No “exterminar” a periodistas en México, pide la escritora Margaret Atwood

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Redacción

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
No “exterminar” a periodistas en México, pide la escritora Margaret Atwood
La premio Príncipe de Asturias 2008 condena violencia contra el gremio
 
México DF, 17 feb 12 (CIMAC).- Margaret Atwood, Premio Príncipe de Asturias 2008, se pronunció en contra de la violencia ejercida contra periodistas mexicanos que cobró la vida de 17 integrantes del gremio durante 2011.
 
Durante la inauguración de la “Séptima Conferencia Internacional de Escritores de San Miguel Allende”, celebrada ayer, la escritora señaló que el lenguaje ejercido con libertad es una posibilidad de esperanza ante los problemas actuales, por lo que se debe procurar que los periodistas mexicanos puedan ejercer su trabajo en libertad y sin miedo a alguna represalia.
 
 “Los periodistas y escritores deben tener la libertad de expresar su voz sin que nadie los extermine, México merece algo mejor”, puntualizó la también Premio Booker 2000, al abordar la situación de riesgo en la que los periodistas mexicanos realizan su labor.
 
Con referencias constantes a sus obras que hablan principalmente de situaciones políticas, sociales y económicas, se manifestó a favor de la libertad de expresión y de utilizar la literatura como una visión de esperanza ante los conflictos contemporáneos.
 
Recordó que durante la reunión que sostuvo el “PEN Club México”- organización dedicada a luchar por la libertad de expresión, la paz y la amistad-  con autoridades mexicanas en enero pasado, se exigió detener la ola de violencia en contra de las y los periodistas mexicanos, así como impulsar una ley para garantizar la libertad de prensa e información.
 
La autora de “El cuento de la criada” apeló a que no exista un silenciamiento de las plumas mexicanas, para que así no se regrese a la clandestinidad literaria o a recurrir a formas extremas de expresión.
 
Durante su conferencia “la escritura y la esperanza” se refirió a los periodistas mexicanos que han intentado devolver la esperanza a la ciudadanía a través a denunciar la delincuencia organizada, y que lamentablemente han desaparecido.
 
Para Atwood controlar y silenciar las voces es el mecanismo de control contemporáneo pues “la voz humana es la primera división, porque brinda identidad. El lenguaje es el centro de nuestro ser, por eso los que controlan, los que tienen el poder y no les gusta nuestra postura y buscan controlarla”.
 
La Conferencia Internacional de escritores de San Miguel que tiene como objetivo reforzar los lazos entre escritores mexicanos y norteamericanos, se realiza por séptima ocasión. La noche de ayer fue inaugurada en presencia de más de 800 personas, entre las que se encontraba la escritora mexicana Elena Poniatowska y la ministra consejera Ginette Martin, en representación de la embajada canadiense en México.

Sobreviven viudas de Pasta de Conchos con 2 mil quinientos pesos

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Guadalupe Cruz Jaimes

LABORAL
Sobreviven viudas de Pasta de Conchos con 2 mil quinientos pesos mensuales
Seis años de promesas incumplidas
 
México DF, 17 feb 12 (CIMAC).- A seis años del siniestro en la mina Pasta de Conchos, viudas y familiares sobreviven con pensiones otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que son menores a las prometidas por los funcionarios, apenas van de los 2 a 3 mil pesos mensuales.
 
Teresa Contreras, viuda del minero José Porfirio Cibrián, recibe una pensión del IMSS, de 2 mil 150 pesos al mes, los cuales son insuficientes para mantener a su hijo de 13 años de edad.
 
Esta situación se repite con viudas de los mineros caídos en siniestros recientes. Ellas también reciben un pensión inferior a la prometida, en promedio 2 mil 500 pesos mensuales, y, de igual modo, se han encontrado con los “oídos sordos” de las autoridades en su búsqueda de justicia.
 
Trinidad Cantú madre del carbonero Raúl Villasaña, caído en Pasta de Conchos, señala que “ni Fox, ni Calderón se dignaron a recibir a las familias, eso sólo refleja el desprecio por la vida de quienes trabajan para hacer ricas a las empresas”.
 
Felipe Calderón “dice que busca ‘primero el diálogo’, pero después de seis años no hemos encontrado una puerta abierta para hablar con él” y poder exigirle el rescate de los restos de los mineros y la mejora en las condiciones de trabajo para que los carboneros trabajen sin el riesgo de morir por falta de medidas de seguridad.
 
