Educación sexual para evitar abusos a menores de edad

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Patricia Chandomí, corresponsal

INFANCIA
Educación sexual para evitar abusos a menores de edad
Gobierno de Chiapas incumple con enseñanza de la materia
 
Tuxtla Gutiérrez, 28 sep 12 (CIMAC).- Al carecer de educación sexual, las niñas, niños y jóvenes quedan en vulnerabilidad, y quedan a merced de situaciones de abuso, sostuvo Alejandro Rivera, director de la organización Colectivo Integral de la Familia (Cifam), que trabaja por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos en el estado de Chiapas.
 
El activista se refirió al reciente caso del profesor Roberto Carlos Guillén Gutiérrez, quien abusó sexualmente de cuatro niñas de sexto de primaria de la escuela Francisco I. Madero, en San Cristóbal de las Casas.
 
Guillén Gutiérrez abusó de cuatro menores de entre 11 y 12 años de edad. Con el pretexto de que daba una clase de “sexualidad”  pidió a cuatro niñas quedarse en el salón para tomarles “muestras” de sus genitales que llevaría a San Cristóbal, para saber si tenían cáncer de mama.
 
“A los niños, niñas y jóvenes les hace falta información clara y objetiva por las instituciones responsables de la educación en México, para enfrentar la moral sexual tradicional que se impone en los senos de millones de familias y obstaculiza el diálogo y la comunicación en temas relacionados a la salud sexual y reproductiva”, manifestó Rivera.
 
El director del Cifam, quien ha sido galardonado con el Premio Nacional de la Juventud, dijo que es necesario establecer  lineamientos y estrategias didácticas para brindar educación sexual, y frenar la influencia de la jerarquía católica en las políticas de salud.
 
Para el activista, hablar con conocimientos y confianza de estos temas no sólo lograría el libre ejercicio de la sexualidad sino que abonaría a la prevención de los delitos sexuales.
 
Alejandro Rivera remarcó la obligación de las instituciones públicas de educación, salud y justicia para dar información a las niñas, niños y jóvenes, así como a padres y madres.
 
“En el caso de Chiapas las instituciones tienen el doble compromiso de hacer llegar esta información a lugares de difícil acceso y con poblaciones particulares, por ejemplo las y los niños monolingües, hablantes de lenguas indígenas, también de niñas y niños en situación de calle”, indicó.
 
En 2008 el gobierno mexicano firmó la “Declaración Ministerial: Prevenir con Educación”, para impulsar la educación sexual integral en las escuelas, y proveer servicios de atención a la salud sexual y reproductiva a adolescentes y jóvenes.
 
Rivera remarcó que el gobierno de Chiapas al firmar los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) y elevarlos a rango constitucional debe asumir a plenitud la obligatoriedad de impartir educación sexual.
 
Uno de los ODM pretende mejorar la salud materna y combatir el VIH/Sida a través de información sexual, dotación de anticonceptivos, atención médica regular e información a sectores con mayor vulnerabilidad.
 
En el caso de las niñas abusadas, la Procuraduría de Justicia de Chiapas ejerció acción penal contra Guillén Gutiérrez por el delito de violación en agravio de cuatro menores. Hoy el delincuente está preso.

Se agudiza tortura sexual del Estado contra las mujeres

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Gladis Torres Ruiz

VIOLENCIA
Se agudiza tortura sexual del Estado contra las mujeres
Consecuencia de la estrategia anticrimen de Calderón
 
México, DF, 28 sep 12 (CIMAC).- Durante el sexenio que está por concluir la tortura contra las mujeres se incrementó, en particular la sexual cometida por los cuerpos de seguridad pública, aseguró Javier Enríquez Sam, coordinador general del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI).
 
En conferencia de prensa, el defensor de Derechos Humanos (DH) señaló que en los últimos seis años la tortura se incrementó de manera exorbitante, y que de ello dan cuenta cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), según las cuales para 2006 hubo 330 casos, mientras que en 2011 hubo mil 116 denuncias.
 
Enríquez Sam aclaró que esa cifra es un subregistro de este delito de lesa humanidad, toda vez que el miedo a sufrir represalias hace que las víctimas no denuncien. Por ello dijo que tampoco hay cifras desagregadas por sexo.
 
Hoy inició el “Seminario Regional Latinoamericano de Salud Integral y Derechos Humanos” en el que participan 17 centros latinoamericanos de 13 países de la región, y expertos en el tema de rehabilitación integral de sobrevivientes de tortura.
 
