Aumenta feminicidio, pero Chiapas no aplica Ley de Violencia

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Patricia Chandomí, corresponsal

VIOLENCIA
Aumenta feminicidio, pero Chiapas no aplica Ley de Violencia
Jueces no otorgan órdenes de protección
 
Tuxtla Gutiérrez, 14 sep 12 (CIMAC).- De enero a la fecha en el estado de Chiapas han ocurrido 46 casos de feminicidio, la mayoría perpetrados por parejas y ex parejas de las víctimas.
 
De las mujeres asesinadas, cinco pidieron de manera formal protección a las autoridades debido a que sufrían hostigamiento, maltrato, daño, repudio, amenazas, acoso y abandono de parte de su pareja o ex pareja.
 
Los datos provienen de un monitoreo diario en prensa local que realiza el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, ante la falta de cifras desagregadas por sexo de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
 
En octubre de 2011 la joven de 19 años Wendy Lizzet Ochoa Méndez presentó una denuncia por golpes y amenazas, y solicitó una orden de aprehensión ante la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de la Mujer.
 
La averiguación previa quedó asentada con el folio 832/UEDSYVF1/2011 en contra de Jimmy Virgilio Villatoro Argüello, ex pareja de Wendy y padre de su hijo de dos años.
 
Amparándose en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la joven solicitó a la fiscal del Ministerio Público, Irma Alicia Bautista Márquez, una orden de protección que nunca le fue concedida.
 
Seis meses después, el 28 de abril, fue asesinada por Jimmy, quien no sólo la descuartizó sino que cometió actos de canibalismo.
 
De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Jimmy fue detenido por la Policía Municipal el pasado 8 de febrero por golpear a otra de sus ex parejas, Isabel Posadas Cruz, de 28 años.
 
Jimmy ya había intentado asesinar a Wendy anteriormente, al sumergirla dentro de un tambo de gasolina y amenazando con incendiarla, de todos estos hechos tuvo conocimiento la autoridad competente y no hizo nada.
 
El abogado de Wendy sostuvo que el pasado 27 de febrero el juez tuvo conocimiento del caso, pero sólo tomó en cuenta el delito de violencia familiar, todavía considerado en la legislación de Chiapas como “no grave” y que sólo requiere pago de fianza.
 
Dos meses después, el 16 de abril se emitió una orden de aprehensión en contra de Villatoro, pero no fue ejecutada.
 
FALTA DE SENSIBILIZACIÓN
 
La abogada feminista Martha Figueroa dijo que en Chiapas apenas se aplica la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en 2007, por lo que urgió a las autoridades a conocer y sensibilizarse de esta ley en beneficio de la vida e integridad de la población femenina.
 
Remarcó la importancia de que los jueces conozcan las órdenes de protección que salvaguardan a las víctimas de violencia intrafamiliar.
 
De acuerdo con lo señala la ley, tales órdenes son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias; deben ser otorgadas por la autoridad competente inmediatamente después de que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.
 
Las órdenes de protección deben tener una temporalidad no mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan, de manera especial cuando la vida e integridad de la víctima corre peligro.
 
A pesar de tal obligación, algunos jueces en Chiapas exigen a las victimas un antecedente jurídico para poder aplicar la orden de protección y esto no siempre es posible, señaló Figueroa.
 
Lamentó también que la orden sea limitada a 72 horas, ya que en otros estados como Colima, lo mínimo son 72 horas y la orden no se suspende hasta que hayan desaparecido las condiciones de amenaza para la víctima.
 
Recientemente en San Cristóbal de las Casas se liberó la primera orden de protección de la que se tenga conocimiento, a favor de Kathya Monserrat López Banda, de 26 años, quien sufrió una golpiza en enero pasado de parte de su ex pareja, suegros, cuñados y cuñadas y de la novia de su ex pareja, Erich Diestel.
 
La orden fue girada por gestión de la abogada Martha Figueroa ante el peligro de que la joven fuera nuevamente atacada por la familia Diestel, con quien Kathya se disputa la custodia de su hija de tres años.
 
“El juez que dictó la orden es nuevo en el tema, pero está siendo precursor, está aprendiendo y eso es un avance. El gobierno de Chiapas reportó al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio 800 órdenes de protección, pero yo no tengo conocimiento de ninguna, me parece que se confunde exhorto de ley a las partes con órdenes de protección”, aclaró Figueroa.
 
A pesar de la utilidad de las órdenes de protección, en muchos casos, éstas caducan en días y horas inhábiles lo que deja en vulnerabilidad a la solicitante.
 
“Los fiscales y jueces necesitan trabajar en la cultura de la prevención; San Cristóbal está sentando precedente en el uso de estos derechos; es necesario difundir esta información que puede y debe salvar la vida y la libertad de las mujeres”, concluyó la abogada.
 
MOVILIZACIÓN CIUDADANA
 
El pasado 14 de abril amaneció violada, asesinada y vejada la joven Itzel Méndez Pérez, de 17 años, estudiante del sexto semestre del Colegio de Bachilleres de Chiapas, plantel 11 de San Cristóbal de las Casas.
 
Su asesinato generó tanta indignación que al cumplirse un mes del crimen, la ciudad fue declarada por las y los vecinos como “Ciudad insegura y violenta”.
 
La presión ciudadana hizo que las autoridades agilizaran la investigación, y se presentaran como presuntos responsables a Víctor Hugo Cruz Sántiz, de 22 años, y Felipe Pérez Pérez, de 26, quienes confesaron y dieron detalles del crimen.
 