“Tengo sobrinos en la minería, no quisiera que volviera a suceder esto, vivimos preocupadas, sabemos que se van, pero no si regresan del trabajo”, advirtió Cantú.
 
Las viudas de los mineros señalan que a pesar de los “oídos sordos” de las autoridades, el tiempo que transcurra y las dificultades económicas: “no nos cansaremos de alzar la voz”.
 
Además de reclamar los restos de sus seres queridos, ellas junto a las jóvenes viudas de siniestros recientes piden que se detenga el enriquecimiento de los explotadores del carbón a costa de la vida de los mineros.
 
Raúl tenía esposa y dos hijas, ellas reciben una pensión, al igual que la mayoría de las viudas de los trabajadores fallecidos el 19 de febrero de 2006.
 
Por ello, ayer solicitaron al Senado de la república, apruebe la iniciativa de ley que propone crear la Comisión Nacional Reguladora de la Industria del Carbón, la cual funcionaría como un organismo descentralizado de la administración pública para supervisar, verificar, vigilar, investigar e inspeccionar la aplicación y cumplimiento de las normas que regulen la extracción del mineral.
 
Otra de las peticiones al senado fue su aval para demandar al gobierno federal y a la empresa Industrial Minera México (IMM), el rescate de los restos de los 63 trabajadores, informó a Cimacnoticias Carlos Rodríguez, director del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).
 
Rodríguez abundó que invertir en el rescate de los restos de los trabajadores carboneros sólo representaría el 1 por ciento de la utilidad anual que le genera a IMM la explotación del carbón.
 
María Álvarez, hermana de Jesús Álvarez, minero caído en Pasta de Conchos, señaló que “aunque pasen años y años, no nos vamos a cansar de pedir que nos los regresen, queremos sus restos para darles sepultura para ir a dónde llorarles”.
 
Este clamor llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2010 y también a la Organización Internacional del Trabajo, instancias en las que el Estado mexicano ha tenido que explicar su actuación en el caso que ha consistido en negar las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores del carbón y sus familias.
 
Al reclamo de justicia, se sumó Laura Cifuentes, viuda del minero Juan Carlos Escobedo, quien murió el pasado 3 de mayo en el pozo Binza, ubicado en la región carbonífera, en este siniestro fallecieron 14 mineros y un trabajador perdió un brazo.
 
“Demandamos que haya justicia para los muertos y prevención porque los accidentes no se van a acabar, mientras el interés sea el dinero y no la vida de los trabajadores”, mencionó Cifuentes quien en la explosión también perdió a un hermano y un primo.
 
La madre de tres hijos, quien recibe una pensión de 2 mil 250 y obtuvo un préstamo “a medias” del gobierno federal para emprender un negocio (pues sólo cubrió la mitad de su proyecto) exige también que funcionarios como Javier Lozano “cómplices” de empresarios “negligentes” no sigan en ascenso en la función pública, ya que son quienes han incumplido promesas como el esclarecimiento de estas tragedias y pensiones justas para las familias.

7°Resumen de Noticias Febrero 2012

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Gabriela Mendoza Vázquez

ONG exigen investigación sobre allanamiento a sus instalaciones. A un año de su desaparición, recuerdan a ambientalista colombiana. “Violencia contra las mujeres en México. ¿Qué debemos conocer sobre este tema? Próxima publicación del PUEG
 
ONG exigen investigación sobre allanamiento a sus instalaciones
México.-  El Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi y la comunidad jesuita de San Judas Tadeo, exigieron a las autoridades
del estado de Coahuila, realizar una investigación exhaustiva sobre el allanamiento a sus instalaciones ocurrido el pasado 9 de febrero por parte de integrantes de la policía federal, estatal y el Ejército.
 
En un comunicado, las organizaciones señalaron que este hecho constituye una clara agresión y es un mensaje intimidatorio contra las y los defensores de derechos humanos que ahí laboran.
 
Calificaron como inadmisible que en un Estado de Derecho, sean vulnerados los derechos humanos mediante la irrupción arbitraria de las fuerzas del estado sin que tengan ninguna orden judicial y sin presentar identificación alguna.
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A un año de su desaparición, recuerdan a ambientalista colombiana 
Colombia.- Al cumplirse un año de la desaparición de la activista colombiana e ingeniera ambiental, Sandra Viviana Cuéllar Gallego, organizaciones defensoras de derechos humanos y sus familiares, realizaron hoy una serie de actividades para exigir información sobre las investigaciones del caso.
 
