diferentes a la indígena mixteca, ya que el procedimiento fue en una clínica pública y en condiciones seguras.

La mujer de 45 años dijo a Cimacnoticias que ocurrió “cuando ya tenía tiempo viviendo aquí y fue por razones de salud”, ésta es una de las 7 causales por las que el aborto es legal y gratuito en los servicios del DF.
 
Hilda Casillas sufrió preclampsia durante el cuarto mes de su segundo embarazo, pero pensó que era controlable, ya que en su embarazo anterior tuvo el mismo padecimiento y su hijo nació de seis meses y sobrevivió.
 
Sin embargo, empeoró la salud de la purépecha, de entonces 30 años, y tuvo que practicarse un aborto porque la gestación colocaba en riesgo de sufrir un grave daño a su salud e incluso de morir.
 
Ella recuerda que “fue muy doloroso” porque su familia no la apoyó. Recordó que “mi suegra me dijo que hasta las perras protegen a sus crías, y que yo no había sabido ser mujer para cuidarme y tener al bebé”.
 
La habitante de la delegación Cuauhtémoc refirió que en la capital las personas de su comunidad, reproducen las normas sociales aprendidas en su pueblo y “ven mal el aborto, dicen que quien lo hace pues es una mala mujer”.
 
Lo anterior, a pesar de que en la capital el aborto es legal, seguro y gratuito por las causales de violación, cuando es imprudencial, si pone en riesgo la salud o la vida de las mujeres, si el embarazo es resultado de inseminación artificial no consentida, y por voluntad de las mujeres hasta las 12 semanas de gestación.
 
La normatividad en el DF parte de que la interrupción legal del embarazo (ILE) forma parte del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, principio del ejercicio de su ciudadanía.

Plan B:Huevos para Adela, balas para otras

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/por:Lydia Cacho / @Lydiacachosi

Plan B by Lydia Cacho
Huevos para Adela, balas para otras
 
Adela Micha se encontraba en el Congreso de Veracruz donde representantes del gobernador Duarte y  de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz le entregaban un título Honoris Causa a quien calificaron como un “ejemplo del periodismo actual y la libertad de expresión”. Dos jóvenes, ahora detenidos, lanzaron dos huevos a la condecorada, uno de ellos se reventó en el hombro, el otro nunca le pegó. Adela sonriente les dijo que estaban demasiado caros para desperdiciarlos. Acto seguido el Presidente de la República y una decena de políticos expresaron ante los medios su preocupación por el “grave ataque al periodismo”.
 
Lo que sucedió con Adela Micha fue en realidad una grosería, inaceptable ciertamente, pero contrario a lo que hicieran los políticos la misma Adela sí le dio la proporción que merecía. Ella sabe que ataque fue lo que le sucedió allí mismo en Veracruz hace unos meses a la reportera Regina Martínez, asesinada en su propia casa por investigar los vínculos de corrupción entre militares, el narco y el gobierno veracruzano. Ataque el que sufrió Sanjuana Martínez arrestada ilegalmente por un comando armado en Nuevo León por un caso civil. Ataque las amenazas de muerte con evidencia clara a la periodista investigadora Anabel Hernández especializada en narcotráfico y una de las más fuertes críticas de Genaro García Luna.
 
México ocupa el penoso primer lugar en agresiones a mujeres periodistas en América Latina. Trece han sido asesinadas y 100 han recibidos amenazas de muerte y hostigamiento judicial y criminal. Está claro que resulta tan grave la violencia contra los hombres como contra las mujeres, pero hace falta documentar el sexismo; porque además de amenazarles con asesinarlas el componente de otras violencias misóginas está presente. Todas las formas de violencia sexual, desde los tocamientos por parte de policías y militares que las detienen hasta la violación, están presentes en cada caso. Justamente por ello aparecerá esta semana en México el Informe Diagnóstico sobre Violencia contra Mujeres Periodistas elaborado por el equipo de Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), la primera agencia noticiosa especializada en aplicar la perspectiva de género al tratamiento de las noticias.
 