El coordinador del CCTI precisó que si bien la población que mayor tortura recibe son los hombres y los jóvenes, en su mayoría pobres, en lo referente a las mujeres el tema fundamental fue la tortura sexual, la cual se registró con mayor frecuencia como efecto de la estrategia de seguridad de Felipe Calderón contra el crimen organizado.
 
“Desde el caso de San Salvador Atenco, en el Estado de México, a estas fechas, el modo (de operar) ha sido el mismo: en los camiones o vehículos de los cuerpos de seguridad se inicia la tortura sexual”, acotó.
 
El operativo policiaco de 2006 para desarticular al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en su lucha contra la construcción de un aeropuerto en Texcoco, dejó dos jóvenes asesinados y 207 detenidos, de los cuales 47 eran mujeres.
 
Los cuerpos de seguridad que participaron en el operativo violaron los DH de los manifestantes, sobre todo de las mujeres. De las 47 mujeres agredidas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) constató la violación sexual en 26 casos.
 
Javier Enríquez Sam dijo que la tortura cometida por los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional era selectiva y dirigida a los movimientos sociales y sus dirigentes, quienes eran detectados, detenidos y llevados a casas clandestinas donde eran torturados.
 
Sin embargo –precisó– el sistema fue variando y con los regímenes del Partido Acción Nacional se pasó a las torturas masivas en vehículos durantes los traslados de las y los detenidos a los penales, es decir, ya no necesitaron espacios clandestinos para torturar.
 
Activistas como Mariana Lagos, representante del Equipo Argentino de Trabajo y de Investigación Psicosocial, y Carlos Jibaja, integrante del Centro de Atención Psicosocial de Perú, advirtieron que la violencia de Estado que vive América Latina cada día va en aumento, a pesar de que la mayoría de los países firmaron la Convención contra la Tortura  de la ONU.
 
Enríquez Sam previó que en México, durante el próximo sexenio, la violencia se va a mantener en las mismas condiciones, ya que el gobierno entrante encabezado por el PRI ha declarado que va a mantener la estrategia contra el crimen organizado implementada por Calderón.

Mitad de víctimas de trata en EU son de México y AL

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Guadalupe Cruz Jaimes

VIOLENCIA
Mitad de víctimas de trata en EU son de México y AL
Falta cooperación binacional contra el delito
 
México, DF, 28 sep 12 (CIMAC).- Organizaciones nacionales y extranjeras denunciaron que al menos desde la década de los 90 persiste la trata de mexicanas con fines de explotación sexual y laboral en Estados Unidos, por lo que demandaron acciones conjuntas entre ambos países para erradicar el problema.
 
Lo anterior lo señaló Vanessa Lanza, directora de la Coalición para la Abolición de la Esclavitud y la Trata de Personas (CAST, por sus siglas en inglés), durante la presentación del informe “Caminando hacia el norte: el papel del género, la pobreza y la violencia en la trata de personas de México hacia Estados Unidos”.
 
Lanza indicó que desde hace 20 años comenzaron a identificar casos de trata de personas en el vecino país del norte, de los cuales entre el 30 y 50 por ciento de las sobrevivientes de este delito son originarias de México y de otros países de América Latina (AL).
 
La activista mencionó a Cimacnoticias que en la década de los 90 identificaron “casos grandes”, como el de personas tailandesas esclavizadas en EU, pero el problema “viene de tiempo atrás”, el caso más antiguo que conocen es el de una mujer explotada laboralmente en 1972.
 
En estos años han habido algunos avances para proteger a las víctimas de este delito en EU, pero hasta ahora ninguna acción conjunta con el gobierno mexicano para frenar la problemática.
 
Para visibilizar esta situación, CAST junto con la organización The Sex Workers Proyect at the Urban Justice Center, realizaron el informe que contiene el testimonio de 37 personas que fueron enganchadas en México para ser explotadas sexual y laboralmente, de las cuales dos son transgénero y un hombre.
 
El documento indica que salvo una de las entrevistadas, el resto sufrió acoso sexual o fueron insertadas en el comercio sexual. Además, la mayoría fue obligada a trabajar en actividades económicas.
 
De las 37 sobrevivientes, 34 son mexicanas y provienen sobre todo de Puebla (14), Tlaxcala (6), Estado de México (5) y Veracruz (5). Ellas tienen en promedio 19 años de edad y cursaron la educación básica.
 
Vanessa Lanza indicó que la mayoría de estas mujeres fueron más vulnerables a caer en las redes de trata de personas por su condición de pobreza y violencia de género.
 