Tras reunirse con autoridades del país, realizaron una caminata de luz que partió del parque de los estudiantes -ubicado en la ciudad de Villavicencio- y concluyó con un acto cultural.
 
En el momento de su desaparición, la activista se dirigía a la Universidad Nacional, sede Palmira, en el departamento del Valle del Cauca para asistir a dar clases.
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“Violencia contra las mujeres en México. ¿Qué debemos conocer sobre este tema? Próxima publicación del PUEG
México.-El Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la UNAM, presentará el libro “Violencia contra las mujeres en México. ¿Qué debemos conocer sobre este tema?
 
En el evento que se realizará durante la 36 Feria Internacional del libro que se realiza en el Palacio de Minería, participarán Lucía Melgar del ITAM, Ruth González Serratos, de la Facultad de Psicología de la UNAM y la especialista sobre violencia de género Irma Saucedo González.
 
La cita es el próximo 5 de marzo a las 14:00 horas en el Auditorio Sotero Prieto del Palacio de Minería, ubicado en Tacuba número 5, Centro Histórico.

Opacidad y desdén oficial agravan feminicidio en NL

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Gladis Torres Ruiz y Anaiz Zamora Márquez

VIOLENCIA
Opacidad y desdén oficial agravan feminicidio en NL
Gobierno minimiza crímenes y tampoco brinda información
 
México, DF, 17 feb 12 (CIMAC).- Cubiertos por la impunidad y la falta de transparencia gubernamental, los asesinatos de mujeres en el estado de Nuevo León (NL) se incrementan de manera alarmante, mientras que las autoridades estatales y federales, lejos de aplicar medidas urgentes contra el feminicidio, descalifican las denuncias ciudadanas y justifican su inacción con argumentos legaloides.
 
Ya desde el año 2006, la diputada federal Marcela Lagarde, entonces presidenta de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana, lo había advertido: para las procuradurías de Justicia estatales la información sobre los asesinatos de mujeres “no es considerada relevante”.
 
Seis años después de que la legisladora realizó el primer informe sobre los asesinatos de mujeres en el país, titulado “Violencia feminicida en la República Mexicana”, el desdén de las autoridades judiciales para informar de manera precisa sobre esos crímenes sigue vigente.
 
RECUENTO DE LOS DAÑOS
 
El pasado 8 de febrero, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, rechazó iniciar una investigación para conocer la situación de los asesinatos dolosos de mujeres en NL, donde –según organizaciones civiles– en 11 años se han registrado 548 víctimas.
 
Las agrupaciones ciudadanas –entre ellas Arthemisas por la Equidad– presentaron ante el Sistema Nacional desde el pasado 13 de enero una solicitud para que las autoridades determinaran una eventual Alerta de Violencia de Género (AVG) para la entidad norteña.
 
Irma Ochoa, directora de Arthemisas, denunció que el Instituto de la Mujeres de Nuevo León –integrante del Sistema Nacional– desestimó la solicitud de AVG, con el argumento de que su organización estaba integrada “por una sola persona”.
 
Además las autoridades dijeron que en NL las muertes de mujeres no son derivadas de un problema de género, sino que son consecuencia de un panorama de violencia generalizada en todo el país, al mismo tiempo que se arguyó falta de pruebas y de documentos.
 
María de la Luz Estrada, representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que agrupa a más de 43 organizaciones civiles de 17 estados de la República, afirmó que el rechazo del Sistema Nacional a iniciar una investigación en NL deja en claro que a las autoridades el feminicidio “no les parece suficientemente grave”.
 
Advirtió que hay una total carencia de argumentos jurídicos para sustentar la negativa a la AVG, así como un desconocimiento de las y los funcionarios sobre la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General).
 
DANZA DE CIFRAS
 
Ante la carencia de reportes oficiales, legisladoras federales y organizaciones de mujeres han documentado con sus propios mecanismos la ola de asesinatos de mujeres en NL.
 
En 2006, la Comisión Especial del Feminicidio de la Cámara de Diputados informó que en ese estado entre 2000 y 2004 se registraron 99 homicidios dolosos de mujeres. En ese entonces NL se ubicaba en el lugar 22 entre los estados con mayores tasas de esos delitos.
 
En la investigación “Violencia feminicida en la República Mexicana”, la Comisión Especial asentó que las procuradurías no cuentan con un sistema adecuado de seguimiento, ni con una sistematización de la información que permita determinar cuántas mujeres han sido víctimas de una muerte violenta.
 