Uno de los feminicidas, Víctor Hugo, estuvo recluido durante tres años en el Tutelar para Menores por el delito de violación en agravio de una menor de 16 años.
 
La organización ciudadana para exigir justicia en el caso de Itzel generó presión para esclarecer otros asesinatos de jóvenes en Tuxtla Gutiérrez. Por ahora, cada tres meses se realiza un acto en la plaza de San Cristóbal para conmemorar la vida de todas las mujeres víctimas de feminicidio.
 
A seis meses de que en el Código Penal de Chiapas se tipificó el delito de feminicidio, que alcanza penas que van de los 25 a los 60 años de prisión, en el estado no se ha sentenciado a ninguna persona por este delito, confirmó el Poder Judicial del Estado en respuesta a la solicitud de información con folio 5088, que realizó la corresponsal de Cimacnoticias Sandra de los Santos.
 
Martha Figueroa explicó que hay 11 procesos abiertos y 20 detenidos por el delito de feminicidio, una cifra alta que ya empieza a mostrar un interés por castigar estos graves delitos y que se concretará aplicando las sentencias correspondientes.
 
Sin embargo hasta la fecha, ni el feminicida confeso Jimmy Villatoro, detenido desde mayo pasado, ha sido sentenciado a casi cuatro meses de que asesinó a Wendy Ochoa Méndez.

Columna INVITADA :La deshonra de los legisladores

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Lucía Lagunes Huerta/ @lagunes28

COLUMNA
Zona de Reflexión
La deshonra de los legisladores
 
Recientemente varias legisladoras panistas y priistas reclamaron enérgicamente la destitución del diputado perredista Rubén Escamilla, ex delegado de Tláhuac, quien, aprovechando su cargo público, exigió favores sexuales a una empleada.
 
Sin duda, un funcionario público que carece de honorabilidad y comete un delito no puede ser la voz de una población. Por esas mismas razones, es que tendría que ser destituido como senador del PRI Patricio Martínez, ex gobernador de Chihuahua, quien no protegió la vida de las mujeres en Ciudad Juárez.
 
Igualmente, tendría que dejar su cargo como embajador de México en Canadá, Francisco Barrio Terrazas, ex gobernador de Chihuahua, militante panista llevado a la diplomacia por designio de Felipe Calderón y ratificado por el Senado de la República.
 
Más allá de los partidos en los cuales militan, los tres funcionarios públicos cuentan con elementos que los unen: son hombres que han tenido poder y que lo han usado en contra de las mujeres.
 
Los tres personajes han contado con la complicidad de sus instituciones partidarias no sólo para encubrirlos, sino para alimentar su carrera política a través de colocarlos en lugares públicos, menospreciando las faltas cometidas.
 
Esta terna de reyes, es sin duda la deshonra de los políticos, quienes sin sonrojo los aceptan como colegas respetables dentro de sus nuevas funciones. Mantenerlos en sus lugares contradice el discurso de muchos sobre la honorabilidad de quienes ingresan a la política, sobre la no corrupción, etcétera.
 
Si las estructuras partidarias, corrientes, grupos o pago de favores aceptan colocar como candidatos a semejantes personajes es porque no tienen sustento sus dichos, ni coherencia su política.
 
Patricio Martínez fue gobernador de Chihuahua entre 1998 y 2004, designó como procurador a Jesús Solís Silva, quien ya tenía denuncias por tortura y violación a los Derechos Humanos.
 
El ex gobernador Martínez enfrentó en 2001 el hallazgo en Campo Algodonero de los restos de ocho mujeres asesinadas, caso que fue litigado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual permitió que el Estado mexicano recibiera en 2009 la sentencia emblemática por ello.
 
En dicho proceso y como parte de la sentencia, la Corte concluyó que las y los funcionarios del estado de Chihuahua y del municipio de Ciudad Juárez actuaron con actitudes de discriminación, al culpabilizar a las víctimas, ya sea por su forma de vestir, por el lugar en que trabajaban, por su conducta, por andar solas o por falta de cuidado de los padres.
 
Asimismo, añadió la CoIDH, las autoridades minimizaron el problema, justificaron la no intervención a través de estereotipos sexistas de las mujeres víctimas, con los que se excusaba la no intervención por su presunta falta de moralidad, o por ser sólo (sic) “muchachas corrientes” y carecieron de interés y vocación para atender y remediar una problemática social grave en un claro menosprecio sexista.
 
Ante la falta de sanción hacia los funcionarios responsables, la propia Corte señala que ésta deja en la indefensión a las víctimas, contribuye a la impunidad y propicia la repetición crónica de las violaciones de los Derechos Humanos.
 
E incluso afirmó que si se permite que estas personas permanezcan en sus cargos u ocupen posiciones de autoridad se genera impunidad, y se crean las condiciones para que los factores que inciden en el contexto de violencia persistan o se agraven.
 
Así que no sólo deshonran a los políticos y a las instituciones que los acogen, sino que sus colegas y las instituciones que los reciben se vuelven cómplices del incumplimiento de un mandato internacional que aceptamos como nación.
 
Once años atrás de la sentencia de Campo Algodonero, la CNDH, a través de su recomendación 44/98, ya había declarado que la investigación que se realizaba bajo el mandato del panista Francisco Barrio Terrazas tenía una clara tendencia discriminatoria y sexista.
 
Apegados a la recomendación de la CoIDH, la terna de reyes tendría que ser destituida para regresar la honorabilidad a las instituciones, y hacer del Estado de Derecho una práctica cotidiana no sólo en la ciudadanía sino en quienes deciden hacer del servicio público una forma de vida.
*Directora general de CIMAC