Tal es el caso de “Florencia”, originaria de la sierra norte de Puebla, quien fue víctima de este delito en EU en 2002. Ella carecía de una fuente de trabajo y tenía tres hijos que mantener. “Estaba en pobreza y fui presa fácil”, refirió la mujer de 39 años al hablar sobre su experiencia durante la presentación del informe.
 
“Florencia” fue enganchada por la maestra de corte y confección, quien contactaba a “muchas mujeres para ir a EU”. La falta de oportunidades la orilló a migrar.
 
“Tuve que entregar mi acta de nacimiento y mi credencial de elector. La maestra venía con el grupo de personas que íbamos a salir del país”. En Tijuana la mujer conoció a la tratante y un “coyote” (traficante de personas) la cruzó hacia EU.
 
“Todo parecía normal, pero al llegar la situación cambió. Ese sueño se convirtió en pesadilla”, recordó. La poblana pasó 40 días encerrada sin poder hablar con nadie, ni salir del taller de costura en donde estuvo.
 
“Florencia” sufrió abuso físico, verbal y psicológico. “Esa persona me decía que en EU los perros tenían más derechos que yo, que si me mataba a nadie le iba a importar. También me amenazaba con hacerle daño a mis hijos si no hacía lo que quería”, relató.
 
Sus jornadas de trabajo culminaban a la 1 o 2 de la mañana y estaba vigilada todo el tiempo. “Un día pidió permiso para ir a la iglesia y pudo escapar”, encontró ayuda de una organización que llamó a las autoridades y denunció que fue víctima del delito.
 
Sin embargo, la tratante fue juzgada por ser una empleadora abusiva y condenada a seis meses de arresto domiciliario, y tuvo que pagar una fianza de 75 mil dólares, “porque entonces no se hablaba tanto del delito”, añadió.
 
CAST, Sex Workers Proyect at the Urban Justice Center, junto con las organizaciones nacionales Instituto para las Mujeres en la Migración y el Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos, coincidieron en la necesidad de que México y EU lleven a cabo acciones conjuntas para frenar la trata de personas.
 
Los gobiernos deben comenzar por lanzar campañas de “concientización e información” sobre la problemática, seguido de la investigación de este delito, utilizando la recién aprobada ley general contra este crimen, así como la generación de mecanismos para reunificar a las sobrevivientes con sus hijas e hijos.

Ola de juicios en Hidalgo contra jóvenes por abortar

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Aída Suárez Chávez, corresponsal

CAMPAÑA PERIODISTAS POR EL RESPETO DE LOS DSyR DE LA JUVENTUD
Ola de juicios en Hidalgo contra jóvenes por abortar
Llegan a los hospitales y ahí son denunciadas
 
Pachuca, 28 sep 12 (CIMAC).- Yolanda, de 20 años, al verse embarazada en 2008 temió la reacción de su novio y de sus padres; decidió tomar pastillas para abortar, se lanzó de las escaleras de un puente, se fracturó y tuvo hemorragia; abortó y fue condenada a dos años de trabajos a la comunidad.
 
Luisa, de 21 años, originaria de Mixquiahuala, Hidalgo, en julio pasado –también por el temor a la reacción de sus padres– tomó medicamento para abortar lo que le causó hemorragia y se trasladó al Hospital Regional donde advirtieron que fue un aborto inducido.
 
Los médicos avisaron al Ministerio Público (MP), donde se inició de oficio la averiguación previa y Luisa fue consignada. La joven salió bajo fianza, rindió declaración preparatoria y el juzgado le concedió libertad provisional. Ahora está en espera de la sentencia definitiva.
 
Tanto Yolanda como Luisa, decidieron abortar por un embarazo no planeado y no deseado. Al ser considerado, en Hidalgo, el aborto como un delito no grave, ellas fueron sometidas a una pena de acuerdo con los artículos 154 a 158 del Código Penal estatal, expuso Ana Gabriela Ortiz Pacheco, juez del Juzgado 4º penal de Pachuca.
 
En suma, 16 jóvenes de 18 años en adelante han presentado casos similares por el delito de aborto.
 
Del 2007 a 2010 cuatro adolescentes en los municipios de Huichapan, Tula, Actopan y Pachuca, también fueron denunciadas por el delito de aborto.
 
Su situación no es distinta a la de Yolanda y Lucía, puesto que al verse embarazadas, decidieron abortar, principalmente con la ingesta de medicamento, pero al presentar complicaciones como hemorragias, acudieron a los hospitales de su región.
 