CIMAC se fundó en 1988 y fue de sus creadoras de quienes aprendí a hacer periodismo de investigación en esos años, Con Lucía Lagunes y en aquél entonces Sara Lovera, comencé a hacer reportajes sobre la condición social de las mujeres y niñas cuando en México no teníamos una sola ley que reconociera la violencia de género. Con ellas documentamos los primeros casos de feminicidio en Ciudad Juárez, y no existe otra agencia en el país que cubra las noticias de forma tan integral y seria como sus periodistas. Ahora, con este informe, el primero de su tipo en Latinoamérica, elaborado con una de las metodologías más meticulosas y formales que he visto en una década, revelan los verdaderos alcances de la violencia contras las mujeres periodistas y el porqué debe diferenciarse de aquella perpetrada contra nuestros colegas varones.
 
El próximo jueves 4 de Octubre será un día importante para estar en el Museo de la Memoria y la Tolerancia de la Ciudad de México, allí se dará a conocer este informe que revela los verdaderos alcances del persistente intento de criminales, políticos, empresarios, policías, jueces y militares, para silenciar a las mujeres que ejercen el periodismo en toda la geografía nacional.
 
En los últimos años he conocido a una veintena de directores de periódicos en México, la mayoría nomás al saludarme me han dicho que están orgullosos de tener una redacción donde las mujeres ocupan más del 50 por ciento de los puestos como reporteras y editoras. Insisten en la importancia de su trabajo, en su responsabilidad y formalidad, en su sensibilidad para mirar desde otro lugar las noticias, tal vez, dicen ellos, son más empáticas por ser madres, por ser mujeres. Yo creo que ejercer un periodismo ético no es cuestión de género, hay tan buenos como malos periodistas de ambos sexos. Lo cierto es que sin duda en un país sexista las periodistas que incursionan en la investigación seria se juegan la vida y la libertad de maneras distintas que los hombres. Tenemos muy buenos informes de agresiones a los periodistas, este es el primero que va más allá de lo dicho. CIMAC  tiene un mérito inmenso.
 
Ojala el presidente y quienes levantaron la voz por el huevazo a Adela, miren también las balas, la tortura, los arrestos ilegales, los golpes y feminicidio de las periodistas que no son famosas pero sí indispensables en sus comunidades.
 
  www.lydiacacho.net

*Plan B es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC, Canal Matrix HD, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.

Persiste machismo en impartidores de justicia en México

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/por:Gladis Torres Ruiz

VIOLENCIA
Persiste machismo en impartidores de justicia en México
Letra muerta la legislación si no hay cambio de mentalidad
 
México, DF, 4 oct 12 (CIMAC).- A pesar de que México cuenta con leyes y mecanismos para atender la violencia contra las mujeres, la “cultura machista” que prevalece en los responsables de procurar justicia transforma esta legislación en “letra muerta” negando a las mujeres acceder a este derecho, afirmó Mauro Vargas, director general de la asociación civil Género y Desarrollo (Gendes).
 
En entrevista durante el Foro “Masculinidad para una vida libre de violencia”, realizado la semana pasada en un hotel capitalino, dijo que la estructura en la que vivimos sigue siendo patriarcal; jueces, ministerios públicos, servidores  públicos y en general los encargados de impartir y administrar justicia están inmersos en este esquema cultural y desde ahí actúan, lo que genera que de manera cotidiana se revictimice a las mujeres que denuncian, amparadas en las leyes e instrumentos que las protegen.
 
Para el especialista, este pensamiento machista se transforma en acciones en quienes se encargan de impartir justicia, por lo que seguimos escuchando en estas instancias frases como “para que los provocas (hombres), para que te vistes así por eso te violaron”, con lo que se continúa responsabilizando a las mujeres de la violencia que viven sin sancionar a quien comete el delito.
 
Mauro Vargas advirtió que si no hay un cambio cultural el marco legal es inocuo, es letra muerta,  “por muy de vanguardia que sea la ley si mis pensamientos son machista voy a seguir revictimizando”.
 
La violencia contra las mujeres le cuesta al país 1.6 por ciento de su producto interno bruto (PIB), lo que representa aproximadamente 113 mil millones de pesos, señalan estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
 
El sociólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, agregó que en el combate a la violencia contra las mujeres es urgente trabajar con los hombres desde el sector público, siempre y cuando este trabajo no sea en menoscabo de la atención a las mujeres o dejar de generar acciones de protección para ellas. Para completar los procesos de atención y de verdad abatir la violencia de género es importante trabajar con los hombres ya que ellos son los que perpetran la acción de daño.
 