Las integrantes de esa instancia legislativa –encabezada por Marcela Lagarde– observaron que en el Poder Judicial en los estados “predomina la omisión, el desconocimiento, el descuido y un mal manejo de la información sobre los casos de homicidios de mujeres; los órganos encargados de la impartición de justicia en el país no le otorgan a los homicidios de mujeres la importancia debida”.
 
En 2011, la misma Comisión Especial, cuya titular ahora es la diputada Teresa Incháustegui, reportó que para 2009 la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio (número de muertes de mujeres por cada 100 mil) aumentó en NL 103 por ciento con respecto a 2005.
 
En el estudio “Feminicidio en México, aproximación, tendencias y cambios”, las diputadas federales informaron que de 2005 a 2009 ocurrieron 137 asesinatos en la entidad.
 
Al igual que en la investigación de Marcela Lagarde, Incháustegui precisó que los datos proporcionados por la Procuraduría Estatal de Justicia, la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), revelan que “no existe un adecuado seguimiento de las muertes de mujeres, por lo que no es posible determinar de manera eficaz cuáles ocurrieron por razones de género”.
 
En este segundo estudio, se descubrió que en NL cada vez se realizan menos procedimientos para certificar las causas de las muertes de mujeres. Así, la proporción de certificados de defunción en muertes de mujeres, con presunción de homicidio, elaborados por un médico legista, pasó de 84 por ciento en 2005 a 70 por ciento en 2009.
 
La falta de información oficial es tal que hasta el Instituto Estatal de las Mujeres de NL realizó una investigación sobre la ola feminicida en la entidad a partir de notas periodísticas.
 
El “Estudio hemerográfico sobre los femicidios y feminicidios en Nuevo León, durante los años 2005, 2006 y 2007” se basa en “las notas de prensa que consignaron las particularidades de los eventos criminales que dieron lugar a la pérdida de la vida” de una mujer, publicadas en los periódicos de mayor circulación en Monterrey, capital del estado.
 
PROBLEMA MINIMIZADO
 
Irma Ochoa, directora de Arthemisas por la Equidad, observó que los asesinatos dolosos de mujeres en NL “se han minimizado”, incluso por instancias como el Instituto Estatal de las Mujeres. “Tenemos claro que no hay verdadero acceso a la justicia para las víctimas, los casos no se resuelven, no hay investigaciones desde la autoridad”, acusó.
 
Agregó que ante la alta cantidad de casos de feminicidio, los medios de comunicación tampoco dan un seguimiento puntual de ellos, por lo que “casi nunca se sabe que pasó con las víctimas que desaparecieron o quiénes fueron sus victimarios, es decir, se apuesta por el olvido”.
 
Es así que Arthemisas y otras organizaciones civiles tienen un recuento propio de la ola de asesinatos en el estado. En el informe “Situación de las Mujeres en Nuevo León, México”, elaborado a partir de datos hemerográficos y que se entregó en octubre pasado al Comité de la CEDAW, se indica que la tasa de homicidios dolosos de mujeres por cada 100 mil se ha incrementado en más de 40 por ciento, pasando de 2.45 a 3.52 entre 2005 y 2009.
 
Del 2000 al 2008 un promedio de 23 mujeres fueron asesinadas al año; en 2009 la cifra aumentó a 40, y en 2010 a 74. Tan sólo de enero a junio de 2011, 73 mujeres fueron ultimadas. El 79 por ciento de los crímenes ocurrió en el área metropolitana de Monterrey.
 
Asimismo, en 20 meses del gobierno de Rodrigo Medina (de octubre de 2009 al 30 de junio de 2011) se han registrado 159 asesinatos de mujeres en todo el estado.
 
NEGLIGENCIA
 
En su sentencia del 16 de noviembre de 2009 contra el Estado mexicano por el caso Campo Algodonero –donde se encontraron los restos de tres mujeres asesinadas en Ciudad Juárez– , la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que a más tardar en diciembre de 2010 debía crearse un banco de datos con información personal y genética de mujeres desaparecidas y asesinadas en todo el país. La base de datos sigue pendiente.
 
En junio de 2011, la entonces titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Laura Carrera, acusó a las procuradurías estatales de no recabar la información de los asesinatos dolosos ni desglosarla por sexo, además de que cuando tienen los datos no los brindan, “de ahí que haya diversas cifras de asesinatos en un solo estado”, alertó.
 
Recordó que el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres, dependiente de la Secretaría de Seguridad Publica federal, sigue sin funcionar a pesar de que se le ha etiquetado presupuesto.
 
El banco está pendiente desde 2007, año en que se estableció como una obligación estipulada en la Ley General.