En Huichapan, en 2007, a través de investigaciones del MP, una adolescente de 16 años fue acusada, sin embargo, aún no se presenta a comparecer y tiene derecho de libertad de tránsito, informó Noé Hernández Rivera, titular del Juzgado 2º para Adolescentes.
 
En tanto en el Juzgado 1º, en 2007, una pareja de 15 años, en Tula, fue sujeta a proceso y terminó la sentencia, sin especificar cuál. En 2010 otra joven de 16 años, de Pachuca, concluyó el proceso que se le dictó, sin especificar tampoco la sentencia.
 
El juez Hernández Rivera mencionó que estos son los casos que presenta el MP y que se siguen de acuerdo con la Ley de Justicia para Adolescentes, que las privilegia siguiendo el proceso en libertad y solamente les pide que se sujeten a algunas medidas cautelares para garantizar que respondan al procedimiento que se lleva en su contra.
 
El procedimiento ante los jueces inicia desde el momento de las investigaciones del MP y las jóvenes son remitidas a los juzgados, entonces el MP ejercita acción legal en contra de una adolescente, es decir, le atribuye el haber cometido un delito, y desde el momento que el juez conoce del asunto se resuelve en un máximo de tres a cuatro meses.
 
El procedimiento concluye con el dictado de una sentencia. Para esto se analiza si existe el delito de aborto y si es responsable de esto. De ser así, el juez, a solicitud del MP, puede imponer medidas como apercibimiento –la más sencilla–, libertad asistida, prestación de servicios a favor de la comunidad, limitación de residencia, obligación de acudir a determinadas instituciones para recibir formación educativa, técnica, orientación o asesoramiento; la obligación de abstenerse de tomar bebidas alcohólicas o estupefacientes, entre otras.

Proponen crear Secretaría de la Mujer e Instituto para la Igualdad

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Anayeli García Martínez

POLÍTICA
Proponen crear Secretaría de la Mujer e Instituto para la Igualdad
Garantizarían derechos femeninos en las políticas públicas
 
México, DF, 28 sep 12 (CIMAC).- Como una forma de responder a las demandas de las mujeres, legisladoras federales propusieron la creación de la Secretaría para la Igualdad de la Mujer, y del Instituto de Estudios Legislativos para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Senado.
 
En la sesión de hoy las senadoras del PRI Diva Hadamira Gástelum, y del PRD Angélica de la Peña, solicitaron por separado la creación de esos organismos, aunque ya existen el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y un centro de estudios de género en la Cámara de Diputados.
 
La senadora priista presentó una iniciativa para reformar el Reglamento del Senado de la República y crear el Instituto de Estudios Legislativos para la Igualdad entre Mujeres y Hombres a fin de transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas.
 
Con este instituto se pretende fortalecer la agenda legislativa a través de la investigación jurídica con perspectiva de género, la evaluación de las políticas públicas, actualización de diagnósticos y recopilación de estadísticas sobre la situación de las mujeres.
 
En la iniciativa priista se detalla que se abriría este organismo para examinar y crear los mecanismos necesarios para aplicar los tratados internacionales y se respeten los Derechos Humanos de las mujeres.
 
Otras tareas del instituto serían analizar las modificaciones que requieran las legislaciones locales y examinar las disposiciones legales, así como los usos y costumbres que contravengan los ya establecidos.
 
De acuerdo con la senadora priista y también presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), en esa instancia se tendrá el material necesario que aborde temas prioritarios para las mujeres e identificar las desigualdades de género.
 
El costo aproximado de la creación del Instituto de Estudios Legislativos para la Igualdad entre Mujeres y Hombres es de 20 millones 590 mil 810 pesos.
 
Cabe destacar que en la Cámara de Diputados existe el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), como un área técnica para contribuir con la elaboración de leyes con perspectiva de género.
 
Por su parte, la senadora perredista Angélica de la Peña presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y crear la Secretaría para la Igualdad de la Mujer.
 
A decir de la legisladora, si bien el Inmujeres surgió en respuesta a los compromisos y obligaciones internacionales, este organismo público no ha logrado trascender de manera definitiva.
 
Pese a que el Inmujeres es el órgano rector de las políticas públicas en materia de igualdad ente mujeres y hombres, igualdad de oportunidades y contra la discriminación y la violencia, la senadora criticó su magro desempeño.
 
Por ello propuso cambiar la naturaleza jurídica de este organismo y transformarlo en una Secretaría para la Igualdad de la Mujer, dotada de atribuciones que le permitan avanzar en la consecución de una política nacional de respeto y garantía de los derechos femeninos.
 