Por ello consideró que es necesario que desde donde se trabaja para administrar y procurar justicia se recojan elementos desde las masculinidades, para promover reflexión crítica de lo que significa ser hombres y cómo podemos avanzar en el cambio.
 
“Hay que revisar este sistema de creencias de lo que es masculino y femenino, para avanzar en la posibilidad de construir masculinidades diferentes”.
 
Agregó que la  Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para Igualdad entre Mujeres y Hombres ofrece un marco legal para que las  y los funcionarios realicen su trabajo desde un enfoque de género, además de que la primera establece en su articulado el trabajo con hombres agresores y contempla la prevención, atención y sanción lo que es muy importante fortalecer con lógicas de intervención que afinen los procesos y que vigilen el cumplimiento por parte de las instancias públicas, concluyó el director de Gendes.

Trabajadoras quedan en desamparo ante acoso laboral

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/por:Guadalupe Cruz Jaimes

CONTEXTO
Trabajadoras quedan en desamparo ante acoso laboral
Reforma a LFT permite mayor hostigamiento
 
La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) agravará la violencia laboral en contra de las mujeres, que de 2006 a 2011 creció 58.3 por ciento, advirtió Carmen Ponce, economista especializada en género.
 
La feminista dijo a Cimacnoticias que la modificación a la ley laboral traerá como consecuencia la disminución de derechos que colocará a las mujeres en mayor riesgo de sufrir discriminación y violencia en este ámbito.
 
Ponce señaló que de poco servirá la inclusión de la sanción al acoso y hostigamiento sexual, pues estas prácticas serán favorecidas por las formas de contratación y despido de las trabajadoras, quienes representan el 42 por ciento de la fuerza laboral (18.5 millones de mujeres).
 
La economista explicó que ellas tendrán que pasar más filtros para poder ser contratadas, y que en ese proceso aumentará su vulnerabilidad de padecer ese tipo de violencia.
 
Por ejemplo dijo que “si una joven está por contrato a prueba, el empleador o sus superiores pueden acosarla sexualmente; si accede tiene trabajo y si no la despiden”.
 
La situación empeora porque en esa circunstancia de inestabilidad laboral será “más difícil” que las trabajadoras puedan defenderse jurídicamente, lamentó la especialista.
 
De acuerdo con un análisis de Carmen Ponce, con base en los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2006-2011, en el país la discriminación laboral femenina creció 58.3 por ciento.
 
En ese periodo, el número de mujeres que experimentó este tipo de violencia pasó de 2.4 a 3.8 millones. En su análisis, Ponce señala que en el caso del estado de Veracruz la violencia laboral contra las mujeres aumentó 99.2 por ciento.
 
La especialista sostiene que en 2006, por cada 100 mujeres 12.4 sufrieron acoso laboral, en especial las casadas o unidas y las solteras; en total fueron 1.3 millones de mujeres que pasaron por ese trance.
 
El panorama empeorará con las disposiciones de la LFT, las cuales mediante el outsourcing, la contratación por hora y a prueba, entre otras medidas regresivas, mermarán los derechos de las trabajadoras.
 
Por lo anterior, Martha Heredia, vicepresidenta de Equidad de Género de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), indicó que esta reforma es contradictoria, pues mientras en la exposición de motivos cita instrumentos internacionales a favor de los derechos humanos, la no discriminación y la inclusión del enfoque de género, en su articulado “atenta contra los derechos de las mujeres”.
 
La pérdida de derechos se traduce en la falta de trabajo digno y de una organización sindical que defienda sus garantías. Sin este respaldo, las trabajadoras víctimas de discriminación y violencia tienen más dificultades para exigir que los responsables sean sancionados.

Reforma precariza aún más el empleo femenino

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/por:Guadalupe Cruz Jaimes

REPORTAJE
Reforma precariza aún más el empleo femenino
Agrava explotación y pauperiza ingresos, alertan
 
La reforma laboral generará “una fábrica de desigualdad y pobreza para las mujeres” al deteriorar sobremanera sus condiciones de trabajo.
 
La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), propuesta por el Ejecutivo y aprobada por PAN, PRI y PVEM en la Cámara de Diputados, lejos de generar más empleos, empeorará la situación laboral de los 18.5 millones de trabajadoras.
 