La importancia de que se cree esta secretaría radica –dijo la perredista– en la necesidad de consolidar los preceptos legislativos, con las acciones gubernamentales implementadas en el país para lograr la igualdad de las mujeres.

Limitar organización gremial pega más a mujeres y jóvenes

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Guadalupe Cruz Jaimes

LABORAL
Limitar organización gremial pega más a mujeres y jóvenes
Reforma laboral favorece a sindicatos de protección

México, DF, 28 sep 12 (CIMAC).- La iniciativa preferente de reforma laboral que envío Felipe Calderón a la Cámara de Diputados, obstaculiza la organización sindical de las y los trabajadores del país al aumentar los requisitos para que puedan asociarse y defender sus derechos.

Este hecho representa “un golpe más” a la asociación sindical democrática, “violencia” que durante la administración calderonista se tradujo en la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y la amenaza de quiebra de Mexicana de Aviación, dijo Carlos Rodríguez, director del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).

Rodríguez dijo a Cimacnoticias que la propuesta del Ejecutivo, que discute la Comisión del Trabajo de la Cámara baja, defiende “intereses privados” por encima de derechos laborales como la libertad sindical.

Esta práctica fue “evidente” durante el sexenio de Calderón, y ejemplo de ello es que con la extinción de LyFC, además de desaparecer 44 mil fuentes de trabajo, el gobierno federal intentó liquidar al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Otra muestra del embate a la contratación colectiva y a las organizaciones que defienden este derecho fue la suspensión de actividades de Mexicana de Aviación, que dejó sin empleo a cerca de 8 mil trabajadoras y trabajadores, agremiados a tres sindicatos.

La libertad sindical representa una “amenaza” a los “intereses privados”, ya que las empresas pretenden establecer las condiciones de trabajo de forma “unilateral”.

Por ello, la reforma de Felipe Calderón amplió los requisitos para que las y los empleados se organicen para hacer cumplir sus derechos, denunció el director del Cereal.

Luisa María Alcalde, diputada federal por el partido Movimiento Ciudadano (MC),  señaló que las disposiciones contenidas en la propuesta “limitarán todavía más o anularán” las posibilidades de organización sindical, sobre todo para las mujeres y jóvenes que afrontan más dificultades para ocuparse en el empleo formal.

La legisladora indicó que actualmente sólo uno de cada 100 sindicatos es democrático, es decir 99 por ciento son elegidos por el patrón y no por las y los trabajadores, por lo que representan los intereses del empleador, es decir son sindicatos “blancos o de protección”.

Las mujeres y las personas jóvenes en su mayoría tienen acceso a empleos precarios en los que no hay sindicato o cuando existe, es patronal y no las representa. La iniciativa de reforma pretende perpetuar esta situación en vez de revertirla, lamentó Alcalde.

Con esa finalidad, propone que cuando las y los trabajadores decidan demandar la titularidad del contrato colectivo o emplazar a huelga para crear una organización sindical, deben pasar un listado de quienes están movilizándose “para que el empleador le dé el visto bueno”.

“Así le dan tiempo al patrón para que corra a las y los trabajadores que demandan este derecho”, abundó.

Y añadió que otra dificultad que afrontarán, de aprobarse la reforma laboral, es que si se presenta una demanda de titularidad de un contrato colectivo debe pasar un año para que se presente otra demanda por el mismo contrato.

Lo anterior perjudicaría a las y los trabajadores que quieran formar un sindicato democrático, porque al pasarle la lista al empleador, éste podría (a través de un sindicato patronal) demandar primero la titularidad del contrato, y el personal tendría que esperar un año para “intentar volver a demandar”.

Los obstáculos planteados en la propuesta de reforma “llevarían a la clandestinidad a la organización de las y los trabajadores porque no va haber más forma de organizarse”, advirtió.

Luisa María Alcalde alertó que “no podemos ceder, no podemos dar ni un paso atrás, la iniciativa es un peligro inminente para la vida de las y los trabajadores”.

Por lo que las legisladoras y legisladoras del Frente Progresista (MC, PT y PRD) pugnarán porque el dictamen sea rechazado en lo general y con tiempo se analicen las modificaciones pertinentes a la Ley Federal del Trabajo.

Para frenar la reforma, concluyó, también es preciso que se sumen sindicatos y la sociedad en general, principalmente las mujeres y jóvenes, quienes serán las personas más afectadas, en caso de aprobarse.