Carmen Ponce, economista especializada en género, desmintió que la flexibilización laboral sea la vía para generar más empleos, ya que estas formas de contratación planteadas en la modificación legislativa (outsourcing) operan en el país desde hace 20 años y no han creado nuevas fuentes de trabajo.
 
Además puntualizó que la generación de empleos no se logra con cambios en la LFT sino en la activación de la economía nacional. Lo que menos necesita el país, advirtió, es más terciarización, pues “(el empleo) ya está suficientemente flexibilizado, y la mejor demostración es que de los 18.5 millones de mujeres ocupadas, sólo 5.5 millones tiene acceso a servicios de salud ligado a su trabajo”.
 
Estos empleos son informales aunque muchos de ellos se generen en “empresas formales” que pagan impuestos, pero no garantizan derechos mínimos a su personal (como la seguridad social), según la Organización Internacional del Trabajo.
 
Tan sólo en la industria maquiladora, durante el último año la subcontratación creció 9 por ciento, mientras que la contratación directa apenas aumentó a 4 por ciento, de acuerdo con el Inegi.
 
La experta lamentó que con esta reforma se “van a ‘informalizar’ los pocos empleos formales que existen”. Alertó que “el salario va a bajar más, disminuirá la seguridad social y el desempleo seguirá en aumento, en síntesis, la reforma a la LFT derivará en una fábrica de desigualdad y de pobreza para las mujeres”.
 
SIN DERECHOS
 
Según el Inegi, hay 900 mil mujeres desempleadas en México, y 16 de cada 100 laboran de forma parcial, es decir, se ocupan en alguna actividad económica, pero tienen tiempo disponible y la necesidad de trabajar más horas para completar su ingreso.
 
La subcontratación “quita de encima” la responsabilidad del patrón de garantizar los derechos de las trabajadoras, indicó María Luisa Alcalde, diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC).
 
Detalló que la reforma simula la “regulación” de ese tipo de contratación, al establecer que la subcontratista debe costear derechos mínimos, como el salario (60 pesos al día) y seguridad social.
 
La legisladora refirió que la normatividad es insuficiente para garantizar estos derechos, ya que aunque estas empresas “están en el papel, en muchos casos no tienen ni oficinas, nadie conoce al patrón, así ¿a quién le van a reclamar las y los trabajadores?”.
 
Además, el riesgo es que el outsourcing se generalice, acotó. Por ello es necesario “limitar esta figura”: que sólo subcontraten a personal cuya tarea es ajena al objeto social de la empresa. “Por ejemplo, en un banco puede subcontratarse a personal que arregle los elevadores, pero no a las cajeras, como ya ocurre”, explicó.
 
Alcalde alertó que además del outsourcing, otro “foco rojo” es la contratación por horas, planteada como una oportunidad para que las mujeres cumplan con el cuidado de la familia y obtengan un ingreso.
 
La legisladora apuntó que esa disposición no representa un beneficio para las trabajadoras sino la pérdida de sus derechos, porque “la responsabilidad del patrón (con ellas) culminará con el pago de las 2 o 3 horas que laboren al día o a la semana”.
 
Las mujeres y las personas jóvenes serán las más perjudicadas, porque actualmente son quienes más dificultades enfrentan para obtener un empleo, y se verán orilladas a aceptar ese tipo de contrato con el que “recibirán un pago de 20 pesos, sin derecho a ninguna prestación, ni estabilidad laboral”.
 
Ponce añadió que otro problema de la contratación por hora es que la reforma no aclara si el pago será con base en el salario mínimo actual, pues de ser así, por cada hora laborada el personal apenas recibiría 7.50 pesos.
 
Esta circunstancia disminuiría todavía más el ingreso de las trabajadoras, ya que 65.8 por ciento de las mujeres ocupadas gana entre 1 a 3 salarios mínimos, alrededor de 5 mil 600 pesos al mes, insuficientes para la manutención de sus familias.
 
Otro embate es el contrato a prueba, el cual establece que las y los trabajadores pueden permanecer en el empleo seis meses, y si el patrón considera que “no pasó la prueba” lo despide sin ningún tipo de indemnización, mencionó Ponce.
 
Así, la reforma a la LFT además de afectar los derechos individuales de las trabajadoras, perjudicará sus derechos colectivos, pues la flexibilización “es veneno para los sindicatos”.